El movimiento cívico Participación Ciudadana, presenta a la sociedad dominicana su evaluación final del proceso electoral desarrollado para la elección de las nuevas autoridades del Congreso Nacional y los Ayuntamientos. A continuación, hacemos un recuento de los principales hechos que han caracterizado este proceso, concluyendo con un nuestras recomendaciones para seguir fortaleciendo el proceso democrático dominicano.

A. PERIODO PRE – ELECTORAL

1.Selección de Candidaturas de los Partidos. Los partidos políticos mayoritarios realizaron sus procesos de designación de candidaturas, luego de haber consumado una reestructuración interna que apuntaló determinadas corrientes en las cúpulas partidarias. Las elecciones primarias que realizaron estos partidos se caracterizaron por el uso masivo de recursos económicos, lo cual condujo a que resultaran vencedores quienes tuvieron una mayor capacidad clientelar y un apoyo de las corrientes internas dominantes. Los candidatos postulados pasaron inmediatamente a realizar una campaña electoral que se prolongó hasta el mismo día del proceso electoral, continuando con el uso intensivo de recursos para colocar sus anuncios publicitarios y captar la simpatía popular.

2.Organización de los Comicios. La Junta Central Electoral comenzó a trabajar tardíamente y con poca entereza en el proceso organizativo de los comicios, particularmente en el reclutamiento y capacitación del personal que laboraría en los colegios electorales,  así como en la conformación de las distintas Juntas Electorales; todo lo cual traería funestas consecuencias el día de la jornada electoral. Asimismo, la campaña de motivación al voto y de capacitación para votar dirigida a la población,  fue mucho menos prolongada e intensa que en otras jornadas, a pesar de la complejidad de este proceso.

3.Los Movilizados.Un elemento muy negativo detectado durante la organización del proceso fue el caso de los miles de electores “movilizados” hacia pequeñas provincias del país, con el propósito de influir de manera ilegítima en la elección de las autoridades y representantes de estas provincias.  El número de electores “movilizados” fue 10,709 personas, trasladadas a las 6 provincias de menor población, especialmente a Pedernales, donde se reubicaron 3,455,  lo que equivale al 20.56% de su actual registro electoral, que es de 16, 808 electores.

4.Presentación de Candidaturas. El proceso de presentación de las candidaturas de los partidos políticos se caracterizó por la violación de los derechos de numerosos candidatos y candidatas que habían sido seleccionados y que luego no fueron incluidos en la propuesta partidaria. Asimismo, muchas de las candidaturas presentadas no reflejaban las alianzas realizadas con partidos minoritarios. De manera particular, hay que destacar la violación de la cuota femenina por parte de los partidos miembros de la Gran Alianza Nacional (PRD-PRSC), que pusieron a renunciar a numerosas mujeres que habían sido postuladas, sustituyéndolas posteriormente por hombres.

5.Campaña Electoral. En esta campaña electoral fue notorio el predominio de los anuncios negativos que descartaban al adversario, el uso de los recursos del Estado, principalmente del Gobierno Central, aunque también de los Ayuntamientos; así como la ausencia de propuestas programáticas a mediano y largo plazo. Los estudios realizados por Participación Ciudadana demuestran que en el período electoral aumentó de manera desproporcionada la propaganda de las distintas Secretarías de Estado y Direcciones Generales en los medios de comunicación, portando muchas veces un mensaje de campaña subliminal. Lo mismo sucedió, aunque en menor medida, con el Congreso Nacional. Aunque la Junta Central Electoral y diversos Ayuntamientos del país establecieron diversas regulaciones para la propaganda electoral, se limitó al Distrito Nacional la vigilancia realizada por las autoridades para el cumplimiento de estas normas por los partidos políticos.

6.Debates Públicos.Hay que destacar que en este proceso electoral fueron celebrados numerosos encuentros entre candidatos y organizaciones sociales, así como una cantidad mayor de debates públicos que en procesos anteriores.

7.Alianzas Partidarias.Los procesos de alianzas partidarias desarrollados por los distintos partidos políticos afectaron de diversos modos la organización de los comicios. Por una parte, la tardanza en concluir las alianzas políticas retardó la impresión de las boletas electorales, las cuales tuvieron que ser reimpresas en muchos casos o salieron con distintos errores. Del mismo modo, la alianza del PRD – PRSC produjo un alto descontento interno en la medida en que diversos aspirantes fueron excluidos de sus candidaturas, lo cual fue aprovechado por el PLD, que reclutó a muchos de estos dirigentes. Esta es la campaña electoral que ha registrado el más alto grado de transfuguismo, muchas veces inducido, lo cual contribuye a reforzar el carácter clientelar del sistema político desacreditando a los partidos políticos y la democracia.

B. JORNADA ELECTORAL

1.Participación Política. Como en otras ocasiones, la ciudadanía asistió de manera organizada y pacífica a ejercer el derecho al sufragio. Conforme los datos aportados por la Junta Central Electoral, en las elecciones congresionales se verificaron un total de dos millones novecientos noventa y un mil treinta y un (2,991,031) votos válidos, que equivalen a un 55.7% de los inscritos en el padrón electoral, que son cinco millones trescientos sesenta y nueve mil sesenta y cuatro (5,369,064) electores. Tomando en cuenta la cantidad de votos nulos registrados, puede decirse que la participación política rondó el 58% de los electores, lo cual implica la reducción de la abstención electoral a un 42%, en comparación con las últimas elecciones de medio término. Sin embargo, todavía la participación electoral en las elecciones de medio término continúa siendo menor que la que se ha registrado en las elecciones presidenciales.

2.Jornada Pacífica con Incidentes Menores. No se registraron incidentes graves en la jornada de votación que limitaran el ejercicio del sufragio a los electores. Sin embargo, un elemento negativo fue el excesivo activismo de los partidos políticos alrededor de los colegios electorales, con la presencia de numerosos militantes que exhibían distintivos y fotos de los candidatos y candidatas, así como el mantenimiento de  propaganda partidaria en los propios centros de votación. El propio día de la votación diversos medios de comunicación transmitieron propaganda del Gobierno Central, que se constituía en promoción política indirecta a favor de sus candidatos. De igual modo, numerosos establecimientos comerciales se mantuvieron vendiendo bebidas alcohólicas durante la jornada, en violación a lo establecido por la ley electoral.  Se realizaron diversas denuncias que daban cuenta que diferentes partidos políticos “compraban” cédulas en los alrededores de los centros de votación.

3.Escrutinio y Cómputo de Resultados.En sentido general, los reportes revelaron que el escrutinio se desarrolló normalmente en la gran mayoría de los colegios electorales del país. Sin embargo, no puede decirse lo mismo respecto del llenado de las actas por parte de los presidentes y secretarios de colegios electorales. La verdad es que más de cincuenta por ciento (50%) de las actas electorales fueron llenadas con diversos errores y descuadres, todo lo cual provocó un importante retraso en el cómputo electoral y la transmisión de datos en las Juntas Electorales.  En este proceso quedó de manifiesto el poco adiestramiento de los miembros de los integrantes de los Colegios Electorales en la forma de asignar los votos de cada partido y particularmente aquellos emitidos de manera preferencial.

4.Reacción de los Partidos Políticos. Ante el retraso en el cómputo electoral, lo más grave fue la reacción de los diferentes partidos políticos; principalmente la de las dos alianzas mayoritarias encabezadas por el PLD (Bloque Progresista) y el PRD-PRSC (Gran Alianza Nacional), que se autoproclamaron triunfadores sin esperar el cómputo provisional de la Junta Central Electoral, y que en otros casos, promovieron protestas contra los resultados emitidos por la Junta. Estas acciones provocaron numerosos incidentes, con un trágico saldo de 10 muertos y  varios heridos que ha empañado el proceso electoral. Durante los días que siguieron a las elecciones se escenificaron tiroteos y enfrentamientos en distintas zonas del país, viviéndose un ambiente de angustia e intranquilidad en la población.  La JCE no actuó consecuentemente para prevenir la ocurrencia de estos hechos, realizando a tiempo las admoniciones correspondientes a los partidos políticos y sus candidatos.

