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Presidente SDD y Participación Ciudadana defienden medios

Afirman modificación Resolución de JCE pone en duda su transparencia y evidencia presión

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado y el coordinador de Participación Ciudadana (PC), Francisco Álvarez, afirmaron ayer que con su decisión de modificar la Resolución 07-2012, la Junta Central Electoral (JCE), más que afectar a los medios de comunicación, pone en juego su propio nivel de transparencia y evidencia que recibió “presión oficial”.

En declaraciones por separado, Maldonado y Álvarez además defendieron la probidad de los medios de comunicación puesta en tela de juicio por el presidente de la JCE, Roberto Rosario.

Un punto negro. Para Maldodado, quien es también director del periódico El Nuevo Diario, la transmisión simultánea de las actas a los medios es una forma de la JCE demostrar que no hay nada oculto en ese organismo, y recordó que una vez firmadas y selladas por los miembros de los colegios y los delegados de los partidos, las actas son públicas.

Cuál es el miedo? Aseguró que con los medios no hay ningún riesgo, señalando que si algo está probado en el país a lo largo de los años, específicamente después de la crisis electoral de 1994, ha sido precisamente su comportamiento responsable.

“A lo que le tenemos miedos es a que el país conozca a tiempo los resultados, porque, en definitiva, los partidos siempre quieren tener un margen para el pataleo, pero con la verdad nunca se juega. El partido que tenga los votos para ganar las elecciones ese es el que va a ganar, por lo tanto, no importa abrir puertas si usted está hablando de un proceso claro y limpio”, puntualizó.

Tema debe discutirse. El coordinador de PC dijo que dada la relevancia del tema para la transparencia de las próximas elecciones, la nueva decisión del Pleno de la JCE respecto de la transmisión de las actas a los medios de comunicación debería discutirse. Álvarez manifestó que “crea suspicacia” el cambio en la Resolución 07-2012, sobre todo porque PC apoyó a la JCE cuando el PLD y el PRD se oponían a la misma.

Retrasos

El coordinador de PC señaló que con la modificación de la resolución sobre Procedimiento del Cómputo Electoral para que en vez de las actas lo que llegue de manera simultánea a los medios de comunicación sean los boletines consolidados, los cuales, si se retardan, también retardarán las actas.

 

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Participación Ciudadana se queja pidan acreditar observadores en municipios

La JCE dispuso que deberán acreditarse en la Junta municipal donde trabajarán

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) calificó como un obstáculo a la observación electoral el que la Junta Central Electoral dispusiera que los  observadores  deban registrar  sus datos biométricos en las Juntas Municipales donde realizarán sus labores y luego de ser verificados  se procedería a darles su acreditación.

Francisco Álvarez Valdez, coordinador de PC, dijo que  esta medida es  otro de los obstáculos que la Junta pone  para la el trabajo de observación electoral del Movimiento Cívico, que  de ser   así no podrán participar en el  proceso.

Explicó que con esta decisión  los 3,800 observadores    tendrían que  el Centro de Operaciones y Emergencias  acudir personalmente a recoger su acreditación.

“Movilizar a 3,800 personas a 32 juntas municipales es un proceso complicado y costoso y eso lo conoce perfectamente la JCE, la mayoría de nuestros observadores son personas de escasos recursos, muchos de comunidades muy alejadas”, dijo.

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Más de 9 mil personas han sido atendidas en Casa Comunitariade Justicia de La Vega de PC

Las tres casas comunitarias de justicia necesitan más recursos para poder seguir operando por lo que buscan respaldo

Más de 9 mil personas han sido atendidas de forma gratuita por la Casa Comunitaria de Justicia del sector Villa Rosa, La Vega.

José Ceballos, coordinador del proyecto Casas Comunitarias de Justicia informó que la Casa Comunitaria de la Vega fue fundada el 19 de noviembre de 2009 y hasta la fecha ha atendido a 9,441 personas de forma gratuita, 5,097  mujeres y 4,344 hombres.

Estos datos fueron ofrecidos durante la II Cumbre Provincial de Justicia, Municipalidad ySociedad Civil, organizada por Participación Ciudadana en la que participaron autoridades de La Vega. 

