Ante el inicio de los trabajos de la Asamblea Revisora, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, informan a la opinión pública nacional de la conformación  de un espacio de coordinación de organizaciones sociales con el propósito de reiterar y fortalecer las demandas de la sociedad dominicana sobre la necesidad de un texto constitucional que garantice el ejercicio de derechos ciudadanos, en libertad e igualdad

Este conjunto de organizaciones se  propone desarrollar un proceso permanente de monitoreo, información y puesta en alerta a la sociedad dominicana sobre los debates que se desarrollen en la Asamblea Revisora, para que la Reforma Constitucional que ya está en curso responda a las necesidades y expectativas de la sociedad dominicana y no a las tradicionales intenciones  de complacencia de intereses particulares, como ha acontecido en procesos  anteriores de reformas a la Carta Magna.  Cualquier modificación constitucional debe tener en cuenta los anhelos del pueblo dominicano de una mayor institucionalidad democrática y de niveles más amplios de desarrollo social y económico y de una democracia más inclusiva y participativa.

Consideramos impropia la ignorancia de los consensos generados alrededor del mecanismo de modificación por vía de una Asamblea Constituyente  expresada por la mayoría de los y las participantes en la Consulta Popular, convocada por el Ejecutivo, y la realizada por decenas de organizaciones sociales.  Reafirmamos nuestra demanda de que esta figura sea incorporada como el  mecanismo más idóneo para la modificación de la Constitución, en tanto garantía de una mayor democracia y participación en una reforma de tanta trascendencia para el país.

Queremos dejar establecido que en el actual proyecto de reforma Constitucional existen importantes amenazas a la democracia y el Estado de derecho, que los asambleistas están en el deber de evitar. De aprobarse la propuesta Constitucional presentada al Congreso por el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna, el país experimentaría serios retrocesos en su institucionalidad, como lo supone la ampliación del presidencialismo y de la concentración del poder, evitando así el correcto funcionamiento de la democracia en lo que respecta a la independencia de los poderes públicos y la existencia de un efectivo sistema de frenos y contrapesos.

Consideramos igualmente una amenaza a la gobernabilidad el hecho de que sean transferidas responsabilidades indelegables del Estado como derechos económicos, sociales y culturales, entre otros el de la educación.

Consideramos que el Estado Dominicano se considere laico reconociendo el derecho al culto y la equidad entre las diferentes religiones existentes en el país, al tiempo que demandamos la adopción de políticas de igualdad de género.

En otro orden, demandamos que el actual proceso de reforma Constitucional sea revestido de la mayor transparencia posible y que la población esté debidamente informada sobre cada uno de los temas discutidos en el marco de la  Asamblea Revisora, así como del rol asumido por cada uno de los y las asambleistas en este proceso, haciendo público su voto. Exigimos a su vez, que se permita la participación de representantes de la sociedad civil en el Congreso Nacional en calidad de observadores y observadoras.

Las limitaciones señaladas deben ser superadas por los actuales asambleistas quienes tienen frente al país el compromiso de dotar a la República Dominicana de una Constitución realmente democrática que reconozca y garantice los derechos humanos, su interdependencia e integralidad.

Las organizaciones aquí representadas seremos permanentes vigilantes de los contenidos y perspectivas adoptados por la Asamblea Revisora demandando que sean consideradas las propuestas formuladas al proyecto de Constitución.

1.      Centro Bonó

2.      Ciudad Alternativa

3.      Foro Ciudadano

4.      Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional

5.      Participación Ciudadana

6.      Red Dominicana de Culturas Locales

El movimiento Participación Ciudadana entregó hoy al Congreso un documento contentivo de unas setenta modificaciones al proyecto de nueva Constitución a ser conocido próximamente, en su mayoría sobre aspectos substanciales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, reduciendo los excesivos poderes presidenciales que contiene y acentuando la separación de los poderes del Estado.

PC mantiene el reclamo de que cualquier reforma substancial a la Constitución se haga mediante Asamblea Constituyente por elección popular y participación de las organizaciones sociales en proporción del veinte por ciento y que sea sometida a la aprobación de la ciudadanía mediante un referéndum, incluyendo la que ahora se conoce.

Así mismo propugna por reducir el número de los diputados, de los titulares de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, rechaza la creación de un Tribunal Superior Administrativo y plantea un Tribunal de Garantías Constitucionales en vez de una Sala Constitucional.

Participación Ciudadana propone que se prohíba la reelección presidencial consecutiva, se mantengan las elecciones presidenciales separadas de las legislativas y municipales por el fortalecimiento de la independencia de estas funciones estatales, que se reduzca al 45 por ciento el mínimo de votos requerido para elegir presidente y vicepresidente de la República y que se otorgue facultad a la Junta Central Electoral para regir todo lo concerniente a las campañas electorales, incluyendo el gasto de los partidos y candidatos.

A continuación sintetizamos las propuestas sobre aspectos substanciales del proyecto de Constitución. Muchas otras de carácter secundario o de forma aparecen también en el documento entregado al Congreso:

1.- Para reducir el presidencialismo

1.1.- Suprimir el numeral 3) del artículo 22 que establece la previa autorización del Poder Ejecutivo para aceptar función o empleo de un gobierno extranjero, por atentar contra los derechos individuales. Las funciones diplomáticas y consulares están regidas por tratados y convenciones internacionales.

1.2.- Agregar una letra al artículo 80 para que el Presidente de la República tenga que obtener la aprobación del Congreso para enviar tropas militares o policiales al exterior.

1.3.- En el mismo artículo agregar otra letra para facultar al Congreso a examinar de manera permanente los actos del Poder Ejecutivo y determinar si se ajustan a la Constitución y las leyes.

1.4.- Eliminar la parte del artículo 102 que declara al Presidente de la República como “símbolo de la unidad nacional y de la permanencia del Estado” por corresponder a un régimen monárquico y no a la democracia representativa.

1.5.- Modificar el artículo 104 para prohibir la reelección presidencial consecutiva.

1.6.- En el artículo 108, que se refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo, se plantea establecer la aprobación del Congreso para todo contrato suscrito por el Poder Ejecutivo que afecte las rentas nacionales en cualquier moneda.

1.7.- Suprimir el ordinal 16 del artículo 108 que autoriza al Presidente de la República a actuar como juez superior de los actos de los ayuntamientos, por considerar que debe ser función del Poder Judicial, y en última instancia de la Suprema Corte de Justicia.

1.8.- Suprimir, por idéntica razón, el ordinal 17, que autoriza al Presidente de la República a conceder indultos a personas condenadas por los tribunales.

1.9.- Modificar el artículo 114 para que el Presidente de la República sólo pueda designar los viceministros que sean creados por ley.

1.10.- Transferir, en el artículo 160, al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad, otorgada al Presidente de la República, de designar al Procurador General, el Procurador General Administrativo y los Procuradores Generales Adjuntos.

