Expectativas para 2002

Los procesos de concertación llevados a cabo por el liderazgo político y la sociedad civil, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en un ambiente internacional adverso, así como nuevas medidas relacionadas con las elecciones de medio término, los avances hacia la descentralización del Estado y la promulgación de importantes leyes que habían estado estancadas en el Congreso Nacional, se destacan como aspectos positivos durante el año 2001.

En contraste, se observa apatía en la puesta en funcionamiento de los mecanismos de acercamiento entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, mientras las diversas leyes promulgadas confrontan dificultades para su materialización. Asimismo, preocupa la forma en que crecen la desconfianza y el descreimiento de la gente en las instituciones gubernamentales, lo que afecta grande-mente el desempeño económico y social del país.

1. LO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

La forma en que el liderazgo político y sectores de la sociedad civil impidieron que se reformara la Constitución en función de intereses particulares, fue uno de los mayores logros en el plano político e institucional.

El Pacto por una Reforma Constitucional suscrito por los tres partidos mayoritarios, con el Presidente de la República como testigo y tres connotados miembros de organizaciones de la sociedad civil como parte de su Comisión de Seguimiento, contribuyó a desarticular los intentos de una modificación al vapor, que incluiría la extensión por dos años del período legislativo y municipal.

Este pacto surgió en el seno de la Comisión por una Reforma Constitucional instituida por el decreto 410-01. Estuvo integrada por representantes de los partidos políticos, organizaciones comunitarias, movimientos cívicos, organizaciones no gubernamentales, autoridades, líderes religiosos y connotados juristas. Pese a la lamentable exclusión del Poder Legislativo, los resultados evidencian una buena capacidad de diálogo, que debe ser estimulada y profundizada.

El establecimiento por la Junta Central Electoral de nuevas Circunscripciones Electorales basadas en la densidad poblacional, así como la elección de las candidaturas de los partidos mayoritarios a través de primarias, han sido también aspectos positivos contribuyentes a fortalecer el sistema político dominicano, que dotaron de mayor nivel de representación y legitimidad a las autoridades electas.

Un aspecto preocupante es la desconfianza de la población en los gobernantes y las dudas sobre la capacidad para manejar la situación económica y social del país, como lo muestran las encuestas realizadas a lo largo del año.  Esto  acrecienta el pesimismo y la desazón e impacta negativamente el desarrollo económico y social, lo cual, unido a la forma clientelista con que se responde a la demanda de puestos de trabajo en el gobierno por parte de la militancia y el irrespeto al mandato de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, afecta significativamente la institucionalidad y la capacidad de gestión del actual gobierno y compromete la continuidad del Estado.

Durante el año, el Congreso Nacional aprobó leyes que benefician la transparencia, la rendición de cuentas y un mayor nivel de defensa de los derechos ciudadanos, entre las que vale mencionar las de Seguridad Social, Defensoría del Pueblo, Electricidad, Salud y Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Lamentablemente la mayoría no han entrado en plena vigencia. La del Defensor del Pueblo, cuya elección sigue pendiente, es un buen ejemplo.

Ha sido notoria la falta de coordinación mostrada por los funcionarios, como lo evidencia el hecho de que a pesar de la existencia de un Gabinete Social no se ha logrado articular una coherente política social. El propio presidente de la República, en su discurso del 2 de octubre, reconoció que el paquetazo económico fue muy rápido, mientras que el paquetazo social ha ido muy lento.

2. LA SOCIEDAD CIVIL

Hay evidencia de que cuando las organizaciones de la sociedad civil y el Estado logran trabajar en conjunto se produce una sinergia que favorece a toda la ciudadanía. En cabildos como los de La Vega, Constanza, Villa González, Castañuelas, y en diversos municipios de Puerto Plata, se han desarrollado experiencias de concertación entre la ciudadanía y sus autoridades que han dado como resultado una mejoría en los servicios y en la capacidad administrativa de las sindicaturas.

Las organizaciones cívicas posicionan el diálogo y la concertación como los puntales de la gobernabilidad democrática en el país, participando en procesos de consulta con la Suprema Corte de Justicia. Los resultados de la consulta ayudaron en el proceso de planificación del Poder Judicial para los próximos 5 años y en la discusión sobre el Defensor del Pueblo se han producido importantes encuentros y diálogo entre la sociedad civil y los diputados.  Desde el Poder Ejecutivo también se han dado pasos de avance hacia la coordinación entre la diversas instancias, con la finalidad de hacer un uso más racional de los recursos disponibles. Sin embargo,  estos mecanismos han tenido dificultades para realizar sus funciones.

