Participación Ciudadana realizó un encuentro con congresistas el pasado 4 de abril de 2006, en el que abordó el tema Anteproyecto de Ley de la Función Pública, el cual pretendo buscar la profesionalización de los servidores públicos. Esta norma es una herramienta que permitirá superar problemas de ineficiencia y corrupción presentes en nuestros países y que tanto mal ha causado a las economías y el desarrollo de nuestros pueblos.

A continuación los discurso pronunciados por el coordinador general de PC, Paulo Herrera Maluf;  Lisa J. Kubiske de la Embajada de EEUU y  Dino Sinigallia, jefe de la Delegación de la Comisión Europea en la República Dominicana y Cuba.

PAULO HERRERA MALUF

Discurso del Coordinador General, Paulo Herrera Maluf, pronunciado durante el Encuentro con Congresistas: Anteproyecto de Ley de la Función Pública

Buenos  días, señores miembros del Congreso y candidatos a Senadores, autoridades públicas, diplomáticos  y miembros de la prensa. Señores y Señoras:

Participación Ciudadana junto al conjunto de entidades agradece su participación en este encuentro de discusión del ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCION PUBLICA, que esperamos sustituya  la Ley 14/91 del 20 de mayo del 1991 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

La profesionalización de los servidores públicos es considerada hoy día una de las principales herramientas para superar problemas de ineficiencia y corrupción presentes en nuestros países y que tanto mal han causado a las economías y el desarrollo de nuestros pueblos.

En el caso dominicano, al 2005 existían 15,349 servidores públicos incorporados a la carrera, para un promedio de 2,700 al año desde 1995 al 2005, lo cual no ha llenado las expectativas ni de los servidores públicos, ni de la sociedad en sentido general; a pesar que el país cuenta con la Ley 14-91 de servicio Civil y Carrera Administrativa que data del año 1991.

Para nadie es un secreto que la existencia de la Ley actual 14-91 no garantiza los objetivos que estaba llamada a cumplir, entre otras razones porque la propia ley limitó la carrera  administrativa, ya que  los empleados de carrera  pueden ser  legalmente cancelados en cualquier momento, sin explicación alguna, sin tomar en cuenta que hubo un concurso o una evaluación previa a su incorporación, obviando la tecnificación del empleado o empleada, su especialización, el gasto público que se ha empleado en su capacitación, así como los años de dedicación al servicio del Estado, que en muchos casos representan toda una vida.

Adicional a esto, la falta de cumplimiento en el proceso de incorporación de servidores a la carrera puede explicarse en que tradicionalmente la ONAP como organismo responsable de la implementación de la Ley no ha contado con los recursos necesarios para hacer frente a esta responsabilidad.  Y es que el cumplimiento de tal tarea implicaría la contratación del personal necesario para realizar el proceso de evaluación de los servidores, así como la dotación de recursos técnicos y financieros.

Estas son algunas de las limitaciones principales de la ley; aparte de otros aspectos igualmente importantes y que se han convertido en una traba para que la República Dominica pueda mostrar la existencia y cumplimiento de una carrera administrativa, como se implementa en la mayoría de los países que han entendido la importancia  de la profesionalización de los servidores públicos en el marco de la Reforma del Estado.

Cabe señalar que países como El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador,

Paraguay, Venezuela, Honduras, México, Perú y Nicaragua, por solo citar algunos, tienen incorporado en sus constituciones el establecimiento de la Función Pública y la Carrera de los Servidores Públicos.

Los dominicanos y dominicanas creemos que es posible mejorar la ley actual mediante la aprobación del Anteproyecto de Ley de la Función Pública.  Ciertamente, es necesario avanzar y ponernos de acuerdo en algunos aspectos del Anteproyecto que pueden ser mejorados tales como:

–          Disminuir el papel asignado al Presidente de la República, ya que en el Art 11,  párrafo II, Las funciones que se asignan al presidente lucen excesivas y podrían ser  inconstitucionales, en cuanto a reglamentar la carrera en organismos autónomos de rango constitucional como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, órganos que son independientes del Poder Ejecutivo.

–          De igual forma no consideramos prudente la creación de una  Secretaria de Estado de la Función Pública como organismo rector del sistema de servicio civil.  Este será uno de los puntos a debatir en las vistas públicas que pueda convocar el Congreso cuando sea introducida la pieza.

–          Igualmente,debe revisarse la parte que autoriza al Presidente de la República, como lo hace el Anteproyecto de ley, a transferir cargos de libre nombramiento y remoción a la categoría de cargos de carrera , ya que esto podría  politizar el sistema, pues cada Presidente al final de su mandato se sentirá inclinado a dejar sus principales colaboradores (asesores, subdirectores, encargados, etc.) incorporados a la carrera, pudiendo ser estos colaboradores fieles a una persona y no necesariamente a la Administración.

–          Adicional a esto nos parece que el Contralor General de la República y los Gerentes y Subgerentes de empresas públicas deben ser parte de la Carrera Administrativa.

–          También consideramos que para que el Servicio Civil y la Carrera Administrativa tengan mayor calidad y haya transparencia en el ingreso, se deben eliminar los concursos internos,  para que todo puesto se abra a un concurso de libre competición o externo, donde los empleados de cada institución que lo deseen puedan participar.

–          Es conveniente que se mantenga la Ley 120 (Código de Ética del Servidor Público) ya que este es un buen instrumento, a pesar de que su puesta en vigencia se ha retrasado por intereses  de distinta naturaleza. La aplicación del mismo ayudaría grandemente a fortalecer el Servicio Civil en el país, por lo que deberemos debatir la posibilidad de derogar esta ley que se plantea en la propuesta.

