Capacitación para la acción.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Participación Ciudadana movimiento cívico no partidista, en el marco del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, han aunado esfuerzos en conjunto a partir del acuerdo de cooperación interinstitucional, impulsan acciones conjuntas en aras del fortalecimiento y continuidad de la institucionalidad de nuestro país, en esta oportunidad realizaron el Curso Básico del Marco Legal sobre Compras y Contrataciones Públicas desde la óptica del Proveedor "Prepárate para Negociar con el Estado con Transparencia y Garantías Legales" dirigido al sector privado, con el objetivo de presentarles las facilidades que brinda el marco legal vigente como caldo de cultivo para la realización de negocios entre el Estado y el sector privado.

Dicho curso se realizó en el Hotel Meliá Salón Bonanza, con los auspicios de la USAID, dentro de los temas que se trataron mencionamos lo siguientes: Marco Legal sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, Registro de Proveedores, Factores a tomar en cuenta para Presentar Ofertas al Estado, Ética en Materia de Compras y Contrataciones Públicas, Acceso a la Información Pública aliada de la Transparencia en el marco de las Compras y Contrataciones Públicas, Portal www.comprasdominicana.gov.do

La actividad contó con la presencia del doctor Eric Hazim, Director General de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el doctor Santiago Sosa Coordinador de Participación Ciudadana quienes dieron el discurso de apertura. Los expositores fueron: La Licda. Mercedes Eusebio, Analista Legal Dpto. Políticas Normas y Procedimientos, Licda. Melissa Cuevas, Encargada del Dpto. Políticas Normas y Procedimientos Lic. Máximo Díaz, Encargado del Dpto. Registro Proveedores del Estado, Licda. Yaraida Volquez, Analista de Procedimientos Dpto. Políticas Normas y Procedimientos Lic. Candido Mercedes, Sociólogo, miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana Lic. Carlos Pimentel, Responsable Área de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana. Licda. Nalda Lizado Enc. de la Oficina de Acceso a la Información de la DGCP.

La actividad contó con la presencia de 38 participantes provenientes de distintos sectores del empresariado Dominicano, la misma concluyo con la entrega de certificados a los participantes.

Más de 80 organizaciones unen sus voces contra la falta de transparencia en la gestión pública.

SANTO DOMINGO, República Dominicana .- Una coalición de más de 80 organizaciones de la sociedad civil se declaró en estado de vigilancia ante los cambios institucionales que ocurrirán, como consecuencia de la reforma constitucional, para que se hagan con altura y apego a los mejores intereses del país.

En una declaración conjunta, las agrupaciones sociales advirtieron que estarán atentas- para que se proceda con apego a la ley y a la institucionalidad- al momento de seleccionar el Consejo Nacional de la Magistratura , la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Dijeron que se requiere una mayor movilización ciudadana a favor de la institucionalidad.

Alertaron sobre la necesidad de seleccionar jueces probos, independientes e imparciales, especialmente en el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son definitivas e irrevocables y es la entidad que tendrá la responsabilidad de “garantizar la supremacía de la Constitución , la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

Manifestaron que tendrán también la vista fija en la escogencia del Defensor del Pueblo, la reestructuración de la Junta Central Electoral (JCE), la conformación del Tribunal Superior Electoral, la integración de la Cámara de Cuentas, la reforma a la legislación electoral y la aprobación de la ley de partidos.

Proclamaron que tienen la expectativa de que el Defensor del Pueblo cuente con la independencia y los recursos necesarios para cumplir con su objetivo y que el Senado actúe con extrema responsabilidad al seleccionar al presidente y los integrantes de la JCE.

Propusieron que el Tribunal Superior Electoral sea integrado por solo tres jueces de reconocida integridad y sus suplentes, lo que haría mas funcional el organismo y evitaría un gasto innecesario de fondos públicos. La nueva Constitución dice que este organismo debe estar conformado por no menos de tres jueces y no más de cinco con sus suplentes.