En efecto, en marzo de este año, se dio a conocer el decreto 407-01, con el cual se crea el Consejo Nacional de las Asociaciones sin Fines de Lucro, en el cual participan organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Este Consejo diseñó un sistema de registro y de asignación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro, instaló una unidad operativa para la tramitación de todo el proceso y elaboró sus reglamentos y normas internas.  Sin embargo, el Consejo no ha sido convocado desde septiembre y las organizaciones de la sociedad civil miembros del mismo desconocen si su trabajo fue tomado en cuenta para la  elaboración de las partidas del presupuesto nacional consignadas para este tipo de asociaciones.

3. LA CORRUPCIÓN

La Procuraduría General de la República, a través de su Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC), ha desarrollado algunas acciones positivas como la creación de comisiones de ética pública en distintas dependencias gubernamentales,  formulación de un plan nacional anticorrupción y los esfuerzos realizados en la investigación de algunos expedientes de corrupción en la administración anterior. Pero esto no ha logrado evitar que la mayoría de la población perciba niveles importantes de corrupción en la actual administración del Estado.

Es condenable que el gobierno mantenga la práctica del grado a grado en el otorgamiento de obras públicas y que haya sido poco diligente en dar respuesta a las denuncias de irregularidades en algunas de sus instituciones. Un caso tan escandaloso y oneroso como el del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, que involucra más de RD$ 200 millones, entre otras 15 denuncias de corrupción, no ha sido debidamente investigado. Hechos como estos son los que provocan que se acreciente la percepción de la ciudadanía de que el Estado dominicano mantiene niveles altos de corrupción y de que no existe, en las autoridades, una real voluntad política para enfrentarla.

De igual manera, permanecen engavetados importantes proyectos de leyes llamados a propiciar un marco legal adecuado para la transparencia del Estado, como son el que crea el Fiscal Nacional Anticorrupción, el de acceso a la información pública y el de contrataciones de obras públicas, entre otros.

4. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Los esfuerzos realizados por la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional de la Judicatura para acercar a los jueces y a la ciudadanía y su empeño por incentivar la vigilancia desde las organizaciones de la sociedad civil de todo lo relativo al proceso de reforma judicial, son los principales aspectos positivos del sector justicia. Esta posición de nuestro más alto tribunal, en un año en que recibió duras críticas, permite mantener la esperanza en el proceso de reforma judicial.

Así mismo, algunos tribunales del país desarrollaron procesos que sugieren que se puede trabajar con eficiencia a pesar de las precariedades presupuestarias y de otra índole, pudiendo citarse la Tercera Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte o los tribunales laborales de la jurisdicción de Santiago.

Lamentablemente, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura llenó las tres vacantes de jueces existentes a través de un procedimiento de repartición en que volvieron a primar los intereses partidarios por encima de los intereses nacionales, y creció el temor de un retroceso en el plano judicial.  El peor revés de este proceso fue la posición asumida por los dos representantes de la Suprema Corte de Justicia, que por mandato del Pleno votaron por candidatos que no pertenecían a la carrera judicial a pesar de haber sostenido públicamente una posición contraria.

Por otro lado, las denuncias y procesos contra jueces hacen temer que nuevamente la corrupción esté avanzando dentro del cuerpo judicial, poniendo en peligro uno de los principales logros alcanzados hasta el momento. Los niveles de eficiencia del Poder Judicial no fueron sustancialmente mejorados durante el año que termina, manteniéndose altos índices de presos preventivos debido a la excesiva lentitud con que marchan los procesos penales. La mayoría de las audiencias cada día son reenviadas y en algunas cortes hay que esperar hasta seis meses para la siguiente audiencia.

La responsabilidad de las dificultades para lograr mejorar la eficiencia de los tribunales no compete exclusivamente a los jueces. Otros factores son igualmente importantes, entre los que se puede citar un presupuesto inadecuado, procedimientos obsoletos, falta de traslado de los presos a los tribunales.

Otros temas relacionados con la justicia no mostraron progreso, como el de la independencia del ministerio público, cuyo proyecto de ley se mantuvo estancado. La calidad de los abogados en ejercicio, responsables igualmente de la lentitud de los tribunales, ha continuado deteriorándose por falta de control de las universidades que los forman, quedando como triste muestra la crisis permanente en que se desenvuelve el Colegio de Abogados, que repitió la hazaña de elegir a dos juntas directivas.

