Participación Ciudadana respalda Marcha del Millón contra la Corrupción y la Impunidad

Santo Domingo, República Dominicana. El capítulo dominicano de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, anunció su respaldo a la Marcha del Millón que será realizada el próximo domingo 12 de agosto y reafirmó su apoyo al Movimiento Marcha Verde.

PC solicita a todos sus miembros, voluntarios/as de todo el territorio nacional, sumarse a las tareas organizativas, logísticas del movimiento social en cada localidad y movilizarse vivamente en contra de la corrupción y la impunidad en la marcha verde del millón.

También exhortaron a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de todo el país, a participar enérgicamente y en las calles rechazando la corrupción, la impunidad, con las complicidades de las autoridades y de la justicia frente a la corrupción rampante, que limita el desarrollo económico y social de este pueblo inmerso en la pobreza.

Mediante rueda de prensa, la coordinadora general de la organización, Miriam Díaz Santana, enfatizó en la participación de toda la ciudadanía en este acto, el cual será un reflejo de que República Dominicana está despierta y no permitirá más corrupción, impunidad ni injusticias.

“Solo la movilización firme de toda la ciudadanía podrá acabar con estas acciones en contra de nuestros derechos humanos. Necesitamos construir un mejor país, y para eso todos y todas debemos luchar y no quedarnos callados ni calladas ante estos hechos. Es hora de alzar nuestras voces, que nuestra presencia, que nuestra lucha sea tan fuerte que seamos un ejemplo a seguir para otros países”, sostuvo Díaz Santana.

Agregó que no hay nada más sólido que una sociedad unida a fin de alcanzar un bien común y que cada acción particular suma a lo que se quiere lograr.

La coordinadora general señaló que la corrupción y la impunidad se han convertido en una enfermedad que trasciende al ámbito nacional e internacional, generando un círculo vicioso que para su destrucción debe ser cortado de raíz.

“La corrupción impide que un país se desarrolle, que propicie la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos y ciudadanas, que se adquieran los mejores servicios alimenticios, de salud, de vivienda, de seguridad ciudadana; y cuando esta queda impune, crea desesperanza en las personas que desean una nación más transparente inmersa en una cultura de buenos valores. Por esto, por el futuro de nuestros familiares, nuestros amigos, de todos los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana, debemos ser uno del millón”, explicó Díaz Santana.

La Marcha del Millón fue convocada por el movimiento Marcha Verde para este 12 de agosto a las 9:00 de la mañana, partiendo desde la intersección de la avenida 27 de Febrero con la Ave Tiradentes.

 Martes 07 de agosto de 2018

Destacó la labor periodística de estos profesionales de la comunicación, por ejercerla apegados a la verdad y defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano.

Santo Domingo, República Dominicana. El capítulo dominicano de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, envió una carta a los periodistas Edith Febles, Salazar y Ricardo Nieves, como gesto de solidaridad por “su forzada” salida de CDN, canal 37.

En la misiva, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana,  sostuvo que es lamentable que los medios de comunicación reciban presiones del poder político y/o que por motivos económicos originados por el Estado tengan que doblegarse, tratar de limitar o excluir a comunicadores reconocidos y apreciados por la población.

Expresó la preocupación de la organización por los indicadores de autoritarismo, intolerancia y represión que “enturbian” el panorama de la República Dominicana y atentan contra los avances en la libertad de expresión que con “tantos sacrificios” se han conquistado.

“La historia de nuestro país ha estado plagada de dictadores y corruptos que han tratado siempre de que sólo se escuche lo que les conviene, pero eso nunca ha amedrentado a quienes como ustedes han elegido la noble misión de defender los más elevados valores.  ¡Sigan adelante! que nuevos espacios se abrirán y tengan la seguridad de que cuentan con el respeto, el aprecio y el respaldo que con su trabajo se han ganado”, indicó Díaz Santana.

Participación Ciudadana expresa profunda preocupación frente al procedimiento que ha iniciado la Procuraduría General de la República y que ha sido denunciado por diversos sectores como una maniobra tendente a sacar de la magistratura, de manera precipitada y violatoria de las leyes, a varios fiscales reconocidos por su buen desempeño, para sustituirlos por personas allegadas al responsable del ministerio público y a los intereses partidarios del partido de turno.

