El movimiento cívico Participación Ciudadana reitera la necesidad de que la próxima Junta Central Electoral sea integrada sobre la base de un alto consenso político y social. Para ello, es necesario que los partidos políticos, los senadores y la sociedad, se pongan de acuerdo en el perfil que deben tener las personas que tendrán la alta responsabilidad de dirigir los trabajos del tribunal de comicios.

Sometemos a consideración de la opinión pública algunos de los elementos que entendemos deberían caracterizar a los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral:

1.      Reconocida integridad; evidenciada con una trayectoria pública y privada en la cual el aspirante haya sido objeto del aprecio y respeto social. Personas que hayan estado involucradas en escándalos públicos, actos de corrupción, tráfico de influencia o violaciones graves a las leyes penales, no deben ser consideradas para estas posiciones.

2.      Independencia Partidaria; lo cual quiere decir que es imprescindible que los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral no sean dirigentes comprometidos de los partidos políticos evitando que una aguda politización del organismo cree un ambiente electoral de inseguridad y desconfianza.

3.     Capacidad Profesional;caracterizada no solamente por un buen conocimiento de la Constitución de la República y la Ley Electoral, sino también de los problemas sustanciales que afectan al sistema electoral dominicano, al registro civil, a los partidos políticos y a los otros componentes relacionados con la actividad que desarrolla la Junta.

4.      Experiencia Electoral; derivada de su participación en los procesos electorales dominicanos, sea en calidad de funcionario electoral o de observador del mismo.

5.      Apertura Institucional;expresada por su vocación a promover la participación de los diferentes actores políticos y sociales en la elaboración e implantación de propuestas orientadas a la solución de los problemas pendientes en la agenda electoral.

Como en otros procesos similares, nuestra organización no presentará ningún candidato o candidata en particular para formar parte de la Junta Central Electoral. Tampoco apoya la candidatura de ningún miembro o directivo de Participación Ciudadana para formar parte del organismo electoral.

Además de los elementos antes mencionados, los miembros del organismo deben cumplir con los requisitos establecidos legalmente por la Ley Electoral No. 275-97 en su Art. 4. Esto es, ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y ser  licenciado o doctor en derecho con un mínimo de doce (12) años de ejercicio profesional.

Participación Ciudadana considera necesario, asimismo, que se establezca un procedimiento transparente para la escogencia entre los candidatos presentados, sobre la base del perfil previamente consensuado

Quienes sean escogidos para integrar el tribunal electoral deben asumir el compromiso público de realizar un diagnóstico de todas las dificultades que se han  presentado en pasados comicios y efectuar los correctivos necesarios, con la participación de representantes de las diferentes fuerzas sociales y políticas del país. En ese sentido reiteramos nuestro llamado de que a que las personas seleccionadas para formar la JCE se comprometan con el respeto de la Ley 8-92 para que se elimine la discrecionalidad con que actúan los oficiales del Estado Civil y las oficialías dejen de ser usadas como botín a repartir.

Participación Ciudadana está en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de un consenso entre las fuerzas políticas y sociales de la nación, con miras a lograr que la elección de la nueva Junta Central Electoral se aproxime al perfil deseado. A mediano plazo, aspiramos a una reforma legislativa integral que rediseñe las estructuras y competencias de nuestro órgano electoral, estableciendo un mecanismo legal que garantice la idoneidad en la elección de sus integrantes, sobre la base del consenso y la participación.

Santo Domingo, D.N.

El pasado 16 de agosto han asumido sus funciones 32 senadores y 178 diputados, que constituyen el nuevo Congreso Nacional de la República Dominicana para el período constitucional 2006-2010. El Congreso Nacional representa uno de los principales poderes del Estado que tiene la triple competencia de legislar, representar y fiscalizar a favor del interés público. Sin embargo, el país ha vivido recientes experiencias en las cuales los legisladores han actuado de espaldas a la sociedad, aprobando iniciativas que comprometen gravemente el patrimonio del Estado y descuidando gravemente sus responsabilidades de representar la ciudadanía y vigilar por la buena marcha de la gestión pública.

Ante un nuevo Congreso Nacional, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)  tiene mayoría en ambas cámaras, el movimiento cívico Participación Ciudadana  aspira a que los congresistas asuman sus atribuciones observando una conducta ética, transparente y receptiva, que les permita ser los verdaderos representantes de los electores que les han endosado su voto en las elecciones generales. En particular, les pedimos públicamente a los legisladores y legisladoras electos asumir los siguientes compromisos:

1-Una Política que fortalezca la gobernabilidad[1] . Es necesario que el Congreso Nacional actúe como representante de los intereses de la ciudadanía y no exclusivamente de los partidos políticos allí representados, de sectores empresariales y sus intereses personales. Los legisladores deben tomar sus decisiones sobre la base de una consulta permanente con la ciudadanía, sometiendo a un minucioso estudio las iniciativas presentadas,  respetando la voluntad de la mayoría, pero sin violentar los derechos de la minoría. Proponemos que el Congreso Nacional adopte una política que fortalezca la gobernabilidad democrática y propicie decisiones de alta legitimidad política y social.

2-Elección Institucional de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.El nuevo Congreso Nacional tiene la responsabilidad de designar los integrantes de diversas instituciones claves para la democracia dominicana. La elección de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, debe hacerse sobre la base de una ponderación minuciosa de cada persona que vaya a ocupar uno de esos cargos y tomando en cuenta las posiciones de los diferentes partidos políticos y la ciudadanía organizada, propiciando la incorporación de personas íntegras y técnicamente calificadas para el desempeño de estas delicadas funciones.

3-Dar Continuidad a la Agenda Legislativa Pendiente. Una de las grandes responsabilidades de los nuevos legisladores es dar continuidad a la discusión de importantes iniciativas que habían sido presentadas por sus predecesores e incluso por el Poder Ejecutivo. Algunas de estas iniciativas están contenidas en la Agenda Legislativa Priorizada del Senado y otras ya han sido aprobadas por una u otra cámara. Dentro de esos proyectos pendientes podemos citar las propuestas de Código Civil Reformado, Ley Orgánica Municipal, Ley de Presupuesto, Ley General de Participación,  Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y Ley Contra la Corrupción en la Administración Pública.

