El movimiento no partidista Participación Ciudadana se une a las voces que propugnan porque la elección de los miembros de los tribunales Constitucional y Superior Electoral se realice de forma pública y transparente.

Samir Chami Isa, coordinador de la entidad, dijo que por motivos de la cercanía del proceso electoral  urge que el primer organismo en quedar conformado sea el Tribunal Superior Electoral.

Espera que los integrantes del Tribunal Constitucional, Superior Electoral  y la Suprema Corte de Justicia  sean personas con experiencia, principios éticos y morales y  que no militen ni tengan compromisos  con  partidos políticos y que respondan a los intereses del pueblo dominicano.

  “Queremos que no predomine la repartición, porque los partidos políticos se quieren repartir esos altos fueros”, dijo.

Entiende que deben ser fruto del consenso  los reglamentos que regirán el proceso de  conformación de  las entidades por parte del Consejo.  

Danilo Medina

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, manifestó ayer que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene la responsabilidad de escoger lo mejor para el país, porque necesita la creación de instituciones democráticas fuertes y la justicia es el primer pilar para eso. 

Sostuvo que hoy en día el mundo está buscando mercados para llevar sus capitales e invertirlos y nadie invierte en lugares donde no le ofrezcan seguridad jurídica, “de manera que yo espero que el CNM asuma el papel con toda la responsabilidad que el pueblo le ha puesto en sus manos y elija lo mejor para la nación”.

 César Pina Toribio

El ministro de la Presidencia,  César Pina Toribio, defendió el derecho que tienen los  miembros de partidos políticos a ser escogidos como jueces de estos tribunales. Sin embargo, aclaró que al defender ese derecho no se está refiriendo a nadie en particular.

Explicó que nada impide que  un profesional con una conducta ejemplar, por el hecho de que tenga una simpatía o militancia política pueda ser un juez de la Suprema Corte d e Justicia, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral. 

Dijo que lo que no sería correcto es  que se escogiera personas que vayan a representar intereses corporativos.

Nuevo informe ratifica instituciones y cabildos violan ley de Libre Acceso

“Califican como necesario el monitoreo de las políticas públicas de juventud ya que solo cuatro Instituciones destinan mas de 592 millones de pesos para dichas iniciativas”.

La Red Nacional de Acción Juvenil (Rednajoven) con el auspicio de Participación Ciudadana, lanzó este martes 2 de agosto, el II Informe sobre Políticas de Juventud, esta vez monitoreando las ejecutorias de 17 instituciones públicas obligadas por las leyes a ejecutar políticas de juventud, entre los cuales se encuentran 11 Ayuntamientos y 6 Ministerios que fueron evaluados por los jóvenes.

José Luis Morillo Frías quien funge como uno de los coordinadores de la red expresó que “El balance es negativo, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, porque de las diecisiete instituciones seleccionadas para este monitoreo, solo ocho respondieron las solicitudes de información, nueve permanecieron en silencio administrativo y únicamente dos -de las ocho que contestaron- lo hicieron en el tiempo oportuno. Además, solamente dos entregaron documentos relativamente completos.”

El II Informe sobre Políticas Publicas de Juventud fue levantado con  informaciones recibidas de parte de los Ministerios y Ayuntamientos que carecen de elementos y detalles que permitan la reflexión profunda que amerita el tema, pero si dan una idea del nivel de compromiso que tienen las entidades públicas con la población juvenil.

Según el II informe de Juventud los recursos destinados a las políticas de juventud, por parte de las cuatro instituciones que dieron datos al respecto, alcanzan los 592 millones de pesos.

En cuanto a la situación y calidad de empleos de los jóvenes en estas instituciones públicas, el monitoreo arroja que de 176 mil 152 servidores públicos que laboran en las entidades que hicieron llegar sus listas de empleados jóvenes (personas con edades entre los 18 y los 35 años), 43 mil 325 personas cumplen con esa característica, representando un 24%, esto en desproporcionalidad al más de 50 % de la población que representa el sector juventud.

El estudio también trae a colación la situación de ilegalidad en la que se encuentran los Ayuntamientos en el aspecto del cumplimiento de varias leyes, entre ellas la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios que regula el funcionamiento de estas instancias.

La investigadora Dania Batistas, quien tuvo a su cargo la elaboración del informe precisó que: “Específicamente se incumple con el Artículo 225 de la normativa que manda la apertura de una Oficina de Acceso a la Información Municipal (OAIM), a fin de atender todas las peticiones de información que le dirijan los y las ciudadanos/as.”

