Cuando el Presidente Hipólito Mejía dijo el lunes 17 de septiembre que miembros de la sociedad civil cabildearon la inclusión en la Suprema Corte de Justicia de abogados a los cuales estaban ligados profesionalmente, decidimos no darnos por aludidos. Desde el principio entendíamos que el ciudadano Presidente no se refería a las instituciones de la Coalición por una Justicia Independiente.

Pero en vista de que muchas personas están confundidas y nos han cuestionado sobre el particular, creemos prudente formular las siguientes precisiones:

1. El único encuentro sostenido por una comisión de esta Coalición con el ciudadano Presidente, el viernes 7 de septiembre en su despacho del Palacio Nacional, transcurrió en un ambiente de suma cordialidad.

2. Nuestros comisionados pusieron en manos del Presidente una petición escrita que sugería un procedimiento transparente para la elección de los tres nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, copia de la cual se entregó a los periodistas.

3. En ningún momento durante ese encuentro se trató de candidatos ni candidaturas. Ni siquiera se aludió a la lista de 10 jueces de Cortes de Apelación y de tribunales superiores que esta coalición sometió a consideración del Consejo Nacional de la Magistratura, a través de su secretario, el Magistrado Víctor José Castellanos, optando por el fortalecimiento de la carrera judicial y sin preferencia individual.

4. La propuesta de la Coalición, como las de otras instituciones sociales, se fundamentó en el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, No. 169-97, que establece como libre la presentación de candidatos. El artículo 15 también contempla vistas públicas y "todas las circunstancias que considere (el consejo) oportunas para recabar el parecer de instituciones y ciudadanos" sobre la elección de los jueces. En 1997 unas 40 organizaciones sociales presentamos candidaturas a la Suprema Corte y nadie lo consideró intromisión.

5. Reivindicamos el espíritu de la ley antes citada, fundada en la concepción de la democracia como participación de la ciudadanía y su diversidad de instituciones. Esa participación la han promovido los gobiernos y los partidos políticos. También el propio presidente Hipólito Mejía, en la Comisión Especial sobre Reforma Constitucional, en el Consejo Consultivo sobre Políticas Sociales y en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción. Además, en los Consejos de Desarrollo y en los ámbitos de la educación, la salud y la seguridad social.

Finalmente, deseamos dejar constancia de que más allá de las diferencias y disensiones entre organizaciones sociales y partidos políticos, reconocemos que estos son fundamentales para el ejercicio democrático y estamos dispuestos a seguir el diálogo para la intercolaboración recíprocamente respetuosa y fructífera. También las organizaciones sociales son básicas en el desarrollo y la institucionalización democrática, que no puede depender exclusivamente de los partidos.

*Las actuaciones de la Policía Nacional deben enmarcarse en el orden institucional y jurídico de la nación.
*Demandamos la atención del Presidente de la República ante el rosario de crímenes atribuidos a las fuerzas del orden público.
*La Suprema Corte de Justicia debe responder la instancia que procura declarar inconstitucional los tribunales policiales.
*No habrá efectivo combate a la delincuencia sin una reforma profunda de la Policía Nacional.

En los últimos días la nación vive una nueva oleada de muertes a manos de los agentes encargados precisamente de velar por el orden público y la seguridad de la ciudadanía, mientras continúan las denuncias sobre detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos de los detenidos.

A nombre del combate a la delincuencia, la Policía Nacional desarrolla una política de aniquilamiento de reales y supuestos delincuentes, cuya ineficacia se puede medir por el hecho de que aunque cada año las cifras de estas víctimas van en aumento, también se incrementan las acciones delictivas.

Obviamente que tal política de ejecuciones sumarias es absolutamente violatoria del orden jurídico nacional, que presume inocente a todo acusado de un delito mientras no se produce la condena de un tribunal, tras un juicio con respeto a las garantías individuales, con abogado defensor, oral, público y contradictorio.

Pero, además, tampoco existe la pena de muerte en nuestro país y ni en nombre de la lucha contra la delincuencia ni bajo ningún otro pretexto se puede justificar que simples agentes policiales o patrullas de la PN puedan decidir sobre la vida y la muerte de ciudadanos en las calles de las ciudades, a menudo en sus propias casas, delante de padres y madres, hijos e hijas.