Ceballos explicó que la mayoría de los conflictos presentados fueron atendidos por la unidad de Fiscalía de la Casaque abordó 3,776 solicitudes de servicios concernientes a violencia intrafamiliar, amenazas, manutención de hijos menores, trabajos realizados y no pagados y difamación e injuria.

Agregó que el que la segunda cantidad de servicios prestados (2,360) recae sobre la unidad de Mediación, para el tratamiento de conflictos sobre inquilinato ,manutención, deudas o prestamos, títulos, linderos y aguas residuales.

Entanto que 1,300 personas se les dio servicios de orientación legal, 221 dearticulación comunitaria, 944 recibieron atención psicológica, 1,300 orientación en asuntos municipales y 490 sobre defensoría pública, derechos del consumidor, Junta Central Electoral, etc…

En la II Cumbre Provincial de Justicia, Municipalidad y Sociedad Civil se llevó a cabo en la biblioteca municipal Guido Despradel Batista y estuvo encabezado por Javier Cabreja, director ejecutivo de ParticipaciónCiudadana; José Ceballos, coordinador del programa Casa Comunitaria de Justicia; Euclides Sánchez, Senador de la Provincia; Alexis Pérez, alcalde del municipio La Vega; Johanna Reyes, procuradora fiscal de La Vega;  Arelis Ricourt, juez presidente Corte Civil de La Vega; Vianela García, procuradora adjunta de la corte de Apelación de La Vega;  Domingo Rodríguez, presidente Federación Vegana de Juntas de Vecinos, así como representantes del empresariado y  la sociedad civil.

Casas Comunitarias de Justicia

Las casas comunitarias de justicia fueron creadas con elpropósito de implementar unmodelo de acceso ciudadano a la justicia de los sectores vulnerables, a travésde la promoción y uso de métodos alternos para la resolución de conflictos.

La Casa de la Vega seadiciona a las ya existente en Cienfuegos y  La Joya en la provincia de  Santiago, así como a la del sector de  Herrera, Municipio Santo Domingo Oeste.

Este programa ha prestado servicios gratuitos de justicia,municipalidad y educación ciudadana en casi seis años de gestión a un total de75,562 usuarios, los cuales desagregados por sexo corresponden 41,057 al sexofemenino y 35,029 al masculino.

Expansión del Proyecto y Gastos

En la II Cumbre Provincial de Justicia, Municipalidad y Sociedad Civil, Ceballos destacó la necesidad de alcanzar la sostenibilidad del Programa, señalando el desafío de lograr mayor soporte económico de las entidades que soncopartícipe y de ampliar las entidades donantes.

José Ceballos explicó que los gastos periódicos de la Casa Comunitaria de Justicia de Villa Rosa, La Vega es 2 millones 826 mil pesos anuales y solo recibe enpromedio 1 millón 541 mil 580 pesos al año, por lo que operan actualmente condéficit 1 millón 284 mil 580 pesos, por lo que espera la captación de estosrecursos que solo representarían la suma de 107,048 pesos mensuales.

Por esta razón Participación Ciudadana ha creado una estrategia de sostenibilidad que consiste en promover el incremento de responsabilidades financieras de lasinstituciones públicas participantes, la búsqueda del respaldo del sector privado y de organismos internacionales, así como el apoyo de instituciones dela sociedad civil dominicana para enfrentar las dificultades y desafíos del programa.

Entidades que Apoyan

Durante la II CumbreProvincial de Justicia, Municipalidad y Sociedad Civil Participación Ciudadana agradecióel apoyo recibido por instituciones como la Procuraduría Fiscalde La Vega, elComisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, la Alcaldía Municipalde La Vega, elInstituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Defensa Pública, la Junta CentralElectoral, el Instituto Dominicano de Protección del Consumidor, la Administración de los Fondos Mineros de La Vega, Asociación La Vega Real  (ALAVER),Fundación Falconbridge (FALCONDO), la Federación Vegana de Juntas de Vecinos,  entre otros.

También agradeció a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por su continuo respaldo al Programa en general.