–          Es inadecuado otorgar la posibilidad de  permanencia en una misma institución de cónyuges y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad.  La permanencia daría la posibilidad de legitimar el nepotismo que tanto daño ha hecho a la administración pública en el país y de manera particular entraría en violación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción , convertida en ley por el Congreso Dominicano y que establece en su Articulo III de las Medidas Preventivas en el inciso 1 que los Estados promoverán la aplicabilidad, dentro de sus propios sistemas, de  ¨normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses.¨

Estas son sólo algunas observaciones que pueden ser debatidas en el marco del conocimiento del Anteproyecto de Ley.  Ojalá, Señores Congresistas, el país pueda ser pronto parte del conjunto de naciones que disponen de una ley adecuada y pensada en una administración Pública eficiente y de calidad al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

Muchas Gracias

LISA J. KUBISKE

Reunión Anual de Participación Ciudadana con Congresistas sobre Temas de Transparencia y Gobernabilidad

Martes, 4 de Abril 8:30
Hotel Santo Domingo
Salon Bohecio

Muy buenos días Señores Miembros del Congreso, Candidatos a Senadores, público presente y miembros de la prensa.

La Embajada de los Estados Unidos agradece al Coordinador General de Participación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf por su invitación para participar en este importante encuentro, señalando la importancia de la creación de una verdadera carrera civil para funcionarios públicos.

El desarrollo y la implementación efectiva de una ley de servicio civil y carrera administrativa son pasos necesarios en la lucha contra la corrupción y crea las bases para la institucionalización y continuidad del estado.  En un mundo cada vez más globalizado y competitivo el país necesita servidores públicos en condiciones de administrar los servicios públicos con eficiencia y calidad.

Basados en la experiencia de un gran numero de países, sabemos que un sistema de selección y evaluación de desempeño adecuado del servidor público levanta la moral,  brinda una orientación positiva sobre las intenciones de las autoridades de turno en relación a dar cumplimiento a la implementación de políticas y programas de calidad.

Un sistema de gestión del servicio público adecuado también garantiza que el éxito de la carrera del servidor público esté determinada por el grado de eficiencia de su desempeño y su profesionalización.

Hay pasos importantes que pueden ser tomados para mejorar la aplicación de la ley vigente.   No obstante, el borrador de ley que hoy se introduce para la consideración de los honorables miembros del congreso también pueda constituirse un importante paso para la creación de una carrera civil.

La importancia e impacto social de esta ley, demanda una profunda búsqueda de consenso entre las fuerzas políticas y sociales del país, para que conduzca a un compromiso a garantizar la continuidad de su implementación sin importar la orientación política del gobierno de turno.

Se reconoce que ha habido un nivel de socialización del proyecto en el ámbito del Diálogo Nacional de 2005.  Estimamos que aún sería útil que haya más debates entre partidos políticos, sociedad civil y otros  sectores sociales, para que opinaran todos para asegurar la creación de tal consenso social.

La Embajada de los Estados Unidos continuará apoyando el fortalecimiento institucional siempre que veamos un esfuerzo y compromiso serio de las autoridades nacionales.

Debido a la gran importancia de este asunto para el país, estamos seguros de que se va a ver la presentación del proyecto de ley lo antes posible y que el Congreso se encargará del debate, mostrando el gran interés por ver que el país enfrente este problema con la seriedad que amerita.

Muchas gracias!

DINO SINIGALLIA

Discurso de Dino Sinigallia, jefe de la Delegación de la Comisión Europea en la República Dominicana y Cuba, sobre la Ley de la Función Pública

Honorables miembros del Congreso de la República Dominicana,

Honorables invitados, señoras y señores:

Agradezco la oportunidad brindada para hablarles de esta importante Ley sobre la Función Pública y aprovecho mi presencia para hacer una breve reflexión sobre el significado de la misma.

El desafío principal que enfrenta la comunidad internacional es la lucha contra la pobreza, en todas sus dimensiones. Para la Unión Europea, esta lucha es el eje central de sus políticas externas. Una condición conexa para lograr un desarrollo económico y social sostenible es que haya un cierto nivel de gobernabilidad política y económica. Sin Estado de Derecho y seguridad jurídica, transparencia y neutralidad de las decisiones de la administración estatal, será difícil asentar procesos duraderos de desarrollo.

La Unión Europea está convencida de que la continuidad del Estado es una condición necesaria para construir una democracia efectiva y una institucionalidad sólida. Está igualmente convencida de que una administración pública gestionada por funcionarios profesionales seleccionados sobre la base del mérito, a través de oposiciones transparentes, es otra condición necesaria para construir un Estado eficiente y transparente.

En el ámbito de la administración pública, la República Dominicana enfrenta el reto de  incrementar la eficiencia e imparcialidad de la administración del Estado. El establecimiento de un servicio de carrera civil profesional, independiente y  basado en el mérito es una precondición para la sostenibilidad de los resultados sustanciales de la reforma. Así, se aseguraría la continuidad de una administración pública al servicio de los ciudadanos.

Toda administración moderna debe dotarse de instrumentos y procedimientos claros y sistemáticos que hagan las reglas trasparentes. Estos son elementos claves de una estrategia de prevención de la corrupción a corto, medio y largo plazo.

Nos complace señalar que observamos iniciativas importantes, que  contribuyen a los esfuerzos de una profesionalización en el servicio público en RD. El compromiso internacional de la RD se refleja en su participación como signatario de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que propone la profesionalización de la gestión pública, la calidad en el servicio, la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas. En este contexto tan propicio, esperamos con impaciencia la ejecución del primer concurso público de oposición para el sector financiero que se espera para este año.