4-Ejercicio pleno de la Función de Fiscalización. El parlamento es un contrapeso sustancial de los demás poderes del Estado. Le corresponde la fiscalización de todos los poderes públicos incluyendo el Ejecutivo, el Judicial, los organismos descentralizados y autónomos y los municipios. Es hora de que el Congreso Nacional asuma plenamente su función de fiscalización, haciendo un estudio minucioso de la rendición de cuentas que cada año le remite el Ejecutivo y analizando los informes de auditoria proporcionados por la Cámara de Cuentas. Un efectivo cumplimiento de la función de fiscalización, implica además que los contratos nacionales y extranjeros así como los convenios y tratados provenientes del Poder Ejecutivo; Deben ser objetos de un cuidadoso estudio por parte de los legisladores, a fin de evitar la repetición de episodios desagradables, en los cuales el Congreso Nacional aprobó instrumentos onerosos para el Estado dominicano.

5-Una Política Moderada de Crédito Público. Esperamos que los legisladores adopten una política moderada respecto a los contratos de préstamos, emisión de bonos o aprobación de otros instrumentos que comprometan el crédito público. Es necesario que velen porque el Ejecutivo cumpla estrictamente la nueva Ley de Crédito Público y fomente una auténtica conducta austera en la administración de los fondos del erario. Una actitud irresponsable que conlleve a la aprobación de numerosos empréstitos sin la suficiente justificación, puede tener efectos nocivos para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la definitiva superación de la crisis financiera que ha afectado al país en los últimos años.

6-Limitación de las pensiones privilegiadas.Uno de los elementos que más ha desprestigiado la actividad parlamentaria es la aprobación de leyes de pensiones a favor de cientos de personas, sin que se tomen en cuenta criterios apropiados, tales como, la labor desempeñada, la antigüedad en el servicio público y la edad. Este nuevo Congreso Nacional debe poner fin definitivo a las pensiones privilegiadas, reservándolas únicamente en casos excepcionales para aquellos ciudadanos y ciudadanas que haya prestado servicios eminentes a la nación y sobre la base de criterios previamente definidos y una evaluación minuciosa.

7-Detener la fragmentación del territorio nacional.  La República Dominicana no tolera que se siga dividiendo sin ningún reparo el territorio nacional, elevando de categoría a poblaciones que no reúnen los requisitos mínimos y creando nuevas provincias y municipios. El Congreso Nacional debe paralizar de inmediato la creación de nuevas demarcaciones territoriales hasta tanto no se apruebe la Ley Orgánica Municipal, que establece de manera estricta los requisitos que debe reunir un territorio para adquirir tal o cual categoría.

8-Respetar la Carrera Administrativa Legislativa. Las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado de la República están en la obligación de respetar la nueva Ley de Carrera Administrativa Parlamentaria, que consagra la inamovilidad para aquellos empleados de carrera del Congreso Nacional que han acumulado méritos y experiencia invaluables para el funcionamiento del organismo. Rechazamos cualquier tipo de “aplanadora” o despidos masivos que afecten al personal administrativo de carrera en el Congreso Nacional.

9-Mayor Transparencia. Finalmente, Participación Ciudadana espera que las nuevas autoridades del Congreso Nacional profundicen el proceso de reforma y modernización del organismo, y que muy especialmente tomen las medidas necesarias para que la labor del Congreso sea mejor difundida en la sociedad, para que la ciudadanía tenga libre acceso a las decenas de expedientes que se tramitan en ese organismo y las diferentes decisiones que adoptan las cámaras. Cada una de las Cámaras tiene pendiente la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la creación de las Oficinas de Acceso a la Información y la organización de páginas de Internet con información relevante sobre el funcionamiento de la institución y los datos particulares de cada uno de sus integrantes.

Desde Participación Ciudadana reiteramos nuestra voluntad de aunar esfuerzos con los legisladores y legisladoras en impulsar una agenda legislativa común, a beneficio del interés público; así como de fortalecer las competencias y calidades de las Cámaras para un mejor ejercicio de sus funciones de representación y fiscalización.

Presentado por Paulo Herrera Maluf, Coordinador General de Participación Ciudadana

1. ANTECEDENTES 

La Ley 10-04 de Enero del 2004 de la Cámara de Cuentas (CC), ha buscado reemplazar un “régimen legal obsoleto, limitado e ineficaz”para instaurar una “dinámica transformadora” que actualice el desarrollo institucional para un ejercicio más efectivo del control público en la República Dominicana.

En los últimos años, de manera concomitante con la formulación y aprobación del nuevo marco legal, la Cámara de Cuentas, bajo el apoyo de un proyecto de modernización auspiciado  por el BID, ha elaborado un proceso de planificación estratégica,  de desarrollo tecnológico e impulsos hacia un mayor desarrollo institucional de las capacidades de auditoria y control.

En el marco de la formulación de su Plan Estratégico, la CC estableció su misión institucional de la manera siguiente:

Proteger el patrimonio del Estado dominicano, fiscalizando con independencia y eficacia la gestión de los administradores de recursos públicos y rendir informe a la Nación

Los principios para poner en práctica dicha misión fueron planteados como los siguientes:

• Independencia
• Transparencia
• Fiscalización
• Profesionalismo
• Eficiencia

La Cámara de Cuentas tiene una serie de líneas matrices que pueden pautar sus políticas generales, las cuales se sintetizan en lo siguiente:

1. a)     Autonomía funcional y presupuestaria de la CC
2. b)     Establecimiento de un Sistema Nacional de Control y Auditoria
3. c)     Armonización de las normas relativas al control y Auditoria
4. d)     Análisis y examen de las cuentas a través de la Auditoria Gubernamental.
5. e)     Ampliación de las atribuciones de la CC
6. f)       Fortalecimiento de las relaciones con el Congreso Nacional
7. g)     Establecimiento de un Sistema de Rendición de Cuentas que involucre a usuarios y usuarias de los servicios de la CC
8. h)     Fortalecimiento del soporte tecnológico

Este documento obedece a la iniciativa del Instituto de Auditores Internos de Republica Dominicacana (IAIRD) y  Participación  Ciudadana quienes han unido esfuerzos para establecer una plataforma cívica de seguimiento que contribuya a consolidar el proceso de modernización y la efectividad de la Cámara de Cuentas, así como el cumplimiento de su misión y principios, a partir de un diagnóstico de las limitaciones, avances, retos, oportunidades y amenazas al ejercicio del control público.