Participación Ciudadana correspondió el apoyo recibido en el desarrollo de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, entregándoles pergaminos de reconocimiento por su colaboración al Ing. Euclides Sánchez, Senador Provincia La Vega, Ing. Alexis Pérez, alcalde Municipio La Vega, Licda. Johanna Reyes, Procuradora Fiscal de La Vega, Licda. Arelis Ricourt,Juez Presidente Corte Civil Distrito Judicial de La Vega, Licda. Vianela García, procuradora adjunta de la Corte de Apelación Distrito Judicial de La Vega,  Domingo Rodríguez, presidente Federación Vegana de Juntas de Vecinos.

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Julian Serulle dice Transparencia será pilar fundamental de su Gobierno

Serulle habló luego de la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC

El candidato presidencial del Partido Frente Amplio, Julian Serulle, indicó que la transparencia y la lucha contra la corrupción serán los pilares fundamentales de un gobierno suyo.

Julian Serulle señaló que la  impunidad y el incumplimiento de leyes está permitiendo que la corrupción en la República Dominicana vaya cada vez más en aumento.

Serulle habló luego de la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad elaborado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

Con esta firma Serulle se comprometió cumplir 21 compromisos concretos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de resultar electo el próximo 20 de mayo.

Francisco Álvarez, coordinador general de PC, informó que la institución apoyará la implementación del protocolo y dará seguimiento a su cumplimiento con las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano a la Implementación de la Iniciativa Participativa Anticorrupción OCI-IPAC.

Álvarez explicó que entre las medidas que el candidato presidencial se comprometió impulsar se encuentran el establecimiento de las condiciones necesarias para el cumplimiento de la ley de Libre Acceso a la Información Pública; garantizar en los primeros cien (100) días de gobierno la creación de la Cuenta Única del Tesoro; emprender la Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas; así como garantizar la independencia política, presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República, del Consejo Superior del Ministerio Público y del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, como instancia especializada del Ministerio Público para la persecución de la corrupción.

Mientras que Julian Serulle acordó impulsar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción; promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado y de las necesidades reales de una administración pública eficaz y eficiente, evitando el personal excesivo.

Asimismo deberá promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado; nombrar únicamente los ministros y viceministros que estén previstos en las leyes orgánicas de los ministerios, y los asesores y asistentes del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que sean estrictamente necesarios para un desempeño eficiente de la función pública y que el servicio exterior de la República Dominicana transitará el camino de la profesionalización de las funciones diplomática y consular.

El protocolo lo suscribieron también en calidad de testigo Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana capitulo dominicano de Transparencia Internacional y será seguido por representantes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), EDUCA, Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, PROJUVENTUD, Ciudad Alternativa, Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Asociación Dominicana de embotelladores de Agua Purificada (ADEGUA), Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano.

Transparencia Internacional

Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparency International informó que: “Este Protocolo es una lista de políticas, reformas y compromisos pendientes que no pueden seguir esperando. No tienen que ver con quien gana las elecciones, ni son bandera de ningún partido político, son medidas que tienen que llevarse a la práctica por cualquier líder genuinamente interesado en la gobernabilidad democrática y el bienestar de todas y todos los dominicanos”.

 

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PC denuncia Obstaculos de la JCE a observación electoral de Institución

SOLICITAMOS A LA JCE ELIMINAR LOS ÚLTIMOS OBSTACULOS A LA OBSERVACION ELECTORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación Ciudadana lamenta tener que referirse de manera pública a los obstáculos que ha venido enfrentado para realizar su trabajo de observación electoral, pero luego de ingentes esfuerzos durante una semana completa para vencer el último de los obstáculos presentados y faltando apenas 24 días para las elecciones, desea dejar constancia de los hechos sin perder aún las esperanzas de que la Junta Central Electoral (JCE) comprenda la difícil situación en que nos ha colocado.

Durante la última parte del año pasado surgió una confrontación innecesaria entre Participación Ciudadana y algunos miembros de la JCE sobre temas como la renuncia del Administrador del Centro de Cómputos y la solución que debía darse a esa situación. Durante el año en curso hemos realizado serios esfuerzos por evitar confrontaciones de este tipo sin dejar de decir lo que nos corresponde de la observación que hacemos de la organización de las elecciones.

Aunque hemos criticado que la JCE no haya ejercido la facultad reglamentaria que la Constitución le otorga para regular la campaña electoral, también hemos reconocido que la organización de torneo electoral marcha de manera satisfactoria.

