Participación Ciudadana puso en circulación el libro  “20 Años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”. Este trabajo lo realizaron los doctores Santiago Sosa y Melisa Sosa Montás, y contó con la colaboración de Fausto Rosario Adames, Alfonso Abreu Collado, Isidoro Santana, Francisco Álvarez Valdez y Marina Hilario.

A continuación las palabras presentadas por Alfonso Abreu Collado, Coordinador General

La negativa percepción de los dominicanos sobre la corrupción asociada al ejercicio del poder político, ha salido a relucir en cada una de las encuestas realizadas en el país en las que se ha indagado sobre este tema.

Esa percepción ha sido puesta de manifiesto en la serie de encuestas publicadas con el título “Hacia donde va la democracia? 1994-2001”.

En las tres encuestas realizadas durante los años 1994, 1997 y 2001, aparece cada vez una proporción mayor de la población que considera la corrupción como una cuestión grave y muy grave en los gobiernos y la política.

Los resultados muestran que en 1994 esa apreciación la tenía el 88% de la población, subiendo a 90% los que pensaban de igual forma en 1997. Ya en el 2001 los ciudadanos dominicanos que tenían esa misma sensación alcanzaron el 94% de la población.

Esa impresión negativa ha seguido acentuándose a juzgar por los datos de la encuesta Gallup del año 2003, la cual revela que el 97.4% de los dominicanos entienden que existe corrupción  en la presente administración gubernamental.

Al mismo tiempo, resulta de suma preocupación comprobar como se acrecienta el desaliento entre la población, en torno a la posibilidad de eliminar las prácticas corruptas de la administración estatal.

En este orden se puede apreciar que, en la encuesta del año 1994, de la serie antes citada, menos del 18% de la población entendía que la corrupción “no se puede cambiar nunca”, y siete años después, en el 2001, ese era el sentir de casi el 30% de los dominicanos; mientras que la parte de la población que entiende que la corrupción “sólo se puede disminuir un poco” pasó de 37% en 1994 a 49% en el 2001.

Los resultados de la investigación que hoy ponemos en manos de ustedes, que hemos denominado “20 años de impunidad”, vienen a demostrar, entre otras cosas, que no son en modo alguno casuales esas percepciones negativas de los dominicanos en torno al tema de la corrupción gubernamental y la posibilidad de erradicarla del ámbito nacional.

En esta investigación se han identificado, y se ha tratado de seguirle el rastro, en las diferentes instancias judiciales, a los casos de corrupción administrativa pública o con incidencia en los fondos públicos, denunciados ante los diferentes organismos de la justicia, durante los últimos dos decenios (1983-2003). Vale decir, que la misma abarca seis (6) periodos gubernamentales diferentes: la administración presidida por el Dr. Salvador Jorge Blanco (1982-86); tres administraciones presididas por el Dr. Joaquín Balaguer (1986-90; 1990-94 y 1994-96); la administración presidida por el Dr. Leonel Fernández (1996-2000) y la actual administración presidida por el Ing. Agrónomo Hipólito Mejía.

Desafortunadamente, lejos de invitar al optimismo, los resultados de este trabajo parecen servir de sustento a la opinión generalizada en la población dominicana, de que la lucha contra la corrupción parece una causa perdida.

El total de casos localizados en las diferentes instancias judiciales alcanzó a 227. De los cuales 185 casos (81.5%) se encontraron en el Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO).  Mientras que 22 casos (9.7%) fueron localizados en juzgados de instrucción, Cámara de calificación y Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia. En la Suprema Corte de Justicia reposan dos (2) casos; en la Corte de Apelación uno (1) y en la Procuraduría General de la República otro.

Durante los 20 años considerados, sólo en seis (6) casos, que representan apenas el 2.6% del total localizado, la justicia dominicana ha logrado llegar a decisiones definitivas.

Cuando se analiza de forma particular la situación del DEPRECO, encontramos que de los 185 casos o denuncias localizados en ese Departamento, más de la mitad (93 denuncias) siguen clasificadas como “en proceso de investigación”. Pero más asombra conocer que la mayoría de ellas tienen dos, tres y cuatro años que fueron depositadas en el DEPRECO.

En efecto, 17 denuncias datan del año 2000, 22 denuncias datan del año 2001 y 23 denuncias datan del año 2002. Eso significa que el 67% de tales casos tienen entre dos y cuatro años, esperando por una decisión de sometimiento o desestimación por parte del DEPRECO.

Esta es una situación preocupante, cualquiera que sea la causa de esa enorme tardanza en la toma de decisiones, tanto porque se retrasa la posibilidad de sanciones para los culpables, como porque se puede prestar a que denuncias sin fundamentos, se mantengan como expedientes abiertos por tiempo indefinido, en perjuicio del buen nombre de las personas involucradas.

En ese sentido, debe decirse que de los 185 casos en el DEPRECO, hasta la fecha de esta investigación, sólo 18, que representan algo menos del 10%, habían sido encontrado con méritos suficientes para ser recomendados para sometimiento al Procurador General de la República.

Igual situación de retardo se presenta en los casos de corrupción localizados en los juzgados de instrucción. Nueve (9) casos fueron localizados en esta instancia, tres (3) de los cuales datan de los años 1996 y 1997 como lo son, por ejemplo, la acusación sobre  Marzouka y compartes por un fraude contra la Lotería Nacional, y el famoso caso de los terrenos de Bahía de las Águilas. Mientras que otros tres (3) que envuelven al INVI, el INESPRE y la construcción de la carretera de Vallejuelo, datan del año 2000 y 2001. Lo anterior significa que el 66% de estos casos tienen entre cuatro (4) y ocho (8) años parados en la instancia de instrucción.