El artículo 41 de la Ley 133-11 establece que la posición de Procurador Fiscal Titular será elegida por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”. El Procurador, con más de dos años en el puesto no cumplió con esta disposición y ahora, de forma apresurada, llama a un concurso limitado al mismo cargo, incluyendo a fiscales que ya  les queda  menos de dos años para cumplir el tiempo máximo permitido.

Participación Ciudadana siempre ha abogado por el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y la selección de funcionarios mediante concursos. Pero aquí hay varias violaciones que no pueden pasarse por alto. La primera es la omisión de las evaluaciones que establece la Ley; la segunda corresponde a la imposición precipitada de un procedimiento que no les corresponde a quienes ocupan los puestos; y la tercera concierne al impedimento de presentarse para puestos de rango superior.

No queremos incurrir en especulaciones sobre las razones que se esconden detrás de estas violaciones a la Ley. Independientemente de las mismas, las autoridades judiciales están obligadas a cumplir y dar ejemplo de transparencia y justicia, dos cualidades que no están presentes en este proceso.

Hacemos un llamado al procurador Jean Alain Rodríguez para que corrija las violaciones y falta de transparencia y equidad en este proceso. Su obligación como funcionario público es fortalecer el sistema de justicia. Lamentablemente, sus actuaciones en el puesto han sido merecedoras de muchos cuestionamientos, especialmente por la inercia y la parcialidad en el combate a la corrupción.

La opinión pública ya ha levantado su voz de alerta en este caso. El Gobierno Dominicano y su Procurador General están en el deber de despejar las sospechas de que se trata de una maniobra más para blindar a funcionarios corruptos y frustrar una vez más las aspiraciones de tener un sistema de justicia imparcial que ponga fin a la desgracia de la impunidad que tanto daño ha hecho a este pueblo.

CONSEJO NACIONAL
Martes 31 de julio del 2018

Envió un comunicado al presidente de esta institución, Rubén Darío Maldonado Díaz, donde señala los lineamientos legales que abalan la petición de crear comisión especial para investigar pagos a Joao Santana.

Acuse de recibo Comunicacion Camara de Diputados

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, remitió esta mañana un comunicado al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado, donde presenta su descontento por lo transcurrido en la sesión de ese organismo en fecha 11 de julio de 2018, ante la solicitud de la diputada Faride Raful, junto a los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, de que se aprobara la creación de una comisión especial para investigar los pagos a las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.

Se recuerda que durante esta sesión los cuatro legisladores propusieron que se investiguen las contrataciones públicas que hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2017, a favor de las empresas Cine&Art 2013 y Polis Caribe, propiedad de Santana y Moura.

Raful aseguró que cuando Joao Santana salió del país en febrero 2016, en plena campaña presidencial, a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección. No obstante, la diputada sostuvo que las empresas de Santana siguieron recibiendo dinero por parte del Estado.

En ese tenor, Participación Ciudadana indicó que la revelación hecha por los diputados, con pruebas provenientes de la Contraloría General de la República, de contrataciones con ambas compañías por 4 millones 800 mil dólares y 1,109 millones de pesos, para un total de 1,346 millones 841 mil 796 pesos, equivalentes a 30 millones 784 mil dólares, “son razones más que suficientes para justificar con creces la solicitud realizada, la que PC respalda sin reservas”.

El movimiento catalogó como incorrecto el comportamiento del diputado Radhamés Camacho al solicitar sacar el caso del hemiciclo cameral y canalizarlo a través de los tribunales, ignorando que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Congreso Nacional no solo legisla, sino que además tiene funciones de fiscalización y control de finanzas públicas, por lo que tiene facultad de nombrar comisiones especiales de investigación.

“La Constitución es reiterativa al respecto cuando en su artículo 246 dispone que <>”, añade la organización en el comunicado.

Participación Ciudadana sostuvo que los legisladores Raful, Paulino, Díaz y Burgos, no solo cumplían con su obligación como diputados, sino que también desempeñaban su deber ciudadano descrito en el artículo 75 de la Constitución, de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

“No se trata de defender colores partidarios en la Cámara de Diputados sino de anteponer los colores patrios, ante un hecho tan revelador como el que implica pagos millonarios a dos personas vinculadas al caso Odebrecht, sobre todo, una parte de los pagos realizados con posterioridad a su condena en Brasil a cinco años de prisión por 19 cargos de lavado de activos. Todo esto implica que el gobierno dominicano ha estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado, hecho que por sí mismo es gravísimo y merece no solo ser investigado, sino una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”, alegó el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

 Martes 17 de julio de 2018

Trataron temas relacionados a los procesos electorales del 2020.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, visitó la Junta Central Electoral para expresar su apoyo a la resolución emitida por el órgano electoral el pasado 20 de junio mediante la cual se prohíbe la realización de actos de campaña electoral, otorgando un plazo de 5 días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país.

