Denuncia que existen instituciones cuyos incumbentes se asignan salarios exorbitantes.

Participación Ciudadana calificó como necesario y urgente la promulgación de una Ley que regule los salarios del sector público, por lo que exhorta al Congreso Nacional que apruebe sin demoras el Proyecto de Ley sobre Regulación Salarial del Sector Público, que actualmente esta siendo conocido por la Comisión Permanente de Administración Pública de la Cámara de Diputados.

El Movimiento Cívico destacó la necesidad de que el Estado establezca políticas, normas y pautas para definir la retribución adecuada detodos los cargos del Sector Público Dominicano, incluyendo los de alto mando como los de Presidente y Vicepresidente de la República.

Asimismo denunció que en las instituciones del Estado dominicano existen grandes distorsiones o inequidades con respecto a los salarios de los servidores públicos correspondientes a un mismo cargo; así como también en los beneficios extras que reciben para el ejercicio de sus funciones, los cuales no se hacen de público conocimiento, demodo que la ciudadanía no pueda saber si están justificados o no.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, destacó la necesidad de una norma que regule la escala salarial que contribuya a la corrección de las distorsiones existentes, a la reducción de la brecha y provea mecanismos y procedimientos coherentes apegados a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Cabreja explicó que con la aprobación del Proyecto de Ley sobre Regulación Salarial del Sector Público se evitaría que cualquier institución que maneje recursos públicos pueda establecer normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incúmbete o directivos de manera exorbitante y discrecional.

Señaló que el referido proyecto establece claramente que “Ningún funcionario o servidor público podrá devengar un salario mayor que el establecido para los presidentes de los tres poderes”.

El Director Ejecutivo de PC agregó que dicho Proyecto indicaque “los cargos del Sector Publico dentro de cuyas funciones esté las de presidir o formar parte de algún Consejo, Junta, Comisiones, entre otros órganos decisorios, asesores o consultivos, no requieren remuneración especial aparte, incentivo o gastos de representación accesorios o diferentes a los prescritos, por tanto, queda expresamente prohibido la recepción de pago de cualquier índole por el desempeño de estas funciones, una distorsión y privilegio irritante en la actualidad en la República Dominicana”.

Carta al Senado

Ante esta problemática, Participación Ciudadana envió unacarta al Presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, en la que le solicita la agilización de los trabajos de la comisión bicameral que estudia el Proyecto de Ley sobre Regulación Salarial del Sector Público, con la finalidad de que esta pieza pueda ser conocida y aprobada lo antes posible.

La Organización No Gubernamental dijo que ha realizado un estudio que identificó  importantes distorsiones en los salarios pertenecientes a un mismo cargo en  21 Ministerios, el cual será dado a conoceren los próximos días.

Dice no hubo avances en combatir corrupción en RD

Participación Ciudadana mantiene su posición de que persistió la corrupción en el país en 2011 y que “no hubo avances” en combatirla, en respuesta a instancias gubernamentales que calificaron de “inaceptable e irresponsable” esas conclusiones en el informe anual.

Su director, Shamir Isa,    aclaró al director  de la Comisión Nacional para la Reforma del Estado, Marcos Villamán, que ha objetado las conclusiones, que en el informe hay aspectos económicos positivos y la creación de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).

“Pero lamentablemente había muchas visiones negativas de la realidad en 2011, no podemos escapar a esa realidad en materia de corrupción, de narcotráfico, del cual  dijimos que en su combate hubo algunos puntos positivos”, agregó.

Define como inequitativo el modo en el que el Estado reparte

El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró ayer desigual e inequitativa la forma como se distribuyen los recursos  de financiamiento público a los partidos políticos.

El director ejecutivo de la entidad, Javier Cabreja, entiende que de esa manera no se propicia la transparencia ni la rendición de cuentas.

Consideró que para la democracia y la competencia electoral el tema del financiamiento político es fundamental, por lo que se requieren reformas importantes sobre el particular.

Es de opinión que los partidos políticos  reciben recursos cuantiosos por parte del Estado  y el  sistema tiende a afianzar un sistema de partidos polarizado y en el que se imponen las fuerzas tradicionales con mayor capacidad de manejar recursos públicos.

