Las principales amenazas contra la libertad de expresión en América Latina son las agresiones físicas, las leyes que sobreprotegen a los funcionarios públicos, los asesinatos contra periodistas, la impunidad y la autocensura de los comunicadores sociales por temor a represalias.

La afirmación la hizo el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Alvarez, quien subrayó que en la última década han sido asesinados 145 periodistas de América Latina, en su gran mayoría como consecuencia de su labor periodística.

Alvarez señaló que en distintos países de la región se producen agresiones físicas contra los comunicadores. Y en muchos casos, igual que los asesinados, quedan en la impunidad..

“La impunidad es un problema, porque en un país donde agreden a un periodista o los asesinan, y no se castiga a los responsables, eso invita a que sea una acción recurrente, porque no hay una consecuencia”, expresó Alvarez durante un almuerzo con periodistas y ejecutivos de diferentes medios que organizó Participación Ciudadana.

La siguiente gama de violaciones contra la libertad de expresión, según el relator del organismo de la OEA, tiene que ver con las leyes de desacato y difamación, injuria y calumnia, porque son leyes que otorgan una protección especial a los funcionarios públicos, “son leyes que vienen desde el Imperio Romano, donde se concebía que la crítica a los funcionarios podía interferir en sus funciones” y se castigaba y aún se castiga en algunos países con penas de cárcel a quien irrespete a un funcionario público o a una institución pública.

Tras advertir la importancia de este aspecto, Alvarez subrayó que en los últimos años al menos nueve países de la región han derogado la ley de desacato, sin embargo se siguen aplicando –con el mismo propósito- las leyes para los delitos de difamación e injuria.

Esto, a su juicio, constituye un serio problema para la libertad de expresión, y afirmó que en una sociedad democrática los funcionarios deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio en cuanto a sus actividades, pues están administrando dinero y políticas públicas sobre una serie de asuntos muy importantes para los ciudadanos.

Consideró que imponer sanciones penales a los periodistas, por cualquiera de las vías –desacato o difamación e injuria- son desproporcionadas en una sociedad democrática con respecto a eventuales abusos de la libertad de expresión por parte de los periodistas.

Sin embargo, dijo que la CIDH propone que la violación a la libertad de expresión sea sancionada a través de juicios civiles, no penales, y el derecho a rectificación o respuesta “esos son los elementos con que se debería proteger ese derecho” de los funcionarios a que se les respete su honor.

Sin embargo, observó que a pesar de las leyes, casi en ningún país de la región hay periodistas presos, pues en realidad el objeto último de los procesos penales no es encarcelar a los comunicadores, por el escándalo que podría generarse, y subrayó que la violación a la libertad de expresión está, básicamente, en que haya un proceso penal donde el comunicador tiene que ir a responder; en la amenaza de terminar preso o presa, y además es un intento de que el periodista y sus colegas se autocensuren por el temor a ser objeto de procesos penales, que muchas veces implica la prohibición de la salida del país.

“En definitiva, esa es una de las grandes preocupación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, porque realmente se coarta la libertad de expresión a través de los procesos penales”, recalcó Alvarez, quien aboga porque sea derogada, al menos en relación a los funcionarios públicos, la ley de difamación.

Una mayor libertad de expresión

En la percepción de Álvarez, en la región hay una sensación de que en muchos países hay una mayor libertad de expresión de la que realmente existe, debido a la autocensura.

En efecto, dijo que en muchos países se ejerce la autocensura, para evitar represalia, y por eso da la impresión de que hay menos ataques contra la prensa y los periodistas. En algunos casos ha disminuido el número de asesinatos de periodistas, “pero no es porque haya cambiado la situación como tal, sino porque los periodistas al fin y al cabo tienen un temor natural a ser asesinado y dejan de informar sobre el tema”.

Pero no porque se dejen de asesinar periodistas quiere decir que hay mayor libertad de expresión. Y lo mismo puede ocurrir con las legislaciones y las agresiones físicas.

Otro aspecto que atenta contra la libertad de expresión es la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, y resaltó que en muchos países, a los medios que no son muy críticos, el gobierno les asigna mayor publicidad, y eso también puede llevar a la autocensura.

Asimismo, la CIDH ha recibido denuncias de que a medios que son contrarios o que tienen una línea crítica hacia la acción gubernamental se les fiscaliza tributariamente de manera más severa.