Siendo así, los objetivos de este observatorio son Fortalecer el rol de control público y rendición de cuentas de la Cámara de Cuentas mediante el seguimiento externo y colaboración con sus planes de fiscalización y desarrollo institucional.

Esta primera etapa abarca hasta Junio del 2006, y el observatorio se concentro en la realización de un diagnóstico del desarrollo institucional para el ejercicio efectivo del control público; con el fin de utilizar sus resultados en la elaboración de indicadores y estrategias para la puesta en marcha del plan de trabajo de la segunda etapa.

 Dicho diagnóstico fue realizado tomando en cuenta los siguientes elementos:

1. a)       Análisis de los lineamientos contenidos en la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, de Enero del 2004;
2. b)       Análisis de los planes estratégico y tecnológico y la programación anual del 2005 de la Cámara de Cuentas,
3. c)       Reuniones sostenidas con miembros  del pleno y ejecutivos de dicha institución. Los elementos se fundamentan en reuniones con altos funcionarios de la Cámara de Cuentas y en el análisis documental.

Los elementos de diagnóstico se organizan basándose en los siguientes ejes

1. Desarrollo del Sistema Nacional de Control y Auditoria
2. Proceso de planificación de la Cámara de Cuentas.
3. Gestión del Control Público y Auditoria.
4. Rendición de cuentas y acceso a la información pública.

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

Desarrollo del Sistema Nacional de Control y Auditoria.

La ley 10.04 crea jurídicamente el Sistema Nacional de Control y Auditoria para minimizar la dispersión institucional y maximizar la integración de las instituciones de control.

Instituir el Sistema Nacional de Control y Auditoria (SNCYA) implica un proceso de articulación de las diversas instituciones que conforman el control público interno y externo, particularmente de la Cámara de Cuentas (control externo), el Congreso de la República (control legislativo), la Contraloría General de la República (control interno), y las organizaciones sociales que realizan funciones de control (control externo de carácter cívico).

Un adecuado flujo de información y coordinación con el Ministerio Público es también crucial para canalizar los expedientes de control hacia el sistema de sanciones que permite penalizar en la práctica los actos de corrupción, entre otros.

Tomando como referencia estos aspectos los  avances identificados fueron:

1. EL nuevo marco jurídico creando el SNCYA establecido  (Ley 10-04)
2. Comisión de Seguimiento para normar el funcionamiento del SNCYA establecida en ley (Reglamento 06-04, p.59-60).
3. Comité de Coordinación entre Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República(CGR) establecido en reglamento 06-04
4. Proyecto de separación de funciones del Tribunal Superior Administrativo en proceso de formulación

No obstante las limitaciones encontradas en estos aspectos fueron:

1. Marco normativo para la integración operativa del SNCYA poco desarrollado en el Reglamento 06-04.
2. La comisión de seguimiento para formulación normativa de funcionamiento del sistema no está funcionando
3. No está operando el Comité de Coordinación entre CC y CGR
4. No existen grupos interinstitucionales de apoyo técnico a la coordinación.
5. El Plan del SNCYA no formulado.
6. Tensiones con Ministerio Público
7. Alto nivel de fragmentación  del SNCyA  y dualidades entre CC y CGR
8. Control Legislativo de bajo perfil
9. Articulación con control social aún inexistente
10. Escasa promoción y socialización del Nuevo marco jurídico en actores que deben implementarla.

Los retos del Sistema de acuerdo a los resultados del diagnostico son:

1. Estrategia para mejorar clima de relaciones entre CC con la CGR, el Ministerio Público y las organizaciones de control social
2. Comisión de seguimiento para normativa de funcionamiento del SNCYA  operando sistemáticamente.
3. Comité de coordinación interinstitucional operando sistemáticamente
4. Formulación y puesta en marcha del Plan del SNCYA.

2.-Proceso de planificación de la Cámara de Cuentas;

Avances en este componente.

1. Existencia del Plan Estratégico CC
2. Plan de infraestructura tecnológica
3. Programa Anual de Auditorias
4. Existe direccionalidad estratégica al definir misión, visión, valores y objetivos estratégicos de CC

Las limitaciones de este componente se resumen en:

1. Inexistencia indicadores y mecanismos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los planes.
2. Limitada cultura organizacional de implementación de planes.
3. Ausencia de operativización del Plan estratégico en actividades,  cronograma, departamentos responsables y recursos.
4. Fuerte énfasis del Plan en los aspectos tecnológicos, con limitado enfoque en los procesos de toma de decisiones
5. El PE tiene poca definición de los resultados esperados y la manera como serán alcanzados

Los retos en relación con la planificación son:

1. Estrategia organizacional para incrementar las capacidades de implementación de los planes, estableciendo metas, indicadores, responsabilidades planes departamentales, calendario y recursos.
2. Operativización del Plan Estratégico con mayor énfasis en aquellos aspectos relacionados con la toma de decisiones, la organización funcional y estructural de la CC, la capacitación del personal.
3. Mejor precisión de resultados esperados en Plan Estratégico, estableciendo su relación con las políticas de la CC.