En lo que a los derechos humanos se refiere,el saldo es obviamente negativo. Más de un centenar de personas han muerto en supuestos intercambios de disparos, los organismos de derechos humanos han denunciado prácticas de torturas, apresamientos injustos y desconocimiento de órdenes de libertad emanadas de los fiscales. Por otra parte, la existencia de tribunales policiales obstaculiza las investigaciones objetivas de los hechos en que se ven envueltos agentes de la Policía Nacional, provocando un mayor nivel de incertidumbre en la población y cierto sentimiento de desprotección entre los sectores pobres, que aportan la mayoría de las víctimas de la violencia policial.

5. LA ECONOMÍA

Durante el año 2001, la economía dominicana experimentó un descenso significativo en el ritmo de crecimiento que había registrado durante el lustro anterior. Se reconoce que este estancamiento ocurre en un contexto de recesión y estancamiento en los países de mayor desarrollo económico del mundo, incluido Estados Unidos de América. A pesar del contexto adverso, la economía finaliza el año con una tasa de crecimiento del producto superior al crecimiento poblacional y, por ende, con una mejoría en el  ingreso promedio per cápita.

El país disfruta de estabilidad macroeconómica gracias a las modificaciones impositivas que entraron en vigencia al inicio del año, pues los ingresos adicionales recaudados permitieron al Gobierno cubrir una parte substancial de sus compromisos y terminar el 2001 con un déficit fiscal menos pronunciado que el año anterior. En lo que concierne al sector externo, es importante advertir que el déficit de cuenta corriente al final de año se mantuvo por debajo del 5.0% del PIB, lo cual representa una importante mejoría con relación a lo ocurrido en años anteriores. A este resultado contribuyó, por un lado, la reducción de los precios internacionales del petróleo que se verificó en el transcurso del año, y por el otro, a la disminución de las importaciones totales del país.

Llama a preocupación, sin embargo, la propensión de las actuales autoridades a recurrir a los empréstitos, externos e internos, para financiar el gasto público. Durante el año 2001 un 15% del gasto público tuvo que ser destinado a cubrir el servicio de la deuda y en el año 2002 habrá que destinar una proporción similar para amortizaciones y pago de intereses, en desmedro de inversiones en obras prioritarias demandadas por los sectores más empobrecidos del país, con la agravante de que el actual Gobierno ha seguido la irregular práctica del anterior, en el sentido de recurrir a los empréstitos internos sin la correspondiente sanción congresual que exige la Ley orgánica de Presupuesto y la propia Constitución de la República.

6. EXPECTATIVAS

Participación Ciudadana espera que para el año 2002 se pongan en funcionamiento los diversos mecanismos de acercamiento del Estado y la ciudadanía, particularmente lo referente al decreto 685-00 con el que se descentraliza la planificación social en el país, se empodera a los ayuntamientos y a la ciudadanía, lo que contribuirá a la gobernabilidad y a mayores niveles de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Al mismo tiempo confiamos en que el proceso electoral venidero transcurra en un clima de respeto, profundizando los niveles de representatividad de los congresistas, síndicos y regidores, al tiempo que se espera que se sepulten para siempre los intentos de reformar la Constitución al margen del pueblo soberano. En ese sentido el respeto al Pacto firmado por el liderazgo político dominicano es vital.

El gobierno necesita definir con claridad y precisión sus metas y elaborar una política económica con mayores niveles de articulación con la política social. Esperamos que se cumpla con lo presupuestado para el 2002, sin desbordar los gastos programados, de manera que pueda terminar el año en equilibrio sin necesidad de recurrir a los empréstitos internos como ha ocurrido durante el 2001.

Hay varios proyectos de leyes pendientes en el Congreso Nacional cuya aprobación y ejecución serán beneficiosas para la sociedad. Entre estos merece especial mención el de la reforma policial.

Ramón Tejada Holguín ha sido elegido nuevo coordinador general de Participación Ciudadana. Sustituye en esas funciones a Melba Barnett, quien llegó al término de su mandato de un año. 

La elección se produjo durante la primera reunión del Consejo Nacional, que escogió también un nuevo Comité Coordinador integrado por el propio Tejada Holguín, la coordinadora general saliente, Melba Barnett, Francisco Alvarez, Miriam Díaz, Lizzie Sánchez, Fausto Rosario y Teresa Hernández.

Ramón Tejada Holguín es sociólogo, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Población de la Facultad Latinoamericana de Sociología en México.

Labora como docente del Instituto Interamericano de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en  el proyecto INDES-BID-INTEC.

Su experiencia laboral incluye trabajos como investigador del Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (IEPD) de Profamilia, y consultor del Consejo Nacional de Salud-Oficina de Cooperación Técnica-BID, para el proyecto "Investigación sobre los servicios prepagados de salud". 