En Cámara de Calificación se encontraron tres (3) casos, de los cuales dos (2) reposan en esa instancia desde el año 2001 y el tercero entró en febrero del 2003.

En el Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional se localizaron diez (10) casos. Dentro de los cuales hay uno desde 1988 y otro desde 1989, así como el resonado “Caso Aduanas” que data de 1994, e involucra a una ex directora de esa institución y 26 personas más. Los casos de menor tiempo en esta instancia datan del año 2001, es decir que tienen por lo menos tres años sin ningún movimiento.

En la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue ubicado un (1) solo caso, el cual data de 1989. Con la agravante de que la documentación correspondiente al mismo no apareció en los archivos de esa Cámara.

Un caso similar de desaparición de documentación es el de la querella del año 1996, contra el Dr. Joaquín Balaguer y varios funcionarios de su gobierno, referente al contrato entre el Estado y el consorcio Hydro-Quebec Sofati para la rehabilitación de la CDE. Los documentos de este proceso no fueron localizados ni en la Procuraduría General de la República donde fue interpuesta la querella, ni en la Suprema Corte de Justicia, institución que le correspondía juzgar a los acusados dada la investidura de los mismos.

En la Suprema Corte de Justicia se encontraron dos casos: el de la entrada ilegal de chinos por la frontera haitiana, que permanece en esta instancia desde julio del 2002, en razón de la jurisdicción privilegiada que le corresponde al Diputado inculpado del hecho; y el caso de los cupones de subsidio del gas propano, llegado en el 2003, por la misma razón de que dentro de los inculpados hay un Diputado que le corresponde esa jurisdicción privilegiada de única instancia.

No vamos a detenernos en esta presentación a analizar la situación de los casos de fraudes bancarios, por ser historia relativamente reciente y conocida por todos los presentes en este auditorio. En el documento aparece la reseña de los mismos, con la identificación de los acusados, acompañada de un análisis del tremendo impacto negativo que la solución de los mismos ha tenido, y seguirá teniendo, sobre la economía del país.

Por otro lado, resulta interesante resaltar que, en los dos decenios que abarca esta investigación, sólo seis casos de corrupción han alcanzado la condición de sentencias definitivas en nuestros tribunales. Y de ellos, en sólo uno (1) hubo condena, pues los inculpados de los otros cinco (5) fueron absueltos en diferentes instancias judiciales.

Asimismo conviene llamar la atención sobre un elemento común a todos los casos de corrupción localizados. Y es que todos los inculpados con casos activos se encuentran en libertad provisional bajo fianza. Provisionalidad que, dada la inercia judicial, en la mayoría de los casos se convierte en libertad definitiva.

Ciertamente, los procesos contra la corrupción han servido para poner de manifiesto la debilidad institucional de un Poder Judicial, en algunos casos cautivo de las presiones emanadas del Poder Ejecutivo y, en otros, paralizado por el miedo al poder económico o a los apellidos sonoros de las personas encausadas.

No olvidemos, además, que una cantidad mayor a los casos localizados, está constituida por aquellos que nunca han llegado a la puerta de un tribunal, por esa perniciosa política de “borrón y cuenta nueva” aplicada por sucesivas administraciones gubernamentales.

Y no es legislación sancionadora de la corrupción lo que ha faltado, sino probidad, valor y responsabilidad de jueces y ministerio público para demostrar que la justicia es igual para todos.

Las previsiones legales van desde la propia Constitución de la República, cuyo Artículo 102 dispone sanciones para quienes sustraigan fondos públicos para provecho personal o proporcionen ventajas a sus amigos o relacionados, hasta el Código Penal que establece penalidades para la prevaricación, desfalco o soborno, cometido por un funcionario público en el  ejercicio de sus funciones.

En adición, el Senado de la República ratificó, en 1998, la “Convención Interamericana contra la Corrupción” que tipifica como delito el incremento patrimonial de un funcionario público cuando dicho aumento no guarda relación con sus ingresos legítimos y no pueda ser razonablemente justificado.

Asimismo, desde el ámbito gubernamental se han producido varias iniciativas mediante decretos del Poder Ejecutivo, tales como: la propia formación del DEPRECO en 1997; la creación de “Comisiones de Ética Pública” en 1998; la conformación del “Consejo Asesor en materia de lucha anticorrupción” en el 2001; y la creación de las llamadas “Auditorías Sociales” en el 2003.

De su lado, organizaciones de la sociedad civil han realizado aportes significativos en la creación de conciencia ciudadana en la lucha contra el flagelo de la corrupción administrativa.

Desde el grupo “Acción Contra la Corrupción” en la segunda mitad del decenio de los 90, hasta el programa “Transparencia & Corrupción” desarrollado por FINJUS en el 2002.

A su vez Participación Ciudadana está desarrollando actualmente el programa “Transparencia de la Gestión Pública” con varios componentes orientados al combate a la corrupción.

El pasado año 2003, a raíz del destape del enorme fraude que afectó el sector financiero, más de 50 organizaciones de la sociedad civil se cohesionaron en la “Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad” escenificando varios actos públicos masivos y manteniendo viva una permanente campaña de presión y denuncias públicas demandando que en esta ocasión la justicia llegue hasta las últimas consecuencias, sancionando a los que resulten culpables de los desfalcos denunciados.

Por su magnitud, este fraude bancario produjo un gran sacudimiento en la conciencia nacional, uniendo por primera vez, en favor de una misma causa, a casi toda la sociedad dominicana.

Es digno de resaltar, sin embargo, que en esta lucha casi unánime por la transparencia y contra la impunidad brillaron por su ausencia los partidos políticos mayoritarios del país. Ninguno de tales partidos hizo pronunciamiento alguno, por mínimo que fuese, exigiendo el esclarecimiento de la situación; y más bien algunos de sus dirigentes dieron inequívocas señales de solidaridad con los principales acusados de los denunciados fraudes.

