Llama a la sociedad dominicana debe estar vigilante y evitar que la compra de equipos para la prevención y persecución del crimen, el narcotráfico y  el lavado, se convierta en una nueva fuente de corrupción e enriquecimiento ilícito como en caso TUCANOS.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista,  la Fundación Institucionalidad y Justicia,  en el marco del Proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y  la Justicia, con el apoyo de la Agencia Internacional de los Estados Unidas para el Desarrollo (USAID), organizaron junto al Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), el seminario: “IMPACTO DEL CRIMEN INTERNACIONAL Y EL NARCOTRÁFICO E INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA”, con el objetivo de dotar a los participantes de un panorama internacional y regional del crimen transnacional  y el narcotráfico, así como de las políticas que dan respuesta al mismo y su impacto en la seguridad ciudadana del país.

Las palabras de apertura estuvieron a  cargo de Josefina Arvelo, Coordinadora General de Participación Ciudadana, quien resaltó que para  Participación Ciudadana  la penetración del crimen y los avances del narcotráfico en la sociedad dominicana está incidiendo de forma profunda en los problemas de inseguridad, sobre todo si consideramos la ubicación geográfica del país, su condición de insularidad, los contextos societales, el sistema político y los factores culturales”.

Arvelo advirtió que todos los dominicanos debe estar vigilante y  evitar que la compra de equipos para la prevención y persecución del crimen, el narcotráfico y el lavado, se convierta en una nueva fuente de corrupción e enriquecimiento ilícito, “Como sucedió en el año 2007 donde ya se advirtió, que los montos de compra de los tucanos eran muy elevados en vista de que los 8 aviones adquiridos carecían de capacidad de vuelo nocturno por falta de los equipos de navegación y de artillería, mientras que esos mismos aviones adquiridos por el gobierno de Colombia fueron vendidos por un precio significativamente menor” y hoy la realidad de la transacción es cuestionada en el ámbito nacional e internacional con procesos abiertos y en espera de imputaciones en RD”.

La conferencia de apertura: “Políticas de Drogas y Seguridad Ciudadana en República Dominicana”, estuvo a cargo del Lcdo. José Antonio Tejeda Tejada, Director del Dpto. de Reducción de la Demanda del Consejo Nacional de Drogas (CND); Seguido por la Magda. Kenya Romero, Jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien disertó sobre “Justicia Terapéutica y el Tratamiento Bajo Supervisión Judicial”; Posteriormente  Zoe Reiter, Directora Regional de Programas en las Américas-Transparencia Internacional  hablo sobre el “Panorama actual del Narcotráfico y el Crimen Organizado – Presentación del Programa la “La Ruta de la Cocaína”.

Los participantes en el seminario tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre  “Lavado de Activos y Seguridad Ciudadana”, luego de participar en el panel  a cargo del                Mag. Germán Miranda Villalona, Procurador Adjunto de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos; Dr. Manuel Ulises Bonnelly,  Co- autor de Proyecto Ley de Extinción del Dominio y Heiromi Castro. Experto en Antilavado de Activos.

Francisco José Hidalgo Tous, Director Administrativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Rey  Mercedes Bastardo, Encargado de la Sub- Dirección de Capacitación  y  Adiestramiento de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN); Aida Valdez Liranz, encargada De Asuntos Comunitarios de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN); Miguel Ángel Mariñéz Comprés, Capitán de fragata, ARD,  Encargado División de Operaciones de Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y Fidias Aristy Payano, Ex Presidente del Consejo Nacional de Drogas, participaron en el panel “Políticas de Coordinación Interinstitucional de las  Agencias de Control del Crimen y el Narcotráfico”.