También como asistente de investigación y jefe de campo del estudio "La urbanización en la Cuenca del Caribe", coordinador a nivel general de la Universidad John Hopkins, director de FLACSO-Programa República Dominicana; encargado de la unidad de seguimiento de proyectos de ONAPLAN.

Tejada Holguín fue analista político de la edición dominical del periódico El Siglo, ganador del primer premio en el concurso dominicano de cuentos organizado por Casa de Teatro, ha participado en varios trabajos de investigación y tiene varias publicaciones en su haber.

Participación Ciudadana saluda la decisión adoptada por la magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Undécima Sala Penal del Distrito Nacional, en relación con el caso de Pepe Goico y compartes.

Esta decisión salva la deteriorada imagen de la justicia y se une a la opinión del Procurador General de la República y a la de muchas personas interesadas en que la justicia actúe de manera más responsable y eficiente en los casos de corrupción de los que se encuentra apoderada.

Es imperativo que el Juez de Instrucción apoderado de este expediente realice una investigación profunda del presente caso, incluyendo el uso y alquiler de aviones y helicópteros, así como todos los antecedentes relacionados con los fines para los cuales fue expedida la tarjeta de crédito involucrada.

Finalmente el Presidente de la República, como responsable de los funcionarios que designa, debe adelantarse a los resultados de la investigación judicial, e informar a la ciudadanía todos los hechos relacionados con el presente caso, así como impedir que las personas responsables sigan disfrutando de privilegios que irritan al ciudadano común.

El pueblo dominicano reclama que sus autoridades impongan la decencia y el decoro en las funciones para las que han sido elegidas o designadas. Solo así se dará un claro mensaje de que el gobierno tiene la voluntad de prevenir la corrupción administrativa.

Como ciudadanos y ciudadanas somos parte del conjunto social interesado en hacer de la Reforma Constitucional un proceso participativo donde todos los sectores puedan expresar libremente sus opiniones, sin prisas ni presiones y en un clima de sosiego y armonía.

La constitucional es de las principales reformas pendientes para readecuar y modernizar nuestras instituciones a tono con las nuevas realidades nacionales y del escenario internacional.

Esta reforma debe darse con el concepto de cambio de que está imbuida la sociedad dominicana y debe servir para fortalecer y ampliar la democracia, no para retroceder a situaciones que han sido causa eficiente de la dominación política y la imposición, desde la fundación misma de la República.

Queremos reiterar que valoramos los consensos logrados por la amplia Comisión Especial creada por el Poder Ejecutivo para discutir las reformas constitucionales, cuyo informe al Presidente de la República recomienda la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular como forma de abordar una revisión global de la carta magna.

Respaldamos también el Pacto para la Reforma Constitucional suscrito por los partidos mayoritarios y el Presidente de la República, por todo lo que tiene de expresión de consenso, negociación y transacción en aras de mantener la participación ciudadana como fundamento de la democracia. Su cumplimiento es fundamental para salvaguardar el consenso y los acuerdos como base de la convivencia nacional, para fortalecer el liderazgo político y mantener la credibilidad en sus compromisos.

No desconocemos las facultades y poderes de los legisladores para iniciativas legales y constitucionales, pero los mismos no pueden estar al margen de la consulta y participación de la ciudadanía que es quien da el poder y a quien representan en el sistema democrático.

Pero además estamos reclamando el cumplimiento de los compromisos  establecidos en los programas de gobierno, en las declaraciones de principio y en innumerables proclamas y discursos del liderazgo de por lo menos dos de los partidos mayoritarios.

Llamamos a todas las instituciones y a la ciudadanía a reclamar que la Cámara de Diputados reivindique el Pacto para las Reformas Constitucionales y abandone el camino de las modificaciones interesadas y de grupos  para que transitemos definitivamente el camino de la participación democrática.-

Asamblea Nacional de Participación Ciudadana

Dentro de tres semanas hará un año que la mayoría de los senadores aprobó sorpresivamente un proyecto de ley que pretendía reformar la Constitución de la República, sin previo aviso, discusión o consulta, ni siquiera con sus propios partidos.

Desde entonces,  la nación dominicana ha vivido un año de incertidumbres, con recurrentes amenazas de imposiciones ignorando el sentir de amplios sectores de la sociedad dominicana y de la opinión pública, de que la Reforma Constitucional se haga de manera consensuada tomando en cuenta el interés general de la nación.

Cuando el 27 de septiembre se firmó en el Palacio Nacional el “Pacto para la Reforma Constitucional”, importantes sectores de la comunidad nacional acogieron con beneplácito el acuerdo firmado por los tres partidos políticos mayoritarios refrendado por el Presidente de la República, como testigo.