Estamos convencidos de que la R D se dotará en un breve plazo de una administración pública moderna y profesionalizada, que sirva con objetividad e independencia los intereses generales de la nación. Y para el logro de este objetivo, que juzgamos prioritario, la Unión Europea siempre estará dispuesta a apoyar los esfuerzos de las autoridades dominicanas.

Esta propuesta de ley que ustedes van a discutir nos parece un elemento esencial para lograr esa continuidad, eficiencia y transparencia de Estado, que son imprescindibles para consolidar una sociedad moderna y democrática. Nuestra convicción se ha puesto en práctica. El PARME, que es el mayor programa actualmente vigente del Fondo Europeo de Desarrollo, ha contribuido de manera importante a la elaboración de la propuesta de ley que tienen en sus manos hoy.

La UE está comprometida a acompañar y contribuir a enfrentar estos retos, no sólo en el presente sino también en el futuro. Aprovecho esta oportunidad también para informarles que esta misma semana en el país, la Unión europea y el Caribe van a tener un seminario regional de envergadura para sentar las bases de una estrategia de cooperación entre la UE y el Caribe para los años 2008 – 2013. No cabe duda de que el compromiso con la institucionalidad democrática de nuestros socios es un factor crítico para la UE. Si esta discusión conduce a la aprobación rápida de esta ley, esto mandaría una señal muy positiva para el futuro de la cooperación de la UE con la República Dominicana.

“Los dominicanos merecemos una democracia limpia y transparente” “Súmate a vigilantes de la Democracia… porque la democracia te necesita”

Con el Lema, “Súmate a vigilantes de la Democracia… porque la democracia te necesita”,el movimiento cívico,  Participación Ciudadana lanzó ante la opinión pública nacional su campaña para la observación de las elecciones congresionales y municipales del próximo 16 de mayo.

Se trata de una campaña reformadora que incentiva a la ciudadanía a participar en el proceso electoral y entienda que participando en el proceso defiende la democracia.

Asimismo, esta campaña promueve la celebración de unas elecciones limpias y transparentes, por lo que incentiva a la ciudadanía a que se haga vigilante de este proceso porque “Los dominicanos merecemos una democracia limpia y transparente”

La campaña que está dirigida a la ciudadanía en sentido general,  sedesarrolló en un tono alegre, directo y sencillo utilizando los siguientes elementos:

Yo Vigilio…Los dominicanos merecemos… y Participando ganamos todos.

Las palabras iniciales de la actividad fueron pronunciadas por, Paulo Herrera Maluf, coordinador General de Participación Ciudadana,  quien resaltó que una vez mas PC presta su colaboración con motivo de las elecciones congresionales y municipales, para orientar a la población para que se haga vigilante del proceso, a fin del que el país disfrute de unas elecciones limpias y transparente.

En tanto que las palabras de motivación de la campaña la hizo el director ejecutivo, Javier Cabreja, quien explicó en detalle el por qué de esta campaña, la cual está integrada por un spot de TV, una cuña para la radio, afiches y anuncios para la prensa escrita.

Tras concluir con esta motivación y  explicar el contenido de la campaña, Cabreja finalizó el acto de lanzamiento de la campaña observación electoral 2006 con unas reflexiones de motivación y valoración de la iniciativa de PC.

La parte creativa de la campaña la hizo KLProducciones y Mabalo Boutique Creativa.

PAULO HERRERA MALUF

Discurso del Coordinador General de PC, Paulo Herrera Maluf, durante el Lanzamiento de la Campaña para la Observación de las Elecciones Congresuales y Municipales del 2006.

Muy buenas noches representantes de la Junta Central Electoral;
Buenas noches Representantes de los partidos políticos;
Buenas noches miembros de la prensa que nos acompañan;
Buenas noches representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Señoras y Señores:

Mucho me complace que ustedes nos acompañen participando con nosotros en este acto de lanzamiento en el que presentamos nuestra campaña para la observación de las elecciones congresuales y municipales del próximo 16 de mayo.

El desarrollo de unas elecciones limpias y transparentes es fundamental para el sistema político,  sus instituciones y la calidad de vida democrática que requiere la ciudadanía, para lo cual se necesita del concurso y el trabajo conjunto de todas las personas preocupadas y comprometidas con el país. La construcción de la democracia es el resultado de la integración de los ciudadanos y ciudadanas, como entes activos del proceso político, junto a los partidos y a las demás instituciones responsables del sistema electoral.

Desde el año 1996 Participación Ciudadana ha desarrollado una intensa actividad de observación de las elecciones nacionales, aspirando a que tengamos cada vez procesos que gocen de una mayor confianza de la ciudadanía. Aunque la primera experiencia de observación electoral se limitó a la jornada de votación y a la implementación del conteo rápido, en los procesos sucesivos se fue ampliando el ámbito de observación electoral de manera que dedicamos nuestra atención a las demás fases del proceso. En los procesos electorales sucesivos comenzamos a observar las elecciones primarias que desarrollan los partidos políticos para la escogencia de sus candidatos, implementamos un monitoreo a los gastos en publicidad del Estado y los partidos políticos, acompañamos a la Junta Central Electoral en las actividades de educación electoral, motivación del voto e integración de los colegios electorales, impulsamos el cumplimiento del Código de Etica en la campaña electoral por parte de los partidos políticos, entre otras actividades no menos importantes.

