Después de analizar la propuesta tributaria presentada por el Gobierno ante el Consejo Económico y Social (CES), Participación Ciudadana desea presentar su posición al respecto:

1.  Como integrantes del CES insistimos en que lo procedente es un pacto fiscal de largo alcance, como lo contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada a principio de año y reivindicada en el programa de gobierno y los planteamientos de campaña del presidente Danilo Medina. Nos complace que el gobierno aceptara los principios básicos para un Pacto Social que fueron  consensuados por los integrantes del CES, que proclaman la integralidad de la reforma para un desarrollo humano sostenible, que no dependa del endeudamiento y que estimule la productividad y la competitividad, la inversión y la exportación, partiendo del radical mejoramiento de la calidad del gasto, suprimiendo el dispendio, con plenitud de transparencia y sanción de la corrupción.

2. Damos crédito al gobierno por haber transparentado un déficit fiscal que ronda los 183 mil millones de pesos y que como reconociera el ministro de Economía “hace insostenibles las finanzas públicas”.  La causa principal del enorme déficit fue denunciada en cada uno de los seis informes de observación preelectoral  que Participación Ciudadana divulgó al país entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, y que puede resumirse en un gasto público desbordado e irresponsable, con fines puramente electorales, en clara violación a la Ley General de Presupuesto y a la Constitución de la República.

Se trata de una práctica a la que han recurrido los partidos gobernantes desde 1970 pero  desde el 2008 se inició una desbocada carrera de gasto que ha roto todos los parámetros de prudencia y sensatez, como si no hubiese límite alguno al uso del dinero público. No se puede resolver el problema sin sancionar a los que lo crearon, pues estaríamos validando que se repita en cada elección  pasándole posteriormente la cuenta a la ciudadanía a través de mayores cargas tributarias.

3. Ante el grave desequilibrio de las finanzas públicas reconocemos que la sociedad dominicana tendrá que incrementar su contribución, pero en dimensiones que no agraven la situación general de pobreza, desempleo y dificultades competitivas del aparato productivo y con previas e inequívocas garantías de que se pondrá límites al despilfarro y la malversación generalizada que han dejado el país en los últimos escalones en materia de corrupción y falta de transparencia en las evaluaciones del Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros organismos internacionales.

4. Los análisis de la economía nacional muestran que seis reformas tributarias elevaron considerablemente los ingresos fiscales en la última década, pero que creció mucho más el despilfarro y la corrupción, la inversión de escasa rentabilidad, sin atender a prioridades y que el empleo y las pensiones incrementaron  la nómina pública en 70 por ciento en los últimos cinco años, provocando durante este período un déficit fiscal que sobrepasa los 350 mil millones de pesos, con un financiamiento que duplicó la deuda pública.

5.  Contrasta visiblemente que el gobierno haya sido tan minucioso en señalar las nuevas cargas tributarias que propone y tan parco en precisar los renglones que integrarán su promesa de reducir el gasto en 1.9 por ciento del producto bruto interno, desconociendo el clamor generalizado de que esta vez se ponga delante la reducción del dispendio y la corrupción, más aún cuando esta propuesta fue elaborada en medio de escándalos por niveles ofensivos de liquidaciones y pensiones en instituciones del Estado y precisamente en funcionarios del área económica. Hemos reconocido las medidas de austeridad dispuestas por decreto del presidente Danilo Medina, pero es evidente que las mismas deben ser profundizadas.

6.  Asumimos el proyecto gubernamental como una propuesta y entendemos que merece una respuesta firme de toda la sociedad y en especial de los representantes en el CES, que esta vez no deben permitir que los dividan los intereses sectoriales y el tráfico y la compra de conciencia que han caracterizado el accionar público durante años de pretendida concertación social, burlada una y otra vez como ocurrió con el cumplimiento de la Ley General de Educación que dispone el 4 por ciento del PIB para ese sector. Celebramos que la propuesta gubernamental contemple la reivindicación del compromiso por la educación.

