El consejo nacional de Participación Ciudadana (PC), solicitó al Senado que someta a vistas públicas las propuestas de candidatos a jueces de la Junta Central Electoral (JCE), a fin de que los miembros de este tribunal sean escogidos de la forma más transparente y diáfana posible.

En una comunicación que el director ejecutivo de PC, Javier Cabreja, y otros miembros de la entidad entregaron al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el movimiento cívico advierte que la selección transparente de los jueces electorales permitirá que la JCE pueda ejercer adecuadamente la función arbitral de los comicios.

El documento expresa que mediante la sesión de vistas públicas, la población podrá conocer los expedientes de los diferentes candidatos y candidatas propuestos para integrar la JCE.

“Entendemos que este procedimiento previsto en el artículo 108 de los reglamentos del Senado puede propiciar la escogencia de un organismo integrado por personas competentes, capacitadas y que puedan ejercer adecuadamente la función arbitral que corresponde al tribunal de comicios”, expresa PC.

Luego de la reunión con Pared Pérez en el Congreso Nacional, Cabreja dijo que PC recomendó que la elección de los miembros de la JCE se haga mediante el consenso. Significó que la organización que representa tiene el compromiso de promover acciones que vayan en contra de la corrupción.

Cabreja, acompañado de Ramón Tejada Holguín, Vianela Díaz y Nurys Paulino, se reunió con el doctor Pared Pérez entre las 6:00 de la tarde y las 7:10 de la noche, en el despacho del legislador y representante del Distrito Nacional. Dijo que el presidente de la Cámara Alta fue receptivo a los planteamientos de la entidad cívica.

El director ejecutivo favoreció, asimismo, que el Congreso se aboque a una discusión de reforma a la  Constitución y a la Ley Electoral que permita fortalecer la JCE y el proceso de selección de sus jueces.

Resaltó que la selección de los magistrados electorales debe hacerse mediante un proceso diáfano y participativo, que incluya a las organizaciones políticas y demás sectores representativos de la sociedad.

Participación Ciudadana y el Colegio Dominicano de Periodistas firman acuerdo de cooperación

Con el objetivo de desarrollar actividades de colaboración y trabajar en la  prevención de la corrupción y promoción de la transparencia, así como apoyar en el fortalecimiento de las capacidades de los comunicadores sociales en la República Dominicana, Participación Ciudadana (PC) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), firmaron un acuerdo de cooperación.

El convenio que fue firmado por del director ejecutivo, Javier Cabreja y la presidenta del CDP, Mercedes Castillo; capacitará y motivará a los comunicadores sociales en el uso de la ley de acceso a la información pública.

Con este acuerdo las partes firmantes, pretenden promover acciones que permitan el avance de la sociedad dominicana en los aspectos económicos y sociales, los cuales se sustentan en valores de equidad, respecto, honestidad y transparencia.

Asimismo, la realización de actividades tales como talleres, seminarios, diplomados y otras manifestaciones docentes que contribuya a difundir, comprender desde una perspectiva académica la problemática de la corrupción y la necesidad de la transparencia en la vida pública y privada.

También se promoverá la realización de un concurso, ensayo o investigación sobre periodismo de investigación de casos de corrupción utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública. Y se impulsará la constitución y fortalecimiento de la Coalición por el  Derecho a la Información Pública.

Ambas instituciones, PC y CDP, aunarán esfuerzos para enfrentar de manera directa los problemas que atenten contra el fortalecimiento de la democracia, y de manera particular fortalecer los niveles de participación de los comunicadores en acciones que se traduzcan en beneficio de la ciudadanía.

Al igual que en otras coyunturas políticas, diferentes sectores han propuesto una modificación del calendario electoral para acercar la fecha  en que se realizan las elecciones presidenciales y las  congresuales y municipales. Se alega que con esta medida se conseguiría una reducción en el costo de las campañas políticas, se disminuiría su intensidad y se propiciaría un clima de paz y tranquilidad ciudadana.

El movimiento cívico Participación Ciudadana reitera la posición que ha sostenido en las diferentes ocasiones en que se ha planteado esta idea: nos oponemos a una modificación del calendario electoral que reunifique o acerque las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales, por entender que esto implicaría un retroceso en el desarrollo del sistema político y la gobernabilidad democrática y no produciría los efectos  que esperan sus proponentes.

La separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, ha tenido un impacto positivo para el sistema político en diversos aspectos:

§             Eliminó el arrastre presidencial que existió hasta el año 1994 y que inducía a que los electores votaran por los candidatos al Congreso y al Ayuntamiento del partido al que pertenecía su opción presidencial, sin conocer ni evaluar a las personas que se postulaban para ser senador, diputado, síndico o regidor;

§             Ha inducido a que cuando el Poder Ejecutivo no controla el Congreso Nacional promueva el consenso con las diferentes fuerzas políticas representadas en el hemiciclo, estimulando acuerdos interpartidarios para las principales reformas y leyes aprobadas en los últimos tiempos;

§             Ha promovido el fortalecimiento institucional del Congreso Nacional y de los Ayuntamientos, que por primera vez en la historia republicana, comienzan a emerger como poderes del Estado con capacidad y desarrollo propios;

§             Sirve como referencia para la evaluación a medio término de la gestión presidencial, lo cual estimula al Poder Ejecutivo a trabajar en la construcción de logros positivos a corto plazo, que pueda presentar al electorado como aval de sus ejecutorias.

La permanente campaña política y su alto costo, no se evitan volviendo a reunir las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales. Este fenómeno negativo está más bien relacionado con la ausencia de una regulación estricta al respecto en la normativa vigente y la falta de autoridad que ha caracterizado en diferentes momentos a la Junta Central Electoral, que se ha manifestado incapaz de someter a los partidos políticos a las escasas regulaciones previstas en la ley electoral y los reglamentos. Mientras la ley electoral establece un período de noventa (90) días de campaña electoral, los partidos políticos comienzan tempranamente a promover sus candidatos y candidatas, violentado flagrantemente esta disposición legal.

Para lograr un nuevo tipo de campañas electorales, propositivas, armoniosas y de menor costo, es necesario impulsar otro tipo de propuestas:

§             Una regulación más estricta de las campañas, promoviendo el establecimiento de franjas televisivas en horas determinadas, en las cuales se coloquen los anuncios políticos y se promueva la educación ciudadana.

§              Eliminación de los métodos de promoción que atentan contra la paz, el sosiego y el medio ambiente; tales como los altoparlantes, disco – lights, el embadurnamiento de los espacios públicos y privados, entre otras prácticas no menos nocivas.

§             Establecer regulaciones al costo de las campañas y al financiamiento político, promoviendo una mayor equidad en la competencia partidaria. Muchas de estas propuestas están contenidas en el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, que ha sido sometido en varias ocasiones al Congreso Nacional, y que ha perimido repetidamente.

§             Crear mecanismos efectivos que hagan cumplir estas disposiciones, otorgando el suficiente poder a las autoridades designadas para intervenir rápidamente en caso de que se violenten las normas y procedimientos establecidos.