Es bien conocido, por otro lado, que el método de asignación de obras públicas sin licitaciones y de compras gubernamentales sin los debidos concursos, es una de las principales vías para el desvío de fondos públicos, a través de cubicaciones y facturaciones sobrevaluadas.

Se estima que la asignación de obras y las compras de bienes y servicios públicos por el llamado método de grado a grado, significa una pérdida fiscal de alrededor de 20% del valor invertido o gastado. A lo cual se adicionan significativas erogaciones posteriores, como consecuencia de la mala calidad de obras, generalmente construidas con poca o ninguna supervisión.

Esta es la forma más conocida y directa de favorecer desde el Estado a correligionarios, parientes, amigos o relacionados, con el consiguiente perjuicio para los sectores más pobres de la sociedad que, debido a ese despilfarro de los fondos públicos, no logran la satisfacción de sus necesidades más elementales.

En este sentido, varias organizaciones de la sociedad civil organizada han elevado reiterados reclamos ante el Congreso Nacional en procura de que sea convertido en ley el proyecto de “Contratación pública de bienes, obras, servicios y concesiones” que tiene varios años en poder de los legisladores.

Varios proyectos similares han sido enviados al Congreso por diferentes administraciones gubernamentales, sin resultados positivos hasta la fecha.

Da la impresión de que los incumbentes del Poder Ejecutivo consideran salvada su responsabilidad ante los sectores reclamantes, con el simple envío del proyecto al congreso, para luego desentenderse del mismo sin mayores preocupaciones por la obtención de la sanción congresional.

Es indudable que en ese desinterés por la aprobación de una legislación de esta naturaleza, se combinan las conveniencias del Poder Ejecutivo y el Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo porque el sistema de asignación y compra de grado a grado le ofrece la oportunidad de favorecer amigos o relacionados, así como pagar favores políticos; y en el caso de los legisladores, porque muchos de ellos resultan beneficiarios directos de esa practica reñida con la transparencia y con la pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

Ahora bien, como hemos repetido en ocasiones anteriores, la inexistencia de la ley no puede considerarse obstáculo para que el Poder Ejecutivo invierta eficientemente los fondos públicos. En nuestro criterio, esa ausencia legal quedaría subsanada si los administradores de la cosa pública, empezando por el Presidente de la República, tuviesen la voluntad política para asignar el gasto público siguiendo pautas mínimas de diafanidad y eficiencia.

Pero, al parecer, también en este aspecto la solución tendrá que venir desde el exterior. En efecto, tanto el acuerdo de Libre Comercio recién firmado con los Estados Unidos de América, como el eventual ALCA, contienen cláusulas que hacen obligatoria la licitación para la construcción de obras y compra de bienes y servicios públicos que sobrepasen determinados montos.

Resulta penoso que sean convenios internacionales los que nos obliguen a la transparencia y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

Como es penoso también, que al igual que en muchos otros países de nuestro continente, hasta ahora la única sanción temida contra la corrupción administrativa, es la cancelación o retiro de la visa estadounidense.

Aspiramos a vivir en un país en el cual los servidores públicos tengan la integridad como guía fundamental de sus actuaciones. Pero además, un país con un sistema judicial independiente y fuerte, cuyos miembros tengan la probidad y la entereza para sancionar, sin favores ni temores, y en proporción a la falta cometida, a todos los ciudadanos que infrinjan las leyes, sean estos del sector público o del sector privado.

En ese sentido, Participación Ciudadana promete que seguirá adelante con su programa por la “Transparencia de la gestión pública” y apoyando un mayor fortalecimiento del Poder Judicial. Porque estamos convencidos de que sólo cuando la aplicación de sanciones oportunas sea la consecuencia natural de la violación de la ley, empezará a desaparecer en el país la percepción generalizada de que la justicia es inoperante o de que actúa con marcada parcialidad.

Sólo entonces, cesará la impunidad.

Palabras de Javier Cabreja,  Director Ejecutivo

“Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.”

Este acto de puesta en circulación del libro “Veinte años de impunidad: casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”, el cual es producto de una minuciosa investigación, cuya metodología y resultados serán presentados en la noche de hoy.

Constituye para Participación Ciudadana una profunda satisfacción el poder compartir con ustedes este interesante documento que recoge los hechos de corrupción durante las últimas dos décadas y ofrece información sobre lo que ha pasado con cada uno de estos casos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de uno de los programas que desarrolla nuestra institución, denominado “Transparencia de la Gestión Pública”, el cual procura contribuir con la reducción de la corrupción administrativa y  promover prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público y privado, mediante la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.

Acciones como la promoción de iniciativas legales, la realización de campañas educativas dirigidas a jóvenes y estudiantes, la articulación de la Sociedad Civil en la lucha por la transparencia, el seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el monitoreo ciudadano de la gestión pública, definen las principales líneas programáticas en materia anticorrupción desarrolladas por nuestra organización durante los últimos cinco años.

Con este accionar, reconocemos que no es posible asumir exitosamente el reto del fortalecimiento de lademocracia, del crecimiento económico y de la lucha efectiva contra la pobreza, si no se  aborda de manera responsable, uno de los aspectos más relevantes de la agenda nacional, como lo es el de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

A partir de una primera investigación realizada por PC en el año 2001 se recopiló, en un documento / inventario, toda la normativa legal, bastante amplia por cierto,  sobre control y transparencia en la gestión pública, así como las diversas propuestas presentadas ante el Congreso Nacional.

Con el libro que hoy ponemos en circulación les entregamos los resultados de una segunda investigación que evidencia el sistema de impunidad predominante en el país en materia de corrupción. La pregunta obligada es: ¿para qué  han servido tantas leyes, decretos y reglamentos que procuran enfrentar el flagelo de la corrupción administrativa en nuestro país?.