5.Observación de la Jornada Electoral.La observación de la jornada electoral fue desarrollada fundamentalmente por Participación Ciudadana y los medios de comunicación nacionales, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA). PC desplegó más de 3,500 observadores en toda la geografía nacional que se mantuvieron hasta el final de la jornada en los colegios electorales y que continuaron desarrollando su papel en las juntas municipales. PC amplió en esta ocasión el conteo rápido, implementándolo en dos provincias (Distrito Nacional y Santiago) y dos municipios (Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros). El margen de diferencia registrado entre los resultados oficiales y los del conteo rápido de PC, fue de menos de un punto porcentual, lo cual confirma la idoneidad de este tipo de conteo como instrumento de control de la sociedad civil de los resultados electorales.

C. PERIODO POST-ELECTORAL 

1.Cómputo Provisional e Impugnaciones. Al igual que en otros procesos electorales, el cómputo provisional generó diversas impugnaciones por parte de partidos políticos y candidatos que no se sienten conformes con los resultados. En esta ocasión la cantidad de impugnaciones presentadas (más de trescientas) sobrepasó cualquier cantidad conocida en procesos anteriores. En muchos casos se pudo comprobar que los fundamentos de algunas impugnaciones eran muy frágiles y que se trataban de iniciativas destinadas a buscar una justificación externa a la derrota electoral sufrida.

2.Actuación de la Cámara Contenciosa. El proceso para conocer de las impugnaciones presentadas por parte de la Cámara Contenciosa se caracterizó por su lentitud, ofreciéndose los veredictos luego del plazo establecido por la ley que es de tres (3) días. La decisión de la Cámara, en el sentido de rechazar la mayoría los recursos presentados sin mostrar ningún interés en realizar algún reconteo o comprobar los votos en tal o cual localidad, refuerza la desconfianza en el sistema electoral y los resultados de este proceso. El hecho de que la Cámara Contenciosa tomara esta decisión, sin realizar un ponderado estudio de los fundamentos de cada impugnación presentada, revela la intención del organismo de no contradecir los resultados ofrecidos por la Junta Central Electoral. Esta circunstancia pone de relieve la necesidad de una reforma electoral que evite que sea la Junta sea Juez y parte, conociendo de las impugnaciones a los procesos que ella misma ha dirigido.

3.Situación de Partidos. El resultado político que ofrecen estas elecciones representa un importante triunfo para el partido de gobierno, el PLD, que logra mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, con 22 senadores y 96 diputados, lo cual le permite ser la fuerza política decisiva para la aprobación de leyes, facilitándole también una posible reforma constitucional. El PRD sufre el mayor descenso, pues pasó de 29 a 6 senadores, y de 72 a 50 diputados. El PRSC, aunque aumenta su cuota senatorial de 2 a 4 curules, reduce su presencia en la Cámara de Diputados de 36 a 22 representantes. También los resultados en el nivel municipal favorecieron al PLD que a nivel individual ganó la mayor cantidad de sindicaturas, unas 67, obteniendo resultados favorables en la mayoría de los principales centros urbanos del país, con excepción de Santiago, La Vega y San Pedro de Macorís. El PRD sufre su mayor descenso en ese renglón (de 104 a 50) mientras el PRSC logra aumentar significativamente la cantidad de ayuntamientos bajo su mandato, de 11 a 30.

4.Avances de la Representación de la Mujer.Aunque la implementación de la cuota femenina sufrió diversos tropiezos durante el proceso de presentación de candidaturas; se observaron avances limitados en la representación femenina. Si bien es cierto que en el Senado persiste una considerable desproporción de género con únicamente 2 senadoras, en la Cámara de Diputados las legisladoras aumentaron de 24 a 34, lo que equivale a un aumento porcentual de un 15% a un 19%. En el nivel municipal se registra un aumento de 9 a 18 síndicas, mientras que la cantidad de regidoras electas aún está pendiente por determinar.

D. RECOMENDACIONES 

Luego de realizar un ponderado balance sobre el proceso electoral del 2006, el movimiento cívico Participación Ciudadana hace las siguientes recomendaciones tendentes a mejorar el sistema electoral dominicano y con el propósito de que sean tomadas en cuenta por los partidos políticos y  las nuevas autoridades al Congreso Nacional:

A.     Por una Junta Central Electoral de consenso. Desde la sociedad civil abogamos por la designación de una Junta Central Electoral que resulte del acuerdo entre los partidos políticos, con una alta aprobación de la opinión pública e integrada por profesionales competentes, que además de cumplir con los requisitos establecidos por la ley, tengan experiencia en materia electoral y no sean militantes políticos comprometidos. Sólo una Junta Central Electoral con estas características podrá tutelar con paz y transparencia las próximas elecciones nacionales y dirigir con absoluta legitimidad el proceso de renovación institucional que implementa el organismo.

B.     Por una Renovación Institucional de la Junta Central Electoral.  El proceso recién transcurrido ha demostrado la necesidad de revisar la integración de la Junta Central Electoral, sobre todo en el ámbito de sus delicadas competencias. Se revela la necesidad de separar definitivamente las atribuciones administrativas de las jurisdiccionales, y de ponderar si el organismo está en capacidad de seguir acometiendo las arduas tareas derivadas de las funciones registrales que están a su cargo.

C.     Juntas y Colegios Electorales profesionales y competentes. Proponemos que se regule la integración de las Juntas y Colegios Electorales, para garantizar que estos organismos estén compuestos por personas competentes que realicen una labor eficiente al servicio de los procesos electorales. Sugerimos que todos los miembros de las Juntas Electorales deben pasar a formar parte de la carrera administrativa electoral; y que se creen incentivos académicos para que los colegios electorales estén integrados mayormente por estudiantes universitarios de término, lo cual además sirve para comprometer a ese sector de la población con la democracia dominicana.

D.     Separación de las Elecciones. Desde Participación Ciudadana manifestamos nuestra oposición a que vuelvan a unificarse las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales, pues esto volvería a instaurar el arrastre electoral y limitaría el desarrollo e independencia que se ha registrado en el Congreso Nacional y en los municipios. Por el contrario, es necesario que una próxima reforma a la ley electoral otorgue más poder a la ciudadanía y elimine el arrastre que todavía nos queda, permitiendo que puedan escogerse de manera separada a los Senadores de los Diputados; y a los Síndicos de los Regidores. De igual modo, hay que regular más apropiadamente el escrutinio electoral, de manera que se evite el escrutinio conjunto de senadores y diputados, que fue lo que arrojó mayores inconvenientes en el pasado certamen electoral.

E.     Regulación de las Campañas Electorales. Una vez más nos vemos obligados a proponer una estricta regulación de las campañas electorales, que evite el que las mismas se conviertan en un escenario donde prime el abuso de los recursos del Estado, el derroche del dinero, el clientelismo, la propaganda negativa y la promoción de antivalores. El clientelismo político es sinómino de corrupción pública, degrada la actividad política, desacredita al sistema de partidos y no permite el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes. Sólo la regulación de las campañas, el establecimiento de las franjas electorales, la promoción de los debates propositivos; puede limitar el costo de las campañas y disminuir la influencia del clientelismo.