Cree que no es proporcional repartir el 80% del financiamiento público a los partidos que obtengan el 5% de los votos.

Dijo que PC aboga por una mayor  transparencia y rendición de cuentas,  así como una mayor calidad de control y fiscalización por parte de la Junta Central Electoral  “y eso va a implicar que quienes violen los aspectos fundamentales tengan sanciones más claras establecidas en las leyes que no existen en estos momentos”. Consideró que en los proyectos de reformas a la Ley Electoral se debe revisar la forma de distribuir los fondos públicos a los partidos. Es de opinión de la creación de un mecanismo que permita que no haya tal proporción de pago y recursos asignados a los partidos en la medida que crece el presupuesto de la nación.

Asimismo, el director ejecutivo de Participación Ciudadana cree favorable   una mayor regulación del financiamiento privado que reciben los partidos.

La clave

Sobre lo que publicó Hoy

Este diario detalló ayer los recursos  económicos provenientes del Estado  que recibieron los 28 partidos  reconocidos. Los tres mayoritarios, el PRD, el PLD y el PRSC recibieron en 2011 RD$473 millones, mientras los 25 restantes que obtuvieron menos del 5% en las elecciones congresionales y municipales del 2010, obtuvieron en su conjunto RD$118 millones 192,109.

Acusó al Congreso Nacional de ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo aprobando préstamos por más de 97 mil millones de pesos

CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, ha reaccionado a nuestro Segundo Informe de Observación Electoral acusando a nuestro Coordinador General, Samir Chami Isa, de haber trabajado en la Consultoría Jurídica en el gobierno de Hipólito Mejía  y  de tener contactos muy estrechos con la campaña política de este candidato del Partido Revolucionario Dominicano.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana desea informar a la opinión pública nacional que ha tomando muy en serio la referida denuncia y ha podido comprobar que el señor Chami Isa no asumió ninguna función pública durante el gobierno de Hipólito Mejía y que no realiza actividades proselitistas a favor de este candidato ni de ningún otro.

Como es muy habitual en la sociedad dominicana, muchos de los directivos de Participación Ciudadana, incluyendo a nuestro Coordinador General, mantenemos relaciones de amistad y hasta de familiaridad con dirigentes  políticos de diferentes partidos o sus relacionados. En tal sentido, desde un principio nuestro Coordinador General informó de su amistad con una hija del candidato Mejía, así como de parentesco con funcionarios públicos del actual gobierno.

En el mismo sentido, la oficina de abogados de Samir Chami Isa, al igual que oficinas en las que laboran otros profesionales miembros de la institución, ofrecen sus servicios  en diversas disciplinas, realizan trabajos para entidades públicas al igual que para empresas privadas y organismos internacionales, sin que esto desmerite su aporte como miembros y directivos de Participación Ciudadana. En el caso de nuestro Coordinador General, además de prestar servicios a instituciones gubernamentales, desde el año 2001 funge como profesor en la Academia de la Policía Nacional.

Los informes de Observación Electoral son habitualmente redactados por comisiones especializadas escogidas para tal fin, con material recogido y suministrado por los voluntarios de Participación Ciudadana; después son revisados y aprobados por el Consejo Nacional, organismo integrado por unas veinte personas, y en el cual el Coordinador tiene un solo voto.

Nuestra organización está acostumbrada a este tipo de reacción, como aconteció en las elecciones del 2004, en que nuestros informes motivaron al entonces presidente Mejía, que intentaba reelegirse, a indicar que usábamos el financiamiento externo para promovernos, o al Coordinador de la campaña del PRD en la Capital, Pedro Franco Badía, que nos acusó de ser un apéndice del PLD o de que estábamos parcializados porque el Coordinador General de aquel momento tenía un hermano que era importante dirigente del PLD.

En Participación Ciudadana los miembros del Consejo Nacional, de las comisiones de trabajo y de su equipo técnico tienen estrictamente prohibido realizar actividades proselitistas a favor de ningún candidato en aras de asegurar la imparcialidad con la que debe actuar nuestra organización como observadora del proceso electoral.  