Amenaza de la  libertad de expresión

Otro de los factores que amenaza la libertad de expresión es el monopolio de los medios de comunicación. “Ni los monopolios, ni los oligopolios favorecen la libertad de expresión”, precisó Álvarez.

Explicó que cuando se concentra la propiedad de los medios en un solo grupo empresarial o persona se restringe la pluralidad de la información, que es precisamente la idea del derecho a la libertad de expresión, que las personas estén expuestas al mayor número de ideas y pensamientos posibles expresados a través de las noticias, para que se puedan formar su propia opinión.

“Definitivamente la posición de la Relatoría es que los monopolios y los oligopolios no contribuyen al derecho a la libertad de expresión, más bien constituyen una restricción a este derecho”, manifestó Alvarez.

Destacó que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y es un derecho de extrema importancia por el valor intrínseco que tiene y por las consecuencias que conlleva su falta para el disfrute de todos los demás derechos humanos.

¿Qué es la CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D. C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General

Esta actividad contó, además, con la presencia del Dr. Roberto Cuellar M., Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien agradeció a este movimiento cívico la organización de la actividad, escenario que le permitió a esa entidad  plantear su posición en torno a la libertad de expresión.

La actividad se inició con las palabras del coordinador general, Paulo Herrera Maluf, quien dio paso al expositor de la actividad, Dr. Ignacio Álvarez. La moderación del evento la hicieron Juan Bolívar Díaz y Nurys Paulino.

VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
11 de septiembre de 2001
Lima, Perú

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Québec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

 REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio;y

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida,

RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I

La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II

La democracia y los derechos humanos

Artículo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III

Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11

La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13 

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos 

Artículo 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV

Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. 

Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinari

La Carta Democrática Interamericana (CDI), adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001, constituye un  amplio y explícito compromiso con el ejercicio de la democracia en sus dimensiones más profundas.

En el ámbito de los principios, se trata de un documento que amplía las concepciones de la democracia, ratificando no sólo los derechos políticos sino también los económicos, sociales y culturales, vinculándola indisolublemente al desarrollo económico integral.

Con ese instrumento los Estados reafirman los mecanismos establecidos por el sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos, fundamentales en el proceso de consolidación de la democracia que vive el continente (artículos 7-8).

La Declaración es específica en plantear la eliminación de todo género de discriminación, reivindicando los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa (artículo 9), llegando incluso a sostener (artículo 10) que “La promoción y el fortalecimiento de la democracia  requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo” y en otras convenciones.

El artículo 12 de la Carta plantea que “La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”. De ahí que los Estados Miembros de la OEA “se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema…”

Lo que ha dejado sentado la CDI es que no hay posibilidad de un ejercicio pleno de la democracia en medio de la discriminación, la exclusión, el desempleo, la pobreza y la indigencia que en altas proporciones afectan aún a los pueblos latinoamericanos.        Sin embargo, desde sus consideraciones previas y primeros artículo, nos encontramos que su objetivo fundamental es el establecimiento formal de un mecanismo para proteger el ejercicio de los derechos políticos y sancionar la vulneración del estado de derecho colectivo.

En el preámbulo de la Carta se recuerda la Resolución 1080 adoptada en 1991 en Santiago de Chile por los ministros de relaciones exteriores que esbozó un mecanismo de acción colectiva “en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”.

A decir verdad, esa resolución llegó con algún retraso, si lo medimos a la luz de los golpes de estado y otras usurpaciones del poder que  predominaron en América Latina en las décadas de los 70-80. Tan pronto se produjo, tuvo un desafío en Haití con el derrocamiento del primer gobierno del presidente Jean Bertrand Aristide. El mecanismo fue invocado y se pusieron en marcha acciones encaminadas a la restauración del régimen democrático, cosa que no fue posible hasta 3 años después, pero por una acción directa de intervención militar protagonizada por Estados Unidos.

Una segunda invocación de la Resolución 1080 tuvo efecto cuando el presidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado al Congreso y  la Suprema Corte de Justicia del Perú en abril del 1992. El régimen comenzó a ser aislado por la OEA, que en una reunión de cancilleres llegó a darle plazo para la restauración de los mecanismos constitucionales.

Pero la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, en septiembre del mismo año 2002, otorgó un respiro nacional e internacional al régimen, que a partir de entonces fue objeto de condescendencias.