En cuanto a la propuesta de que se extienda el mandato presidencial por seis (6) años para reunificar las elecciones, como las ocasiones en que se ha planteado esta misma extensión para el mandato de los legisladores, Participación Ciudadana advierte que es inconstitucional la extensión de cualquier mandato electivo y que una acción de esta naturaleza es totalmente inaceptable. En ese sentido, es totalmente desafortunada la propuesta del ex – senador José Tomás Pérez y saludamos que el propio Presidente de la República la haya rechazado públicamente.

Santo Domingo, D.N.

A mediados del año 2003 la sociedad dominicana fue estremecida por la revelación de las autoridades monetarias de que uno de los principales bancos comerciales había colapsado, fruto de operaciones7 fraudulentas realizadas por su principal accionista y sus colaboradores más cercanos.

La caída del BANINTER fue seguida, meses después, por las de BANCREDITO y MERCANTIL, en los cuales también se denunciaron similares mecanismos fraudulentos, a través de operaciones no registradas que conformaron una banca paralela oculta.

Indagaciones posteriores, con el auxilio de auditorias especializadas, demostraron que tales operaciones fraudulentas se venían realizando desde hacía más de un decenio, burlando todos los mecanismos de supervisión y control previstos por la ley y las normas bancarias.

Dichas auditorias comprobaron la práctica generalizada de otorgar préstamos especiales sin intereses, adelantos de cartas de crédito y enormes sobregiros, a los principales accionistas de los bancos quebrados, así como a empresas y personas vinculadas a los mismos.

Al mismo tiempo se puso en evidencia que una alta proporción de esos préstamos y sobregiros a vinculados fueron borrados de los libros, a fin de liberar a los propios accionistas y sus relacionados de tales deudas. Y peor aun, que una parte significativa de los recursos otorgados por el Banco Central para rescatar a los depositantes de esos bancos, fue utilizada para otorgar nuevos créditos y cubrir sobregiros de esos mismos accionistas y sus empresas vinculadas.

Grandes cantidades de dinero también fueron repartidas a organizaciones y personas particulares de todos los ámbitos del país, probablemente en la búsqueda de complicidades y de impunidad.

Como se conoce, el Banco Central ha utilizado el mecanismo de la emisión de Certificados de Participación para sacar de circulación el dinero del rescate bancario, con un alto costo financiero para el país. Ese costo financiero no cubierto, ha venido acrecentando los Certificados de Participación hasta una suma superior a ciento sesenta mil (160,000) millones de pesos, con un costo por encima de los dos mil (2,000) millones de pesos mensuales por concepto de intereses.

Esas acciones fraudulentas conllevaron a un rescate bancario superior a los cien mil millones de pesos (20% del Producto Interno Bruto), obligando a duplicar la emisión monetaria del país de un año a otro, con un devastador impacto inmediato sobre la moneda nacional, cuyo valor se redujo a la mitad, y sobre el nivel de vida de la población, al tener que soportar una inflación promedio superior al 42% en el año 2003.

Tarde o temprano, esa brecha fiscal tendrá que ser cubierta con recursos provenientes de los contribuyentes dominicanos, viéndose obligada toda la población a pagar con nuevos impuestos o menos servicios sociales, la malversación de los depósitos bancarios por la que está siendo juzgado un pequeño grupo de banqueros y sus asesores.

Los acusados de los fraudes bancarios han desarrollado una impresionante campaña en los medios de comunicación de masas, la cual se fundamenta, principalmente, en que las prácticas fraudulentas que han sido ampliamente documentadas son comunes a toda la banca dominicana. La sociedad dominicana no puede aceptar, bajo ningún concepto, que fraudes de estas magnitudes queden impunes, bajo argumentos totalmente contrarios a la Ley.

Este país necesita urgentemente de sanciones ejemplarizadoras para quienes se demuestre que han cometido delitos de esta naturaleza y magnitud. Mientras esto no suceda, la corrupción, la delincuencia, la descomposición social y el desencanto generalizado minarán las bases de la democracia que hemos construido con tanto esfuerzo.

Por todas las razones anteriores, confiamos que los tribunales de justicia del país, y particularmente los jueces que tienen bajo su responsabilidad examinar y juzgar estos hechos fraudulentos, sancionarán ejemplarmente a todos los responsables, a fin de que esta vez no prevalezca la impunidad y la sociedad se sienta, por lo menos, moralmente resarcida.

ORGANIZACIONES FIRMANTES  EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

1. 1. 1ERA. IGLESIA DE LA CRISTIANIZACIÓN

   2. ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y CULTURA

   3. ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRESO (ACOPRO)

   4. ALIANZA DE LUCHA Y DESARROLLO

   5. ASAMBLEA DE DIOS

   6. ASOCIACIÓN ADELFA MERCEDES DE GARCIA

   7. ASOCIACIÓN CAFICULTORES SM

   8. ASOCIACIÓN CEBOLLERO SAN JUAN

   9. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE RIO GRANDE

   10. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES JOSÉ B.

   11. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES JOSE REYES

   12. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES JUAN PABLO DUARTE

   13. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES LA MILAGROSA

   14. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES LA NUEVA ESPERANZA

   15. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SAN FRANCISCO

   16. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SAN FRANCISCO DE ASIS

   17. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SAN JUAN

   18. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SAN JUAN BAUTISTA

   19. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SAN VICENTE

   20. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SANTA ANA

   21. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES SANTA CLARA

   22. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES VIRGEN MARÍA

   23. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES VIRGINIA

   24. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y CAFICULTORES

   25. ASOCIACIÓN DE ALGUACILES DE S.F.M.

   26. ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

   27. ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DEL CERCADO

   28. ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE BANI

   29. ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES SAN FRANCISCO

   30. ASOCIACIÓN DE CEBOLLEROS SAN JUAN

   31. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO MERCEDES

   32. ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE JUAN SANTIAGO

   33. ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DEL CERCADO

   34. ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL COMITE MUNICIPAL DE BANI

   35. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS DE SAMANA

   36. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS DE VILLA ALTAGRACIA

   37. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS MUNICIPIO CONSUELO.