El Informe concluye afirmando que “Estas irregularidades dejan al descubierto que sigue primando el sectarismo en el accionar de los funcionarios públicos y que prevalece la falta de transparencia en el manejo de las informaciones y los recursos del Estado, a pesar de que este 2011 fue declarado como “Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”

Indica que la Suprema Corte Justicia no ha conocido recurso de inconstitucionalidad depositado por PC en contra de exoneraciones luego de un año.

El año pasado, el movimiento cívico Participación Ciudadana hizo de público conocimiento un informe contentivo del escandaloso caso de las exoneraciones de vehículos de lujo a los legisladores, abusando de sus funciones, y por medio de las cuales, el Tesoro Nacional había dejado de percibir más de mil millones de pesos en los ocho años previos.

Consecuencia de ello, nuestro propio movimiento sometió una acción ante la Suprema Corte de Justicia demandando la declaración en inconstitucionalidad de la ley que faculta a los miembros del Congreso a traer, cada dos años vehículos de motor exonerados sin límitación alguna, dándose el caso de que vehículos de las marcas más sofisticas, caras y reputadas mundialmente, entraran al mercado local libre de impuestos, en franca violación a lo preceptuado por la Constitucional de la República cuando “condena todo privilegio y situación que venga a quebrar la igualdad entre todos los dominicanos y dominicanas” y dispone que “la ley es igual para todos.” “Sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad…” , proscribiendo toda forma de corrupción, particularmente aquella de personas que se prevalezcan de sus funciones “para beneficio propio de familiares , relacionados o terceros.”

Pero pasado más de un año, todavía ni la Suprema Corte de Justicia ha conocido la instancia sometida por Participación Ciudadana, ni los miembros del Congreso han puesto en agenda algún proyecto que modifique y corrija esa mala práctica.

Por lo contrario ha continuado la fiesta. Traer carros lujosos se ha convertido en una fórmula de acumular riquezas y empobrecer al pueblo y a las comunidades a quienes los legisladores se deben, más que a sus propios partidos e intereses. En el mismo año 2010 el Ministerio de Hacienda procesó la exoneración de 127 exoneraciones más, con un sacrificio fiscal ascendente a RD$266.8 millones, con los cuales el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas, como por ejemplo en escuelas, hospitales, infraestructura, o múltiples otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.

Se trata de vehículos adquiridos a un costo promedio muy elevado, pues sumado el valor de compra más los impuestos dejados de pagar, en caso de haber sido adquiridos de acuerdo a las normas regulares aplicables a un ciudadano normal, el costo promedio de dichos vehículos comprados ascendió a casi seis millones de pesos.

La tendencia negativa se ha agravado respecto al listado que les entregamos el año pasado, según el cual pudo comprobarse que muchos legisladores alegaban no habían abusado de ese privilegio, al haber usado su exoneración para adquirir vehículos modestos. Pero cada día se ha convertido en más habitual que las exoneraciones correspondan a vehículos que, bajo cualquier parámetro de evaluación, se consideran de lujo, como Rolls-Royce, Maserati, Mercedes Benz, Bentley Continental, Ferrari, Lexus, Porshe, BMW, etc.

En el cuadro que acompaña esta nota se mencionan sólo los vehículos importados el último año con un valor CIF de más de seis millones de pesos. Pero hay muchísimos otros con valores de entre cuatro, cinco y seis millones, sin contar impuestos, lo que los coloca muy por encima de los seis millones si hubieran tenido que pagarlos. Es de notar además que es habitual ver aparecer el nombre de esos mismos legisladores dos años después adquiriendo exoneraciones para nuevos vehículos.

Sin embargo, lo grande del caso es que la mayoría de las veces el vehículo exonerado ni siquiera es usado en las labores congresuales. En numerosas ocasiones se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas por estos a terceros, convirtiendo este beneficio en una especie de tráfico que se presta a situaciones, si no ilegales, al menos carentes de ética e injustificables, porque no se supone que estos funcionarios públicos deban hacer negocios a costa del Estado. Incluso se ha dado el caso de que estos vehículos de lujo han ido a parar a poder de poderosos personajes, muchas veces con capitales cuya procedencia lícita no puede ser comprobada.