Gestión del Control Público y Auditoria

Los avances en esta materia son:

1. Espacio físico ampliado y modernizado
2. Proceso de instalación de nuevas herramientas para mejorar eficiencia recopilación datos y realización de informes (ACL, AUDINET)
3. Réplica Chile Compra en proceso en CC
4. Impulso hacia construcción capacidades auditoria integral
5. Existencia de certificación de auditores de clase mundial desde 2004..
6. Reglamento de RRHH en proceso formulación
7. Unidad de capacitación constituida
8. Proceso de estandarización de las guías de auditorias en marcha

 Las limitaciones son:

1. Inexistencia procesos de monitoreo,  evaluación y control de calidad en base a indicadores
2. RRHH limitados en su calificación profesional, con bajos salarios e incentivos
3. Capacitación de RRHH en metodologías e instrumentos de auditoria no sistemática
4. Procesos aún no automatizados (rendición telemática de cuentas)
5. Metodologías de recolección, organización y presentación de evidencias / informes aún no homologadas
6. Limitadas  capacidades de uso de las TIC por recursos humanos
7. Problemas de acceso y recolección de información en instituciones
8. Déficit técnicos en realización auditoria
9. Auditorias integrales aún no existentes
10. Politización nombramiento unidades de auditores internos
11. Auditores internos no certificados
12. Auditorías realizadas aparentemente menores que programadas

Retos:

1. Lograr alto grado de implementación de planes estratégico y tecnológico
2. Lograr alto grado de realización de programa anual de auditorias
3. Tipos de auditoria diversificados, incluyendo auditoria integral, y mejorados en calidad,
4. Programa de formación y capacitación de recursos humanos en instrumentos y metodologías establecido sobre la base de necesidades y procesos en marcha
5. Carrera administrativa introducida sobre la base de evaluación del desempeño
6. Estándares de calidad de las auditorias establecidos
7. Nuevas metodologías y herramientas auditorias homologadas y exigidas
8. Sistema de análisis presupuestario establecido
9. Procesos de monitoreo y evaluación establecidos sobre la base de indicadores e incentivos

3.-Rendición de cuentas y acceso a la información pública

Los avances en Rendición de cuentas son:

1. Publicación de Informes al Congreso Nacional en página web hasta el 2004
2. Publicación de por ciento mínimo de las auditorias realizadas en 2005 (ciento setenta) en pág. web
3. Procedimiento para cumplimiento de LGLAIP en proceso formulación
4. Criterios para selección de instituciones a auditar establecidos (impacto social, monto relativo presupuesto, denuncias directas o periodísticas).
5. Criterios de selección instituciones a auditar no publicitado

Limitaciones:

1. Problemas de accesibilidad a  instrumentos aplicados y resultados de parte de las auditorias.
2. Tramitación  al Ministerio Público de expedientes con resultados de corrupción no expedita
3. Inexistencia de sanciones administrativas del Plan Estratégico (PE) a funcionarios no acatan solicitudes legítimas de CC.
4. Inexistencia de sanciones justicia a expedientes con resultados de corrupción
5. Déficit en presentación

Retos:

1. Maximizar acceso público físico y electrónico a instrumentos y resultados auditorias
2. Estrategia de mejoramiento imagen pública
3. Estrategia de mejoramiento de relaciones con Plan Estrategico
4. Análisis de ejecución presupuestaria mejorado con sistema moderno
5. Informe anual al Congreso mejorado en calidad y visibilidad
6. Implementar agenda de colaboración interinstitucional con organizaciones ciudadanas
7. Crear Oficina de Acceso a la Información e implementar agenda común de acceso a la información  con organizaciones  ciudadanas en función de la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

Conclusiones finales

Para superar las limitaciones y enfrentar los retos desde la Cámara de Cuentas deben asumirse un conjunto de acciones que permitan superar la débil cultura de planificación y monitoreo en el Estado dominicano, y prestar especial atención al desarrollo de la carrera administrativa.

De igual interés debe ser, superar la imagen de politización de la selección de instituciones a auditar, y de manera particular los problemas de credibilidad e imagen de la Cámara de Cuenta; con el objetivo de que la labor que realizan verdaderamente pueda contribuir con la prevención y sanción de la corrupción administrativa en el país.

Como un aporte de este observatorio, PC y el Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, sugieren que se dedique especial atención a la capacitación del sector, por lo que estamos proponiendo la puesta en práctica de un plan de capacitación de carácter sistemático para la Cámara de Cuentas, acción crucial para incrementar la eficacia institucional sobre la base de la especialización y la ampliación de los “know how”. Sugerimos las siguientes condiciones para el desarrollo del plan de capacitación:

1. a)     Acuerdos con instituciones de educación superior nacionales e internacionales.
2. b)    Organización del plan de capacitación en módulos impartidos por docentes nacionales e internacionales.
3. c)   Certificación de los participantes en los módulos, con un diplomado a quienes completen todos los módulos y presenten un trabajo de investigación aplicada a los procesos de la CC.
4. d)     Establecimiento de metas anuales de capacitación.
5. e)    Vinculación de los módulos a los procesos de modernización puestos en marcha en la Cámara de Cuentas.

Para este propósito sugerimos los siguientes módulos, derivados del diagnóstico, los cuales no son excluyentes de otros:

1. a)     Políticas y sistemas de control público.
2. b)     Experiencias internacionales de modernización de las Cámaras de Cuentas.
3. c)     Métodos y Herramientas de Auditoria Financiera e Integral.
4. d)     Gestión de las tecnologías de información y sistemas de rendición de cuentas en las CC.
5. e)     Planificación, monitoreo y evaluación aplicadas a órganos de control público.
6. f)       Coordinación y trabajo en equipo

Ley de la Cámara de Cuentas de la República,

p.11Plan Estratégico de la Cámara de Cuentas, 2002.

Idem.

El análisis documental estuvo restringido por el limitado acceso a documentación requerida a la Cámara de Cuentas durante los encuentros entre sus funcionarios y Participación Ciudadana. Por esa razón hemos titulado esta parte del informe como elementos de diagnóstico.

Levanta tu voz por justicia. Con el propósito de dar seguimiento al curso de los procesos judiciales que se siguen a los imputados en los Fraudes Bancarios, Participación Ciudadana  realizará una Jornada Nacional Contra la Impunidad en los Fraudes Bancarios este 26 de agosto de 2006, a las 9:00 de la mañana en todo el territorio nacional.

Este movimiento cívico entiende que la magnitud e impacto de estos hechos en la sociedad dominicana, tienen que ser conocidos por la ciudadanía, para que esta se convierta en verdadera demandante de justicia en este proceso.

La denuncia en el mes de mayo del 2003 de las autoridades del Banco Central donde presentaron la situación del Baninter, expuso al país uno de los escándalos de corrupción más grandes, no solo por el monto involucrado en el mismo, ya que se revela que asciende a RD$79,406 millones, sino por las diversas modalidades implementadas en el fraude y sobre todo por el alto numero de favorecidos en este proceso.