   38. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS SABANA PERDIDA

   39. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS SANTO DOMINGO ESTE

   40. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS SANTO DOMINGO NORTE

   41. ASOCIACIÓN DE LOCUTORES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

   42. ASOCIACIÓN DE LOS REMEDIOS

   43. ASOCIACIÓN DE MECÁNICOS DE LOS FARALLONES

   44. ASOCIACIÓN DE MUJERES BARRIO LINDO DE HATO MAYOR

   45. ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SANTO DOMINGO ESTE

   46. ASOCIACIÓN DE MUJERES EL PROGRESO

   47. ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ACCION LA PASCUALA

   48. ASOCIACIÓN DE MUJERES HACIA EL FUTURO

   49. ASOCIACION DE MUJERES HERMANAS MIRABAL

   50. ASOCIACIÓN DE MUJERES JUANA SALTITOPA

   51. ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS MERCEDES

   52. ASOCIACIÓN DE MUJERES NUEVA ESPERANZA

   53. ASOCIACIÓN DE MUJERES NUEVA ESPERANZA DE DAJABÓN

   54. ASOCIACIÓN DE MUJERES PATRIA MIRABAL

   55. ASOCIACIÓN DE PADRES

   56. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CEBOLLAS

   57. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL PROGRESO

   58. ASOCIACIÓN DEL SALADO

   59. ASOCIACION EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROSO

   60. ASOCIACIÓN LA NUEVA UNION

   61. ASOCIACIÓN LOS REMEDIOS

   62. ASOCIACIÓN MARIA RENA

   63. ASOCIACIÓN MARITZA MERCEDES

   64. ASOCIACIÓN MARTÍN PEÑA DE CAÑADA HONDA

   65. ASOCIACIÓN NUEVO AMANECER

   66. ASOCIACION PRO DESARROLLO MATA DE ACEY

   67. ASOCIACIÓN SAGRARIO DIAS

   68. ASOCIACIÓN SALOME UREÑA DE PALMAREJO

   69. ASOCIACIÓN SANTA CLARA

   70. ASOCIACIÓN SANTA ROSA DE LIMA

   71. ASOCIACIÓN SANTÍSIMA CRUZ

   72. ASOCIACIÓN SANTÍSIMA CRUZ

   73. ASOCIACIÓN UNIDOS POR LA PAZ

   74. ASOCIACIONES AMIGAS DE VILLA CONSUELO

   75. ASOCIACIÓNS SANTA ROSA DE LIMA

   76. ASOMUDEJA

   77. ASOPROGUERA

   78. AYUDA MUTUA JUAN SANTIAGO

   79. C.P.A.

   80. CAGEPROC

   81. CASA DE LA CULTURA DE LA ROMANA

   82. CASA DE LA CULTURA DE SABANA GRANDE DE BOYA

   83. CASA DE LA CULTURA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

   84. CASA DE LA MUJER

   85. CASD

   86. CAUCA

   87. CENCORE

   88. CENTRO COMUNITARIO DE LA SALLE

   89. CENTRO CRISTIANO

   90. CENTRO DE ACCION JURÍDICA INTEGRAL (CEAJURI)

   91. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

   92. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

   93. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCION POPULAR (CIAPO)

   94. CENTRO DE MADRES AMOR Y PUREZA

   95. CENTRO DE MADRES DE CAÑONGO

   96. CENTRO DE MADRES LA MILAGROSA DE ELIAS PIÑA

   97. CENTRO DE MADRES LA MILAGROSA EL CERCADO

   98. CENTRO DE MADRES LA UNIÓN

   99. CENTRO DE MADRES LA UNION DEL CERCADO

   100. CENTRO DE MADRES SALOME UREÑA

   101. CENTRO DE MADRES UNION Y PAZ

   102. CENTRO DUARTIANO

   103. CENTRO SOCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (CESODECO)

   104. CIRCULO DE FACILITADORES CÍVICOS POR LA DEMOCRACIA (CIFACD)

   105. CIUDAD ALTERNATIVA

   106. CLUB ACTIVO 20-30 DE NAGUA

   107. CLUB CULTURAL COMUNITARIO

   108. CLUB CULTURAL NC

   109. CLUB DE LEONES CENTRAL

   110. CLUB DE LEONES DE BAHORUCO

   111. CLUB DE LEONES DE ELIAS PIÑA

   112. CLUB DE LEONES DE SANTO DOMINGO

   113. CLUB DE MADRES

   114. CLUB DE PADRES Y MADRES QUITA SUEÑO

   115. CLUB DIEGO VELÁZQUEZ

   116. CLUB ENRIQUILLO

   117. CLUB FLORINDA SORIANO

   118. CLUB FOCO DE HICAYAGUA

   119. CLUB LOS HIJOS DE DIOS

   120. CLUB RECREATIVO UNION

   121. COBIDESA

   122. CODEPO

   123. CODOCOM

   124. COLECTIVA MUJERES SABANA PERDIDA

   125. COLEGIO DE ABOGADOS DE BANI

   126. COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN PEDRO DE MACORIS

   127. COMITÉ DE AMAS DE CASA MI SUEÑO

   128. COMITÉ DE DESARROLLO MI SUEÑO II

   129. COMITÉ DE JÓVENES DE DUVERGE

   130. COMITÉ DE SALUD LA PASCUALA

   131. COMITÉ MAMA TINGO

   132. COMITÉ MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL

   133. COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS BARRIALES (COPADEBA)

   134. CONFRATERNIDAD  ESTUDIO PARA CRISTO

   135. CONFRATERNIDAD DE JÓVENES

   136. CONFRATERNIDAD EVANGELICA

   137. CONFRATERNIDAD EVANGELICA EL CERCADO

   138. CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (CODESOCO)

   139. CONSEJO NACIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

   140. CONSEJO UNIDAD SINDICAL (CNUS) DE BARAHONA

   141. CONVIVENCIA

   142. COOPERATIVA DE AHORRO DEL BANCO AGRÍCOLA

   143. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE NEYBA (COPACRENE)