Las actividades de observación que hemos desarrollado en estos años no se han limitado pues a la jornada electoral, sino que han comprendido todo el proceso político que culmina en las elecciones, pero comienza desde meses antes, cuando los partidos políticos, la Junta Central Electoral y todo el país; comienzan a prepararse para la cita de mayo. En este proceso, hemos contado con la activa integración de cientos de organizaciones sociales y de personas de los diferentes niveles sociales y culturales, que con su entusiasmo y trabajo voluntario, integran la Red Nacional de Observadores y se constituyen en fieles guardianes del voto popular.

Hoy, frente a las elecciones congresuales y municipales del próximo 16 de mayo, volvemos a observar; y lo hacemos sobre la base de la experiencia acumulada, pero también incorporando nuevos elementos que puedan contribuir más propiamente con la naturaleza específica de este proceso electoral. Hasta el momento hemos desarrollado una intensa labor en la fase que denominamos pre-electoral: se dio seguimiento al proceso de selección interna desarrollado por los partidos políticos, de manera particular se observó el plan piloto de votación electrónica que realizó el PLD; se han monitoreado los gastos de propaganda y publicidad desde el mes de octubre del año 2005, se ha dado seguimiento al cumplimiento del calendario electoral, y se le ha prestado una atención especial al proceso de reestructuración de las distintas Juntas Electorales en todo el país.

Deseamos destacar que en este período hemos desarrollado 100 Encuentros con los candidatos y candidatas en 10 provincias del país y con la asistencia de más de 500 organizaciones sociales. En estos eventos las personas postuladas por los partidos políticos han presentado a las comunidades sus diferentes propuestas en materia legislativa y municipal, y del mismo modo, han escuchado un pliego de peticiones por parte de la ciudadanía, que en cada caso ha identificado cuáles son sus necesidades fundamentales.   En Participación Ciudadana nos hemos integrado con entusiasmo al proyecto que está desarrollando la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, por iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y que consiste en estimular el conocimiento de los candidatos y candidatas por parte de los electores, a través de la página de Internet www.conocer.com.do  En lo que resta de la campaña electoral, Participación Ciudadana va a desarrollar ingentes esfuerzos promoviendo el Código de Etica Electoral entre los partidos políticos y sus candidatos, a fin de que la gente pueda disfrutar de una competencia electoral civilizada, respetuosa, transparente y propositiva.

El día de la jornada de votación vamos a movilizar en todo el país tres (3) mil voluntarios que estarán ubicados en diferentes colegios electorales y centros de votación, pero que también desarrollarán una observación itinerante en diferentes municipios y provincias del país. Estos voluntarios estarán suficientemente capacitados para detectar cualquier anomalía que se presente en el proceso electoral, tomar nota de ella y apoderar de inmediato a las autoridades competentes. Quisiera anunciar que para este proceso electoral vamos a implementar el sistema de conteo rápido para las votaciones desarrolladas en el Distrito Nacional y Santiago, lo cual nos permitirá estimar con un alto grado de fiabilidad quienes resultaron ganadores a los puestos de senador y síndico en esas demarcaciones, poco tiempo después de finalizada la votación.

Para terminar, deseo anunciar con suma satisfacción que Participación Ciudadana ha recibido este año el mandato de Transparencia Internacional, para que le represente en el país  como observadora de este proceso electoral, en su calidad de capítulo nacional de la misma. Esa distinción que nos ha conferido esta prestigiosa institución internacional que vela por la transparencia de la administración pública, nos obliga a los directivos, miembros, voluntarios y colaboradores Participación Ciudadana, a estar cada vez más comprometidos con el fortalecimiento de la democracia dominicana y la lucha por el respeto a la voluntad popular.

Muchas gracias.

El movimiento cívico Participación Ciudadana llamó a los partidos políticos y sus candidatos a desarrollar una campaña electoral fundamentada en propuestas programáticas que representen una alternativa de solución a los diversos problemas que confronta la ciudadanía.

El Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, apoyó las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Dr.Luis Arias Núñez, quien llamó a los partidos políticos a evitar los actos de violencia y los enfrentamientos entre sus seguidores. En ese sentido, Participación Ciudadana afirma que está promoviendo un Código de Etica Electoral, orientado a estimular un comportamiento cívico y respetuoso de los partidos políticos y sus candidatos. “Estamos abogando por una campaña electoral que respete el medio ambiente y no implique graves trastornos a las actividades normales de la ciudadanía”, afirmó.

El movimiento cívico llamó a los partidos políticos a coordinar las diferentes manifestaciones públicas, marchas o “bandereos”, para evitar que coincidan en un mismo espacio las actividades de diferentes candidatos. Asimismo, pidió que se evite el uso de armas de fuego y bebidas alcohólicas en las actividades políticas, elementos que pueden inducir a la violencia política.

“Es una responsabilidad de los dirigentes y candidatos mantener un discurso moderado y respetuoso, evitando la utilización de calificativos o expresiones despectivas, que pudieran constituirse en caldo de cultivo de la violencia”, señaló Cabreja.

El movimiento cívico Participación Ciudadana anunció que en los próximos días se reunirá con los directivos de los diferentes partidos políticos, a fin de solicitarles que se comprometan con el cumplimiento del Código de Etica Electoral.

La labor del Congreso Nacional durante las legislaturas del año 2005 y la extraordinaria de 2006, continúa siendo esencialmente para la aprobación de leyes y convenios puntuales, pensiones y contratos así como para la modificación de la división territorial. Asimismo, en el país continúa como habitual que la gran mayoría de las iniciativas legislativas corresponde a los propios miembros del Congreso Nacional, a pesar de que otros poderes tienen atribuciones para impulsar reformas y nuevas leyes.

En el 2005, además, perimieron importantes proyectos de ley que forman parte del esfuerzo de una agenda legislativa para fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa.