El seminario finalizo con el panel “Desafíos del Sistema de Justicia en la Lucha contra el Narcotráfico y la Seguridad Ciudadana”, a cargo del  Magistrado. José Alejandro Vargas, Juez Coordinador del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, la Licda. Maritza Ramírez, Sub- Directora técnica de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Dr. Cándido Simón, Abogado Penalista

Santo Domingo, D.N.- El Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, celebraron el X aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia.  Esta iniciativa surgió como un proyecto piloto para la promoción y uso de los métodos de mediación y conciliación, como herramientas idóneas para facilitar el acceso a justicia, en especial, de la población vulnerable.

Durante la celebración, el Embajador de los Estados Unidos de América, James W. Brewster, reconoció la ardua labor y el compromiso de Participación Ciudadana, la Procuraduría General, la municipalidad y la sociedad civil con el programa.  Destacó que el éxito del programa es el acceso a justicia en las comunidades de alta conflictividad.

Las Casas Comunitarias de Justicia son espacios donde convergen el Poder Judicial, el Ministerio Público, los ayuntamientos municipales y el sector empresarial, bajo la coordinación de la sociedad civil.  Esta iniciativa fue replicándose, y en la actualidad se cuenta con 9 casas de justicia en el Distrito Nacional, Santiago, Moca, San Francisco, La Vega, Esperanza y Mao.

El Programa de Casas Comunitarias de Justicia ha beneficiado a más de 250,000 personas, a través del abordaje de conflictos tanto familiares como laborales y comunitarios, tales como pensión alimentaria, custodia de menores, regulación de visitas, partición de bienes, conflictos de linderos, inquilinato, deudas, ruidos ambientales y atención a personas migrantes en proceso de regularización.   Además ayudan a prevenir la violencia en las comunidades, ya que permiten a los ciudadanos tener acceso gratuito a los servicios de conciliación, la mediación, orientación legal, atención psicológica, asuntos municipales, articulación con las organizaciones sociales y educación ciudadana, atención a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, entre otros.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, expresó que aunque el programa ha resultado altamente exitoso y abogó por la unidad de diferentes sectores de la vida nacional para extender el modelo Casa Comunitaria de Justicia a diferentes partes del país.

Dentro del marco de la celebración se llevó a cabo la conferencia magistral “La Mediación y Conciliación como estrategia eficaz para la construcción de paz social” a cargo de la doctora María Maltos, experta internacional en mecanismos alternos para solución de controversias en Latinoamérica.

Durante más de cinco décadas en el país, la USAID, en estrecha colaboración con el pueblo y el gobierno dominicano, ha contribuido con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de instituciones dominicanas en los sectores de salud, economía, gobernabilidad, justicia, sociedad civil y educación.  A la fecha, la USAID ha invertido más de US$1,700 millones en la República Dominicana.

Al acusar a la sociedad civil de pretender que  el presidente Danilo Medina viole la Constitución de la República, cuando se le pide que auspicie un consenso para elegir los titulares de los órganos electorales y de la Cámara de Cuentas, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ofende la inteligencia  de los dominicanos/as y revela una  deplorable escasez argumentativa para  negar derechos fundamentales.

El dirigente político pretende una independencia de poderes a ultranza que  negaría la facultad  presidencial de iniciar gestiones legislativas, y debería desprenderse también que los legisladores carecen de facultad para solicitar acciones del Poder Ejecutivo.

En todas las democracias los jefes de Estado tienen responsabilidad en la promoción de acuerdos y consensos políticos y sociales, sobre todo en los asuntos fundamentales que se refieren a la institucionalidad democrática y la gobernabilidad. Sería  una tontería citar  ejemplos.

Basta recordar que el propio Presidente Danilo Medina  fue quien recientemente  pidió la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado para buscar consenso una vez más sobre la Ley de Partidos Políticos y la Ley del Régimen Electoral.   El mandatario también ha tomado  otras numerosas iniciativas para buscar consensos políticos y sociales, anticipándose a la gestión legislativa.  Eso fue el intento de pacto fiscal del 2012, el pacto por la educación del 2015  y el pacto eléctrico  aún en discusión. En el 2013, mediante el decreto 286-13 creó una “Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo”, presidida por  el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, e integrada por abogados representantes de los sectores empresariales y sindicales.