El documento 20 años de impunidad se centra solo en aquellos casos que han llegado a alguna instancia judicial (ministerio público o tribunales judiciales), sin  incorporar los casos que se quedan en denuncias en los medios de comunicación o como parte del rumor público, lo que sin dudas, haría de éste, un documento mucho más extenso. Los resultados de esta investigación ponen al descubierto la profundad debilidad del sistema de administración de justicia dominicano, en lo concerniente a la  investigación, sanción y castigo de los casos de corrupción pública y privada.

Aunque para muchos, entre los que nos incluimos, no es posible un efectivo combate de la corrupción sin acciones de prevención en el área de la educación o en el establecimiento de controles administrativos,  esto de por sí no es suficiente si al mismo tiempo no existe un sistema capaz de detectar y castigar los hechos de corrupción.  Si el acto corrupto no tiene ningún tipo de consecuencia de carácter legal o social, se crean incentivos para su reproducción. Para algunos, no hay mejor prevención que el castigo mismo de la corrupción.

Este estudio es un compendio de información para la acción, sobre todo para la acción ciudadana de vigilancia y presión para que estos casos no queden en la impunidad, y sean llevados hasta sus últimas consecuencias. Esperamos que este documento se constituya en un instrumento de trabajo para todas aquellas personas e instituciones preocupadas por la institucionalidad en el país.

De igual manera queremos hacer de esta investigación, que toca dos décadas de la vida nacional,  un material que se constituya en antídoto contra la desmemoria social, pues un  sistema de impunidad, además de una justicia débil, se alimenta del olvido ciudadano.  Los dominicanos y dominicanas tenemos el derecho de conocer sobre lo que pasa con aquellos funcionarios que incurren en una administración dolosa de nuestros recursos, pero más que nada, tenemos la responsabilidad de repudiar estos hechos y demandar una pronta sanción para sus autores. Esto sólo es posible si nos resistimos a olvidar.

Permítanme confesarles que estamos seguros de que con iniciativas como estas, Participación Ciudadana sigue demostrando su parcialidad, lo admito, no somos neutros, tenemos una muy clara tendencia hacia la institucionalidad, una absoluta preferencia por la transparencia y una inclinación no oculta por la buena gobernabilidad democrática.

Ayer fueron unos, hoy son otros, mañana pueden ser distintos; no importa quien o quienes se sienta afectados por nuestra actuación, lo que sí  importa,  es que los principios que predica y práctica nuestra institución no son negociables.

Por último, debo destacar que este estudio es resultado del esfuerzo conjugado de distintas instancias y personas a las cuales debemos agradecer. En primer lugar al CN de nuestra organización, por la sabia decisión de  pensar e impulsar el pasado año, una iniciativa de esta naturaleza. A los consultores, Santiago y Melisa Sosa por la calidad del trabajo realizado, a la comisión de transparencia de PC y al excelente equipo de miembros de esta institución integrado por  Alfonso Abreu, Isidoro Santana, Marina Hilario, Fausto Rosario y Pancho Álvarez, quienes trabajaron con dedicación y empeño en  la revisión y ampliación de este documento.  Debo reconocer además, el apoyo brindado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la realización de esta publicación

Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este documento sea de su agrado y utilidad.

En declaraciones de fin de semana, el Presidente de la República,  Agrónomo Hipólito Mejía, sugirió que nuestra organización utiliza las donaciones que recibe para provecho personal de los miembros de sus órganos de dirección.

En ese sentido, nos sentimos en el deber de hacer las precisiones siguientes:

1.Participación Ciudadana desarrolla diversos programas, orientados a promover los valores democráticos y a fortalecer las instituciones dominicanas que dan sustento al Estado de Derecho.

2.El financiamiento de tales actividades proviene de diferentes fuentes internas y externas, que se complementan con la contrapartida aportada por miles de ciudadanos que voluntariamente ofrecen su colaboración desinteresada para el éxito de nuestro trabajo.

3.Dentro de los organismos internacionales que aportan o han aportado financiamiento para los programas de Participación Ciudadana podemos señalar a la USAID, OXFAM, Banco Mundial, Fundación Kellogg, Fundación Friederich Ebert, Unión Europea, PNUD, Gobierno de Inglaterra, Gobierno de Canadá y UNICEF, entre otros. Estos donantes tienen procedimientos de desembolso, supervisión y control de los recursos donados a los que se acoge nuestra institución.

4.En lo que respecta al financiamiento interno, en varias oportunidades hemos recibido el apoyo económico del empresariado nacional para proyectos específicos de nuestra organización.  Basta señalar que en el pasado año 2003 hemos adquirido un local propio con los aportes de varias empresas del país que apoyan el fortalecimiento de la democracia y confían en nuestras labores.

5.Importa señalar que tanto el Coordinador General como los demás miembros del Consejo Nacional y de los diversos organismos de Participación Ciudadana ofrecen un trabajo voluntario a favor de la organización y no reciben remuneración, viático ni dieta alguna por ello.  Más aun, como los demás miembros, los directivos aportan una cuota mensual para contribuir al sostenimiento de la institución.  Las donaciones recibidas se utilizan para financiar las múltiples actividades que desarrollamos y para pagar los salarios del personal técnico que trabaja a tiempo completo.

6.El manejo de los fondos de Participación Ciudadana es objeto de una auditoría externa anual, cuyos resultados son enviados a todas las instituciones internacionales donantes. Aquellos ciudadanos, incluyendo el Presidente de la República, que deseen mayor información sobre el origen y destino de los fondos recibidos por Participación Ciudadana, sólo tienen que acceder a nuestra página Web en Internet (www.pciudadana.com) en la cual encontraran el detalle de los mismos.

