Las divergencias surgidas en la Comisión Especial creada por el Presidente de la República para buscar consenso en torno a las reformas que amerita la Constitución de la República y la forma de ejecutarlas, han producido un exagerado escándalo público no libre de manipulaciones y exclusiones.

En esa, como en otras materias, hay una enorme diversidad de opiniones en la sociedad dominicana, tanto en los partidos políticos como en las instituciones de la sociedad civil, pero en general hay un amplio consenso en el sentido de que la reforma se produzca por vía de una Asamblea Constituyente elegida por voto directo de la población.

El debate público se ha centrado en unos porcentajes contenidos en una propuesta, fruto de una de las siete subcomisiones en que se dividió el trabajo de la Comisión Especial.  Más aún, esa misma propuesta, que no ha sido aprobada por la Comisión Especial, contiene muchos otros aspectos que recogen el amplio consenso sobre una reforma constitucional, mediante una asamblea constituyente, del que han sido parte la mayoría de las organizaciones sociales y políticas.

En la sociedad civil hay también una gran diversidad. Pero predomina el criterio de que en una asamblea constituyente debe estar representada la gran diversidad de la sociedad dominicana de hoy. Aunque básicos en el sistema democrático, los partidos, como los poderes públicos, deben siempre consultar y escuchar a la ciudadanía, para dar dimensión participativa a la democracia que entre todos y todas buscamos fortalecer.

El valor de la Comisión Especial reside en que está llamada a conocer y someter a debate las diferencias y buscar consensos, sin exclusiones de ningún sector ni género. Más aún entre los líderes políticos y sociales.

Las dificultades evidenciadas en los últimos días afianzan el criterio de que se debe negociar un amplio consenso en el seno de la Comisión Especial creada por el Poder Ejecutivo y que los partidos son fundamentales para construir ese gran acuerdo.

Firmado:

ADOTRASOP

Asociación Comunitaria Acción por el Progreso (ACOPRO)

Asociación de Junta de Vecinos Zona Suroeste (AJUVESADO)

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Asociación Pro Desarrollo Guaricanos (APRODEGUA)

Centro Antonio Montesino

Centro Aquelarre

Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Sj.

Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)

Centro de Investigaciones Económicas para el Caribe (CIECA)

Centro de Planificación y Apoyo Ecuménica (CEPAE)

Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)

Centro Poveda

CEPROS

Colectivo Mujer y Salud

Comité Para La Defensa de los Derechos Barriales

Confederación Evangélica Dominicana (CONEDO)

Coordinadora Animación Socio-Cultural (CASCO)

Coordinadora de ONGs del Area de la Mujer

Diálogo por la Reforma

Foro Ciudadano

Fundación Dominicana para la Promoción y Acción (PROPAS)

Iniciativa Caribeña

INTEC

Participación Ciudadana

Red Dominicana por el Desarrollo Social Participativo (SOCIALPART)

Sistema Nacional de Integración Comunitaria (SINADIC)

UVA

Participación Ciudadana informó que la República Dominicana obtuvo una puntuación de 3.1 sobre 10 en el Indice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional.

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental dedicada exclusivamente a la lucha anticorrupción, con representación en más de 80 países.

El Indice de Percepción de la Corrupción se basa en encuestas que se realizan entre empresarios, organizaciones, analistas de los países y público en general y su función principal es clasificar a los países respeto al grado de percepción de la corrupción. Se publica desde el año 1995.

Participación Ciudadana dio a conocer aquí los resultados correspondientes al año 2001, elaborado en base a datos de encuestas recogidas entre 1999 y 2001, en un boletín distribuido por su departamento de Comunicación..

Es la primera vez  que se incluye a República Dominicana en esta encuesta. La baja puntuación refleja que los fondos públicos no están siendo utilizados de manera transparentes y son desviados hacia intereses particulares .

El informe destaca que “el nuevo índice muestra una vez más el círculo vicioso de pobreza y corrupción, donde las personas pobres son las mayores víctimas de la corrupción”.