Respecto a la conformación de la Cámara de Cuentas, las entidades de la sociedad civil consideraron que este organismo debe mejorar sustancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

En el plano político, la coalición manifestó su esperanza en que la ley de partidos –pendiente de aprobación- sirva para contrarrestrar el reparto de prebendas, los engaños, el uso indebido de recursos públicos, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política.

Consideraron propicio el momento para eliminar –de una vez y por toda- el barrilito de los senadores y otras prebendas de legisladores, mejorar el desempeño del Congreso y los ayuntamientos, elevar la calidad del presupuesto a través de un gasto racional y frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado.

El documento, que se publica en espacio pagado, está suscrito, entre otras organizaciones, por L a Lucha , Fundación Justicia y Transparencia (FJT) , Asociación Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) , Centro Juan XXIII , Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Inc. (AEIH) y Federación de Asociaciones Industriales, Inc. (FAI).

También, Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo , Pro-Bien , Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Ciudad Alternativa , Participación Ciudadana , Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes , Solidaridad Fronteriza , Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA) , Radio Santa María y Centro Fe y Cultura Manresa y Colectiva Mujer y Salud.

El presidente Fernández está impedido por la nueva Constitución de repostularse.

SANTO DOMINGO.- El director Ejecutivo de Participación Ciudadana también aseguró que la nueva Constitución de la República prohibe la reelección.

Javier Cabreja dijo que "lamentablemente, el nuestro es un país con una cultura política en la que ha primado el caudillismo, donde se considera que no existen relevos y que una persona es imprescindible, lo que explica que grupos se mantengan planteando una respostulación del Primer Mandatario por segunda vez, pero declaró que eso es algo con lo que hay que romper".

Cabreja sostuvo que sólo una nueva reforma constitucional abriría el camino para que Leonel logre la reelección, pero manifestó que eso tendría un costo político y un retroceso institucional de tal dimensión que no cree que el Mandatario esté dispuesto a asumir.

“Leonel no debe oír estas opiniones y estas posiciones de esos grupos y lo que debe hacer es acogerse a lo que establece la constitución que él promovió y aprobó, y lo que está consignado en ella es que se prohíbe la reelección”, expuso el director ejecutivo de Participación Ciudadana al participar como entrevistado en el programa "Encuentro Extra" que produce Cristhian Jiménez y que se trasmite cada domingo de 7 a 8 de la mañana por el canal 9 de Color Visión y de 7 a 8 de la noche por el 45 de Tele-Radio América.

Recordó que el ex presidente Hipólito Mejía se embarcó en la empresa de reformar la Constitución para intentar reelegirse y manifestó que el costo político que eso representó para ese entonces todos los dominicanos lo conocemos.

Planteó que a Participación Ciudadana le preocupa que instituciones del Derecho en el país y reconocidos juristas estén proponiendo la reelección, cuando están conscientes de que con el articulado constitucional que nos norma, eso no es posible.

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

Por otra parte, informó que la FINJUS está organizando con los nuevos legisladores un seminario-taller que será impartido el 14 de julio, a los fines de empoderarlos sobre una agenda legislativa, con el propósito de que los nuevos legisladores comiencen a trabajar en el marco de lo establecido por la nueva Constitución.

Castaños Guzmán comentó que en el marco de lo que establece la Carta Magna hay que reformar más de 22 leyes orgánicas y otras creadas, mientras que más de 60 leyes adjetivas tendrán que ser modificadas.

“Es decir, se trata de una verdadera revolución normativa que vamos a vivir en la República Dominicana y yo creo que de lo que se trata es de ir creando las condiciones para que cuando tengan esta atribución puedan contar con las herramientas necesarias para poderla hacer de manera exitosa”, dijo.

El presidente Fernández está impedido por la nueva Constitución de repostularse.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que es “imposible, jurídicamente hablando" que el presidente Leonel Fernández pueda repostularse con la nueva Constitución. De su lado, el director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, Javier Cabreja, exhortó al presidente Fernández, a no escuchar a los sectores que presionan para que intente lanzarse a la reelección.

