Desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, Participación Ciudadana ha tenido un importante activismo reclamando sanción contra los responsables y hoy, ante una sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que anula la sentencia condenatoria contra los antes condenados y hoy nuevamente imputados en el caso Bancrédito, desea expresar su posición, coherente con sus actuaciones pasadas.

A nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún no nos hemos recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito, sobre todo tomando en cuenta que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados  que ha sido cuestionado por la opinión pública.

No entendemos como una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG. O por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública. Se olvida el Procurador General de la República que él es el representante de la sociedad y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada.

El nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que nos dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

CONSEJO NACIONAL
17 de julio del 2012

Favorecen se apruebe antes de que asuma Danilo Medina

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) favorecieron ayer la  aprobación de la Ley Sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito. Consideraron que esa ley erradicaría la corrupción en la administración pública.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus;  Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de PC, y Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de Adocco, coincidieron con el planteamiento del senador de Monte Plata, Charlie Mariotti, de que se legisle para evitar que algunos funcionarios se enriquezcan de manera ilícita.  “En este país hay más ricos que empresarios; gente que de la noche a la mañana comienza a exhibir una fortuna que nadie sabe de dónde la sacó. Aquí hay que controlar eso” dijo Castaños Guzmán.

Indicó que es oportuna la aprobación del proyecto de ley promovido por Mariotti y Francisco Domínguez Brito, porque la actual herramienta “no sirve para nada,  no establece sistema de consecuencia y no ha sido respetada por muchos los funcionarios”.

En tanto Castaños Guzmán señaló que  la propuesta   está correctamente articulada, porque establece sistema de consecuencia y una especie de metodología para que lo que se declare sea lo que realmente pueda tener un funcionario.

Álvarez Valdez afirmó que “los niveles de corrupción que tenemos en la administración pública son palpables, evidentes y no se ha producido ninguna reacción del Congreso para aprobar las leyes que frenen la situación, ni del Ministerio Público para perseguir los actos de corrupción que ocurren”.

Además, opinó si los funcionarios no empiezan a actuar con apego a las leyes la sociedad dominicana le pasará factura en los comicios, cuando quieran reelegirse. “Todavía no han habido consecuencias importantes para los funcionarios corruptos, pero las habrá  porque ya el ciudadano está exigiendo respeto”.

Mientras De la Rosa Tiburcio, de Adocco, planteó su posición en un comunicado en el que  insta a  aprobar la ley antes de la toma de posesión del Presidente electo Danilo Medina, por constituir este un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción que permea las instituciones estatales.

Zoom

Necesidad

Los representantes de las tres organizaciones de la sociedad civil   advirtieron que estos meses de transición son los adecuados para aprobar la ley,  porque permitirá que las declaraciones que deberán hacer los funcionarios al iniciar la gestión de Danilo Medina, puedan ser verificadas si se corresponde con lo declarado.

Confianza

Francisco Álvarez Valdez dijo confía en que Medina frene la corrupción administrativa, porque firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, abogó porque la solución a la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la aporten las bases de esa organización política en una convención, porque prolongando la confrontación pierden sus líderes y también la democracia.

Ante la crisis del PRD y la concentración del poder

La crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es el inevitable  resultado de un proceso de descomposición institucional de la sociedad,  que afecta particularmente el funcionamiento del sistema de partidos, corporativizados dentro de una concepción del Estado como botín a ser repartido.

La división  del más antiguo partido del país podría convertir la crisis del sistema partidista en una crisis de la democracia dominicana en virtud de la extrema concentración del poder, no solo en un solo partido político, sino especialmente en el grupo hegemónico encabezado por el Presidente Leonel Fernández, a quien se le atribuye la intención de continuar  un proyecto de dominación política de largo alcance.

Asistimos a un progresivo debilitamiento de los partidos políticos, incluyendo al que ejerce el poder, donde los órganos ejecutivos han sido sustituidos en gran medida por el liderazgo del primer mandatario, quien distribuye favores con un manejo patrimonialista del Estado. Ese dominio será puesto a prueba cuando asuma el poder el presidente electo, licenciado Danilo Medina.

El liderazgo concentrador del presidente Fernández y su capacidad para repartir el patrimonio público han debilitado su propio partido, haciéndolo depender cada vez más de las alianzas con múltiples grupos satélites enquistados en organismos públicos que les dan vida mediante el acceso a millares de empleos, canonjías y favores.