Sin embargo, parte de los legisladores han desconocido el pacto suscrito entre los partidos políticos, desafiando a sus propios líderes y al Primer Mandatario de la Nación, lo que pondría en peligro la estabilidad política y la gobernabilidad.

Es sumamente preocupante que persistan las denuncias de que existe el propósito de la auto-prolongación del mandato de los actuales legisladores, pretensión ilegítima que además fue rechazada firmemente por los firmantes del pacto por “ser contraria a la expresión de la voluntad popular, violatoria del mandato ciudadano y constituir, de ser materializada, un crimen de lesa patria”. 

Con esas acciones, los legisladores contribuyen a deteriorar la imagen de los partidos políticos y del propio Congreso Nacional ante la sociedad, instituciones que son de vital importancia para el funcionamiento del sistema democrático.

Preocupados por la necesidad de que sobreviva el consenso y la concentración como forma de dirimir las diferencias en la sociedad dominicana, las entidades suscribientes desean apelar al liderazgo político nacional y a los legisladores para que hagan prevaler el Pacto para la Reforma Constitucional.  

Llegue nuestro aliento a los dirigentes políticos, al Presidente Hipólito Mejía y a los legisladores que han reiterado su apoyo a lo pactado y los exhortamos a hacer prevalecer sus influencias para hacer cumplir única y exclusivamente lo acordado por los partidos políticos.

Asimismo invitamos a los congresistas empeñados en los aprestos denunciados a reflexionar sobre la importancia de asumir ante todo una postura patriótica, en capacidad de anteponer los intereses de todos por sobre los particulares.

La estabilidad constitucional es uno de los valores esenciales de la democracia.  Todo cuanto tienda a menoscabarla atenta contra el orden político, la participación de la ciudadanía en las decisiones transcendentales, el desarrollo democrático y la legitimidad de los poderes del Estado.

Si no se puede respetar el consenso logrado con tanto esfuerzo, que se posponga indefinidamente la reforma constitucional, hasta que se den las condiciones apropiadas para esta tarea histórica, para que quede desterrada la incertidumbre que nos afecta.

En Santo Domingo, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil uno (2001).

 Asociación Americana de Juristas

Asociación de Industriales de Herrera

Cámara Americana de Comercio

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

Central General de Trabajadores (CGT)

Ciudad Alternativa

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

Instituto Dominicano de Desarrollo (IDDI)

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

Mujeres en Desarrollo (MUDE)

Participación Ciudadana

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana manifestó su apoyo al informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Reforma policial. En una comunicación a la comisión, le expresa su coincidencia en que la Policía Nacional debe ser una entidad “de naturaleza puramente civil”.

El movimiento cívico no partidista saluda los esfuerzos que se realizan para reformar la Policía con la finalidad de convertirla en una entidad más cercana a la ciudadanía y sobre todo más eficaz en lo que debe ser su misión de proteger la vida, la integridad física, la seguridad y los derechos de las personas.

Para la institución, merece crédito la iniciativa presidencial de someter un proyecto de ley que permitiera poner el tema en debate y generar las opiniones que han surgido, ya que  esto demuestra que en un primer aspecto existe consenso en que la Policía Nacional no puede continuar como está.

La eliminación de los rangos militares, la supresión de los tribunales policiales y el traspaso de Investigaciones Criminales a la Procuraduría General de la República, son tres aspectos que Participación Ciudadana considera prioritarios en el proyecto de reforma policial

Para Participación Ciudadana la eliminación de los rangos de tipo militar que existen actualmente en la institución es uno solo de los aspectos que deben considerarse si realmente se desea desmilitarizar a la institución.

Salvo una situación de emergencia nacional, como una guerra con otro país, los únicos tribunales competentes para sancionar las violaciones a las disposiciones penales del país deben ser los del orden judicial.

Se trata de preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluyendo a los miembros de la Policía Nacional, ya que el artículo 8 de la Constitución es claro cuando otorga competencia a “la autoridad judicial”.

Considera que al tener una Policía Nacional organizada con criterios militares,en los barrios pobres, donde habita la mayoría de la ciudadanía, sevive como si existiese un estado de excepción permanente.

Recuerda que el cuerpo del orden fue creado por la dictadura con fines represivos, lo que explica su estructura y filosofía militarista, y ha continuado operando de la misma forma, con muy pocos cambios, tras la caída del régimen trujillista.

Dice que la Policía no ha podido enfrentar con efectividad el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana, y que las  redadas, intercambios de disparos, secuestro de parientes de perseguidos, violación del plazo de las 48 horas para someter a los detenidos a la justicia, tortura física o psicológica para arrancar confesiones y otros métodos violatorios de los derechos humanos, sólo han servido para demostrar el error de combatir la violencia con violencia.