En dicho encuentro la coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana, expresó que “Estamos a ley de 20 meses, y queremos adelantarnos a analizar, aportar información, tomar las medidas necesarias, y alertar sobre lo que haya que alertar. La sociedad civil ha jugado un papel en las elecciones del país que no se abstiene a sólo observar el día de las elecciones, sino a estar atentos a todo el proceso. Esta es una reunión de intercambio, de darnos apoyo y declarar que estamos todos en el propósito de mejorar las elecciones, de mejorar el país”.

Díaz Santana resaltó que nuestra organización, desde ya está presta a iniciar todo lo relacionado con la observación de las próximas elecciones, que incluye el análisis pre-electoral de toda la campaña para determinar si se utilizan recursos del Estado, lo que pasa después del día de las elecciones, y todo el proceso contencioso que pueda ocurrir.

También reconoció la positiva acogida que han recibido por parte de la JCE y propuso medidas y acciones, así como la disposición de colaboración de Participación Ciudadana para aportar confiabilidad, credibilidad y transparencia al proceso electoral.

PC indicó que apoyará todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en aras de hacer más justo, equitativo y transparente el próximo proceso electoral. Las regulaciones deben llegar a todos los aspectos que se han documentado como dañinos en los anteriores procesos y que están contenidos en los informes emitidos por nuestra entidad.

https://youtu.be/MuF3rzxKrMo

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional para la prevención de la violencia, el crimen y el delito, promoviendo políticas de seguridad ciudadana integrales, coherentes, sistemáticas y permanentes desde el ámbito local.

La organización está de acuerdo con que las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género se pueden convertir en “espacios de diálogo, cuya misión fundamental es la de propiciar y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los programas sobre prevención de violencia y criminalidad, que, a su vez, fomenten la convivencia pacífica entre habitantes de las comunidades definidas en sus planes de trabajo”.

Expresa que urge el cumplimento del Decreto No. 121-13, el cual indica que las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género en la República Dominicana,  deben existir en cada municipio, juramentada, en funcionamiento, con planes,  desarrollando políticas y acciones de prevención de la violencia y la criminalidad en su ámbito territorial.

Añade que resulta necesario avanzar en la constitución y puesta en funcionamiento de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, de manera que, con la participación activa de la ciudadanía en cada municipio, se definan los problemas vinculados a la seguridad ciudadana y la violencia a fin de promover medidas a partir de la identificación de los responsables de su implementación, para así reducir las dificultades vinculadas a la ausencia de políticas de seguridad a nivel local.

PC exhorta al Ministerio de Interior y Policía a que cumpla el mandato establecido en el artículo No.3 del referido decreto, sobre regular la operatividad las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, el cual textualmente dice que: “La coordinación de la Mesa Nacional y de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género estará a cargo del Ministerio de Interior y Policía, a fin de garantizar la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos intermedios (gobernadores provinciales), las autoridades locales, las organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales, entidades académicas y cualquier otra institución organizada”.

A la fecha, las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género debieron estar legítimamente constituidas y en funcionamiento en 158 municipios, pero solo existen diez (10) mesas juramentadas, lo que representa apenas el 7% del total de las mesas que deberían estar operando.

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional evidencia en un reporte que las mesas municipales establecidas hasta el 28 de mayo del presente año, están ubicadas en Jarabacoa, La Vega, Salcedo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Boca Chica y San Cristóbal. Si se incluye la Mesa Nacional que se encuentra establecida en el Distrito Nacional, entonces cerca del 46% de las mesas constituidas se encuentran en la provincia de Santo Domingo.