F.     Control del Financiamiento Público y Privado. Un complemento necesario de la regulación de las campañas electorales es el control del financiamiento público y privado, a fin de evitar que grupos de interés particular o sectores vinculados a la delincuencia, adquieran una influencia excesiva en el sistema político. Además de exigir que los partidos políticos den cumplimiento a las normas vigentes sobre rendición de cuentas y transparencia, es necesario una mayor regulación sobre los gastos de la contribución del Estado a los partidos políticos, sobre todo garantizando que una parte sustantiva del financiamiento se dedique a la capacitación política y que el mismo sea adecuadamente distribuido entre los diferentes segmentos de cada partido.

Renovación Política y Ley de Partidos. Finalmente,el proceso electoral del 2006 pone nuevamente de relieve la necesidad de que los partidos políticos dominicanos se aboquen a un amplio proceso de renovación tendente a superar las prácticas políticas que ponen en cuestionamiento el sistema político. El alto índice de transfuguismo registrado, el continuo descrédito de los partidos políticos y sus candidatos; deben constituirse en una voz de alerta para que los dirigentes políticos impulsen los procesos internos de cambio y apoyen las iniciativas que, como la propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas depositada en el Congreso Nacional; tiende a fomentar la democratización de las prácticas partidarias y promueve una revalorización de la actividad política.

De manera simultánea PC capacitará 1,520 ciudadanos/as JORNADA NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN LOS FRAUDES BANCARIOS

Participación Ciudadana capacitará de manera simultánea a 1,520 ciudadanos/as en 38 municipios de las 32 provincias del país, en lo que será la Jornada Nacional contra la Impunidad de los Fraudes Bancarios, este sábado 26 de agosto de 2006, de 9:00 de la mañana a 12:00m.

Durante la jornada se desarrollarán 38 talleres de concietización y capacitación a ciudadanos/as, en igual  número de municipio, sobre los más sonados casos bancarios para de esa forma la ciudadanía conozca de que manera estos hechos afectaron el patrimonio económico de la República Dominicana.

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones que desarrolla la institución dentro de su programa Transparencia de la Gestión Pública, y utilizará una metodología práctica que le permitirá a los participantes analizar de qué manera estos fraudes bancarios afectaron directamente en su vida cotidiana.

La jornada pretende dar seguimiento al curso de los procesos judiciales que se siguen a los imputados en los Fraudes Bancarios. Así como motivar la integración activa de todos los sectores, a fin de fortalecer el quehacer de las organizaciones en acciones por la transparencia y contra la corrupción.

En nota de prensa, este movimiento cívico plantea que la magnitud e impacto de estos hechos en la sociedad dominicana, tienen que ser conocidos por la ciudadanía, para que esta se convierta en verdadera demandante de justicia en este proceso.

Asimismo recuerda que la denuncia en el mes de mayo del 2003 de las autoridades del Banco Central, donde presentaron la situación del Baninter, expuso al país en uno de los escándalos de corrupción más grande, no solo por el monto involucrado en el mismo, ya que se revela que asciende a RD$79,406 millones, sino por las diversas modalidades implementadas en el fraude y sobre todo por el alto numero de favorecidos en este proceso.

La jornada se desarrollará en los siguientes lugares en la Alianza Cibaeña, en la escuela Miguel Angel Jiménez y en la escuela San Francisco de Asís, Santiago Centro; en Radio Santa María, La Vega; en COADETE,  Espaillat; el Centro Comunal Río Grande, Puerto Plata; la Escuela Antiguo Liceo, Sánchez Ramírez; Centro Cristiano de Desarrollo Comunitario, San Francisco de Macorís, El Ateneo Municipal de  Barahona; El Rinconcito Bar, Azua y el liceo José Núñez de Cáceres, San José de Ocoa.

También en  el local de OPAL, Haina; FUDEVA, Villa Altagracia; Salón de la Universidad Central del Este, San Pedro Macorís; El Ayuntamiento de La Romana, la GUAPA, Santo Domingo Este; Junta Agropecuaria La Altagracia, Higuey y Proyecto Cultural Sur, San Juan de la Maguana.

Asimismo en la Fundación Caobita, Elías Piña; el Centro Universitario, Maria Trinidad Sánchez; Liceo José Gabriel García, Samaná; Escuela Villa Amaro, Salcedo; ASOMUNEDA, Dajabón; Club de Comercio Incorporado, Montecristi; Club Santiago Rodríguez, Santiago Rodríguez; Club El Cerro, Valverde; HÁDAME,  Monte Plata; Escuela Ana Reyes, Peravia; Bambú Cana, Monseñor Nouel y el Ayuntamiento Municipal Pedernales.

Además la jornada Nacional contra los fraudes bancarios se desarrollará en Santo Domingo Oeste, en la Parroquia Nuestra Señora de la Divina Misericordia; Gualey, Los Alcarrizos, Cristo Rey  y en Sabana Perdida en la Colectiva de Mujeres de Sabana Perdida.

OBSERVATORIO CAMARA DE CUENTAS

El Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, Inc., La Asociación latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, Inc  y Participación Ciudadana, anuncian que como parte de los esfuerzos que realizan para promover la Transparencia en la Gestión Pública, están desarrollando un observatorio a la implementación de la Ley 10-04 de Cámara de Cuentas.

Esta iniciativa busca establecer una plataforma cívica de seguimiento que contribuya a consolidar el proceso de modernización y la efectividad de la Cámara de Cuentas, así como el cumplimiento de su misión y principios.

Aspectos legales de la designación de los Jueces de la  Cámara de Cuentas

Este observatorio entiende que la reciente designación del Senado de la República del Bufete Directivo de la Cámara de Cuentas de la República,  por un período de dos años, viola lo dispuesto en la Constitución de la República según lo dispone  el Art. 23, acápite 3 de la Constitución de la República, establece que es atribución del Senado la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. El Art. 78 de la Carta Magna, establece que esos miembros serán electos “de las ternas que les presente el Poder Ejecutivo”,  mientras que el Art. 80 establece que los miembros del organismo durarán cuatro (4) años en sus funciones.

Consideramos que la confusión creada se debe a que  en el año 2004 se promulgó la Ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas que establece en su Art. 13 que “al designar los miembros de la Cámara de Cuentas, el Senado de la República conformará un bufete directivo integrado por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes durarán en sus funciones por el período de dos años”. El párrafo II de dicho artículo establece una disposición transitoria: “Transitorio. Dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Senado de la República confirmará el bufete directivo que esté en sus funciones o designará sus nuevos integrantes”.

En atención a lo dispuesto por la disposición transitorio del citado Art. 13 de la Ley 10-04, el Senado debió confirmar o designar el bufete directivo de la Cámara de Cuentas. Sin embargo lo que se produjo es que nuevamente el presidente de la República envió una terna, que incluía a casi todos los miembros de la Cámara de Cuentas ya electa (no estaban allí algunos miembros que habían renunciado). El Senado conoció de esta terna, confirmó los miembros que ya estaban en la  Cámara de Cuentas, incluyó otros de los propuestos y escogió de sus miembros el Bufete Directivo, presidido en esta ocasión por el Dr. Máximo Castillo Salas; para que cumplieran un mandato de dos (2) años.

De acuerdo a la Constitución la Cámara de Cuentas se elige únicamente por un período de cuatro (4) años, no de dos (2). Si se producen vacantes en su seno, conforme al Art. 18 del Reglamento No. 06-2004, del 20 de septiembre del 2004, para la aplicación de la Ley de Cámara de Cuentas, estas vacantes serán llenadas por “el Senado de la República”.  Desde luego, las personas que llenen estas vacantes durarán en sus funciones el tiempo que le restaba a las personas que están sustituyendo, pues no se trata de una nueva designación por un período de cuatro (4) años.  Al respecto, el Art. 15, párrafo del Reglamento, es claro cuando señala que “la persona nombrada en la vacante como miembro de la Cámara durará en sus funciones el tiempo que faltare para cumplir el período constitucional de aquel que haya producido la vacante”.

