Marina Hilario

Tradicionalmente los dominicanos y dominicanas estamos acostumbrados a que los temas de campaña de quienes aspiran a ocupar posiciones públicas (salvo honrosas excepciones), se concentran en aspectos que van a dirigidos a la solución de los problemas de subsistencia de los sectores mas empobrecidos del país, que son la mayoría de la población, por lo tanto en la lógica de la obtención de votos esta parece ser una estrategia importante.

Generación de empleos, incentivos para la micro y mediana industria, rebaja de artículos de primera necesidad, Subsidios en diferentes renglones, arreglo de calles, reparación de escuelas, equipamiento de hospitales y arreglo de cañadas, entre otras; son considerados puntos básicos de los y las candidatos y candidatas, cuando se trata de convencer a los electores.

Tal parecería que los dominicanos y dominicanas no tenemos otras preocupaciones y que temas tan importantes como el de la corrupción pública no existe o es un problema irrelevante; a pesar que el mismo se  ha convertido en uno de los problemas  que más afecta a las instituciones democráticas ante el impacto negativo que tiene en la vida de los ciudadanos y ciudadanas y la democracia.

El interés de la población en el tema puede medirse a partir de los resultados de la III Encuesta Nacional de Cultura Política y Democrática, publicada recientemente por Isis Duarte y Ramonina Brea, donde el 94% de los encuestados tienen la percepción de que la corrupción es un asunto grave.

La ausencia de transparencia en los actores públicos se ha convertido en una de las principales causas de negación de apoyo de la población a la democracia .

Los problemas de corrupción  en nuestro país están vinculados a la falta de instituciones fuertes, clientelismo en la burocracia gubernamental, debilidad en la aplicación de los marcos legales y su adaptación, el “patrimonialismo”, soborno e  ineficientes controles, falta de aplicación e incumplimiento de las normas y reglamentos, y la débil participación ciudadana.

Nadie discute que la erradicación de la corrupción  no es un problema de corto plazo, pero sí un tema de agenda que debe ser abordado rápidamente desde las diferentes dimensiones establecidas en la declaración final de la Conferencia sobre “Transparencia para el Desarrollo”, celebrada en mayo de 1999, durante el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros de las Américas, donde se identificaron como antídotos contra la corrupción la información, compromiso de liderazgo, acción colectiva y reglas claras.

A pesar que el problema debe ser enfrentado de manera conjunta y de manera integral por los diferentes actores de la sociedad. El  Congreso y los ayuntamientos son dos instancias fundamentales para avanzar en la disminución de dicho mal, por lo que no se justifica que los actuales candidatos y candidatas, dediquen tan escaso espacio a presentar sus propuestas en un tema como este.

En el caso del Congreso las propuestas a promover deben ser con mas claridad, si tomamos en cuenta que existen una serie de iniciativas legislativas en carpeta que buscan crear mecanismos, reglas y sistemas mas transparentes para el ejercicio de las funciones públicas, y de las cuales no hemos escuchado referencia de parte de los candidatos y candidatas a senadores/ as y diputados/ as.

Las principales iniciativas legislativas que se cuentan son:

a)     El  proyecto de ley de contratación para el diseño y ejecución de obras y servicios  delEstado, presentado por el CODIA.

b)     Los anteproyectos que abordan el tema del Presupuesto Nacional.

c)     El anteproyecto que aborda las iniciativas de independencia de la Contraloría  General de laRepública.

d)     El proyecto de ley entregado al congreso para crear una fiscalia nacional anti corrupción.

e)     La propuesta de ley de acceso a la información publica

Nadie podrá negar la importancia de dichas propuestas, que van dirigidas principalmente a disminuir la discrecionalidad de los funcionarios, disminuir la impunidad y aumento de la credibilidad de la democracia; .por lo que no entendemos por que han sido ignoradas y no forman parte del debate de ciudadanos y ciudadanas que son los mas llamados a orientar el debate político.

Marina Hilario*

Una de las primeras cosas que quiero plantear es que la característica de la sociedad civil, con su dimensión incluyente de la sociedad, la hace un actor de primer orden en cualquier proceso que busque perfeccionar la débil democracia que tenemos y en este proceso surgen y se fortalecen una multiplicidad de organizaciones.

La “corrupción se ha convertido en uno de los problemas  que afecta más gravemente a las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social”[i] al poner en juego la credibilidad de la misma ante la impunidad con que se realizan los actos de corrupción en cualquiera de sus modalidades, ya sea esta política, administrativa pública, social o privada. Aun de esta forma, no cabe duda que ante el impacto negativo que tiene en la vida de los ciudadanos y ciudadanas y la democracia, la corrupción pública se convierte en uno de los principales males de la sociedad actual.

En este sentido, permítanme vincular algunos resultados de la III Encuesta Nacional de Cultura Política y Democrática, publicada recientemente por Isis Duarte y Ramonina Brea, que a mi juicio reflejan la situación planteada y sobre todo la percepción de la ciudadanía sobre este tema .

1ero. La visión de inutilidad de los partidos políticos más allá de las elecciones, lo cual se constata, por ejemplo, con  el resultado que da cuenta de que el 53% de los y las ciudadanos y ciudadanas encuestados consideran que los partidos políticos solo defienden los intereses de los políticos y un 37% considera que defienden solo el interés de algunas personas.

2do. La desconfianza en los partidos. Solo el 6% dice confiar mucho en los partidos.

No cabe duda que ambos resultados tiene que ver con otra información que recoge la encuesta, que señala la visión de la ciudadanía de que los políticos siempre se aprovechan de sus cargos. En este sentido, el 77% de los encuestados se identificó con esta respuesta.

Por otro lado,  al completar la información con otros resultados, como el de la actitud de los funcionarios, se revela que el 92.8% de los encuestados considera que los políticos se aprovechan de sus cargos en beneficio propio y tiene la percepción de que la corrupción es un asunto grave (el 94%).

Vista esta información, la pregunta obligada es ¿hasta cuándo los dominicanos y dominicanas continuarán prestándole su apoyo a una democracia que los excluye? Obviamente la democracia dominicana está siendo puesta en juego por aquellos actores llamados a fortalecerla.

La ausencia de transparencia en los actores públicos se ha convertido en una de las principales causas del descreimiento de la población ante la falta de información de las actuaciones de las instancias estatales, que cada día asumen con más fuerza la cultura  del palo asechado.

Los problemas de corrupción  en nuestro país están vinculados a  la falta de instituciones fuertes, clientelismo en la burocracia gubernamental, debilidad en la aplicación de los marcos legales y su adaptación, el “patrimonialismo”, soborno e  ineficientes controles, falta de aplicación e incumplimiento de las normas y reglamentos, y la débil participación ciudadana.

¿Qué puede hacer la sociedad civil?

Participación Ciudadana entiende que la lucha contra la corrupción es un problema, en primer lugar, de dimensiones y voluntad política, que debe ser  enfrentado de manera integral.  Las diferentes instancias de la sociedad, los partidos políticos, el empresariado, el gobierno, los medios de comunicación, el Poder Judicial y la sociedad civil como instancias de participación directa de la ciudadanía y como expresión de la misma tienen que jugar su rol.

Nadie discute que la erradicación de la corrupción  no es un problema de corto plazo, pero sí un tema de agenda que debe ser abordado rápidamente desde las diferentes dimensiones establecidas en la declaración final de la Conferencia sobre “Transparencia para el Desarrollo”, celebrada en mayo de 1999, durante el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros de las Américas, donde se identificaron como antídotos contra la corrupción la información, compromiso de liderazgo, acción colectiva y reglas claras.