El índice de Percepción de la Corrupción pretende ser una advertencia con relación a los retos que tiene la comunidad internacional, ya que a través de este se evidencia que la corrupción sigue siendo frecuente en muchos de nuestros países.

Este año fueron clasificados 91 países. Finlandia, Dinamarca y Singapur, entre otras naciones, obtuvieron una puntuación de nueve o más sobre una máxima de 10, lo que  indica niveles bajos de corrupción.

Los resultados  de esta encuesta deben dar la voz de alerta a la sociedad dominicana, que debe emprender acciones conducentes a aminorar esta situación, por lo que temas como el anteproyecto de ley de licitaciones públicas deben ser prioritarios en la agenda legislativa.

Participación Ciudadana  presentará a la Cámara de Diputados una lista de doce candidatos (as), compuesta por personalidades de reconocida solvencia moral, profesional  y con una trayectoria de defensa de los derechos ciudadanos, para asumir la función de Defensor(a) del Pueblo y/o formar parte del equipo que va acompañar a este titular.

Los candidatos a defensor del pueblo propuestos por Participación Ciudadana son: Mu-Kien A. Sang, Aura Celeste Fernández, Flavio Dario Espinal, Lourdes Contreras, Guarocuya Batista del Villar, Iraima Capriles, Luis Scheker Ortíz, Juan Pablo Acosta, Carmen Imbert Brugal, Guillermo Moreno, Rossina de la Cruz Alvarado y  Ramón Antonio Veras.

El movimiento cívico propone estas personalidades para la defensoría del Pueblo por su larga trayectoria profesional y el reconocimiento de su trabajo en los diferentes sectores de la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana solicita a los legisladores, tomar en cuenta los candidatos propuestos a la defensoría del pueblo, ya que los mismos garantizarían con su trabajo, el respeto a los derechos personales y colectivos de la ciudadanía, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.

Reiteró PC, que el Congreso Nacional tiene el compromiso de escoger un Defensor del pueblo realmente independiente, con un nivel de credibilidad y respeto en la población,  que le permita tener la suficiente autoridad para poder proteger al ciudadano común de las actuaciones inadecuadas o violatorias por parte de funcionarios del gobierno o empresas privadas que ofrecen servicios públicos.

Finalmente, dijo que con la selección del Defensor del Pueblo, se dará un importante paso de avance en la constitución y consolidación de un real Estado de Derecho en la República Dominicana.

DEFENSOR/A DEL PUEBLO

 LISTA DE CANDIDATOS/AS

Participación Ciudadana

Participación Ciudadana felicita la importante iniciativa de la  Cámara de Diputados, de convocar públicamente  a  todas  las  organizaciones  y ciudadanos/as a que presenten candidatos/as para la función de  Defensor del Pueblo, instituida en nuestro ordenamiento jurídico  mediante la ley 19-01.

La elección, por concurso público, de la terna que los diputados/as deberán presentar al Senado, se constituye en un interesante ejercicio  de participación y transparencia, que  contribuirá con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

El Defensor del Pueblo tienen como objetivo fundamental salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los/as ciudadanos/as, en caso de que sean violadas por funcionarios de la administración pública.

Es de su competencia:

1. a)    Vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
2. b)    Promover y divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3. c)    Organizar y dirigir la Defensoría del Pueblo.
4. d)    Orientar e instruir a las personas sobre el ejercicio y la defensa de sus derechos.
5. e)    Rendir informe al Congreso Nacional sobre el cumplimiento de sus funciones.

Como lo expresa el perfil dado a conocer públicamente por la Cámara de Diputados, el pasado 14 de mayo,  entre los requisitos para  ser  Defensor  del  Pueblo  se encuentran:

1. a)    Ser  dominicano  de  nacimiento  u  origen.
2. b)    Ser mayor de treinta (30) años.
3. c)    Reconocida solvencia moral y profesional.
4. d)    No poseer  filiación  partidaria  comprobada.
5. e)    Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
6. f)      No  haber  sido  condenado a penas aflictivas e infamantes.
7. g)    No  tener  parentesco  en  tercer  grado  de  consanguinidad  con  los  responsables  directos de la selección.
8. h)    Tener conocimiento de la gestión gubernamental.