1.11.- Modificar el numeral 1) del artículo 175 para limitar  a sólo 15 días la facultad del Presidente de la República para establecer el estado de excepción sin aprobación del Congreso.

1.12.- Establecer, en el artículo 205, que las designaciones de Gobernador y Vicegobernador del Banco Central, y de los miembros de la Junta Monetaria por parte del Presidente de la República, debe  ser confirmada por el Senado.

1.13.- Suprimir los artículos 216 y 218 porque presuponen que el Presidente de la República pueda violar la Constitución y la Ley General de Presupuesto.

1.14.- Reformular el artículo 219 para hacer más viable que el Congreso pueda modificar los proyectos de leyes de ingresos y gastos públicos que somete el Poder Ejecutivo, estableciendo la mayoría absoluta de cada cámara, dejando las dos terceras partes de los votos sólo para incluir nuevas partidas.

1.15.- Eliminar el artículo 223 porque otorga una excesiva facultad al Presidente de la República para modificar la Ley de Presupuesto cuando el Congreso esté en receso, lo que técnicamente es la mitad del año.

1.16.- En el artículo 232 reducir a tres, en vez de nueve, los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, y transferir del Presidente de la República a la Cámara de Diputados la facultad de presentar las ternas al Senado que los elige.

1.17.- Reducir a tres, en vez de cinco, los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral y otorgar a la Cámara de Diputados, en vez del  Presidente de la República, la facultad de presentar al Senado ternas para su elección.

1.18.- En el artículo 237 mantener las elecciones congresionales y municipales separadas de las presidenciales en lapso de dos años como forma de reducir el peso del presidencialismo y sostener la independencia de los poderes legislativo y municipal.

2.- Del régimen electoral

2.1.- Modificar el numeral 2 del artículo 65 por considerar gravoso que se llame a elección cuando se produzcan vacantes en el Congreso y establecer que en tal caso el puesto sea ocupado por el candidato del mismo partido que le siguiera en número de votos en la última elección.

2.2.- Agregar un numeral del mismo artículo para establecer que no pueden ser candidatos a senador o diputado los secretarios y subsecretarios de Estado, directores generales de organismos del Estado, gobernadores, jueces, miembros del ministerio público, militares, policías y miembros de consejos de administración de sociedades que tengan contratos con el Estado, a menos que renuncien 6 meses antes de los comicios.

2.3.- Eliminar los artículos 66, 67 y 69 que establecen representación legislativa de los residentes en el exterior, por considerar impracticable su elección y que se trataría de puro clientelismo.

2.4.- Modificar el artículo 69 para reducir a 150 los integrantes de la Cámara de Diputados, cinco de los cuales serán a nivel nacional por acumulación de votos de los partidos que no alcanzaren representación en las circunscripciones locales.

2.5.- Modificar el artículo 104 para establecer que el Presidente de la República no podrá ser electo para el período constitucional siguiente.

2.6.- Establecer en el artículo 237 que las elecciones presidenciales se mantendrán separadas de las congresionales y municipales por dos años de diferencia.

2.7.- Proponer un artículo adicional para, en atención a varios consensos, el Presidente y el Vicepresidente de la República queden electos si una candidatura alcanza un mínimo del 45 por ciento del sufragio, o del 40 por ciento si supera al siguiente por más de 10 por ciento.

2.8.- Agregar un numeral 5) al artículo 240 para facultar a la Junta Central Electoral a reglamentar estrictamente la campaña electoral, actividades de propaganda y gasto, tanto en las elecciones primarias de los partidos como en las nacionales.

2.9.- En el artículo 240 reducir a tres los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral.

2.10.- En el artículo 242 reducir a tres los integrantes y suplentes  del Tribunal Superior Electoral, a ser designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

3.- Del régimen Judicial

3.1.- Modificar el artículo 130 para agregar a las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura la elección del Procurador General de la República, el Procurador General Administrativo y los Procuradores Generales adjuntos. Los demás integrantes del Ministerio Público serán designados por el Consejo Nacional de Procuradores.

3.2.- En la Sección II y en el artículo 137 cambiar el título “De la Sala Constitucional” por “Del Tribunal de Garantías Constitucionales” que operaría como órgano independiente.

3.3.-En el artículo 139 precisar el carácter del Consejo del Poder Judicial como un organismo superior de carácter normativo y consultivo, el cual decidiría en última instancia sobre traslado de jueces y personal administrativo y determinaría la política salarial y remunerativa de todo el personal judicial.

3.4.- Eliminar por completo el capítulo IX “De la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que contempla la creación de un Tribunal Superior Administrativo, por considerarlo una superestructura que se colocaría por encima de la Suprema Corte de Justicia y fuera del régimen del Poder Judicial.

4.- De Reformas Constitucionales

4.1.- Cambiar la denominación del Capítulo II, del Título XII  “De la Asamblea Nacional Revisora” por el “De las Reformas Integrales y Parciales” para establecer dos categorías de asambleas para la revisión de la Constitución.

4.2.- Haciendo honor a consensos anteriores establecer, en el artículo 245, la Asamblea Nacional Constituyente para las modificaciones de la Constitución que versen sobre los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y de la banca, de los poderes fundamentales o para una revisión integral de la Constitución. Las reformas puntuales sobre otros temas corresponderán a la Asamblea Nacional Revisora integrada por ambas cámaras.

4.3.- La Asamblea Nacional Constituyente la integrarían 150 representantes mediante elección directa de la ciudadanía. El 80 por ciento correspondería a los partidos en las circunscripciones electorales ordinarias a través de candidaturas de los partidos y agrupaciones políticas reconocidas, cinco de ellos por acumulación de votos a favor de los que no alcancen representación en las circunscripciones, y a razón de un hombre y dos mujeres. El 20 por ciento será postulado por organizaciones sociales no partidistas en una sola circunscripción nacional en proporciones iguales de hombres y mujeres.

4.4.- Sustituir el artículo 246 para establecer que cuando se trate de

una reforma integral de la Constitución se requerirá una aprobación plebiscitaria con la mayoría de por lo menos un tercio de los electores nacionales.

4.5.- El referendo aprobatorio que se instituye en el artículo 247 regirá para la ratificación de la nueva Constitución en proceso, añadiendo un artículo transitorio.

          5.- Otras propuestas de reformas

5.1.- Modificar la letra b del artículo 16 para que se considere en tránsito “toda persona definida como tal en los tratados internacionales suscritos por el Estado Dominicano”.

5.2.- Modificar el artículo 18 referente a la adquisición de la nacionalidad para igualar a los dominicanos de nacimiento y los que adopten una segunda nacionalidad en el derecho a postularse a cargos electivos, indicando que los que hayan adquirido otra nacionalidad por acto voluntario o por lugar de nacimiento no podrán optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la República a menos que hayan renunciado a la misma diez años antes y que estuvieren residiendo en el país en los cinco años anteriores.