En este sentido necesitamos trabajar de manera más articulada que permita una amplia integración de ciudadanos y ciudadanas, en la construcción de una sociedad donde impere la justicia; y la impunidad sea parte del pasado, por lo que nos hemos propuesto desarrollar la JORNADA NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN LOS FRAUDES BANCARIOS.

Los objetivos de esta Jornada Nacional son:

1.Profundizar en el impacto de los fraudes bancarios en  la cotidianidad de la población; y motivar la integración activa de todos los sectores que  estimule y fortalezca el quehacer de las organizaciones en acciones por la transparencia y contra la corrupción.

2.Movilizar a más de 1,500 ciudadanos y ciudadanas de las treinta y dos Provincias en demanda por  justicia en los procesos de fraudes bancarios y dotarlos de las informaciones necesarias que le permitan actuar de manera consciente en estos procesos.

3.Definir de manera coordinada acciones para dar continuidad y seguimiento a los procesos judiciales que se llevan a cabo entorno a estos fraudes y promover el respeto al derecho de los ciudadanos y ciudadanas para no ser afectados por intereses  particulares.

Lugares donde se desarrollará esta actividad, Santiago, Santiago Centro, La Yaguita De Pastor, Cienfuegos, La Vega, Espaillat, Moca, Puerto Plata, Altamira, Sánchez Ramírez, Cotuí, Prov. Duarte, San Fco. Macorís, Barahona, Azua, San J, Ocoa San Cristóbal, Haina, San Cristóbal,Villa Altagracia, San Pedro Macorís, La Romana, La Romana, Santo Domingo, Sto. Dgo. Este, La Altagracia, Higuey, Hato Mayor, San Juan De La Maguana, Elias Piña, Comendador, Maria T. Sánchez, Nagua, Samaná, Da jabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Sabaneta, Valverde, Esperanza, Santo Domingo Oeste, Alcarrizos, Santo Dgo., Cristo Rey, Santo Domingo Distrito Nacional, Bahoruco, Villa Jaragua, Independencia y Duverge

Fraudes Bancarios 2003. Presentación realizada por Alfonso Abreu Collado, durante el lanzamiento de esta jornada nacional contra la impunidad en los fraudes bancarios.

¡LEVANTA TU VOZ POR JUSTICIA!
¡INTEGRATE A LA JORNADA EN TU MUNICIPIO!

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana,  realizará al  Seminario “Junta Central Electoral: Alternativas para una Elección de Consenso”, este viernes 4 de agosto de 2006, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Hotel Santo Domingo, Salón Canoabo.

Este seminario se inscribe dentro de los esfuerzos que se realiza este movimiento cívico, para promover  espacio de reflexión que analice diferentes modelos internacionales de órganos electorales y evalúe la experiencia nacional para la selección de una Junta Central Electoral de consenso.

En la actividad se desarrollarán dos paneles, uno que enfoque la experiencia internacional y otro la experiencia dominicana que escogió la JCE del año 1996.

En nota de prensa distribuida por el departamento de Comunicación, PC informa que los expertos internacionales, que participarán son los doctores Juan Fernando Jaramillo, Miembro de la Corte Constitucional de Colombia y Fernando Tuesta Soldevilla, Ex–Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE).

Agrega que los expositores presentarán los modelos de órganos electorales con características distintas, que pueden servir de referencia a las propuestas que se están elaborando en el país, con vistas a modificar las estructuras y competencias de la Junta Central Electoral.

En tanto que el panel de expertos nacionales, estará integrado por el ex – Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Juan Sully Bonelly; los ex – Senadores que participaron en ese proceso de selección: Milagros Ortiz Bosch, del PRD y Jaime David Fernández Mirabal, del PLD. Este panel abordará los diferentes mecanismos de diálogo y  concertación que posibilitaron la elección de una JCE por consenso en 1994.

El acto inaugural contará con las palabras del presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Luis Arias y el coordinador general de Participación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf. La clausura estará a cargo de Javier Cabreja, director ejecutivo.

A este seminario están siendo invitados los senadores salientes y electos, los jueces de la Junta Central Electoral, dirigentes de partidos políticos,  catedráticos universitarios,  académicos, intelectuales e interesados en el tema.

El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresa su satisfacción por la aprobación del proyecto de Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones de parte del Congreso Nacional. Con la aprobación de esta ley se  obliga  al Estado a realizar licitaciones públicas y regular las Concesiones.

Es bueno recordar que durante siete años, nuestra organización se mantuvo impulsando junto a otras organizaciones y personalidades la aprobación de dicha ley. Esta labor incluyó acciones de presentación de propuestas, sugerencias para mejorar la calidad técnica de los ante proyectos sometidos y una amplia difusión de la necesidad de transparentar las compras públicas.

Esta iniciativa, viene a sustituir la legislación básica del sistema, la cual se fundamentaba en leyes que  principalmente datan del 1954, 1966 y 1969, y que se asocian en gran medida, a la tradición administrativa centralista; y a la discrecionalidad, loque facilita los actos de corrupción.

En nota de prensa PC, precisó que para nadie es un secreto que las Compras y Contrataciones Públicas se encuentran dentro de las áreas de mayores riesgo de corrupción. Estudios realizados muestran que algunos de los factores de riesgo de corrupción en esta área están vinculados a la discrecionalidad de los funcionarios que ejecutan el trámite o procedimiento, a la falta decompromiso y sentido de pertenencia, a la urgencia del usuario, a la falta de información sobre trámites o procedimientos tanto del usuario / administrador como de los funcionarios, a la tecnológica obsoletas, y a la poca claridad y transparencia.

Los escándalos de los últimos días, que han puesto ante la opinión pública diferentes contractos aprobados por el Congreso Nacional y sometidos por el Ejecutivo, (que aparentemente no reúnen las condiciones de transparencia y equidad mínima) reafirman  la necesidad de una ley como la aprobada.

La aprobación de este proyecto, se constituye en un paso de avance en la agenda legislativa anticorrupción, la cual será materializada al ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Este movimiento cívico entiende que es necesario que desde los organismos responsables se creen todas las condiciones para la puesta en marcha de esta ley tan esperada por los dominicanos y dominicanas, lo que implicará necesariamente producir los ajustes en la estructura del Estado y sus instituciones.

El Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana, manifiesta a la sociedad dominicana su posición en torno al anuncio formulado por el Gobierno dominicano de convocar una consulta popular con miras a reformar la Constitución de la República.

1.En Participación Ciudadana compartimos la convicción generalizada de que nuestra Carta Magna amerita una reforma integral, que no sea el resultado de coyunturas políticas y que permita su adecuación a las circunstancias que hoy predominan en el país y en el mundo, perfilando una nueva arquitectura institucional. Una Constitución de la República moderna fortalecería los procesos de reforma que se promueven desde hace varios lustros, incorporaría los derechos ciudadanos de nueva generación que están presentes en diferentes convenios internacionales y eliminaría muchas contradicciones e inexactitudes que persisten en el textovigente.

2.Desde hace varias décadas, el debate al respecto ha tenido un punto de amplio consenso: la reforma integral a la Constitución de la República debe hacerse a través de una Asamblea Constituyente electa por el voto popular y no por la Asamblea Revisora, que es el mecanismo hasta ahora previsto. Participación Ciudadana apoya la realización de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de la República, posición que también ha sido sustentada por los diferentes partidos políticos y que se encuentra consagrada en el Programa de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana  y del Presidente de la República, al comprometerse a “propiciar la Asamblea Constituyente, por miembros electos libremente por la ciudadanía, como un órgano de amplia base popular que sea, por eso mismo, una genuina expresión de la democracia”.

3.El mecanismo de la Asamblea Constituyente tiene una amplia tradición en nuestra historia constitucional y representa numerosas ventajas respecto de la Asamblea Revisora:

?         Estaría integrada por un conjunto de personas dedicadas exclusivamente a la redacción de una nueva ley suprema, a diferencia de la Asamblea Revisora que está forzada a coexistir con todo el trabajo inherente a las competencias del Congreso Nacional. Por ello mismo, la Asamblea Constituyente dispone del tiempo necesario para redactar pausadamente la Constitución, sin someterse a las presiones derivadas de la cotidianidad política, y dedicando el esfuerzo que sea necesario para que sus resultados estén revestidos de la mayor calidad posible;

?         Propiciaría que los partidos políticos seleccionen  como candidatos a constituyentes a sus mejores dirigentes, a aquellos que pueden representar más apropiadamente el interés nacional; permitiendo asimismo la integración de las minorías y de las organizaciones de la sociedad civil;

?         Tendría la mayor legitimidad para la redacción de una Constitución que debería representar un nuevo pacto político y social, en el entendido de que resulta electa por el voto popular en virtud de un mandato exclusivo y absoluto;

?         Conllevaría la facultad y posibilidad de realizar todos los procesos de consulta y debate sobre las reformas constitucionales propuestas, integrando en esta discusión democrática a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, logrando así una identificación trascendente entre la Carta Sustantiva y la población.

• Al apoyar la realización de una Asamblea Constituyente, Participación Ciudadana reivindica todos los procesos de consulta que se han realizado en los últimos años y que fueron sistematizados en el año 2001, por la Comisión Especial para la Reforma Constitucional, a partir del proyecto presentado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado, y de las propuestas de universidades, del Diálogo Nacional de 1998 y de diversos foros y consultas. En todos esos escenarios predominó el consenso en el sentido de queel mecanismo más idóneo para la modificación constitucional es la Asamblea Constituyente.

• Proponemos que los delegados a la asamblea constituyente sean escogidos el 16 de mayo del 2008, conjuntamente con la elección presidencial para economizar recursos y evitar otra campaña electoral. Es obvio que para hacer esto posible, el Congreso Nacional debe previamente reformar la Constitución como lo establece el Pacto para la Reforma Constitucional, suscrito por los líderes de los tres partidos mayoritarios el 27 de septiembre del 2001.

• Aunque no nos oponemos a que se realicen nuevas consultas en torno a la reforma constitucional, entendemos que estas deben realizarse en el marco de la Asamblea Constituyente. Son múltiples las consultas que se han realizado en el país en la última década sobre reforma constitucional, las cuales han arrojado un inmenso legado de libros y folletos que recogen las propuestas de expertos nacionales e internacionales y de miles de representantes de centenares de organizaciones sociales, y es deplorable que en el 2002 se hiciera una reforma constitucional que no las tomara en cuenta. Una nueva consulta no debe sustituir a la Asamblea Constituyente.

• Participación Ciudadana hace un llamado a todas las organizaciones sociales del país, a los partidos políticos, a los legisladores, a los funcionarios públicos, y al propio presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna; a comprometernos con la convocatoria y realización de una Asamblea Constituyente que entrañe una reafirmación del compromiso de los dominicanos y dominicanas con el sistema democrático, honre los acuerdos anteriormente pactados, fortalezca nuestras instituciones públicas y permita elaborar una Constitución política que sea el principal soporte del Estado de Derecho.

18 de julio de 2006

Doctor

Francisco Domínguez Brito

Procurador General de la República

Doctor

Octavio Líster

Director Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa

Distinguidos Señores:

Participación Ciudadana se dirige a ustedes con el objetivo de solicitar una investigación, por parte del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa en relación al contrato de préstamo para el equipamiento de la Policía Nacional, firmado recientemente por el Gobierno Dominicano con las firmas The SunLand Group y Florida Export Financial Corporation, el cual fue aprobado recientemente por el Senado de la República.

La simple lectura y análisis de dicho contrato arroja irregularidades que no pueden ser pasadas por alto por nadie que se preocupe por el buen uso de los recursos del Estado y por el establecimiento de prácticas públicas honestas y transparentes. Entre dichas irregularidades pueden citarse las siguientes:

·Sobrevaluaciones extremadamente altas en los precios de vehículos y equiposa ser adquiridos. Consultas realizadas a las páginas web de los principales proveedores de vehículos y equipos muestran que los mismos pueden ser adquiridos por menos de la mitad de los precios establecidos en los contratos, aún sin considerar los descuentos por compras al por mayor.