   144. COOPERATIVA DE SOLINERO

   145. COORD. PARA EL DESARROLLO DE LA CIENAGA (CODECI)

   146. COORDINADORA BARRIAL PARA EL DESARROLLO (CODONBOSCO)

   147. COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE LA CAÑITA

   148. COPADEBA

   149. COTEDO

   150. EEMUR

   151. ENECOOP

   152. ESCUELA BASICA LA MADRE

   153. ESCUELA CORAZON DE JESÚS

   154. FABULOSA COMERCIAL

   155. FEDEMJAR

   156. FEDERACIÓN ALTAGRACIANA DE JUNTAS DE VECINOS

   157. FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE SAN PEDRO

   158. FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN SP

   159. FEDERACIÓN DE MUJERES DE GUERRA

   160. FEDERACIÓN DE MUJERES DE HATO MAYOR

   161. FEDERACIÓN DE MUJERES M.T.G.

   162. FEDERACIÓN DE PADRES NUEVO NACIDO PARA TRIUNFAR

   163. FEDERACIÓN DE PRODUCTORES DE YAUTIA DEL NORDESTE

   164. FEDERACIÓN JDE MUJERES CAMPESINAS Y BARRIALES ALTAGRACIANAS

   165. FEDOMICROE

   166. FISOE

   167. FRECOMUN

   168. FRENTE AMPLIO DE LUCHA POPULAR FALPO (NAGUA)

   169. FRENTE DE ABOGADOS

   170. FRENTE DE MUJERES COMUNITARIAS

   171. FRENTE PARA EL DESARROLLO BARRIO MELLA I

   172. FUNDACIÓN CAOBITAS

   173. FUNDACIÓN CASA DEL TRABAJADOR

   174. FUNDACIÓN COMUNIDAD INFANTIL

   175. FUNDACION COMUNITARIA COLA ESPERANZA

   176. FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE GUALEY

   177. FUNDACIÓN DESPIERTA MUJER

   178. FUNDACIÓN EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y CULTURAL

   179. FUNDACIÓN ERCILIA GOMEZ, INC.

   180. FUNDACIÓN FUMUPRO

   181. FUNDACIÓN JUNTA DE VECINOS DE SAN LUIS (FUNVESAL)

   182. FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS

   183. FUNDACIÓN MANUEL HERNÁNDEZ

   184. FUNDACIÓN MUJERES UNIDAS PARA CRECER

   185. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO

   186. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CERCADO

   187. FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL Y EDUCATIVA (FISOE)

   188. FUNDACIÓN PFCEOF DESAFIO

   189. FUNDACIÓN PRO MORALIDAD

   190. GC-DC GRUPO CRISIANO

   191. GRUPO CIELO

   192. GRUPO CRISTIANO PARA EL DESARROLLO

   193. GRUPO DE MUJERES MAMA TINGO

   194. GRUPO ECOLÓGICO PLANETA VEDE

   195. IGLESIA CRISTIANA CAMINANDO HACIA EL PROGRESO

   196. IGLESIA CUERPO DE CRISTO

   197. IGLESIA DE CRISTO, INC.

   198. IGLESIA DE LA CRISTIANIZACIÓN

   199. IGLESIA DIVINA MISERICORDIA

   200. IGLESIA EVANGELICA

   201. IGLESIA EVANGELICA A/D

   202. IGLESIA EVANGELICA MISIONERA

   203. IGLESIA FUENTE DE SALVACION

   204. IGLESIA METODISTA LIBRE

   205. IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

   206. IGLESIA SAN ESTANISLAO

   207. IGLESIA TEMPLO BÍBLICO

   208. INDECO

   209. INSTITUCIÓN JUVENTUD Y EMPLEO

   210. INSTITUTO DE CONTADORES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

   211. IPC

   212. IPEVA

   213. JESDE

   214. JÓVENES UNIDOS

   215. JUNTA AGROPECUARIA LA ALTAGRACIA

   216. JUNTA DE PROMOCION SOCIAL DE NISIBÓN

   217. JUNTA DE VECINO G&L

   218. JUNTA DE VECINOS ALFREDO DE LA CRUZ R. DE LOS JIMÉNEZ

   219. JUNTA DE VECINOS AMOR Y PROGRESO

   220. JUNTA DE VECINOS ANA RITA HERRERA

   221. JUNTA DE VECINOS BARRIO BLANCO

   222. JUNTA DE VECINOS BARRIO ENRIQUILLO

   223. JUNTA DE VECINOS BARRIO JAPÓN

   224. JUNTA DE VECINOS BARRIO LA FLORIDA

   225. JUNTA DE VECINOS BARRIO LOS TOCONES

   226. JUNTA DE VECINOS BMS

   227. JUNTA DE VECINOS BO. 30 DE MARZO

   228. JUNTA DE VECINOS BO. NUEVA SUIZA

   229. JUNTA DE VECINOS BRISA DEL ESTE

   230. JUNTA DE VECINOS BRISA ORIENTAL III SANTO DOMINGO ESTE

   231. JUNTA DE VECINOS BRISAS DE LOS PALMARES

   232. JUNTA DE VECINOS BUEN PASTOR

   233. JUNTA DE VECINOS BUENOS AIRES

   234. JUNTA DE VECINOS CAMILO LANDESTOY

   235. JUNTA DE VECINOS CENTRAL

   236. JUNTA DE VECINOS CRISTO REY

   237. JUNTA DE VECINOS DE GUALEY

   238. JUNTA DE VECINOS DE LOS AMERICANOS

   239. JUNTA DE VECINOS DR. JULIO ISIDRO SILVA

   240. JUNTA DE VECINOS EL TABACO DEL BARRIO MELLA I

   241. JUNTA DE VECINOS ENSANCHE LAS AMERICAS

   242. JUNTA DE VECINOS F. V.

   243. JUNTA DE VECINOS FERNÁNDEZ

   244. JUNTA DE VECINOS J. SOCIAL

   245. JUNTA DE VECINOS JUAN ROBERTO SMITH

   246. JUNTA DE VECINOS LA 40

   247. JUNTA DE VECINOS LA NUEVA ESPERANZA

   248. JUNTA DE VECINOS LAS MERCEDES

   249. JUNTA DE VECINOS LOS HAITISES

   250. JUNTA DE VECINOS MARCELO

   251. JUNTA DE VECINOS MERCEDES C. DE V.

   252. JUNTA DE VECINOS MONTECRISTI

   253. JUNTA DE VECINOS NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

   254. JUNTA DE VECINOS NUEVA CREACIÓN

   255. JUNTA DE VECINOS NUEVA CREACIÓN

   256. JUNTA DE VECINOS NUEVA LOURDES

   257. JUNTA DE VECINOS NUEVO INCA

   258. JUNTA DE VECINOS OBRAS PUBLICAS

   259. JUNTA DE VECINOS PADRE IGNACIO

   260. JUNTA DE VECINOS PALENQUE A

   261. JUNTA DE VECINOS PEDRO JUSTO CARRION

   262. JUNTA DE VECINOS RAFAEL VARGAS

   263. JUNTA DE VECINOS REPUBLICA ARACENA

   264. JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL ALEXIS

   265. JUNTA DE VECINOS SAGRADA FAMILIA

   266. JUNTA DE VECINOS SALESIANOS

   267. JUNTA DE VECINOS SAN FERNANDO

   268. JUNTA DE VECINOS SANTO DOMINGO OESTE (ALCARRIZOS)

   269. JUNTA DE VECINOS SANTO SOCORRO

   270. JUNTA DE VECINOS SAVICA

   271. JUNTA DE VECINOS SEDEFIR

   272. JUNTA DE VECINOS SIMEON

   273. JUNTA DE VECINOS SOR MARI

   274. JUNTA DE VECINOS UNIDOS

   275. JUNTA DE VECINOS UNIDOS PODEMOS

   276. JUNTA DE VECINOS UNION FAMILIAR

   277. JUNTA DE VECINOS UNION SAN FERNANDO

El movimiento cívico Participación Ciudadana reitera la necesidad de que la próxima Junta Central Electoral sea integrada sobre la base de un alto consenso político y social. Para ello, es necesario que los partidos políticos, los senadores y la sociedad, se pongan de acuerdo en el perfil que deben tener las personas que tendrán la alta responsabilidad de dirigir los trabajos del tribunal de comicios.

Sometemos a consideración de la opinión pública algunos de los elementos que entendemos deberían caracterizar a los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral:

1.      Reconocida integridad; evidenciada con una trayectoria pública y privada en la cual el aspirante haya sido objeto del aprecio y respeto social. Personas que hayan estado involucradas en escándalos públicos, actos de corrupción, tráfico de influencia o violaciones graves a las leyes penales, no deben ser consideradas para estas posiciones.

2.      Independencia Partidaria; lo cual quiere decir que es imprescindible que los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral no sean dirigentes comprometidos de los partidos políticos evitando que una aguda politización del organismo cree un ambiente electoral de inseguridad y desconfianza.

3.     Capacidad Profesional;caracterizada no solamente por un buen conocimiento de la Constitución de la República y la Ley Electoral, sino también de los problemas sustanciales que afectan al sistema electoral dominicano, al registro civil, a los partidos políticos y a los otros componentes relacionados con la actividad que desarrolla la Junta.

4.      Experiencia Electoral; derivada de su participación en los procesos electorales dominicanos, sea en calidad de funcionario electoral o de observador del mismo.

5.      Apertura Institucional;expresada por su vocación a promover la participación de los diferentes actores políticos y sociales en la elaboración e implantación de propuestas orientadas a la solución de los problemas pendientes en la agenda electoral.

Como en otros procesos similares, nuestra organización no presentará ningún candidato o candidata en particular para formar parte de la Junta Central Electoral. Tampoco apoya la candidatura de ningún miembro o directivo de Participación Ciudadana para formar parte del organismo electoral.