5.3.- Modificar el artículo 30 para eliminar el enunciado “desde la concepción hasta la muerte” en el derecho a la vida, por considerar que esta concepción religiosa contradice el principio de la libertad de conciencia. Se propone que diga: El derecho a la vida es inviolable. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

5.4.- Modificar el artículo 52 para establecer el derecho a una educación integral de toda persona residente en el país.

5.5.- En los artículos 67 y 70, sobre las condiciones para ser senador y diputado, agregar “no haber sido condenado irrevocablemente a una pena criminal aflictiva o infamante”.

5.6.- En el artículo 82, reducir del dos por ciento del padrón electoral al número de 10 mil, los ciudadanos que tendrán derecho a proponer iniciativas legislativas.

5.7.- Modificar el artículo 123 para que establezca con carácter obligatorio la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos y que corresponderá siempre a los funcionarios públicos probar el origen de sus bienes.

• Participación Ciudadana ante el proyecto de nueva Constitución (Documento completo)

Con la disertación de las responsables de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y de la Cámara de Diputados; licenciadas Karina Mena y Catalina Olea y Laura Acosta, abogada; Participación Ciudadana, Foro Ciudadano y La Lucha organizaron el panel Información Pública Vs Políticas de Privacidad.

Las palabras de bienvenida al panel estuvieron a cargo del licenciado Mario Berges, Coordinador de La Lucha Contra la Corrupción, quien agradeció la presencia de todos los presentes en la actividad.

“El acceso a la información como derecho individual” fue el tema de la disertación de la licenciada Karina Mena, Responsable de Acceso a la Información Pública del SESPAS.

Mena expresó que, “El acceso a la información pública es un derecho y una fuente de desarrollo y fortalecimiento de la democracia, ya que permite a la sociedad valorar y ponderar las acciones realizadas por sus representantes, e incentiva la transparencia en los actos administrativos del Estado”

Dijo que, el mismo permite monitorear y controlar la gestión pública, se constituye además en necesario para la formación de la opinión y el debate público informado, impulsa la participación ciudadana en la cosa pública e incrementa la transparencia en la gestión del Estado.

Explicó que la transparencia es una nueva forma de gestionar el Estado además se constituye en el motor de un gobierno eficaz.

Hasta abril del 2004 el libre acceso a la información pública en el país, era visto solo como un derecho de los medios de información, como lo expresa la Constitución de la República, es pues esta falta de instrumento lo que por un lado, arraigaba la errada concepción en los servidores públicos de que debían manejar la información del órgano en el que trabajaban como privada,, incluyendo la relacionada con los sueldos, y por el otro separaba a los ciudadanos de su deber de velar por el buen manejo de los fondos públicos.

Agregó Mena que, la ley No. 200-04 ampara al ciudadano de manera clara y precisa a solicitar y recibir información completa y oportuna.

“El  Acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”, añadió.

Mientras que la licenciada Catalina Olea, Responsable de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados de la República. Tuvo a su cargo el tema “Políticas de Privacidad de las informaciones personales del servidor Público: garantía de un derecho fundamental”, quien manifestó que, Las directrices que deben regir la forma de publicación de la información relativa a los funcionarios, legisladores, magistrados, empleados que laboran en las instituciones del Estado resultan de la existencia de derechos fundamentales tales como de la intimidad, de la privacidad y de la protección de datos personales; y de los límites que éstos definen para el ejercicio del derecho fundamental de libre acceso a la información pública.

Olea ponderó que, Estas directricesresultan del reconocimiento de esos derechos fundamentales como tales en: Normativa Internacional sobre Derechos Humanos y Protección de Datos Personales.

En tanto que la abogada laura Acosta habló del tema  El acceso a la información como reclamo colectivo y bien jurídico,  los cometarios estuvieron a cargo de la periodista Edith Febles mientras que Carlos Pimentel, Responsable del Área de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana y Coordinador de la Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano fue el encargado de  las reflexiones finales y clausura del panel.

Participación Ciudadana, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional lanzó lanueva imagen de la Ley 200-04 en un concurrido evento que contó con la presencia de los principales directivos de la institución.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del Sr. Samir Chami Isa, Coordinador General de Participación Ciudadana y el Sr. Javier Cabreja, Director Ejecutivo.

Chami Isa al dirigirse a los presentes explicó que, para garantizar el derecho ciudadano de acceder a las informaciones públicas contamosen la República Dominicana, con laLey General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, aprobada por el Congreso Nacional, el trece (13) de abril año 2004, de igual manera el Reglamento de Aplicación fue promulgado por el Poder Ejecutivo,  el 25 de febrero del 2005, cuando emitió el Decreto 130-05, tomando en consideración los valiosos aportes de las organizaciones sociales.

La promulgación de dicha normativa y su Reglamento, ha provoco grandes expectativas en diferentes sectores de la sociedad dominicana, considerada como un instrumento normativa que contribuye y es un apoyo para el combate a la corrupción administrativa y el aumento de la transparencia,  ayudando a la erradicación de la cultura del secreto, del autoritarismo, la discrecionalidad, fortaleciendo la gestión pública y democratizando los poderes públicos, sostuvo.

En tanto que Cabreja manifestó que la campaña publicitaria de la Ley se lanza como una bebida energizante que les permitirá a las personas abrir los ojos, despertar y conocer sus derechos para acceder a la información pública como herramienta para prevenir y combatir la corrupción.

Dijo el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana que con esta campaña se busca atraer la atención del público hacia los mensajes publicitarios de productos y servicios del diario vivir y con la misma se recurrieron a técnicas persuasivas que fueran capaces de burlar el cerco de la indiferencia.

Expresó que, la campaña está basada en un planteamiento estratégico que consiste en hacer que el público conozca cuál es la herramienta que le permitirá tener libre acceso a la información pública, en este caso la Ley 200-04, pero además se quiere despertar el interés por conocer el contenido de esta Ley y los procedimientos de aplicación. También, y no menos importante, pretendemos con nuestra propuesta lograr motivar al público a que actúe, al poner en conocimiento de los ciudadanos los poderes que le otorga la Ley, pero también las limitaciones.

Añadió que, la población dominicana ha visto cómo las luchas para exigir que sean atendidas y cumplidas las responsabilidades que deben asumir los ciudadanos y ciudadanas que desempeñan funciones públicas han dejado pocos resultados. Por estas y muchas otras razones el pueblo se muestra indiferente cuando se les invita a por lo menos conversar sobre temas de carácter político, en el sentido administrativo y legal de la palabra.

Para la campaña se utilizarán:

• Avisos de prensa

• Volantes

• Minivallas

• Gorras

• Camisetas

• Botones

• Banderolas

• Dummie del Producto tamaño gigante

• Tope de mesa

• Acciones de promoción en Supermercados y zonas de alto tránsito de personas.