El tercer  partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, ha devenido en un satélite más, dividido y segmentado en la medida en que el reparto no ha alcanzado para todos sus dirigentes. Despojado de su personalidad e identidad, el PRSC es una especie en extinción que se mantiene artificialmente en virtud del aliento estatal.

El PRD acusa los efectos de ese  proceso de descomposición, ya que gran parte de su dirección participa de la misma concepción patrimonialista y clientelista de la política, tanto como de los intentos de instrumentalización por parte de quienes han controlado el poder en los últimos tiempos, presa fácil por su incapacidad para renovarse y ejercer internamente la democracia, con organismos hipertrofiados  e inoperantes.

La actual crisis perredeísta tiene origen en la progresiva debilidad institucional de ese partido, pero también en la campaña interna que concluyó con la elección del agrónomo Hipólito Mejía como su candidato presidencial. Quedó patente ante el  país que  las fuertes discrepancias con su contrincante en la campaña interna, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se  agravaron en la campaña electoral. Todo indica que tanto la negativa del Ingeniero Maldonado a conducir su partido en la campaña electoral, haciendo inoperantes por falta de convocatorias los organismos de dirección, así como las debilidades que evidenció el candidato presidencial, fueron factores relevantes en el resultado electoral  del PRD y en la profundización de la crisis que hoy padece.

Son esos los factores que han dividido el PRD dejándolo expuesto a un largo proceso de desgaste, por la inoperancia de sus organismos internos y la inexistencia de un arbitraje electoral externo con imparcialidad y legitimidad suficiente para ejercer un papel regulador.

La crisis del PRD puede comprometer el proceso democrático dominicano, facilitando aún más la concentración del poder y exponiendo a la nación a decisiones unilaterales sobre cuestiones fundamentales para la institucionalidad, la gobernabilidad así como para la resolución de importantes cuestiones relativas al desarrollo económico y social de la nación. Lo anterior cobra particular relevancia cuando se tiene en cuenta que  están pendientes fundamentales reformas fiscales y rectificaciones del modelo de desarrollo económico, y de las prioridades de inversión.

La democracia requiere de partidos políticos fuertes, institucionalizados, capaces no sólo de contender, sino también de proponer. A pesar de que el nuevo gobierno representa sólo poco más de la mitad del electorado nacional y la  otra mitad  votó por las opciones de oposición, no cabe duda de que una mayoría de dominicanos y dominicanas reclama fundamentales rectificaciones en las políticas públicas, pues hasta el candidato del partido oficial tuvo que asumir un discurso de cambio. En este contexto es importante que la democracia funcione en todos los partidos para permitir que esta expresión de cambio se convierta en realidad.

En lo inmediato la crisis del PRD parece depender del arbitraje del Tribunal Superior Electoral, una instancia que no escapó al proceso de concentración del poder por parte del presidente Fernández, y al reparto con el PRD presidido por Vargas Maldonado.

Resulta muy difícil que el conflicto político existente en el PRD pueda solventarse a través de decisiones del Tribunal Superior Electoral, que por el contrario pueden conducir a ese partido en el menos grave de los casos a una división,  por lo que lo deseable es que ambas partes en conflicto pongan en manos de las bases del partido la decisión, anticipando para este mismo año la Convención que deberá renovar su dirigencia y que está pautada para el próximo año.

El PRD no podrá superar esta crisis sin una profunda renovación institucional y de su liderazgo, que se sitúe por encima  de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, restaurando la democracia interna y recuperando el diálogo y la conexión con el resto de la sociedad.

Toda la sociedad dominicana debe seguir con atención la crisis del PRD y reclamar de los poderes públicos actuaciones que no dejen lugar a la sospecha de arbitrariedad con fines de dominación y restricción de la aún adolescente democracia nacional.

Participación Ciudadana ha sostenido como esencial el fortalecimiento de los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia y sistemáticamente ha abogado por su progresiva institucionalización. En ese orden, la suerte del partido que más votos obtuvo en la última contienda electoral no puede ser indiferente para nadie.

Consejo Nacional
Miércoles 4 de julio 2012

El renúnciate director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, atribuyó este viernes a pura especulación que su renuncia se deba a que ha recibido oferta para formar parte del gabinete  del gobierno que presidirá Danilo Medina.

Tras la renuncia circularon los rumores de que la renuncia de Cabreja se produjo porque alegadamente ocupará un cargo en el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto.