Continuaremos realizando nuestro trabajo de observación electoral en la misma forma y con la misma imparcialidad con que lo hemos hecho en cada proceso electoral desde el año 1996, y nuestros informes de observación electoral continuarán divulgándose mensualmente hasta que concluya el proceso electoral en curso.

CONSEJO NACIONAL

21 de diciembre de 2011

Violación constitucional, retroceso electoral, clientelismo, delincuencia y narcotráfico estuvieron presentes en el año que finaliza.

Participación Ciudadana presentó un balance del año 2010 en el que informó que el ámbito político nacional estuvo marcado este año por la celebración de las elecciones congresuales y municipales, proceso que registró un notable retroceso desde la elección y registro de candidatos hasta la jornada de votación y el escrutinio.

El Consejo Nacional de PC indicó que fue notorio que en esta ocasión las mayorías de las candidaturas de los partidos fueron señaladas por las cúpulas dirigenciales en detrimento de los convenciones de delegados y o de la votación de los militantes en elecciones primarias, lo que originó decenas de impugnaciones muchas de las cuales tuvieron que ser dirimidas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE).

La campaña electoral registró un  desmesurado derroche de dinero en aras del clientelismo político que no respetó ni la jornada misma de votación, abuso generalizado de los recursos del Estado, abierta compra de votos y transfuguismo, todo lo cual fue reiteradas veces denunciado en los informes de la observación electoral que realizó Participación Ciudadana, pero también quedaron patentizados en las páginas de los diarios y los vídeos de televisión.

El Movimiento Cívico señaló que No pasó desapercibido que el presidente de la República utilizó todo sus poderes con el expreso propósito de lograr un Senado sin oposición, lo que consiguió en desproporción con la distribución de la votación.

“Aunque para ello la Cámara Contenciosa de la JCE tuvo que capitular en sus funciones, negando el derecho a verificar severas irregularidades que pudieron afectar el resultado de la voluntad popular por lo menos en la provincia de Pedernales”, expresó la Organización de la Sociedad Civil.  

De esa forma esa institución deslució el valiente rol que había desempeñado en el proceso de registro de candidaturas cuando deshizo decenas de entuertos.  

I.1Debilidad sistema de Partidos

La democracia interna del sistema partidista siguió dando signos de debilidad cuando los integrantes del Comité Central del partido de gobierno se auto-prolongaron por cinco años el período para el cual habían sido electos.

PC informó que dicha debilidad también se evidenció con las dificultades del principal partido de oposición para establecer las reglas y elegir la comisión que habrá de organizar las votaciones primarias para escoger su próximo candidato presidencial.

El incesante activismo político partidista quedó una vez más de manifiesto por cuanto apenas se conocieron los resultados de los comicios de mayo empezó la campaña de los aspirantes a las candidaturas presidenciales con alta inversión de recursos, sin la menor transparencia en sus orígenes y cuantía y sin que la JCE hiciera siquiera un llamado a la moderación, aunque uno de sus miembros elaboró un ante proyecto para intentar reglamentar las campañas internas de los partidos.

Pero el año concluye sin que se conociera el proyecto de ley de partidos políticos que ha sido consensuado repetidas veces a lo largo de los últimos 13 años con el objeto de fortalecer la democracia interna y transparentar el financiamiento y el gasto de partidos y candidatos, a pesar de que fue incorporado a los acuerdos pactados en mayo del 2009 por los dos partidos mayoritarios.

II. En el orden institucional

También en el orden institucional el 2010 deja un balance negativo a pesar de que se inició con la proclamación de una nueva Constitución de la República que registra importantes avances en la consignación de derechos ciudadanos, sociales y económicos.

Lamentablemente esa carta sustantiva quedó manchada por imposiciones retrógradas como la de la “inviolabilidad de la vida desde la concepción”, que desconoce derechos fundamentales de la mujer, por la ratificación del presidencialismo y por la unificación de las elecciones en un mismo año, entre otros aspectos. 

Más grave aún es el hecho de que ya se registran por lo menos dos significativas violaciones a la nueva Constitución:

1. Desconocimiento de la séptima disposición transitoria que, como era lógico, dispone que “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.