En Mayo del 2003 hubo otro desafío, aunque efímero. El presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías siguió el camino de Fujimori, disolviendo el Congreso y la Suprema Corte para instaurar una dictadura. Se llegó a invocar la Resolución 1080, pero no hubo tiempo de aplicarla. La corte Constitucional declaró ilegítimo el gobierno de Serrano y una reacción popular lo depuso a los 12 días del autogolpe.

Fueron los últimos intentos golpistas en América Latina. El general Lino Oviedo fracasaría más rápidamente cuando intentó apoderarse del gobierno paraguayo en abril de 1996.

La Carta Democrática Interamericana vendría a establecer pautas más definidas para la protección de la democracia y el aislamiento de sus usurpadores. Fue precedida por una cláusula de la declaración final de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en Québec, Canadá. Ella estableció que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en las cumbres de las Américas.

El capítulo IV de la CDI establece los mecanismos para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en el continente. El artículo 19 , basado en los principios de la Carta de la OEA y en concordancia con la Declaración de Québec, instituye que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”.

Se prevén mecanismos para el restablecimiento de la normalidad democrática a través de gestiones diplomáticas dispuestas desde el Consejo Permanente de la OEA. Y si estas resultan infructuosas la Asamblea General podría suspender la participación en la Organización del Estado Miembro donde se rompiera el orden democrático, hasta su total restablecimiento.

No hay dudas de que la Carta Democrática Interamericana es un instrumento positivo. Aunque no ha sido probado plenamente, debe haber disuadido algunas maniobras antidemocráticas y contribuido a la estabilidad sin precedente por la que atraviesa el orden constitucional latinoamericano, ahora sólo sacudido por los terremotos populares originados en las profundas fallas económicas que han acumulado tensiones, exclusiones y una enorme deuda social en los pueblos de la región.

Todavía la CDI no ha tenido un claro y grave desafío. Parece haberse salvado de entrar en crisis cuando fracasó el golpe de Estado contra el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez en abril del 2002.

Dos años después la deposición del presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, al compás de una nueva ocupación militar norteamericana, encendió cuestionamientos al mecanismo interamericano.

La circunstancia de que el gobierno de Aristide había devenido en una cuasi dictadura cuestionada masivamente por las organizaciones políticas y sociales, el poco peso de Haití en el escenario latinoamericano y mundial, el respaldo de varios países latinoamericanos que también enviaron soldados a la vecina nación, y el cansancio de la permanente crisis institucional haitiana crearon una nebulosa en la cual se disipó el cuestionamiento al sistema interamericano.

Para la República Dominicana la Carta Democrática Interamericana puede haber jugado un papel disuasivo de maniobras antidemocráticas que si bien se baten en retirada desde hace una docena de años, todavía no han desaparecido por completo.

Gestiones diplomáticas de una misión de la OEA fueron puestas en marcha a raíz de la última crisis institucional dominicana, tras las viciadas elecciones de 1994, cuando una comisión oficial comprobó la alteración del padrón electoral y otras maniobras para vulnerar el ejercicio libre del voto. Esas gestiones contribuyeron a una salida transaccional a la crisis política, implicando el adelanto de elecciones, reduciendo a la mitad el período del gobierno que prevaleció tras el fraude electoral.

A mediados y finales del 2001 la nación enfrentó las maniobras de la mayoría del Congreso Nacional que intentaba auto prolongarse por dos años el período para el cual habían sido electos, con el pretexto de volver a instituir los comicios legislativos en el mismo año de los presidenciales.

En un artículo analítico que publiqué el 16 de septiembre del 2001 en el diario Hoy estimé que ese intento continuista antidemocrático había recibido un nuevo golpe con la adopción de la CDI por parte del Sistema Interamericano, incluido el Estado dominicano. Expliqué que una prolongación antidemocrática del mandato caería en los actos que condena la Carta. No puedo decir que la adopción del mecanismo fuera el freno definitivo, pero es probable que haya sido otro elemento disuasivo.

La cultura autoritaria, la debilidad de las instituciones nacionales, la predominancia de dictaduras en las dos terceras partes de los 162 años de la República y la todavía viva recurrencia al abuso del poder, determinan que tengamos todavía una democracia en transición. Y  en esta etapa es saludable la existencia de mecanismos como la Carta Democrática Interamericana.