Participación  Ciudadana  entiende  que,  en un  acontecimiento  tan  trascendente  para  nuestra  vida  democrática, la  sociedad  civil  debe  desempeñar un  rol  proactivo,  propósitivo  y  de  vigilancia,  de  forma  tal  que  la  elección de este funcionario, represente  el  interés  general  de  la  ciudadanía  de  salvaguardar  los  derechos  ciudadanos.

El Defensor del Pueblo constituye una autoridad independiente, cuya característica debe ser la neutralidad, la no pertenencia a partidos políticos, ni la participación en actividades partidarias. En  tal  sentido, motivamos a las distintas organizaciones sociales, religiosas, no gubernamentales, empresariales, de mujeres, etc., para que en el transcurso de esta semana presenten formalmente, ante la Cámara de Diputados, candidatos y candidatas a Defensor/a del Pueblo, sus suplentes (2) y Adjuntos (5), que reúnan las condiciones anteriormente señaladas.

A un año y una semana de las elecciones Congresionales y Municipales, el Movimiento Participación Ciudadana expresa su disposición de colaborar con la Junta Central Electoral para el proceso educativo que conllevara la implantación del nuevo sistema electoral basado en circunscripciones.

Al mismo tiempo solicitamos a los honorables jueces electorales que pongan plenamente en vigencia las circunscripciones electorales, cuya esencia es dar oportunidad a la ciudadanía para que pueda escoger sus representantes en todos los niveles electivos, desde senador y diputados, hasta síndico y regidores.

Al efecto, hemos celebrado el amplio consenso predominante entre los partidos de que la boleta electoral debe ser desbloqueada de manera que los electores marquen el diputado y regidor de su preferencia. También que debe votarse por el senador separado de los diputados y para el síndico separado de los regidores.

El voto debe ser válido desde que exprese la preferencia partidaria, quedando a opción del ciudadano la expresión de la preferencia por diputado y regidor. Pero aquellos votos que no expresen preferencia, de ninguna forma deben ser atribuidos a cualquiera de los candidatos de la lista.

La propuesta, barajada en algunos sectores políticos, de hacer depositario a alguno de los candidatos de los votos que no expresen preferencia por diputado y regidor, debe ser rechazada porque podría vulnerar la voluntad ciudadana.

Para evitar confusiones o que se pretenda el mantenimiento de un orden de preferencia en la boleta, favorecemos que los candidatos sean situados por estricto orden alfabético, que además es la expresión universal de neutralidad.

Estas consideraciones son fruto de un largo proceso de consideraciones sobre las experiencias internacionales en materia de circunscripciones electorales, que concluyó la celebración de seminarios con la participación de expertos de diversos países.

Con ellas creemos recoger un amplio consenso entre los participantes nacionales, incluyendo relevantemente a los dirigentes políticos, legisladores, y expertos electorales.

Creemos firmemente que las circunscripciones electorales, con elección separada, boleta desbloqueada y voto preferencial redundará en una mejor representación congresional y municipal y contribuirá al acercamiento entre el sistema político partidario y la ciudadanía. Favorecerá la rendición de cuentas y el compromiso de los representantes con sus electores.

Todo ello se revertirá en un nuevo paso de avance de la democracia dominicana, al eliminar impurezas derivadas de las ambiciones y la debilidad del sistema de selección de los candidatos.

El Comité Coordinador de Participación Ciudadana acude hoy ante la Junta Central Electoral para expresarle su decidida colaboración en el proceso educativo que conllevará el nuevo sistema de votación para los congresistas y autoridades municipales.