Como es natural, han ocurrido más terribles injusticias cuando se confunde a personas honorables con supuestos delincuentes, y se les hace víctimas de vulgares asesinatos. El caso más paradigmático fue el del padre José Antonio Tineo, asesinado por una patrulla policial a la puerta de su congregación religiosa.

Esa política de exterminio viene de lejos en la lógica policial y militar, obviamente con apoyo de amplios sectores de gobernantes y ciudadanía cuya cultura autoritaria concibe el derecho a la muerte sumaria de los delincuentes. Desde luego, con la excepción de los grandes traficantes y delincuentes, los de cuello blanco, los depredadores de los bienes públicos y aquellos que desfalcaron bancos y financieras.

Pero el incremento registrado en los últimos años ha llegado a niveles absolutamente intolerables, incentivando a grupos criminales dentro de la Policía Nacional, en detrimento de la oficialidad profesional con capacidad para desarrollar políticas más efectivas, institucionales y justas en el combate de la delincuencia.

Las estadísticas de que disponemos, manejadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y publicadas en los periódicos, especialmente en El Siglo, Hoy y Diario Libre, indican que las ejecuciones policiales se han disparado en los últimos tres años.

Mientras en 1996 no llegaban a 100, para 1999 y 2000 se registraban cifras cercanas a las 200 muertes, con proyección a ser superadas en el presente, ya que para mediados de año se registraban 110 víctimas de la violencia policial.

Aunque la información de la Policía Nacional dice invariablemente que las víctimas han caído al enfrentar a balazos a sus agentes, los testimonios orales y hasta gráficos (como quedó de manifiesto por un vídeo tomado en Gaspar Hernández a 4 hombres amarrados que luego fueron declarados muertos) muestran que en la mayoría de los casos estamos ante reales ejecuciones.

Un indicio revelador se encuentra en una investigación realizada en el Departamento de Patología Forense. De 23 personas muertas en mayo a manos de agentes policiales, cuyos cadáveres llegaron a este organismo, 12 fueron víctimas de balazos en el pecho o la cabeza.

La situación ha llegado a extremos de ser denunciada en todos los informes sobre violación de derechos humanos que se publican en el mundo, tanto de instituciones multilaterales como de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA; de entidades privadas como Amnistía Internacional y American Wachman; o de órganos gubernamentales, caso del Departamento de Estado norteamericano.

Las muertes de cuatro hombres en Santiago, dentro de un automóvil, y la ejecución en la vía pública de un joven en Villa Francisca, a la vista de familiares y vecinos durante el pasado fin de semana, han desbordado la indignación. Tanto que doña Carmen Quidiello de Bosch abandonó el lecho de enfermo de su ilustre esposo para ir a expresar su solidaridad y a proponer un frente de madres contra la violencia.

Ante la gravedad de la situación, Participación Ciudadana se permite apelar al ciudadano presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, para que ordene el cese inmediato de esa política de exterminio.

Debe disponer también el cese de todo género de tortura, la suspensión de todo tipo de detenciones arbitrarias, como la de familiares y relacionados de supuestos delincuentes, frecuentemente tomados de rehenes por autoridades policiales. Así mismo, debe terminar el rudimentario método de las redadas masivas con el que se pretende combatir la delincuencia, pero que hace víctimas inocentes a cientos de residentes de los barrios populares.

Al mismo tiempo queremos reiterar nuestras posiciones anteriores sobre la Policía Nacional, en los términos siguientes:

1.- Urge una transformación de la función policial para un combate efectivo de la delincuencia, insistiendo en la prevención y en la investigación con apego a los derechos humanos y el ordenamiento jurídico. Para ello hay que impulsar una auténtica reforma de la ley orgánica de la PN, creando una policía judicial, dependiente del ministerio público, y una policía municipal más vinculada a las organizaciones sociales.

2.- Es imprescindible el mejoramiento de los recursos humanos de la institución a velar por el orden público, con mayores niveles de profesionalidad, de salarios y de seguridad, así como un adecuado equipamiento tecnológico y logístico.