Además de los elementos antes mencionados, los miembros del organismo deben cumplir con los requisitos establecidos legalmente por la Ley Electoral No. 275-97 en su Art. 4. Esto es, ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y ser  licenciado o doctor en derecho con un mínimo de doce (12) años de ejercicio profesional.

Participación Ciudadana considera necesario, asimismo, que se establezca un procedimiento transparente para la escogencia entre los candidatos presentados, sobre la base del perfil previamente consensuado

Quienes sean escogidos para integrar el tribunal electoral deben asumir el compromiso público de realizar un diagnóstico de todas las dificultades que se han  presentado en pasados comicios y efectuar los correctivos necesarios, con la participación de representantes de las diferentes fuerzas sociales y políticas del país. En ese sentido reiteramos nuestro llamado de que a que las personas seleccionadas para formar la JCE se comprometan con el respeto de la Ley 8-92 para que se elimine la discrecionalidad con que actúan los oficiales del Estado Civil y las oficialías dejen de ser usadas como botín a repartir.

Participación Ciudadana está en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de un consenso entre las fuerzas políticas y sociales de la nación, con miras a lograr que la elección de la nueva Junta Central Electoral se aproxime al perfil deseado. A mediano plazo, aspiramos a una reforma legislativa integral que rediseñe las estructuras y competencias de nuestro órgano electoral, estableciendo un mecanismo legal que garantice la idoneidad en la elección de sus integrantes, sobre la base del consenso y la participación.

Santo Domingo, D.N.

El pasado 16 de agosto han asumido sus funciones 32 senadores y 178 diputados, que constituyen el nuevo Congreso Nacional de la República Dominicana para el período constitucional 2006-2010. El Congreso Nacional representa uno de los principales poderes del Estado que tiene la triple competencia de legislar, representar y fiscalizar a favor del interés público. Sin embargo, el país ha vivido recientes experiencias en las cuales los legisladores han actuado de espaldas a la sociedad, aprobando iniciativas que comprometen gravemente el patrimonio del Estado y descuidando gravemente sus responsabilidades de representar la ciudadanía y vigilar por la buena marcha de la gestión pública.

Ante un nuevo Congreso Nacional, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)  tiene mayoría en ambas cámaras, el movimiento cívico Participación Ciudadana  aspira a que los congresistas asuman sus atribuciones observando una conducta ética, transparente y receptiva, que les permita ser los verdaderos representantes de los electores que les han endosado su voto en las elecciones generales. En particular, les pedimos públicamente a los legisladores y legisladoras electos asumir los siguientes compromisos:

1-Una Política que fortalezca la gobernabilidad[1] . Es necesario que el Congreso Nacional actúe como representante de los intereses de la ciudadanía y no exclusivamente de los partidos políticos allí representados, de sectores empresariales y sus intereses personales. Los legisladores deben tomar sus decisiones sobre la base de una consulta permanente con la ciudadanía, sometiendo a un minucioso estudio las iniciativas presentadas,  respetando la voluntad de la mayoría, pero sin violentar los derechos de la minoría. Proponemos que el Congreso Nacional adopte una política que fortalezca la gobernabilidad democrática y propicie decisiones de alta legitimidad política y social.

2-Elección Institucional de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.El nuevo Congreso Nacional tiene la responsabilidad de designar los integrantes de diversas instituciones claves para la democracia dominicana. La elección de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, debe hacerse sobre la base de una ponderación minuciosa de cada persona que vaya a ocupar uno de esos cargos y tomando en cuenta las posiciones de los diferentes partidos políticos y la ciudadanía organizada, propiciando la incorporación de personas íntegras y técnicamente calificadas para el desempeño de estas delicadas funciones.

3-Dar Continuidad a la Agenda Legislativa Pendiente. Una de las grandes responsabilidades de los nuevos legisladores es dar continuidad a la discusión de importantes iniciativas que habían sido presentadas por sus predecesores e incluso por el Poder Ejecutivo. Algunas de estas iniciativas están contenidas en la Agenda Legislativa Priorizada del Senado y otras ya han sido aprobadas por una u otra cámara. Dentro de esos proyectos pendientes podemos citar las propuestas de Código Civil Reformado, Ley Orgánica Municipal, Ley de Presupuesto, Ley General de Participación,  Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y Ley Contra la Corrupción en la Administración Pública.

4-Ejercicio pleno de la Función de Fiscalización. El parlamento es un contrapeso sustancial de los demás poderes del Estado. Le corresponde la fiscalización de todos los poderes públicos incluyendo el Ejecutivo, el Judicial, los organismos descentralizados y autónomos y los municipios. Es hora de que el Congreso Nacional asuma plenamente su función de fiscalización, haciendo un estudio minucioso de la rendición de cuentas que cada año le remite el Ejecutivo y analizando los informes de auditoria proporcionados por la Cámara de Cuentas. Un efectivo cumplimiento de la función de fiscalización, implica además que los contratos nacionales y extranjeros así como los convenios y tratados provenientes del Poder Ejecutivo; Deben ser objetos de un cuidadoso estudio por parte de los legisladores, a fin de evitar la repetición de episodios desagradables, en los cuales el Congreso Nacional aprobó instrumentos onerosos para el Estado dominicano.

5-Una Política Moderada de Crédito Público. Esperamos que los legisladores adopten una política moderada respecto a los contratos de préstamos, emisión de bonos o aprobación de otros instrumentos que comprometan el crédito público. Es necesario que velen porque el Ejecutivo cumpla estrictamente la nueva Ley de Crédito Público y fomente una auténtica conducta austera en la administración de los fondos del erario. Una actitud irresponsable que conlleve a la aprobación de numerosos empréstitos sin la suficiente justificación, puede tener efectos nocivos para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la definitiva superación de la crisis financiera que ha afectado al país en los últimos años.

6-Limitación de las pensiones privilegiadas.Uno de los elementos que más ha desprestigiado la actividad parlamentaria es la aprobación de leyes de pensiones a favor de cientos de personas, sin que se tomen en cuenta criterios apropiados, tales como, la labor desempeñada, la antigüedad en el servicio público y la edad. Este nuevo Congreso Nacional debe poner fin definitivo a las pensiones privilegiadas, reservándolas únicamente en casos excepcionales para aquellos ciudadanos y ciudadanas que haya prestado servicios eminentes a la nación y sobre la base de criterios previamente definidos y una evaluación minuciosa.

7-Detener la fragmentación del territorio nacional.  La República Dominicana no tolera que se siga dividiendo sin ningún reparo el territorio nacional, elevando de categoría a poblaciones que no reúnen los requisitos mínimos y creando nuevas provincias y municipios. El Congreso Nacional debe paralizar de inmediato la creación de nuevas demarcaciones territoriales hasta tanto no se apruebe la Ley Orgánica Municipal, que establece de manera estricta los requisitos que debe reunir un territorio para adquirir tal o cual categoría.

8-Respetar la Carrera Administrativa Legislativa. Las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado de la República están en la obligación de respetar la nueva Ley de Carrera Administrativa Parlamentaria, que consagra la inamovilidad para aquellos empleados de carrera del Congreso Nacional que han acumulado méritos y experiencia invaluables para el funcionamiento del organismo. Rechazamos cualquier tipo de “aplanadora” o despidos masivos que afecten al personal administrativo de carrera en el Congreso Nacional.