Como ejemplo de hasta dónde la cultura militar afecta a la Policía Nacional, cita el requisito de que para ser miembro de la institución  se debe tener una estatura mínima de 5 pies 6 pulgadas los hombres y 5 pies 2 pulgadas las mujeres.

Participación Ciudadana considera que este tipo de requerimiento debe ser objeto de un reglamento, ya que un buen investigador criminal logra mucho más con un coeficiente de inteligencia adecuado que con una estatura física determinada.

Es además una forma de preservar sano el cuerpo policial, ya que el  permitirles  juzgar a sus propios miembros de violaciones a las leyes penales se presta a encubrimientos y las complicidades que terminan por corromper a la institución por entero. Cree, sin embargo, que debe continuar dentro de la institución la competencia en temas disciplinarios que no conlleven violación a las leyes penales.

Aunque se han realizado esfuerzos en los últimos años para que el ministerio público asuma el papel que le compete como responsable de la investigación criminal, la realidad es que todavía la Policía tiene la mayor parte del control de este proceso.

También considera correcto el planteamiento de que Investigaciones Criminales esté bajo la dirección funcional de la Procuraduría General de la República, pero debe descentralizarse para que cada procurador fiscal tenga la dirección funcional de los miembros del departamento radicados en su jurisdicción, bajo la supervisión jerárquica correspondiente.

El movimiento cívico no partidista cree que debe transformarse a la Policía Nacional con criterios distintos a los que han estado vigentes hasta el momento, pues de lo contrario no se producirán los resultados que espera la ciudadanía.

“Esta es la corriente moderna en todas partes del mundo, que ya abarca a la mayoría de los países latinos. Así ocurre en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros países hermanos”, dice. Y añade que en aquellos otros países donde todavía la Policía es de naturaleza militar, como Brasil, Chile, Colombia, existen ya movimientos que reclaman el debido cambio.

El pacto por una reforma constitucional firmado por los tres partidos con mayoría congresual y ante el presidente de la República Dominicana como testigo debe ser honrado por los actores políticos relevantes del país, ya que su cumplimiento favorecerá los procesos de concertación y diálogo tan necesarios para fortalecer el sistema político partidario dominicano.

Si bien es cierto que el Congreso Nacional es uno de los principales actores del proceso, ya que sus miembros son quienes producirán esta modificación constitucional, y que como tales debieron estar presentes en el pacto y rubricar el compromiso, no debe olvidarse que los antecedentes de irrespeto a pactos y acuerdos han traído graves consecuencias para el sistema político y el desarrollo social y económico de los dominicanos, y atenta contra la credibilidad de los partidos políticos.

En ese sentido, los legisladores darían un ejemplo de civismo y enviarían un mensaje inequívoco de fortaleza del sistema de partidos si aprueban el pacto según como ha sido rubricado por el liderazgo político nacional.

Si como se ha argumentado, se demuestra que no hay tiempo para organizar la elección de los diputados del PARLACEN y los miembros de una Constituyente en los comicios congresionales y municipales del próximo año, ello no justifica el desconocimiento del pacto, ya que los asuntos administrativos pueden ser resueltos  si existe la voluntad expresa de todas las partes.

En este punto cabe felicitar al presidente de la República, Hipólito Mejía, por la actitud asumida ante el Congreso Nacional y la población en general, en procura de que se cumpla lo pactado.

Se trata, por demás, de un consenso entre los partidos políticos, si no de una gran parte de las instituciones sociales y la opinión pública dominicanas.

Cuando el Presidente Hipólito Mejía dijo el lunes 17 de septiembre que miembros de la sociedad civil cabildearon la inclusión en la Suprema Corte de Justicia de abogados a los cuales estaban ligados profesionalmente, decidimos no darnos por aludidos. Desde el principio entendíamos que el ciudadano Presidente no se refería a las instituciones de la Coalición por una Justicia Independiente.

Pero en vista de que muchas personas están confundidas y nos han cuestionado sobre el particular, creemos prudente formular las siguientes precisiones:

1. El único encuentro sostenido por una comisión de esta Coalición con el ciudadano Presidente, el viernes 7 de septiembre en su despacho del Palacio Nacional, transcurrió en un ambiente de suma cordialidad.

2. Nuestros comisionados pusieron en manos del Presidente una petición escrita que sugería un procedimiento transparente para la elección de los tres nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, copia de la cual se entregó a los periodistas.