7.Finalmente, deseamos aclarar que en Participación Ciudadana se practica la pluralidad política e ideológica.  La única limitación para ser miembro de sus órganos de dirección, en adición a la integridad personal y la adhesión a la visión y principios de la organización,  es la de que el ciudadano no sea al mismo tiempo dirigente de un partido político o funcionario gubernamental.  Por consiguiente, consideramos legítimo que cualquiera de nuestros miembros acepte desempeñar una función pública.  Podemos señalar, además, que los únicos dos exdirigentes de nuestra organización que han ejercido cargos públicos de relevancia, han dado ejemplos de transparencia y pulcritud en el desempeño de sus funciones.

Uno de los factores que tradicionalmente rompe el equilibrio de la competencia electoral es el uso de los recursos públicos para promocionar los candidatos patrocinados por el partido que detenta el poder y que, por ende, maneja el presupuesto nacional.

Este factor negativo tiende a acrecentarse cuando el candidato del partido de gobierno es el propio Presidente de la República, en búsqueda de la reelección.

Por esa razón en el pacto de ética electoral, que hemos propuesto a todos los partidos políticos, se han incluido como puntos que deben ser observados, los dos siguientes:

“8: Que no se utilicen, directa o indirectamente, los recursos del Estado aportados por los contribuyentes a favor de partidos políticos o candidatos, a excepción del financiamiento que les otorga la ley”.

“9: Que no se realice proselitismo o propaganda partidista en las inauguraciones de obras públicas tanto del gobierno central como de los gobiernos municipales, así como en la ejecución de las políticas sociales”.

No obstante lo anterior, hemos estado constatando con preocupación que, de manera sistemática, se están usando los actos de inauguración de obras públicas para la realización de un abierto proselitismo a favor de la reelección presidencial.

La mejor forma de evitar ese conflicto de intereses es mediante la solicitud de licencia durante el periodo electoral, como se le ha pedido al Presidente Hipólito Mejía de manera reiterada.

Empero, no habiendo obtemperado el señor Presidente a esa solicitud ética, lo menos que debería hacer es descontinuar la práctica de usar las inauguraciones de obras gubernamentales como plataforma proselitista.

SANTO DOMINGO, 8 MARZO 2004.  El Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD) en Republica Dominicana y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, firmaron un acuerdo interinstitucional y de cooperación a fin de trabajar en el proyecto de integración de la sociedad civil al proceso electoral y la capacitación de las mesas electorales.

La firma de este convenio se llevó a cabo en la sede de Participación Ciudadana, organización de la sociedad civil integrante de la Coalición.

Este proyecto es el resultado de  un acuerdo  entre la Junta Central Electoral y la  Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, la cual esta conformada por 52 organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil.  El proyecto será ejecutado por  Participación Ciudadana, uno de los miembros de la Coalición con mas experiencia en el manejo de  temas electorales.

El proyecto contempla actividades a corto y largo plazo. Entre las actividades  a corto plazo se  llevara a cabo la integración de  miembros de  organizaciones de la sociedad civil a las mesas electorales y su   capacitación.    A largo plazo se  formulara una propuesta para la modernización del registro civil, la documentación y divulgación de  los resultados de las intervenciones y las lecciones aprendidas. .

El PNUD  en el marco de  seguimiento a la declaración del milenio, firmada por Republica Dominicana junto a otros 188 miembros en septiembre del 2000, apoya al país en el cumplimiento de sus compromisos. Esta declaración insta por el  fortalecimiento y la democratización de las instituciones a fin de que todos los ciudadanos, incluidas las mujeres y personas en situación desventajosa, participen en las  políticas gubernamentales y en las prácticas del gobierno.

La firma del acuerdo la hicieron Alfonso Abreu Collado, coordinador General de Participación Ciudadana, en representación de la  Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Sr. Niky Fabiancic, coordinador Residente de las Naciones Unidas y represente residente del PNUD.

Elecciones Presidenciales del 2004
República Dominicana

Las elecciones presidenciales y el proceso previo a las mismas, representan para los dominicanos y las dominicanas una excelente oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que estamos preparados para asumir los compromisos que conlleva la democracia. La celebración de un torneo electoral legítimo debe transformarse en la base para la concertación entre los distintos sectores del país con el objetivo de lograr un desarrollo integral de la nación.

Es deber de los partidos y las agrupaciones políticas participar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, como una forma de garantizar la libertad y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. En especial se reconoce la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad e independencia de la Junta Central Electoral.

La democracia es más que votar cada cuatro años, ya que debe abarcar la totalidad del proceso de participación de la ciudadanía en la vida política de su país. Por eso debe ser intención y voluntad de los partidos y las agrupaciones políticas propiciar un torneo electoral en el cual predomine el respeto a la dignidad de la persona humana, el debate de las ideas y programas de gobierno y el respeto a la voluntad popular traducida en el voto libremente emitido y honestamente escrutado.

El proceso electoral debe ser transparente desde la convocatoria y organización de la consulta hasta la proclama fidedigna de sus resultados, como condición indispensable para la profundización de la democracia. En tal sentido, los partidos y sus candidatos, los organismos del Estado, las autoridades electorales, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, deben velar para que en el proceso electoral prevalezcan las siguientes condiciones:

1.Un ambiente propicio al debate y la discusión de programas, ideas y temas fundamentales para la nación y no por ataques y diatribas personales.

2.El desarrollo de parte de cada partido de campañas electorales inspiradas en el fortalecimiento de la democracia y valores de paz, respeto a los derechos humanos y educación cívica del pueblo.

3.La independencia de la Junta Central Electoral en el orden financiero, jurisdiccional e institucional y que los diversos actores propicien un clima que permita que la JCE cumpla cabalmente con sus funciones de máximo rector y garante de un proceso electoral imparcial, efectivo y transparente.