En la labor legislativa se repite la práctica de que la mayoría de los proyectos aprobados por el Congreso Nacional corresponden a leyes territoriales y de pensiones. En total, durante la segunda legislatura ordinaria del 2005 y la primera legislatura extraordinaria del 2006, se crearon tres (3) nuevos municipios, veintiséis (26) nuevos distritos municipales y ocho (8) nuevas secciones. En la mayoría de los casos, estas creaciones o elevaciones de categoría no se corresponden con el desarrollo alcanzado por esas demarcaciones. Mientras eso sucede, el Congreso Nacional deja perimir el proyecto de Ley Orgánica Municipal, que tiene como propósito precisamente el someter a una regulación estricta el cambio de categoría de cualquier división política del país, creando incentivos que eviten la creciente fragmentación del territorio nacional.

Un total de leyes de pensiones aprobadas por el Congreso Nacional durante las legislaturas de 2005 ascendió a setenta y seis (76), representando una carga monetaria para el Estado de más de trece millones de pesos al año. Para estas aprobaciones no existen otros criterios que la cercanía política o familiar del favorecido con un legislador o un partido, dejando de lado los merecimientos por verdadero servicio prestado al Estado o al país.

Mientras esto sucede, han perimido importantes proyectos de ley que formaban parte de la denominada agenda legislativa anticorrupción. Dentro de estas iniciativas están el proyecto de ley para la Creación de la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción, el proyecto de ley para la Creación de la Dirección General de Probidad Administrativa y contra el Enriquecimiento Ilícito, el  proyecto de ley para la Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, el proyecto de ley Contra la Corrupción en la Administración Pública, el proyecto de ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y el proyecto de ley para la Creación de la Contraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Interno.

Además perimieron otros proyectos reclamados por la sociedad, como son, el proyecto de Ley General de Participación, el proyecto de ley para la Regulación del Sistema de Tarjeta de Crédito,  el proyecto de ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y  el proyecto de ley para la Regulación de la Propaganda y Publicidad del Estado. Otros proyectos perimidos están estrechamente vinculados al proceso de reorganización del sector público, tales como el proyecto de ley General de la Administración Pública, el proyecto de ley de Descentralización de la Función Pública y el proyecto de Ley Orgánica Municipal.

Aprobaciones de leyes y convenios

Durante la Segunda Legislatura Ordinaria de 2005 el Congreso Nacional aprobó 28 leyes generales, 25 leyes territoriales y 67 leyes de pensiones. Asimismo, le otorgó carácter de normativa a 11 tratados internacionales, y ratificó 4 contratos internacionales y  49 contratos nacionales.

Dentro de las leyes de carácter general aprobadas durante esta legislatura se destacan:

§         Ley de Protección al consumidor y usuario;

§         Ley Mediante la cual se crea el Sistema de Crédito Público;

§         Ley de Salud Mental;

§         Ley que crea el Consejo Nacional de la Competitividad;

§         Ley de Tesorería Nacional;

§         Ley mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo  transferir la suma de RD$13,538,962,224.00, del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos;

§         Ley de Promoción al Desarrollo de Parques Infantiles y de Diversión Integral de la Familia;

§         Ley que modifica la Ley No.351, del 6 de Agosto de 1964, que autoriza la expedición de Licencias para el Establecimiento de Salas de Juegos de Azar;

§         Ley de Reforma Tributaria 2005;

§         Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional

§         Ley mediante la cual se prohíbe la utilización de la denominación olema, de los dibujos contentivos del símbolo, colores, emblema obandera, ya registrado en la Junta Central Electoral, yque distingue auna agrupación política.

§         Ley mediante la cual se autoriza al poder ejecutivo captar fondos por un monto de trescientos millones de dólares (US $300,000,000).

Los once (11) Tratados o Acuerdos Internacionales aprobó, durante  la segunda legislatura ordinaria del 2005 por el Congreso Nacional son: el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,  el Protocolo de  Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, el Acuerdo entre el Gobierno Dominicano y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entre otros.  Del mismo modo, se ratificaron préstamos internacionales con distintos organismos por un valor total de US$259,925,939.18.

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron con estas modificaciones el proyecto de reforma fiscal en la primera semana de diciembre, lo cual generó un amplio rechazo en el Gobierno y en algunos sectores empresariales. Sin embargo, no contando con apoyo político para imponer una observación electoral a esta ley, el Poder Ejecutivo optó por promulgarla y postergar para la discusión del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de 2006 el reclamo de los fondos que según sus técnicos deja de percibir el Estado con la reforma tributaria aprobada.

El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional en fecha 22 de diciembre de 2005, la propuesta de Ley de Presupuesto para el año 2006 con un estimado de doscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta millones de pesos (RD$238,550.4), que luego de seis semanas de discusión en comisiones mixtas, con delegados del Gobierno y otros sectores, fue aprobado a mediados de febrero de 2006 luego de una negociación en la que se incrementó su monto para proveer fondos a ONG vinculadas a legisladores, un monto mayor a la JCE y cambios en la estructura impositiva.

El presupuesto se incrementó en 880.4 millones para un total de 239,000 millones de pesos; se sustituyó la comisión cambiaria por un “impuesto especial” de un 13% a las importaciones, que cesaría a mediados de año. Este aumentó implicó la asignación de RD$371.3 para las organizaciones no gubernamentales que apadrinan los legisladores, RD$300 millones para Interior y Policía y los Ayuntamientos y RD$94 millones para la Junta Central Electoral. Se mantuvieron las partidas para la construcción del metro de Santo Domingo que fueron planteadas originalmente por el Poder Ejecutivo.