La reciente elección legislativa y municipal ha evidenciado que, aunque ha mejorado el sistema electoral dominicano con un eficaz padrón electoral y mecanismos participativos más transparentes, todavía prevalece una cultura poco democrática en el sistema partidista.

El uso y abuso de los recursos del poder, incapacidad en la gestión de los colegios electorales, maniobras como el traslado de electores para buscar ventajas en las jurisdicciones de menor población, el clientelismo, el rentismo, el transfuguismo y la compra de votos todavía ensombrecen el sistema democrático nacional.

Los enconos y violencia en que se desarrollan los procesos electorales, aún al interior de los mismos partidos, donde prevalecen las imposiciones de candidaturas, generan situaciones que dificultan los acuerdos para la gobernabilidad y los programas de desarrollo de la nación.

Ciertamente la CDI es un buen mecanismo de defensa del orden democrático. Aunque siempre quedará el riesgo de que políticas internacionales equivocadas, como las que frecuentemente ha ejecutado Estados Unidos, pretendan utilizarlo para sancionar gobiernos que se salgan de su redil.

Desde luego, ya no es fácil conseguir consenso para una intervención militar o política para imponer intereses extraños. Tampoco para autorizar a una nación, por más poderosa que sea, a decidir por sí sola cuándo un Estado se ha salido del ámbito democrático, como se habría intentado en la asamblea de la OEA de junio del año pasado. –

Participación Ciudadana, el Centro Carter, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas  y Sociales (CRIES) y Amigos de la Carta Democrática Interamericana,  analizaron en un foro los alcance de la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca preservar los derechos políticos y sancionar la vulnerabilidad del Estado.

La actividad se inició con las palabras del coordinador general, Paulo Herrera Maluf y los expositores fueron Jhon Graham y Shelley McConnell, representantes de Amigos de la CDI y del Centro Carter, respectivamente; el periodista Juan Bolívar Díaz y el sociólogo Wilfredo Lozano.

Esta carta fue calificada por los representantes del Centro Carter y Amigos de la CDI como buena y coinciden en que contribuye a la estabilidad del orden constitucional de la región, algunos entienden que la misma contiene limitaciones que condicionan su eficacia. Creen que la CDI es una flexibilidad de la OEA que, a pesar de su falta de fuerza y eficacia, sigue siendo un compromiso significativo para la democracia, además, de ser el documento preventivo a la posibilidad de un golpe de estado.

Mientras, que los expositores locales, la consideran un órgano de defensa de la democracia, aunque no ha sido probada plenamente.

La carta fue escrita en septiembre del 2001. La actividad que fue organizada por Participación Ciudadana, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales y Amigos de la Carta Democrática,  fue presidida además por el Director Ejecutivo, Javier Cabreja.

PALABRAS DE APERTURA PAULO HERRERA MALUF,

COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Muy buenos días

Señora Shelley McConnell, Directora  Adjunta del Programa de las Américas del Centro Carter,  sr. John Graham Representante de Amigos de la Carta Democrática Interamericana, sr .Rodolfo Wlasiuk,  Representante de CRIES, panelistas dominicanos invitados Juan Bolívar Díaz, Miembro de la Comisión Política de Participación Ciudadana, Wilfredo Lozado, Sociólogo, Consultor Nacional e Internacional.  Señoras y señores todos, Bienvenidos a este Foro   que hoy convocamos.

Participación Ciudadana se siente honrada por ser junto a las organizaciones aquí presentes anfitriona de este importante FORO sobre la Carta Democrática Interamericana, evento que se celebra en el marco del XXXVI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea.

Este importante Foro debe movernos hacia la reflexión continua de la importancia que tiene para los países del hemisferio,  promover y  fortalecer la democracia  como forma de gobierno,  con el interés de tener una convivencia armónica y de respeto entre los pueblos del mundo.

En el caso particular de nosotros, los dominicanos y dominicanas, nos debe mover a ponderar los avances que como nación hemos logrado  y los retos que tenemos que asumir, para consolidar la cultura y las prácticas democráticas, que  favorecen la gobernabilidad, el desarrollo polítco, social y económico de nuestra nación.

La intención de  tan importante documento como es la Carta  Democrática Interamericana,  debe dejar de ser un a aspiración, para convertirse en un documento viviente, interiorizado por los ciudadanos y ciudadana para   la participación  y  autodeterminación  de los pueblos.