En el marco de la actividad fueron premiadas las estudiantes Milagros Mejía Manzueta del Instituto Fabio Amable Mota, con el primer lugar y  Marianelis Contreras Ramos del Politécnico María de la Altagracia con el segundo lugar que participaron en el concurso de investigación donde utilizarían como principal  herramienta la Ley 200-04.

Para escuchar el Jingle del lanzamiento clic aqui

Ing. Temístocles Montás Secretario de Estado de Economía Planificación y Desarrollo Mons. Agripino Núñez Collado Presidente del Consejo Económico, Social e Instituciona

Distinguidos Señores:

Nos complace saludarles al responder la invitación que nos formularan para participar en el proceso de concertación que ha iniciado el Gobierno. Atendiendo el procedimiento informado nos permitimos señalarles las cinco prioridades que consideramos fundamentales para iniciar un diálogo sobre las urgencias económico sociales e institucionales de la nación:

1.- Frente a la Crisis Económica

Como una señal de que se va a avanzar en el respeto de acuerdos anteriores, es importante la revisión del presupuesto de gastos públicos para el año recién iniciado, especialmente en lo concerniente a las prioridades del gasto y el incumplimiento de los consensos y leyes que privilegian la educación, salud y seguridad social y los municipios. La reformulación de dicho instrumento es fundamental además, en el espíritu de “atenuar los impactos negativos de la actual crisis económica mundial sobre la economía y la sociedad dominicana” para reorientar recursos hacia regiones, acciones de infraestructura y grupos sociales muy afectados, así como a establecer un efectivo plan de austeridad, mayor racionalidad en el uso de los fondos públicos, y reajuste del gasto fiscal que permita una reducción de las tasas de interés en beneficio de las actividades productivas.

2.- Incentivo a la Competitividad

Establecimiento de un programa de promoción de la competitividad empresarial en orden al mejoramiento de la producción y la productividad, y en consecuencia al empleo, así como a las exportaciones, con el objetivo de reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos

3.- Transparencia y Lucha Contra la  Corrupción

Un definitivo compromiso de cumplir de inmediato todas las leyes concernientes a la transparencia de la gestión pública y la reducción de la corrupción administrativa. Entre otras la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado, la Ley sobre  Declaración jurada de Bienes, la Ley de Función Pública y Carrera Administrativa, la Ley que Penaliza el Robo de Electricidad y la Ley que instituye el Defensor del Pueblo. Para ello es importante el instituir un Fiscal Anticorrupción y fortalecer  la independencia del Ministerio Público.

4.- Seguridad Ciudadana

Asumir con carácter de urgencia la reforma y profesionalización  de la Policía Nacional en todos los órdenes, y medidas adicionales que propicien la seguridad ciudadana, la paz social y el respeto a los derechos humanos, incluyendo la suspensión de la política policial de ejecución de ciudadanos. Para combatir efectivamente el crimen organizado y el tráfico y consumo de drogas se impone una depuración de las Fuerzas Armadas. Así mismo se requieren disposiciones efectivas para fortalecer los mecanismos institucionales, policiales y judiciales para reducir la impunidad de los transgresores de las leyes.

5.- Marco Institucional

Suspensión del proceso que persigue establecer una nueva Constitución de la República y adoptar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo como base para una real concertación de todas las fuerzas políticas y sociales invitadas al diálogo que propicia el Gobierno “para arribar a un gran pacto nacional entre los actores políticos, sociales y económicos que se plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo incluyendo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años” .

Finalmente queremos enfatizar que no parece posible que podamos participar en un proceso de concertación de esta naturaleza si simultáneamente se está imponiendo una nueva Constitución de la República que excluye dicho consenso, y al mismo tiempo se está ejecutando un Presupuesto de Gastos Públicos que desconoce acuerdos anteriores sobre los mismos temas a discutir, ya que así es imposible “asegurar el avance en el desarrollo económico, social e institucional de la República”, como reza la convocatoria al diálogo.

Con sentimiento de consideración y estima, les saluda, atentamente.

Lic. Francisco Checo

Coordinador General de Participación Ciudadana

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana escogió al abogado Samir Chami Isa como nuevo Coordinador General para este año 2009, durante la primera reunión de esta organización.

Samir Chami Isa sustituye en la coordinación general al licenciado Francisco Checo.

El Doctor en Derecho, Chami Isa es miembro de Participación Ciudadana desde el 2001, fue coordinador de la Comisión de Justicia, actualmente coordina la Comisión de Sostenibilidad Financiera, y forma parte de la Comisión del Fondo Patrimonial.

Además de Participación Ciudadana, el Sr. Chami Isa ha participado en la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS);  la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE); y el Club Rotario.

En su trayectoria profesional ha ejercido en las áreas de Derecho Empresarial, Cobros Compulsivos, Asuntos Bancarios e Inversión Extranjera, se desempeñó como  abogado del Banco de Reservas durante cinco años, luego pasa a formar parte  del departamento legal de Industria Nacionales, en la actualidad es director y presidente de la firma de abogados Chami Isa & Asociados.

Durante la reunión del Consejo Nacional, también  escogieron los miembros integrantes del Comité Coordinador para este año, el cual está integrado por Francisco Cueto,  José Tejada, Rosalia Sosa y Francisco Alvarez, Francisco Checo, Somnia Vargas y el propio Samir Chami Isa.

Los demás integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana son, Julio César Urbáez, Roque Napoleón Muñoz, Norkely del Rosario y Cándido Mercedes.

El movimiento cívico Participación Ciudadana manifiesta su disposición a participar en la reunión cumbre convocada por el gobierno, a condición de que su agenda  abarque los aspectos económicos sociales y los políticos institucionales  incluyendo los constitucionales, inseparables dentro de un pacto de nación, con la firme resolución de contribuir a que la misma no devenga en otra burla y frustración como tantas que hemos padecido en la historia de los diálogos y consensos nacionales.

Frente a la convocatoria al encuentro de las “fuerzas vivas” formulada por el gobierno dominicano, tras reuniones de su Comisión de Análisis Político y su Consejo Nacional,  Participación Ciudadana manifiesta lo siguiente:

1.- Como institución que aboga por la ampliación de la democracia nacional al estadio de la participación de la ciudadanía, no podemos menos que acoger la convocatoria esperando que      la misma se inscriba en el espíritu de la solicitud que formulamos en carta que dirigimos al presidente de la República el 8 de agosto pasado, en vísperas del inicio de su actual período gubernamental.

En esa oportunidad, refiriéndonos al escenario de crisis económica derivada tanto de nuestros desaciertos como del ámbito internacional, planteamos la necesidad de “concentrar atención y esfuerzo en lograr un gran consenso nacional para pactar un proyecto de nación que permita corregir todas nuestras distorsiones, eliminar subsidios improductivos, promover la producción agropecuaria, industrial y energética, reorientar la inversión en beneficio de un desarrollo más justo, combatiendo la pobreza, disminuir el dispendio y la corrupción y al mismo tiempo crear un marco constitucional y jurídico que fortalezca la institucionalidad democrática”.