Participación Ciudadana señala que a pesar de la existencia de diez (10) mesas formalmente instauradas, solo siete (7) mesas están en funcionamiento total y para verificar la actividad de estas, se realizaron varias solicitudes de información pública de datos específicos referentes a la operatividad de las mesas instaladas en las cercanías del denominado Corredor Duarte, concretamente, las mesas locales de Santo Domingo Oeste, La Vega, Santiago y Puerto Plata.

La información solicitada está relacionada a las fechas de juramentación de las mismas, la facilitación de los contactos que dirigen, actas de reuniones correspondientes al último año, y a los diversos planes trimestrales o de diagnóstico realizados de conformidad a lo establecido en el decreto. No obstante,  PC informa que aún esperan respuesta formal de la información requerida. Se han limitado a solicitar prórrogas, cuyos plazos están vencidos, en inobservancia de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública N° 200-04.

Participación Ciudadana, con respecto a las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, propone al Ministerio de Interior y Policía lo siguiente:

• Ejercer un rol más activo en la promoción y formación de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, específicamente en su constitución y funcionamiento continuo en los 148 municipios faltantes.
• Reducir la burocracia existente para la formalización de las mesas, ya que el tiempo que transcurre entre la disponibilidad del Ministerio de Interior y Policía o un representante asignado para dirigirse a los municipios a juramentar a los integrantes de las mesas, se generan amplios retrasos en el funcionamiento de las mismas y pérdida de ímpetu por parte de la ciudadanía.
• Para el diagnóstico de los conflictos sociales de las comunidades, recomienda aplicar la Guía para la Prevención de la Violencia desde los Gobiernos Locales, propuesta por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la cual, a través de nueve (9) pasos, propone un proceso lógico de actuación que se adapta a las condiciones  y necesidades de cada municipio, promoviendo la colaboración interinstitucional e intersectorial para reducir la violencia y mejorar la convivencia.
• Capacitar a un grupo amplio de personas en materia de la guía anteriormente descrita y en la preparación de planes de diagnósticos de problemas comunitarios y acciones efectivas para la prevención de la violencia y situaciones de problemas a nivel municipal. Estas personas capacitadas serán los guías directos que permitirán aplicar los procedimientos correctos para mejorar las situaciones particulares de cada comunidad.
• Recordar que la función principal de las mesas es de carácter preventivo, lo que implica trabajar para cambiar de una cultura de violencia, a una cultura de paz y oportunidades para todos y todas.
• Desarrollar una estrategia integral de comunicación y fortalecer vínculos gobierno-sociedad.
• Aplicar el concepto de estadística social para evaluar correctamente los resultados de la mesa.

Participación Ciudadana queda en la disposición de aportar e integrarse al trabajo. Solicita e insta a la sociedad civil a ejercer su función de contraloría social y  hacerse eco de este instrumento tan valioso como lo es la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, a fin de que sirva de fórmula efectiva para promover los cambios a nivel local que contribuyan al mejoramiento de las situaciones de violencia dentro de nuestras comunidades.

También exhorta a demandar el cumplimiento de las leyes y decretos desde los diversos espacios que tenemos, para así mejorar cada apartado social y comunitario, en búsqueda del bienestar general de nuestra nación.

Miércoles 11 de julio del 2018

Después de analizar el informe presentado por la comisión de diputados designada para tales fines, Participación Ciudadana reitera, tal como lo establecimos en su oportunidad, que el aumento de los sueldos de los miembros de la Cámara de Cuentas es violatorio a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano.

Es lamentable que el propio Congreso Nacional se preste a justificar y refrendar la violación de leyes aprobadas por ese mismo organismo, que debería ser el más interesado en hacerlas cumplir. Nos apena, además, que situaciones como esta pasen justamente con la entidad que está llamada a ser la principal vigilante del uso legal y legítimo de los recursos públicos.

Para hacer el aumento salarial, la Cámara de Cuentas se fundamentó en la resolución ADM-009-2012, de fecha 12 de abril del 2012 que aprobó la política salarial de la institución, en atención a lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución. Pero resulta que, después de ser promulgada la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano, no se puede ejecutar ninguna disposición que le sea contraria. En esta Ley, del 2013, el articulo 12 numeral 4,  establece que la escala de remuneración del salario bruto máximo del presidente de la Cámara de Cuentas es de RD$350,000.00. En su articulado, esta misma ley establece carácter obligatorio de la misma a todos los órganos del Estado.