Y en este antídoto  se hace necesario retomar la participación ciudadana y de sus organizaciones en las estrategias de fiscalización y monitoreo como medios para promover la transparencia y eficiencia de la gestión pública, única garantía de retomar el valor ético del quehacer social.

La actitud desde la sociedad civil debe ser asumir como una prioridad su contribución para que el Estado haga frente al problema, jugando su rol solidario, sobre todo porque la deficiente gerencia de los fondos públicos y la corrupción contribuyen con el aumento de la pobreza;  “La sociedad civil es un instrumento al servicio de una sociedad más justa, y no cabe duda que el sentido de equidad” es parte de sus principios,  los cuales  guían sus acciones hacia la superación y la búsqueda de participación en las decisiones públicas.  

Aunque somos parte de su reproducción, los ciudadanos y ciudadanas somos los llamados a fijar posición en el problema, exigiendo transparencia en el manejo de los fondos y actuaciones del Estado, sus instituciones y personas que los conforman. “Los ciudadanos son, no solo los soberanos -que a fin de cuentas es una expresión política- sino los protagonistas de la vida pública, los actores principales . Los demás deben permanecer en sus papeles importantes pero secundarios”[ii]

En todo caso, es importante acotar que no podemos plantearnos la noción de un/a dominicano / dominicana fuera del contexto, ya que somos parte de la construcción de la sociedad, nos llama la atención, por ejemplo los resultados de la serie de investigaciones conocida como “Latino Barómetro”, en la que se revela que  solo una minoría cumple con las leyes, unos pocos nos declaramos honrados, confiamos menos en los demás. Eltrabajo duro y la recompensa que entrega todavía no es visto como garantía de triunfo y existe una  falta de cooperación entre ciudadanos y autoridades.

Si a todo este panorama agregamos el debilitamiento de las instancias de participación de la sociedad civil, no cabe duda de que se crean condiciones quefacilitan la evasión ciudadana de sus deberes y obligaciones.

A pesar de estos problemas, grupos de ciudadanos y ciudadanas asumen de manera responsable la búsqueda de soluciones. Múltiples experiencias generadas desde el sector de las organizaciones sociales, dirigidas a  promocionar mecanismos de control y rendición de cuentas, han dado sus frutos en este campo. Tienen ante todo una labor preventiva y su éxito dependerá fundamentalmente de la Participación Ciudadana, a saber:

•La Observación Electoral

•Elección Consejo de la Magistratura (1997)

•Seguimiento a autoridades locales, etc.

Son solo algunas de las experiencias desarrolladas en las cuales desde el sector de la sociedad civil se ha contribuido con los procesos de transparentar las acciones públicas.

La indiferencia de la ciudadanía ante lo que acontece es una de las mayores limitantes para superar el problema, por lo que no hay dudas de que uno de los primeros compromisos en los que deberá trabajar la sociedad civil es hacer de los procesos de cuestionamiento a la ilegalidad y la corrupción un ejercicio más inclusivo de otros actores que puedan sentirse parte y que permita que el ciudadano/a común comience a cuestionarse la cultura del fraude prevalecienteen nuestra sociedad.

Esto nos ayudará a comprender que ejercer nuestro compromiso como ciudadanos y ciudadanas es entender que tenemos deberes que cumplir.•La vía idónea es salir de la apatía e interesarnos en lo público y lo colectivo.•Las expectativas que tenemos de la democracia solo serán cumplidas en la medidaque pasamos de “súbditos” a “ciudadanos / as” que reclaman sus derechos porque cumplen sus obligaciones.

Tenemos que mirar hacia el futuro tratando de romper toda la herencia dañina legada  por políticos, caudillos, enquistados en diferentes lugares.

La sociedad civil en el tema de la corrupción tiene que asumir, al igual que en otros problemas, un doble rol: en primer lugar, de presión ante los actos de corrupción que se suscitan desde el Estado y, en segundo lugar, propositivo, generando y apoyando las acciones que tiendan a aportar soluciones para la erradicación del problema. En este sentido, la  amplia gama de organizaciones que conforman el sector están en condiciones de hacer sus aportes, como parte de esta estrategia, por ejemplo:

1.Desde las universidades y centros con personal especializado: se podrían impulsar estudios permanentes que permitan analizar las causas  y efectos de la corrupción, incluyendo estudios sectoriales (casos en sectores, salud, obras públicas etc).

2.Desde las ONG:fomentar programas de sensibilización ciudadana sobre el impacto de la corrupción en la economía del país y realizar programas de control social y seguimiento a las actuaciones de los funcionarios públicos.

3.Desde las organizaciones comunitarias:generar entre sus miembros la cultura de la responsabilidad ciudadana y del interés por la definición de las políticas públicas e  implementar programas y acciones de control social; que permitan obtener información sobre el uso de los fondos y de la aplicación eficiente de los mismos, en procura de una mayor transparencia de la gestión pública.

4.Otros actores:promover la cultura de la ética publica, el interés ciudadano y de rechazo de las practicas corruptas en todos los ámbitos.

El rol de la sociedad civil tiene que estar centrado, antes que todo, en hacer entender la magnitud del problema de manera independiente, presentar alternativas que contribuyan con la disminución de  su impacto en la sociedad. y se agentes activos que promuevan  el rescate, consolidación y enaltecimiento de la ética y la probidad en la conducta ciudadana, tanto pública como privada, haciendo especial énfasis en el pulcro tratamiento y transparencia del manejo de los bienes públicos.

Crear espacios de información, promover los reconocimientos a ciudadanos honestos y funcionarios eficientes, desarrollar acciones de educación ciudadana y trabajar para que las organizaciones de diferente índole asuman el compromiso de la intervención de la sociedad civil en la demanda por la trasparencia, como garantía para que el tema sea tomado en serio y con el debido conocimiento.

Debemos entender que solo la intervención del sector público, el sector privado y la sociedad civil de manera conjunta, determinará las mejores soluciones para los problemas específicos de cada sector área.

Por último, quiero recuperar algunas reflexiones sobre la fortaleza de la sociedad civil a partir de distintas experiencias en las que ha jugado un rol importante en procesos en los que jamás nos imaginamos que era posible. Las  transiciones democráticas de muchos de nuestros países, Centroamérica y Sudamérica, y  más recientemente en Perú, con la salida de Fujimori, son los ejemplos más conocidos. Todos estos procesos han estado vinculados a fuertes movilizaciones ciudadanas sobre todo de sectores descontentos con el funcionamiento.

En este sentido, nos toca ahora retomar el compromiso con la democracia que, al igual que en aquella oportunidad, se encuentra desarmada ante las amenazas de la corrupción.

El gobierno y los partidos políticos del país gastaron en conjunto 85.2 millones de pesos en publicidad colocada en radio y televisión durante los últimos cuatro meses del año 2001, según cálculos hechos por Participación Ciudadana. De esta cantidad, el mayor porcentaje correspondió a las instituciones gubernamentales, cuya factura ascendió a 69.7 millones, equivalentes a un 81.8 por ciento del total.

La inversión de los partidos políticos ascendió a RD$ 15,553,084.08 (un 18.3% del total), producto de un tiempo aproximado de 140 horas de transmisión de anuncios, divididos en 7,400 cuñas.

Participación Ciudadana dio a conocer su primer análisis de gastos en publicidad correspondientes a la campaña para las elecciones congresuales y municipales, durante el período 1 de septiembre-31 de diciembre de 2001, mediante un boletín de prensa distribuido por su departamento de Comunicación.

El análisis fue elaborado por la Unidad de Monitoreo Integral de Procesos Políticos-Electorales del movimiento cívico no partidista se basa en reportes del Centro de Monitoreo de Publicidad REVISA, empresa que recopila información cuantitativa de este tipo en los medios de comunicación nacionales. Comprende la publicidad transmitida por 12 canales de televisión abierta, uno de televisión por cable y 15 emisoras de radio.