El Presidente de FINJUS afirmó que la Carta Magna proclamada el 26 de enero de este año prohíbe que el gobernante pueda aspirar a un nuevo mandato.

“El presidente no se puede reelegir en virtud de esta Constitución. Quienes se pronuncian en ese sentido, yo le deseo suerte y que le vaya bien”, dijo.

Castaños Guzmán observó que las constituciones son de aplicación inmediata. “Yo no quisiera ni siquiera analizar eso, porque eso no tiene ningún sentido”.

A su juicio, el tema le hace “mucho daño al Presidente de la República”, del cual tiene la impresión de que no anda por esos caminos.

“Pero siempre hay un grupo que son los que le encanta estar animando a este tipo de corriente, digámoslo así y, evidentemente, yo creo que eso no es más que una necedad y una falta de respeto a una sociedad que la acabamos de someter a un proceso electoral traumático, porque reflejó una crisis en el sistema de partido”, agregó.

Al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa “Esferas de Poder”, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, el jurista también recordó que terminó un proceso de reforma constitucional que duró más de dos años “para que nos vengan con esa cantaleta ahora”.

Castaños Guzmán aseguró que la sociedad está cansada de este tipo de distracción, por lo que invitó a la clase política y a instituciones de la sociedad que se concentren en los que son los verdaderos problemas.

Opina que la sociedad debe estar concentrada en los problemas que refleja el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y no en vanidades que no contribuyen para nada.

Participación Ciudadana dice que es peligroso para el desarrollo de la democracia que un solo partido tenga todos los poderes.

La sociedad civil reclama consenso al PLD en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, entiende sería un peligro para la democracia la ausencia del PRD y los reformistas en ese organismo.

Comienzan las presiones de la sociedad civil para que uno de sus miembros sea incluido en el Consejo Nacional de la Magistratura, pese a que la Constitución no lo establece.

Participación Ciudadana dice que es peligroso para el desarrollo de la democracia que un solo partido tenga todos los poderes.

La designación de los miembros de la Suprema, tribunal constitucional y del supremo electoral. Esa decisión tiene que ser equilibrada entre los partidos.

El representante de los diputados, el oficialista Julio César Valentín le recuerda a la sociedad civil que el pueblo fue quien le dio la potestad al PLD en las elecciones para tener mayoría.

Los reformistas buscan dirigir la Cámara de Diputados a partir del 16 de agosto.

Los observadores de PC reportaron alta presencia de militantes con propaganda política, amplia distribución de dinero y compras de cédulas.

Participación Ciudadana presentó su cuarto y ultimo informe de observación electoral en el que reveló que las elecciones Congresuales y Municipales se caracterizó por un incremento del clientelismo, el transfuguismo y del abuso de los recursos estatales.

El Movimiento Cívico entiende que esto representa serios retrocesos en la democracia interna de los partidos y prevalencia de irregularidades en el escrutinio, a pesar de un mayor esfuerzo organizativo de parte de la Junta Central Electoral.

Por esta razón, Santiago Sosa, coordinador general de PC, calificó como urgente la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos y otras reformas que refuercen la institucionalidad democrática nacional.

La Organización No Gubernamental indic ó que desde que la JCE comenzó a emitir los boletines con los resultados parciales de las elecciones, se presentaron denuncias y quejas de fraude e irregularidades, especialmente en municipios y provincias que arrojaron resultados con estrechas diferencias.

El escrutinio de los votos preferenciales también ha originado impugnaciones y confrontaciones entre candidatos pertenecientes a un mismo partido.

“En los días posteriores al escrutinio se han venido presentando impugnaciones en múltiples jurisdicciones electorales, algunas con claros indicios de irregularidades. Las autoridades electorales están en la obligación de dilucidar tales reclamos, a fin de esclarecer el proceso con diafanidad, particularmente en los lugares donde la diferencia de votos entre los candidatos es tan pequeña que pudiese alterarse la voluntad de los electores ” expresó Sosa en rueda de prensa.