Cabreja dijo que no existe ninguna oferta para integrar el gabinete del próximo gobierno y agregó que tampoco está en sus planes.

Indicó que su renuncia estaba motivada desde hace un año y en lo adelante se dicará a atender proyectos personales.

Manifestó que deja el cargo con la satisfacción del deber cumplido y recomendó a quien le sustituya, continuar con el fortalecimiento institucional del país.

Cabreja recordó que ha Participación Ciudadana la han querido descreditar con campañas negativas, ligándole a partidos políticos y sectores económico, pero afirmó que uno de los momentos más difícil fue la reciente lucha con la Junta Central Electoral cuando intentó
descalificar a sus observadores electorales.

El Movimiento Cívico anunciará concurso público para el cargo

Participación Ciudadana informa a la opinión pública que ha  aceptado la renuncia del Lic. Javier Cabreja a su posición de director ejecutivo, y que la misma entrará en vigor tan pronto concluya el concurso público que se abrirá en los próximos días para contratar a una persona para esa posición.

Cabreja ha desempeñado con notable éxito sus funciones desde hace más de diez años hasta convertirse prácticamente en la imagen que identifica a la organización y que por su excelente trabajo en Participación Ciudadana, todos sus miembros, voluntarios y el personal del  equipo técnico, se sienten  altamente orgullosos.

Javier Cabreja  no se desvinculará de Participación Ciudadana y continuará su trabajo como voluntario, posición con la que se inició en la institución, aportando su talento y dedicación como miembro de la Comisión de Análisis Político.

Como persona talentosa,  el Lic. Cabreja ha decidido retomar algunos proyectos personales que poseía antes de asumir la Dirección Ejecutiva, así como otras oportunidades que ha estado explorando, iniciativa que todos los miembros de la organización apoyarán en el camino que  decida emprender, con la plena confianza de que tendrá el mismo éxito que ha tenido en el desempeño como Director Ejecutivo.

En los próximos días Participación Ciudadana dará a conocer los términos del concurso público que llevará a cabo para seleccionar a la persona que ocupará la Dirección Ejecutiva, para lo cual ha contratado la asesoría de la empresa About HR de la consultora Teresa Espaillat.

Consejo Nacional
28 de junio de 2012

Javier Cabreja dice es reclamo de sociedad

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, considera que el Presidente electo, Danilo Medina, debe atender al llamado de diversos sectores de la sociedad dominicana para que conforme un gabinete renovado con personas que generen  suficiente confianza y credibilidad.

Cabreja estima que llevando caras nuevas al tren gubernamental que asumirá el próximo 16 de agosto, el licenciado Medina enviaría un claro mensaje a la población de que tiene la voluntad de realizar los cambios que se requieren en el país.

 “De manera que consideramos importante este llamado que hacen diversos sectores de la población, de la necesidad de que el Presidente electo mande una señal de que está en disposición de realizar los cambios que requiere el país”, enfatizó el director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC).

Sostiene que sería un error que se confirmara o reubicara a funcionarios que llevan ocho años en el tren gubernamental, muchos de los cuales no gozan de la confianza y credibilidad de gran parte de la población dominicana.

En términos similares se expresó la semana pasada el coordinador general de PC, Francisco Álvarez Valdez, quien favoreció el planteamiento que hacen representantes de diversos sectores, incluyendo el  Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que el gabinete del Presidente electo esté integrado por caras nuevas. Álvarez Valdez valoró la decisión del Procurador General de la República,  Radhamés Jiménez Peña, de renunciar con efectividad el  16 de agosto próximo, aunque en realidad todos los funcionarios cesan en esa fecha. 

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, lanzó ayer un ramo de olivo al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario,  afirmando  que  no es saludable para la democracia dominicana que el órgano encargado de administrar los procesos electorales y quien está encargado de observarlos, sean enemigos.

Propuso un encuentro entre el Peno de la JCE y el Consejo Nacional de PC, para, “como corresponde a una verdadera democracia”, revisar todo lo que ocurrió durante el proceso, que es lo que más le conviene al país.

Álvarez respondió así las declaraciones del presidente de la JCE, quien acusó a la entidad cívica de crear un “mercado imaginario” de compra y venta de cédulas durante el proceso electoral, y de animadversar al órgano electoral por las objeciones que le hizo a un grupo de sus observadores.

“Yo lamento mucho que esa sea la visión que  tiene el presidente de la JCE, y le hago un llamado a  que reflexione sobre el papel que deben jugar todos los actores de un proceso electoral, entre los cuales uno de los más importantes es la JCE, y otro, los observadores”, dijo.