Iniciativa legislativa

Durante la segunda legislatura ordinaria del 2005 las iniciativas legislativas que fueron convertidas en ley por el Congreso Nacional provinieron esencialmente de los propios legisladores. De las 28 leyes generales aprobadas sólo 4 fueron de la iniciativa del Poder Ejecutivo: la Ley de Reforma Tributaria 2005, la Ley de Tesorería Nacional, La Ley de Transferencia de Fondos de la Ley de Gastos Públicos y la Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a captar fondos por un valor de US$300,000,000. De estas leyes generales, las restantes 24 fueron iniciativa de los legisladores, mientras que de los demás organismos con iniciativa legislativa, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, no  se aprobó ninguna iniciativa legislativa, a pesar de que algunas de las leyes aprobadas están directamente vinculadas a estos poderes del Estado, tales como las creaciones de diferentes tribunales o la ley sobre uso de los símbolos y colores de los partidos políticos.

El pleno del Senado de la República conoció en el período estudiado un total de mil trescientos treinta y dos (1,332) iniciativas, de las cuales 73 son proyectos de leyes de carácter general, 49 proyectos de leyes territoriales; 335 proyectos de leyes de pensiones; 3 resoluciones legislativas; 6 propuestas de designación; 26 resoluciones de representación; 19 tratados internacionales; 9 contratos internacionales y  818 contratos nacionales.

De todos estos asuntos, los que finalizaron el trámite legislativo en el Senado de la República durante la segunda legislatura ordinaria del 2005 son los siguientes: 35 proyectos de leyes generales;  35 proyectos de leyes territoriales; 188 proyectos de leyes de pensiones; 20 resoluciones de representación; 4 resoluciones designación; 3 resoluciones legislativas; 7 convenios internacionales; 5 contratos internacionales  y  673 contratos de venta.

El Senado aprobó un total de 188 proyectos de ley de pensiones, que representan un monto de dos millones ochocientos veintiún mil pesos mensuales (RD$2,821,000). Los 35 proyectos de leyes de división territorial están orientados a establecer 11 nuevas secciones, 24 nuevos distritos municipales, 6 nuevos municipios, una nueva provincia y tres transferencias de territorios.

Los diputados

El pleno de la Cámara de Diputados conoció un total de trescientos cuarenta y dos (342) iniciativas durante este período, de las cuales 94 son proyectos de ley de carácter general, 55 proyectos de leyes territoriales; 74 proyectos de leyes de pensiones; 3 resoluciones de fiscalización; 40 resoluciones de representación, una resolución legislativa; 17 tratados internacionales; 6 contratos internacionales  y 52 contratos nacionales.

Durante la segunda legislatura de 2005, la Cámara de Diputados no cumplió con la responsabilidad establecida por la ley  19-01 que instituye el Defensor del Pueblo y que establece en su artículo 4 que la Cámara someterá una terna de candidatos para ser electo por el voto favorable de las 2/3 partes del Senado de la República.

Como en otras legislaturas, los intereses políticos que se han presentado en torno a esta selección han imposibilitado generar consenso respecto de una candidatura que concite el apoyo mayoritario de la Cámara.

En 2006

Durante la primera legislatura extraordinaria del 2006 el Congreso Nacional aprobó un total de treinta y un (31) instrumentos legales. Esto incluyó 5 leyes generales, 6 leyes territoriales, 9 leyes de pensiones, 5 tratados internacionales, 4 contratos internacionales y 2 contratos nacionales. De las leyes generales aprobadas la más importante fue la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del 2006 y la Ley que modifica la Ley No. 351, que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de salas de juegos de azar, y sus modificaciones. En cuanto a esta última, el Congreso Nacional aprobó las observaciones formuladas al respecto por el Poder Ejecutivo.

Ante propuesta del Secretario General del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor Gómez Casanova, para celebrar las elecciones congresionales y municipales en el mismo año que las presidenciales, Participación Ciudadana fija la siguiente posición:

1.Ya es tiempo de que el sistema político dominicano abandone la práctica de hacer acuerdos y pactos al margen de los mecanismos constitucionales, institucionales y legales. Si se considera imprescindible celebrar todas las elecciones generales en el mismo año, lo procedente es que se establezca en una próxima reforma constitucional.

2.Los legisladores, síndicos y regidores a ser electos el próximo 16 de mayo durarán en funciones cuatro años como establece la Constitución. Ningún acuerdo puede vulnerar ese período, ni ampliándolo ni reduciéndolo, aunque involucrara a la totalidad de los partidos políticos. Y ya es muy tarde para que se realice una previa reforma constitucional.

3.Es lamentable que sea ahora cuando importantes dirigentes políticos vengan a darse cuenta del daño que se hace al país con las extensas campañas electorales a que nos han acostumbrado. Cuando comenzaba la campaña en curso, pedimos a la Junta Central Electoral y a los partidos un acuerdo –que en nada afectaría la institucionalidad ni la constitucionalidad- para limitarla a los 90 días que establece la Ley Electoral. La respuesta fue el silencio.

4.Nuestra propuesta fue y sigue siendo que las elecciones primarias de los partidos se celebren entre enero y febrero y que antes de esa fecha esté prohibida toda promoción de candidaturas por medios masivos, es decir, prensa, radio, televisión, y en las vías públicas. De esa forma se reduciría el alto costo que tienen las campañas electorales dominicanas, que en su mayoría sale de las arcas del Estado o de la inversión de empresarios y aventureros que luego cobran la renta correspondiente.