7.  Por todo lo anteriormente expresado adelantamos que propondremos en el seno del CES que antes de discutir nuevos tributos el gobierno presente un plan detallado de reducción del gasto de manera que los altos estamentos del Estado carguen con una parte del costo del despilfarro, disponiendo por lo menos lo siguiente:

a) El total esclarecimiento de las acciones que generaron el mayor déficit fiscal de la historia nacional y que se rinda un minucioso informe sobre las violaciones a la Constitución y las leyes, asignando las responsabilidades de lugar.

b) Una reducción de altos cargos, administrativos, diplomáticos y consulares para retrotraer la nómina pública a los niveles de diciembre del 2010, antes que iniciara la última campaña electoral, así como la reducción salarial de los restantes.

c) La supresión de una serie de organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Instituto de Estabilización de Precios, el Consejo Estatal del Azúcar, la Comisión Presidencial de Apoyo al Sector Salud, entre otras.

d) La fusión de los organismos con duplicidad de funciones en los ámbitos de obras públicas, transporte, asistencia social y agropecuaria, comenzando por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que en vez de supervisar compite con el Ministerio de Obras Públicas.

e) La creación de un solo consejo de administración de las empresas estatales del sector energético, y la reducción de otros que son innecesarios, así como la reconversión en honoríficos de aquellos que sean indispensables.

f) La revisión definitiva de contratos de adquisición de energía eléctrica y de compra de carburantes que implican pérdidas por miles de millones de pesos que agravan la situación del sector energético y encarecen el ineficiente servicio. Al mismo tiempo un compromiso de hacer pagar a los grandes expropiadores de energía.

g) Supresión de los barrilitos y cofrecitos que se han atribuido los legisladores para el reparto clientelista, práctica de claro corte inconstitucional pues rompe la equidad electoral, además de que el asistencialismo social no figura entre sus atribuciones, lo que ahorraría cientos de millones de pesos anuales. También la supresión de la venta de exoneraciones de automóviles con lo que gran parte de los legisladores hacen negocios auspiciando la importación de vehículos de lujo.

h) La reintroducción al Congreso del proyecto original de Ley de Regulación de los Salarios Públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública con amplias y extensas consultas, deformado por los legisladores, y que no haga excepción de ningún estamento estatal en sus alcances.

i) La revisión de todas las pensiones desproporcionadas y privilegiadas otorgadas tanto por el Poder Ejecutivo como por estamentos del Estado, así como la devolución de las liquidaciones de funcionarios que continuaron en sus posiciones.

j) Modificación de la ley electoral para reducir el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para que se otorgue tan sólo en los años de elecciones.

Consejo Nacional
10 de octubre de 2012

La forma apresurada y el  momento escogido por el director de la Dirección de Persecución  contra la Corrupción Administrativa (DPCA) Hotoniel Bonilla,  para dictar un auto de archivo definitivo de la investigación contra Félix Bautista, apenas días antes del cambio de gobierno, generó un profundo malestar en la ciudadanía, situación que acaba de ser corregida por la decisión del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito al solicitar a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la revocación del archivo definitivo, a los fines de que el ministerio público pueda investigar las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción cuando éste se desempeñaba como Encargado de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OSOE).

Participación Ciudadana respalda la medida adoptada por el Procurador General de la República, pues contribuye a devolver la confianza que debe existir en todos los casos de denuncias de corrupción, sin importar a quién involucre, para que sean investigados en forma seria y profunda.

En cada ocasión en que se presenta una denuncia de corrupción, corresponde al ministerio público realizar las pesquisas pertinentes para localizar y recolectar las evidencias, que permitan sustentar la acusación y obtener la sanción correspondiente.

Frente a las múltiples denuncias contra el senador Bautista, presentadas ante el ministerio público,  y reveladas por medios de comunicación, resulta inconcebible la inercia del titular de la  acción penal pública.

Varios medios de comunicación escritos y televisivos, como por ejemplo La Lupa,   han intentado obtener información pública de los  concursos, contratos de obras y cubicaciones, y   se les ha negado  la misma en violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Es de esperar que las investigaciones sean conducidas por personas distintas a las que produjeron el archivo definitivo de las mismas, y que puedan obtener toda la información que se les ha negado a los medios,  para que la misma sea sometida a expertos independientes de los costos de construcción y las posibles sobrevaloraciones de las obras.

Participación Ciudadana reafirma la necesidad de contar con un ministerio público  que cumpla con su misión de perseguir los actos de corrupción, recaudar las pruebas, presentar la acusación y obtener una sanción, para que se destruya  el nefasto precedente de que aquellos que manejan de forma impropia los fondos públicos puedan gestionarse la impunidad de sus actos.

Confiable y que sustente acusaciones en base a pruebas objetivas, en correspondencia a una política y de comprobar los hechos denunciados,  someter  a los responsables de la información a expertos independientes los costos de construcción y las denuncias sobre posibles sobrevaloraciones de las obras.