La Sala Vecinal, sesionando en Participación Ciudadana reflexionó sobre la crisis que afecta  al Ayuntamiento del Distrito Nacional y las consecuencias que de la misma  podrían derivarse en perjuicio de la ciudadanía.

De nuestras reflexiones surgieron las siguientes consideraciones :

1.Actualmente el  Ayuntamiento de la ciudad  de Santo Domingo se encuentra en un estado de crisis que limita sus funciones y servicios.

2.Esta crisis no es nueva y en la actualidad se caracteriza por la división entre la Sala Capitular y el Síndico de la ciudad, provocando la ausencia del  ejecutivo de su despacho institucional, así como el   estancamiento 2.de proyectos de desarrollo comunitario y la infuncionabilidad de los departamentos de Planeamiento Urbano y la Consultoría Jurídica.

3.Percibimos un estado de irrespeto  a las leyes municipales,  así como grados alarmantes de insubordinación administrativa por parte de los empleados del ayuntamiento   a la autoridad del municipio.

4.Parece que la presente crisis surge  más por el accionar de tendencias  políticas  y sus motivaciones podrían estar en grupos e instancias partidarias que inciden  en el ayuntamiento en perjuicio de los munícipes.

5.Esta situación afecta la democracia y la gobernabilidad municipal deteriorando la relación entre los ciudadanos y sus representantes, al tiempo  que la ciudad queda sin control y dirección alguna.

 Ante esta situación resolutamos:

1.Llamar a los munícipes de la ciudad de Santo Domingo a poner atención a la crisis que afecta al ayuntamiento y demandar de ellos el respeto a nuestros derechos.

2.Cumplir con nuestros deberes ciudadanos exigiendo  del Síndico y la Sala de Capitular el cumplimiento a las leyes municipales y el respeto a  la ciudadanía, evitando que los intereses políticos y económicos se coloquen por encima del desarrollo de la ciudad.

3.Impulsar el fortalecimiento institucional del ayuntamiento para que los bienes de la ciudad  beneficien a sus habitantes.

4.Demandar del Síndico el  regreso a su despacho, asumiendo  con firmeza el mandato que recibió de los electores.

5.Reclamar del ayuntamiento en general la protección del ciudadano, del medio ambiente, de las áreas verdes, el respeto a las regulaciones del uso de suelo, así como transparencia en el manejo de los recursos de la ciudad.

 Es tiempo de que se cumpla con la ley 675 y se haga de conocimiento público el programa de desarrollo de la ciudad que tiene en práctica el ayuntamiento, el estado de ejecución del presupuesto de este año, las solicitudes de nuevas urbanizaciones,  edificios de apartamentos, plazas comerciales, estaciones gasolineras y de gas propano, las ventas y permutas de las propiedades de la ciudad, así como de  las resoluciones de la Sala Capitular para determinar la legitimidad de las comisiones de regidores que se designan para controlar las edificaciones urbanas.

Participación Ciudadana, el Centro de Planificación Para la Acción Ecuménica (CEPAE), la Fundación Solidaridad de Santiago y la Federación Campo Verde (FEROCAMPOV) de Mao firmamos este acuerdo en el dia de hoy con el propósito de impulsar propuestas  en torno al mejoramiento de las condiciones de los servicios municipales, la participación de la ciudadanía en las decisiones y por la transparencia de la gestión de los ayuntamientos del país.

Creemos que el municipio es el escenario político, social  y territorial más cercano a la gente. También valoramos que el municipio puede considerarse como la unidad territorial donde su gobierno puede hacer política social con mucha efectividad.

Los Jefes de Estados en la última cumbre de las Américas, celebradas en Quebec,  consideraron a los municipios, como ente importante para la inversión de mayores recursos y plantearon la necesidad de desarrollar estrategias viables para su fortalecimiento.

También en el país, el Presidente de la república se comprometió en el marco de la celebración del Primer Congreso de Municipios, celebrado recientemente, con impulsar una política de aumentar los ingresos municipales a través de un aumento de un 10% de la asignación para los ayuntamientos, la cual en la actualidad es de un 5%.