De acuerdo a este análisis, la mayor parte de la inversión partidaria correspondió a las pre-candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo gasto total ascendió a RD$7,530,519.36, equivalente al 48.4% de los gastos.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ocupa el segundo lugar, con un gasto de RD$4,377,418.05, equivalente al 28.1%,  y la tercera al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con RD$3,506,273.67 equivalente al con el 22.5%.

Para fines de este análisis se considera Gobierno el Poder Ejecutivo y organismos centralizados, organismos descentralizados, Cámara de Diputados, Senado, Suprema Corte de Justicia, ayuntamientos del Distrito Nacional y Santiago, así como la Junta Central Electoral.

A continuación, el informe:

Unidad de Monitoreo Integral de Procesos Políticos-Electorales

Primer informe monitoreo gastos en publicidad partidos políticos y gobierno. Período septiembre – diciembre, 2001

Para la observación de las elecciones presidenciales del año 2000, Participación Ciudadana desarrolló su primera experiencia en el área de monitoreo de los gastos en publicidad de televisión y radio efectuados por las diferentes agrupaciones políticas durante la campaña electoral.  Este proyecto permitió estimar la magnitud de estos gastos y los resultados de esta primera experiencia fueron publicados en la prensa nacional y en la página de Internet de nuestra institución.

Reconociendo la importancia que tiene este tipo de actividades, no sólo por la mera verificación del nivel de gastos de los partidos políticos sino también porque constituye un mecanismo que permite evaluar la transparencia en el financiamiento de los gastos en períodos electorales, Participación Ciudadana ha retomado esta iniciativa para las Elecciones Congresionales y Municipales del 2002.

En esta ocasión no sólo se ha contemplado el monitoreo de los  gastos en publicidad de TV y radio que realizan los partidos políticos sino que también el monitoreo de estos gastos abarca a las entidades gubernamentales.  Este nuevo aspecto responde a la necesidad de identificar si existe relación entre los gastos efectuados por el gobierno y los períodos electorales.

1- ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. a) Fuente:

Para la realización del monitoreo de gastos en publicidad, requerimos los servicios del Centro de Monitoreo de Publicidad REVISA,  empresa que recopila información cuantitativa de este tipo en los medios de comunicación nacionales.

Los reportes proporcionados por REVISA contienen información detallada sobre diversas instituciones (gubernamentales y no gubernamentales), así como de las diferentes agrupaciones políticas.  REVISA ofrece información sobre la publicidad en los diferentes medios de comunicación (prensa, televisión,  radio ). Esta empresa registra información detallada de costo de la publicidad y contabiliza el tiempo de duración y el número de los spots (televisión) y de las cuñas (radio).

Sin embargo, a pesar de la especificidad de las informaciones proporcionadas por REVISA, dicha empresa no realiza el monitoreo con cobertura nacional; los medios utilizados en la elaboración de los reportes mensuales fueron:

1. b) Basede datos

Como forma de sistematizar el trabajo de procesamiento de las informaciones ofrecidas por REVISA, fue necesario establecer ciertos criterios acerca de los datos específicos que se requerían para la elaboración de los reportes de monitoreo.

Ya determinados los sectores con los cuales se llevaría a cabo el monitoreo, se realizó una selección del tipo de información a utilizar como insumo.  Para ambos sectores se contabilizó el número de spots de televisión y cuñas de radio, la cantidad de veces que era pasado el anuncio, el tiempo total en minutos y el gasto en pesos.  Respecto a los partidos políticos esta información se procesó teniendo en cuenta el sexo de los aspirantes a puestos electivos y estaciones de radio y televisión. Se estableció este criterio con el objetivo de hacer una comparación entre los gastos realizados por los hombre y las mujeres.

Por otro lado, es importante aclarar que durante el procesamiento de los datos se encontró que algunos spots de televisión y algunas cuñas de radio no especificaban el/la pre-candidato/a a quien correspondía, por lo que la comparación en base a la inversión de hombres y mujeres se hizo sólo con aquellas cifras bien identificadas.

Como parámetro general para el monitoreo de las entidades gubernamentales, se realizó una clasificación de los diferentes organismos en seis categorías, las que se establecieron tomando en cuenta el nivel de descentralización de los recursos económicos con que opera cada entidad y el tipo de gestión que realiza. En este sentido, las diferentes dependencias del Estado se agruparon en las siguientes categorías:

• Poder Ejecutivo y organismos centralizados
• Organismos descentralizados
• Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado)
• Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia)
• Poder Municipal (Ayuntamientos del DN y Santiago)
• Junta Central Electoral

2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Antes de iniciar la presentación de los resultados es importante destacar el contexto en que se dan los gastos en publicidad de los partidos políticos.  Desde finales del mes de noviembre los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Liberación Dominicana (PLD) se involucraron en el proceso de organización y realización de sus convenciones internas.  Esta situación implicó que la propaganda política en los medios de comunicación fuese mayor, principalmente en el caso del PLD.  A la fecha de este primer informe, el PRD no había iniciado el proceso preparatorio para la realización de su convención interna, lo que explica que el gasto realizado por este partido durante el período fuera menor.

Como primer resultado se destaca el hecho de que al unificar el monto gastado por todos los partidos políticos con el gastado por la totalidad de entidades gubernamentales, se observa que el 81.8% de los gastos corresponde al gobierno (RD$ 69,690,015) y sólo el 18.3% a los partidos políticos (RD$ 15,523,084).

Esta información por sí sola pudiera no parecer relevante, ya que es obvio que el gobierno debe invertir gran cantidad de sus fondos en la promoción y difusión de sus acciones. Sin embargo, este dato representa un punto de partida, pues en el futuro monitoreo mensual se observará si este porcentaje de inversión aumenta significativamente con relación a la proximidad de las elecciones congresionales y municipales. Al  gobierno corresponde en promedió poco más del 80% de los gastos durante el período.

1. a)  Partidos Políticos 

Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2001 los partidos políticos en su totalidad gastaron en los medios incluidos en el reporte RD$15,553,084.08, colocando más de 7,400 cuñas de televisión y radio, con un tiempo total aproximado de 140 horas.  La mayor inversión la realizaron los pre-candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo gasto total ascendió a RD$7,530,519.36 (48.4% de los gastos).  La segunda inversión más costosa correspondió al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con un gasto de $4,377,418.05 (28.1%,), y el tercer lugar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con RD$3,506,273.67 (22.5%).

Al compararse el gasto en publicidad según el medio de comunicación, los resultados encontrados muestran dos situaciones. Primero, la televisión constituye el medio en el que se invierte mayor cantidad de dinero, ya que de los más de 15.5 de pesos invertidos durante el período, RD$14,794,263.66 correspondieron a ese medio.

Segundo, el nivel de gastos de uno u otro partido varía de acuerdo al medio de comunicación.  El cuadro #4 muestra que en televisión, el PLD ocupa el primer lugar en gastos con un monto correspondiente al 49.4% del total, pero en radio pasa a un segundo lugar cediendo el primero al PRD, partido cuyos gastos en publicidad ascienden a $341,925.42 y que corresponden al 45.1% del total gastado.

a.1 El caso de las mujeres

Tradicionalmente, la posición de la mujer en el área política ha sido restringida a la participación en las organizaciones de base de los partidos, costumbre que limita el acceso de las mujeres a las esferas de toma de decisiones a lo interna de las agrupaciones políticas a las que pertenecen.  Sin embargo, desde hace algunos años se han dado los primeros pasos para permitir una mayor participación política de las mujeres.