Consejo Nacional

El acceso a la información pública en la república dominicana: una aspiración ciudadana

El derecho a la información pública emana del derecho fundamental de  la libertad de  opinión y expresión, en el que se expresa la garantía  “… de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación, por cualquier medio de expresión”. A pesar de la declaración de este derecho, en la práctica, es necesaria la existencia de mecanismos legales que permitan el ejercicio pleno de estas garantías fundamentales.

La República Dominicana cuenta con la Ley General de Libre Acceso a la información Pública (200-04), la cual constituye el instrumento jurídico, que obliga a las instituciones destinatarias de fondos públicos a transparentar sus acciones y una herramienta que procura garantizar el derecho fundamental de acceder a la información pública, para permitir el derecho a la participación de la ciudadanía en el monitoreo de la cosa pública.

Participación Ciudadana procura la efectiva  aplicación de la normativa y el seguimiento del nivel de cumplimiento de la ley en las instituciones destinatarias de fondos públicos, a través del  “Monitoreo a la Aplicación de la Ley No. 200-04”, demandando información pública en el ejercicio del control social a nivel municipal, en los procesos de reforma de la administración pública, en el impulso de mecanismos y políticas de promoción de la transparencia, en el sector salud, en el sector educación, en los  programas sociales de ¨lucha contra la pobreza¨,  entre otros.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Saber, compartimos experiencias que constituyen avances y retrocesos que potencializan y obstaculizan la incidencia, la demanda y las reivindicaciones ciudadanas  para la implementación plena de la Ley General de Libre Acceso a la Información.

Ausencia Órgano Rector Independiente y Autónomo

La Ley de Acceso a la Información Pública, carece de un órgano independiente dedicado especialmente al control, vigilancia y promoción de la ley,  hechos que sumados a otros de índole estructural, en una cultura autoritaria, está ocasionando muchos escollos para el acceso a la información pública.
Participación Ciudadana está convencida de que el camino hacia una sociedad transparente con altos índices de credibilidad y legitimidad institucional es largo y empedrada.

La República Dominicana no cuenta con un órgano rector  autónomo que cumpla con la función de control,   de socialización y difusión del derecho de acceso a la información, no obstante el esfuerzo de elaboración de un anteproyecto de Ley que crearía el Instituto Dominicano de Acceso a la Información.

La actual gestión ha dado  atribuciones a la recién creada Dirección General de Ética e Integridad Institucional para la asistencia de las Oficinas de Acceso para su pleno funcionamiento, evaluar sus niveles de cumplimiento y standarización, promover la creación de las mismas, dar seguimiento a las instituciones para que se visibilicen la información de libre acceso basado en la cultura de transparencia y rendición de cuentas. También deberá  supervisar el control del acceso y satisfacción del servicio, así como de conocer los recursos jerárquicos que se interpongan frente a la displicencia, negligencia o negativa de las instituciones gubernamentales a suministrar la información, para evitar la judicialización de la solicitud de información hecha por el ciudadano.

Participación Ciudadana valora esas iniciativas pero las califica como insuficientes,  para garantizar el adecuado acceso a la información pública frente a los retrocesos  y resistencias presentadas por parte de los poderes del Estado.

Sentencias de la Suprema Corte de Justica y Decisión del Tribunal Constitucional   en materia de Acceso a la Información

Participación Ciudadana  valora como negativas,  frente a los avances alcanzados  en materia de acceso a la información pública,  las sentencias evacuadas por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario  de la Suprema Corte de Justicia Nos. 03-2010-01048, 03-2010-02690, 03-2010-02126, 03-2010-04120 y 03-2010-04121 de fechas 15 de febrero, 29 de febrero, 7 de marzo, 14 de marzo del 2012, respectivamente, en la interpretación dada  a la Ley de Acceso a la Información Pública, vulnerando  el principio de convencionalidad del Sistema Interamericano de Derecho Humanos.

Estas sentencias sientan un funesto precedente, que desdicen el propósito de los valores que enaltece ese poder del Estado y contradicen los principios éticos de transparencia de los fondos públicos y de la rendición de cuentas que sustenta el Código de Comportamiento Ético del Servidor Judicial.  Si bien es cierto que existen intereses contrapuestos entre el derecho de libre acceso a la información pública y la protección de datos personales, sustentado entre la frontera del interés general del control ciudadano y el interés particular del derecho a la protección de los datos personales, tutelados por el derecho a la intimidad, no es menos cierto que concurre un interés superior y de orden público cuando se maneja fundos públicos frente a los intereses de los ciudadanos del derecho a saber sobre el uso adecuado de esos fondos y quiénes son sus beneficiarios.  Aquel que asume una función, independientemente de los niveles jerárquicos,  tiene que tener claro que su ejercicio es público  y está sometido a la publicidad y al control social, por lo que es mandatorio  la presentación detallada de la información cuando es requerida.