2.- A nuestro juicio no había ni hay duda que los aspectos económicos-sociales tienen que ser prioritarios en cualquier género de concertación nacional por las urgencias que imponen las distorsiones y excesos nacionales y la recesión internacional. Señalábamos que “En una escala de prioridades, nos permitimos sugerir que el necesario pacto nacional conlleve un riguroso calendario y una firme y plural comisión de seguimiento, poniendo en primer lugar los aspectos de políticas económicas y sociales, relegando para una segunda etapa la reforma constitucional”.

Por eso este encuentro debió preceder la aprobación del presupuesto para el 2009 que a juicio de gran parte de las fuerzas sociales no refleja la austeridad, la prudencia y la rigurosa prioridad en el gasto público que demanda la situación. Además de deficitario y poco realista, ya que se fundamenta en niveles de endeudamiento externo sin precedente precisamente en medio de la peor crisis de los mercados financieros internacionales

3.- Si el gobierno quiere real y sinceramente una concertación por la gobernabilidad está obligado a poner a consideración su proyecto de nueva Constitución que no ha sido consensuado con nadie, aunque fue precedido de una consulta muchos de cuyos resultados fueron ignorados o distorsionados. Por otro lado el proyecto contiene conflictivas reformas fundamentales que han sido objeto de múltiples observaciones y rechazos.

Resulta insostenible y hasta burlesco que se pretenda concertar un pacto “para asegurar el avance en el desarrollo económico, social e institucional de la República”, como dice la convocatoria,  y que al mismo tiempo se pretenda imponer unilateralmente una nueva carta fundamental de la nación. Más contradictorio aún cuando se ha convocado a “Acordar un programa de trabajo que permita arribar a un gran pacto nacional entre los sectores políticos, sociales y económicos que plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años”.

4.- Planteábamos en nuestra carta del 8 de agosto que la búsqueda de consenso para enfrentar la crisis económico-social obliga a un aplazamiento del conocimiento del proyecto de nueva Constitución porque este “podría desviar la atención nacional de los problemas económicos sociales que nos amenazan y generar un clima más de desacuerdos que de concertación, comenzando por la forma misma de emprender esa tarea”. Ese aplazamiento daría además lugar a que el presidente de la República reivindique el valor de tantas concertaciones previas dejadas en el olvido, aceptando el mayor consenso nacional de las últimas décadas que ha sido la convocatoria de una Asamblea Constituyente de amplia participación social por elección popular para una profunda reforma de la Constitución de la República.

Baste recordar que así fue consensuado en el extenso Diálogo Nacional que auspició el gobierno del presidente Fernández (1997-98), por laboriosas concertaciones de la Comisión Nacional para Reforma del Estado y de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional integrada por el presidente Hipólito Mejía en el 2001, que incluyó representantes de todos los partidos reconocidos, de varias instituciones estatales, de unas veinte organizaciones sociales y de una docena de expertos. Para más obligación moral los tres partidos mayoritarios firmaron en septiembre del 2001 un “Pacto por la Reforma Constitucional” en el que se comprometieron a convocar la Asamblea Constituyente por elección popular. Monseñor Agripino Núñez Collado fue el coordinador de la Comisión Especial y luego encabezó una comisión de seguimiento del pacto en la cual se integró a Participación Ciudadana. Por respeto a nosotros mismos nunca hemos dejado de reclamar el cumplimiento de ese pacto.

5.- Nos sentimos obligados a advertir que la tradición de burlas a los consensos y leyes frutos de encuentros como el que ahora se nos convoca y de largos procesos de negociaciones, ha creado una profunda desconfianza en la capacidad del sistema político para cumplir acuerdos.

Nos referimos a los olvidados acuerdos del Diálogo Nacional y los referentes a la reforma constitucional, incluyendo aspectos claves de la consulta que precedió la elaboración del proyecto bajo consideración del Congreso. El último consenso fruto de negociaciones gubernamentales con instituciones empresariales, sindicales y sociales originó la Ley de Austeridad para el 2007 y todos sabemos que tan pronto fue promulgada el 28 de diciembre del 2006 por el presidente Fernández comenzó a ser violada o ignorada. El “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”  suscrito con el empresariado por el gobierno del presidente Mejía en diciembre del 2002, también fue vulnerado.  Resultó imposible poner en vigencia el “Consenso sobre Políticas Sociales” del 1998. Infructuosas han sido también numerosas concertaciones político-sociales para leyes que luego no han sido aprobadas, como la de partidos políticos y la de participación social,  o que aún promulgadas no han sido plenamente acatadas, como la del Defensor del Pueblo o las que establecen porcentajes del presupuesto para educación, consignada en dos planes decenales, y para los ayuntamientos.

6.- Sería muy peligroso para la imagen del gobierno, dado el clima de desconfianza imperante en el país,  que esta convocatoria resultara en otra frustración, porque se le pretenda utilizar simplemente para paliar el disgusto generalizado. La cumbre carecería de sentido si no puede afectar las prioridades del presupuesto de este año y si paralelamente la mayoría gubernamental impone una nueva Constitución sin someter su proyecto a consideración de las organizaciones políticas y sociales. Para su éxito el gobierno tiene que dar claras señales de interés en una real concertación.

En conclusión, Participación Ciudadana propone

A)           Que la cumbre se realice sin apresuramientos y por tanto que sea a mediados de febrero para que todas las organizaciones tengan tiempo de reunir a sus órganos ejecutivos y presentar sus propuestas y que estas sean procesadas por el equipo coordinador.

B)           Que el gobierno aplace el conocimiento de su proyecto de Constitución hasta que sea discutido y que la sociedad tenga oportunidad de rescatar el reiterado consenso de una Asamblea Constituyente que podría ser electa en  los comicios congresionales y municipales del año próximo.

C)           Apoyar la metodología de la convocatoria en cuanto a que en una primera etapa sólo se conozcan las propuestas referentes a la coyuntura de crisis económica, incluyendo políticas sociales y seguridad pública. Y en una segunda los aspectos económicos y sociales  y los institucionales y políticos, incluyendo la reforma constitucional.