4.Que las instituciones judiciales, policiales, de investigación y otros organismos del Estado, no sean utilizados como mecanismo de persecución o represión o para coartar de cualquier forma el libre ejercicio del derecho al voto.

5.Que los partidos y candidatos  se comprometan con la no-violencia y a evitar la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones, incluso los mecanismos privados intimatorios y represivos y a impulsar entre su militancia acuerdos de no-agresión verbal o física, a fin de propiciar un clima de entendimiento.

6.No auspiciar mensajes violentos, calumniosos, irrespetuosos o discriminatorios por causa de sexo, raza, edad, extracción social, religión o ideología.

7.Velar para que las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y las libertades ciudadanas sean respetadas por las autoridades y a exigir de sus miembros estricta responsabilidad ciudadana.

8.Que no se utilicen, directa o indirectamente, los recursos del Estado aportados porlos contribuyentes a favor de partidos políticos o candidatos, a excepción del financiamiento que les otorga la ley

9.Que no se realice proselitismo o propaganda partidista en las inauguraciones de obras públicas tanto del gobierno central como de los gobiernos  municipales, así como en la ejecución de las políticas sociales

10.Que los partidos y sus candidatos garanticen la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones que reciban y rindan cuenta del uso que dan a estas donaciones

11.Evitar el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas en toda manifestación de tipo político.

12.Respetar el medio ambiente en todas las actividades electorales, protegiendo los árboles y demás recursos naturales contra el uso de la pintura, colocación de afiches o cualquier otro tipo de propaganda.

13.No colocar propaganda en los locales gubernamentales, municipales y judiciales, en monumentos, en propiedad privada ni en sitios que impidan la visibilidad de conductores o la circulación de peatones

14.Evitar toda manipulación política indebida o inmoral, como por ejemplo las falsas denuncias, la divulgación irresponsable de encuestas falsas o amañadas durante la campaña, la oferta de empleos y la compra de votos, respetando la estabilidad del servidor público y sus derechos a la libre militancia política.

15.Incentivar la participación de la ciudadanía en la discusión de los programas y proyectos y a cooperar en la observación de todo el proceso electoral.

16.Propiciar, después de las elecciones, un período de transición normal, armónico, transparente y pacífico, en aras del interés nacional por el fortalecimiento sostenido del sistema democrático.

EXHORTACION

Participación Ciudadana solicita a los medios de comunicación social que difundan y apoyen  permanentemente la vigencia de este Código de Ética Electoral, de manera  que la ciudadanía lo conozca, asimile y colabore con su ejecución, al igual que cualquier otro proyecto que promueva los valores cívicos. También que auspicien el debate democrático de ideas y programas y que mantengan siempre la apertura y respeto por todas las opciones partidarias, favoreciendo la transparencia y la equidad.

Exhortamos a la Junta Central Electoral a cumplir con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad, transparencia y eficiencia en todas las etapas del proceso electoral, y a expresar su disposición a hacer cumplir el presente Código de Ética Electoral.

Invitamos  a las ciudadanas y ciudadanos, las organizaciones cívicas y al público en general a respaldar y dar seguimiento al Código de Ética Electoral.

Exhortamos a los Partidos Políticos adoptar a lo interno los mecanismos necesarios para la permanente vigencia de los principios del Código de Ética Electoral, de tal forma que sean conocidos y  respetados por su membresía.

El cumplimiento de los aspectos reseñados en este código constituirá el eje principal de la observación preelectoral de nuestra organización y de la red nacional de organizaciones de la sociedad civil que nos apoya.

Participación Ciudadana y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad realizaron un encuentro con los representantes de la comunidad internacional acreditados en el país, a fin de presentar un análisis a la historia electoral dominicana perspectivas para los comicios del 2004 y el plan de observación que desarrollará esta institución para  las elecciones venideras.

Las palabras de bienvenida de esta actividad la presentó  el coordinador general de PC, Alfonso Abreu Collado; a seguida Juan Bolívar Díaz presentó un análisis de la coyuntura política electoral del país, el cual recoge la historia electoral dominicana y el director ejecutivo de PC, Javier Cabreja presentó  el programa de observación electoral que desarrollará PC.

Este encuentro que tenía el propósito de presentar un análisis coyuntura de la situación política a nivel general del país  asistieron representantes de las comunidad internacional acreditados en el país, quienes en su intervención hicieron énfasis en la necesidad de garantizar un proceso electoral diáfano y transparente.

Las posibles dificultades en la organización del proceso electoral y los avances logrados hasta el momento, fueron los temas de discusión en el encuentro con embajadores y organismos internacionales.

A continuación las palabras de Alfonso Abreu Collado, Coordinador General,

en el almuerzo con representantes diplomáticos y de organismos internacionales acreditados en el país

Nos complace expresar la satisfacción de Participación Ciudadana por la presencia en esta sala de los miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señores Embajadores o sus representantes, así como de los representantes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan.

Gracias a todos por aceptar nuestra invitación.

En ocasión de procesos electorales anteriores, Participación Ciudadana ha organizado eventos similares a este, con la finalidad de compartir con ustedes nuestra apreciación de la coyuntura y explicarles las acciones que nos proponemos desarrollar para contribuir a la celebración de unas elecciones presidenciales donde la voluntad del electorado dominicano pueda expresarse libre y soberanamente.

En esta oportunidad las elecciones están signadas por un alto grado de conflictividad, expresada, en primer lugar, en las contradicciones intrapartidarias que han ocasionado grandes fisuras, en por lo menos dos, de los partidos políticos de mayores simpatías dentro de la población.

El partido oficial todavía no ha logrado unificar su estructura dirigencial, la cual ha sufrido varias rupturas, a propósito del tema de la reelección presidencial.