3. En ningún momento durante ese encuentro se trató de candidatos ni candidaturas. Ni siquiera se aludió a la lista de 10 jueces de Cortes de Apelación y de tribunales superiores que esta coalición sometió a consideración del Consejo Nacional de la Magistratura, a través de su secretario, el Magistrado Víctor José Castellanos, optando por el fortalecimiento de la carrera judicial y sin preferencia individual.

4. La propuesta de la Coalición, como las de otras instituciones sociales, se fundamentó en el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, No. 169-97, que establece como libre la presentación de candidatos. El artículo 15 también contempla vistas públicas y "todas las circunstancias que considere (el consejo) oportunas para recabar el parecer de instituciones y ciudadanos" sobre la elección de los jueces. En 1997 unas 40 organizaciones sociales presentamos candidaturas a la Suprema Corte y nadie lo consideró intromisión.

5. Reivindicamos el espíritu de la ley antes citada, fundada en la concepción de la democracia como participación de la ciudadanía y su diversidad de instituciones. Esa participación la han promovido los gobiernos y los partidos políticos. También el propio presidente Hipólito Mejía, en la Comisión Especial sobre Reforma Constitucional, en el Consejo Consultivo sobre Políticas Sociales y en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción. Además, en los Consejos de Desarrollo y en los ámbitos de la educación, la salud y la seguridad social.

Finalmente, deseamos dejar constancia de que más allá de las diferencias y disensiones entre organizaciones sociales y partidos políticos, reconocemos que estos son fundamentales para el ejercicio democrático y estamos dispuestos a seguir el diálogo para la intercolaboración recíprocamente respetuosa y fructífera. También las organizaciones sociales son básicas en el desarrollo y la institucionalización democrática, que no puede depender exclusivamente de los partidos.

*Las actuaciones de la Policía Nacional deben enmarcarse en el orden institucional y jurídico de la nación.
*Demandamos la atención del Presidente de la República ante el rosario de crímenes atribuidos a las fuerzas del orden público.
*La Suprema Corte de Justicia debe responder la instancia que procura declarar inconstitucional los tribunales policiales.
*No habrá efectivo combate a la delincuencia sin una reforma profunda de la Policía Nacional.

En los últimos días la nación vive una nueva oleada de muertes a manos de los agentes encargados precisamente de velar por el orden público y la seguridad de la ciudadanía, mientras continúan las denuncias sobre detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos de los detenidos.

A nombre del combate a la delincuencia, la Policía Nacional desarrolla una política de aniquilamiento de reales y supuestos delincuentes, cuya ineficacia se puede medir por el hecho de que aunque cada año las cifras de estas víctimas van en aumento, también se incrementan las acciones delictivas.

Obviamente que tal política de ejecuciones sumarias es absolutamente violatoria del orden jurídico nacional, que presume inocente a todo acusado de un delito mientras no se produce la condena de un tribunal, tras un juicio con respeto a las garantías individuales, con abogado defensor, oral, público y contradictorio.

Pero, además, tampoco existe la pena de muerte en nuestro país y ni en nombre de la lucha contra la delincuencia ni bajo ningún otro pretexto se puede justificar que simples agentes policiales o patrullas de la PN puedan decidir sobre la vida y la muerte de ciudadanos en las calles de las ciudades, a menudo en sus propias casas, delante de padres y madres, hijos e hijas.

Como es natural, han ocurrido más terribles injusticias cuando se confunde a personas honorables con supuestos delincuentes, y se les hace víctimas de vulgares asesinatos. El caso más paradigmático fue el del padre José Antonio Tineo, asesinado por una patrulla policial a la puerta de su congregación religiosa.

Esa política de exterminio viene de lejos en la lógica policial y militar, obviamente con apoyo de amplios sectores de gobernantes y ciudadanía cuya cultura autoritaria concibe el derecho a la muerte sumaria de los delincuentes. Desde luego, con la excepción de los grandes traficantes y delincuentes, los de cuello blanco, los depredadores de los bienes públicos y aquellos que desfalcaron bancos y financieras.

Pero el incremento registrado en los últimos años ha llegado a niveles absolutamente intolerables, incentivando a grupos criminales dentro de la Policía Nacional, en detrimento de la oficialidad profesional con capacidad para desarrollar políticas más efectivas, institucionales y justas en el combate de la delincuencia.

Las estadísticas de que disponemos, manejadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y publicadas en los periódicos, especialmente en El Siglo, Hoy y Diario Libre, indican que las ejecuciones policiales se han disparado en los últimos tres años.