Debe ser esta promoción una acción continua  en la que nos sintamos comprometidos  no solo la OEA como organismo coordinador y los gobiernos de la Región, sino también las organizaciones cívicas y sociales y cada ciudadano o ciudadana en particular a través de sus espacios de participación.

Las organizaciones de la sociedad civil  tenemos la oportunidad de a través de la Carta Democrática Interamericana fomentar la conciencia colectiva  en la ciudadanía,  enarbolando los principios  y valores democráticos  en torno a la  libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia y que  están contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera promover y hacer respetar todos los derechos que procuren  el bienestar de las naciones.

Son las actuaciones de nosotros,  los que comprometidos y comprometidas  con  el fortalecimiento de la democracia, legitimizamos  con nuestras actuaciones, los preceptos que contiene la carta democrática interamericana,  la cual expone a través  de los  concepto de la solidaridad  y la cooperación  el desarrollo sostenible y el ejercicio  de la democracia representativa.

Esperamos que al finalizar este Foro, podamos salir con la convicción de que la carta democrática interamericana, es una herramienta valiosa para fomentar la conciencia sobre la importancia de preservar la democracia, un instrumento que favorece la comprensión del gran escenario en que la democracia se construye, pudiendo ser una forma de vida, y no únicamente un sistema de gobierno, y cuya consolidación va en beneficio de la ciudadanía del mundo, enarbolando el respeto mutuo, el derecho de libertad de los pueblos y al mismo tiempo promover la solidaridad para que  toda  acción en detrimento de una democracia existente pueda ser internacionalmente repudiada.

Muchas gracias,

El movimiento cívico,Participación Ciudadana afirmó que es un derecho de los partidos políticos el interponer recursos electorales en aquellos lugares en que entiendan se han violentado sus derechos; pero rechaza totalmente que esos reclamos se vean acompañados de manifestaciones públicas o protestas, que atenten contra la paz pública y llenen de tensión a la sociedad dominicana.

La institución hace un llamado a los partidos políticos a no realizar reclamos sin base ni fundamento, que puedan contribuir a fanatizar a las militancias partidarias.  “Los partidos reclamantes deben reunir todas las pruebas que sustenten sus alegatos y tramitar los mismos por las vías institucionales establecidas, pero en todo caso, deben prepararse para aceptar las decisiones finales que la Junta Central Electoral adopte al respecto".

En declaración de prensa emitida por Javier Cabreja, Director Ejecutivo de PC, se afirma que la Junta Central Electoral, una vez concluido el cómputo de votos provisional,   está en la obligación de conocer ágilmente de los diferentes recursos de impugnación presentados por las fuerzas políticas del país,    principalmente en las provincias y municipios en que la diferencia entre los candidatos que quedaron en primer y segundo lugar es muy reducida.   Este es el caso de las provincias de Bahoruco, Barahona, Elias Piña, Independencia, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís y Pedernales. De igual modo, es lo que sucede en varios municipios del país,  tales como Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, entre otros.

Participación Ciudadana señala que esta medida va a contribuir a que el proceso electoral sea percibido como transparente y a fortalecer la credibilidad en sus resultados. “También es necesario – indica la declaración – que se revisen los votos declarados nulos, en aquellos casos en que la cantidad de estos sea mayor que la cantidad de votos que le lleva un candidato a otro”.

La organización de la sociedad civil indicó que sus representantes estarán presentes en todos los casos en que se disponga el reconteo de votos o la revisión de votos nulos, velando porque se respete la voluntad popular expresada en las urnas. “Es necesario – añade la nota- que la Junta Central Electoral a través de la Policía Electoral garantice la seguridad de las urnas, a fin de que las boletas allí depositadas puedan servir efectivamente a este proceso de reconteo”.

Santo Domingo, D.N.

El movimiento cívicoParticipación Ciudadana presenta al pueblo dominicano y a la comunidad internacional, su Segundo Informe de la Observación Nacional de las elecciones congresuales y municipales realizadas en el día de hoy.

El desarrollo de las votaciones en la Tanda Vespertina

Hemos comprobado que la jornada de votación vespertina transcurrió satisfactoriamente.

En consecuencia, las votaciones de toda la jornada electoral se desarrollaron dentro de parámetros adecuados.