2. Violación del numeral 10 del artículo 63 que establece: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión”.

 Como si eso no fuera suficiente la casi totalidad de los senadores, en un ejercicio de servilismo y genuflexión ante el presidencialismo, se sumaron al movimiento que procura la reelección del presidente Leonel Fernández en contradicción con el artículo 124 que establece que el primer mandatario “no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, informó que otro retroceso en la institucionalidad democrática es la supresión del voto preferencial por los diputados dispuesta por la JCE en detrimento del derecho a elección, cuando la ciudadanía había venido reclamando su ampliación con el voto separado de los senadores.

Lo mismo puede decirse de la imposición de la mayoría congresual en la elección de los integrantes de la JCE y de la Cámara de Cuentas, atendiendo a intereses partidistas más que a las cualidades que deben caracterizar a los titulares de esas instituciones.

II.1 Justicia  

En el orden judicial se produjeron algunas sentencias positivas como las condenas por la masacre de Paya o el amparo a favor de estudiantes suspendidos por una universidad privada en violación de sus derechos, aunque también hubo otras que fueron capitulaciones ante presiones como la ejercida por el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno frente al amparo solicitado por la Coalición por una Educación Digna ante la violación de la ley y el artículo constitucional que establecen la inversión mínima en educación.

Las sistemáticas denuncias de la corrupción y de involucramiento de los cuerpos de seguridad del Estado en el narcotráfico, el sicariato y la delincuencia en sus múltiples modalidades, la falta de transparencia y la impunidad y la prevalencia de altas tasas de ejecuciones policiales disfrazadas de “intercambios de disparos”, contribuyen al balance negativo en el orden institucional.

La ocurrencia de 126 asesinatos de mujeres, hasta mediados de diciembre, es otra tasa que cuestiona la convivencia social dominicana y los esfuerzos por proscribir taras como la violencia intrafamiliar y de género.

Al concluir el 2010, Participación Ciudadana deplora la carga de elementos negativos, pero también expresa su valoración por los avances en la generación de conciencia ciudadana y muy especialmente por el creciente protagonismo de agrupamientos juveniles en la reactivación de la sociedad civil, como ha quedado de manifiesto en la exitosa movilización por el 4 por ciento del PIB para la educación.-     

III. Aspecto Económica

La República Dominicana ha logrado evadir muchos de los efectos de la crisis mundial, manteniendo alto crecimiento e inversiones públicas, pero solo de manera aparente, porque ha sido enrolándose, aunque con cierta tardanza, en la carrera de endeudamiento externo que promovieron los organismos internacionales desde el año 2008 para estimular la demanda y el comercio internacional.

Es en ese escenario que se inscribe el programa stand by que se firmó con el FMI en el último trimestre del 2009, que permitió la afluencia a la República Dominicana de muchos recursos externos, no sólo del propio Fondo sino también del BID y del Banco Mundial.

Esto posibilitó que el gobierno aumentara mucho la inversión pública y estimulara el crecimiento. De acuerdo con las cifras oficiales, el producto interno bruto (PIB) creció 7.6% en los primeros nueve meses, y terminaría por encima del siete por ciento en el año completo.

Sin embargo, tratando de sacar el máximo provecho a esta situación con miras a los resultados electorales de medio término, el gobierno extendió esta política más de lo previsto, concentrando el esfuerzo de inversión en los primeros meses, aumentando el subsidio al sector eléctrico y dejando de pagar al Banco Central los intereses pactados para ir saldando parte de la deuda resultante del fraude bancario de años anteriores.

Ante esta situación, el Acuerdo con el FMI entró en suspenso durante gran parte del año, lo que finalmente se resolvió, pero al costo de detener algunas de las obras públicas y sustraer recursos presupuestarios de importantes funciones sociales para cubrir subsidio eléctrico e intereses al Banco Central.

En adición, el mismo Banco Central ya comenzó a aplicar una política monetaria más restrictiva, elevando las tasas de interés de referencia, lo que indica que la alta tasa de crecimiento lograda no es sostenible en el contexto actual de crisis internacional.