·Falta de especificaciones técnicasde los vehículos y equipos, como marcas, modelos, accesorios, capacidades, entre otros, lo cual podría prestarse a posteriores interpretaciones perjudiciales al interés del país.

·Falta de concurso públiconacional y/o internacional para una compra de los montos especificados. Los documentos depositados en el Senado no explican las razones por las que se proponen las empresas citadas, cuál es su aval para convertirse en suplidoras del  Estado dominicano, sobre todo en montos tan altos y en una materia de alto interés para la seguridad pública, como lo es el equipamiento de la Policía Nacional. Tampoco se especifican los  procedimientos que se siguieron para asegurar la transparencia y la preservación del interés nacional.

·Nuestros cálculos arrojan comisiones exageradamente por encima de las usuales en el mercado, además de condiciones y plazos claramente perjudiciales para el interés nacional.

·Nos preocupa que el Senado de la República haya aprobado de manera precipitada y sin ningún cuestionamiento un contrato que podría pasar a los anales de los más perjudiciales y escasos de transparencia firmados en el país, incluyendo algunos que hoy se encuentran en los tribunales.

Participación Ciudadana valora y respalda iniciativas dirigidas a una reforma integral de la Policía Nacional, incluyendo su equipamiento y mejoría de  sus condiciones de trabajo.  En numerosas oportunidades hemos reclamado del Gobierno dominicano esfuerzos coherentes y consistentes en el objetivo de elevar los niveles de seguridad ciudadana. Sin embargo, ni la importancia ni la urgencia de esta tarea puede justificar que se firmen contratos plagados de aspectos oscuros y de cláusulas claramente lesivas al interés nacional. Toda acción dirigida a la lucha contra el delito debe caracterizarse justamente por la transparencia y la incuestionable honestidad.

Estamos seguros de que, una vez leído el contrato, copia del cual anexamos, ese Departamento no podrá permanecer indiferente y actuará de acuerdo con el mandato que ha recibido y con las expectativas que la población, y la Sociedad Civil, han depositado en su probidad y responsabilidad.

Esperando que esta comunicación reciba la rápida atención que el caso amerita, le saluda,

                                                                                                                                                                                                                        Atentamente,

Paulo Herrera Maluf

 Coordinador Gener

cc: Doctor José Joaquín Bidó Medin

Presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción

Anexo: copia del contrato citado

Todo manejo discrecional de fondos o cuentas especiales por parte de un gobierno o funcionario es una invitación neta y abierta a la corrupción, consideró ayer el abogado y filósofo estadounidense, Frederick Woodbridge, al pronunciar la conferencia “Ética pública”.

En la actividad, coordinada por Participación Ciudadana y el Centro Franklin, de la embajada de los Estados Unidos, Woodbridge criticó que en el país los funcionarios al inicio de su gestión proyectan su inversión jurada de bienes, pues “si tienen 100, declaran 1,000, pensando en el patrimonio en que van a salir”.

“El que hace la ley, hace la trampa”, dijo Woodbridge, quien es especialista en derecho mercantil internacional, derecho de sociedades y derecho de inmigración.

El problema, dijo, no es que se produzcan hechos de corrupción, que siempre se van a producir, sino que existan sistemas que permitan y promuevan la corrupción generalizada “en nuestros gobiernos y sociedades”.

“No sólo basta con que haya leyes, hay que aplicarlas y para ello se necesita voluntad política”, sostuvo.

Se necesita, planteó, una movilización masiva y campañas contra la corrupción, hasta el punto de crear una mentalidad ciudadana anticorrupción.

Llamó la atención sobre los sobornos a funcionarios que se registran, los cobros de comisiones y el nepotismo.  La conferencia fue dictada en el hotel Santo Domingo en la capital. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el coordinador deParticipación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf.

De acuerdo a Herrera Maluf, en el país se necesita promover en la administración pública un accionar basado en la transparencia, la eficiencia y la honestidad, en el que cada día tome más importancia la creación de un verdadero ambiente donde la ética se encuentre en el centro de atención.

Durante su ponencia, Woodbridge también dijo entender que la corrupción igualmente se da en el financiamiento de las campañas electorales, “pues los políticos nunca quieren que les limiten los fondos”.

Citó que en el país existe el Departamento de Prevención de la Corrupción, el decreto 149-98 que crea las comisiones de ética pública y comisiones de ética pública en todos las Secretarías de Estado.

También, el decreto 783-01 que crea el consejo asesor en materia de lucha anticorrupción de la Presidencia de la República y el decreto 101-05 que crea la comisión de ética pública y combate a la corrupción.

CORRUPCIÓN

Definió la corrupción como la utilización de un cargo público o de bienes públicos para intereses privados, olvidándose del bien público.

Mencionó entre las prácticas inherentes a la corrupción el soborno, el peculado, coacción, extorsión, concusión, desviación de fondos, cohecho, estafa, defraudaciones, utilización abusiva de información privilegiada, desfalco, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.  Todos los países, estimó, padecen de corrupción en mayor o menor medida.

CAUSAS

Entre las causas de la corrupción mencionó la administrativa: la existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y anacrónicos que dan lugar a mecanismos alternativos, informales e ilegales.

Asimismo, la ausencia de controles o existencia de controles obsoletos que dan

lugar a despilfarro, ineficiencia y corrupción.

En el área jurídica, la falta de sanciones, y entre las causas culturales, la “cultura de la corrupción”, ya que los ciudadanos creen honestamente que el pedir comisión para prestar un servicio público es normal y la corrupción se convierte en problema, no del Estado, sino de la sociedad.

“Hay un problema ciudadano, no hay participación ciudadana, no se denuncia la corrupción”, señaló Woodbridge, aunque cree necesaria la existencia de leyes que protejan al denunciante.

WOODBRIDGE

Nació en Cincinati, Ohio, Estados Unidos y es abogado en ejercicio, co-fundador del bufete Woodbridge & Salazar LLP, de Miami. Es licenciado en derecho así como en filosofía y letras (sección francesa) de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene su grado de jurisconsulto de la facultad de derecho de la Universidad de Cincinati en el Estado de Ohio.

Es miembro del colegio de abogados de la Florida y uno de los fundadores y actual vicepresidente del Colegio de Abogados Colombo-Americano de Miami. Ha cursado estudios en las universidades de París, Sorbona y Yale.