El Escrutinio

La observación del escrutinio sugiere lentitud en el proceso, ya que en el 55.1% de los colegios electorales de la muestra se hizo sin ninguna anomalía, en el 13.7% hubo algún tipo de anomalía.  Se destaca que, a las 11:00 de la noche había sido imposible para nuestros observadores reportar sobre el 31.2% de la muestra.

Hemos recibido información de colegios y centros completos de votación en los que el proceso no ha podido ser concluido.  Se han reportado, incluso, algunos incidentes que retrasan aún más la conclusión del escrutinio.

Ambiente general de la Jornada Electoral

Nuevamente, la ciudadanía que acudió a votar lo hizo en orden y con gran espíritu cívico, por lo que merece nuestro reconocimiento.

En general, los ciudadanos pudieron ejercer su derecho a voto sin mayores restricciones.

Los colegios electorales funcionaron en su mayoría adecuadamente, permitiendo que la jornada tuviera un balance positivo en la parte organizacional.

Dificultades durante la votación

Verificamos, al igual que en la jornada matutina, un excesivo activismo político partidario en los centros de votación, llegando en algunos casos hasta el hostigamiento a los electores.

También se reportaron incidentes violentos en algunas localidades; como fue el caso de varias comunidades de Salcedo, en el municipio de Azua, y en algunos colegios del Distrito Nacional y de la Provincia Santo Domingo.  En el municipio de Moca se reportó un tiroteo en la Escuela Valentín Michel con el saldo de varias personas heridas.

Se comprobaron varios casos de compra de cédulas por parte de representantes de las alianzas principales.  Los casos reportados sucedieron en Moca, en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo.

Comprobamos que durante la jornada electoral algunos establecimientos comerciales expendieron bebidas alcohólicas, en violación a la Ley Electoral.

Hubo algunas celebraciones anticipadas en la provincia Duarte y en el Distrito Nacional.

Dificultades durante la observación

En diferentes centros de votación, los observadores de Participación Ciudadana confrontaron dificultades para entrar y permanecer en los mismos, sobre todo en el momento del escrutinio.   Esta situación se presentó en Jánico, donde los observadores fueron impedidos de entrar a la junta municipal de esa localidad; así como en colegios electorales de Azua, San Cristóbal, Juan de Herrera y Santo Domingo.

El impedimento se mantuvo a pesar de que los observadores estaban debidamente identificados y acreditados y de que representantes de la Junta Central Electoral ordenaron que se permitiera a los observadores el acceso libre a los colegios, incluyendo la presencia al momento del escrutinio de los votos.

El Conteo Rápido

Tal y como habíamos anunciado, hemos realizado un conteo rápido en los dos niveles de elecciones, en base a una muestra aleatoria preseleccionada por Participación Ciudadana, en la provincia de Santiago con una muestra de 120 colegios  y en el Distrito Nacional  con una muestra de 100 colegios.

El resultado de este conteo rápido procederemos a entregarlo a la distinguida señora Altagracia López, Dentro de unos momentos le será entregado a la Junta Central Electoral, a las Juntas Electorales del Distrito Nacional y de Santiago; así como a organismos de observación internacional. En razón de las restricciones establecidas por la Junta Central Electoral, estos resultados serán dados a conocer, una vez sean presentados los cómputos oficiales.

Datos del informe:

El presente informe refleja los resultados de los reportes presentados por 179 equipos de observación electoral, que agrupan a tres mil quinientos voluntarios en todo el territorio nacional y que desde tempranas horas de la mañana, hasta bien entrada la noche, han realizado un gran esfuerzo en procura de garantizar la transparencia y limpieza de los comicios.

La observación desarrollada por Participación Ciudadana con la colaboración de más de 100 organizaciones sociales en todo el país, incluye los colegios electorales, centros de votación y juntas electorales, complementada con las observaciones itinerantes en todos los municipios y  en los locales de votaciones  del territorio nacional.

El proceso de observación continúa en las juntas electorales municipales y en la Junta Central Electoral hasta que se culmine el trabajo de cómputo y proclamación de resultados finales.

Llamamos a la ciudadanía y a la militancia de los partidos políticos a esperar pacientemente los resultados oficiales que serán ofrecidos por la Junta Central Electoral, confiados en que los mismos serán la fiel expresión de la voluntad popular manifestada en las urnas.