De todas maneras, un crecimiento económico superior al 7% es considerablemente alto, y más si se toma en cuenta que se logró también con una gran estabilidad de precios. Al mes de octubre pasado el nivel medio de precios se había incrementado un 6.2% respecto al mismo mes del año anterior, y se estima que al terminar el año podría haberse verificado una inflación en un rango de 6% a 7%.

Al amparo de los grandes proyectos de inversión pública, de las fuertes entradas de capitales extranjeros, y a las bajas tasas de interés que estuvieron vigentes internamente, los sectores más favorecidos con el crecimiento fueron la construcción y el comercio, con tasas superiores al 10% hasta septiembre, así como el sector financiero y las comunicaciones. Pero los datos dicen que también hubo incrementos en la industria, exceptuando las zonas francas, en la agricultura y la electricidad.

Además de los grandes subsidios, un elemento distintivo de los gastos del actual gobierno es la gran concentración de las inversiones en pocas obras, y su localización geográfica en la ciudad de Santo Domingo, dejando en medio de gran abandono el resto de las provincias.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El coordinador del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, negó anoche que sea miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como lo acusara el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina

Samir Chami Isa dijo que tiene amistad con familiares del ex presidente Hipólito Mejía, pero que ningunos estos le ha pedido favores.

Asimismo, negó que haya trabajado en el gobierno del ex presidente Mejía, durante el periodo 2000-2004, como también lo acuso Medina.

Este lunes, Danilo Medina acusó a  Chami Isa, de ser un activista del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al referirse al informe de Participación Ciudadana,  que consideró avasallante la colocación de vallas y otras propagandas políticas a favor del candidato oficialista.

Medina aseguró que Chami Isa trabajó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en el gobierno de Mejía en el período 2000-2004.  El ex presidente  Hipólito Mejía negó, además,  que Chami Isa sea del PRD, ni que haya trabajado en su gobierno como denunció  Medina.

Participación Ciudadana presentó su “Segundo Informe de Observación Electoral” en el que anunció que ha iniciado un proceso de concertación con decenas de organizaciones sociales a nivel nacional, para incorporarlas a su observación del proceso electoral en marcha, como ha sido tradición desde la conformación de su primera red en los comicios de 1996.

El Movimiento Cívico destacó que la presentación al Congreso Nacional del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral fue el acontecimiento más positivo de las últimas semanas, para cuya aprobación será precisa una concertación política, ya que  por tratarse de una ley orgánica su aprobación requiere dos terceras partes de la votación en cada cámara legislativa.

Agregó que ese concierto debe extenderse también al Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en manos de los legisladores desde mediados del año.

El Segundo Informe de Observación Electoral fue presentado durante una rueda de prensa en la que participaron Javier Cabreja, director ejecutivo de PC; Samir Chami Isa, coordinador general de PC; Francisco Álvarez y Fatima Lorenzo, miembros del Consejo Nacional de PC.  

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, dijo que el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral elaborado por una misión de la Organización de Estados Americanos a solicitud de la JCE, es fundamental para adecuar la Junta Central Electoral a la nueva Constitución de la República ya que contiene importantes reformas para reglamentar las campañas electorales y transparentar el financiamiento y el gasto de los partidos y candidatos.

Chami Isa indicó que por otro lado, el arresto de un acusado de narcotráfico,  en proceso de extradición a Estados Unidos,  que promovía un movimiento de apoyo a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, fue motivo de justa alarma al finalizar noviembre.

Isa denunció que el escándalo fue mayor por cuanto de inmediato saltó a la luz pública copia de un cheque por 500 mil pesos emitido por el mismo personaje como financiamiento a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el 2004, lo que implica que el presunto narcotraficante llevaba años incidiendo en campañas electorales.

El Segundo Informe indica que esta ocurrencia magnifica la urgencia de que el liderazgo político acepte la necesidad de limitar la extensión y el gasto de las campañas electorales y de hacer transparente su financiamiento.

“Como es conocido, en la última semana de noviembre el presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, informó sobre importantes avances en el proceso organizativo de la elección presidencial del 2012, sosteniendo que a esa fecha se había cumplido el calendario de ejecuciones previsto, compendiando el 47 por ciento de las acciones”, señaló Samir Chami Isa.