Las nóminas públicas de las instituciones del Estado son “públicas” en vista de que las mismas se vinculan a la ejecución de  fondos públicos consignados  en el  presupuesto, por lo que es obligación de las instituciones dar publicidad a éste tipo de información en beneficio de su propia gestión,   la transparencia de los fondos que de ellas se hace uso y la rendición de cuentas.

Participación Ciudadana valora la decisión del Tribunal Constitucional al rechazar  en cuanto al fondo el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, y   reafirmar la obligación de transparencia en todo el Estado. El TC ponderó los derechos en conflicto y  reafirmó que el derecho a la intimidad es un valor del sistema democrático, el cual no puede restringir el derecho al libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos.

Participación Ciudadana, en el día mundial de acceso a la información pública,  exige el cumplimiento de la Constitución, del principio de convencionalidad, de la Ley de Acceso a la Información Pública,  y llama a los poderes del Estado a valorar los mensajes negativos que se envían sobre la interpretación inadecuada de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, los cuales favorecen al uso inadecuado de los fondos públicos, a la corrupción y a la impunidad.

El gasto de hasta $100 mil millones por año para proyectos de cambio climático debe hacerse de manera transparente e íntegra

Participación Ciudadana, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional,  y en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia, Responsabilidad  e integridad en la Gobernabilidad Financiera Climática”, que ejecuta junto esta organización y otros 5 capítulos: México, Perú, Bangladesh, Maldivas y Kenia; acoge con satisfacción la declaración de este grupo anticorrupción de instar hoy al Consejo del Fondo Verde para el Clima a dar a los ciudadanos una voz mucho mayor en sus sesiones si se espera seguir adelante con su objetivo declarado de ser "transparente y responsable" en sus esfuerzos para proteger nuestro planeta contra los efectos del cambio climático.

Sin embargo indica que el primer decreto del presidente marca una cierta contradicción con el discurso

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana calificó como altamente positivo el discurso del nuevo presidente Danilo Medina en sus planteamientos generales debido a que concreto en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud y del combate a la corrupción,  pero con limitaciones sobre los problemas fiscales, las reformas políticas y electorales y los mecanismos para imponer austeridad y reducir el dispendio de los recursos públicos

El Consejo saludó el anuncio de la próxima convocatoria a todos los sectores sociales para concertar un gran pacto social que en los próximos cuatro años saque de la pobreza a millón y medio de personas.

Destacó que esto es necesario para acordar “soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”.

También valoramos la promesa de “pactar con la sociedad una reforma fiscal integral que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En el discurso se asomó vigorosamente el propósito de un nuevo estilo de gobierno y un modelo de desarrollo más inclusivo, que reduzca las desigualdades, la pobreza, la exclusión social y mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía, con “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público”.

Asimismo es alentador el propósito de enfrentar la corrupción y poner fin a la impunidad  y que el presidente se declarara “amoroso con los buenos, los honestos y los humildes e implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios”.

Otro punto importante del discurso y que PC espera que se cumpla a cabalidad es que el nuevo gobierno “será intolerante con actos de deshonestidad y el despilfarro de los recursos”, fortaleciendo los instrumentos de  prevención, corrección y sanción. Luego habló de “una gestión pública eficiente, transparente y honesta”.

Positivo también fueron los planteamientos Medina de crear la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental para sustituir la desacreditada Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y el de obligar a todos los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas”.

Educación y salud

El discurso fue explícito en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud públicas anunciando su descentralización especialmente en el primero, proclamando la educación como el nuevo nombre de la libertad, y reafirmando que desde el 2013 cumplirá el compromiso de invertir el 4 por ciento del producto interno a la educación preuniversitaria, poniendo atención a una de las demandas más sentidas y sostenidas de la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana da un cálido respaldo el proyecto para erradicar definitivamente el analfabetismo en el país.

Hay que saludar también el anuncio de una “Reforma Integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, lo que permite asumir que implica una desmilitarización de ese organismo para conferirle el carácter de institución civil que hace tiempo se reclama.