Participación Ciudadanaemitirá un tercer informe al concluir con el escrutinio de la muestra de la observación.

CONSEJO NACIONAL

Santo Domingo, D.N.

El movimiento cívico Participación Ciudadana lamentó la decisión tomada por la Junta Central Electoral, en el sentido de rechazar la solicitud que le había formulado esta organización para que anulara los cambios de domicilio irregulares de miles de votantes hacia la provincia de Pedernales.

En declaración de prensa emitida por Paulo Herrera Maluf, Coordinador General de esa entidad, se señala que el organismo electoral no valoró al tomar esta decisión el que la mayoría de los 3,454 electores que aparecen en el Padrón Electoral de Pedernales, con cambio de domicilio hacia esa provincia, no son realmente residentes allí, tratándose de personas que tienen su domicilio real en el Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo, San Cristóbal y otras localidades.

“Consideramos totalmente ilegítimo que personas que no residen en la provincia de Pedernales ni son oriundos de esa localidad, ejerzan el voto para escoger las autoridades municipales y congresionales de esta provincia, pudiendo afectar el resultado final de las elecciones en dichas localidades”, expresó Herrera Maluf.

Participación Ciudadana lamentó que la ambición política de ciertos dirigentes haya provocado trastornos como el de los “movilizados” hacia Pedernales. Añade la nota que el traslado de miles de votantes a la provincia de Pedernales no ha sido un hecho fortuito sino podría responder a una clara estrategia para obtener la victoria en esta demarcación, en lacual  con una pequeña proporción de electores se podría obtener el triunfo tanto al nivel del Congreso como de los municipios.

En tal sentido, PC demandó que la JCE reconsidere su decisión en torno al caso de Pedernales, elaborando un padroncillo que contenga a los electores que fueron movilizados a esta provincia,  de manera que los mismos voten en sus Colegios de origen. De igual forma, la institución reiteró su pedido de que este alto tribunal siga con las investigaciones respecto a los movilizados a  nivel nacional y que las mismas  sean llevadas hasta las últimas consecuencias, estableciéndose las debidas responsabilidades.

Participación Ciudadana informó que ha decidido realizar un operativo especial de observación en la provincia Pedernales para el próximo 16 de mayo. “Nuestros observadores electorales estarán en la entrada de Pedernales y Oviedo verificando quienes llegan desde otros municipios a ejercer el sufragio. Vamos a disponer de decenas de observadores en los distintos colegios electorales de toda la provincia, dando un seguimiento especial a aquellos movilizados que se presenten a ejercer el voto”, concluye la nota.

El movimiento cívico Participación Ciudadana llevará a cabo este domingo 7 de mayo un simulacro de la observación electoral.

La entidad explicó que este ensayo le permitirá poner  a prueba el funcionamiento de las diferentes unidades técnicas y la organización del proceso de observación electoral que llevará a cabo en las elecciones del 16 de mayo a nivel nacional.  

Participación Ciudadana precisó que la materialización del ensayo tiene el objetivo de detectar las fallas y debilidades del centro de operaciones que se montará el día de las elecciones, a fin  poder aplicar con tiempo los correctivos necesarios y optimizar el esfuerzo de vigilar el cumplimiento de la ley  y la transparencia del proceso electoral.

La organización cívica informó que esta es una de las actividades más importantes para el proceso de observación de las elecciones, pues constituye un ensayo general de los diferentes tipos de monitoreo que se aplicarán el día de los comicios. 

El voluntariado, los miembros del Consejo Nacional y el personal técnico de Participación Ciudadana trabajarán en el simulacro en todo el territorio nacional, desde las 8:00 de la mañana hasta la 12:30 del medio día.

Durante este simulacro se podrán detectar los mínimos errores, tales como retrasos en la transmisión de los resultados, flujos de información o inconsistencias en los datos recibidos.

Durante el desarrollo del simulacro este domingo 7 de mayo, los Coordinadores y la Red de voluntarios agrupados en los diferentes  comités y núcleos municipales, trabajarán en la organización y supervisión del operativo en cada una de sus comunidades.

Con este simulacro, Participación Ciudadana pondrá a prueba nuevamente el sistema de observación electoral que con éxito llevó a cabo en las elecciones presidenciales de 1996, 2000 y  2004  y en las congresuales y municipales de 1998 y el 2002.