Desde hace varios años las instituciones firmantes hemos venido desarrollando de manera separadas estrategias en la línea de la promoción de la participación de la ciudadanía en la gestión de los gobiernos locales y por lo tanto de su  descentralización. 

Hemos decidido de manera conjunta coordinar todo los esfuerzos necesarios para implementar planes para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, conformar Comités de Seguimiento a la Gestión Municipal, impulsar acciones educativas haciendo énfasis en el manejo de los desechos sólidos, la planificación municipal y sobre los deberes y derechos de la ciudadanía en el municipio.

 Este acuerdo inicialmente tendrá una duración de 12 meses y el mismo será ejecutado en los municipios de Villa González, Mao y Los Llanos. Es nuestro propósito el ir desarrollando esta propuesta de seguimiento a la gestión de los gobiernos en un número amplio de municipios de la República Dominicana.

El viernes 20 de abril los jefes de Estado y de gobierno de 34 países de la región iniciarán la III Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá. Una de las características de esta cumbre ha sido la creciente consulta y participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso.

Bajo la coordinación de la Corporación PARTICIPA de Chile, el grupo Focal de Canadá y la Fundación Esquel se realizaron procesos de consulta en 18 países que contaron con la integración de 896 organizaciones de la sociedad civil, las que produjeron un total de 243 propuestas. La mayoría se concentro en el tema de fortalecimiento de la democracia y dentro de este la lucha anti-corrupción como un puntal importante para los avances de la democracia .

Tal como señala el documento final de la Reunión Hemisférica del proceso que tuvo lugar en la Ciudad de Miami, los días 18, 19 y 20 de enero del 2001 " La creación de una cultura de la transparencia requiere la acción decidida y continua del Estado, como también de una ciudadanía activa y comprometida a participar y monitorear la actividad pública".

Aunque los Jefes de Estado han asumido importantes acuerdos para combatir la corrupción en las dos Cumbres de las Américas y en la Convención Interamericana contra la Corrupción, no se vislumbran avances significativos entre Cumbres por lo que el gran reto continua siendo traducir estos acuerdos en acciones concretas, que permitan fomentar la transparencia de las acciones públicas y el establecimiento de procesos de construcción mutua entre la sociedad civil y el Estado de mecanismos e instrumentos concretos que fomenten valores éticos, espiritud de rendición de cuenta, practicas de control social y marcos legales adecuados que conduzcan a una cultura de transparencia y contribuyan la la desaparición de la cultura de la corrupción.

La lucha contra la corrupción es una tarea pendiente y su desarrollo depende por una parte de la inversión de recursos y sobre todo de la voluntad política, de la cual dependerá sin lugar a dudas el que emerja una nueva cultura.

Por último presentamos las propuestas priorizadas por las organizaciones participantes en la reunión Hemisférica final para su incorporación en el plan de acción , estas se unen a las asumidas en las demás cumbres y que esperan ser implementadas, al Presidente Hipolito Mejía le corresponde ofrecer todo el apoyo para que las instancias gubernamentales responsables de operativizar los acuerdos den cumplimiento de manera exitosa a los mismos.

1. Insistir en la ratificación universal de la Convención Interamericana contra la Corrupción al año 2002.

2. Implementar un Mecanismo de Revisión Mutuo en la OEA y asegurar que tenga autoridad y financiamiento adecuado, como también un claro mandato para consultas con la sociedad civil. Elaborar un informe del avance anual de la implementación de la Convención a la Asamblea General de la OEA.

3. Establecer los requerimientos legales para la publicación regular de leyes, regulaciones, acciones judiciales y administrativas y otra información, incluyendo compras, todos los presupuestos y gastos y auditorías. Hacer los mayores esfuerzos para colocar esta información en Internet e instar al BID a proveer asistencia técnica y financiera. Garantizar el acceso a la información y promover una significativa participación ciudadana a través de mecanismos idóneos, tal como audiencias públicas.