9-Mayor Transparencia. Finalmente, Participación Ciudadana espera que las nuevas autoridades del Congreso Nacional profundicen el proceso de reforma y modernización del organismo, y que muy especialmente tomen las medidas necesarias para que la labor del Congreso sea mejor difundida en la sociedad, para que la ciudadanía tenga libre acceso a las decenas de expedientes que se tramitan en ese organismo y las diferentes decisiones que adoptan las cámaras. Cada una de las Cámaras tiene pendiente la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la creación de las Oficinas de Acceso a la Información y la organización de páginas de Internet con información relevante sobre el funcionamiento de la institución y los datos particulares de cada uno de sus integrantes.

Desde Participación Ciudadana reiteramos nuestra voluntad de aunar esfuerzos con los legisladores y legisladoras en impulsar una agenda legislativa común, a beneficio del interés público; así como de fortalecer las competencias y calidades de las Cámaras para un mejor ejercicio de sus funciones de representación y fiscalización.

Presentado por Paulo Herrera Maluf, Coordinador General de Participación Ciudadana

1. ANTECEDENTES 

La Ley 10-04 de Enero del 2004 de la Cámara de Cuentas (CC), ha buscado reemplazar un “régimen legal obsoleto, limitado e ineficaz”para instaurar una “dinámica transformadora” que actualice el desarrollo institucional para un ejercicio más efectivo del control público en la República Dominicana.

En los últimos años, de manera concomitante con la formulación y aprobación del nuevo marco legal, la Cámara de Cuentas, bajo el apoyo de un proyecto de modernización auspiciado  por el BID, ha elaborado un proceso de planificación estratégica,  de desarrollo tecnológico e impulsos hacia un mayor desarrollo institucional de las capacidades de auditoria y control.

En el marco de la formulación de su Plan Estratégico, la CC estableció su misión institucional de la manera siguiente:

Proteger el patrimonio del Estado dominicano, fiscalizando con independencia y eficacia la gestión de los administradores de recursos públicos y rendir informe a la Nación

Los principios para poner en práctica dicha misión fueron planteados como los siguientes:

• Independencia
• Transparencia
• Fiscalización
• Profesionalismo
• Eficiencia

La Cámara de Cuentas tiene una serie de líneas matrices que pueden pautar sus políticas generales, las cuales se sintetizan en lo siguiente:

1. a)     Autonomía funcional y presupuestaria de la CC
2. b)     Establecimiento de un Sistema Nacional de Control y Auditoria
3. c)     Armonización de las normas relativas al control y Auditoria
4. d)     Análisis y examen de las cuentas a través de la Auditoria Gubernamental.
5. e)     Ampliación de las atribuciones de la CC
6. f)       Fortalecimiento de las relaciones con el Congreso Nacional
7. g)     Establecimiento de un Sistema de Rendición de Cuentas que involucre a usuarios y usuarias de los servicios de la CC
8. h)     Fortalecimiento del soporte tecnológico

Este documento obedece a la iniciativa del Instituto de Auditores Internos de Republica Dominicacana (IAIRD) y  Participación  Ciudadana quienes han unido esfuerzos para establecer una plataforma cívica de seguimiento que contribuya a consolidar el proceso de modernización y la efectividad de la Cámara de Cuentas, así como el cumplimiento de su misión y principios, a partir de un diagnóstico de las limitaciones, avances, retos, oportunidades y amenazas al ejercicio del control público.

Siendo así, los objetivos de este observatorio son Fortalecer el rol de control público y rendición de cuentas de la Cámara de Cuentas mediante el seguimiento externo y colaboración con sus planes de fiscalización y desarrollo institucional.

Esta primera etapa abarca hasta Junio del 2006, y el observatorio se concentro en la realización de un diagnóstico del desarrollo institucional para el ejercicio efectivo del control público; con el fin de utilizar sus resultados en la elaboración de indicadores y estrategias para la puesta en marcha del plan de trabajo de la segunda etapa.

 Dicho diagnóstico fue realizado tomando en cuenta los siguientes elementos:

1. a)       Análisis de los lineamientos contenidos en la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, de Enero del 2004;
2. b)       Análisis de los planes estratégico y tecnológico y la programación anual del 2005 de la Cámara de Cuentas,
3. c)       Reuniones sostenidas con miembros  del pleno y ejecutivos de dicha institución. Los elementos se fundamentan en reuniones con altos funcionarios de la Cámara de Cuentas y en el análisis documental.

Los elementos de diagnóstico se organizan basándose en los siguientes ejes

1. Desarrollo del Sistema Nacional de Control y Auditoria
2. Proceso de planificación de la Cámara de Cuentas.
3. Gestión del Control Público y Auditoria.
4. Rendición de cuentas y acceso a la información pública.

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

Desarrollo del Sistema Nacional de Control y Auditoria.

La ley 10.04 crea jurídicamente el Sistema Nacional de Control y Auditoria para minimizar la dispersión institucional y maximizar la integración de las instituciones de control.

Instituir el Sistema Nacional de Control y Auditoria (SNCYA) implica un proceso de articulación de las diversas instituciones que conforman el control público interno y externo, particularmente de la Cámara de Cuentas (control externo), el Congreso de la República (control legislativo), la Contraloría General de la República (control interno), y las organizaciones sociales que realizan funciones de control (control externo de carácter cívico).

Un adecuado flujo de información y coordinación con el Ministerio Público es también crucial para canalizar los expedientes de control hacia el sistema de sanciones que permite penalizar en la práctica los actos de corrupción, entre otros.

Tomando como referencia estos aspectos los  avances identificados fueron:

1. EL nuevo marco jurídico creando el SNCYA establecido  (Ley 10-04)
2. Comisión de Seguimiento para normar el funcionamiento del SNCYA establecida en ley (Reglamento 06-04, p.59-60).
3. Comité de Coordinación entre Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República(CGR) establecido en reglamento 06-04
4. Proyecto de separación de funciones del Tribunal Superior Administrativo en proceso de formulación

No obstante las limitaciones encontradas en estos aspectos fueron:

1. Marco normativo para la integración operativa del SNCYA poco desarrollado en el Reglamento 06-04.
2. La comisión de seguimiento para formulación normativa de funcionamiento del sistema no está funcionando
3. No está operando el Comité de Coordinación entre CC y CGR
4. No existen grupos interinstitucionales de apoyo técnico a la coordinación.
5. El Plan del SNCYA no formulado.
6. Tensiones con Ministerio Público
7. Alto nivel de fragmentación  del SNCyA  y dualidades entre CC y CGR
8. Control Legislativo de bajo perfil
9. Articulación con control social aún inexistente
10. Escasa promoción y socialización del Nuevo marco jurídico en actores que deben implementarla.

Los retos del Sistema de acuerdo a los resultados del diagnostico son:

1. Estrategia para mejorar clima de relaciones entre CC con la CGR, el Ministerio Público y las organizaciones de control social
2. Comisión de seguimiento para normativa de funcionamiento del SNCYA  operando sistemáticamente.
3. Comité de coordinación interinstitucional operando sistemáticamente
4. Formulación y puesta en marcha del Plan del SNCYA.