Hasta para reformar la misma Constitución los presidentes Medina  y Leonel Fernández, del partido gobernante, crearon comisiones y auspiciaron amplias consultas político-sociales y crearon organismos como el Consejo Económico Social, con participación empresarial y social.

¿Fue el Congreso de la República  quien tomó la iniciativa para modificar la Constitución  el año pasado para posibilitar una nueva reelección del presidente Medina? ¿O ya Peralta olvidó que eso lo decidió el Comité Político del PLD en una sesión en la que él mismo tomó parte? ¿Violaron entonces la Constitución?

Pero si nos vamos más atrás encontraremos innumerables ejemplos de concertaciones político-sociales que luego fueron convertidas en leyes, como la del código laboral, la Estrategia Nacional de Desarrollo,  la Ley de Seguridad Social, y también para integrar la Junta Central Electoral o modificar la Constitución  o la Ley  Electoral, como ocurrió en los años 1994 con el Pacto por la Democracia,  y  luego en 1997, 2002 y 2003.

En Participación Ciudadana insistimos en reclamar, como lo hacemos junto a la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, en la necesidad de la concertación de un nuevo pacto político social para superar las debilidades  y los retrocesos registrados en el reciente proceso electoral. La elección de los titulares de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas  es parte fundamental de la concertación.-

27 de septiembre del 2016.-

En el marco proyecto ciudadanía activa para una gestión local transparente e inclusiva como parte del “Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales” (PASCAL), financiado por la Unión Europea, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, realizó el seminario nacional, “Políticas de Transparencia y Control por una Gestión Municipal de Calidad”.

El Seminario sirvió  de escenario para presentar y  dar a conocer el sistema nacional de control y auditoria en el ámbito municipal, sobre función pública municipal y profesionalización y sistema de contrataciones públicas trasparente y de la calidad.

Las Palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana y por Gloria Amézquita en representación de Oxfam/RD, como parte del proyecto Ciudadanía Activa.

En el seminario participó  el  Profesor  e investigador Faustino Collado, quien tuvo a su cargo la  conferencia: ‘’Políticas de Transparencia y Control por una Gestión Municipal de Calidad’’; También se realizó el panel: “Función Pública Municipal y Profesionalización”, en el que participó, Juan Luis Pimentel abordando el tema ‘’Limitaciones y obstáculos para el avance en la carrera municipal’’ y Domingo Matías que disertó sobre ‘’Como avanzar en la implementación de la Carrera Municipal’’.

En representación del  Ministerio de Administración Pública estuvo el Profesor Julio Canelo, Viceministro de Apoyo a la Municipalidad del Ministerio de Administración Pública (MAP), quien abordó el tema de “Avances en la Carrera Municipal”, participó además la  Dra. Yocasta Guzmán: Directora General Contrataciones Públicas, tratando el tema “Contrataciones públicas trasparentes para la mejora de los servicios municipales”.

La actividad finalizó con las  conferencia dictada por  Guadalupe Valdez, quien toco el tema “Control y Fiscalización del Congreso en el Ámbito Municipal”.

En el marco del proyecto “Acción de la Sociedad Civil  por la  Seguridad y la Justicia”, Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el financiamiento la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),  realizaron el “Ciclo de Formación sobre Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana: “Responsabilidad de los Medios de Comunicación en la Seguridad Ciudadana”, dirigido a  estudiantes de  Comunicación Social de las  universidades del país.

La capacitación se realizó además con el apoyo de la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (ADECOM), allí  participaron  los alumnos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMM), Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Universidad O&M y  Universidad APEC.