Uno de los propósitos de este monitoreo es establecer el nivel de presencia de las mujeres pertenecientes a los partidos políticos en los medios de comunicación.  Los resultados de este primer período revelan que durante el cuatrimestre septiembre-diciembre solamente RD$2,139,314.95 (13.7%) fue inversión de pre-candidatas.  Además, aunque el PLD incurrió en la mayor cantidad de gastos en publicidad, ni una sola mujer perteneciente a ese partido colocó publicidad para su pre-candidatura, ni en radio ni en televisión.  Por el contrario, las pre-candidatas del PRSC fueron las únicas que invirtieron en la televisión para un total de $2,001,436.20, mientras que las del PRD realizaron su mayor gasto en la radio con un monto ascendente a RD$107,158.75.

1. b)    Gobierno 

Uno de los sectores que en los últimos años se ha visto vinculado al financiamiento de las campañas políticas, ya sea por la conducta transparente o la carencia de la misma, es el sector gubernamental.  Muchos sectores de la ciudadanía perciben que durante muchos años se ha hecho uso de los fondos estatales para promocionar candidatos pertenecientes al partido en el poder.   Acciones como el Pacto de Etica Electoral, promovido por más de 90 organizaciones de la sociedad civil, constituyeron el punto de partida para monitorear el uso indebido de los recursos económicos del Estado para fines meramente políticos.

Sin embargo, las estrategias para la promoción partidaria van más allá del uso de vehículos y equipos de instituciones del Estado para actividades proselitistas.  La tendencia es realizar, en momentos cercanos a los períodos electorales cuantiosas inversiones en publicidad para promocionar las ejecutorias del gobierno de turno a fin de presentar una imagen positiva del gobierno e influir en la ciudadanía para la obtención de votos a favor del partido de gobierno,  situación que ha caracterizado el comportamiento de los partidos políticos en el poder.

Desde septiembre a diciembre de 2001, el gobierno gastó RD$69,690,015.40 en publicidad de televisión y radio, cantidad que abarcó la colocación de 36,484 espacios, para un total aproximado de 475 horas.  El Poder Ejecutivo, conjuntamente con los organismos centralizados y descentralizados, realizó la mayor inversión gastando $63,760,232.64 millones de pesos, cantidad que corresponde al 74.8% del total invertido por esta instancia.

Un dato interesante es el relacionado al gasto realizado por la Junta Central Electoral.  Las elecciones congresionales y municipales de 2002 requieren, por contemplar una nueva forma de votación, un esfuerzo promocional y educativo mayor que en otras elecciones.  Sin embargo, las autoridades electorales sólo gastaron RD$6,310.00, monto que no alcanzan ni siquiera un 1% del total de gastos del sector gubernamental.

Por otro lado, analizando el nivel de gastos al interior del Poder Ejecutivo, se observa que de los más de 60 millones invertidos por este sector, el 72% corresponde a las dependencias centralizadas, es decir, aquellas cuyos recursos económicos provienen exclusivamente del Poder Ejecutivo.

En general, la instancia que gastó mayor cantidad de dinero fue la Presidencia de la República, cuyo monto ascendió a RD$28,017,779.80, que corresponde al 43.9% del total gastado por el Poder Ejecutivo.

La Presidencia de la República ocupa también el primer lugar en gastos dentro de las instancias centralizadas, con un porcentaje de 61.1%. A esta cantidad le sigue la invertida por las secretarías de Estado, RD$12,934,840.61, correspondiente al 28.2%.

Finalmente, al igual que con los partidos políticos, la mayor cantidad de dinero fue invertida en el medio televisión, un total de RD$ 62,891,072.85.  En cambio, con relación a la inversión de los diferentes sectores según medio, el Poder Ejecutivo y los organismos centralizados se mantienen al frente de los gastos tanto en radio como en televisión.

Participación Ciudadana entregó al Partido Revolucionario Dominicano el resultado de su observación a la convención extraordinaria de esa organización el pasado domingo en el Distrito Nacional y en varias provincias.

El movimiento cívico no partidista dice en su informe que, según lo establecido por el Reglamento Electoral elaborado por la Comisión Nacional Organizadora de las Convenciones, el proceso de votación se efectuó de manera satisfactoria, y que se logró una buena participación de la militancia en el proceso de votación.

Participación Ciudadana observó la selección de candidaturas del Partido Revolucionario Dominicano en 66 municipios y en el Distrito Nacional. 320 voluntarios/as participaron en la observación de 258 locales.

Entre los aspectos positivos, el movimiento cívico destaca el uso de un modelo organizativo del proceso de votaciones semejante al de la Junta Central Electoral (JCE), en particular el padrón fotográfico como documento de control y las boletas con fotografías de candidatos/as, lo que permitió una mayor transparencia.

Señala que al igual que el aprovechamiento de la convención para hacer un ensayo del voto preferencial, se trata de un paso de avance en términos de transparencia en la organización del proceso de votaciones y de educación a la militancia del partido.

Participación Ciudadana opina que este procedimiento ha permitido escoger a los/as representantes y al mismo tiempo hacer un ejercicio entre la militancia de la forma de votación que se utilizará en las próximas elecciones congresionales.

    Según su apreciación, la que mayoría de votantes perredeístas mostró conocimiento del proceso de votaciones.

De acuerdo al informe presentado por Participación Ciudadana al PRD, la mayor dificultad fue la tardanza del inicio del proceso de votación debido a retrasos en la entrega de materiales y la logística para instalar cada centro de votación.

Entre los aspectos negativos cita también suspensiones del proceso en Duvergé, Enriquillo, Jánico, Jimaní, La Descubierta, Postrer Río y Salcedo y Santiago Rodríguez, principalmente, por alegada entrega tardía de materiales, mientrasse reportaron quema, ruptura y secuestro de urnas en Navarrete, el barrio Cienfuegos de Santiago, Consuelo y Haina.

En el caso de Santiago Rodríguez, la convención estuvo suspendida hasta el mediodía por alegada existencia de boletas premarcadas y compra de votos por un candidato a senador,  según los reportes recibidos por Participación Ciudadana.

Entre los aspectos negativos también se menciona el uso de instalaciones y vehículos del Estado en Santo Domingo, San José de Ocoa, Imbert y La Romana, y en algunos casos se presentaron reclamaciones sobre dislocamiento en el padrón.

El reducido espacio disponible ocasionó problemas de privacidad en el ejercicio del voto secreto en algunos lugares, se promovieron candidaturas y en los centros de votación fueron vistos afiches de candidatos y candidatas.

En su informe, Participación Ciudadana recomienda mejorar los aspectos logísticos para evitar retrasos prolongados en el inicio de las votaciones, así como efectuar una mejor depuración y actualización del padrón de electores y una mayor orientación a los votantes sobre las razones de las exclusiones de listas, con lo cual se fortalecerá la transparencia del proceso.

    También, propiciar la selección total de candidaturas en los diferentes niveles mediante la votación directa de la militancia, en beneficio del fortalecimiento de su propia democracia interna, crear o aplicar mecanismos que agilicen el proceso de escrutinio para poder disponer de  resultados en  tiempo adecuado, y continuar orientando a su membresía y simpatizantes sobre la nueva forma de votación, con vistas a las próximas elecciones.

 Participación Ciudadana recomienda, del mismo modo, que se garantice en próximos procesos un lugar con cierto nivel de privacidad que permita ejercer el voto secreto, como fue reglamentado por la CONACO.

El movimiento cívico no partidista realizó  dos tipos de observación durante la convención perredeísta del pasado domingo: una en los centros de votaciones con el personal voluntario que permaneció dentro del lugar durante todo el día, y otra itinerante, realizada por cuatro grupos integrados por personal del equipo técnico y miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

El reeleccionismo, el continuismo en el poder, ha sido en el país, como en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, fuente de corrupción y avasallamiento del pluralismo político y de aniquilación de las prácticas democráticas.