Resulta penoso constatar que aun persisten vergonzosas prácticas fraudulentas que creíamos superadas, en perjuicio no solo de adversarios políticos sino entre candidatos de un mismo partido, con el propósito de modificar la voluntad popular expresada en las urnas.

PC afirma que para superar las limitaciones presentadas en el recién finalizado proceso y como una forma de mejorar las venideras jornadas electorales, se hace necesario promover un conjunto de reformas políticas e institucionales, entre las cuales resaltamos la aprobación a la mayor brevedad de la ley de Partidos Políticos y una reforma de la Ley Electoral para garantizar el derecho a elegir a los senadores separados de los diputados y a los alcaldes independientemente de los regidores.

También para regular las campañas electorales con plazos firmes y el financiamiento público y privado de los partidos políticos, con sanciones suficientes para disuadir las violaciones.

El Movimiento Cívico sugirió a la Junta Central Electoral mayor promoción de la educación cívica electoral, mediante el fomento de debates políticos entre los partidos y exigir a los partidos políticos difundir sus programas y planes de gobierno básicos.

Advertimos que el voto válido computado en estos comicios sólo alcanzó el 56 por ciento de los empadronados, con niveles de abstención por encima del 50 por ciento en las mayores concentraciones urbanas del Distrito Nacional (55%), provincia Santo Domingo (53%), Santiago y San pedro de Macorís (48%) , y La Romana (47%).

Esta vez Participación Ciudadana realizó su observación electoral con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de IDEA Internacional. Implicó el desplazamiento de observadores nacionales en 16 provincias e internacionales en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.

El Coordinador General de PC explicó que la observación puso énfasis en la etapa previa a la votación, comenzando con la elección de los candidatos, pasando por la campaña electoral y finalmente la jornada de elección y el escrutinio de los votos. Incluyó una observación especial de los medios de comunicación y su rol en el proceso, así como un análisis cualitativo de su cobertura de la campaña electoral.

Sosa denunció que “Constatamos un fuerte retroceso en la democracia interna de los partidos, por la alta proporción de candidaturas señaladas por las cúpulas partidarias, a menudo con desprecio de los reclamos de sus bases o en desconocimiento de sus escogidos.

Ponderamos el mayor esfuerzo y acierto en la organización de las elecciones, con actuaciones relevantes de los diversos órganos de la Junta Central Electoral.

Pero la campaña electoral se caracterizó por la inequidad, con profusión de uso y abuso de recursos estatales, gasto sin límites, y las prácticas clientelistas, mientras los debates y planteamientos programáticos fueron mínimos.

Asimismo nos llamó la atención la alta presencia de militantes con profusión de propaganda política alrededor de los recintos electorales, y una amplia distribución de dinero, incluyendo compras de cédulas, y otras irregularidades volvieron a expresarse en proporciones considerables en la jornada de votación.

En debates expusieron Ventura Camejo, Sosa, Castaños Guzmán, Rodríguez y Montero.

SANTO DOMINGO.-Expertos de los sectores público y privado comenzaron a debatir el anteproyecto de Ley Orgánica para la organización de la administración pública, con la finalidad de lograr que la pieza legislativa llegue consensuada al Congreso Nacional y reciba el apoyo de la mayoría de los legisladores, como sucedió con la Ley de Función Pública.

Ese anteproyecto fue organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), que dirige el licenciado Ramón Ventura Camejo.

Entre los que debatieron figuran el propio Ventura Camejo, el viceministro de Función Pública, el abogado  Gregorio Montero,  el coordinador general de Participación Ciudadana, doctor  Santiago Sosa,  el profesor universitario, Olivo Rodríguez Huertas, y  el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). También expuso el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Faustino Gallardo.

Ventura Camejo indicó que hay que profundizar el trabajo para organizar los Ministerios, para que éstos puedan enfrentar las deficiencias que se le puedan presentar o las que tienen.