El listado de las exoneraciones enviado por el Ministerio de Hacienda a solicitud de Participación Ciudadana, en virtud de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de los medios, y además puede ser consultado por cualquier ciudadano interesado, entrando a la página web de Participación Ciudadana www.pciudadana.org

Se recuerda que los legisladores han venido haciendo sucesivas reformas a la antigua ley Número 50 de 1966, para provecho propio. La primera ley posibilitaba la importación de un vehículo modesto, sólo cada cuatro años, y sin posibilidad de reventa. Pero con las modificaciones posteriores los legisladores eliminaron la restricción a venderlos, volvieron a modificar la Ley para optar por una segunda exoneración al cabo de dos años, y finalmente se eliminaron las normativas que evitaban la importación de vehículos de lujo, permitiendo la importación sin límite de precios, marcas, modelo, año o consumo de combustible. Es decir, se cambió el espíritu de la ley orientado a evitar que la misma se convirtiera en un privilegio.

El Movimiento Cívico manifiesta preocupación por estragos de Cambio Climático

Participación Ciudadana manifestó preocupación por los problemas ocasionados por el cambio climático en la República Dominicana y en el mundo.

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, informó que el cambio climático ha provocado un aumento de la temperatura de 0.6 grados celsius a nivel mundial, lo que se siente mas en la región del Caribe por el clima que predomina.
Chami Isa explicó que estudios revelan que el aumento de temperatura provoca problemas a algunos cultivos agrícolas, así como también mayor evaporación del mar, lo que ocasiona un incremento de la cantidad de lluvia y fenómenos metereologicos, así como una temporada ciclónica mas activa en la República Dominicana y región del Caribe.

Para disminuir la incidencia de estos disturbios climáticos, Participación Ciudadana, capitulo dominicano de Transparencia Internacional, lanzó el Proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia, Responsabilidad e Integridad en la Gobernabilidad Financiera Climática”, que será ejecutado con el Fondo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania.

A través de este proyecto el Movimiento Cívico pretende monitorear los fondos suministrados por agencias internacionales para proyectos relacionados con el cambio climático en el país con el objetivo de promover la transparencia, integridad y rendición de cuentas en el uso  de los mismos.
Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana, destacó que este proyecto  también busca una mayor eficiencia, efectividad y equidad en el financiamiento de los trabajos de mitigación de los cambios climáticos, así como una mayor legitimidad de las políticas y mejor contribución  a la reducción de la pobreza y al logro de los objetivos de desarrollo.
“Estamos conscientes que los  cambios climáticos y la corrupción impactan con mayor severidad a los países pobres, lo que puede afectar incluso la soberanía de estados insulares como la República Dominicana”, señaló Chami Isa.
Llamado al Gobierno.

Participación Ciudadana hizo un llamado al Gobierno para que ejecute una Estrategia de Cambio Climático en el país, tomando en cuenta las dimensiones ambientales, sociales y económicas.

Asimismo destacó que es imprescindible que la sociedad civil preste atención a dicha Estrategia, su ejecución e implementación y que la ciudadanía esté atenta y alerta para que los  recursos necesarios para financiar la adaptación y la mitigación al cambio climático no se constituyan en una fuente de corrupción en la República Dominicana.
Señaló que “No solo el gobierno dominicano tiene responsabilidad exclusiva en esta tarea para la adaptación al cambio climático y la mitigación, sino también el sector privado tiene un rol clave como la principal fuente de financiamiento de la economía verde”.

En el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia en la Gobernabilidad Financiera Climática”, también participaran los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de  Perú, Bangladesh, Kenya, Maldives y México.

Estudio de Transparencia Internacional sobre Cambio Climático.