Nunca hemos entendido por qué razón esta es la única JCE y el único presidente de la misma que se ha negado a recibirnos a pesar de las solicitudes que le hemos realizado para presentar nuestro plan de observación y recibir sus comentarios y que ellos escuchen los nuestros en un diálogo franco y abierto. En todas las elecciones pasadas la JCE, valorando nuestro trabajo, ha designado a uno de sus miembros como enlace directo con Participación Ciudadana para mejorar la fluidez del intercambio de información en beneficio del proceso electoral, lo que no ha sido posible en esta ocasión.

Por el contrario, para guardar distancia, la JCE nombró una Comisión para la Observación Electoral que se encargaría del contacto con los observadores, cuya primera decisión fue fijar un plazo no existente en la ley ni en el reglamento para entregar los nombres de todos los observadores a más tardar el 16 de abril, cuando en el pasado hemos entregado datos de los observadores hasta el mismo mes de las elecciones. Esta situación que generó mucha tensión en nuestra organización fue superada y el plazo no fue exigido.

A pesar de haber solicitado nuestra acreditación en varias oportunidades desde el mes de septiembre pasado, no fue hasta la semana pasada, específicamente el 17 de abril,  cuando finalmente nos llegó la autorización, lo que hizo que la JCE nos excluyera de todas las actividades que ha realizado hasta la fecha dentro de la organización del proceso electoral por no haber estado acreditados. Hemos tenido que observar la organización de las elecciones en condiciones muy difíciles, pero aun así no hemos dejado de reconocer los avances en los trabajos de la JCE.

Esta autorización para observar recibida la semana pasada contenía dos elementos  preocupantes.

El primero era la exclusión de los colegios electorales de la autorización expresa sobre la observación que podíamos realizar. Nos autorizaban a observar los centros de votación, la JCE, las juntas municipales y el voto en el exterior, pero de manera confusa se excluyeron los colegios electorales, que son el corazón de nuestra observación. Decidimos resolver esta confusa situación sin hacer ruido y nos reunimos con la Comisión para la Observación Electoral, que nos aclaró que esa no era la intención y se comprometió a hacernos llegar un documento que lo aclarara, que aún no hemos recibido a pesar de que fue prometido para el viernes de la semana pasada.

El segundo aspecto preocupante fue provocado por una confusa redacción en la autorización que no nos permitía entender si las acreditaciones para nuestros 3,800 observadores debían ser recogidas personalmente por ellos o por nuestro equipo técnico. La Comisión nos confirmó que cada uno de los 3,800 observadores tendría que acudir personalmente a recoger su acreditación.

Le explicamos a la Comisión, tres de cuyos miembros se formaron en materia electoral en Participación Ciudadana, que ellos conocían perfectamente que ese requisito no había sido exigido en las últimas siete elecciones. También que se había intentando hacer de esa manera en el año 1996 pero que las dificultades creadas tanto a la JCE como a Participación Ciudadana, en términos de costos y logística, fueron tales, que tal sistema se abandonó hasta ahora cuando se intenta imponer, con la agravante de darlo a conocer a menos de un mes de las elecciones.

La Comisión nos indicó que ese era un tema que debía decidir la JCE y nos pidió que lo solicitáramos por escrito, lo cual hicimos el mismo día de la reunión, miércoles 18 de abril. Solicitamos a la JCE que modificara la decisión para evitar que nuestros observadores tuvieran que dedicar otro día adicional al tiempo que ya están dedicando, lo que podría desincentivar a muchos de los observadores, pues este requisito no se les había informado al momento de reclutarlos sencillamente porque lo desconocíamos.

Fuimos muy transparentes con la JCE y le informamos que no habíamos aún terminado de captar los recursos económicos para nuestro programa de observación en estos tiempos de crisis financiera, y que aunque estamos seguro que lo haríamos, no podíamos encarecer aún más el proceso de observación.

La mayoría de nuestros observadores son personas humildes, de escasos recursos, muchos de comunidades muy alejadas, por lo que nuestra organización, aunque no les paga por su trabajo, les cubre los costos de traslado, alimentación y comunicación. Movilizar a 3,800 personas a 32 juntas municipales es un proceso complicado y costoso y eso lo conoce perfectamente la JCE.