El funcionario manifestó que el trabajo hay que fundamentarlo sobre la base de una transformación de la administración pública, acorde con los planteamientos de eficiencia y calidad que requieren los ciudadanos.

 Habló de la importancia que tiene el proyecto, debido a que implica la institucionalidad en la administración publica. También destacó la importancia que  tiene el Consejo de Ministerios, el cual figura en la Constitución de la República.

 Dijo que ese organismo deberá trabajar con la finalidad de mantener una inter-relación que permita el seguimiento, acción y planificación de las actividades de la administración pública.

El representante del gobierno dijo que ese organismo también será una base para llevar a cabo normas e iniciativas a favor del sector público y señaló que ese anteproyecto de Ley será debatido en todo el país, como ocurrió con la ley 41-08, de Función Pública.

En el desarrollo del anteproyecto de Ley trabajan las instituciones citadas anteriormente. También, la Agencia de  Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En la actividad estuvo presente Stiven Brager, de la USAID.

 Por su parte, Montero, al ofrecer explicaciones del proyecto, dijo que  se busca que éste corra el mismo camino que el de Función Pública, que después de ser debatido en el país, fue aprobado por el Congreso Nacional sin ningún tipo de  inconveniente.

Informó que en la pieza están las propuestas para determinar hasta dónde llegan las competencias organizativas de los organismos que intervendrán en la administración pública.

El funcionario detalló ampliamente el anteproyecto de Ley y dijo que éste es fundamental para el desarrollo de una administración pública organizada y que responda las inquietudes de los ciudadanos.

El coordinador general de Participación Ciudadana, el doctor Santiago Sosa,  destacó la importancia que tendrá esa Ley para el país. Elogió al ministro de Administración Pública por poner en debate la idea.

Dijo que esa institución, conjuntamente con  junto el MAP y otras instituciones,  impulsará esa  Ley, la cual calificó de trascendente  para el desarrollo del sector público.

 El doctor Sosa indicó que  en el país hay una Ley de función administrativa vigente desde los años 50, que ya no se ajusta a las actuales demandas.

Afirmó que con el anteproyecto Ley, promovido por el Ministerio de Administración Pública y con los auspicios de la USAID , se busca que los diferentes sectores hagan sus aportes con la idea de contar con un instrumento favorable para la organización del Estado.

Observó que una Ley, consensuada, como se espera, no sólo responderá a los criterios del MAP,  sino de todos los sectores.

El coordinador de esa institución explicó que  durante el desarrollo de la Mesa de Expertos, se hicieron importantes aportes, como fueron los del doctor Rodríguez Huertas, sobre los aspectos que debe tener la Ley de Organización de la Administración Pública.

El vicepresidente de la FINJUS  manifestó que es lamentable que esa iniciativa comenzara tan tardío, pero llegó. Dijo que debe aprovecharse la oportunidad que dio el ministro de Administración Pública, el cual organizó los debates que deberán continuar en todo el país.

 Castaños Guzmán dijo que el anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Pública es importante, debido a que no hay una legislación que regule esa función  del Estado.

“Yo creo que al Ministerio de Administración Pública, hay que felicitarlo por esta iniciativa”, precisó el vicepresidente de la FINJUS.

Observó que todo lo que pueda contribuir con el mejoramiento de la función pública, es importante.

 El dirigente de la FINJUS destacó que la nueva Constitución de la República , acogió la función pública en su seno y estableció una serie de principios, como el de legalidad.

Tiene la esperanza de que el anteproyecto pueda ser consensuado, para cuando llegue al Congreso Nacional, éste  sea legitimado.

 Rodríguez Huertas habló de la importancia que tiene una ley de esa naturaleza para el mejoramiento del funcionamiento de la administración pública. Dijo que de los debates que se van a realizar, deberá salir el instrumento legal que se busca.