3.- El código de justicia policial, como el militar, debe ser derogado para que los agentes del orden que incurran en torturas, asesinatos o cualquier otra violación del código penal respondan ante la justicia ordinaria

4. Reclamamos a la Suprema Corte de Justicia que emita su dictamen sobre el recurso de inconstitucionalidad del tribunal policial interpuesto el 4 de septiembre de 2000 por Participación Ciudadana, junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro Juan Montalvo y Alfalit Dominicana.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana celebra que los líderes de los partidos políticos hayan logrado ponerse de acuerdo en el tema de la reforma constitucional.

Entendemos que el acuerdo suscrito entre los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano, en presencia del Presidente de la República, abre el camino a la Asamblea Constituyente, como era la aspiración de la sociedad civil y esperamos que este sea el inicio de otros consensos sobre temas de interés nacional.

Mediante el acuerdo, los partidos se comprometen a modificar la Constitución de la República mediante la Asamblea Nacional en funciones de Asamblea Revisora sólo en cuanto a reducir a 45 el porcentaje para ganar en primera vuelta, eliminar los colegios cerrados, elección popular de representantes al Parlamento Latinoamericano, e introducir la figura de Asamblea Constituyente.

Participación Ciudadana está convencida de que este acuerdo será cumplido a plenitud por los senadores y diputados de las diversas corrientes políticas, ya que lo contrario sería un desconocimiento al liderazgo de los partidos mayoritarios.

De igual manera, Participación Ciudadana expresa su comprensión por las voces de disensión que se han estado escuchando en torno al pacto, por entender que son parte del ejercicio democrático, pero es saludable para el país acogerse a lo pactado.

Hacemos un llamado a las instituciones, a los ciudadanos, así como alliderazgo político nacional, para que respalden y den seguimiento al acuerdo suscrito entre las principales fuerzas políticas de la nación.

Los medios de comunicación publican esta semana declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Manuel Ramón Morel Cerda, según las cuales la resolución de ese organismo sobre la asamblea celebrada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el 1 de julio no fue “rigurosamente jurídica” y que “hay ocasiones en las cuales uno tiene que atender a requerimientos de más valía, de más peso”.

Participación Ciudadana entiende que la Junta Central Electoral, en sus funciones de tribunal electoral, debe fundamentar sus decisiones de manera estricta en las disposiciones legales vigentes. La institucionalidad queda en entredicho cuando se permite que los jueces puedan motivar sus decisiones al margen de las disposiciones legales y constitucionales. Para un juez nada tiene más peso y valía que las leyes y la justicia.

Si se permite que los jueces del tribunal electoral decidan en función de asuntos de “más valía y más peso” que las leyes, se reducen la legitimidad de sus funciones, y merma su autoridad como organismo regulador y fiscalizador de las asambleas de los partidos tanto para elegir candidatos como las dirigencias partidarias, tal como está consignado la Ley Electoral no. 275-95.

Tal práctica traería consigo un ambiente de inseguridad en torno a las decisiones del tribunal electoral, pues la única forma que tienen las partes en conflicto para acudir con confianza a cualquier jurisdicción es la certeza de que la ley será aplicada sin excepciones, independientemente de la importancia o influencia que pudiera tener cualquiera de los involucrados.

Participación Ciudadana considera que al dictar sentencias como la presentada por el doctor Morel Cerda se está perdiendo una buena oportunidad de comenzar a dar pasos en los procesos de institucionalidad de los partidos políticos.  Confiamos en que la Junta Central Electoral sabrá rectificar y no convertirá en práctica esta forma de decidir los casos bajo su responsabilidad, creando las condiciones para que los partidos políticos y la ciudadanía sigan confiando en el trabajo que realiza el tribunal electoral.

• MEJOREMOS EL PRECEDENTE DE 1997 EN LA ESCOGENCIA DE LOS JUECES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CON UN PROCESO PLURAL, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO.

• EL TEMA MÁS IMPORTANTE ES ESCOGER PERSONAS IMPARCIALES, CAPACITADAS, ÍNTEGRAS, LABORIOSAS, CON ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES, CON LAS ESPECIALIZACIONES Y EXPERIENCIAS QUE NECESITA LA SUPREMA CORTE EN ESTOS MOMENTOS Y, SOBRE TODO, SIN VINCULOS O LEALTADES PÚBLICAS CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS LIDERES.

• EL PRESIDENTE MEJÍA HA DESPEJADO LAS INCERTIDUMBRES AL DECLARAR QUE SÓLO SE COMPLETARÁN LAS VACANTES EXISTENTES Y NO HABRÁ CABIDA PARA CANDIDATOS CON COMPROMISOS PARTIDARIOS.