4. Instituir procesos para promover la independencia e integridad de jueces y fiscales, incluyendo criterios de selección en base a méritos, revisión pública de candidatos, capacitación ética, declaración de bienes y mecanismos de monitoreo.

5. Implementar y publicar auditorías de todos los niveles de las instituciones públicas. Adoptar prácticas de rendición de cuentas y auditorías que superen los estándares internacionales.

6. Entablar requerimientos legales para la realización oportuna de declaraciones de ingreso y gastos de los partidos políticos y candidatos para fortalecer la transparencia del proceso electoral.

7. Entablar requerimientos legales para la implementación al año 2002, de procedimientos que fortalezcan la transparencia de compras públicas de bienes y contratación de servicios, estableciendo sistemas competitivos de licitación y concesión pública de contratos. Apoyar el uso de "pactos de integridad" en compras públicas y apoyar la pronta adopción por parte de todos los bancos multilaterales, de políticas y documentos uniformes del más alto estándar.

8. Crear y fundar una agencia independiente para promover, monitorear y coordinar programas anti-corrupción.

9. Proponer legislación para crear y utilizar los Consejos de la sociedad civil para monitorear y promover la transparencia en programas gubernamentales, sustentado en la capacitación y fondos necesarios.

10. Exigir la presentación de un informe anual a la Asamblea General de la OEA sobre las medidas tomadas para implementar estos acuerdos.

No cabe dudas que si queremos modificación de pràcticas y cultura, las entidades de la sociedad civil deberemos demandar espacios para aaportar en la formulación, ejecución y monitoreo de politicas y prograamaas que contribuyan con la transparencia de la gestión pública.

Un grupo de quince abogados ha dado a conocer su opinión en el sentido de que en una reforma constitucional debe eliminarse la inamovilidad de los jueces y dada la importancia que tiene la inamovilidad dentro de la reforma judicial, se hace preciso aclarar algunos conceptos y expresar nuestra opinión al respecto.

Aunque el comunicado en cuestión hace blanco principal en los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de su texto se desprende con claridad que lo se que se persigue es eliminar la inamovilidad de todos los jueces.

Bajo el sistema actual, los jueces sólo son inamovibles y bajo ninguna circunstancia son vitalicios. Actualmente los jueces pierden su posición por tres razones: por mala conducta, por ineficiencia continua y demostrada y cuando le llega la edad de retiro consignada en la Ley de Carrera Judicial. Si fuesen vitalicios, sólo perderían sus posiciones con la muerte, que no es el caso. En consecuencia, no es cierto que la inamovilidad premie con la permanencia en el cargo a un juez que no reúna las condiciones para realizar un trabajo eficiente.

Para que el sistema actual de inamovilidad se complete, sólo falta que la edad de retiro se le aplique a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual estamos de acuerdo. Esta Suprema Corte ha señalado por sentencia que en virtud del principio de la no retroactividad de la ley, la edad de retiro se les aplica a todos los jueces designados a partir de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, lo que significa que no se les aplica a ellos que han sido los únicos designados con anterioridad. Los actuales jueces deben demostrar su vocación democrática y anunciar públicamente que se acogerán irrevocablemente al retiro voluntario tan pronto como alcancen la edad de retiro y sean designados sus sustitutos, con lo cual además se lograría evitar que los enemigos de la reforma judicial utilicen un argumento técnico para restar apoyo popular al proceso de reforma judicial.

La inamovilidad es la columna vertebral de la carrera judicial. Carrera judicial significa ingresar a la judicatura luego de pasar determinados exámenes y tener derecho a permanecer en ella hasta la edad de retiro excepto destitución por mala conducta o ineficiencia continua.

Pero la inamovilidad también es la única garantía que tienen los jueces para sostener su independencia a la hora de dictar sentencia. Si los jueces estuviesen sujetos a ratificación cada cierto período, tendría que cuidarse de no lastimar los intereses de aquéllos que tienen la capacidad de ratificarlos o no y se perdería entonces la independencia.