Nuestra solicitud fue respondida por el presidente de la JCE en carta de fecha 21 de abril, pero recibida el 24 de abril, en la cual señala “nos permitimos indicarle, que para el presente proceso hemos establecido el siguiente procedimiento del personal de esa organización:

1.      Se debe suministrar a esta institución (JCE) una relación del personal segregado por municipios a nivel nacional, con sus datos personales, esto es nombre y cédula;

2.      Una vez dispongamos de esta información habilitaremos un día en que éstos deberán presentarse ante las oficinas de las Juntas Electorales cabecera de municipios, a los fines de completar un formulario de acreditación y aportar sus datos biométricos;

3.      Concluida la fase anterior, procederemos a emitir los correspondientes carnets de acreditación, y lo haremos llegar de conjunto a la sede de ese movimiento, para que procedan con su entrega a cada uno de sus miembros.

En el día de ayer hemos solicitado por escrito al pleno de la JCE revisar esta decisión atendiendo a que  no es justo ni correcto establecer nuevos requisitos o procedimientos a menos de un mes de las elecciones, pero además tomando en cuenta los siguientes aspectos:

1.      Aunque en su carta el presidente de la JCE nos informa que los documentos que identificarán a nuestros observadores serán entregados a Participación Ciudadana para que los distribuya, no se elimina el serio obstáculo que representa en términos de costos y logística la movilización de 3,800 personas un día para llenar un formulario y aportar sus datos biométricos.

2.      Nunca se nos informó que nuestros observadores tenían que llenar un formulario diseñado por la JCE. Les hacemos llenar y firmar un formulario diseñado por  nosotros, que ha sido utilizado en todas las elecciones, sin queja por la JCE. Como gesto de buena voluntad para la JCE, en el día de ayer le hemos remitido los originales de los 3,800 formularios de todos nuestros observadores, que contienen todos sus datos.

3.      Ya le hemos remitido a la JCE la relación de los observadores, segregado por municipio, con la información de sus datos personales (nombre y cédula).

4.      Solo quedaría por cumplir del nuevo procedimiento comunicado a menos de un mes de las elecciones, la aportación de los datos biométricos. Entendemos el interés de la JCE por terminar de captar estos datos de toda la ciudadanía, pero este no es el momento oportuno para intentar hacerlo con aquellos de nuestros observadores que aún no lo han aportado. Millones aún no lo han aportado y pretender hacerlo con menos de 3,800 personas creando obstáculos para la observación electoral no es lógico ni prudente ni correcto.

5.      El tema de los datos biométricos nada tiene que ver con asegurar la identidad de nuestros observadores. La JCE lo ha demostrado cuando fue capaz de identificar, partiendo de la información que le suministramos, a diez y siete personas del universo de nuestros observadores y descalificarlos por haber sido candidatos en elecciones pasadas. Hemos acatado la decisión de la JCE y sustituido a estas personas, que habían sido candidatos en el pasado, ocho de ellos por el PLD y aliados, dos de ellos por el PRD y aliados y los otros por Dominicanos por el Cambio y el  MIUCA. Queremos resaltar que algunas de estas personas nos han informado que nunca se inscribieron en ningún partido a pesar de haber aceptado ser candidatos en el pasado a regidores, suplente, vocal, sub-director, en localidades como Los Ríos, Bohechío, Imbert, Los Almácigos, Sabaneta, Jaquimeyes y otras.

6.      Para confeccionar el carnet que identifica a cada persona como observadora, le JCE toma la foto de su padrón electoral y coloca además del nombre completo, su número de cédula. Cualquier persona el día de las elecciones, incluyendo los presidentes de colegios electorales, podrá identificar con toda seguridad a nuestros observadores y les bastará verificar la foto del carnet y comparar sus datos con los de la cédula que le presente. Nunca hemos tenido un solo caso de dificultad de identificación de nuestros observadores en ocho elecciones observadas.

7.      Los partidos políticos nos han informado que para acreditar a sus delegados ante los colegios electorales la JCE no les requiere estos requisitos que ahora, por primera vez, se le requieren a Participación Ciudadana.