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

-Requisitos previos de contratación.

Deben contener todas las condiciones aplicables, así como los requisitos para calificar y comparar las ofertas. Publicación de aviso de licitación, posibilidad de impugnar las bases por violación de principios, motivación que sirve de fundamento acto de adjudicación e igualdad de acceso a información respecto de un contrato administrativo.

Participación Ciudadana realizó una Jornada Nacional por el Derecho a la Información Pública, en la que se capacitaron más de 1600 ciudadanos/as, representantes de organizaciones sociales, ONG y comunitarias sobre la Ley General de Libre Acceso a la Información No 200-04 y su Reglamento de Aplicación.

Esta jornada consistió en la realización de 32 Talleres de Capacitación de manera simultánea en igual número de provincias del país. Esto fue en  el Distrito Nacional, Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Elías Piña, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega y María Trinidad Sánchez y Samaná.

Además en Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Salceldo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde, en el Distrito Nacional, esta jornada se desarrollará en el Hotel Lina.

Participación Ciudadana entiende que con esta jornada la ciudadanía se sensibilizó entorno a la importancia que tiene utilizar la Ley 200-04 y demandar las informaciones públicas, provocando una mayor vigilancia de las acciones que se  producen desde el Estado.

Como resultados de esta jornada se generará que cientos de ciudadanos/as  soliciten información a diferentes instancias del Estado dominicano. Posteriormente nuestra organización le dará seguimiento y presentará los resultados públicamente a la ciudadanía.

Este evento realizado a nivel nacional contribuyó además con la capacitación, conocimiento y  empoderamiento de la ciudadanía de la ley, instrumento útil para  el control social y para exigir mayores niveles de transparencia en los actos y actividades de la administración pública.

Esta Jornada Nacional por el Derecho a la Información Pública fue organizada por Participación Ciudadana con los auspicios de Intermon-Oxfam y la Unión Europea.

En nota de prensa, el movimiento cívico precisó que el conocimiento, por parte los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de esta ley  provocará la superación de uno de los principales obstáculos para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de los asuntos públicos.

Finalmente en nota de prensa el movimiento cívico explicó que esta ley es una valiosa herramienta para potenciar formas técnicas de prevención de la corrupción y transparencia de los actos que se producen en el Estado, con la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas, fortaleciendo la democracia y propiciando nuevas formas de relación Estado-ciudadanía.

EDITORIALES

• El Caribe, lunes 03 de julio de 2006

Transparencia

La transparencia y la continua rendición de cuentas constituye, conjuntamente con medios confiables de supervisión, una de las herramientas más importantes para prevenir y detectar irregularidades en la administración pública.

En una democracia participativa y realmente funcional, este mecanismo debe operar de forma continua e institucional como una garantía de que los recursos públicos sean empleados de manera eficiente y escrupulosa en favor del interés general.

De ahí la importancia de la jornada realizada por Participación Ciudadana para instruir a 1,600 personas en el Distrito Nacional y las 31 provincias del país sobre el uso y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En vista de que los ciudadanos no deben reducir su rol en la democracia a la participación en las elecciones, la entidad cívica busca que la población tenga la conciencia necesaria para exigir pulcritud en las cuentas e informaciones oficiales.

La educación ciudadana es fundamental para los diferentes procesos institucionales, como los que trata de establecer la Ley de Acceso a la Información para que los funcionarios estén cada vez más obligados a actuar con diafanidad en sus actos públicos.

Como los ciudadanos no pueden estar sujetos a que los funcionarios tengan la buena disposición de rendir cuentas, ese instrumento legal permite ejercer un mayor control sobre la gestión gubernamental.

Pero se requiere que no sólo los periodistas, sino los ciudadanos en general pongan a prueba y le den vigencia plena para demostrar que son capaces de reclamar y defender los derechos que confieren la Constitución y las leyes.

Esta ley está llamada a convertirse en una formidable herramienta en manos de las organizaciones comunitarias y de la ciudadanía, siempre y cuando sea conocida en detalle para poder exigir su aplicación.

Al igual que Participación Ciudadana, consideramos que  a través del ejercicio de este estatuto se podrá recuperar la credibilidad de las instituciones públicas y lograr un sistema democrático transparente y eficaz.

• Clave Digital, lunes 03 de julio de 2006

Por la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública

Burócratas del Gobierno y sectores de la sociedad civil se han pronunciado hasta la ronquera en cuanto a la urgencia de hacer efectivamente transparentes los negocios públicos, pero la sucesión de acciones para llegar a esa meta no está en correspondencia con la frecuencia y la sonoridad de tales reclamos. Hasta ahora no alcanza siquiera la velocidad de la tortuga.

Prueba al canto:

Del enjambre de dependencias de la administración pública apenas cuatro se han acogido a la Ley de Acceso a la Información, en el aspecto relacionado con organizar sus respectivas plataformas y oficinas sectoriales para el cumplimiento de esa importante normativa. El resto no sólo no ha dado ese paso, sino que tampoco ha designado a los funcionarios que se encargarían de poner el servicio al alcance de los ciudadanos.

Las entidades que han cumplido con los requerimientos de la ley al respecto son la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Contraloría General y parcialmente el Senado.

Hasta que se demuestre lo contrario, la situación en este aspecto da la medida de la desvinculación entre la palabra y los hechos.

Por eso merece respaldo el esfuerzo emprendido por Participación Ciudadana con su "Jornada Nacional por el Derecho a la Información Pública”, cuyo objetivo consiste en dar a conocer la ley 200-04, sobre esta materia. A la actividad asistieron 1,600 personas, las cuales trabajaron simultáneamente en 32 talleres distribuidos en distintos lugares del país.

La plena vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública constituye un elemento particularmente importante para avanzar hacia la vigencia efectiva de la democracia, hacia la construcción de una ciudadanía vigorosa y, por tanto, hacia el necesario control social del Gobierno

Felicitamos a Participación Ciudadana por el éxito de la jornada, y a las dependencias oficiales que están cumpliendo con la ley y que, sin proponérselo quizá, se han erigido en ejemplo para las entidades rezagadas.