Transparencia Internacional realizó el estudio “Informe Global de Corrupción: Cambio Climático” que reveló que la corrupción representa un riesgo para la respuesta al cambio climático.
El estudio indica que las inversiones totales de las iniciativas de mitigación del cambio climático ascenderán a casi US$ 700.000 millones de dólares para 2020 según estimaciones, sin embargo solo se realizarán inversiones públicas de alrededor de US$ 250.000 millones al año a través de nuevos canales nunca probados y sin demasiada coordinación.
La investigación también evidencia que los riesgos de corrupción en los proyectos de cambio climático son altos debido al nivel de complejidad, falta de claridad y novedad que acompaña a muchas de las cuestiones climáticas.
Para contrarrestar este problema Transparencia Internacional recomienda un  monitoreo minucioso de los proyectos, aprendizaje rápido y una estrategia activa para eliminar las oportunidades de corrupción.
Asimismo reseñó que ninguno de los 20 países más afectados por el cambio climático obtuvo un puntaje superior a 3,6 en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde 0 significa extremadamente corrupto y 10 indica muy transparente.
El Informe Global de Corrupción: Cambio Climático también señala que los grupos más afectados por las consecuencias negativas del cambio climático son: las comunidades indígenas y rurales pobres en zonas remotas, la población urbana pobre que habita en asentamientos precarios y las personas desplazadas que deben ser reubicadas.
Entre las principales medidas de mitigación se pueden mencionar la creación de mercados de carbono, el establecimiento de estándares de emisión y políticas de eficiencia energética, y las iniciativas voluntarias para avanzar hacia una economía con bajos niveles de emisión de carbono; así como la implementación de fuentes de energía renovable, como la energía solar y eólica.
Hasta el momento solo se han asignado US$200.000 por país para la formulación de programas nacionales de acción para la adaptación (PNAA) en los países menos desarrollados, pero a pesar de esto aún no se ha definido cuáles serán las cantidades destinadas al desarrollo de capacidades.
El Informe Global también revelan la necesidad de una sociedad civil y medios de comunicación activos.
Emisión de Fondos complica Rendición de Cuentas.

El Informe Global de Corrupción: Cambio Climático indica que el desembolso de fondos para la adaptación se canaliza a través de varias fuentes bilaterales y multilaterales, entre ellas seis fondos bilaterales específicos para el clima, dos Fondos de Inversión sobre Clima del Banco Mundial y los fondos de la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto, incluido el nuevo Fondo Ecológico para el Clima.

Todos cuentan con diferentes sistemas de gobernabilidad y normas de intervención, y esto complica la rendición de cuentas frente a los afectados por el cambio climático.

Casi la mitad de los compromisos estadounidenses asumidos en Copenhague y Cancún sobre financiamiento inmediato se canalizarán a través del Banco Mundial durante 2011 y, por lo tanto, estarán sujetos a los marcos de gobernabilidad de esa institución

Downtown Santo Domingo. Scooters dart daringly between towering SUVs. Huddled crowds spill from the windows and doors of battered minibuses, overtaking bicycles saddled with bulging mangoes. Faded umbrellas shield women from the glaring afternoon sun, while uniformed men stoop attentively over the young boys shining their shoes. Litter chokes the gutters and the smell of exhaust sticks to your skin.

It’s my first time in the Dominican Republic and I am a stranger to its subtleties. Two distinctive characteristics brought me here: The first is corruption. It keeps power and wealth in society’s upper echelons, while almost half the population lives in poverty. The second is impending humanitarian disaster. A low-lying island state, the Dominican Republic may be among the first countries to be swallowed by rising sea waters triggered by climate change.

Most people aren’t in the habit of thinking of climate change as a multi-billion dollar global industry. Yet wherever money flows plentifully, corruption is quick on its heels.

Recognising the point at which corruption and climate change might intersect, Transparency International (TI) this year launched its Climate Governance Programme, involving TI chapters in Bangladesh, the Dominican Republic, Kenya, Peru, the Maldives and Mexico, all of which suffer high levels of corruption and all bracing themselves for an uncertain climatic future. Like most of the countries at risk of climate disasters, the Dominican Republic is in the lower tier of the CPI, scoring three out of ten.

Hosted by our Dominican chapter, Participación Ciudadana, we will be deliberating how best to strengthen governance systems and guard against corruption in climate policy and financing, on both the local and global level, from building coastal defence walls, to reforestation projects, to developing electric cars.

Last Monday, Dominicans held a nationwide general strike to protest the galloping price of food, water and fuel. As the country’s dependence on fossil fuels continues to cement poverty and injustice, investment in climate-friendly energy sources could forge a path to more sustainable development. But only if the money’s spent wisely and the needs of local communities are heard.

It is our hope that building robust checks and balances into the state’s climate finance architecture as it takes shape will set a precedent for good governance more generally, and eke out the corruption that has long made public funds mysteriously disappear.

Today’s climate governance architecture is complex, and relatively uncoordinated and untested, meaning money risks vanishing through blind spots or loopholes, decisions might be ill-informed, processes poorly managed and results substandard or misrepresented. Perversely, this could put populations and the natural environment at even more risk of climate extremes than they’d otherwise be.

Visibility will help ward against this. At TI we want more open policy, procedures and finance, we want public scrutiny and consultation, and accountable decision makers. As yet, many of the people and institutions governing our climate show little sign of this.