Como se conoce, la consagración constitucional de la no reelección consecutiva del Presidente de la República, fue una de las principales conquistas alcanzadas por el país en el año 1994, a raíz de la grave crisis política a que condujo el comprobado fraude electoral de ese año.

Fue lamentable, por consiguiente, que ocho años después, el actual partido oficial, aprovechando su mayoría congresional, introdujera de nuevo la reelección en nuestra constitución, con toda su peligrosa secuela, en países con instituciones tan débiles como en nuestro caso. Y es que, en esas circunstancias, la competencia electoral tiende a desequilibrarse por el uso de los fondos públicos y de otros ilimitados recursos inherentes al propio ejercicio del poder político.

Es indudable que ese retroceso constitucional ha sido la principal causa de la división del actual partido oficial, así como de que las próximas elecciones tengan ese ingrediente adicional de pugnacidad.

Como también es un factor determinante en la percepción ciudadana, reflejada en las encuestas, de una JCE con escasa credibilidad, fruto de que la mayoría de sus miembros fueron seleccionados de manera unilateral con el auspicio del mismo sector partidario responsable de la reforma constitucional.

En este panorama, no resulta alentador conocer que en esta ocasión contaremos con la presencia de menos organismos internacionales en la observación electoral.

Entendemos que parte de esa ausencia podría ser suplida, si el día de las elecciones, el cuerpo diplomático acreditado en el país como un todo o cada uno de sus miembros individualmente, se constituyen en organismo de observación itinerante, que sirva de refuerzo y complemento a la observación que realizará PC antes, durante y después del escrutinio del 16 de mayo próximo.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana expresó  hoy su preocupación por la alta carga de violencia verbal que tienen las declaraciones y discursos de una parte de los candidatos a la presidencia de la República.

Alfonso Abreu Collado, Coordinador General de la organización, deploró el tono de los pronunciamientos recientemente realizados por el Presidente Hipólito Mejía y el candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, que se fundamentan en recriminaciones y epítetos que en nada contribuyen a crear el clima de distensión que amerita el actual proceso electoral.

El Coordinador General declaró que “es  penoso  que estos dirigentes políticos no hayan escuchado el llamado de la ciudadanía que les pide una campaña propositiva, fundamentada en programas de gobierno que planteen solución a los graves problemas sociales y económicos que aquejan a la inmensa mayoría del pueblo dominicano”.

La organización cívica planteó la necesidad de que la Junta Central Electoral llame la atención a los diferentes partidos políticos que están participando en el presente torneo electoral, a fin de que ajusten sus actividades a la legislación y reglamentos vigentes que prohíben de manera expresa el uso de frases y conceptos que atenten contra “la decencia, el decoro y la dignidad  de las agrupaciones o partidos políticos adversos y sus candidatos”.

Informó finalmente la organización cívica que en los próximos días contactará los equipos técnicos de los diferentes partidos políticos con el propósito de  promover los encuentros de discusión de los programas de gobierno con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

Sectores reclaman eficiencia y rapidez en la justicia

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), la Fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento cívico no-partidista Participación Ciudadana realizaron el evento “¿Qué pasará en la Justicia? Compromisos del 2004”, con la participación de los líderes políticos y judiciales del país.

En este actividad diez destacadas personalidades del sector justicia y políticos dieron su visión particular sobre dos preguntas: ¿qué debe pasar en la justicia en el 2004? y ¿cuál es el compromiso de sus instituciones con el fortalecimiento del estado del derecho y el sistema de administración de justicia?

Las ponencias presentadas expusieron  lo que es previsible, a su entender, de los cambios que se aproximan durante los próximos meses, adicional a un esbozo sobre las medidas, proyectos, iniciativas y compromiso de la institución que dirige, con miras al fortalecimiento del sistema de administración de justicia y del estado de derecho de la República Dominicana.

Este evento que fue moderado por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, se pensado para la participación de las más respetadas personalidades del sector justicia. Los expositores fueron: Alfredo Pacheco – Presidente de la Cámara de Diputados;  Jorge A. Subero Isa – Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Víctor Céspedes – Procurador General de la República;  Eduardo Estrella – Candidato presidencial por el PRSC; César Pina Toribio, en  representación del  PLD; Julio Terrero – Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD); Fabiola Medina – Fundación Institucionalidad y Justicia y  Alfonso Abreu Collado – Participación Ciudadana

En las diferentes intervenciones los exponentes plantearon la necesidad  de eficientizar y la rapidez con que debe actuar la justicia dominicana.

A continuación ponencia presentada por el Coordinador General de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado

En nuestra opinión, los ciudadanos esperan que el sistema judicial reúna, entre otras, las tres características siguientes:

1.Un sistema judicial que actúe con total independencia, no sólo del poder político que se expresa a través de los demás organismos del Estado, sino también con independencia del poder económico que se manifiesta a través de grupos y personas, que por sus niveles de ingresos o de riquezas, devienen en poderosos poderes fácticos, sobre todo ante la presencia de instituciones tan débiles como las nuestras.

2.Un sistema judicial eficiente en su tarea principal, que no es otra que administrar justicia con decisiones oportunas y apegadas estrictamente a lo que pautan tanto la Constitución de la República como las leyes, reglamentos y normas que conforman el Estado de derecho del país.

3.Un sistema judicial cuyos tribunales estén conformados por personas que no sólo tengan los conocimientos necesarios para impartir justicia con sabiduría y equidad, sino que estén investidas de una incuestionable probidad, que garantice que sus decisiones no estarán influenciadas por el poder o por el dinero de los sujetos involucrados en los conflictos que les toca dirimir.

Sólo cuando existe un sistema judicial que reúne las características anteriormente señaladas, pueden los ciudadanos sentirse confiados en acudir a los tribunales cuando sienten vulnerados sus derechos, sean estos de carácter social, político o económico.