La Ley 105-13 fue posterior a la resolución utilizada por la Cámara de Cuentas, por lo que deroga cualquier disposición anterior, sobre todo, si esta se ejecuta tres años después de la entrada en vigencia de la Ley.  Esta legislación dispone un tope salarial al Presidente de la Cámara de Cuentas que debe ser respetado, independientemente de que haya o no reglamentos. Además, en ninguna parte de la ley se indica que su puesta en vigencia está supeditada a que se dicten los correspondientes reglamentos. La misma ley establece que el Ministerio de Administración Pública está en la obligación, dentro del plazo de seis meses, de dictar y poner en vigencia los correspondientes reglamentos.

En cuanto a los demás miembros de la Cámara de Cuentas, la Ley no establece topes, pero, por regla administrativa, sus salarios deben ser  menores que el del presidente de este organismo. Por esta razón, los miembros de la Cámara de Cuentas no pueden justificar dicho aumento.  Algunos han alegado que esta ley no está en vigencia debido a que no se han dictado los reglamentos para su aplicación. Pero, los reglamentos son útiles para desarrollar o complementar la ley, nunca para modificarla o sustituirla, y el salario del Presidente de la Cámara de Cuentas está claramente establecido en la Ley, no se deja al reglamento.

En el artículo 140 de la Constitución se encuentra el impedimento de que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración de sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior para el que fueron electos o designados.

CONSEJO NACIONAL
Martes 10 de julio del 2018

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Decenas de organizaciones participaron en la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia.

Puerto Plata, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, convocó a instituciones públicas, sector empresarial y organizaciones sociales a articular un plan integral para la seguridad ciudadana en la provincia de Puerto Plata. La propuesta fue hecha en el marco de la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia que inició este jueves 5 de julio y culmina el viernes 6 de julio.

Durante el acto inaugural del evento, la coordinadora general de la institución, Miriam Díaz Santana, aseguró que sólo a través de la concertación amplia e inclusiva, se puede verdaderamente garantizar un contexto de convivencia pacífica, reduciendo toda forma de violencia y estableciendo mecanismos efectivos de sanciones a la criminalidad.

“La seguridad pública debe ser consecuencia de la construcción e implementación de un plan de seguridad ciudadana para todos y todas, donde confluyan las distintas iniciativas desde la relación Estado-Sociedad, para enfrentar la inseguridad y la delincuencia, cada una con sus avances, roles y énfasis”, sostuvo.

En este proceso, señaló que, es necesaria la integración de actores de la Policía Nacional, ayuntamientos, Ministerio Público, sector empresarial, ministerios de la Mujer, Educación y Salud, organizaciones sociales, entre otros, para definir prioridades y acciones integrales tendientes a brindar una mayor seguridad a la población. “La ciudadanía espera que el Estado pueda garantizar el derecho a vivir en paz, a transitar con tranquilidad en sus barrios y a la protección adecuada de las personas y sus familias”, explicó.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó preocupación con respecto a la alta tasa de victimización en Puerto Plata. Según el informe “Situación de seguridad ciudadana de los municipios generales” del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, de enero 2015 a junio 2016, se registraron 132 casos de personas heridas por armas de fuego; es decir, unas 16.5 personas por mes. De estos, el 72% ocurrió en el municipio cabecera de Puerto Plata.

Mientras que el total de homicidios registrados entre enero 2011 y junio 2016 fue de 292, lo que sugiere que se dieron más de cuatro homicidios por mes. No obstante, la incidencia de homicidios se redujo en 2017 a 2.4 por mes para un total de 29 homicidios en todo el año. De estos, 82,76% fue en contextos de convivencia, 10.34% a causa de la delincuencia y 6.9% a manos de organismos de seguridad del Estado.

La Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia busca contribuir a la concepción de la seguridad pública como derecho de las personas, tal y como lo sostiene  la Organización de Naciones Unidas. El encuentro “no sólo visibiliza la necesidad de enfrentar de manera coordinada las realidades y fenómenos asociados a la delincuencia, sino que además plantea la seguridad como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado”, indicó Díaz Santana.

La coordinadora general enfatizó en la importancia de políticas públicas específicas a nivel local, adicionales a los ejes estratégicos de carácter nacional, que respondan a las condiciones específicas de cada municipio y, sobre todo, que sean el resultado del diálogo y el trabajo colectivo que puedan generar nuevas y mejores formas de cooperación.

Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia

Con un acto inaugural, en el que participaron el gobernador provincial Iván Rivera, el alcalde Walter Musa Meyreles, el senador José Ignacio Paliza, el procurador fiscal Osvaldo Bonilla, entre otros representantes de distintas instituciones públicas, nacionales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial, este jueves en el Parque Independencia de Puerto Plata, se dio inicio a la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia.

El evento contó con las palabras inaugurales de la coordinadora general de Participación Ciudadana y del señor Ramses Gauthier, director interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y continuó con la disertación del coronel Lic. Pedro L. Matos Pérez, director de la Regional Norte de la Policía Nacional, sobre el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 2017-2020.

De 9:00 de la mañana a las 5:30 de la tarde del viernes 06 de julio, la Feria tuvo lugar en el Parque Libertad, donde las entidades participantes expusieron en los distintos stands las acciones que desarrollan para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en las comunidades. Se impartieron, además, trece conferencias y talleres abiertos al público sobre derechos humanos, identidad de género, prevención de violencia, manejo de conflictos, prevención del delito de trata de personas, prevención y persecución del delito electrónico, entre otros temas.

La Feria Ciudadana es una iniciativa promovida por la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, un espacio de articulación impulsado por Participación Ciudadana a través del programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

También, como coordinadores de este evento, se encuentran el Ayuntamiento de Puerto Plata, la Base Aérea de Puerto Plata, la Casa Museo Gregorio Luperón, el Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), el Comando Naval Norte, el Comité Pro-puerto la Marina de Guerra, el Cuerpo de Bomberos, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Defensa Civil, Federación Juntas de Vecinos de Puerto Plata, Gobernación Provincial, Hotel Blue JackTar,  Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, Oficina Técnica Municipal de CONANI, Organización de Derechos Humanos Escalando Montañas, Policía Nacional, Procuraduría General de la República, y Teleférico de Puerto Plata.

Jueves 5 de julio, 2018
Puerto Plata

Es un concurso de diseño de páginas web y apps móviles que busca desarrollar herramientas tecnológicas para promover una República Dominicana sostenible.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), presentaron el Climathon  2018, un maratón nacional de construcción colaborativa de equipos tecnológicos que busca mejorar la gestión municipal participativa con un enfoque en planificación territorial y adaptación climática.

Con el lema “Tecnología y Sostenibilidad”, esta actividad multidisciplinaria realizada en el ITLA desde el 22 al 24 de junio 2018, forma parte del Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana de Participación Ciudadana, bajo la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Los proyectos desarrollados en el Climathon estuvieron orientados al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en los municipios de incidencia, a través de programas de capacitación; a la promoción de mecanismos de transparencia en las políticas del clima; a la realización de estudios, monitoreo y evaluaciones de las políticas públicas en materia de medio ambiente; y a impulsar la aprobación de normativas para el ordenamiento territorial, el agua, la gestión sostenible de los bosques y los recursos hídricos.

El concurso, dirigido a estudiantes universitarios o técnicos superiores de las carreras de Ingeniería en Sistemas y Computación, Ingeniería en software u otras profesiones afines, contó con 20 participantes divididos por grupos de dos y tres, quienes el primer día recibieron una inducción sobre las bases y lineamientos del maratón, y dispusieron de un día y medio para desarrollar sus proyectos, en jornadas de trabajo desde las 8:00 de la mañana a las 8:40 de la noche del 23 de junio, y desde las 8:00am a 3:00pm del 24 de junio.

Los participantes contaron con mentores que los guiaron y apoyaron durante el proceso, y fueron evaluados por un jurado especializado compuesto por Sorange Bonilla, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Ronald Savage, director de la oficina de Agricultura y Medio Ambiente de USAID, y Willis Polanco, docente y especialista de tecnología del ITLA);  para obtener los premios de primer, segundo y tercer lugar, correspondientes a RD$75,000, RD$50,000 y  RD$25,000, respectivamente.

Los tres lugares lo obtuvieron estudiantes del ITLA. En primer lugar ganó el equipo “Team Kakaroto”, conformado por los estudiantes Félix David Faña, Miguel Angel Valdez y Néstor Alberto Peguero, quienes diseñaron el proyecto “SIAT”, un sistema para llevar un registro online de la vida de las plantas en la República Dominicana, así como de su ciclo productivo.