Mientras que  Faustino Gallardo consideró que hay que luchar por la aprobación de  esa nueva Ley, pero eliminando cosas, como el Consejo de Ministros, que él estima innecesario.

También dijo que en la administración pública hay que eliminar la dispersión de diferentes organismos haciendo las mismas funciones, aunque gastándose más dinero.

La mesa de expertos será desarrollada en otras regiones del país, como se hizo con la Ley de Función Pública.

Advierte no es saludable que un partido controle todos los poderes.

El director de análisis político de Participación Ciudadana,  Francisco Alvarez Valdez  reveló ayer que Participación Ciudadana abogará porque el nuevo Senado  haga una  escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia  en un proceso abierto, con criterios técnicos y no políticos, como ocurrió en 1997.

Consideró que en el segundo semestre  todo el país debería estar concentrado en el aspecto institucional más relevante que ocurrirá en la nación,  la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura  que elegirá por primera vez a 13 jueces del tribunal constitucional,   sustituirá a los siete jueces de la SCJ con más de 75 años, evaluará a los nueve jueces restantes de la Suprema para  decidir si los sustituye o no, y designará por primera vez a los jueces del Tribunal Superior Electoral.

Alvarez Valdez entiende que lo ideal hubiera sido el equilibrio de las fuerzas políticas en la composición del CNM.

El PLD hasta el momento obtuvo 31 senadurías y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) una. De los ocho  miembros del CNM el PLD tendría garantizado cuatro estos son: el presidente Leonel Fernández, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y el Procurador General de la República. Un quinto miembro lo sería el senador que obtuvo el PRSC, quien queda como segunda fuerza política del país en el nivel de las senadurías.

Alvarez Valdez, entrevistado en la redacción del periódico HOY, advirtió que  eso dará la posibilidad que un solo partido designe a la SCJ, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral “y eso no conviene a la democracia”.

En ese sentido, el abogado manifestó que PC  propondrá que se repita el modelo de 1997 para elegir a la SCJ. “En esa ocasión se daba lo inverso, el Presidente era el presidente Fernández y era el único voto, abrió el proceso y  permitió que la ciudadanía proponga y objete candidatos”.

Dijo esperar que el PLD con el poder congresual imite el ejemplo positivo del presidente Fernández de 1997, de lograr una Suprema Corte de Justicia más  o menos equilibrada.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) concluyó ayer que las   elecciones congresuales y municipales estuvieron matizadas por un alto nivel de proselitismo político en el 50 por ciento de los centros de votación,violencia  que causó la muerte de cuatro personas y la comercialización del voto.

Incluso, comprobaron  que los  propios electores ofertaban  cédulas a los candidatos en las afueras de los  recintos a cambio de  dinero. El movimiento cívivo  deploró  la  tragedia en  Cambita, San Cristóbal, y la violencia que afloró en algunos puntos del país.

En su segundo informe de  anoche,  Participación Ciudadana responsabilizó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del 41% de las actividades políticas en los centros de votación, al Partido Revolucionario Dominicano del 35% de las manifestaciones proselitistas y al Partido Reformista Social Cristiano del 17% de las acciones políticas.

El coordinador general, Santiago Sosa, y el director  ejecutivo,  Javier Cabreja,  junto a cinco miembros del Consejo, presentaron la síntesis de la observación electoral, en la que indicaron que el 5% de las actividades correspondieron a denuncias de compra de voto.

Sostuvo que el certamen careció de información en el 55% de los colegios. No se les dio a los votantes  la lista de los diputados nacionales, al Parlacen y  los directores de distritos municipales. “En más de un 80% no encontramos la lista de información que debió estar desplegada en los recintos”.