El programa de trabajo inició con las conferencias, “Responsabilidad de los Medios de Comunicación en la Seguridad Ciudadana”, a cargo del Profesor Ramón Diloné; “Rol de los Medios de Comunicación en la Seguridad Ciudadana/ Falsas percepciones de la realidad en los medios de comunicación del siglo XXI” por la profesora  Elvira Lora; El Panel “Medios Comunicación y Seguridad Ciudadana” a cargo los periodistas Franklin Guerrero y Diulka Pérez; y finalizó con las palabras de Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana.

La capacitación se realizó con la finalidad de que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre un tema tan fundamental para la sociedad dominicana como lo es seguridad ciudadana, y  lo apliquen cuando les toque ejercer la carrera.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, presentó el Informe  “Condiciones de Trabajo de la Policía Nacional  en los Destacamentos del Corredor Duarte y 18 barrios de la Zona Norte del Distrito Nacional”. La  investigación del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional  creado en  2013, se enmarca en el Programa “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ),    ejecutado en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). El Programa tiene como objetivo fortalecer la participación de la ciudadanía  en el monitoreo de la política de prevención y persecución del delito en la República Dominicana, mejorando el clima de diálogo entre los actores de la seguridad ciudadana en las reformas iniciadas.

En el Informe se presentan un retrato cotidiano de las condiciones en la que los agentes policiales desempeñan sus funciones en el corredor duarte y 18 barrios de la zona norte del Distrito Nacional. Durante tres días, varios equipos de trabajo de Participación Ciudadana, visitaron 50 destacamentos ubicados en comunidades urbanas y rurales de las provincias de Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y el Distrito Nacional, algunos de los cuales ya fueron observados en 2013 en el marco del Proyecto.

El Informe revela la precariedad tecnológica de los destacamentos, especialmente en las provincias de San Francisco de Macorís y Bonao, muchas de sus unidades operan sin radio ni teléfono.  Sólo el 36% de los 50 destacamentos dispone de una computadora para registrar las denuncias de los ciudadanos. Con respecto a los medios para el patrullaje, el 27 % de los destacamentos visitados en el Gran Santo Domingo no posee  los  equipos motorizados, de igual manera que el 50% en San Francisco de Macorís y el 75% de las unidades visitadas en Bonao, todos sus agentes patrullan a pie. 

Otro de los hallazgos del estudio es la falta de acopio regular de información y soporte documental de las actuaciones que realizan los agentes policiales. Participación Ciudadana denuncia que este predominio de la oralidad y la informalidad  en el día a día de los destacamentos genera gran desprotección en la ciudadanía frente al ejercicio de la autoridad y es  incompatible con las garantías de un Estado de Derecho.  Las imágenes presentadas evidenciaron también las lamentables condiciones de higiene y salubridad de las cárceles preventivas de los 50 destacamentos.

La ausencia de supervisión  pública de los estándares de calidad de las edificaciones policiales ha generado un escenario de destacamentos “autoconstruidos” dependientes de las donaciones de empresarios y “redes de amigos” para el mantenimiento  regular de sus instalaciones y equipos.  La falta de espacio para los bienes incautados  y el normal desempeño de las funciones policiales es otra de las graves deficiencias observadas, a las que se unen techos de zinc y madera en  algunos destacamentos o  la presencia común de humedades y grietas.  El 40% de los destacamentos no tiene agua y solo el 32% de ellos disfruta de un servicio regular de luz las 24 horas del día.

Con respecto a las condiciones económicas, los cerca de  15,000 rasos y cabos desplegados en el territorio nacional reciben  8,000 (175 USD) y 7,000 (153USD) pesos mensuales, la categoría salarial nacional más baja de la República  Dominicana. Las instalaciones destinadas a las áreas de descanso del personal policial son las que muestran las mayores precariedades, ya que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad. El registro fotográfico completo estará a disposición del público general en la página web de la organización.

A partir de los resultados del diagnóstico,  se presentaron las 10 recomendaciones para que los destacamentos policiales sean unidades eficaces, eficientes y democráticas en la política de seguridad ciudadana de la República Dominicana.