De los tres grandes pactos que ha venido enunciando el nuevo presidente, sólo  explicitó el de educación y parcialmente el de electricidad declarando este sector “de Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”, pero es obvio que se relegó toda formulación sobre el pacto fiscal, como también cualquier referencia al enorme déficit fiscal con que asume el gobierno.

Otros elementos positivos fueron los planteamientos sobre equidad de género y sobre fondos para promover las micros y  pequeñas empresas y la producción agropecuaria.

Omisiones del discurso

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que el discurso presidencial fue de grandes proyecciones pero con muchas omisiones, por ejemplo de cómo se va a imponer un régimen de austeridad y suprimir el derroche y la malversación de los recursos públicos.

Debemos asumir que será una prioridad para las próximas semanas, ya que el licenciado Medina habló de empezar con el ejemplo, incluso antes de convocar al pacto social.

PC también denunció que fue notable que Danilo Medina ni siquiera aludió a las pendientes reformas a la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos políticos.

Se echó de menos también alguna referencia a importantes temas como  la protección de los recursos humanos y medio ambiente, el transporte, la producción industrial y la competitividad.

Contradicciones primer decreto con discurso

 El Movimiento Cívico no partidista señaló que es inevitable señalar que el primer decreto del presidente marca una cierta contradicción con el discurso. Por ejemplo, fue relevante en el discurso la reivindicación de los derechos de la mujer y la igualdad de género, pero con poca representación en el gabinete.

Por igual se anuncia una reforma integral de la Policía, pero se ratifica el Ministro de Interior y Policía y al titular de la institución encargada del orden público y la persecución del delito.

Lo mismo ocurre con la planteada restructuración y profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Participación Ciudadana expresa su aliento al discurso del presidente Danilo Medina, al considerarlo altamente positivo, propositivo y abierto a todos los sectores, con la esperanza de que pronto se inicien las concretizaciones correspondientes.

Entiende que todos los sectores deben colaborar para que se hagan efectivas las rectificaciones planteadas para que esta pieza oratoria se diferencie de otras que se quedaron en el plano de la retórica y pasaron a engrosar volúmenes de promesas incumplidas.-

La designación de Rosalía Sosa se llevó a cabo por mayoría de votos de los miembros del Consejo Nacional

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designó a la Dra. Rosalía Sosa Pérez como nueva directora ejecutiva de la organización.

Previo a esta designación, Participación Ciudadana realizó una convocatoria pública en la que participaron 10 candidatos y candidatas, entre los cuales la Comisión designada, seleccionó una terna la cual fue presentada al Consejo Nacional.

Sosa Pérez ingresó a Participación Ciudadana como miembro activo desde el año 2007 y ha pertenecido al Consejo Nacional, al Comité Coordinador, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Fortalecimiento Institucional.

Dentro de las funciones que ejercerá la nueva Directora Ejecutiva están las de planificar, coordinar y supervisar las actividades operativas y administrativas de Participación Ciudadana, así como servir de enlace entre los órganos de dirección de la entidad, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Asamblea General, el Consejo Nacional y el Comité Coordinador.

La Dra. Sosa Pérez, sustituye al Licdo. Javier Cabreja renunciante, quien desempeñó con notable éxito sus funciones continuando su trabajo como voluntario, posición con la que se inició en la institución.

Trayectoria de Rosalía Sosa Pérez

La Dra. Sosa Pérez es abogada y economista, con maestría en Planificación de la Economía Nacional, con especialidad en Derecho Penal y doctorado en Derecho.

Ha laborado en los proyectos de reforma y modernización de la justicia auspiciados por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD),  National Center States Courts, Chemonics International y  DPK Consulting,  financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dentro del ámbito docente y docente-administrativo, la Dra. Sosa Pérez  ha sido responsable Ad-Honorem de la Cátedra UASD-UNESCO: Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia, coordinadora de la Cátedra de Derecho Penal y directora de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sosa ha coordinado la maestría en Derecho Penal y en la actualidad  coordina el Programa Doctoral Sociedad Democrática, Estado y Derecho bajo el auspicio de la Universidad del País Vasco y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Asimismo es docente de grado y postgrado tanto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como del programa Doctoral de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz, Bolivia y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México,  bajo la coordinación de la Universidad del País Vasco.   Es facilitadora del Curso Virtual sobre Derechos Humanos auspiciado por la Organización Azmos, País Vasco.