El segundo lugar fue para el equipo “DevOverflow, compuesto por los estudiantes Pablo Ferreira y Sinver Aguiló, quienes presentaron el proyecto “Tierra Dominicana”, una plataforma accesible para que una comunidad pueda monitorear lo que suceda en la misma, en tiempo real.

El tercer lugar lo adquirió el equipo “3velopers”, formado por Freddy Rondón, Christian Marinelli y Jorge Pache, con su proyecto “RD Segura”, el cual busca ampliar el conocimiento de las personas en el territorio, geolocalizando los problemas de la comunidad.

Se dio una mención de honor al equipo “VAE Innovation”, integrado por Veneury Devers Nolasco, Engels Alquímedes Valdez Castillo y Maquendi Beltrán Novas, quienes exhibieron “RD Recicla”, un espacio en la web para construir conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje y, a su vez, para que la gente pueda sacar beneficio directo de los residuos.

Las entidades informaron que los ganadores estarán comprometidos a ceder los derechos morales y patrimoniales de los proyectos a Participación Ciudadana, y a participar en encuentros y capacitaciones centradas en la promoción, mejora y/o aplicación de los productos.

Participación Ciudadana expresa su apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana expresa su total apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral el pasado 20 de junio mediante la cual se prohíbe la realización de actos de campaña electoral, otorgando un plazo de 5 días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país.

Valoramos esta medida como justa, oportuna y pertinente ya que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la Republica le asigna al alto organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso Nacional y la clase política han desoído por décadas. Desde que se comenzó a discutir en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos.

Esta es una conquista que la mayoría de los países democráticos ha puesto en práctica desde hace décadas. Son muchas las razones que justifican la limitación de las campañas. En primer lugar, todas las libertades propias de las sociedades modernas están reguladas, así lo reconoce la propia Constitución, en función del interés colectivo y de las experiencias de lo que funciona mejor para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social. Las campañas electorales ilimitadas provocan:

1. El costo excesivo de la actividad política y del  acceso a una posición electiva. No hay que abundar en demostrar la enorme cantidad de recursos que se requieren para movilizar personas en las calles, sostener propaganda por diferentes medios y mantener una constante actividad durante varios años.
2. Los recursos que usan los precandidatos no provienen de fuentes transparentes ni publicas ni privadas, por lo cual se prestan a ocultar inversiones espurias provenientes de dinero ilícito o de sectores interesados en pasar factura a futuros gobernantes o directamente insertarse en algún órgano del Estado.
3. Las campañas políticas ilimitadas solo favorecen a los precandidatos que ya ostentan cargos públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen este beneficio, con lo cual se establece una situación de inequidad y privilegios que violenta los principios democráticos.

Participación Ciudadana reitera la necesidad de que en el país se aprueben las leyes Electoral y de Partidos Políticos, siempre y cuando las mismas contengan las medidas necesarias para regular la actividad política, especialmente el costo y la obligatoriedad de rendición de cuentas, con las debidas sanciones para quienes incumplan.  El país no puede permitir que algunos sectores políticos bloqueen los avances institucionales, impidiendo las necesarias regulaciones y al mismo tiempo oponiéndose a que el órgano electoral ejerza una función legitima, legal y ampliamente reclamada por la sociedad. Mientras tanto, la JCE está llamada a actuar en consonancia con sus funciones y entre ellas esta reglamentar los tiempos y los gastos de campaña. Por otro lado, la Ley Electoral vigente fija el inicio de la campaña en el momento en que la Junta realice la proclama.

Participación Ciudadana apoya esta y todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en aras de hacer más justo, equitativo y transparente el próximo proceso electoral. Las regulaciones deben llegar a todos los aspectos que se han documentado como dañinos en los anteriores procesos y que están contenidos en los informes emitidos por nuestra organización.

La firmeza de las autoridades electorales es necesaria ahora más que nunca, por cuanto el escándalo ODEBRECHT muestra cómo los partidos y candidatos se alían a empresas extranjeras o a cualquier fuente de recursos ilícitos para incidir en la voluntad popular, al tiempo que comprometen los recursos públicos para beneficio de unos pocos.

Consejo Nacional
25 de junio del 2018

Pleno JCE_Acta_12_2018.pdf