2.-Proceso de planificación de la Cámara de Cuentas;

Avances en este componente.

1. Existencia del Plan Estratégico CC
2. Plan de infraestructura tecnológica
3. Programa Anual de Auditorias
4. Existe direccionalidad estratégica al definir misión, visión, valores y objetivos estratégicos de CC

Las limitaciones de este componente se resumen en:

1. Inexistencia indicadores y mecanismos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los planes.
2. Limitada cultura organizacional de implementación de planes.
3. Ausencia de operativización del Plan estratégico en actividades,  cronograma, departamentos responsables y recursos.
4. Fuerte énfasis del Plan en los aspectos tecnológicos, con limitado enfoque en los procesos de toma de decisiones
5. El PE tiene poca definición de los resultados esperados y la manera como serán alcanzados

Los retos en relación con la planificación son:

1. Estrategia organizacional para incrementar las capacidades de implementación de los planes, estableciendo metas, indicadores, responsabilidades planes departamentales, calendario y recursos.
2. Operativización del Plan Estratégico con mayor énfasis en aquellos aspectos relacionados con la toma de decisiones, la organización funcional y estructural de la CC, la capacitación del personal.
3. Mejor precisión de resultados esperados en Plan Estratégico, estableciendo su relación con las políticas de la CC.

Gestión del Control Público y Auditoria

Los avances en esta materia son:

1. Espacio físico ampliado y modernizado
2. Proceso de instalación de nuevas herramientas para mejorar eficiencia recopilación datos y realización de informes (ACL, AUDINET)
3. Réplica Chile Compra en proceso en CC
4. Impulso hacia construcción capacidades auditoria integral
5. Existencia de certificación de auditores de clase mundial desde 2004..
6. Reglamento de RRHH en proceso formulación
7. Unidad de capacitación constituida
8. Proceso de estandarización de las guías de auditorias en marcha

 Las limitaciones son:

1. Inexistencia procesos de monitoreo,  evaluación y control de calidad en base a indicadores
2. RRHH limitados en su calificación profesional, con bajos salarios e incentivos
3. Capacitación de RRHH en metodologías e instrumentos de auditoria no sistemática
4. Procesos aún no automatizados (rendición telemática de cuentas)
5. Metodologías de recolección, organización y presentación de evidencias / informes aún no homologadas
6. Limitadas  capacidades de uso de las TIC por recursos humanos
7. Problemas de acceso y recolección de información en instituciones
8. Déficit técnicos en realización auditoria
9. Auditorias integrales aún no existentes
10. Politización nombramiento unidades de auditores internos
11. Auditores internos no certificados
12. Auditorías realizadas aparentemente menores que programadas

Retos:

1. Lograr alto grado de implementación de planes estratégico y tecnológico
2. Lograr alto grado de realización de programa anual de auditorias
3. Tipos de auditoria diversificados, incluyendo auditoria integral, y mejorados en calidad,
4. Programa de formación y capacitación de recursos humanos en instrumentos y metodologías establecido sobre la base de necesidades y procesos en marcha
5. Carrera administrativa introducida sobre la base de evaluación del desempeño
6. Estándares de calidad de las auditorias establecidos
7. Nuevas metodologías y herramientas auditorias homologadas y exigidas
8. Sistema de análisis presupuestario establecido
9. Procesos de monitoreo y evaluación establecidos sobre la base de indicadores e incentivos

3.-Rendición de cuentas y acceso a la información pública

Los avances en Rendición de cuentas son:

1. Publicación de Informes al Congreso Nacional en página web hasta el 2004
2. Publicación de por ciento mínimo de las auditorias realizadas en 2005 (ciento setenta) en pág. web
3. Procedimiento para cumplimiento de LGLAIP en proceso formulación
4. Criterios para selección de instituciones a auditar establecidos (impacto social, monto relativo presupuesto, denuncias directas o periodísticas).
5. Criterios de selección instituciones a auditar no publicitado

Limitaciones:

1. Problemas de accesibilidad a  instrumentos aplicados y resultados de parte de las auditorias.
2. Tramitación  al Ministerio Público de expedientes con resultados de corrupción no expedita
3. Inexistencia de sanciones administrativas del Plan Estratégico (PE) a funcionarios no acatan solicitudes legítimas de CC.
4. Inexistencia de sanciones justicia a expedientes con resultados de corrupción
5. Déficit en presentación

Retos:

1. Maximizar acceso público físico y electrónico a instrumentos y resultados auditorias
2. Estrategia de mejoramiento imagen pública
3. Estrategia de mejoramiento de relaciones con Plan Estrategico
4. Análisis de ejecución presupuestaria mejorado con sistema moderno
5. Informe anual al Congreso mejorado en calidad y visibilidad
6. Implementar agenda de colaboración interinstitucional con organizaciones ciudadanas
7. Crear Oficina de Acceso a la Información e implementar agenda común de acceso a la información  con organizaciones  ciudadanas en función de la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

Conclusiones finales

Para superar las limitaciones y enfrentar los retos desde la Cámara de Cuentas deben asumirse un conjunto de acciones que permitan superar la débil cultura de planificación y monitoreo en el Estado dominicano, y prestar especial atención al desarrollo de la carrera administrativa.

De igual interés debe ser, superar la imagen de politización de la selección de instituciones a auditar, y de manera particular los problemas de credibilidad e imagen de la Cámara de Cuenta; con el objetivo de que la labor que realizan verdaderamente pueda contribuir con la prevención y sanción de la corrupción administrativa en el país.

Como un aporte de este observatorio, PC y el Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, sugieren que se dedique especial atención a la capacitación del sector, por lo que estamos proponiendo la puesta en práctica de un plan de capacitación de carácter sistemático para la Cámara de Cuentas, acción crucial para incrementar la eficacia institucional sobre la base de la especialización y la ampliación de los “know how”. Sugerimos las siguientes condiciones para el desarrollo del plan de capacitación:

1. a)     Acuerdos con instituciones de educación superior nacionales e internacionales.
2. b)    Organización del plan de capacitación en módulos impartidos por docentes nacionales e internacionales.
3. c)   Certificación de los participantes en los módulos, con un diplomado a quienes completen todos los módulos y presenten un trabajo de investigación aplicada a los procesos de la CC.
4. d)     Establecimiento de metas anuales de capacitación.
5. e)    Vinculación de los módulos a los procesos de modernización puestos en marcha en la Cámara de Cuentas.

Para este propósito sugerimos los siguientes módulos, derivados del diagnóstico, los cuales no son excluyentes de otros:

1. a)     Políticas y sistemas de control público.
2. b)     Experiencias internacionales de modernización de las Cámaras de Cuentas.
3. c)     Métodos y Herramientas de Auditoria Financiera e Integral.
4. d)     Gestión de las tecnologías de información y sistemas de rendición de cuentas en las CC.
5. e)     Planificación, monitoreo y evaluación aplicadas a órganos de control público.
6. f)       Coordinación y trabajo en equipo

Ley de la Cámara de Cuentas de la República,

p.11Plan Estratégico de la Cámara de Cuentas, 2002.

Idem.

El análisis documental estuvo restringido por el limitado acceso a documentación requerida a la Cámara de Cuentas durante los encuentros entre sus funcionarios y Participación Ciudadana. Por esa razón hemos titulado esta parte del informe como elementos de diagnóstico.