Evidentemente, la confusión generada en este proceso tiene su origen en el hecho de que el anterior Presidente envió una terna cuando no tenía que hacerlo, pero además incluyó en esa terna a personas que no habían renunciado y que todavía pertenecían al organismo, todo en violación a la propia Constitución de la República y la Ley 10-04 que establece en su Art. 14 que “Los miembros de la Cámara de Cuentas sólo podrán ser separados de sus cargos durante el ejercicio de su mandato por el Senado de la República, en virtud de decisión motivada, por incumplimiento de sus responsabilidades o por la comisión de graves irregularidades, previo estricto respeto del derecho de defensa”.

No puede alegarse, que el propósito de este nombramiento es evitar que la Cámara de Cuentas se quede “sin bufete directivo”. El propio Art. 17 del Reglamento establece que si transcurrido el plazo de dos (2) años por el cual se ha electo el Bufete Directivo “no se hubiere operado designación de sustitutos por parte del Senado de la República, los miembros del Bufete directivo se  mantendrán en el ejercicio de sus funciones hasta que sean designados sus respectivos sustitutos”.

En resumen, la decisión tomada es inconstitucional, violenta los principios jurídicos establecidos en la propia Ley 10-04 y su Reglamento de aplicación; por lo cual el Bufete Directivo designado “por dos años”, en verdad queda cesante desde el momento en que se designen otros miembros del organismo, siguiendo el procedimiento establecido por la Constitución de la República.

En función de estos elementos este observatorio considera pertinente precisar:

Que la situación presentada debe llamar la atención  de todos los Poderes Públicos y la ciudadanía en sentido general para entender la importancia que reviste tener una Cámara de Cuentas imparcial y apegada a los principios éticos y técnicos necesarios para garantizar la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado y la debida sanción en los casos que se detecten irregularidades.

Propicia es la ocasión para sugerir que en una eventual modificación de la Constitución de la República sea revisado el art 78, y producidas todas las previsiones con el interés de que sean zanjadas las posibles dudas que puedan existir al respeto.

En ese mismo orden consideramos pertinente que la elección de los jueces de la Cámara de Cuentas se realice tomando en cuenta el perfil establecido en los art 11 y 12  de la ley 10-04, y que en adición a esto se tome en cuenta los siguientes aspectos:

§         Personas de reconocida solvencia moral y profesional

§         Sin vínculos partidarios  de ningún tipo

§         Con experiencia y capacidad  técnica y gerencial

§         Liderazgo en su área

El mecanismo de nombramiento debe ser el establecido por la Constitución y la propia Ley. No obstante sugerimos que en esta etapa tan importante, se busque el consenso con los actores de la sociedad que puedan estar interesados en el tema, de manera particular esperamos que el Sr. Presidente de la República este abierto a conocer las propuestas que puedan surgir de la sociedad  y que cada uno de los nombres presentados puedan ser parte del escrutinio de la ciudadanía, dejando abierta la posibilidad de objeción en aquellos casos  que no cumplan con el perfil moral y profesional que se requiere.

Hacemos un llamado a todos los sectores interesados para que busquemos la salida institucional que amerita la situación, para que la Cámara de Cuentas pueda poner en práctica los principios que fueron planteados en su misión, independencia, transparencia, fiscalización, profesionalismo y eficiencia.

Santo Domingo, 6 de Junio de 2006 –Transparency International (TI) participa en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) proponiendo una serie de recomendaciones entre las Delegaciones de los 34 países miembros de la OEA para asegurar la acción concreta de los gobiernos americanos en acabar con la corrupción.

“Los gobiernos de América tienen que implementar acciones concretas para avanzar en la lucha contra la corrupción en América” dijo Marta Erquicia, Coordinadora de Programas para América de Transparency Internacional, quien participó en la reunión ante 34 países miembro de la OEA. “Es imprescindible que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se apliquen en pos de la transparencia, como medio para asegurar la rendición de cuentas, la transparencia en las compras y contrataciones públicas y el libre acceso a la información pública”.

“Las TIC son fundamentales además, para garantizar el control del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Estas ayudan a promover la gobernabilidad democrática y la transparencia.”

Transparency Internacional (TI), la organización de la sociedad civil que encabeza la lucha contra la corrupción a nivel mundial,  lleva más de diez años contribuyendo al diálogo hemisférico. Este aporte se manifiesta a través de su papel activo en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)

“Es necesario que este Mecanismo incorpore algunos cambios que lo fortalezcan y lo hagan mas transparente para asegurar el objetivo para el que se creo” dijo Ximena Salazar del Programa Convenciones Anticorrupción en América en TI. “Es necesario que los gobiernos publiquen anualmente el avance de sus actuaciones con respecto a la implementación de las recomendaciones emanadas de este proceso y que se asegure la participación formal de la sociedad civil en el mismo”.

Entre otras acciones para promover estas recomendaciones TI intervino en la reanudación del Diálogo con la Sociedad Civil que se interrumpió abruptamente por el Presidente de la mesa el Canciller de la República Dominicana sin respetar la agenda. “vemos como algo positivo la rápida reacción del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, por reanudar este proceso institucionalizado en el marco de la OEA” dijo Marta Erquicia. “De todas maneras vemos preocupante que no hubo representación de todos los países”.

Algunas de las recomendaciones que esta promulgando TI para su adopción en la Declaración Final y otras resoluciones que se aprobaran relacionadas con la lucha hemisféricas contra la corrupción:

I- Recomendaciones al Proyecto de Declaración de Santo Domingo y el Proyecto de Resolución Apoyo a la Agenda Hemisférica de la Sociedad del Conocimiento

1.Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta potencial para apoyar la rendición de cuentas y deben ser usadas como tal en la lucha contra la corrupción.

2.Se debe incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema de compras y obras públicas transparentes.

3.Se debe garantizar el derecho al libre acceso a la Información Pública por cualquier medio incluido el electrónico, en la Declaración de Santo Domingo.

4.Se debe garantizar el control del financiamiento de los partidos políticos y de campañas electorales a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

II.- El Año Interamericano contra la Corrupción y la implementación de las recomendaciones de la primera ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción

1.Instamos a la OEA y a cada uno de sus Estados Miembro que informe antes del 31 de Diciembre de 2006 sobre las actividades realizadas durante el Año Interamericano de Lucha contra la Corrupción.

2.Solicitamos a los Miembros del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) que informen sobre las actividades concretas que han llevado a cabo para implementar las recomendaciones de la Primera Ronda del MESICIC, lo cual reflejará el real y efectivo compromiso de los Estados en el Cumplimiento de la Comisión Interamericana contra la Corrupción.

III.- Recomendaciones para la adopción de instrumentos jurídicos internacionales

1.Se requiere a los Estados que aún no lo hayan hecho que ratifiquen o se adhieran a los instrumentos internacionales anticorrupción.

• La Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996.
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha sido firmada a la fecha por 24 países americanos, y ratificada sólo por diez de ellos. Entre los países que aun no la han ratificado se encuentra la Republica Dominicana.