Primer informe.  A  las 2:00 p.m., los 1,200 observadores nacionales y extranjeros informaron  de fuerte actividad política alrededor de los centros de votación, al estilo de años anteriores. Delegados portaban mensajes que llamaban a apoyar un candidato específico. El informe de Participación Ciudadana resaltó que sus observadores no tuvieron impedimento   en el Distrito Nacional y las  5 provincias monitoreadas: Santo Domingo, Santiago, San Juan, San Pedro de Macorís. Dijo que  la apertura de la mayoría de los colegios electorales estuvo lista a las 6:00 a.m., pero  el 25%  no fue instalado a tiempo por ausencia de sus miembros o impericia. A las  7:00 a.m., “una hora después de lo que establece la Ley”, se logró abrir  el 80% de los centros. El informe final  se dará a mediados de  semana.

Las claves

1. Reconocen éxito de JCE

Francisco Álvarez dijo que el buen trabajo del tribunal electoral facilitó el   inicio del escrutinio a las 9:00 de la noche.

2. Civismo de población

Cabreja destacó el comportamiento de la  ciudadanía en sentido general y la  asimilación de la forma de votar.  Aunque la institución no hizo medición  a  boca de urna, a las 4:00 se  reportaba una votación menor del  50%.

En las elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo, Participación Ciudadana ha estado presente con un despliegue de 1200 observadores nacionales e internacionales en 16 provincias.

En la instalación y apertura estuvieron presentes observadores en cinco provincias: San Pedro de Macorís, Santiago, San Juan de la Maguana , Santo Domingo y el Distrito Nacional. No se han presentado impedimentos relevantes para los observadores de Participación Ciudadana.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que aunque la mayoría de los miembros de los colegios electorales ha estado a tiempo para iniciar la instalación y apertura de las mesas, en el 25% de los casos el colegio electoral no estaba instalado a las 6 de la mañana. Sólo se logró un nivel de apertura de colegios de 80% a las 7:00 de la mañana, una hora después de lo que establece la Ley Electoral. En la mayor parte de los casos el retraso se debió a la ausencia de miembros o la impericia de los mismos.

En el recorrido de observadores itinerantes de Participación Ciudadana se notó que a primeras horas de la mañana, la asistencia de votantes era muy débil.

Sosa indicó que en los colegios observados se constató que no se llenó el acta de apertura en un 15% de los casos y que no se firmó en un 18%. En un 43% no se dio copia a los delegados de los partidos. También se detectó que en un 42% de los casos no se retiraron los suplentes de los delegados, tal y como exige la Junta Central Electoral.

El Movimiento Cívico también denunció que se ha observado la ausencia de las listas de candidatos de los diputados nacionales, diputados al PARLACEN y los directores de Distrito.

Se ha detectado que la tinta de los marcadores no se fija con facilidad en el papel de la boleta electoral, lo que podría dar lugar a la anulación de votos en el momento del conteo.

Se ha constatado que en el 96% de las mesas había delegados del PLD y PRD y un 41% de PRSC. Solamente en un 8% de los colegios observados se rechazó la presencia de delegados de algún partido.

Es importante señalar que en un 7% de los colegios electorales observados se presentaron objeciones contra la apertura de los mismos. La muestra recogida distribuye estos recursos equitativamente entre el PRD y el PLD.

La Organización No Gubernamental asimismo recibió reportes del uso de celulares de parte de los miembros de la mesa o los delegados de los partidos políticos en algunos casos.

Irregularidades fuera de los colegios

Violencia electoral

Llaman a preocupación las denuncias de hechos violentos ocurridos en los alrededores de algunos centros de votación, algunos de los cuales ya han ocasionado muertos y heridos. Es de destacar el caso de Cambita, Garabito y Enriquillo de Barahona, donde se reportaron dos muertos y varias personas heridas, una de ellas de gravedad. Otros hechos de violencia están siendo confirmados en este momento. Nos preocupa la alta cantidad de personas con armas de fuego alrededor de los locales de votación.

Actividad proselitista en rededor de los colegios electorales

Los observadores de Participación Ciudadana han podido comprobar una fuerte actividad proselitista en los centros de votación a los que han acudido. Se repite este año la utilización de acreditaciones con mensajes llamando a apoyar a candidatos específicos.