D)           Que en todos los aspectos partamos de la revisión del cumplimiento de todas las leyes y acuerdos frutos de consensos anteriores para no comenzar de cero en problemas ya ampliamente debatidos, lo que implicaría:

a.      La ley de austeridad del 2007

b.      El Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico del 2002

c.       El Pacto para la Reforma Constitucional

d.      Las propuestas de reformas constitucionales de la Comisión Especial del 2001

e.      Las resoluciones del Diálogo Nacional 1997-98

f.        Los repetidos consensos para una Ley de Partidos Políticos

g.      El consenso para una Ley de Participación Social

h.       La Ley General de Educación que establece el 4 por ciento del PIB para el sector educativo

i.         La Ley General de Municipios que destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos nacionales

j.        La ley que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social

k.      La Ley General de Presupuesto

l.         La Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado

m.     La Ley General de Electricidad

n.       La Ley del 2007 que sanciona el robo de Electricidad

o.      La Ley de Función Pública

p.      La Ley de Libre Acceso a la Información

q.      La Ley que instituye el Defensor del Pueblo que data del 2001

r.        La Ley General de Migración del 2004

s.       La Ley sobre Organizaciones sin Fines de Lucro

t.        La Ley sobre Declaración Jurada de Bienes

u.       Las leyes del sistema de control del Estado: Contraloría y Cámara de Cuentas

E)         Establecimiento de un eficiente mecanismo de seguimiento.

Debemos comenzar por desearles los más grandes éxitos en todas sus iniciativas durante el año 2009, y grandes avances en nuestro propósito común de la lucha anticorrupción.

Pero el objetivo fundamental de estas notas es ponerlos al tanto y llamar su atención sobre serios retrocesos que se han experimentado recientemente en la República Dominicana, donde en el mes de diciembre hemos sufrido un encadenamiento de golpes sucesivos contra los esfuerzos de controlar, o al menos castigar la corrupción.

Dentro de esa cadena queremos destacar tres sucesos escandalosos, debido a que se originan en los propios agentes que están llamados a ser los protagonistas  fundamentales de la lucha anticorrupción: la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas y el Presidente de la República.

El primero se refiere a un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) relativo al llamado Caso Sun Land.

Hace algún tiempo, la sociedad dominicana se vio conmovida al haberse descubierto que un funcionario gubernamental de segunda categoría, pero investido de un Poder emitido por el Presidente, había firmado un contrato, hasta ese momento clandestino, mediante el cual se autorizaba a The Sun Land Corporation, una empresa muy poco conocida en el país excepto en negocios turbios, a emitir y negociar títulos valores del Estado Dominicano y colocarlos en el mercado internacional de capitales, por valor de 130 millones de dólares, para que la referida empresa a su vez subcontratara a otras empresas para construir unas 11 obras públicas.

Posteriormente se autorizó a The Sun Land a que sólo construyera cinco de las obras señaladas, todo ello sin presupuestos conocidos, sin concursos, y sin que ni siquiera fuera registrada la deuda en la contabilidad gubernamental. Después la mayoría de las obras no se ejecutaron, el dinero no apareció, pero el Gobierno se ha visto precisado a honrar los valores emitidos.

Como la Constitución manda que todo endeudamiento del Estado debe contar con la autorización del Congreso,  un partido de oposición y una organización de la sociedad civil (que no es Participación Ciudadana) elevaron sendas instancias ante la SCJ, en su calidad de Tribunal de Garantías Constitucionales, para que declarara la inconstitucionalidad del Contrato.

La SCJ tomó 14 meses antes de decidir (tiempo suficiente para que el Presidente lograra su segunda reelección, pagara una parte de los valores emitidos, rescindiera el contrato de construcción y renegociara el pago de los valores restantes), para terminar fallando que, pese a no haberse cumplido el mandato de la Constitución, la instancia era inadmisible por falta de calidad de los demandantes, calidad que sólo atribuye a los presidentes de las dos cámaras legislativas, con lo cual sienta una jurisprudencia que le niega el derecho a los ciudadanos de reclamar la constitucionalidad de los actos públicos. Este es un caso penoso que parece tener la connotación de negociación política de los fallos judiciales o de postración de la justicia ante el Poder Ejecutivo.

El segundo caso es el de la Cámara de Cuentas.

Este organismo es designado cada cuatro años por el Senado de la República, pero de ternas que le somete el Presidente. Como en la tradición dominicana el Senado termina escogiendo a los que encabezan cada terna, siempre se impone la decisión del Poder Ejecutivo en la elección de quienes están supuestos a fiscalizar sus finanzas. En los últimos tiempos, esto ha sido aprovechado por el Presidente de la República para premiar seguidores, favorecer el clientelismo, o servirse del habitual trasfuguismo político, compensando a militantes de otros partidos a cambio de favores.

Así fueron escogidos los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas, los cuales comenzaron en poco tiempo a servirse ellos mismos del presupuesto público. Fue tal el escándalo, que en breve plazo fueron llamados por el Congreso a un juicio político, que terminó con la renuncia de algunos y la destitución de otros.

Se imponía pues, la escogencia de una nueva Cámara de Cuentas. Pese a los reclamos de Participación Ciudadana y de otras organizaciones, para que se cambiaran los criterios de selección, el Presidente y el Senado transitaron la misma ruta. Y no bien habían iniciado sus funciones los nuevos integrantes cuando el país se vio estremecido por la noticia de que, con apenas poco más de dos meses de servicios, se habían autoasignado bonificaciones y regalías millonarias con motivo de las navidades. Fue tal el escándalo público y el reclamo de que renunciaran, que sus integrantes se vieron forzados a devolver el dinero cobrado. Nuevamente tenemos una Cámara de Cuentas sin credibilidad, lo que la inhabilita para ejercer las importantes y delicadas funciones a su cargo.

Y el tercer caso es el más escandaloso de todos, pues se refiere al indulto presidencial de unos reos condenados por corrupción, de los muy  pocos casos de sanciones judiciales por corrupción que conoce la historia dominicana.

El indulto es un derecho que confiere la Constitución al Presidente para perdonar algunos presidiarios, con motivo de las navidades o de algunas fechas patrias. Ante la falta de criterios definidos para escoger a los beneficiarios, la tradición y la expectativa de la ciudadanía es que dicha gracia se otorgue en función de la naturaleza del delito cometido, la proporción cumplida de la pena, y el comportamiento del reo durante la reclusión.  Incluso, hace algún tiempo se creó una Comisión Nacional de Indultos, para evaluar los casos propuestos.

La situación es que ahora, el Presidente aprovechó para liberar algunos dirigentes políticos y empresarios del transporte condenados hace muy poco tiempo por una gran estafa contra el Estado en la compra y distribución de autobuses, camiones y otros tipos de vehículos, como parte de un plan de mejoramiento del transporte público denominado Plan Renove.

El hecho se hace más grave porque el Presidente aprovechó para incluir en el perdón a una ejecutiva bancaria, de las principales responsables del enorme fraude bancario ocurrido en República Dominicana hace algunos años, que no había cumplido ni siquiera un día de cárcel. Se trata de la principal vicepresidenta del BANINTER, envuelta en un fraude de magnitud extraordinaria en función de la economía dominicana, pagado íntegramente por el fisco con emisión monetaria, con un costo fiscal cercano a los 80 mil millones de pesos (alrededor de 4,000 millones de dólares a la tasa de cambio del momento en que se descubre), y que tuvo un impacto terrible de empobrecimiento de la sociedad dominicana.