La nueva Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana también es autora de  los libros “El derecho a la Defensa en un Estado de Derecho”, “A la Cárcel: La protección de los Derechos por la Justicia”, “La Defensa Pública en la República Dominicana” y “La Presunción de Inocencia”.

Además, es coautora de “Introducción al Estudio del Derecho”, “Análisis de la Situación de la Enseñanza-Aprendizaje de los Derechos Humanos en el Área de Educación Superior, en las Facultades y Escuelas de Derecho” y de la “Constitución Comentada”.   Es articulista de la Revista Derecho y Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD  y en la revista mensual “Gaceta Judicial”, sobre temas de derechos humanos, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, entre otros.

25 de Julio, Santo Domingo, Participación Ciudadana realizará el miércoles 1ro de agosto del 2012 un  debate sobre la Ley de Acceso a la Información vs. Datos Personales en la Rep. Dom., el panel estará integrado por los destacados juristas:

• Dra. Laura Acosta Lora: Abogada que se ha hecho notoria por la defensa del derecho que tienen los usuarios a la información.  Fue la jurista de la parte acusadora en el caso Metro/Santo Domingo, donde tubo ganancia de causa y obligando a la OPRET a entregar todos los estudios empleados para la construcción del Metro de Santo Domingo, este caso se convirtió en el primer triunfo ciudadano en la defensa  del derecho a la información.
• Dra. Berenice Barinas: con un PhD en “Estado y Derecho” es Directora Oficina de Acceso Información Pública en Procuraduría General de la República, en su gestión, en esta oficina ha logrado los mejores índices de evaluación en los diversos ranking y monitoreos de atención al usuario en cuanto a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
• Lic. Fabián Díaz: politólogo y periodista, es el actual Coordinador de Unidad de Transparencia del CONARE, se ha destacado en la defensa que la ciudadanía tiene de acceder libremente a la información pública, en el ejercicio de sus funciones ha hecho una cruzada por los diversos niveles de la administración estatal para que se mejoren los estándares de libre acceso a la información.
• Dr. Reemberto Pichardo Juan: Abogado procesalista con un master en derecho civil, se ha destacado por llevar la defensa en los tribunales de sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil en materia de libre acceso a la información pública

Últimamente se han desatado conflictos, ante la negación de información a ciudadanos que acuden a instituciones públicas  en busca de datos tales como: Nóminas de empleados y distintos beneficiarios sociales y demás, los alegatos de las instituciones públicas consisten en que muchas de estas informaciones requeridas por la ciudadanía contienen datos personales, como son los número de cédula, y que de entregar esta información al publico, podrían constituirse en una violación del derecho a la privacidad  de las personas que laboran en la diversas instituciones publicas.

Es allí, donde se da un dilema de tipo jurídico, ya que la ley de acceso a la información pública ordena que sea entregada información veras a los usuarios que así lo soliciten,  para muchos  en los casos de nóminas públicas el número de cedula de identidad permite comparaciones y análisis sobre el personal que labora en las diversas instituciones.

El debate se realizará este miércoles 1ro de agosto, a las 5:30 PM, en el salón Samaná del Hotel Meliá Santo Domingo, el acceso al mismo estará abierto a los interesados, para confirmar asistencia favor llamar a 809-685-6200 ext. 234.

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento Participación Ciudadana rechazó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anuló el juicio que condenó a ocho años de prisión a los banqueros Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, por estafar a los clientes del Bancrédito.

Advirtió que a nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún el país no se ha recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito.

Recordó que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados del caso Bancrédito,  que ha sido criticado por la opinión pública.

“No entendemos cómo una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG”, indicó PC.

La entidad cívica recordó que desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, reclamó sanción contra los responsables, como lo hace ahora.

Asimismo, señala que no comprende por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

“Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública”, precisa PC.

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

“Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada”, argumenta PC.

Indica que el nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

Desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, Participación Ciudadana ha tenido un importante activismo reclamando sanción contra los responsables y hoy, ante una sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que anula la sentencia condenatoria contra los antes condenados y hoy nuevamente imputados en el caso Bancrédito, desea expresar su posición, coherente con sus actuaciones pasadas.

A nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún no nos hemos recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito, sobre todo tomando en cuenta que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados  que ha sido cuestionado por la opinión pública.

No entendemos como una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG. O por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública. Se olvida el Procurador General de la República que él es el representante de la sociedad y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada.

El nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que nos dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

CONSEJO NACIONAL
17 de julio del 2012