Para mantenerse en el poder nuestros gobernantes han apelado a todas las prácticas que vulneran la libre competencia, abusando de los recursos del Estado, persiguiendo a los opositores y doblegándolos mediante la coacción o el soborno, sin descartar el encarcelamiento, el exilio y el asesinato.

Las peores dictaduras latinoamericanas, como la de Rafael Leonidas Trujillo Molina, se afianzaron en el poder mediante los métodos más sangrientos y antidemocráticos, pero guardaron las formalidades instituyendo la reelección y realizando periódicas mascaradas electorales.

La experiencia es diferente en las sociedades europeas y norteamericana, donde la democracia lleva muchas décadas firmemente asentada y las instituciones operan independientemente de quienes estén al frente del Estado. Allí la reelección consecutiva de ninguna forma pone en peligro la institucionalidad democrática.

En la República Dominicana la precariedad institucional y el infantilismo democrático pesan todavía como un legado histórico que debemos superar. El día en que el presidencialismo y el abuso del poder no estén por encima de la institucionalidad del Estado no será ningún peligro reabrir las puertas a la reelección consecutiva, que casi siempre ha comenzado por “sólo una” para luego consagrarla por períodos indefinidos.

Reeleccionistas han sido en nuestra historia Pedro Santana, Buenaventura Báez, Cesáreo Guillermo, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer, quienes han gobernado la nación en más de dos tercios de los 158 años de vida republicana, la mayor parte de ellos bajo el signo de la dictadura o la tiranía.

En cambio, los presidentes más democráticos, desde el padre Gregorio Billini y el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, a Ulises Francisco Espaillat, Juan Bosch, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Leonel Fernández, fueron los que no se reeligieron. Casi todos militaron en el anticontinuismo como forma de superar la opresión política.

Antirreeleccionistas fueron los Trinitarios, que en 1844 consagraron la no reelección consecutiva en nuestra primera Constitución, aunque de inmediato un cerco militar a la Asamblea Constituyente, ordenado por quien ejercía el poder (el general Pedro Santana) obligó a hacer una excepción otorgándole al mismo dos períodos consecutivos.

Enemigos jurados de la reelección y el continuismo han sido los más preclaros pensadores y conductores políticos de nuestra historia, desde Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón, hasta Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Por lo menos 35 reformas a la Constitución de la República se registran en nuestra historia, en una ocasión hasta tres en el mismo año, y casi todas tuvieron que ver con los empeños continuistas de nuestros gobernantes o con los anhelos de los luchadores  democráticos por eliminar esa fuente de tiranía y opresión tras liquidar una dictadura.

Dijeron que no, pero se reeligieron

          Resulta relevante que los mayores reeleccionistas de nuestra historia dijeron profesar el anticontinuismo antes de llegar al poder, o cambiaron de criterio poco después de afianzarse en el mismo.

Ulises Heureaux era un militante del credo democrático, pero a partir del segundo período y tras ser convencido de que siguiera en el poder, renegó de los principios y terminó convertido en tirano hasta su ajusticiamiento en 1899.

Horacio Vásquez se juramentó en 1924 bajo el compromiso de la no reelección incorporada a la Constitución por reforma del mismo año, atendiendo a un amplio acuerdo político nacional. Cuando sus fanáticos promovieron la prolongación y luego la reforma para restaurar la reelección llegó a proclamar que “no permaneceré en la Presidencia de la República más de los cuatro años consignados en la reforma y resignaré el Poder ante la Asamblea Nacional”.

Tras la ignominiosa prolongación del período hasta 1930, y cuando se aprestaba a consumar la reelección, Horacio Vásquez fue depuesto por un “movimiento cívico” que denunciaba el continuismo, apoyado por el jefe de la Guardia Nacional, Rafael Leonidas Trujillo, abriendo las puertas a la más prolongada tiranía de nuestra historia.

Al aceptar su nominación a la presidencia de la República, Trujillo hacía profesión democrática y anticontinuista y proclamaba: “no hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo servirá para tiranizar la voluntad popular a la cual sirvo en estos momentos y a la que serviré lealmente en el porvenir”.

Ello no fue obstáculo para que tan pronto se juramentara como presidente procediera a eliminar toda disensión y se reeligiera él mismo en 1934, l942 y l947, y para que impusiera presidentes títeres en otras tres ocasiones, siempre con farsas electorales, hasta caer ajusticiado en 1961.

Joaquín Balaguer se juramentó en 1966, afirmando: “El mandatario

que en estos momentos está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1966, no aspira a ser reelegido, y la única gloria que apetece es la de ser uno de los pocos dominicanos que saben anteponer la conveniencia de la nación y su porvenir democrático a sus propias apetencias y a sus propias ambiciones”.

Esa y muchas otras proclamas similares no le impidieron reelegirse sucesivamente en comicios siempre cuestionados, algunos de ellos sin oposición, en l970 y 1974 y luego en 1990 y 1994, manteniendo subyugadas las instituciones democráticas y con la nación al borde del enfrentamiento

Absolutismo presidencial y abuso del poder

El presidencialismo que ha regido la nación desde su fundación  ha facilitado el abuso del poder y de los recursos del Estado en los empeños continuistas, prostituyendo la acción legislativa y de la justicia, comprando opositores de todos los niveles y pasando a la persecución, cuando no han podido ser doblegados.

Están demasiado frescos en la memoria colectiva los procesos electorales viciados por la ambición continuista hasta 1994, cuando para superar una crisis política de grandes proporciones hubo de ser pactada una reforma constitucional, que prohibió la reelección, separó las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, estableció la mayoría absoluta para la elección del presidente, e instituyó los colegios electorales “cerrados” y el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir la Suprema Corte de Justicia.

Los procesos electorales con reelección se caracterizaron en nuestra historia por el derroche de los recursos estatales para ganar simpatías y comprar votos y partidarios, subordinando la inversión pública al interés continuista, politizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional e instrumentando la justicia como mecanismo de persecución de los disidentes.

Todavía no hay garantías de que decenas de miles de  activistas y de cuadros altos y medios no puedan ser pagados con fondos del presupuesto nacional para promover el continuismo, y de que grandes partidas del presupuesto nacional no sean desviadas a la acción partidaria. Hasta el magnífico negocio que siempre ha sido la Lotería Nacional fue quebrado, como muchas otras empresas del Estado, en las campañas reeleccionistas.

La prueba de que todavía no existen esas garantías es que en los esfuerzos por restablecer la reelección presidencial, por legisladores del mismo partido en el poder han denunciado la concesión de privilegios y contratas como forma de comprar conciencias, así como numerosos mecanismos de presión. A pesar de que el Presidente de la República ha insistido en rechazar el proyecto continuista.

Sentimiento nacional y compromiso programático

El rechazo de la reelección presidencial inmediata es un sentimiento nacional bien profundo, enraizado en nuestra experiencia histórica, que se ha ratificado en las encuestas sobre cultura política y en las de estados de opinión.

Pero es también un compromiso del partido en el poder, del cual proceden ahora los mayores esfuerzos por revivir el continuismo, aunque desde su fundación ha consagrado la no reelección en sus estatutos y en sus programas de gobierno. Es justo consignar que muchos de sus legisladores y dirigentes, desde el Presidente y la Vicepresidenta de la nación, se han opuesto al empeño por reabrir las puertas al reeleccionismo.

Algunos de los que ahora desde el poder pretenden la reelección fueron compromisarios de los postulados de la Constitución de 1963, que la prohibió absolutamente, y de las reformas de 1994, que la vetan en períodos consecutivos.