Destacó que otro anuncio positivo lo constituyó la solicitud a la OEA para la realización de una auditoría al padrón electoral, el cual quedará cerrado provisionalmente el 20 de diciembre próximo. Se informó que también será  auditado el centro de cómputos de la JCE, lo que debe ser aplaudido. Estas buenas noticias quedaron empañadas por el hecho de haber sido anunciadas antes de ser conocidas y aprobadas por el pleno de los miembros de un organismo que como la JCE es colegiado.

Observación de Vallas

Como parte de la observación electoral, Participación Ciudadana realizó  un monitoreo de la vallas colocadas en las tres principales carreteras del país, lo que arrojó un balance muy desigual en la propaganda electoral en beneficio de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, la cual copa los espacios visuales. En algunas zonas el color morado predomina casi absolutamente.

Se registraron un total de 2 mil 659 vallas de promoción política en tamaños grandes, medianos y pequeños, de las cuales 1,667, el 62.8 por ciento, corresponden a la candidatura Danilo Medina-Margarita Cedeño; y 327, equivalentes al 12.3 por ciento, a la de Hipólito Mejía-Luis Abinader, del Partido Revolucionario Dominicano. Los demás partidos con el por ciento restante.

Asimismo manifestaron preocupación porque todavía no se ha buscando una solución al conflicto generado por la renuncia del Administrador de Informática de la JCE Miguel Ángel García y la permanencia en la posición de Director del Departamento de Informática, ahora como máximo responsable, del Lic. Franklin Frías, a pesar de que éste último no cuenta con la confianza de varios partidos políticos, que han solicitado su separación de la posición.

Participación Ciudadana insiste en que resulta indispensable una solución consensuada de este conflicto, avalada por el pleno de la JCE, con la finalidad de rodear el proceso electoral de la credibilidad necesaria que permita aceptar los resultados de las próximas elecciones sin mayores dificultades.

Añadieron que en nuestro primer Informe de Observación Electoral alertamos sobre los conflictos existentes a lo interno de la Junta Municipal Electoral de Santiago, luego de la separación de su miembro Franklin Rosa, que posteriormente dio lugar a la renuncia del miembro Nicolás Cantizano. Existen indicios importantes de que el conflicto está llegando a su fin, con el retiro por parte del PRD de la recusación contra el presidente de la Junta y el retiro de la renuncia del miembro Nicolás Cantizano, ya aceptado por la JCE.

Explicaron que el 8 de diciembre, el Consejo Asesor del candidato Hipólito Mejía, notificó un acto de alguacil a los actuales miembros de la JCE requiriéndoles que cesen en sus funciones; esto se hizo, alegando que con la designación de los actuales miembros de la JCE, el Senado había violado la disposición transitoria séptima de la Constitución.  Esta situación  fue advertida  por Participación Ciudadana en octubre del 2010, cuando lamentaba que el Senado continuara "el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral sin antes modificar la ley que aún exige que sólo  los abogados puedan ser miembros" y agregaba que "la disposición transitoria séptima de la nueva Constitución exige primero la conformación del órgano antes de la elección de sus miembros".

Esta reacción del Consejo Asesor es extemporánea y solo contribuye a agregar nuevos ingredientes innecesarios al proceso de mediación entre el PLD y el PRD, y su aplicación generaría mayores problemas que los que pretende resolver.

Una solución más razonable en los actuales momentos sería terminar de cumplir con los requisitos que manda la Constitución, es decir la designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral y la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen  Electoral, y que luego de cumplidos, la JCE ratifique todos los actos que ha realizado desde su designación, para dejar sin objeto cualquier argumento de nulidad de las actuaciones pasadas.

Participación Ciudadana enfatiza la urgencia de una gran concertación entre los actores políticos y la Junta Central Electoral para superar los diferendos  en torno a la dirección de informática, y  que aborde también la aprobación de los proyectos de leyes del Régimen Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas.

Javier Cabreja denunció que el ingreso del dinero ilícito a los Partidos constituye una amenaza a la democracia.

Participación Ciudadana solicitó a los partidos políticos transparentar sus finanzas para evitar el uso del dinero del narcotráfico en la campaña política.