Levanta tu voz por justicia. Con el propósito de dar seguimiento al curso de los procesos judiciales que se siguen a los imputados en los Fraudes Bancarios, Participación Ciudadana  realizará una Jornada Nacional Contra la Impunidad en los Fraudes Bancarios este 26 de agosto de 2006, a las 9:00 de la mañana en todo el territorio nacional.

Este movimiento cívico entiende que la magnitud e impacto de estos hechos en la sociedad dominicana, tienen que ser conocidos por la ciudadanía, para que esta se convierta en verdadera demandante de justicia en este proceso.

La denuncia en el mes de mayo del 2003 de las autoridades del Banco Central donde presentaron la situación del Baninter, expuso al país uno de los escándalos de corrupción más grandes, no solo por el monto involucrado en el mismo, ya que se revela que asciende a RD$79,406 millones, sino por las diversas modalidades implementadas en el fraude y sobre todo por el alto numero de favorecidos en este proceso.

En este sentido necesitamos trabajar de manera más articulada que permita una amplia integración de ciudadanos y ciudadanas, en la construcción de una sociedad donde impere la justicia; y la impunidad sea parte del pasado, por lo que nos hemos propuesto desarrollar la JORNADA NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN LOS FRAUDES BANCARIOS.

Los objetivos de esta Jornada Nacional son:

1.Profundizar en el impacto de los fraudes bancarios en  la cotidianidad de la población; y motivar la integración activa de todos los sectores que  estimule y fortalezca el quehacer de las organizaciones en acciones por la transparencia y contra la corrupción.

2.Movilizar a más de 1,500 ciudadanos y ciudadanas de las treinta y dos Provincias en demanda por  justicia en los procesos de fraudes bancarios y dotarlos de las informaciones necesarias que le permitan actuar de manera consciente en estos procesos.

3.Definir de manera coordinada acciones para dar continuidad y seguimiento a los procesos judiciales que se llevan a cabo entorno a estos fraudes y promover el respeto al derecho de los ciudadanos y ciudadanas para no ser afectados por intereses  particulares.

Lugares donde se desarrollará esta actividad, Santiago, Santiago Centro, La Yaguita De Pastor, Cienfuegos, La Vega, Espaillat, Moca, Puerto Plata, Altamira, Sánchez Ramírez, Cotuí, Prov. Duarte, San Fco. Macorís, Barahona, Azua, San J, Ocoa San Cristóbal, Haina, San Cristóbal,Villa Altagracia, San Pedro Macorís, La Romana, La Romana, Santo Domingo, Sto. Dgo. Este, La Altagracia, Higuey, Hato Mayor, San Juan De La Maguana, Elias Piña, Comendador, Maria T. Sánchez, Nagua, Samaná, Da jabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Sabaneta, Valverde, Esperanza, Santo Domingo Oeste, Alcarrizos, Santo Dgo., Cristo Rey, Santo Domingo Distrito Nacional, Bahoruco, Villa Jaragua, Independencia y Duverge

Fraudes Bancarios 2003. Presentación realizada por Alfonso Abreu Collado, durante el lanzamiento de esta jornada nacional contra la impunidad en los fraudes bancarios.

¡LEVANTA TU VOZ POR JUSTICIA!
¡INTEGRATE A LA JORNADA EN TU MUNICIPIO!

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana,  realizará al  Seminario “Junta Central Electoral: Alternativas para una Elección de Consenso”, este viernes 4 de agosto de 2006, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Hotel Santo Domingo, Salón Canoabo.

Este seminario se inscribe dentro de los esfuerzos que se realiza este movimiento cívico, para promover  espacio de reflexión que analice diferentes modelos internacionales de órganos electorales y evalúe la experiencia nacional para la selección de una Junta Central Electoral de consenso.

En la actividad se desarrollarán dos paneles, uno que enfoque la experiencia internacional y otro la experiencia dominicana que escogió la JCE del año 1996.

En nota de prensa distribuida por el departamento de Comunicación, PC informa que los expertos internacionales, que participarán son los doctores Juan Fernando Jaramillo, Miembro de la Corte Constitucional de Colombia y Fernando Tuesta Soldevilla, Ex–Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE).

Agrega que los expositores presentarán los modelos de órganos electorales con características distintas, que pueden servir de referencia a las propuestas que se están elaborando en el país, con vistas a modificar las estructuras y competencias de la Junta Central Electoral.

En tanto que el panel de expertos nacionales, estará integrado por el ex – Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Juan Sully Bonelly; los ex – Senadores que participaron en ese proceso de selección: Milagros Ortiz Bosch, del PRD y Jaime David Fernández Mirabal, del PLD. Este panel abordará los diferentes mecanismos de diálogo y  concertación que posibilitaron la elección de una JCE por consenso en 1994.

El acto inaugural contará con las palabras del presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Luis Arias y el coordinador general de Participación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf. La clausura estará a cargo de Javier Cabreja, director ejecutivo.

A este seminario están siendo invitados los senadores salientes y electos, los jueces de la Junta Central Electoral, dirigentes de partidos políticos,  catedráticos universitarios,  académicos, intelectuales e interesados en el tema.

El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresa su satisfacción por la aprobación del proyecto de Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones de parte del Congreso Nacional. Con la aprobación de esta ley se  obliga  al Estado a realizar licitaciones públicas y regular las Concesiones.

Es bueno recordar que durante siete años, nuestra organización se mantuvo impulsando junto a otras organizaciones y personalidades la aprobación de dicha ley. Esta labor incluyó acciones de presentación de propuestas, sugerencias para mejorar la calidad técnica de los ante proyectos sometidos y una amplia difusión de la necesidad de transparentar las compras públicas.

Esta iniciativa, viene a sustituir la legislación básica del sistema, la cual se fundamentaba en leyes que  principalmente datan del 1954, 1966 y 1969, y que se asocian en gran medida, a la tradición administrativa centralista; y a la discrecionalidad, loque facilita los actos de corrupción.

En nota de prensa PC, precisó que para nadie es un secreto que las Compras y Contrataciones Públicas se encuentran dentro de las áreas de mayores riesgo de corrupción. Estudios realizados muestran que algunos de los factores de riesgo de corrupción en esta área están vinculados a la discrecionalidad de los funcionarios que ejecutan el trámite o procedimiento, a la falta decompromiso y sentido de pertenencia, a la urgencia del usuario, a la falta de información sobre trámites o procedimientos tanto del usuario / administrador como de los funcionarios, a la tecnológica obsoletas, y a la poca claridad y transparencia.

Los escándalos de los últimos días, que han puesto ante la opinión pública diferentes contractos aprobados por el Congreso Nacional y sometidos por el Ejecutivo, (que aparentemente no reúnen las condiciones de transparencia y equidad mínima) reafirman  la necesidad de una ley como la aprobada.

La aprobación de este proyecto, se constituye en un paso de avance en la agenda legislativa anticorrupción, la cual será materializada al ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Este movimiento cívico entiende que es necesario que desde los organismos responsables se creen todas las condiciones para la puesta en marcha de esta ley tan esperada por los dominicanos y dominicanas, lo que implicará necesariamente producir los ajustes en la estructura del Estado y sus instituciones.