Contradicen abiertamente los criterios del líder de ese partido, probablemente el más explícito teórico del antireeleccionismo en nuestra historia, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien hasta su muerte en 1998 sustentaba que “el compromiso contraído por el Partido Revolucionario y sus dirigentes con la no reelección es insoslayable. Esos acuerdos están vigentes, son parte de la historia y de la mística del PRD, son parte de su orgullo, de su gloria, de su luto y de su sangre, de sus muertos y de sus vivos”.

Desde su tesis doctoral, publicada en parte recientemente por sus partidarios, Peña Gómez argumentó a fondo contra la reelección y el continuismo, llegando a sustentar que “es la marca que han dejado impresa en el derecho constitucional el despotismo y la opresión. Por  eso ningún gobierno que lo ha hecho consignar en una constitución ha sido plenamente democrático.”

El líder perredeísta añadía que “el estudio de las reelecciones revela la existencia de leyes históricas inmutables que nadie ha podido hasta ahora desafiar exitosamente en nuestro país. En efecto, todos los presidentes que han concurrido a las elecciones desde el poder han ganado las mismas indefectiblemente y tras cada victoria de los reeleccionistas la opresión ha sido mayor”.

No caben comparaciones con Estados Unidos

Los reeleccionistas de nuevo cuño han querido sustentar su empeño en la experiencia de los Estados Unidos, donde se permite una reelección consecutiva, o en las democracias parlamentarias de Europa, donde el continuismo no tiene más límites que los que puedan establecer los electores.

Pero esas comparaciones no tienen fundamento real y lucen hasta burlescas, a la luz de nuestra experiencia histórica, incluso la reciente, y de la debilidad de nuestras instituciones democráticas.

Las  reformas constitucionales de 1994 apenas han dado sus primeros frutos en las tres últimas elecciones nacionales, incluyendo las presidenciales de 1996 y 2000. Por primera vez en la historia dominicana tenemos tres comicios consecutivos sin que se haya producido la impugnación de los resultados ni siquiera en una sola mesa de votaciones.

Es obvio que la nación ha avanzado en estos últimos seis años en la institucionalidad democrática, pero todavía no lo suficiente para garantizar que no se repetirá el abuso del poder en el esfuerzo reeleccionista. El presidencialismo sigue siendo excesivamente fuerte, al amparo del artículo 55 de la Constitución.

Faltan todavía muchas otras reformas para disminuir el presidencialismo, para que la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público sean independientes del Poder Ejecutivo y cumplan eficientemente sus funciones, y para que la justicia cumpla a cabalidad y diligentemente su responsabilidad de sancionar todo género de malversación de los recursos públicos.

Tampoco hemos alcanzado la madurez institucional para que el Congreso Nacional, más allá de las lealtades a partidos y gobernantes, cumpla su misión de vigilancia y control de los desbordamientos del Poder Ejecutivo.

Cuando se concreten todas esas reformas no causará incertidumbre ni aprensiones el restablecimiento de la reelección presidencial en períodos continuos. Seguramente que entonces tampoco se dividirán enconadamente los partidos, los legisladores y las instituciones sociales en las discusiones del tema. Ni el mismo tendrá un rechazo tan generalizado de la opinión pública nacional.

Trabajemos todos intensamente por precipitar esos cambios y perfeccionar la convivencia democrática. Entonces Participación Ciudadana carecerá de argumento para solicitar que se mantenga siquiera por una o dos décadas la prohibición de la reelección presidencial inmediata.-

Comisión de Reformas Políticas de Participación Ciudadana

Participación Ciudadana lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el artículo 5 de la resolución 5-2001 de la Junta Central Electoral, aunque aclara que respeta la decisión del tribunal.

El movimiento cívico no partidista lamenta, asimismo, que la Suprema Corte haya rechazado la solicitud del Procurador General de la República en el sentido de que se comunicara previamente el expediente a la Junta Central Electoral.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Ramón Tejada Holguín, entiende que la obligatoriedad de domicilio en las circunscripciones electorales para quienes aspiren a representarnos en el Congreso Nacional y en los ayuntamientos, establecida en dicho artículo, constituía un paso de avance.

Recordó que “el espíritu de esa resolución era acercar más a las comunidades con sus autoridades, que la gente conociera mejor por quién vota, a quién elige, y de ahí lo positivo”.

Sin embargo, si la Suprema Corte considera que hay choque con la Constitución es obvio que debe acogerse su sentencia, por cuanto es el organismo competente para determinar que las leyes y resoluciones se ajusten a las prescripciones constitucionales, a pesar de que no se esté de acuerdo con el criterio de los jueces del más alto tribunal del país.

La Suprema Corte emitió una sentencia sobre una instancia elevada por José Rijo, Víctor García Sued y Ramón Emilio Fernández que cuestionaban varios artículos de la Ley Electoral 275-97 y sobre la resolución 5-2001 de la Junta Central Electoral en cuanto a la obligatoriedad de los candidatos/as de residir en la circunscripción que aspiran representar.

Como aspecto positivo se tiene que hacer notar que el tribunal declaró válida tanto la Ley electoral como el resto de la Resolución 5-2001 de la Junta Central electoral, en la cual se consigna el voto preferencial para los diputados y se crean las circunscripciones electorales.

Este aspecto debe ser saludado, y despeja significativamente el ambiente electoral dominicano, dice Participación Ciudadana en un boletín distribuido por su departamento de Comunicación.

El tema de la inamovilidad de los jueces ha vuelto a ocupar en los últimos días las primeras planas de los diarios nacionales e importantes espacios en los medios electrónicos, tras la declaración del presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, de que los jueces no deben ser eternos y las amenazas de algunos legisladores de integrarlo al proyecto de reforma constitucional.

Participación Ciudadana, que ha sido abanderada de la inamovilidad de los jueces como instrumento indispensable para sostener la independencia de la judicatura, se siente nuevamente preocupada por la pretensión de algunos sectores de confundir a la ciudadanía promoviendo la idea de que inamovible equivale a vitalicio.

Nada más falso. Los jueces inamovibles terminan su función con la edad de retiro o cuando son cancelados por razones de corrupción o de ineficiencia en el servicio, mientras que  jueces vitalicios sólo terminan su función con la muerte.

La mejor prueba del valor  de la inamovilidad para lograr una justicia independiente ha sido la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora para la reforma constitucional. Bastó que la decisión no complaciera a determinados sectores políticos que actualmente detentan el poder, para que  arreciaran las amenazas de eliminar la inamovilidad.

La reforma constitucional de 1994 introdujo en nuestra Carta Sustantiva el concepto de carrera judicial y como corolario la inamovilidad de los jueces. El acta de la Asamblea Revisora de 1994 recoge con precisión el alcance de este concepto al señalar “que ya la judicatura no estará sometida a los vaivenes de las elecciones que se celebran cada cuatro (4) años, algo terrible para la existencia de un verdadero Estado de Derecho”.

Las consecuencia de la designación de jueces por períodos determinados las estuvimos sufriendo hasta hace relativamente poco tiempo. Para nadie secreto que hasta 1997 la justicia en la República Dominicana estuvo secuestrada por sectores de influencia, sobre todo por los partidos políticos que cada cuatro años asignaban a sus senadores la labor de repartirse los puestos en la judicatura.

Desde hace años hemos venido denunciando que sectores que no aceptan haber perdido la influencia que antaño ejercían sobre el Poder Judicial conspiran para eliminar la inamovilidad. Por ello, fuimos parte del conjunto de organizaciones que solicitó la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial que pretendía restablecer los períodos para la función judicial.