Rechaza hostilidad. El vocero de PC admitió que entre esa entidad y la JCE hubo dificultades por la entrega de las acreditaciones y la objeción a algunos observadores por supuestamente tener asuntos judiciales pendientes, pero rechazó que eso haya provocado hostilidad hacia el organismo electoral.

“El presidente de la JCE nos mostró evidencias, pero yo como abogado puedo decir que ninguna de ellas inhabilitaban a ninguno de  los 27 observador de PC;  tan es así que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que la Junta publique esas evidencias para que el país sea testigo de lo que realmente ocurrió con esos observadores”, dijo Álvarez.

En cuanto a que la compra de cédulas durante el proceso fue  un “mercado imaginario”,  señaló que no obstante su afirmación,  el presidente de la JCE no ofreció una explicación de las más de 300 que aparecieron en una alcantarilla en Santiago. 

La frase

Francisco Álvarez

“Nosotros actuamos con tanta profesionalidad, que no tuvimos ninguna dificultad en admitir que la JCE organizó bien las elecciones y que los votos se contaron correctamente, pero por la obligación que tenemos de  objetividad como observadores, también identificamos los aspectos, algunos de ellos muy graves, que afectaron el proceso”.

Sugieren acortar la campaña electoral

Exponentes de una mesa redonda  sobre el pasado proceso electoral,   auspiciada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), coincidieron ayer  en sugerir la necesidad de que los períodos de campañas electorales sean  más cortos, y que la Junta Central Electoral (JCE) haga cumplir la ley.

 Intervinieron en los debates el coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Alvarez Valdez; el politológo José Oviedo, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Manuel Cabral, y el d vicepresidente ejecutivo de Finjus, octor Servio Tulio Castaños Guzmán.

Oviedo criticó que la JCE no supiera  administrar su imagen con todas las fallas que le atribuyeron en el pasado proceso electoral. Indicó que aun cuando no tiene carisma, Hipólito Mejía logró pegar su eslogan de campaña: “Llegó papá”.

Manuel  Cabral, presidente de Anje, consideró que la campaña electoral no solo debe ser más corta, sino menos dispendiosa. Cabral dijo que el gasto electoral “fue muy alto”.

Opinó que el Presidente de la República no buscó su reelección, pero que trabajó en la campaña electoral de cara al 2016 como si fuera el candidato peledeísta.

 Castaños Guzmán recordó que desde hace 10 años la entidad viene realizando este evento tras la celebración de las elecciones,  presidenciales, congresuales y municipales.

Sobre la percepción de Finjus del pasado proceso electoral, consideró que existe una gran distancia  generalizada que se manifiesta entre las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano,  y la actitud y práctica de los partidos políticos.

 “Hemos visto cómo los ciudadanos y ciudadanas  acuden masivamente a votar, renovando su esperanza de un cambio positivo, pero se observan en la clase política  nacional, especialmente en quienes tienen mayor concentración de poder y medios, algunos comportamientos que deben ser corregidos”, dijo el vicepresidente ejecutivo de  Finjus, Castaños Guzmán, al pronunciar las palabras de apertura del acto.  

Para Báez Evertsz es grave que los dominicanos se acostumbren al cinismo de los líderes políticos

Dos politólogos y el Coordinador de Participación Ciudadana criticaron  ayer el uso de malas prácticas políticas en las elecciones y estiman que esto afecta el desarrollo democrático. 

Mientras los partidos utilicen las peores prácticas de la política para obtener el poder o perpetuarse en él, no se puede decir que la democracia dominicana está fortalecida,  según  los politólogos Rosario Espinal y Carlos Báez Evertsz, así como Francisco Álvarez Castellanos, coordinador de Participación Ciudadana.

Las malas artes a las que hacen alusión no son otras que el uso de los recursos del Estado para favorecer candidatos, la compra de cédulas, el transfuguismo, el financiamiento no fiscalizado y la inequidad de la propaganda.

De hecho,  el proceso electoral que concluyó el  20 de mayo con la elección de Danilo Medina y Margarita Cedeño como presidente y vicepresidenta de la República, estuvo salpicado por esas debilidades institucionales.

En tal sentido, Báez Everstz planteó que  al uso de los recursos del  Estado en favor del candidato oficialista  sólo le faltó que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía enarbolaran la bandera del partido de Gobierno, como ocurrió en las elecciones de 1978, cuando perdió el poder el presidente Joaquín Balaguer.