Con el proceso de selección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia para llenar las vacantes existentes, el país somete a prueba los avances logrados hasta la fecha en materia de reforma judicial, además de sus instituciones e incluso la conciencia y el nivel de compromiso ciudadano de todos los involucrados en dicho proceso.

Pasar esta prueba debería ser más fácil ahora que ya tenemos la experiencia de 1997, que nos dejó como ejemplo un proceso plural, transparente y participativo gracias a un esfuerzo conjunto en el que deben destacarse sobre todo el del ex Presidente Dr. Leonel Fernández y el de la actual Vicepresidenta, Dra. Milagros Ortíz Bosch. Estamos convencidos de que los actuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden mejorar aún más el precedente existente.

La participación no es un regalo que se otorga a la ciudadanía sino un derecho que incluso se encuentra consagrado en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, No. 169-97 del 2 de agosto de 1997,  cuyo artículo 12 prevé que “la presentación de candidaturas es absolutamente libre, y se podrá realizar tanto por instituciones como por personas físicas.”

La misma Ley dispone mecanismos para presentar los candidatos a vistas públicas y otorga facultad al Consejo para “indagar todas las circunstancias que considere oportuna para recabar el parecer de instituciones y ciudadanos.”

La participación de todos los sectores sólo busca garantizar que nuestro más alto tribunal pueda estar integrado por aquellas personas que reúnan el perfil adecuado, es decir que sean imparciales, capacitadas, íntegras, laboriosas y cuenten con las condiciones físicas y mentales para servir al país con energía y por tiempo adecuado.

A la hora de la selección debe tomarse muy en cuenta las actuales necesidades de la Suprema Corte para escoger aquellos candidatos con las especializaciones y experiencias adecuadas. De acuerdo con el compromiso de  fortalecer la carrera judicial, deben ser objeto de una ponderación especial aquellos candidatos que actualmente sean jueces de segundo grado,  que ya cuentan con una hoja de servicio que facilita la evaluación y reduce los riesgos de los compromisos partidarios.  

El Presidente del país, Ing. Agron. Hipólito Mejía, ha empeñado su palabra al garantizar que el Consejo sólo  será convocado para designar a aquellas personas que ocuparán las vacantes existentes, que es la única facultad constitucional de dicho Consejo en virtud del principio de la inamovilidad de los jueces, que hemos defendido y seguiremos defendiendo.

También el Presidente Mejía ha llevado la tranquilidad a la ciudadanía al señalar que no serán seleccionadas personas con compromisos político-partidarios. No se trata de excluir a nadie por simples simpatías, que la mayoría tiene, sino a aquellos con vínculos o lealtades públicas con los partidos políticos y sus líderes.

Confiamos en la palabra del señor Presidente de la República, además de agradecerle su oportuna intervención para despejar el proceso de incertidumbres, y le ofrecemos tanto a él como a los demás miembros del Consejo, nuestro apoyo y participación dentro del marco de la ley, para lograr una meta que es un compromiso de todos.

Por la Coalición Por una Justicia Independiente

• Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.      (FINJUS)

• Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE)

• Asociación Dominicana de Abogados Empresariales, Inc. (ADAE)

• Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo

• Alfalit Dominicana

• Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)

• Asociación Americana de Jurístas

• Participación Ciudadana

Un adecuado manejo de la política macroeconómica, traducido en estabilidad, aparece como el logro más importante que puede exhibir la presente administración de gobierno, al pasar balance a su primer año de gestión. Entre los aspectos positivos vale señalar también ciertos niveles de apertura en la relación del gobierno con la sociedad civil y la promulgación de importantes leyes que habían estado estancadas en el Congreso Nacional, como son las de Seguridad Social, Defensoría del Pueblo, Electricidad,  Salud y Educación.

En contraposición, se advierte una marcada incapacidad del gobierno para poner en funcionamiento el llamado “paquetazo social”, así como un acelerado endeudamiento a corto plazo, retroceso en la aplicación de la ley de carrera administrativa, continuación de la práctica del grado a grado en el otorgamiento de obras públicas y las muertes de civiles a manos de la Policía Nacional.