5.Creemos que también es necesaria una legislación que establezca límites al gasto de campaña de los candidatos, como se ha hecho en otros países para reducir el peso del dinero, muchas veces de dudosa fuente, en la decisión de los electores.

6.En consecuencia Participación Ciudadana considera que el Diálogo Nacional no debe ser convocado para discutir una propuesta que se aparta de los cánones constitucionales.

7.Confiamos en que cuando se convoque una nueva reforma constitucional se atienda el reclamo nacional de una previa asamblea constituyente electa al efecto. De esa forma se reducirán los riesgos de seguir modificando la Constitución de la República por razones coyunturales y partidistas, como ocurrió hace menos de 4 años.-

8.Las elecciones deben ser separadas  porque esto favorece que exista una mayor independencia  del poder legislativo y los ayuntamientos. Además crea las condiciones para fomentar el liderazgo local.

Participación Ciudadana presenta un estudio sobre gastos en publicidad incurridos por el sector estatal y los partidos políticos, durante el cuatrimestre septiembre – diciembre del 2005. De acuerdo al estudio indicado,  el sector estatal invirtió RD$ 255, 346, 988 en anuncios difundidos en medios electrónicos y prensa escrita, mientras que en ese mismo período los partidos políticos gastaron  RD$ 46, 818, 436 en ese renglón, para un total de RD$ 302, 165, 424.

Ante los datos que arroja este primer informe de gastos,  correspondiente al último cuatrimestre del año 2005, previo al inicio de la campaña propiamente dicha, nuestro movimiento exhorta una vez más a las organizaciones partidarias  y a las instituciones del Estado dominicano, a realizar  una campaña electoral programática, austera y pacífica que contribuya a dignificar la política y fortalecer nuestro sistema democrático.

La investigación presentada por este movimiento cívica da cuenta de que del total de gastos, el Estado gastó en ese cuatrimestre el 84.51 %;  mientras que los partidos políticos consumieron el 15. 49 %.

Desglosando las cifras de los gastos del sector estatal, el estudio encontró que al Poder Ejecutivo y sus instituciones son  el mayor anunciante,  con una inversión de RD$ 214, 648, 130, es decir, el 84.06 %. Estos gastos corresponden a diferentes entidades del gobierno central y el sector descentralizado.

El Poder Legislativo empleó la suma de RD$ 18, 116, 468, para un 7.09 %; el Poder Judicial, RD$ 1, 691,962, representado el 0.66 %;  el órgano municipal RD$ 20, 241, 843, con un 7.63 % y la Junta Central Electoral RD $ 648, 585, para un 0.25 % del total invertido.

En lo concerniente a los partidos políticos, durante el cuatrimestre, el Partido de la Liberación Dominicana empleó RD$ 20, 043, 209 de sus recursos en avisos publicitarios; el Partido Revolucionario Dominicano, RD$ 17, 468, 005; y el Partido Reformista Social Cristiano, RD$ 7, 792, 673.

Conforme establece el estudio, al hacer un desglose por medios, el Poder Ejecutivo presenta el mayor  porcentaje de gastos en cada uno de ellos, siendo el más privilegiado la televisión, con un 63. 36 %; en la prensa escrita, un 21.62 %, y en radio, un 15.01 %.

Igualmente, los demás poderes del Estado se anunciaron más en televisión que en otros medios. En ese sentido, el Poder Legislativo destinó el 94.07 %  de su gasto en publicidad a la televisión y los organismos municipales, un 93.94. La excepción fue la Junta Central Electoral, entidad cuya publicidad se concentró en la prensa escrita, con un 92. 55 % del total de su inversión.

En lo que corresponde a los partidos políticos, la publicidad estuvo mayormente dirigida a promover en dos aspectos, la promoción de los precandidatos a las distintas posiciones electivas tanto del nivel congresional como municipal, así como en la publicidad de las elecciones internas que celebraron los partidos.

En sentido general, las entidades partidarias usaron, más que otros medios,  la televisión para anunciarse. Del monto total invertido en este medio, correspondió al  PLD el 30.77 %,  y al PRD, el 39. 62 %,  partidos que hicieron los mayores gastos en publicidad.

Participación Ciudadana seguirá monitoreando y presentando a la ciudadanía los gastos de campaña en los que incurran las organizaciones partidarias y las instituciones estatales en campañas proselitistas. Sin embargo es nuestra aspiración que en vez del derroche,  esta campaña electoral, se  dirija a presentar propuestas que incentiven a la ciudadanía a participar en el proceso electoral.

Aspiramos que  las autoridades nacionales y la sociedad civil  ratifiquen una vez más el Código de Etica Electoral, que fue suscrito en las elecciones del año 2000 como Pacto de Etica Electoral y que  en las elecciones del 2002 y 2004 fue también promovido, entendiendo que el mismo contiene una serie de normas y disposiciones cuyo cumplimiento garantiza una campaña electoral que contribuya a fortalecer la confianza en nuestro sistema electoral y nuestros partidos políticos.

•  Informe Gastos de Publicidad del Gobierno y los Partidos Políticos

Con el objetivo de compartir con los periodistas,  legisladores y técnicos del Congreso Nacional el tratamiento que le da la prensa nacional  a las informaciones legislativas,  Participación Ciudadana organizó el conversatorio “Periodismo y Función Legislativa”.

Esta actividad que se inició con la intervención del Coordinador General, Paulo Herrera Maluf, tuvo como expositor central al legislador Pelegrín Castillo, quien hizo una amplia reflexión sobre el papel que juega la prensa y los periodistas  en el manejo de las informaciones legislativas.