Tomando en cuenta que algunas organizaciones de observación internacional como el Centro Carter no estarán presentes el 20 de mayo y que de las 36 organizaciones de observación nacional que solicitaron autorización para observar solo quedan dos, y una de ellas solo observará en pocos municipios, siendo Participación Ciudadana la única de todos los observadores que cubrirá el territorio nacional y ultramar, solicitamos públicamente a todos los miembros de la JCE, y de manera particular a su presidente, Roberto Rosario, que se engrandezcan como funcionarios públicos y como seres humanos, tomando decisiones que faciliten la observación electoral de todos los que participamos en esta tarea que contribuye a la transparencia del proceso electoral.

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Guillermo Moreno prometió a PC eliminar Secretarios sin Cartera

Moreno habló durante la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC

El candidato presidencial del partido Alianza País, Guillermo Moreno, se comprometió a eliminar los nombramientos de los “Secretarios sin Carteras”, alegando que los mismos se dedican en general al activismo político con rango, sueldos y recursos del Estado.

Asimismo anunció que de llegar a ser Presidente someterá a la justicia a cualquier funcionario público que luego de culminar su gestión presente un incremento significativo de su patrimonio, para lo cual exigirá la presentación de la justificación de dicho incremento.

Guillermo Moreno explicó que para investigar estos tipos de casos levantará el secreto tributario y bancario a favor de las autoridades.

Moreno habló durante la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad elaborado por Transparencia Internacional y Participación Ciudadana.

El candidato presidencial del partido Alianza País también se comprometió a destituir y someter a la justicia a todo funcionario acusado de corrupción con la sola denuncia pública.

También impulsará la aprobación de una legislación que le dé carácter de imprescriptibles a los delitos de corrupción; creará los mecanismos para someter a auditoría social de todas las instituciones que maneje recursos públicos del Estado y que auditará la deuda pública para examinar su legalidad y legitimidad  para deducir las consecuencias y responsabilidades de lugar.

Estas medidas anunciadas por Moreno están contenidas en el protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de Participación Ciudadana.

Mientras que Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana, indicó que este Protocolo contiene plazos puntuales para el cumplimiento de reglamentos y legislaciones que promueven la transparencia que no tienen la misma ley.

Alvarez destacó la necesidad de crear la cuenta única del tesoro para facilitar el trabajo de auditoria que realizan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas sobre los ingresos y egresos del Gobierno e incrementar los niveles de transparencia.

En tanto que Mientras que Javier Cabreja, director  ejecutivo de PC, agradeció a Guillermo Moreno su firma, resaltando que el protocolo por la Transparencia e Institucionalidad ha sido elaborado tomando como base la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como otros organismos nacionales e internacionales con los que el país se ha comprometido.

El cumplimiento de este protocolo será supervisado por Participación Ciudadana como capitulo dominicano de Transparencia Internacional, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), EDUCA, Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, PROJUVENTUD, Ciudad Alternativa, Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Asociación Dominicana de embotelladores de Agua Purificada (ADEGUA), Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano.

Protocolo de Transparencia

Con esta firma Guillermo Morena se comprometió cumplir 21 compromisos concretos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de resultar electo el próximo 20 de mayo como establecer las condiciones necesarias para el cumplimiento de la ley de Libre Acceso a la Información Pública; garantizar en los primeros cien (100) días de gobierno la creación de la Cuenta Única del Tesoro; emprender la Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas.

También garantizar la independencia política, presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República, del Consejo Superior del Ministerio Público y del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, como instancia especializada del Ministerio Público para la persecución de la corrupción, eliminar de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, entre otros.

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Hipólito se compromete a fortalecer transparencia frente a PC

El candidato presidencial perredeista dijo que hay que ponerle coto a la crisis moral que se registra en el país

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, se comprometió a aplicar todas las medidas necesarias para mejorar los niveles de transparencia en la administración pública.

Mejía hizo este compromiso tras la firma del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad elaborado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

El Candidato Presidencial del PRD señaló que “He sido transparente en todas las actividades de mi vida y en este país hay muchas personas que les gusta hablar de transparencia y lo que menos son es transparente”.

Mejía agregó que hay que ponerle coto a la crisis moral que agobia a esta sociedad. Destacó que hay que concienciar a las personas de que tienen que jugar su rol para enfrentar con firmeza la corrupción.