El movimiento cívico Participación Ciudadana anunció que ha desplegado cientos de sus observadores en todo el país, con el propósito de investigar la situación de las personas que han aparecido “movilizadas” en el padrón electoral. Desde el sábado 29 de abril, los observadores de Participación Ciudadana están verificando personalmente que las personas movilizadas lo hayan hecho por su propia voluntad y que esos cambios de residencia no obedezcan a una estrategia orientada a vulnerar la voluntad popular mediante la creación de mayorías artificiales ajenas a las aspiraciones de los verdaderos habitantes de los diferentes municipios y provincias del país.

En declaración de prensa dada por Paulo Herrera Maluf, Coordinador General de esa organización, se señala que resulta inquietante que se hayan movilizado miles de electores de un municipio a otro en una cantidad no acostumbrada en períodos anteriores. “Los datos que ha procesado Participación Ciudadana indican que 94,649 electores  cambiaron de municipio desde las últimas elecciones del año 2004. Esta suma es desproporcionada si la comparamos con la cantidad de personas  que realizaron ese cambio en los años anteriores, que en ningún caso sobrepasan los 30,000”, indica la nota. Para la organización cívica llama la atención que, por ejemplo, al municipio de Oviedo se hayan mudado 1,801 electores, mientras que para el municipio de Pedernales 1,695 electores, lo que arroja un total de 3,496 ciudadanos que representan un 20.8 % de los inscritos en la provincia de Pedernales.  Advierte PC que similar situación ocurrió en otros municipios del país, tales como Villa Tapia, a donde se trasladaron 1,146 electores; y San Ignacio de Sabaneta, con un total de 1,053 personas.

“En estas circunstancias, nuestra organización ha decidido además realizar una observación especial en los municipios y provincias en que se confirmen estas circunstancias, redoblando la presencia de observadores y tomando otras medidas complementarias”, añade PC.

Finalmente, Participación Ciudadana llamó a la Junta Central Electoral a profundizar sus investigaciones sobre esta temática y asimismo, convocó a todo el pueblo a que se verifique en el padrón electoral confirmando el colegio electoral donde le corresponde ejercer el sufragio. “Llamamos a la ciudadanía a utilizar el Internet y Fonojunta, con el propósito de confirmar si coincide el colegio electoral que aparece en su cédula y el que está registrado en el padrón electoral”, concluye la nota.

Luego de una larga jornada de capacitación y educación ciudadana en el que se involucró de manera activa a jóvenes estudiantes de diferentes centros educativos en la promoción de los valores éticos  y la lucha contra la corrupción, Participación Ciudadana culmina las Cruzadas Estudiantiles Anticorrupción 2005-2006, durante un evento en que asistieron más de 500 estudiantes del país.

Jóvenes estudiantes de los centros educativos Geraldo Jansen vespertino y matutino de Higuey, Arístides Fiallo de la Romana,  Federico Henríquez y Carvajal de Barahona, Profesor Emilio Casado y José Núñez de Cáceres de San José de Ocoa, Ercilia Pepin, San Francisco de Macorís y Manuel Acevedo Serrano de Cutupú, La Vega, se dieron cita en la actividad, donde presentaron sus trabajos y propuestas de cómo se debe combatir la corrupción.

También, asistieron representantes de los colegios Nuestra Señora de la Altagracia y Parroquial San José de Higuey; Cristo Rey de Barahona;  Federico Flover de San José de Ocoa; Vega Nueva y Don Luis Despradel de La Vega y elpolitécnico Lilian Bayona de La Romana.

Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes hicieron socio-dramas, canciones, expusieron las síntesis de sus investigaciones y campaña anticorrupción.

Esta jornada de reflexión que organiza el movimiento cívico, Participación Ciudadana, pretende sensibilizar a los jóvenes frente a la necesidad de recuperar los valores que fortalecen la honestidad como parámetro para actuar en las responsabilidades públicas y privadas.

Asimismo, contribuye con la formación integral de los jóvenes estudiantes y pretende ir sentando las bases para que los jóvenes estudiantes asuman la ética como práctica de vida y a nivel profesional.

El acto inaugural de la actividad contó con la presencia de directivos de la institución, encabezado pro el coordinador general, Paulo Herrera Maluf y el Director Ejecutivo, Javier Cabreja.