Durante el panel “Narcotráfico y Lavados de Activo en el Financiamiento Político de la República Dominicana” el Coordinador General de PC, Samir Chami Isa, dijo que los partidos políticos son entidades de interés público por lo que todo ciudadano tiene el derecho a conocer sobre su accionar y fiscalizar los recursos que disponen.

En este panel participaron como expositores Heiromy Castro, director de la Oficina de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Bancos y Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana.

Durante su intervención Chami Isa agregó que los Partidos Políticos deben determinar claramente quien financia sus actividades y  en qué son invertidos estos recursos.

Isa señaló que “la ley electoral en sus art. 48, 49 y 50 establece que los Partidos deben dar cuenta de los recursos que reciben por parte del  Estado. Señaló que según las disposiciones legales vigentes se permite la asistencia o contribución económica de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas y se prohíbe de manera explícita “la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.

Asimismo recordó que la Junta Central Electoral tiene la “facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos del Estado”.

Mientras que Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, denunció que la falta de regulación, control y fiscalización del financiamiento de los partidos políticos está permitiendo que el dinero ilícito entre a dichas Organizaciones, lo que constituye una amenaza a la democracia.

Cabreja dijo que sectores vinculados al crimen organizado apoyan la política en busca de impunidad y protección.

Por esta razón hizo un llamado a la sociedad civil dominicana a empoderarse y realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar que el lavado penetre a la política.

Recomendaciones.

El Director Ejecutivo de PC señaló que para contrarrestar este problema se debe: 1) Reducir costo de la campaña electoral, 2) Reducir el periodo de campaña, 3) Establecer limites del gasto de los partidos en campaña, 4) Mayor transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas, 5) Establecer limites de las donaciones de particulares y 6) regular el acceso a medios de comunicación a nivel publicitario.

Participación Ciudadana destacó que transparentar las fuentes de financiamiento político trasmite confianza a la ciudadanía que redunda en mayor credibilidad hacia las  instituciones democráticas por parte de ciudadano; dejando claro que el accionar de los candidatos y/o funcionarios públicos no estará condicionado por interés ajeno al colectivo.

Cantidad lavado

En tanto que Heiromy Castro, director de la Oficina de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Bancos indicó que el lavado implica mas 300 mil millones de dólares a nivel mundial.

Castro agregó que el crimen organizado y los lavadores buscan indulgencia e impunidad con los aportes económicos en las campañas políticas, por lo que recomienda mejorar los controles para evitar el lavado en el país, asegurar la eficiencia de las medidas adoptadas y evaluar el costo y la eficiencia de los nuevos controles.

Movimiento Cívico denuncia que nos enfrentamos a una clase política y gobernante que parece ser indiferente e inmune a las denuncias y pruebas de corrupción.

A solo horas de conmemorarse el Día Internacional Contra la Corrupción establecido por las Naciones Unidas, Participación Ciudadana denunció que la República Dominicana ha visto deteriorarse su imagen internacional y la moral pública, al quedar entre los peores países en todos los indicadores que tienen que ver con la corrupción.

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, dijo que el más reciente de estos indicadores fue el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado recientemente, en el cual sacamos la más baja puntuación desde que comenzamos a participar en el 2001, con un 2.6, por lo que fuimos incluidos dentro de los países en los que existe la percepción de una corrupción RAMPANTE.

Chami Isa agregó que en el Reporte Global de Competitividad 2010-2011 del Foro Económico  Mundial, la República Dominicana ocupó el último o uno de los últimos lugares en indicadores tan fundamentales como: el favoritismo en las decisiones gubernamentales, el desperdicio del gasto público, la credibilidad de los servicios policiales y el costo del crimen y la violencia.

El Coordinador General de PC recordó también que el  Estado  dominicano fue el peor valorado entre 18 países de América Latina,  según la encuesta LATINOBAROMETRO 2011.   En este estudio quedamos con muy baja puntuación en el nivel de transparencia, la eficiencia del Estado, la confianza en el gobierno, el fraude social y en desigualdad social.