Se requiere a los poderes legislativos de los Estados Parte de la CICC que aprueben las iniciativas legales que contemplen los delitos estipulados en la Convención. En especial los contemplados en el artículo VI, cuyo cumplimento será evaluado en la II ronda del MESICIC

1. En cuanto al Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y al informe de seguimiento de la CICC

Atendido que actualmente 28 países se encuentran participando en el MESICIC, requerimos:

1.la incorporación al Mecanismo de los cinco Estados Parte de la CICC que aún no se han incorporado al mismo: Antigua y Barbuda, Dominica, Haití, San Kitts y Nevis y Santa Lucía;

2.la entrega anual por parte de los Estados Parte de un informe público sobre la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos de la Primera y Segunda Ronda;

3.la participación formal de la sociedad civil en las reuniones del Comité de Expertos.

4.la consideración por el Comité de Expertos de la participación de las OSC como Observadores Permanentes del trabajo del Comité. Esto significaría una real y efectiva aplicación del artículo IX del Acta de Buenos Aires, y del artículo III número 11 de la CICC.

5.la reincorporación de las visitas de seguimiento al Reglamento del Comité de Expertos y que se informe por qué se eliminó el antiguo articulo 32 que contemplaba esto. Otros mecanismos de monitoreo, como el de la Convención de la OCDE incluyen estas visitas. Esto hace más sólido todo sistema de monitoreo al contarse con información de primera mano sobre la implementación de una convención y los impedimentos que pueden tener los Estados para ello.

6.la facilitación de la entrega de los informes independientes de la sociedad civil. Se debe modificar el Reglamento de la II Ronda para que las OSC puedan presentar sus informes treinta días después que los gobiernos y no el mismo día. Esto aportará un mayor y más efectivo aporte de la sociedad civil, ya que puede complementar, cuestionar o profundizar algunos aspectos de los informes entregados por los Estados.

7.la aceleración del ritmo de las rondas mediante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. También deberá incrementarse el número de reuniones establecidas para el año 2006. Que el periodo entre el inicio de la Segunda Ronda (Marzo) y la primera reunión de evaluación (Noviembre) sea de ocho meses, es demasiado amplio si lo que se realmente se busca es dar mayor celeridad al Mecanismo.

8.la promoción por parte de la OEA y los Estados de que la Banca de Cooperación Internacional incluya, como una de sus líneas estratégicas de asistencia a los países, el apoyo a los Estados Parte en la implementación de los compromisos adoptados en las convenciones anticorrupción, la contribución a sus mecanismos de seguimiento y las recomendaciones resultantes de estos. También deberán promover la participación de la sociedad civil en este proceso.

9.la reunión en 2006 de la Conferencia de Estados Parte del MESICIC. La primera reunión se efectuó en 2004 y es imprescindible que se convoque cuanto antes para evaluar el cumplimiento de los países para con la CICC y su Mecanismo de Seguimiento.

V- El cumplimento de la Declaración y el Plan de Acción de Mar del Plata.

Instamos a los Estados a cumplir con lo dispuesto en el artículo 64 y 66 de la Declaración de Mar del Plata y el 64 del Plan de Acción:

• Reafirmar: una gobernabilidad democrática transparente y responsable,

• Que la rendición de cuentas sea un instrumento fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia de los recursos administrados por los gobiernos.

• Que los Estados cumplan con el llamado a implementar la Convención Interamericana Contra la Corrupción y participen plenamente del Mecanismo de seguimiento de la CICC.

• Que se identifique antes de Diciembre de 2006, iniciativas concretas de cooperación e intercambio de experiencias para el desarrollo de capacidades técnicas en los países que contribuyan con la plena aplicación de las normas de la Convención Interamericana contra la Corrupción y con el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención (MESICIC).

Dando especial consideraron, a tal efecto, a las recomendaciones emanadas de la primera ronda de dicho Mecanismo.

VI- El Proyecto de la Carta Social de las Américas

1.Recomendamos que los Estados mantengan lo dispuesto sobre la transparencia, la responsabilidad en la rendición de cuentas y el combate contra la corrupción en el artículo 20 del proyecto de Preámbulo de la Carta Social.

2.Recomendamos que en la parte dispositiva, tratándose de gobernabilidad y desarrollo, se incluya un párrafo sobre medidas concretas contra la corrupción. En este deberían estar contempladas las medidas de los números 281 al 284 del Documento Base para las Discusiones del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración de la Carta Social de las Américas. Estas incluyen, la penalización de las prácticas corruptas, la promoción de los compromisos adoptados en la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la administración eficaz y transparente de todos los programas públicos, la libertad de prensa y la responsabilidad gubernamental, y el fomento del acceso a la información.

El contacto nacional de Transparency International en la República Dominicana es la organización Participación Ciudadana.

Documento de referencia

Recomendaciones presentadas por TI en la XXXVI Asamblea General de la OEA http://www.transparency.org/content/download/6674/40053/file/TI_recomendaciones_xxxvi_asamblea.pdf

Contacto para los medios:

Marta Erquicia          y       Participación Ciudadana – Contacto Nacional de TI
Ximena Salazar                  en la República Dominicana
Hotel Jaragua                    (809) 685-6200
(809) 2212222
[email protected]

Las principales amenazas contra la libertad de expresión en América Latina son las agresiones físicas, las leyes que sobreprotegen a los funcionarios públicos, los asesinatos contra periodistas, la impunidad y la autocensura de los comunicadores sociales por temor a represalias.

La afirmación la hizo el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Alvarez, quien subrayó que en la última década han sido asesinados 145 periodistas de América Latina, en su gran mayoría como consecuencia de su labor periodística.

Alvarez señaló que en distintos países de la región se producen agresiones físicas contra los comunicadores. Y en muchos casos, igual que los asesinados, quedan en la impunidad..

“La impunidad es un problema, porque en un país donde agreden a un periodista o los asesinan, y no se castiga a los responsables, eso invita a que sea una acción recurrente, porque no hay una consecuencia”, expresó Alvarez durante un almuerzo con periodistas y ejecutivos de diferentes medios que organizó Participación Ciudadana.

La siguiente gama de violaciones contra la libertad de expresión, según el relator del organismo de la OEA, tiene que ver con las leyes de desacato y difamación, injuria y calumnia, porque son leyes que otorgan una protección especial a los funcionarios públicos, “son leyes que vienen desde el Imperio Romano, donde se concebía que la crítica a los funcionarios podía interferir en sus funciones” y se castigaba y aún se castiga en algunos países con penas de cárcel a quien irrespete a un funcionario público o a una institución pública.

Tras advertir la importancia de este aspecto, Alvarez subrayó que en los últimos años al menos nueve países de la región han derogado la ley de desacato, sin embargo se siguen aplicando –con el mismo propósito- las leyes para los delitos de difamación e injuria.

Esto, a su juicio, constituye un serio problema para la libertad de expresión, y afirmó que en una sociedad democrática los funcionarios deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio en cuanto a sus actividades, pues están administrando dinero y políticas públicas sobre una serie de asuntos muy importantes para los ciudadanos.

Consideró que imponer sanciones penales a los periodistas, por cualquiera de las vías –desacato o difamación e injuria- son desproporcionadas en una sociedad democrática con respecto a eventuales abusos de la libertad de expresión por parte de los periodistas.

Sin embargo, dijo que la CIDH propone que la violación a la libertad de expresión sea sancionada a través de juicios civiles, no penales, y el derecho a rectificación o respuesta “esos son los elementos con que se debería proteger ese derecho” de los funcionarios a que se les respete su honor.

Sin embargo, observó que a pesar de las leyes, casi en ningún país de la región hay periodistas presos, pues en realidad el objeto último de los procesos penales no es encarcelar a los comunicadores, por el escándalo que podría generarse, y subrayó que la violación a la libertad de expresión está, básicamente, en que haya un proceso penal donde el comunicador tiene que ir a responder; en la amenaza de terminar preso o presa, y además es un intento de que el periodista y sus colegas se autocensuren por el temor a ser objeto de procesos penales, que muchas veces implica la prohibición de la salida del país.