• Balance Económico

• El Contexto Externo

• Desequilibrio Macroeconómico Interno

• El Clima de Incertidumbre

• Balance Social

• Relación Estado Sociedad

A grandes rasgos, el actual gobierno ha tenido que lidiar con tres tipos de problemas económicos:

• Uno, que le llegó, con el cual ha tenido que convivir, pues no puede hacer nada   para enfrentarlo: un contexto internacional gravemente adverso.

• Un segundo que lo encontró, lo enfrentó con valentía y lo resolvió: el desequilibrio macroeconómico y seria amenaza de inestabilidad.

• Y un tercero que no encontró, sino que lo creó: un ambiente de falta de confianza en el presente e incertidumbre sobre el futuro.

El contexto de la economía mundial está actuando muy adversamente sobre el desempeño económico nacional. Por un lado, el precio de los combustibles se ha mantenido cerca de los 30 dólares el barril y la tendencia no indica que vaya a bajar en el corto plazo.

Por otro lado, el cambio negativo que se ha registrado en el crecimiento de la demanda mundial ha sido espectacular.  Pasamos de una economía mundial con toda una década de fuerte crecimiento, a una súbita recesión, lo cual afecta los sectores de mayor empuje de la economía dominicana, como turismo y zonas francas, así como los ingresos por  remesas y las exportaciones en general.

Particularmente, la caída de la economía de los Estados Unidos, que a pesar de realizar intentos por reanimarla no presenta logros visibles.

  A su vez, las demás economías grandes de Europa afectan más a nuestro país que la moneda común europea, el euro, está muy devaluada, encareciendo para sus nacionales todos los costos en dólares, como son los viajes a la República Dominicana.

El actual gobierno heredó un fuerte problema macroeconómico. Por un lado, el gobierno anterior no había ajustado el precio interno de los combustibles a las nuevas condiciones externas, las recaudaciones fiscales habían caído, justamente en el momento en que el gobierno más estaba gastando para terminar las obras que tenía en ejecución. Se atrasaba el servicio de la deuda externa, se emitía dinero inorgánico y se acumulaban nuevas deudas internas.

En resumen, la sociedad como un todo estaba gastando más de lo que producía. Para postergar la inestabilidad que esto conllevaba, se usaban dos medios: uno, altas tasas de interés y reducción de las reservas monetarias que había disponibles. Estos medios eran sólo viables para un gobierno con un horizonte temporal muy corto, que podía jugar al tiempo, pero uno nuevo que comenzara no podía seguir ese juego, tenía que resolver rápidamente, pues cuando los agentes económicos percibieran que las reservas se estaban agotando, saldrían en busca de los pocos dólares que quedaran y la tasa de cambio se dispararía.

El actual gobierno actuó correctamente equilibrando las finanzas públicas. En un caso como el expuesto, la sociedad tiene que reducir su gasto global. El gobierno disminuyó su gasto en inversión (pudo haber reducido el corriente) y obligó al sector privado también a gastar menos cobrándole más impuestos. Ante una circunstancia así las empresas ven disminuir sus ventas y la actividad económica se resiente.

Ciertamente hay algunos importantes éxitos macroeconómicos que las autoridades pueden exhibir. La amenaza de inestabilidad ha sido conjurada. El déficit fiscal desapareció, y en esto el gobierno ha actuado con valentía, porque implica dejar de complacer peticiones de diversas índoles y cobrar más impuestos, todo lo cual es impopular. La tasa de cambio y los precios muestran estabilidad. Los bancos tienen ahora una gran liquidez y las tasas de interés han estado normalizándose.  

El deterioro del entorno internacional iba a afectar irremisiblemente el desenvolvimiento de la economía nacional. Y el proceso de ajuste a que fue sometido el país también iba a restringir la actividad económica. Pero sorprende que el impacto ha sido más grande de lo que se esperaba. El PBI creció muy poco al final del año pasado y este año prácticamente no ha crecido. Esto parece obedecer a que el gobierno no ha logrado crear el adecuado clima de confianza en el futuro del país.

Por un lado, los funcionarios oficiales no proyectan la imagen de equipo, unido en pro de un propósito definido. La imagen que ha irradiado es de pesimismo, de no saber bien hacia dónde se dirige. Esta imagen se refuerza con la toma de decisiones sin mucho miramiento y de volatilidad en las medidas de política económica. Las suspicacias afectan también la credibilidad de las políticas públicas: a pesar de que las cifras del primer año muestran que el gobierno se ha manejado con mucha disciplina, los reclamos de empleos para los que hicieron campaña generan dudas de que el gobierno pueda mantener la disciplina en el gasto corriente.