Se pudo observar a militares en uniforme repartiendo propaganda a favor del candidato a diputado por el PLD, Elías Serulle en los colegios ubicados en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), específicamente en el Colegio Electoral 348B.

Compra de cédulas

Se ha percibido distribución de dinero alrededor de los centros de votación, lo que ha generado la concentración de votantes afuera de los recintos de votación.

El Movimiento Cívico hizo un llamado a las entidades de la sociedad civil y medios de comunicación a desarrollar una ofensiva contra la iniquidad de la compra de conciencia en el ejercicio del voto y compra de cédulas.

Participación Ciudadana informó que el ejercicio del voto es uno de los actos supremos de la ciudadanía que depende absolutamente de la conciencia individual y como tal debe estar revestido de las mayores garantías.

El Movimiento Cívico indicó que el artículo 208 de   la Constitución   de   la República   proclama que “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referendos”.

La Organización No Gubernamental señaló que el voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.

Santiago Sosa, coordinador general de Participación Ciudadana, dijo que PC promueve un ejercicio responsable y crítico del derecho a voto, que como tal es de libre opción, razón por la que no podemos estigmatizar a quienes por razones de conciencia quieran abstenerse, lo que en las democracias más avanzadas también se computa y se utiliza como termómetro para el sistema de partidos.

Asimismo hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a las entidades de la sociedad civil y a los medios de comunicación, a desarrollar una   ofensiva contra la compra de conciencia    y el alquiler o compra de cédulas.

PC reconoce que el sistema electoral dominicano ha registrado mejorías considerables que aumentan las garantías de que prevalezca la voluntad popular, pero todavía   falta un largo trecho   de reglamentaciones sobre la democracia interna de los partidos, la transparencia y rendición de cuentas sobre sus finanzas y el establecimiento de    límites a las campañas electorales, a la propaganda y al abuso de los recursos estatales, con las sanciones disuasivas correspondientes.

El Coordinador General de PC destacó que las evasivas en la aprobación de una ley de partidos políticos se han constituido en una burla a los consensos de los últimos doce años entre actores políticos y sociales, en los cuales hemos participado activa y sistemáticamente.

Sosa también deploró el deterioro del sistema partidista que ha quedado cada vez más evidente en este proceso electoral, con claros retrocesos por la imposición y arrebato de candidaturas, por incremento del transfuguismo, el clientelismo y el patrimonialismo, y del masivo abuso de los recursos estatales.

Así mismo lamentamos que una vez más la campaña electoral se haya caracterizada por el escándalo y el derroche de recursos económicos en calles y carreteras, evadiéndose el debate sobre propuestas, especialmente por parte de quienes están llamados a ser ejemplo de racionalidad y diálogo, expresó el Coordinador General de PC.

También deploramos que prevalezca un sistema de elección que obliga a votar por paquetes de candidatos, lo que dificulta premiar a los mejores y sancionar a quienes no merece la confianza ciudadana.

Ya es tiempo de que   podamos elegir separadamente al senador   de   los diputados y al alcalde de los regidores. En vez de avanzar en las opciones, todos los nuevos cargos instituidos para esta elección (diputados al Parlamento Centroamericano y suplentes, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales) se inscriben en el régimen de arrastre. En su mayoría sin siquiera registrar los candidatos en las boletas de elección.

A tres días de las elecciones Participación Ciudadana califica como decepcionante y vergonzoso que los partidos mayoritarios manipularan el nuevo mandato constitucional que busca garantizar la representación de las minorías, al aprobar una ley que excluye de optar por las cinco diputaciones nacionales por acumulación de votos a los partidos minoritarios cuyos aliados ganen representación en alguna circunscripción apropiándoselas ellos mismos.-

Al final del encuentro, El Movimiento Cívico reiteró el llamado a la ciudadanía a realizar un ejercicio responsable de su derecho al voto y contribuir de esta manera con el fortalecimiento del sistema político y electoral de   la República   Dominicana.