“En definitiva, esa es una de las grandes preocupación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, porque realmente se coarta la libertad de expresión a través de los procesos penales”, recalcó Alvarez, quien aboga porque sea derogada, al menos en relación a los funcionarios públicos, la ley de difamación.

Una mayor libertad de expresión

En la percepción de Álvarez, en la región hay una sensación de que en muchos países hay una mayor libertad de expresión de la que realmente existe, debido a la autocensura.

En efecto, dijo que en muchos países se ejerce la autocensura, para evitar represalia, y por eso da la impresión de que hay menos ataques contra la prensa y los periodistas. En algunos casos ha disminuido el número de asesinatos de periodistas, “pero no es porque haya cambiado la situación como tal, sino porque los periodistas al fin y al cabo tienen un temor natural a ser asesinado y dejan de informar sobre el tema”.

Pero no porque se dejen de asesinar periodistas quiere decir que hay mayor libertad de expresión. Y lo mismo puede ocurrir con las legislaciones y las agresiones físicas.

Otro aspecto que atenta contra la libertad de expresión es la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, y resaltó que en muchos países, a los medios que no son muy críticos, el gobierno les asigna mayor publicidad, y eso también puede llevar a la autocensura.

Asimismo, la CIDH ha recibido denuncias de que a medios que son contrarios o que tienen una línea crítica hacia la acción gubernamental se les fiscaliza tributariamente de manera más severa.

Amenaza de la  libertad de expresión

Otro de los factores que amenaza la libertad de expresión es el monopolio de los medios de comunicación. “Ni los monopolios, ni los oligopolios favorecen la libertad de expresión”, precisó Álvarez.

Explicó que cuando se concentra la propiedad de los medios en un solo grupo empresarial o persona se restringe la pluralidad de la información, que es precisamente la idea del derecho a la libertad de expresión, que las personas estén expuestas al mayor número de ideas y pensamientos posibles expresados a través de las noticias, para que se puedan formar su propia opinión.

“Definitivamente la posición de la Relatoría es que los monopolios y los oligopolios no contribuyen al derecho a la libertad de expresión, más bien constituyen una restricción a este derecho”, manifestó Alvarez.

Destacó que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y es un derecho de extrema importancia por el valor intrínseco que tiene y por las consecuencias que conlleva su falta para el disfrute de todos los demás derechos humanos.

¿Qué es la CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D. C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General

Esta actividad contó, además, con la presencia del Dr. Roberto Cuellar M., Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien agradeció a este movimiento cívico la organización de la actividad, escenario que le permitió a esa entidad  plantear su posición en torno a la libertad de expresión.

La actividad se inició con las palabras del coordinador general, Paulo Herrera Maluf, quien dio paso al expositor de la actividad, Dr. Ignacio Álvarez. La moderación del evento la hicieron Juan Bolívar Díaz y Nurys Paulino.

VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
11 de septiembre de 2001
Lima, Perú

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Québec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

 REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio;y

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida,

RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I

La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II

La democracia y los derechos humanos

Artículo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III

Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11

La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13 

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos 

Artículo 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV

Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. 

Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinari

La Carta Democrática Interamericana (CDI), adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001, constituye un  amplio y explícito compromiso con el ejercicio de la democracia en sus dimensiones más profundas.

En el ámbito de los principios, se trata de un documento que amplía las concepciones de la democracia, ratificando no sólo los derechos políticos sino también los económicos, sociales y culturales, vinculándola indisolublemente al desarrollo económico integral.

Con ese instrumento los Estados reafirman los mecanismos establecidos por el sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos, fundamentales en el proceso de consolidación de la democracia que vive el continente (artículos 7-8).

La Declaración es específica en plantear la eliminación de todo género de discriminación, reivindicando los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa (artículo 9), llegando incluso a sostener (artículo 10) que “La promoción y el fortalecimiento de la democracia  requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo” y en otras convenciones.

El artículo 12 de la Carta plantea que “La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”. De ahí que los Estados Miembros de la OEA “se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema…”

Lo que ha dejado sentado la CDI es que no hay posibilidad de un ejercicio pleno de la democracia en medio de la discriminación, la exclusión, el desempleo, la pobreza y la indigencia que en altas proporciones afectan aún a los pueblos latinoamericanos.        Sin embargo, desde sus consideraciones previas y primeros artículo, nos encontramos que su objetivo fundamental es el establecimiento formal de un mecanismo para proteger el ejercicio de los derechos políticos y sancionar la vulneración del estado de derecho colectivo.

En el preámbulo de la Carta se recuerda la Resolución 1080 adoptada en 1991 en Santiago de Chile por los ministros de relaciones exteriores que esbozó un mecanismo de acción colectiva “en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”.

A decir verdad, esa resolución llegó con algún retraso, si lo medimos a la luz de los golpes de estado y otras usurpaciones del poder que  predominaron en América Latina en las décadas de los 70-80. Tan pronto se produjo, tuvo un desafío en Haití con el derrocamiento del primer gobierno del presidente Jean Bertrand Aristide. El mecanismo fue invocado y se pusieron en marcha acciones encaminadas a la restauración del régimen democrático, cosa que no fue posible hasta 3 años después, pero por una acción directa de intervención militar protagonizada por Estados Unidos.

Una segunda invocación de la Resolución 1080 tuvo efecto cuando el presidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado al Congreso y  la Suprema Corte de Justicia del Perú en abril del 1992. El régimen comenzó a ser aislado por la OEA, que en una reunión de cancilleres llegó a darle plazo para la restauración de los mecanismos constitucionales.

Pero la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, en septiembre del mismo año 2002, otorgó un respiro nacional e internacional al régimen, que a partir de entonces fue objeto de condescendencias.

En Mayo del 2003 hubo otro desafío, aunque efímero. El presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías siguió el camino de Fujimori, disolviendo el Congreso y la Suprema Corte para instaurar una dictadura. Se llegó a invocar la Resolución 1080, pero no hubo tiempo de aplicarla. La corte Constitucional declaró ilegítimo el gobierno de Serrano y una reacción popular lo depuso a los 12 días del autogolpe.

Fueron los últimos intentos golpistas en América Latina. El general Lino Oviedo fracasaría más rápidamente cuando intentó apoderarse del gobierno paraguayo en abril de 1996.

La Carta Democrática Interamericana vendría a establecer pautas más definidas para la protección de la democracia y el aislamiento de sus usurpadores. Fue precedida por una cláusula de la declaración final de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en Québec, Canadá. Ella estableció que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en las cumbres de las Américas.

El capítulo IV de la CDI establece los mecanismos para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en el continente. El artículo 19 , basado en los principios de la Carta de la OEA y en concordancia con la Declaración de Québec, instituye que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”.

Se prevén mecanismos para el restablecimiento de la normalidad democrática a través de gestiones diplomáticas dispuestas desde el Consejo Permanente de la OEA. Y si estas resultan infructuosas la Asamblea General podría suspender la participación en la Organización del Estado Miembro donde se rompiera el orden democrático, hasta su total restablecimiento.

No hay dudas de que la Carta Democrática Interamericana es un instrumento positivo. Aunque no ha sido probado plenamente, debe haber disuadido algunas maniobras antidemocráticas y contribuido a la estabilidad sin precedente por la que atraviesa el orden constitucional latinoamericano, ahora sólo sacudido por los terremotos populares originados en las profundas fallas económicas que han acumulado tensiones, exclusiones y una enorme deuda social en los pueblos de la región.

Todavía la CDI no ha tenido un claro y grave desafío. Parece haberse salvado de entrar en crisis cuando fracasó el golpe de Estado contra el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez en abril del 2002.