También preocupa la política de endeudamiento, sobre todo con préstamos procedentes de fuentes privadas, que son bastante caros, pues se trata de instituciones que en lo único que piensan es en hacer negocios, independientemente de que el dinero se gaste bien o mal. Dentro del mismo, se destaca la muy discutida emisión de bonos soberanos por US$500 millones. Si bien se trata de la incursión del país en un mercado en el cual es poco conocido, para hacer una emisión tan cuantiosa el gobierno escogió el peor momento de la historia reciente.

Y como se trata de financiamientos que habrá que pagar en poco tiempo, alguna gente piensa que en breve se necesitarán más impuestos para pagar lo que se toma hoy, y todo esto genera mucha incertidumbre, sobre todo, entre aquellos que tienen que gastar su dinero hoy apostando a que van a sacar el beneficio en el futuro, los inversionistas

Una de las principales debilidades mostradas por la presente administración al arribar a su primer año de mandato ha sido, sin duda, su incapacidad para poner en funcionamiento una política social claramente definida. Ni siquiera ha podido poner en funcionamiento el conjunto de medidas destinadas a contrarrestar los efectos del denominado “paquetazo económico”.

La presión de la militancia del partido de gobierno por puestos públicos ha sido fuerte y como efecto directo del clientelismo político se nota un retroceso en áreas de la administración pública en las que se había avanzado, mientras se  estanca la aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa.

Lejos de aminorar, se ha mantenido la práctica del grado a grado en el otorgamiento de obras del Estado, y ha continuado en aumento el número de muertes de civiles a manos de la Policía Nacional . 

Es justo reconocer que durante este período de gobierno se han producido ciertos niveles de avance en las relaciones Estado-sociedad civil, sobre todo en lo que respecta a la institucionalización de dichas relaciones.

El decreto que crea el Consejo Nacional de Seguimiento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, instancia mixta con participación del Estado y de la sociedad civil, y el que establece los Consejos de Desarrollo Regionales, Provinciales, Municipales y Sectoriales y que deben constituirse en un puntal importante para la descentralización, son pruebas de este avance.

También lo son el que establece el Consejo de Lucha Contra la Pobreza; el que instituye el gabinete social, y el que crea la Comisión Especial de Reforma Constitucional, de cuya matrícula una parte importante son personas e instituciones de la sociedad civil.

De igual forma se ha dado participación a la sociedad civil en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, que constituye un punto de avance en los procesos de rendición de cuentas que ha demandado la sociedad dominicana.

Se advierte, sin embargo, que estos decretos pudieran resultar coyunturales si no van acompañados de una definición de políticas y estrategias a mediano y largo plazo que incorpore temas relativos al papel del sector en el desarrollo nacional y su vinculación con los diferentes poderes del Estado.  

   Finalmente, aunque el gobierno comenzó con muchos ímpetus la denuncia de la corrupción y presentó un proyecto de ley para crear una fiscalía anticorrupción, el cual permanece engavetado, la percepción general es que el esfuerzo está en franca disminución; la falta de transparencia en las asignaciones de las obras públicas y en las compras, más algunos brotes públicos de irregularidades, hacen temer que el cáncer de la corrupción prosigue minando las emergías financieras que deberíamos invertir en el pago de algunas deudas sociales del Estado dominicano.

Participación Ciudadana y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometieron a implementar acciones conjuntas para fortalecer el sistema de protección y la administración de justicia de niños, niñas y adolescentes.

El acuerdo fue suscrito entre Yvonne Villanueva, oficial a cargo de UNICEF y Melba Rita Barnett, coordinadora general de Participación Ciudadana.

El convenio establece la puesta en marcha de programas de educación a fin de mantener espacios de reflexión y construcción de propuestas relativas a la reforma, optimación, modernización y democratización del sistema de administración de justicia de niños, niñas y adolescentes, y la participación ciudadana en la promoción y exigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.

Contempla, asimismo, impulsar en los distintos proyectos la aplicación de los principios generales del nuevo derecho de la infancia acordado en la Convención de los Derechos de la Niñez. 