• Elaborar un plan estructural de reforma  integral para unificar y estandarizar  la construcción de los destacamentos.

• Dignificar la profesión policial mejorando las condiciones salariales de los agentes  y las áreas en las que realizan su trabajo,  para que estas sean espacios de vida y descanso  dignos, decentes y salubres.

• Racionalizar la distribución de los recursos humanos destinados a las labores de prevención con equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

• Fortalecer los protocolos de investigación  y dirección estratégica en los destacamentos para limitar la discrecionalidad, la falta de colaboración y  construir el mapa  histórico delincuencial a nivel local.

• Modernizar la plataforma tecnológica para que los destacamentos sean unidades coordinadas y no dejen desatendidos a los ciudadanos en situaciones de emergencia.

• Institucionalizar el registro, documentación y certificación de todas las actuaciones de los agentes policiales en los destacamentos.

• Acondicionar los destacamentos con mobiliario adecuado para el almacenaje de los expedientes policiales en condiciones de seguridad y confidencialidad.

• Convertir los destacamentos en verdaderos centros de proximidad que presten asistencia inmediata y den testimonio público en el mismo momento en que se presenta la denuncia para evitar la revictimización  del ciudadano.

• Adaptar con carácter de urgencia los centros de detención preventiva  para que sus condiciones sean  compatibles con el trato humanitario y el respeto a los derechos humanos en un Estado Democrático.

• Restringir la detención privativa de libertad a los casos excepcionales que resulten de la investigación criminal y no como actuaciones administrativas rutinarias de control del orden público. Las redadas  criminalizan y estereotipan a la población de los barrios más carenciados.

¡Participación Ciudadana es amiga de la Policía Nacional!

Aquí les dejamos el link del video, dejando en evidenciada la condición en la que laboran los agentes de la institución, agradecemos a la Policia Nacional por dejarnos ver su situación.

Este miércoles presentamos el informe:“Condiciones de Trabajo @PoliciaRD en Destacamentos Corredor Duarte y DN".

Has visitado un destacamento? ¿Conoces las condiciones de trabajo de los miembros de la Policía Nacional?. Ven, es abierto al público.

Conoces el objetivo por el cual PC realiza un observatorio de condiciones de trabajo de la @PoliciaRD ? Ven a la presentación del informe.

¿Qué puede hacer cada ciudadano? ¿Qué debe hacer el Estado para mejorar la condición de la PN? Ven a la presentación del informe.

Le agradecemos la confirmación de su asistencia escribiendo al correo ([email protected]), o llamando al 809-685-6200 Ext. 242, o registrarse en el siguiente link: http://goo.gl/Qtdjgm

Has visitado un destacamento? ¿Conoces las condiciones de trabajo de los miembros de la Policía Nacional?. Ven, es abierto al público.

Conoces el objetivo por el cual PC realiza un observatorio de condiciones de trabajo de la @PoliciaRD ? Ven a la presentación del informe.

¿Qué puede hacer cada ciudadano? ¿Qué debe hacer el Estado para mejorar la condición de la PN? Ven a la presentación del informe.

Le agradecemos la confirmación de su asistencia escribiendo al correo ([email protected]), o llamando al 809-685-6200 Ext. 242, o registrarse en el siguiente link: http://goo.gl/Qtdjgm

Participación Ciudadana considera ilegal e ilegitimo el aumento salarial de los senadores y diputados  a partir de este mes, con un incremento de RD$70 mil y RD$125 mil respectivamente, además entiende que esta decisión profundiza la distorsión salarial en la administración pública y genera privilegios irritantes e injustos.

PC exhorta al Ministerio de Administración Pública (MAP), en calidad de órgano rector del sistema remunerativo, presentar al país y hacer público el supuesto informe de la consulta que le realizarán los legisladores antes de disponer ellos mismos de un aumento salarial para este mes.