Dos años después la deposición del presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, al compás de una nueva ocupación militar norteamericana, encendió cuestionamientos al mecanismo interamericano.

La circunstancia de que el gobierno de Aristide había devenido en una cuasi dictadura cuestionada masivamente por las organizaciones políticas y sociales, el poco peso de Haití en el escenario latinoamericano y mundial, el respaldo de varios países latinoamericanos que también enviaron soldados a la vecina nación, y el cansancio de la permanente crisis institucional haitiana crearon una nebulosa en la cual se disipó el cuestionamiento al sistema interamericano.

Para la República Dominicana la Carta Democrática Interamericana puede haber jugado un papel disuasivo de maniobras antidemocráticas que si bien se baten en retirada desde hace una docena de años, todavía no han desaparecido por completo.

Gestiones diplomáticas de una misión de la OEA fueron puestas en marcha a raíz de la última crisis institucional dominicana, tras las viciadas elecciones de 1994, cuando una comisión oficial comprobó la alteración del padrón electoral y otras maniobras para vulnerar el ejercicio libre del voto. Esas gestiones contribuyeron a una salida transaccional a la crisis política, implicando el adelanto de elecciones, reduciendo a la mitad el período del gobierno que prevaleció tras el fraude electoral.

A mediados y finales del 2001 la nación enfrentó las maniobras de la mayoría del Congreso Nacional que intentaba auto prolongarse por dos años el período para el cual habían sido electos, con el pretexto de volver a instituir los comicios legislativos en el mismo año de los presidenciales.

En un artículo analítico que publiqué el 16 de septiembre del 2001 en el diario Hoy estimé que ese intento continuista antidemocrático había recibido un nuevo golpe con la adopción de la CDI por parte del Sistema Interamericano, incluido el Estado dominicano. Expliqué que una prolongación antidemocrática del mandato caería en los actos que condena la Carta. No puedo decir que la adopción del mecanismo fuera el freno definitivo, pero es probable que haya sido otro elemento disuasivo.

La cultura autoritaria, la debilidad de las instituciones nacionales, la predominancia de dictaduras en las dos terceras partes de los 162 años de la República y la todavía viva recurrencia al abuso del poder, determinan que tengamos todavía una democracia en transición. Y  en esta etapa es saludable la existencia de mecanismos como la Carta Democrática Interamericana.

La reciente elección legislativa y municipal ha evidenciado que, aunque ha mejorado el sistema electoral dominicano con un eficaz padrón electoral y mecanismos participativos más transparentes, todavía prevalece una cultura poco democrática en el sistema partidista.

El uso y abuso de los recursos del poder, incapacidad en la gestión de los colegios electorales, maniobras como el traslado de electores para buscar ventajas en las jurisdicciones de menor población, el clientelismo, el rentismo, el transfuguismo y la compra de votos todavía ensombrecen el sistema democrático nacional.

Los enconos y violencia en que se desarrollan los procesos electorales, aún al interior de los mismos partidos, donde prevalecen las imposiciones de candidaturas, generan situaciones que dificultan los acuerdos para la gobernabilidad y los programas de desarrollo de la nación.

Ciertamente la CDI es un buen mecanismo de defensa del orden democrático. Aunque siempre quedará el riesgo de que políticas internacionales equivocadas, como las que frecuentemente ha ejecutado Estados Unidos, pretendan utilizarlo para sancionar gobiernos que se salgan de su redil.

Desde luego, ya no es fácil conseguir consenso para una intervención militar o política para imponer intereses extraños. Tampoco para autorizar a una nación, por más poderosa que sea, a decidir por sí sola cuándo un Estado se ha salido del ámbito democrático, como se habría intentado en la asamblea de la OEA de junio del año pasado. –

Participación Ciudadana, el Centro Carter, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas  y Sociales (CRIES) y Amigos de la Carta Democrática Interamericana,  analizaron en un foro los alcance de la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca preservar los derechos políticos y sancionar la vulnerabilidad del Estado.

La actividad se inició con las palabras del coordinador general, Paulo Herrera Maluf y los expositores fueron Jhon Graham y Shelley McConnell, representantes de Amigos de la CDI y del Centro Carter, respectivamente; el periodista Juan Bolívar Díaz y el sociólogo Wilfredo Lozano.

Esta carta fue calificada por los representantes del Centro Carter y Amigos de la CDI como buena y coinciden en que contribuye a la estabilidad del orden constitucional de la región, algunos entienden que la misma contiene limitaciones que condicionan su eficacia. Creen que la CDI es una flexibilidad de la OEA que, a pesar de su falta de fuerza y eficacia, sigue siendo un compromiso significativo para la democracia, además, de ser el documento preventivo a la posibilidad de un golpe de estado.

Mientras, que los expositores locales, la consideran un órgano de defensa de la democracia, aunque no ha sido probada plenamente.

La carta fue escrita en septiembre del 2001. La actividad que fue organizada por Participación Ciudadana, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales y Amigos de la Carta Democrática,  fue presidida además por el Director Ejecutivo, Javier Cabreja.

PALABRAS DE APERTURA PAULO HERRERA MALUF,

COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Muy buenos días

Señora Shelley McConnell, Directora  Adjunta del Programa de las Américas del Centro Carter,  sr. John Graham Representante de Amigos de la Carta Democrática Interamericana, sr .Rodolfo Wlasiuk,  Representante de CRIES, panelistas dominicanos invitados Juan Bolívar Díaz, Miembro de la Comisión Política de Participación Ciudadana, Wilfredo Lozado, Sociólogo, Consultor Nacional e Internacional.  Señoras y señores todos, Bienvenidos a este Foro   que hoy convocamos.

Participación Ciudadana se siente honrada por ser junto a las organizaciones aquí presentes anfitriona de este importante FORO sobre la Carta Democrática Interamericana, evento que se celebra en el marco del XXXVI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea.

Este importante Foro debe movernos hacia la reflexión continua de la importancia que tiene para los países del hemisferio,  promover y  fortalecer la democracia  como forma de gobierno,  con el interés de tener una convivencia armónica y de respeto entre los pueblos del mundo.

En el caso particular de nosotros, los dominicanos y dominicanas, nos debe mover a ponderar los avances que como nación hemos logrado  y los retos que tenemos que asumir, para consolidar la cultura y las prácticas democráticas, que  favorecen la gobernabilidad, el desarrollo polítco, social y económico de nuestra nación.

La intención de  tan importante documento como es la Carta  Democrática Interamericana,  debe dejar de ser un a aspiración, para convertirse en un documento viviente, interiorizado por los ciudadanos y ciudadana para   la participación  y  autodeterminación  de los pueblos.

Debe ser esta promoción una acción continua  en la que nos sintamos comprometidos  no solo la OEA como organismo coordinador y los gobiernos de la Región, sino también las organizaciones cívicas y sociales y cada ciudadano o ciudadana en particular a través de sus espacios de participación.

Las organizaciones de la sociedad civil  tenemos la oportunidad de a través de la Carta Democrática Interamericana fomentar la conciencia colectiva  en la ciudadanía,  enarbolando los principios  y valores democráticos  en torno a la  libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia y que  están contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera promover y hacer respetar todos los derechos que procuren  el bienestar de las naciones.

Son las actuaciones de nosotros,  los que comprometidos y comprometidas  con  el fortalecimiento de la democracia, legitimizamos  con nuestras actuaciones, los preceptos que contiene la carta democrática interamericana,  la cual expone a través  de los  concepto de la solidaridad  y la cooperación  el desarrollo sostenible y el ejercicio  de la democracia representativa.