Mediante este acuerdo, Participación Ciudadana asume “continuar impulsando progresivamente la articulación de las organizaciones de la sociedad civil en las acciones a favor de la justicia  a través de la Coalición por una Justicia Independiente”. 

En tanto que UNICEF, “se comprometió a propiciar una relación y cooperación Interinstitucional entre el sistema de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, la participación ciudadana en la promoción y exigibilidad de los derechos de conformidad con el mandato de la Convención de los Derechos de la Niñez”.

Asimismo, acompañar el proyecto “consolidación del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la justicia y la ciudadanía para la exigibilidad de los derechos”.

14ª IACC (Conferencia Internacional Anticorrupción) – “Reestableciendo la confianza: Acción global por la transparencia”

Convocatoria a Propuestas para Talleres – Cierre 31 de marzo de 2010

Con la Sea parte de la solución: Reúnase con expertos líderes de la sociedad civil y los sectores público y privado en la 14ª Conferencia Internacional Anticorrupción entre el 10 y el 13 de Noviembre en Bangkok, Tailandia. En la 14ª IACC, los participantes de la comunidad global producirán estrategias y recomendaciones para relanzar la agenda del buen gobierno global para un futuro sustentable.

Ideas, Inspiración, Innovación

Una característica fundamental de cada IACC es la oferta de hasta 50 talleres y sesiones especiales que se llevan a cabo durante los cuatro días de la conferencia abordando temas de importancia para todos los sectores y áreas de trabajo de la arena anticorrupción. Los talleres de la 14ª IACC buscarán dar respuesta a los siguientes desafíos globales:

• Restaurar la confianza para la paz y la seguridad
• Promover la transparencia y la rendición de cuentas en los mercados de recursos naturales y energía
• Asegurar el gobierno colectivo de las estrategias contra el cambio climático
• Fortalecer la acción global para un mundo corporativo transparente y sujeto a rendición de cuentas

Los talleres IACC serán diseñados para estimular el debate, forjar soluciones e identificar estrategias tangibles, efectivas e innovadoras para combatir la corrupción y mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La conferencia invita a todos aquellos que compartan el objetivo común de fortalecer dramáticamente los esfuerzos globales contra la corrupción a enviar sus propuestas.

La convocatoria a propuestas para talleres está abierta hasta el 31 de Marzo de 2010.Agradecemos su propuesta.

Escriba a [email protected] para más información.

La conferencia esta co-organizada por el Consejo de la IACC, la Comisión Nacional Anti-Corrupción de Tailandia, Transparencia Internacional y su capítulo Transparencia Tailandia.

La Sala Vecinal felicitó la decisión del Centro Comercial y torre Acrópolis de suspender la instalación de cuatro plantas eléctricas de uso continuo par su autogeneración, las cuales contaminarían a los residentes en sus alrededores.

Sala Vecinal, que aglutina más de 20 juntas de vecinos del Distrito Nacional, interpreta la decisión como un triunfo de la razón y del entendimiento y una demostración de la importancia de que los vecindarios aúnen esfuerzos para búsqueda de objetivos comunes.

La operación de las plantas eléctricasde 10 mil kilovatiosno sólo hubiese dañado la calidad de vida de Santo Domingo, sino que hubiera afectado también las casas de quienes habitan en las proximidades, por las vibraciones producidas, ya que estarían encendidas las 24 horas del día durante todo el año, reiteró la Sala Vecinal.

Acrópolis envió una comunicación al síndico del Distrito Nacional, Juan de Dios Ventura, dando a conocer la decisión con la que pone fin al conflicto surgido con el proyecto de instalación de plantas de generación eléctrica a la cual se han venido oponiendo las juntas de vecinos.

Acrópolis informó, asimismo, que trabaja activamente despejando y reacondicionando las calles que bordean el centro comercial, las cuales se vieron afectadas, para fines de tránsito, durante el período de construcción del edificio.

La Sala Vecinal entiende que con esta medida, la compañía da cumplimiento a las regulaciones de medio ambiente y fortalece las relaciones de respeto y colaboración con las juntas de vecinos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

En un boletín de prensa, la Sala Vecinal agradeció la colaboración de los medios de comunicación, reiterando que los habitantes de esa comunidad tienen derecho a una vida sana.