Podría afirmarse que el sistema judicial dominicano está adornado de esos atributos?  

La realidad es que, a partir de la reforma del año 1994, se han logrado importantes avances en el ámbito judicial, que van desde la creación del Consejo Nacional de la Magistratura como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia hasta la independencia administrativa y la relativa independencia económica a través del manejo de su propio presupuesto; pasando por el establecimiento de la inamovilidad y la carrera judicial. Sin olvidar la importante labor de capacitación y entrenamiento desarrollada por la Escuela Nacional de la Judicatura.

Es indudable que estas medidas han contribuido a fortalecer el Poder Judicial, al conferirle a los jueces garantías de estabilidad, permanencia y posibilidad de ascenso en su carrera profesional.

Sin embargo, no es menos cierto, que todavía persisten muchas deficiencia que deben ser superadas para que la ciudadanía cambie su percepción de que, en el caso dominicano, a la diosa Temis se le ha caído la venda o le han puesto una venda transparente.

No parecen casuales los resultados encontrados en las diferentes encuestas realizadas en torno a la percepción de los dominicanos sobre la justicia. Ya en la encuesta DEMOS 2001 se encontró que para el 48% de la población la justicia funciona mal y muy mal, mientras que sólo el 30% consideró bien su funcionamiento.

Pero más grave aún, es el resultado obtenido en el “Diagnostico y consulta sobre las necesidades judiciales desde la perspectivas de las organizaciones comunitarias” realizado entre noviembre del 2002 y enero del 2003, propiciado por FINJUS y Participación Ciudadana, con el auspicio del Programa de Reforma y Modernización del Estado (PARME) y el apoyo de la Unión Europea. Esta vez el 83% de las organizaciones entrevistadas consideró que la justicia funciona mal y sólo el 11.5% ponderó bien su funcionamiento.

Esas percepciones negativas indican que la justicia dominicana tiene muchas tareas pendientes. En ese sentido, consideramos que en el año 2004 podría concentrar sus esfuerzos en mejorar, por lo menos, los dos siguientes aspectos:

a)     Disminución de la mora judicial, a través de fallos oportunos y sin dilaciones innecesarias. Este resultado puede obtenerse, en el área penal, por ejemplo, con un esfuerzo adicional de los jueces para decidir en la misma audiencia la mayor parte de los incidentes, que usualmente tienen como única finalidad retardar los procesos. En este mismo orden, corresponde a la Suprema Corte de Justicia desalentar con decisiones rápidas, las conocidas triquiñuelas usadas con fines dilatorios, como lo es la recusación de jueces, muy utilizada, sobre todo, en los casos de corrupción.

b)     Este año 2004 puede resultar muy provechoso para el Poder Judicial, si empieza a demostrar que la justicia es igual para todos. Los casos de corrupción ya no sólo involucran a funcionarios o ex-funcionarios públicos sino también a influyentes personas, familias y empresas del sector privado. La opinión pública está expectante, con la esperanza de que esta vez no prevalecerá la impunidad. Los casos de corrupción de cualquier naturaleza deben merecer la prioridad de nuestros jueces dentro del esfuerzo colectivo de derrotar esta perniciosa práctica que pone en peligro la vida institucional y fomenta la pobreza del país. La lentitud en el desarrollo de los procesos de esta naturaleza reforzaría la percepción de que nuestro sistema judicial es cómplice de la impunidad que nos arropa.

Por otro lado, este es el año de la entrada en vigencia del Estatuto del Ministerio Público. Aunque la ley que se aprobó no es perfecta, entendemos que puede servir de base para comenzar a trabajar seriamente por un ministerio público independiente y eficiente. Para lo cual es indispensable que durante el 2004 la carrera del ministerio público comience correctamente. Vale decir, que solo ingresen a ella candidatos debidamente depurados, a través de un proceso de evaluación riguroso y transparente, que aleje la tentación de contaminar la selección con simpatías partidarias. La forma de designar a los miembros del ministerio público ha cambiado por mandato de la ley. Debemos estar vigilantes para que la misma se respete.

Renovamos aquí el compromiso asumido y sostenido por Participación Ciudadana, de participar en el proceso de reforma judicial desde nuestra posición de organización de la sociedad civil. Nuestra labor ha sido y será de vigilantes del proceso, prestos a denunciar los peligros que se ciernen sobre el mismo, provengan desde dentro o desde fuera del Poder Judicial. Además continuaremos siendo proactivos, ofreciendo colaboración para facilitar el indispensable acercamiento entre ministerio público, jueces y ciudadanos, así como sugiriendo ideas que puedan contribuir a mejorar el avance o a evitar retrocesos.

Participación Ciudadana demanda que en el caso de las irregularidades encontradas en la implementación del plan RENOVE, la Procuraduría General de la República cumpla con su deber de poner en movimiento la acción pública contra los responsables de tales irregularidades, basado en la auditoria realizada por la Contraloría General de la República.

La gravedad de los hechos señalados en la  referida auditoria, indica que debe darse prioridad a este caso, investigándose exhaustivamente e identificando a los responsables de las irregularidades, sin importar los sectores que estén involucrados.

La Procuraduría General, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), tiene la oportunidad de dar un tratamiento objetivo e imparcial a un caso como el señalado, que procede de la administración de la que esta institución forma parte. Es necesario que exista una real voluntad política de parte de las autoridades para llevar este caso hasta sus últimas consecuencias.

La ciudadanía espera que las investigaciones se realicen apegadas a la defensa del patrimonio público.  Este caso no puede constituirse en uno más que queda en la impunidad, por lo que demandamos una explicación clara y convincente sobre los resultados arrojados por la auditoria realizada al plan Renove y sobre todo la identificación de los responsables y su sometimiento a los tribunales correspondientes.