Esperamos que al finalizar este Foro, podamos salir con la convicción de que la carta democrática interamericana, es una herramienta valiosa para fomentar la conciencia sobre la importancia de preservar la democracia, un instrumento que favorece la comprensión del gran escenario en que la democracia se construye, pudiendo ser una forma de vida, y no únicamente un sistema de gobierno, y cuya consolidación va en beneficio de la ciudadanía del mundo, enarbolando el respeto mutuo, el derecho de libertad de los pueblos y al mismo tiempo promover la solidaridad para que  toda  acción en detrimento de una democracia existente pueda ser internacionalmente repudiada.

Muchas gracias,

El movimiento cívico,Participación Ciudadana afirmó que es un derecho de los partidos políticos el interponer recursos electorales en aquellos lugares en que entiendan se han violentado sus derechos; pero rechaza totalmente que esos reclamos se vean acompañados de manifestaciones públicas o protestas, que atenten contra la paz pública y llenen de tensión a la sociedad dominicana.

La institución hace un llamado a los partidos políticos a no realizar reclamos sin base ni fundamento, que puedan contribuir a fanatizar a las militancias partidarias.  “Los partidos reclamantes deben reunir todas las pruebas que sustenten sus alegatos y tramitar los mismos por las vías institucionales establecidas, pero en todo caso, deben prepararse para aceptar las decisiones finales que la Junta Central Electoral adopte al respecto".

En declaración de prensa emitida por Javier Cabreja, Director Ejecutivo de PC, se afirma que la Junta Central Electoral, una vez concluido el cómputo de votos provisional,   está en la obligación de conocer ágilmente de los diferentes recursos de impugnación presentados por las fuerzas políticas del país,    principalmente en las provincias y municipios en que la diferencia entre los candidatos que quedaron en primer y segundo lugar es muy reducida.   Este es el caso de las provincias de Bahoruco, Barahona, Elias Piña, Independencia, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís y Pedernales. De igual modo, es lo que sucede en varios municipios del país,  tales como Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, entre otros.

Participación Ciudadana señala que esta medida va a contribuir a que el proceso electoral sea percibido como transparente y a fortalecer la credibilidad en sus resultados. “También es necesario – indica la declaración – que se revisen los votos declarados nulos, en aquellos casos en que la cantidad de estos sea mayor que la cantidad de votos que le lleva un candidato a otro”.

La organización de la sociedad civil indicó que sus representantes estarán presentes en todos los casos en que se disponga el reconteo de votos o la revisión de votos nulos, velando porque se respete la voluntad popular expresada en las urnas. “Es necesario – añade la nota- que la Junta Central Electoral a través de la Policía Electoral garantice la seguridad de las urnas, a fin de que las boletas allí depositadas puedan servir efectivamente a este proceso de reconteo”.

Santo Domingo, D.N.

El movimiento cívicoParticipación Ciudadana presenta al pueblo dominicano y a la comunidad internacional, su Segundo Informe de la Observación Nacional de las elecciones congresuales y municipales realizadas en el día de hoy.

El desarrollo de las votaciones en la Tanda Vespertina

Hemos comprobado que la jornada de votación vespertina transcurrió satisfactoriamente.

En consecuencia, las votaciones de toda la jornada electoral se desarrollaron dentro de parámetros adecuados.

El Escrutinio

La observación del escrutinio sugiere lentitud en el proceso, ya que en el 55.1% de los colegios electorales de la muestra se hizo sin ninguna anomalía, en el 13.7% hubo algún tipo de anomalía.  Se destaca que, a las 11:00 de la noche había sido imposible para nuestros observadores reportar sobre el 31.2% de la muestra.

Hemos recibido información de colegios y centros completos de votación en los que el proceso no ha podido ser concluido.  Se han reportado, incluso, algunos incidentes que retrasan aún más la conclusión del escrutinio.

Ambiente general de la Jornada Electoral

Nuevamente, la ciudadanía que acudió a votar lo hizo en orden y con gran espíritu cívico, por lo que merece nuestro reconocimiento.

En general, los ciudadanos pudieron ejercer su derecho a voto sin mayores restricciones.

Los colegios electorales funcionaron en su mayoría adecuadamente, permitiendo que la jornada tuviera un balance positivo en la parte organizacional.

Dificultades durante la votación

Verificamos, al igual que en la jornada matutina, un excesivo activismo político partidario en los centros de votación, llegando en algunos casos hasta el hostigamiento a los electores.

También se reportaron incidentes violentos en algunas localidades; como fue el caso de varias comunidades de Salcedo, en el municipio de Azua, y en algunos colegios del Distrito Nacional y de la Provincia Santo Domingo.  En el municipio de Moca se reportó un tiroteo en la Escuela Valentín Michel con el saldo de varias personas heridas.

Se comprobaron varios casos de compra de cédulas por parte de representantes de las alianzas principales.  Los casos reportados sucedieron en Moca, en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo.

Comprobamos que durante la jornada electoral algunos establecimientos comerciales expendieron bebidas alcohólicas, en violación a la Ley Electoral.

Hubo algunas celebraciones anticipadas en la provincia Duarte y en el Distrito Nacional.

Dificultades durante la observación

En diferentes centros de votación, los observadores de Participación Ciudadana confrontaron dificultades para entrar y permanecer en los mismos, sobre todo en el momento del escrutinio.   Esta situación se presentó en Jánico, donde los observadores fueron impedidos de entrar a la junta municipal de esa localidad; así como en colegios electorales de Azua, San Cristóbal, Juan de Herrera y Santo Domingo.

El impedimento se mantuvo a pesar de que los observadores estaban debidamente identificados y acreditados y de que representantes de la Junta Central Electoral ordenaron que se permitiera a los observadores el acceso libre a los colegios, incluyendo la presencia al momento del escrutinio de los votos.

El Conteo Rápido

Tal y como habíamos anunciado, hemos realizado un conteo rápido en los dos niveles de elecciones, en base a una muestra aleatoria preseleccionada por Participación Ciudadana, en la provincia de Santiago con una muestra de 120 colegios  y en el Distrito Nacional  con una muestra de 100 colegios.

El resultado de este conteo rápido procederemos a entregarlo a la distinguida señora Altagracia López, Dentro de unos momentos le será entregado a la Junta Central Electoral, a las Juntas Electorales del Distrito Nacional y de Santiago; así como a organismos de observación internacional. En razón de las restricciones establecidas por la Junta Central Electoral, estos resultados serán dados a conocer, una vez sean presentados los cómputos oficiales.

Datos del informe:

El presente informe refleja los resultados de los reportes presentados por 179 equipos de observación electoral, que agrupan a tres mil quinientos voluntarios en todo el territorio nacional y que desde tempranas horas de la mañana, hasta bien entrada la noche, han realizado un gran esfuerzo en procura de garantizar la transparencia y limpieza de los comicios.

La observación desarrollada por Participación Ciudadana con la colaboración de más de 100 organizaciones sociales en todo el país, incluye los colegios electorales, centros de votación y juntas electorales, complementada con las observaciones itinerantes en todos los municipios y  en los locales de votaciones  del territorio nacional.

El proceso de observación continúa en las juntas electorales municipales y en la Junta Central Electoral hasta que se culmine el trabajo de cómputo y proclamación de resultados finales.

Llamamos a la ciudadanía y a la militancia de los partidos políticos a esperar pacientemente los resultados oficiales que serán ofrecidos por la Junta Central Electoral, confiados en que los mismos serán la fiel expresión de la voluntad popular manifestada en las urnas.

Participación Ciudadanaemitirá un tercer informe al concluir con el escrutinio de la muestra de la observación.

CONSEJO NACIONAL

Santo Domingo, D.N.