Estas amenazas constituyen un intento de chantaje contra la Suprema Corte de Justicia muy parecido  al que precedió a la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, en que algunos de sus miembros amenazaban con remover a su presidente o a varios de los miembros del organismo.

En defensa de la inamovilidad hemos sugerido a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que sobrepasan la edad para retirarse que se acojan al retiro, al margen de su derecho de ampararse en el principio de no retroactividad de las leyes para mantenerse en sus cargos, en un gesto que ayudaría al clima de tranquilidad de la Nación.

Sin inamovilidad tendríamos, como en el pasado, jueces tímidos para aplicar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Sin inamovilidad no tendríamos carrera judicial, pues ambos conceptos son consustanciales. Lo que la justicia ha logrado es lo que desde hace años se reclama para los otros servidores públicos con la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional, y en consecuencia nula, la Ley de Convocatoria de la Asamblea Nacional, además de reafirmar el papel de la Suprema Corte de Justicia de ser guardiana de la Constitucionalidad de las leyes y actos de los poderes públicos, constituye una manifestación inequívoca del avance de nuestra institucionalidad. A este respecto las instituciones firmantes manifestamos lo siguiente:

1.      La decisión de nuestro más alto tribunal de justicia debe ser respaldada y acatada por todos los poderes públicos y por la ciudadanía en general. Toda actuación contraria lesionaría agudamente las bases sobre las que se levantan las instituciones democráticas y el estado de derecho.

2.      Para que sea democrática, toda reforma constitucional debe ser fruto de un amplio proceso de consulta con todos los actores sociales y políticos del país. La Constitución es no solamente un instrumento jurídico, sino social y político y como tal debe expresar la pluralidad democrática.

Un paso de trascendencia en la búsqueda de ese espacio de concertación se expresó en la Comisión Especial de Reforma Constitucional convocada por el Presidente de la República en marzo de 2001.

3.      El tema de la reelección ha dividido y todavía divide a la sociedad dominicana y hasta el partido de Gobierno y se convierte en un elemento de confrontación nacional. La Asamblea Constituyente sería el mejor escenario para alcanzar el necesario consenso.

4.      Algunos sectores políticos y legislativos han insistido en buscar la prolongación del período de ejercicio del actual Congreso Nacional y de las autoridades municipales. Dicha prolongación sería una usurpación que desataría una crisis política e institucional de dimensiones imprevisibles y de trascendencia internacional, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad económica  y la gobernabilidad democrática.

5.      Los hechos evidencian que no existen condiciones propicias para que se discuta de manera abierta y transparente el contenido y los alcances de una reforma constitucional.  La sociedad dominicana demanda que el liderazgo nacional se concentre en la discusión de los problemas prioritarios de  la Agenda Nacional.

6.      La máxima expresión de la soberanía popular es la consulta electoral democrática. Es el pueblo el que debe, en todo caso, decidir la renovación del mandato constitucional conferido a sus representantes. Todos debemos abocarnos a preparar y participar en las elecciones de mayo próximo, dejando de lado cualquier discusión que pueda distraer tan trascendental evento.

Santo Domingo, D.N.

Enero del año 2002

1.      Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

2.      Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

3.      Consejo nacional de Unidad Sindical (CNUS)

4.      Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

5.      Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

6.      Participación Ciudadana

7.      Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

8.      Acción para la Educación Básica, Inc. (EDUCA)

9.      Ciudad Alternativa

10.  Asociación de Industrias de la República Dominicana

11.  Cámara Americana de Comercio

12.  Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

13.  Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

14.  Instituto Nacional de Salud (INSALUD)

15.  Confraternidad Evangélica Dominicana (CONEDO)

16.  Foro Ciudadano

17.  Fundación Solidaridad

18.  Asociación Comunitaria Acción por el Progreso (ACOPRO)

19.  Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE)

20.  Comité para la Defensa de Los Derechos Barriales (COPADEBA)

21.  Unión de Vecinos Activos (UVA)

22.  Centro de Solidaridad parta el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)

23.  Unión de Juntas de Vecinos de San Pedro de Macorís

24.  Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA)

25.  Universidad Abierta para Adultos

26.  Universidad Tecnológica del Cibao (UTECI)

27.  Diálogo por la Reforma

28.  Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil

29.  Asamblea de Mao, Valverde

30.  Asociación Americana de Juristas

31.  Asociación de Madres Nuevo Despertar de El Maizal

32.  Consejo Municipal del Desarrollo Hábitat (COMUDA)

33.  Asociación Santa Lucía, de Bonao.

34.  Asociación de Detallistas de San Pedro de Macorís

35.  Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)

36.  CEDEPAR

37.  Centro de Estudios Demográficos (CESDEM)

38.  Centro de Madres Angela Guzmán, Mao, Valverde

39.  Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)

40.  Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE)

41.  Asociación Dominicana de Juntas de Vecinos

42.  Club de Amigos y Vecinos “Camiye” Barrio Restauración

43.  Club de Madres La Esperanza, Mao, Valverde

44.  Comité de Apoyo a La Justicia de San Pedro de Macorís

45.  Comunidad Eclesial Corazón de Jesús

46.  Comité por la Unidad y Derechos de la Mujer (CUDEM) de la Región Norte

47.  Coordinación y Animación Social Comunitaria (CASCO)

48.  Equipo Nacional de las Comunidades Eclesiásticas de Base

49.  Equipo Regional de Santo Domingo (CED)

50.  Espacio de Coordinación Comunitaria

51.  FEROCAMPOV, Mao, Valverde

52.  Fundación Dominicana  para la Base Social, INC. (FUNDOMA)

53.  Fundación Ecológica Mirador Norte

54.  Fundación para la Integración Social Educativa (FISOE)

55.  Grupo de Mujeres Fe, Esperanza y Caridad de Los Alcarrizos

56.  Grupo Mujeres  para el Desarrollo del Caliche (MUPADECA)

57.  Grupo de Oración Jesús de Nazaret de Cristo Rey.

58.  Grupo de Mujeres Maria Auxiliadora, Barrio Quisqueya, Esperanza

59.  Junta de Desarrollo de Yamasá, Inc.

60.  Junta de Vecinos Simón Bolívar

61.  Junta de Vecinos 30 de Mayo

62.  Junta de Vecinos Inoa de El Caliche

63.  Junta de Vecinos La Unión de Barrio Paraíso, Esperanza

64.  Junta de Vecinos 24 de Abril

65.  Junta de Vecinos Lucha y Progreso, Barrio La Piedra

66.  Junta de Vecinos Miguel Alfonso Mendoza (Piri), Barrio Placer Bonito, Spm

67.  Junta de Vecinos Luz y Esperanza, Barrio México, SPM

68.  Junta de Vecinos Luz y Vida, Barrio Restauración

69.  Junta de Vecinos El Caliche de Cristo Rey

70.  Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDA)