Pero los ejecutivos de BANINTER fueron personas muy populares, porque financiaban campañas políticas y distribuían dinero en abundancia entre funcionarios, legisladores, jueces y jerarcas políticos, militares, religiosos, etc., y hasta en organizaciones comunitarias, pero sobre todo, en medios de comunicación y creadores de opinión pública. Por eso fue tan ardua la lucha que debió asumir una parte de la sociedad dominicana para lograr que la justicia condenara a algunos de los responsables. Gran parte del poder político del país estaba en desacuerdo.

Que le impedía ir a la cárcel. De esa forma, fue internada en un hospital privado y no purgó ni un solo día de su condena, hasta que fue indultada por el Presidente. Como consecuencia de la decisión, cuatro de los seis miembros de la Comisión Nacional de Indultos, presentaron su renuncia.

Nuestro temor es mayor porque existe la expectativa de que el Presidente de la República, que tiene en su gabinete y como uno de sus principales asesores al jefe del bufete de abogados encargado de la defensa de los banqueros, aproveche una próxima ocasión para indultar a los demás condenados.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió a la consideración de la sociedad dominicana una evaluación donde recoge reflexiones y consideraciones relacionadas con el manejo y desempeño de los diferentes actores sociales en ocasión del cumplimiento de sus respectivos roles durante el año que próximamente termina.

La presentación del informe se produjo durante una rueda de prensa celebrada en las oficinas de la entidad de sociedad civil con la participación de sus directivos: Trajano Vidal Potentini, Giovanni Matos y José Sánchez.

El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) Trajano Vidal Potentini, declaró que el informe procura resaltar los grandes temas que atañen al interés nacional en el aspecto social, económico, político y judicial, haciendo especial énfasis en los tres poderes del Estado, tomando en consideración una serie de variables, a nuestro juicio las más relevantes.

Destacó Potentini, que otro de los puntos a considerar para la elaboración de este informe, de manera también primordial, fueron las proyecciones estadísticas e indicadores del comportamiento de la economía nacional, así como las principales noticias ocurridas durante el año 2009. Esta evaluación pretende ser objetiva e imparcial, con la esperanza de que se erija en un modesto aporte que contribuya a no repetir los errores del pasado y fortalecer los aciertos.

El Presidente de la FJT resalto el proceso de reforma y nueva constitución dominicana como el acontecimiento de mayor relevancia que de seguro marcará el año 2009, lo fue el recién finalizado proceso de reforma constitucional que se tradujo en un ejercicio cívico de fomento del constitucionalismo y en una participación democrática, caracterizada por las discusiones y puntos de vistas encontrados de los diferentes actores sociales, que finalmente fructifico en un instrumento constitucional moderno con avances y novedades, retos de cara al futuro y definitivamente algunos escollos.

A seguidas pasamos a priorizar algunas de las variables abordadas en el documento contentivo de la evaluación 2009, a saber:

Los partidos políticos y la narco-política

La experiencia presente del profuso proselitismo en las agrupaciones políticas y los graves y preocupantes señalamientos del auge de la narco-política nos invitan a instaurar mecanismos de control en la selección de candidatos a cargos electivos, que incluyan la depuración en los diferentes organismos del estado (DNCD, Policía Nacional, DNI, Procuraduría General de la República y Poder Judicial; además la presentación de una declaración jurada documentada con la justificación en detalles de la fortuna o bienes que posea, la prueba antidoping y la aplicación del detector de mentiras o polígrafo, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE) que en adición deberá como órgano comicial del país, tomar los controles de lugar a los fines de garantizar un certamen electoral libre de la ilegitimidad que fomenta el narcotráfico con la compra de conciencia y el uso abusivo de recursos económicos de procedencia dudosa.

Las reservas de las candidaturas a cargos electivos

Constituye en la actual coyuntura electoral una traición de los partidos políticos a su propia militancia el reservarse la mayoría de las candidaturas a cargos congresuales y municipales en desmedro y violación al espíritu de la democracia, lesionando el sagrado derecho que tienen sus adeptos, de competir en igualdad de condiciones por una posición electiva. Esta acción conculca el derecho a elegir y ser elegido, un derecho con protección y tutela constitucional, contemplado en nuestra actual ley sustantiva en el artículo 13, numerales 1 y 2, que disponen lo siguiente: “Artículo 13.- Son derechos de los ciudadanos:1. El de votar con arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere el artículo 90 de la Constitución. De ahí que las denominadas reservas de candidaturas constituyen una grosera violación a derechos fundamentales, condenadas por nosotros, en el rol que jugamos, como entidad veedora del respeto a las leyes y a la institucionalidad, características distintivas de un Estado social y de derecho, propio de los sistemas democráticos.

Creación de leyes y órganos anticorrupción

En materia de lucha contra la corrupción se advierten avances a nivel legislativo y de estructuras administrativas con una cantidad apreciables de leyes que versan sobre las materias, además de la Comisión de Ética y Ministerio Público especializado para la persecución de la corrupción administrativa, y que hoy en la nueva constitución son ampliamente fortalecidos con la previsión del nepotismo, la prevaricación, la declaración jurada de bienes, la imposibilidad de los funcionarios públicos de incrementarse el salario en provecho propio, la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y del estado; así como el establecimiento de un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad y la facultad otorgada a la sociedad de control y fiscalización sobre los fondos públicos (Artículos 140, 146,148,245 y 246 de la nueva Constitución).

Contraste existente entre los avances legislativos y la situación real

Todos estos avances, de una profusa legislación en materia anti-corrupción y la existencia de organismos estatales especializados en combate a la corrupción, lamentablemente contrastan con las mediciones internacionales que continúan situando al país en un lugar privilegiado, señalándolo como uno de los países donde se percibe mayor grado de corrupción en la región, percepción que nos alarma, nos preocupa y sobre todo nos invita a la reflexión en este final de año 2009 de cara al 2010.

Falta de una cultura de transparencia en el país

En la República Dominicana, desde el gobierno de Pedro Santana hasta el presente, ningún gobierno ha instaurado un esquema de cultura transparente en el manejo de la cosa pública, sin política definida en materia de lucha contra la corrupción, con la única excepción del mandato de 7 meses del profesor Juan Bosch.

La dirección de persecución de la corrupción administrativa (DPCA) y sometimientos judiciales en curso

La dirección de persecución contra la corrupción administrativa luce incapacitado para dar repuesta a los múltiples expedientes que le han sido sometidos, por denuncias, querellas y hasta por rumor publico por la comisión de presuntos actos de corrupción. Casos que en el presente se mantienen en una especie de limbo jurídico, lo que se traduce en una eventual impunidad.

Cámara de Cuentas

Es el principal órgano del Estado llamado a controlar, vigilar y fiscalizar el uso y manejo de los recursos del pueblo dominicano, de ahí su trascendencia, como entidad orientada a prevenir y combatir la corrupción administrativa en la República Dominicana.