Los jueces son los guardianes de los derechos ciudadanos. Muchos de los abusos a los derechos ciudadanos provienen de sectores muy poderosos, que no podrán ser enfrentados por los jueces, con sus decisiones, excepto que exista una protección que asegure que no habrá represalias contra ellos. Si están expuestos a perder sus funciones, volveremos al pasado cuando sólo un pequeño grupo de jueces valientes se atrevía a ser independiente y el resto se plegaba a la voluntad de los poderosos, la mayoría de las veces recibiendo como compensación la continuidad en sus puestos además del oro corruptor.

La gran perdedora de retornar al sistema de jueces controlados por el poder político, lo será la ciudadanía, sobre todo aquella parte mayoritaria que no tiene influencias ni padrinos ni facilidades para lograr que se le haga justicia.

Nos sorprende sobremanera que se señale que el riesgo de que jueces obtemperen a directrices políticas en determinados expedientes es un "mal menor" a la concentración de todo el poder judicial en un grupo de jueces. La experiencia de un poder judicial politizado ya la hemos vivido y la recordamos con mucho dolor y no deseamos regresar a una situación prácticamente superada.

Por las razones expresadas, el tema de la reforma judicial, en el que figura como base la inamovilidad de todos los jueces, al igual que el tema de la reforma constitucional, no es competencia exclusiva de abogados, pues los grandes afectados serán todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar su ocupación, su raza, su sexo, su edad, su nombradía. Por esa razón, todos tenemos el derecho a opinar. A todos nos afectará.

Nos unimos a los Decanos de las Escuelas de Derecho de las más prestigiosas universidades nacionales, al Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP) y a la Unión Nacional de Empresarios (UNE), y reclamamos que se respeten las conquistas logradas en materia judicial, entre las que está la inamovilidad de los jueces.

Por la Coalición por una Justicia Independiente

Participación Ciudadana
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo
Asociación Dominicana de Abogados Empresariales (ADAE)
Centro Dominicano de Investigación Legales (CEDAIL)

1.- Celebramos que la JCE y los partidos hayan logrado consenso para la implementación de la esencia de las circunscripciones electorales: que los electores podían emitir un voto preferencial, es decir señalar cuál de los candidatos propuestos por su partido es su preferido. En este caso las listas deben presentarse por simple orden alfabético.

2.- Apoyamos la ref. Art. 86 que establece tres niveles de elección: 1er. Nivel: Para Presidente y Vice-presidente (conjunta) y separados senadores y diputados (2do. Nivel) y síndico, regidores y suplentes, en el tercer nivel.

3.- Acogemos la última reforma al párrafo III del art. 79 que permite que "por razones de fuerza mayor" un representante electo, pueda mudarse de la circunscripción, previa autorización de la JCE.

De ninguna forma favorecemos que se pueda postular a alguien que no resida en la circunscripción.

4.- Nos parecen exagerados los por ciento exigidos en el párrafo II del art. 76 para registrar candidaturas independientes provinciales y municipales, que llegan al 20%. Con tal proporción se garantiza un diputado en una circunscripción de 5 y dos en una de nueve.
Los porcentajes no deben pasar del 10%.

5.- En cuanto a la reforma referente a las "proclamas", art. 87:
Consideramos excesivamente largo que la proclama convocatoria de elecciones ordinarias sea llevada de "a más tardar 90 días" a 135 días antes de los comicios.
Respaldamos que la proclama se mantenga en los 90 días; y que además se penalice de toda promoción de candidatos y pre-candidatos más allá de los locales y reuniones de los organismos partidarios.
Es decir que se prohiba todo género de promoción pública de candidatos o pre-candidatos, sea a través de marchas, caravanas, afiches, radio, televisión y periódicos de circulación nacional, o cualquier otro medio fuera del período de campaña de 120 días.