Asimismo felicitó a Participación Ciudadana por promover esta iniciativa y manifestó satisfacción por el rol fiscalizador que jugará PC en el cumplimiento de este Protocolo.

Mientras que Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, reconoció que fue el mismo PRD que planteó una iniciativa de esta naturaleza.

Cabreja destacó que el protocolo por la Transparencia e Institucionalidad ha sido elaborado tomando como base la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como de otros organismos nacionales e internacionales con los que el país se ha comprometido.

En tanto que Francisco Álvarez, coordinador general, informó que este Protocolo contiene plazos puntuales para el cumplimiento de reglamentos y legislaciones que promueven la transparencia que no tienen la misma ley.

El Coordinador General de PC dijo que es necesaria la creación de la cuenta única del tesoro para facilitar el trabajo de auditoria que realizan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas sobre los ingresos y egresos del Gobierno.

Agregó que el cumplimiento de este pacto por la transparencia debe ser un compromiso no solo de los candidatos presidenciales sino de la sociedad en general y el mismo será monitoreado periódicamente por Participación Ciudadana, Educa, Projuventud, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y otras organizaciones.

Francisco Álvarez asimismo valoró la voluntad política manifestada por Hipólito Mejía a favor de la transparencia.

Protocolo por la Transparencia

Con esta firma Hipólito Mejía se comprometió a cumplir con las treinta recomendaciones surgidas de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), establecer las condiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, garantizar que en los primeros cien días de gestión serán estandarizadas todas las informaciones públicas en los portales electrónicos de las instituciones del gobierno para que la ciudadanía pueda ser debidamente informada, de manera oportuna y veraz, sobre las actividades administrativas y sobre los resultados de la gestión pública.

Asimismo garantizar que en los primeros cien días de gobierno la creación de la Cuenta Única del Tesoro, ordenando la centralización de los ingresos y los pagos del Gobierno Central y  de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras.

Mejía también pactó la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción, entre otras.

 

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Eduardo Estrella firma protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC

Transparencia Internacional asegura que este protocolo contribuye con la gobernabilidad democrática y al bienestar del país. Estrella anuncia auditará contrataciones del Estado.

El candidato presidencial del Partido Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella, firmó el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad elaborado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

Con esta firma Eduardo Estrella se comprometió  cumplir 21 compromisos concretos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de resultar electo el próximo 20 de mayo.

Asimismo dijo que adoptará medidas para incrementar los niveles de transparencia en la administración pública y advirtió que auditará todos los contratos que hayan pasado de los 100 millones de pesos en los últimos 10 años sin exclusión y sin vacas sagradas.

Estrella también se manifestó de acuerdo con que se haga una investigación sobre las denuncias de corrupción y tramas que se han hecho mutuamente el PRD y PLD. Además se comprometió a contratar un contralor general de la República independiente al poder ejecutivo y a suprimir miles de cuentas del Estado en una sola para mayor control.

En tanto que Francisco Álvarez, coordinador general de PC, informó que la institución apoyará la implementación del protocolo y dará seguimiento a su cumplimiento con las organizaciones que integran el  Observatorio Ciudadano a la Implementación de la Iniciativa Participativa Anticorrupción OCI-IPAC.

Álvarez explicó que entre las medidas que el candidato presidencial se comprometió impulsar  se encuentran el establecimiento de las condiciones necesarias para el cumplimiento de la ley de Libre Acceso a la Información Pública; garantizar  en los primeros cien (100) días de gobierno la creación de la Cuenta Única del Tesoro; emprender la Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas; así como garantizar la independencia política, presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República, del Consejo Superior del Ministerio Público y del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, como instancia especializada del Ministerio Público para la persecución de la corrupción.

Eduardo Estrella además acordó impulsar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción; promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado y de las necesidades reales de una administración pública eficaz y eficiente, evitando el personal excesivo.

Asimismo deberá promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado; nombrar únicamente los ministros y viceministros que estén previstos en las leyes orgánicas de los ministerios, y los asesores y asistentes del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que sean estrictamente necesarios para un desempeño eficiente de la función pública y que el servicio exterior de la República Dominicana transitará el camino de la  profesionalización de las funciones diplomática y consular.