71.  Mujeres del Mundo Unidas

72.  Patronato Pro Desarrollo de la Educación de Yamasá

73.  Junta de Vecinos La Esperanza de El Caliche

74.  Junta de Vecinos Barrio Azul, Esperanza, Valverde

75.  Junta de Vecinos la Unión de El Maizal

76.  Junta Campesina El Progreso de El Maizal

77.  Junta de Vecinos Salome Ureña, Esperanza

78.  Programa Lo Nuevo de San Pedro De Macorís

79.  Colectivo de Salud Popular (Cosalup)

80.  Foro para la Participación Municipal

81.  Junta de Vecinos San Pedro Miramar, Barrio Miramar

82.  Junta de Vecinos Tiburcio Frías, Barrio México

83.  Junta de Vecinos Domingo Ramírez, Barrio Punta García

84.  Junta de Vecinos Villa Orilla, Barrio Punta Garza

85.  Colectiva Mujer y Salud

86.  Consorcio por la Municipalidad

87.  Junta de Desarrollo Comunal (Coma)

88.  Bloque de Organizaciones Comunitarias Oriental Zona Este (BLOCODOESTE)

89.  Comité de Seguimiento a la Gestión Municipal (Castañuelas)

90.  Sociedad Dominicana Manos Solidarias (SODOMANSOL)

91.  Equipo de Educación Popular y Comunicación Alternativa (EPCA)

92.  Centro de Desarrollo Mujer Rural (CEDEMUR)

93.  Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia

94.  Pastoral Social de Haina,

95.  Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro

96.  Organización para el Desarrollo de la Salud (ODESA)

97.  HABITAT

98.   Fundación Gregorio Luperón.

99.   Club Juvenil Comunitario San José Adentro Santiago

100. Club Cultural Amor y progreso Los Ciruelos, Santiago

101. Club La Nueva Generación Km. 3. Carretera Baitoa Santiago

102.  Junta de Vecinos La Verdad, San José Afuera, Santiago

103.  Junta de Vecinos Sagrado Corazón de Jesús, Carretera Baitoa- Santiago.

104.  Programas Radial Sábado Cultural

105.   Programa Radial Convivencia T.V.

106.   Comunidad Cosecha

107.   Movimiento de Cristianización Nacional

108.   Asociación de Pastores y Zona Aledaña de San Fco. De Macorís

109.   La voz de la Alabanza 1470 A.M

110.   Centro de Ministerio Restauración de Vida

111.   Vonapreco Capítulo S.F.M.

112.   Iglesia de la Cristianización en San Fco. De Macorís.

113.   Centro Cristiano de Desarrollo Comunitario

114.   Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en San Fco. De Macorís.

115.   Movimiento Cívico no Partidista Poder Ciudadano

116.   Ministerio Nacional de Mujeres Renuevo

117.   Asociación de Estudiantes de Fantino

118.   Iglesia de Dios Inc. Castillo

119.   Iglesia Metodista Libre de Castillo

120.   Iglesia Asamblea Cristiana Esminia en Pimentel

121.   Confraternidad de Pastores de Castillo

122.   Club Activo 20-30 Arenoso

123.   Club Social de Arenoso

124.   Kwen de la Solidaridad

125.     Planeta Verde

126.     Instituto de Contadores de San Juan de la Maguana

127.     Junta Provincial de Desarrollo de San Juan

128.     ADP Provincial de San Juan

129.     Asociación e Pastores Evangélicos de San Juan

130.     Confederación  de Mujereas Hermanas Mirabal

131.     Sindicato de Trabajadores de la Prensa de San Juan

132.     Club Diego Velásquez

133.     Junta de Vecinos Perpetuo Socorro

134.     Junta de Vecinos Gran Poder de Dios

135.     Junta de Vecinos Los Mojaos

136.     Centro de Madres La Milagrosa

La reforma constitucional al margen del Pacto endosado por los líderes de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y  de la Liberación Dominicana (PLD), con el presidente Hipólito Mejía como testigo, contamina el clima de convivencia democrática, propicia el canibalismo político y retrotrae el país a un pasado de incertidumbre institucional que toda la sociedad pensaba superado. 

La introducción de la reelección presidencial en esta reforma introduce un elemento que no había sido objeto de discusión ni por los partidos ni por la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional. Introducir el tema ha dado pie a la presencia de nuevos disgustos y desacuerdos, e incluso ha propiciado serias y profundas divergencias internas en el partido en el gobierno. 

El partido oficialista ha debido discutir internamente y luego plantear sus propuestas sobre la reelección presidencial al país y al Congreso Nacional, antes de llevar una discusión particular al ámbito congresional y gubernamental. Aunque el PRSC ha cambiado de parecer sobre el tema, el PLD ha sido coherente en su demanda de que se respete el Pacto por la Reforma Constitucional y en que no es este el momento para debatir si se aprueba o no la reelección presidencial. 

Uno de los peligros que origina este debate tiene que ver con la demanda de una parte de los miembros del actual Congreso Nacional, que sienten termina su período legal de representación, de querer prolongar por dos años su posición, con el reciclado argumento de juntar nuevamente la elección presidencial con la congresional y municipal. 

El estímulo, venga de donde venga, es perverso e incentiva la ingobernabilidad y el desorden. Independientemente de que se logre o no la reelección presidencial, la sola idea de promover entre los legisladores la posibilidad de una extensión de su período es ya un intento de golpe de Estado congresional que debe ser rechazado con firmeza por todos los sectores del país. 

Si la idea sólo busca ganar adeptos para la reelección presidencial, y de paso engañar a los ingenios reeleccionistas ocasionales, igualmente se está desmoralizando la labor congresional y política y se está propiciando el desorden en el ámbito político e institucional. 

El recurso de inconstitucionalidad de la ley que convoca a la Asamblea Revisora, elevado por el presidente Mejia, contribuye a despejar la atmósfera política enraresida por los aprestos reeleccionistas y expansionista. Sin embargo, el problema de fondo es de orden político. Cualquiera que sea la decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde ya se le ha infligido un duro golpe a la capacidad de diálogo y concertación entre los actores políticos. 

Participación Ciudadana llama al presidente Hipólito Mejía y al presidente del PRD, Hatuey Decamps, así como a los líderes y ex presidentes Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, a tomar acciones mas contundentes, para restablecer la credibilidad y el orden en los partidos políticos, en el Congreso Nacional y en el propio gobierno, desde donde sectores oficialistas aúpan el proyecto reeleccionista. 

Hay que restablecer la credibilidad política en lo acordado, hay que devolverle el valor a lo firmado, hay que retomar la validez del liderazgo político, hay que devolver la confianza al Congreso Nacional, para que el país encuentre el camino de la sensatez. Aunque el ambiente es desesperanzador, es mucho lo que estaríamos echando por la borda con la insensatez política en proceso, incluyendo la estabilidad macroeconómica, la garantía de la inversión extranjera y la propia calificación de riesgo del país, que en los últimos meses ha ganado terreno en un ambiente internacional de incertidumbre.

Participación Ciudadana reiteró su llamado para que se honre el Pacto por una reforma constitucional suscrito entre los tres partidos con representación mayoritaria en el Congreso Nacional, con el Presidente de la República como testigo.

En una declaración suscrita por su coordinador general, Ramón Tejada Holguín, el movimiento cívico no partidista dice que el pacto debe ser honrado por los actores políticos relevantes del país, ya que su cumplimiento favorecerá los procesos de concertación y diálogo tan necesarios para el fortalecimiento del sistema político partidario dominicano.

La declaración se emite a propósito de la aprobación en primera lectura por la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional incluyendo la reelección presidencial, tal como había sido aprobado por el Senado

Participación Ciudadana reconoce que el Congreso Nacional es uno de los principales actores del proceso, pues son sus miembros quienes tendrán a su cargo la modificación constitucional y, en ese sentido, debieron ser también parte del pacto.

Sin embargo, no debe pasarse por alto que antecedentes de irrespeto a pactos y acuerdos han traído graves consecuencias para el sistema político y el desarrollo social y económico en la República Dominicana.

Además, irrespetar el pacto por la reforma, cuyo cumplimiento ha sido reiteradamente solicitado por el Presidente de la República, atentaría contra la credibilidad de los partidos políticos.

A juicio de Participación Ciudadana, los/as diputados/as darían un ejemplo de civismo y enviarían un mensaje inequívoco de fortaleza del sistema de partidos si en su sesión de este domingo aprueban el pacto según como ha sido rubricado por el liderazgo político nacional.