Recordamos que en la República Dominicana aún está pendiente la aplicación de la Ley                    No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, donde observamos importante rezagos, considerando que todavía no tenemos un régimen de salarios que garantice la uniformidad y la transparencia, por cuanto, un aumento unilateral sin criterios técnicos y que obedezca a una política general del Estado dominicano es evidentemente ilegítimo.

Nuestra organización reitera que un aumento salarial a los legisladores viola de manera clara la Constitución de la República que en su artículo 140 que establece: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Participación Ciudadana aprovecha para insistir con la necesidad  de que el Poder Ejecutivo apruebe y promulgue, a través de un decreto, el reglamento de aplicación de la Ley                                 No. 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público en la República Dominicana, que debió estar aprobado por el Presidente Danilo Medina dentro de los seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, pero a 36 meses de la promulgación de la Ley, aun no tenemos Reglamento de Aplicación. La no aplicación de la Ley solo sirve para  los que ostentan  el poder,  se  aprovechen y la apliquen  de manera selectiva,  incrementando la distorsión,  el desorden y los privilegios.

Consejo Nacional

1 septiembre del 2015

La elección de los titulares de la JCE y del Tribunal Superior Electoral también tiene que ser consensuada para que recaiga en personalidades sin banderías partidistas.

Participación Ciudadana considera que antes de crear una comisión senatorial para iniciar la elección de los nuevos miembros de la JCE, debe de realizarse una seria y profunda reforma política que incluya la ley electoral y la Ley de Partidos Políticos que ha sido objeto de múltiples consensos en los últimos 12 años.

El Movimiento Cívico indica que contradice la Constitución de la República que se proceda a designar los funcionarios titulares de la JCE antes de que se cree el marco regulatorio del nuevo sistema de control electoral que incluye a ese organismo y al recién instituido Tribunal Superior Electoral (TSE).

La Séptima de las Disposiciones Transitorias del Capítulo II de la Constitución proclamada el pasado 26 de enero no deja dudas cuando proclama que “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señala que los nuevos órganos a que se refiere esa disposición son dos, ambos fruto de la separación, en dos instituciones autónomas, de las Cámaras Administrativa y Contenciosa que hasta ahora operaban como JCE. Para darle vigencia se requiere no sólo la aprobación de una ley regulatoria del Tribunal Superior Electoral, sino también de otra totalmente distinta a la vigente que regulará la nueva y diferente JCE, aunque ésta conserve el nombre.

Para el Tribunal Superior Electoral ya se conocen dos proyectos de leyes, uno de ellos propuesto por el Poder Ejecutivo.

Pero para la nueva JCE no se ha presentado el primero, por lo que resulta contradictorio que el Senado diera un plazo de 60 días para la designación de los titulares de este órgano.

“De entrada, para las labores administrativas de la JCE no se puede mantener la condición de ser abogado. Por el contrario, allí caben mejor los administradores y cientistas sociales. Esa ya es otra razón para que no se elija sus titulares antes de adaptar la Ley Electoral”, concluyeron los miembros del Consejo.

PC entiende que lo ideal sería que las reformas a la Ley Electoral se concilien con el proyecto de Ley de Partidos Políticos, objeto de múltiples consensos entre sectores políticos y sociales, y del pacto político de mayo del 2009 entre representantes de los partidos mayoritarios que la vinculó a la aprobación de la nueva Constitución.

La Organización No Gubernamental indica que la institucionalidad democrática nacional requiere una seria reforma política que no debe ser fruto de la mayoría mecánica de un solo partido político en el Congreso Nacional. Es hora de un gran pacto político que supere las rémoras del sistema y abra perspectivas para el fortalecimiento y la recuperación de la credibilidad de los partidos y la actividad política.

La elección de los titulares de la JCE y del Tribunal Superior Electoral también tiene que ser consensuada para que recaiga en personalidades sin banderías partidistas. Pero está subordinada a la “conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución” como indica la carta magna.

CONSEJO NACIONAL