Take the UN Clean Development Mechanism; a global carbon offsetting scheme that enables industrialised countries to invest in carbon reducing projects in poorer countries in exchange for carbon credits. These credits are ‘get out of jail’ cards of sorts. Countries that own them don’t have to reduce their domestic greenhouse gas emissions by as much as they’re obliged to under the Kyoto Protocol, because it’s believed they’re doing so elsewhere.

One of the abundance of proposals currently under consideration is the construction of a wind power park in Kinangop, Kenya. It would consist of 38 turbines and is expected to cost nearly US $146 million. This may well be a shrewd, admirable endeavour, but how can we be sure? How do we know that the turbines will generate enough power to counterbalance the carbon emissions they are effectively facilitating? And how can we guarantee that the plant will fulfil its terms of contract by benefiting local populations?

The simple answer is that under current circumstances, we can’t.

The decision as to whether or not the plant is built falls with the Clean Development Mechanism’s Executive Board, who receive such a slue of applications it’s unlikely they can scrutinise each one with the diligence it deserves. In the absence of independent oversight, we also have no way of knowing whether, for example, a board member has personal ties to a developer, or seeks to profit from a contract.

Potential conflicts of interest don’t stop there. Evaluators employed to monitor projects once they’re underway are paid by the project developers, meaning they may have little choice than to offer glowing reports. As local populations have very little recourse to appeal a project once its wheels are in motion, they could be displaced, or their livelihoods put in jeopardy, all in the name of ‘clean development’.

By Alice Harrison, Communications Coordinator for TI’s Climate Governance Programme.

PC, Adocco y FTJ consideran grave revelación Mary Peláez sobre el mandatario y senador San Juan

Los voceros de Participación Ciudadana (PC), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) calificaron ayer de grave, de ser cierta, la revelación  que hizo en el tribunal  Mary Peláez, de que recibió contratas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado a través de su entonces director Félix Bautista, por instrucción del presidente Leonel Fernández.

Javier Cabrera, de Participación Ciudadana; Trajano Vidal Potentini, de FJT, y Julio César de la Rosa Tiburcio, de ADOCCO, consideraron que el presidente Fernández y Bautista violaron las leyes dominicanas, en especial la 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Cabreja manifestó que de ser cierto y comprobado lo dicho por Mary Peláez, acusada de lavado de activos y asociación de malechores en la supuesta red de José David Figueroa Agosto,  estaría poniendo en evidencia la falta que hay en en el país  del cumplimiento de las leyes.

Mary Peláez, quien guarda prisión preventiva en la cárcel modelo de Najayo-Mujeres, declaró el jueves  que fue ayudada por el Gobierno a raíz del  asesinato de su padre, el homorista y productor de televisión Milton Peláez.

Mary Peláez aseguró que se ganó RD$15 millones con las obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro Regional Bonao, en la iglesia de Piedra Blanca y en un proyecto de Santiago.

Sobre esas declaraciones, Cabreja indicó: “eso es una franca violación a la Ley de Compras y Contrataciones, que obliga a todas las instituciones del Estado a ir a concurso y a licitaciones de las obras”.

Consideró que nadie, incluyendo el Presidente de la República, en un país con democracia puede estar por encima de las leyes.

Dijo que si lo dicho por Mary Peláez se corresponde con la verdad, eso pone en evidencia lo que de manera sistemática  y permanente está ocurriendo en el país, el manejo opaco, poco transparente de los recursos públicos. Consideró que por esas acciones, la OISOE no tiene ninguna razón de ser.

Entiende que el mandatario con esa práctica envía un mensaje negativo cuando por otro lado se hacen esfuerzos por transparentar al Estado dominicano.

Dijo que cuando un presidente se sitúa por encima de la ley se debilita el Estado de derecho.

De su lado, de la Rosa Tiburcio manifestó que ADOCCO reprueba ese tipo de acciones, por considerar que hace mucho daño a la institucionalidad del país.

Dijo que ese tipo de práctica se vienen desarrollando en la nación dominicana desde los tiempos en que gobernaba el país el doctor Joaquín Balaguer, por lo que no le causa sorpresa.

Asimismo, manifestó que el privilegio de un Presidente, en este caso de Leonel  Fernández,  para unos ciudadanos, la familia Peláez no es un caso aislado ya que la violación de las leyes de transparencia  se violan constantemente.

Tanto De la Rosa Tiburcio como Vidal Potentini criticaron que todavía no se convoque al Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los órganos establecidos en la Constitución de la República y que tienen que ver con el fortalecimiento institucional del país. Censuraron que el presidente Fernández haga uso de tráfico de influencias y de su poder para tomar decisiones de los recursos del Estado a favor de personas particulares.