Esta entidad se erige como uno de los grandes escollos de la prevención y combate en contra de la corrupción en la República Dominicana, registrando una labor deficiente y deplorable, que apenas alcanza a cubrir un aproximado de un 15% equivalente a un poco mas de 200 auditorías del grupo de instituciones estatales que la ley le facultad a fiscalizar durante el año, situación que se presenta como un mal ejemplo que debilita, cuestiona y erosiona la institucionalidad y el propio sistema democrático del país.

ASPECTO ECONOMICO

La economía dominicana estuvo condicionada durante todo el año 2009, por el impacto de la crisis internacional que se iniciara en los Estado Unidos, a partir de la quiebra de los principales bancos de inversión durante el 2008, seguida después por el cierre masivo de importantes bancos comerciales y entidades de crédito inmobiliario.

Esta situación produjo efectos expansivos que alcanzaron a sectores determinantes de la economía mundial como el turismo, el comercio de bienes manufacturados y las remesas. Estos efectos fueron determinantes para que se produjeran reducciones apreciables en los niveles de crecimiento sostenido que habíamos alcanzados en los últimos años.

Auge de la narco-delincuencia

La Fundación justicia y Transparencia (FJT) ve como alarmante y de mayor preocupación para los dominicanos la ocurrencia reiterada de hechos delictivos o delincuencia que amenaza la paz pública y la armonía social en el país. Ante el incremento de la narco-delincuencia consideramos necesario ampliar la vigilancia y presencia policial en el país; así como perseguir y reprimir el narcotráfico que hoy por hoy se proyecta como el epicentro de más del 90% de toda la actividad criminal.

Causas que favorecen el fenómeno delincuencial

Asimismo entendemos que las principales causas que originan el fenómeno delincuencial tienen su génesis en una serie de factores económicos y sociales, a saber: desempleo, desigualdad social, falta de oportunidades y pobreza, niveles bajos de educación, consumo de drogas y la corrupción administrativa; factores que deben ser abordados con responsabilidad por el Estado Dominicano, dándole un enfoque y tratamiento integral, que incluya políticas preventivas o acciones alternas a la problemática en cuestión

Medidas a tomar

También favorecemos por parte de las autoridades competentes la aplicación y realización de encuestas, estudios, análisis y diagnósticos sobre el incremento y ocurrencia reiterada de actos delictivos, identificando las causas de la criminalidad y posibles correctivos a implementar para su combate eficiente.

En este contexto se hace necesario vincular a la Policía y a la DNCD en actividades preventivas con la comunidad como método efectivo de lucha contra la criminalidad.

La policía nacional y los derechos humanos

La criminalidad en la República Dominicana proyecta avances preocupantes que han devenido en múltiples cuestionamientos a la policía nacional por los métodos empleados en la persecución y combate a la delincuencia, que al día de hoy suman más de 400 muertos en intercambios de disparos, algunos de ellos bajo la duda de posibles ejecuciones, unas hasta ahora demostradas por sometimientos y condenas por parte de las autoridades y otras en proceso de investigaciones.

Consecuencias internacionales por violación a los derechos humanos

Lo cierto es que la materia derechos humanos siempre será un tema muy sensible para cualquier país, por las implicaciones que en el plano internacional pudieran tener el irrespeto a los mismos, de cara al acceso de la República Dominicana a algunos organismos internacionales de cooperación y ayuda en temas conexos con la pobreza, medio ambiente y desarrollo, entre otros.

Creemos que el gobierno tiene el ineludible deber de garantizar eficazmente la tutela y protección efectiva de los derechos humanos, no observar este postulado traería consecuencias negativas para el país, ejemplo en la objeción que podrían hacer otras naciones a candidaturas presentadas por el país a cargos o puestos en organizaciones internacionales, así como las trabas al desarrollo del intercambio comercial de manera reciproca en el marco de los acuerdos internacionales de libre comercio como lo sería el DR CAFTA, donde el incumplimiento de estándares internacionales de protección a los derechos humanos acarrearía consecuencias negativas.

El Poder Judicial en la República Dominicana

Luce, rezagado, con múltiples tareas pendientes, el necesario impulso de la denominada segunda ola de reformas y de la falta de recursos, en adición al desgaste natural de una Suprema Corte de Justicia con más de doce años de labor ininterrumpida, son algunos de los escollos que advertimos han obrado en perjuicio o desmedro de un mejor desempeño por parte del Poder Judicial.

Consideraciones varias de hechos trascendentes en diversas aéreas acaecidas durante el año 2009

La cumbre de las denominadas fuerzas vivas, auspiciada por el gobierno dominicano, fue un interesante ejercicio de dialogo, discusión y consenso de los grandes problemas nacionales, arrojando conclusiones que han quedado engavetadas sin seguimiento y resultados positivos.

El pacto Leonel Fernández-Miguel Vargas sobre la reforma constitucional, positivo en principio aunque gestado al margen de la institucionalidad partidaria, sirvió para relanzar en ese momento la rezagada reforma constitucional, el cual en una segunda etapa o extensión y ampliación de los acuerdos devino en un precedente funesto para la democracia dominicana.

La firma y aprobación congresional del contrato de la Barrick Gold en medio de diversos cuestionamientos que lo señalan como un contrato leonino, lesivo y dañino del interés nacional.

Los aprestos del gobierno para rescatar el peaje de las Américas dado en concepción a la empresa CODACSA en condiciones poco transparente, erosionando el patrimonio nacional.

El escarceo y reacción social del pueblo dominicano en el caso de la instalación de una cementera en el Parque Nacional de los Haitíses.

La migración Haitiana y la campaña internacional de descredito en contra de la Republica Dominicana, dirigida por países y organismos internacionales, situación que nos invita a la reflexión y nos pone en alerta de los grandes problemas y amenazas que se ciernen sobre el país.

Retos y tareas por delante para el año 2010

Mantener la estabilidad macroeconómica, dinamizar la economía, observando un crecimiento aceptable.

Implementar exitosamente la nueva constitución.

Combatir eficazmente la corrupción.

Perseguir, castigar y prevenir la delincuencia y el narcotráfico.

Celebrar elecciones limpias y libres de cuestionamientos.

Mejorar y relanzar el sector energético.

Generación de empleos y disminución los niveles de desigualdad social.

Consensuar una ley de partidos políticos, que prevea los problemas y defectos del sistema democrático dominicano (financiamiento, publicidad, duración y costos de las campañas, uso de los recursos del estado, clientelismo y celebración de las primarias en los partidos políticos etc.)

La elaboración e implementación de un plan nacional de austeridad.

La modificación del código procesal penal, en una especie de pro-reforma, adecuando a nuestras condiciones objetivas y particulares las disposiciones del código.

Mayor rentabilidad, organización y transparencia en el manejo de los fondos del sistema de seguridad social.