Mientras en 1996 no llegaban a 100, para 1999 y 2000 se registraban cifras cercanas a las 200 muertes, con proyección a ser superadas en el presente, ya que para mediados de año se registraban 110 víctimas de la violencia policial.

Aunque la información de la Policía Nacional dice invariablemente que las víctimas han caído al enfrentar a balazos a sus agentes, los testimonios orales y hasta gráficos (como quedó de manifiesto por un vídeo tomado en Gaspar Hernández a 4 hombres amarrados que luego fueron declarados muertos) muestran que en la mayoría de los casos estamos ante reales ejecuciones.

Un indicio revelador se encuentra en una investigación realizada en el Departamento de Patología Forense. De 23 personas muertas en mayo a manos de agentes policiales, cuyos cadáveres llegaron a este organismo, 12 fueron víctimas de balazos en el pecho o la cabeza.

La situación ha llegado a extremos de ser denunciada en todos los informes sobre violación de derechos humanos que se publican en el mundo, tanto de instituciones multilaterales como de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA; de entidades privadas como Amnistía Internacional y American Wachman; o de órganos gubernamentales, caso del Departamento de Estado norteamericano.

Las muertes de cuatro hombres en Santiago, dentro de un automóvil, y la ejecución en la vía pública de un joven en Villa Francisca, a la vista de familiares y vecinos durante el pasado fin de semana, han desbordado la indignación. Tanto que doña Carmen Quidiello de Bosch abandonó el lecho de enfermo de su ilustre esposo para ir a expresar su solidaridad y a proponer un frente de madres contra la violencia.

Ante la gravedad de la situación, Participación Ciudadana se permite apelar al ciudadano presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, para que ordene el cese inmediato de esa política de exterminio.

Debe disponer también el cese de todo género de tortura, la suspensión de todo tipo de detenciones arbitrarias, como la de familiares y relacionados de supuestos delincuentes, frecuentemente tomados de rehenes por autoridades policiales. Así mismo, debe terminar el rudimentario método de las redadas masivas con el que se pretende combatir la delincuencia, pero que hace víctimas inocentes a cientos de residentes de los barrios populares.

Al mismo tiempo queremos reiterar nuestras posiciones anteriores sobre la Policía Nacional, en los términos siguientes:

1.- Urge una transformación de la función policial para un combate efectivo de la delincuencia, insistiendo en la prevención y en la investigación con apego a los derechos humanos y el ordenamiento jurídico. Para ello hay que impulsar una auténtica reforma de la ley orgánica de la PN, creando una policía judicial, dependiente del ministerio público, y una policía municipal más vinculada a las organizaciones sociales.

2.- Es imprescindible el mejoramiento de los recursos humanos de la institución a velar por el orden público, con mayores niveles de profesionalidad, de salarios y de seguridad, así como un adecuado equipamiento tecnológico y logístico.

3.- El código de justicia policial, como el militar, debe ser derogado para que los agentes del orden que incurran en torturas, asesinatos o cualquier otra violación del código penal respondan ante la justicia ordinaria

4. Reclamamos a la Suprema Corte de Justicia que emita su dictamen sobre el recurso de inconstitucionalidad del tribunal policial interpuesto el 4 de septiembre de 2000 por Participación Ciudadana, junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro Juan Montalvo y Alfalit Dominicana.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana celebra que los líderes de los partidos políticos hayan logrado ponerse de acuerdo en el tema de la reforma constitucional.

Entendemos que el acuerdo suscrito entre los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano, en presencia del Presidente de la República, abre el camino a la Asamblea Constituyente, como era la aspiración de la sociedad civil y esperamos que este sea el inicio de otros consensos sobre temas de interés nacional.

Mediante el acuerdo, los partidos se comprometen a modificar la Constitución de la República mediante la Asamblea Nacional en funciones de Asamblea Revisora sólo en cuanto a reducir a 45 el porcentaje para ganar en primera vuelta, eliminar los colegios cerrados, elección popular de representantes al Parlamento Latinoamericano, e introducir la figura de Asamblea Constituyente.

Participación Ciudadana está convencida de que este acuerdo será cumplido a plenitud por los senadores y diputados de las diversas corrientes políticas, ya que lo contrario sería un desconocimiento al liderazgo de los partidos mayoritarios.

De igual manera, Participación Ciudadana expresa su comprensión por las voces de disensión que se han estado escuchando en torno al pacto, por entender que son parte del ejercicio democrático, pero es saludable para el país acogerse a lo pactado.

Hacemos un llamado a las instituciones, a los ciudadanos, así como alliderazgo político nacional, para que respalden y den seguimiento al acuerdo suscrito entre las principales fuerzas políticas de la nación.