Destacan la disposición de los Alcaldes para perfeccionar esta práctica.

Participación Ciudadana demandó mayor transparencia en las compras y contrataciones públicas de los Cabildos y Juntas Municipales del país.

Carlos Pimentel, coordinador del Área de Transparencia de PC, informó que los Ayuntamientos tienen un contacto directo con la población y tienen laresponsabilidad de resolver múltiples problemas sociales.

Por esta razón el Coordinador calificó como necesario que los Cabildos y Juntas Municipales lleven a cabo compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones de forma transparente, apegadas a los requerimientos de Ley 340-06, con la finalidad de lograr una mejor administración de los recursos públicos y optimizar la inversión de los mismos.

El coordinador del Área de Transparencia de PC habló durante su participación en el  “Taller Especializado sobre el Marco Legal y Operativo del Sistema de Compras y Contrataciones en el ámbito del Gobierno Municipal”.

El taller fue realizado en coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASCOMURE) y el Alcalde del municipio Los Ríos. El mismo estuvo dirigido a alcaldes y regidores de la provincia de Barahona en especial del municipio de Enrriquillo.

Eric Hazim, director general de la Dirección de Contrataciones Públicas, informó que la finalidad de dicho encuentro es promover la entrada en vigencia de los gobiernos locales al sistema de adquisiciones transparente del Estado dominicano, según lo establecido por la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

 Entre los temas debatidos se encuentran: el marco legal sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, registro de proveedores, factores a tomar en cuenta para presentar ofertas al Estado, ética en materia de compras y contrataciones públicas, acceso a la información pública a través del portal www.comprasdominicana.gov.do, entre otros.    

 Además de Hazim y Pimentel, también participaron el Ing. Alfonso Pérez Presidente de la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASCOMURE) y Alcalde del municipio Los Ríos de dicha región.

 La actividad contó con una amplia representación de alcaldes y regidores de la Región Enriquillo y concluyó con la entrega de certificados a los participantes. Dicho encuentro fue realizado en el hotel Maria Montes de la Provincia Barahona, con los auspicios de la USAID

PC espera que se asegure el derecho de igualdad de más de 400 Procuradores

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana informó que todos los miembros de la carrera del Ministerio Público tienen derecho a elegir y ser elegidos en el Consejo Superior del Ministerio Público, sin importar la posición que ocupen en el escalafón.

PC afirma que limitar esta derecho violaría el artículo 174 de la Constitución y las ley 30/11 del Ministerio Público.

El Movimiento Cívico indicó que un grupo de Procuradores Fiscales  y Procuradores Generales de Corte Adjuntos han denunciado que se pretende seleccionar a los miembros que integraran el Consejo Superior del Ministerio Público a través de un proceso donde sólo los titulares tendrían derecho a elegir y ser elegidos, lo que violenta el artículo 174 de la Constitución que no establece esta discriminación.

Señaló que el Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano de gobierno del Ministerio Público y debe estar integrado, además del Procurador General de la República, que lo presidirá,  por un Procurador  General de Corte de Apelación elegido por sus pares,  un Procurador Fiscal, elegido por sus pares, y un Fiscalizador elegido por sus pares, según la Carta Magna.

Agregaron que el artículo 43 de la Ley  30/11 del 20 de enero de 2011, sobre el Consejo Superior del Ministerio Público es tajante al señalar que “a los fines de la integración del Consejo Superior se consideran equivalentes de los Procuradores Generales de Cortes de Apelación y de los Procuradores Fiscales, sus respectivos adjuntos”.  También señalaron que tienen derecho a elegir y ser elegidos todos los miembros que pertenecen a la carrera del Ministerio Público, que incluye a titulares y adjuntos.

La Organización destacó que del total de los miembros del Ministerio Público, los adjuntos son un número mucho  mayor que los titulares, por lo que no es democrático que sólo la minoría pueda  elegir y ser elegida.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que el Procurador General de la República, magistrado  Radhamés Jiménez  Peña, se ha destacado por un ejercicio transparente y democrático en su gestión, por lo que se espera  que tome las medidas de lugar para que asegure el derecho en igualdad de condiciones a más de 400 Procuradores Fiscales  y Procuradores Generales de Corte Adjuntos, para que se respete el derecho a elegir y ser elegido que tienen todos los miembros que pertenecen a la carrera del Ministerio Público sin importar su escalafón