En su intervención Castillo habló de la necesidad de que las informaciones que salen del Congreso Nacional sirvan para educar a la población y ayuden a que la ciudadanía conozca las funciones reales de los legisladores

Abogó porque los periodistas que cubren el Congreso Nacional  conozcan más sobre la labor legislativa y sean entrenados periódicamente sobre la función del congresista. También se refirió a la necesidad de crear un mecanismo de información de parte de la Cámara de Diputados que permita crear un sistema de difusión  democrático y abierto de los contenidos de las leyes que son discutidas y aprobadas.

El diputado Pelegrín Castillo exhortó a los medios a que resalten los debates en los términos propositivos y no en las acusaciones personales que se explayan en el parlamento. Al tiempo de expresar que  los medios de comunicación son un complemento importante de los debates parlamentarios, por lo que deben educar en función  del rendimiento de los legisladores, en cuanto a la calidad de las iniciativas propuestas más que en la cantidad, ya que el  choque de intereses que existe en el Congreso es inevitable y es difícil ponerse de acuerdo en torno algún punto.

La responsabilidad dela prensa

De su lado, Paulo Herrera Maluf, resaltó  la responsabilidad que tiene la prensa  para consolidar la democracia, al tiempo de precisar que esta circunstancia obliga a que cada vez más se necesite de un periodismo de investigación, que presente a la opinión pública el panorama completo de la función legislativa. Un periodismo que profundice en los temas serios que forman parte de la agenda legislativa nacional, mas allá de la reseña, los comportamientos extravagantes que puedan tener algunos legisladores.

Necesitamos de una labor periodística de investigación, que se convierta cada día  más en un elemento que traiga transparencia a las transacciones sociales, especialmente aquellas tan importante como las que tienen lugar en el ámbito del Congreso.  Con la transparencia  -inducida por la presencia permanente de los testigos de los procesos sociales- ganamos todos: gobernantes y gobernados, ciudadanos y legisladores, dijo.

El Coordinador General  se refirió también, a la gran cantidad de iniciativas legislativas que se conocen en cada legislatura o el debate que se genera en torno a ellas, las cuales no son objeto de igual atención por parte de la población y de los propios medios de comunicación.

Sin embargo, Herrera Maluf admite que a veces la responsabilidad cae en el Poder Legislativo, porque no difunde sus actividades y se concentran en la promoción de sus directivos. “Es cierto que a veces es la propia institución parlamentaria que no tiene una comunicación acertada, pues no difunde propiamente sus actividades y se concentra en promover a sus principales directivos. Pero también hay que reconocer que en esta época en que priman las noticias rápidas, ligeras y de poca profundidad, son las informaciones escandalosas y estridentes las que llaman la atención del gran público consumidor de noticias”, expresó.

Se necesita una labor periodística que pueda ponderar objetivamente la labor del Congreso Nacional, que presente igualmente el trabajo sostenido que realizan muchos legisladores, así como la labor ociosa de aquellos que utilizan su curul como mecanismo para la obtención de beneficios personales, dijo.

Herrera y Castillo hablaron en esos términos al participar en el conversatorio “Periodismo y función legislativa”, que organizó Participación Ciudadana, dentro del programa Congreso Nacional y Ciudadanía que se inscribe en los esfuerzos que desarrolla este movimiento cívico por mejorar el ejercicio de la función pública promoviendo la participación activa de las organizaciones sociales y la  ciudadanía.

El Coordinador General de Participación Ciudadana,apoya la propuesta de que los partidos políticos firmen un pacto en el que todas las organizaciones se comprometan a realizar una campaña electoral en un ambiente de respeto, como se está debatiendo en la actualidad.

Paulo Herrera Maluf  dijo que como en ocasiones anteriores, este movimiento cívico promoverá entre los partidos políticos y los  principales actores de la vida política dominicana a que se comprometan  en cumplir y respetar los 16 principios fundamentales  que sustenta el  Código de Ética Electoral, propuesto por este movimiento en los diferentes  procesos  electorales y, que nueva vez, será presentado en estas elecciones congresionales y municipales a la clase política, para que estos puedan desarrollar una campaña electoral basada en discusiones de ideas programáticas y soluciones de los problemas que enfrenta la sociedad dominicana.

Entiende que la campaña de los candidatos basadas en las descalificaciones de los contrarios y las denuncias sin fundamentos  en nada ayudan al desarrollo de una elecciones limpias y transparentes a la que aspiramos los ciudadanos y ciudadanas del país.

Herrera Maluf Considera que este momento es oportuno para que los partidos políticos y sus candidatos/as a senadores/as, diputados/as, Síndicos/as, vice-síndicos/as y regidores/as, aúnen esfuerzos para crear el clima adecuado para el desarrollo exitoso de una campaña electoral que culmine con unas elecciones congresuales y municipales libre de preocupaciones y sin enfrentamiento.

Entiende que con  el respeto al Código de Ética Electoral que se propone, a los/as candidatos/as y sus colaboradores tendrán un mecanismo de autocontrol, que  contribuirá a la realización de una campaña electoral realmente propositiva y constructiva.

Dijo que este movimiento cívico está convencido de que las campañas que desarrollan los aspirantes a cargos congresuales y municipales deben servir para que los  votantes conozcan los programas de trabajo que desarrollarán nuestros representantes en el Congreso Nacional y los Ayuntamientos del país.

Corresponde a los/as aspirantes a puestos congresionales y municipales convertirse en verdaderos ejemplos de civilidad y   forjadores de relaciones armoniosas que coadyuven con  el clima de tranquilidad y sosiego que requerimos los dominicanos y dominicanas para seguir avanzando hacia una democracia fundamentada en la justicia y la equidad, afirmó Paulo Herrera Maluf.