Sin embargo, destacó que el problema de fondo está en la cultura política que prevalece en el país, “pues los partidos han abandonado los principios democráticos más fundamentales, porque una democracia no puede funcionar si no hay un mínimo de libre competencia entre los partidos”.

“No se puede ir a elecciones en condiciones de desigualdad tan absoluta, y que además se tenga a veces el desparpajo de practicar un tartufismo moral de decir, como hizo el presidente Leonel Fernández, que no se habían usado en absoluto los recursos del Estado en las elecciones, cuando él mismo dijo en Nueva York que se iban a usar RD$40,000 millones en compras de alimentos y regalos diversos.

“Siempre que se ha tenido la oportunidad, el partido de gobierno ha usado los fondos públicos para beneciar su candidato, por eso digo que esto es un problema de cultura política y ciudadana, los ciudadanos no pueden mirar con indiferencia esta especie de mecánica perfecta que se está instaurando en el país”.

Para él es grave que los dominicanos se estén acostumbrando a la doble moral, al cinismo apabullante de las normas que no se cumplen.

“Eso se alaba como si fuera expresión de sabiduría, cuando la utilización de esa desfachatez absoluta lo que lleva es al retroceso de la democracia.

El triángulo político.  Al analizar el pasado proceso electoral  Espinal se detuvo en los problemas que afectan a la democracia dominicana y que luego se convierten en tierra fértil para aplicar modelos clientelistas.

Lo primero es que la sociedad dominicana tiene una alta dependencia del Estado que reparte, por clientelismo o corrupción,  “lo que en tiempos de elecciones genera la compra de voluntades”.

“Un Estado clientelar y corrupto con mucha dependencia social”.

El segundo problema es la ausencia, o casi orfandad, de un partido opositor, por lo que el partido oficial (el Partido de la Liberación Dominicana, PLD) tiene una alta capacidad de maniobra.

Sin embargo, a pesar de esa situación el principal grupo opositor, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtiene un 47% en las elecciones, lo que indica, según Rosario, que la mitad de la población que votó deseaba un cambio, y la otra la continuación del partido en el poder.

“Esa orfandad de oposición se traduce en una baja representación congresional del PRD, de una falta de estrategia política de ese partido que sirva de contrapeso al Gobierno, y éste despliega los recursos a su favor”.

Mientras esa situación se mantenga, expresó, no se puede pensar en que en el país se den reformas políticas que cambien el modelo vigente.

Para Rosario el último lastre de la democracia criolla es el financiamiento a los partidos que, por carecer de control, poco se sabe del origen del dinero que llega desde fuentes privadas.

Parar clientelismo. Durante el conversatorio sobre el proceso electoral Álvarez expresó que, aunque ya están proclamados los candidatos ganadores, no se puede decir que el proceso se cerró cuando queda pendiente corregir las distorsiones que lo caracterizaron.

“Lo que no está cerrado es lo que ocurrió, y si lo cerramos estaremos repitiendo lo mismo en futuras elecciones”, destacó.

El día de las elecciones militantes del PRD y del PLD denunciaron por separado la  compra de cédulas, aunque las informaciones sobre el particular procedían del partido opositor, cuyos candidatos a la presidencia y vicepresidencia eran Hipólito Mejía y Luis Abinader.

“La Junta Central Electoral contó los votos correctamente, de manera que nuestra principal preocupación es cómo se están obteniendo los sufragios, cómo lo logran.

A modo de resumen sobre lo que ocurrió el 20 de mayo Álvarez expresó que “Hubo un uso masivo de los recursos del Estado de parte del Gobierno y de los cabildos que maneja el PRD.

“Ambos usaron las mismas armas, pero el que tiene más recursos en este caso es el Gobierno”.

Al destacar que en 2004, cuando Mejía intentó reelegirse, el país presenció la misma situación, explicó que la gran preocupación es que en cada proceso que pasa los partidos mejoran sus artimañanas. 

Zoom

Campaña negativa

Álvarez criticó que los partidos usaran campañas sucias y negativas para detractar a sus contarios.

Falsa portada

A los periódicos le tocó su parte: el uso de portadas falsas en cinco de los seis diarios, sin que se dijera que era espacio pagado del PLD, habiendo “una Ley de Protección a la Competencia que prohíbe la publicidad engañosa”.