“Lamentablemente, la confianza en las instituciones públicas ha seguido bajando, mientras no se produjo en el año una acción significativa dirigida al rescate de la misma. En este año, los órganos del Estado pagados por el pueblo dominicano para combatir la corrupción, principalmente la Dirección General de Persecución de la Corrupción, no sometieron a la justicia ninguno de los casos relevantes que en los últimos años han sido documentados en la prensa como escándalos de corrupción”, señaló el Coordinador General. 

El Movimiento Cívico dijo que varias auditorías presentadas por la Cámara de Cuentas este año contienen evidencias suficientes para sustentar expedientes de corrupción, pero esto no se ha producido.

Señaló que en el marco de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), se han presentado algunos avances, pero éstos están muy lejos de tener algún impacto en la disminución de la corrupción. Las grandes obras del Estado, como la segunda línea del Metro, se siguen contratando sin licitaciones transparentes.

La autoasignación de beneficios desproporcionados, el nepotismo y la administración discrecional y poco transparente de los recursos públicos sigue siendo la práctica normal que caracteriza a los funcionarios del Estado Dominicano.

El uso de los recursos públicos para favorecer al candidato oficial se repite una vez más, tal como lo plantea el Primer Informe de Observación Electoral publicado por Participación Ciudadana.

Población conciente

La población esta consciente de que éste es uno de los más grandes problemas del país, tal como lo muestran las diferentes entregas de la encuesta Gallup en las que casi la totalidad de la población afirma que en el país hay corrupción y más de las tres cuartas partes afirma que esta es mayor que nunca antes, expresó la Organización No Gubernamental.

Esfuerzos de PC contra Corrupción

Participación Ciudadana está dedicando mayores esfuerzos a esta lucha y lo seguiremos haciendo, cumpliendo con el compromiso que hemos asumido con el país y con Transparencia Internacional.

Samir Chami Isa explicó que en este momento estamos ejecutando un importante proyecto con apoyo de la Unión Europea y otro con financiamiento de la USAID. Un proyecto con apoyo de Transparencia Internacional para dar seguimiento a los recursos que se destinan al cambio climático, el proyecto de Asistencia Legal Anticorrupción.

También destacó que PC está terminando el estudio “La corrupción sin Castigo”, publicamos el resultado del monitoreo de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, el monitoreo al cumplimiento por parte de los partidos políticos de esta misma Ley. La observación electoral con miras a las elecciones presidenciales del 2012 se centrará principalmente en los aspectos anticorrupción.

Chami Isa reveló que “Asimismo hemos realizado durante el año decenas de talleres, reuniones y eventos con la participación de miles de ciudadanos y ciudadanas en los que se ha discutido esta temática y se han creado mecanismos para enfrentarla”.

 Isa dijo que el Movimiento Cívico además ha auspiciado la Red de Jóvenes que también tiene como tema central la lucha contra la corrupción, entre otras actividades.

Responsabilidad de clase política y Gobernantes.

PC destacó que el panorama de la lucha contra la corrupción es verdaderamente sombrío en la República Dominicana debido a que nos enfrentamos a una clase política y gobernante que parece ser indiferente e inmune a las denuncias y pruebas que abundan en la prensa dominicana.

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, señaló que el 2011 fue declarado por el Gobierno Dominicano como Año de la Transparencia, pero esta declaración no se concretizó en un solo hecho que pudiese mostrar voluntad política de cumplir este compromiso.

Afirmó que no es por falta de denuncias y pruebas que no se ha castigado la corrupción en el país, ya que gran parte de la prensa nacional ha tenido una participación activa en la presentación y documentación de denuncias.

Responsabilizó al Gobierno Dominicano de no cumplir con el mandato que le asigna la Constitución y las leyes en la preservación y administración de los recursos públicos; y que por el contrario ha protegido y estimulado a funcionarios que exhiben de manera ostentosa riquezas que no pueden justificar con su trabajo.

“La corrupción refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y de la justicia. Atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos”, señaló Chami Isa.

Participación Ciudadana como capitulo dominicana de Transparencia Internacional hizo un llamado a los ciudadanos y ciudadanas a no permitir que la lucha contra la corrupción decaiga.