El protocolo lo suscribieron también en calidad de testigo Francisco Álvarez, coordinador general deParticipación Ciudadana capitulo dominicano de Transparencia Internacional y será seguido por representantes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), EDUCA, Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, PROJUVENTUD, Ciudad Alternativa, Instituto Nacional de la Salud(INSALUD), Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua Purificada (ADEGUA), Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano.

Transparencia Internacional

Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparency International informó que:“Este Protocolo es una lista de políticas, reformas y compromisos pendientesque no pueden seguir esperando. No tienen que ver con quien gana las elecciones, ni son bandera de ningún partido político, son medidas que tienen que llevarse a la práctica por cualquier líder genuinamente interesado en la gobernabilidad democrática y el bienestar de todas y todos los dominicanos”.

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PC pide candidatos coordinar actividades para evitar confrontación

El director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC), Javier Cabreja, pidió a los coordinadores de campaña de los partidos políticos a intercambiar sus calendarios de actividades, para no coincidir entre ellos y evitar confrontaciones como la ocurrida en Moca, donde un perredeista murió y un peledeísta resultó herido.

“A pesar del pacto de civilidad se requieren medidas más concreta para evitar confrontaciones”, dijo Cabreja quien también instó a la Junta Central Electoral (JCE) y a los partidos a que tengan un mayor control para evitar el uso de armas de fuego y el excesivo consumo de alcohol en las actividades proselitistas.

“Los partidos tienen que contribuir para que la campaña se desarrolle en un ambiente más pacífico, y la JCE, hasta el momento ha venido cumpliendo satisfactoriamente con el calendario electoral y con las disposiciones que establece la Ley Electoral, pero que ha habido un fallo con relación a un control más efectivo y la regulación en las actividades proselitistas”, dijo.

Deploró los incidentes registrados en los últimos días que se deben a esa falta de control.

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Max Puig firma protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de PC

Transparencia Internacional asegura que este protocolo contribuye con la gobernabilidad democrática y el bienestar del país.

El candidato presidencial del Partido Alianza por la Democracia firmó el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad elaborado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

Con esta firma Puig  se comprometió  cumplir 21 compromisos concretos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en caso de resultar electo el próximo 20 de mayo.

Francisco Álvarez, coordinador general de PC, informó que la institución apoyará la implementación del protocolo y dará seguimiento a su cumplimiento con las organizaciones que integran el  Observatorio Ciudadano a la Implementación de la Iniciativa Participativa Anticorrupción OCI-IPAC.

Álvarez explicó que entre las medidas que el candidato presidencial se comprometió impulsar  se encuentran el establecimiento de las condiciones necesarias para el cumplimiento de la ley de Libre Acceso a la Información Pública; garantizar  en los primeros cien (100) días de gobierno la creación de la Cuenta Única del Tesoro; emprender la Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas; así como garantizar la independencia política, presupuestaria y administrativa de la  Procuraduría General de la República, del Consejo Superior del Ministerio Público y del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, como instancia especializada del Ministerio Público para la persecución de la corrupción.

Max Puig además acordó impulsar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción; promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado y de las necesidades reales de una administración pública eficaz y eficiente, evitando el personal excesivo.

Asimismo deberá promover que el tamaño y la estructura de los entes de la administración pública estará ajustada al principio de racionalidad en el uso de los recursos del Estado; nombrar únicamente los ministros y viceministros que estén previstos en las leyes orgánicas de los ministerios, y los asesores y asistentes del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que sean estrictamente necesarios para un desempeño eficiente de la función pública y que el servicio exterior de la República Dominicana transitará el camino de la  profesionalización de las funciones diplomática y consular.

El protocolo lo suscribieron también en calidad de testigo Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana capitulo dominicano de Transparencia Internacional y será seguido por representantes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), EDUCA, Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, PROJUVENTUD, Ciudad Alternativa, Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Asociación Dominicana de embotelladores de Agua Purificada (ADEGUA), Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano.

Transparencia Internacional

Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparency International informó que: “Este Protocolo es una lista de políticas, reformas y compromisos pendientes que no pueden seguir esperando. No tienen que ver con quien gana las elecciones, ni son bandera de ningún partido político, son medidas que tienen que llevarse a la práctica por cualquier líder genuinamente interesado en la gobernabilidad democrática y el bienestar de todas y todos los dominicanos”.

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