Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó este martes los principales resultados del diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. Este estudio, dirigido a integrantes de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia y de sus organizaciones aliadas, analiza la percepción de seguridad y violencia, la victimización y la efectividad de los canales de denuncia; así como los efectos de la inseguridad y la violencia sobre las actitudes y estilos de vida de la población encuestada. 

Al consultar sobre los principales problemas del país, el 78.7% reportan la delincuencia como uno de los principales males, seguido del desempleo 73.96%, la corrupción 70.41%, la crisis de valores 65.09% y la violencia 61.54%, señala el estudio. 

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, puntualizó que la violencia y la delincuencia cobran un alto costo a nivel de la economía, en lo social, político, y afectan derechos fundamentales como el de vivir en paz, afectando el libre tránsito y la estabilidad emocional en general. 

“Para que haya una política de seguridad ciudadana cercana y conteste con procesos democráticos hay que elevar los procesos preventivos y atacar los factores estructurales que han sido identificados. Una reforma policial que ponga este órgano al servicio de la población en condiciones de dignidad, plan de desarme, lucha contra las drogas y el narcotráfico, programas que creen oportunidades de desarrollo y empleo para los jóvenes y una perspectiva integral son algunos de los pasos fundamentales que hay que impulsar”, señaló Lorenzo.            

La percepción de seguridad, y cómo se experimenta la violencia, resulta importante para comprender el uso del espacio público. De los encuestados, 8 de cada 10 personas, reportan que vivir actualmente en su municipio es inseguro. Esta percepción de inseguridad es mayor en mujeres que en hombres. Estos datos según presenta el estudio evidencian la necesidad de impulsar políticas de seguridad ciudadana que tomen en cuenta las experiencias diferenciadas de hombres y mujeres en el espacio público. 

 “La delincuencia continúa estando presente en el imaginario social de los-as dominicanos-as como una de las principales preocupaciones. Las políticas públicas de seguridad ciudadana han obviado en sus abordajes la estricta vinculación con lo local. Estos resultados resultan esenciales para orientar el diálogo y la concertación con actores locales vinculados con la respuesta y atención a la criminalidad y la inseguridad, y transitar hacia un abordaje integral y de derechos”, precisó el movimiento cívico. 

Con respecto a la sensación de miedo en el municipio, 94.68% de los-as encuestados-as reportan en alguna media sentir miedo a la delincuencia y el crimen en sus municipios. Estos reportan sentir un poco de miedo 33.14%, algo de miedo 30.18% o mucho miedo 31.36% respectivamente. Sólo el 5.33% manifestó no sentir nada de miedo. 

Los resultados de este estudio también evidencian cómo producto de la inseguridad, violencia y delincuencia se han transformado los estilos de vida de los-as encuestados-as. Por temor a la delincuencia, 59.17% reporta haber dejado de salir de casa de noche, 50.3% ha decidido dejar de usar algunas vestimentas y joyas, y 39.05% ha abandonado participar en actividades de diversión. 

Asimismo, para evitar robos a la vivienda, se reporta con mayor frecuencia en el grupo participante, estrategias como poner verjas de hierro (69.23%), reforzar seguridad de puertas y ventanas (58.58%) y tener perros (49.11%). 

Aunque la confianza de la ciudadanía es dinámica, y está determinada a partir de su relación con el Estado y el acceso a derechos, y en esta particular, mediada por las experiencias de inseguridad y delincuencia. Como ha sido tendencia en las últimas encuestas de cultura política, por un lado, los-as encuestados-as reportan altos niveles de desconfianza con los partidos políticos (67.46%), el Congreso Nacional (48.52%) y el Ayuntamiento Local (46.15%). Estos datos enmarcan un llamado de atención al problema de la confianza ciudadana en las instituciones tradicionales de la democracia, producto de la crisis de representatividad y legitimidad política. 

Por otro lado, más de la mitad de los consultados expresan alta desconfianza con la Policía Nacional (55.62%), esto representa una alerta importante a la institución principal para proteger a la ciudadanía de las violaciones de su seguridad. Esto evidencia en que la razón principal por las que las víctimas de algún acto delictivo, no presentaron sus denuncias, se debe a que entienden que no sirve de nada (66.64 %). 

Sobre el diagnóstico 

Este documento comprende los resultados principales del diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia para Participación Ciudadana y la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia durante el mes de febrero de 2022. Ha sido realizado por los sociólogos e investigadores sociales, Ángel Serafín Cuello P. y Adria Yelina De la Cruz, y refleja las opiniones de actores miembros y vinculados a la red en las localidades del Distrito Nacional, Santiago, Higüey, La Romana, Sosúa, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santiago Oeste (Cienfuegos). Por su naturaleza descriptiva y exploratoria, los resultados muestran exclusivamente la percepción de este grupo específico.   

Martes 1ro de marzo del 2022 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana realizó el acto de clausura y entrega de certificados del diplomado en Administración, Función pública y Ciudadanía, el cual tuvo como finalidad fortalecer las capacidades de 40 líderes y lideresas de los municipios de Barahona, Azua, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de la institución, quien señaló que el consorcio de organizaciones buscaron con este diplomado contribuir con el proceso de formación y capacitación de actores sociales y servidores públicos, para que sean ciudadanos y ciudadanas comprometidos, capaces de impulsar en sus comunidades acciones que fortalezcan la administración pública y contribuyan a la mejora en la calidad de los servicios públicos y por ende en su calidad de vida.

“Nuestra organización, entiende la importancia que tiene la formación en la incidencia social de hoy en día, y es por ello que propicia este tipo de actividades formativas en el interés que cada uno y cada una de ustedes se convertirán en entes multiplicadores en sus espacios de trabajo y en sus respectivas comunidades”, señaló Lorenzo a los graduados.

Este diplomado reforzó los conocimientos y herramientas analíticas, metodológicas y conceptuales, aportando a una mayor articulación y cooperación de la ciudadanía en el proceso de reforma y modernización de la administración pública.

La actividad contó con la conferencia de Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, quien abordó algunos aspectos que de esta dirección se están trabajando para la descentralización de las compras públicas, ya que las mismas están centradas en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago.

“Si bien el Estado tiene que comprar, hay que crear los mecanismos para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser proveedores de forma asequible para todos y todas, incentivando la participación de los productores nacionales, para que estos suplan a las instituciones públicas, contribuyendo a hacer frente al desempleo y dinamizando la economía”, señalo Pimentel.

Además, abordó la importancia del uso del portal web de compras y contrataciones, para eficientizar el proceso de compras públicas y el desarrollo del país.

En la clausura estuvo presente, además, Gustavo Barry, coordinador del diplomado. Esta capacitación se dio en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos (PARAP II)” que implementan Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad y Ciudad Alternativa, con el auspicio de la Unión Europea.

28 de febrero del 2022

Realizan llamado al presidente Abinader para incluir demandas sociales en su agenda

Santo Domingo, República Dominicana. – A propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el consorcio de la sociedad civil conformado por Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, y Ciudad Alternativa, lanzaron la campaña ¨Gestiona con calidad¨ con la finalidad de elevar la eficiencia en los servicios públicos, realizando un llamado al mandatario a incluir en su agenda una respuesta a los reclamos sociales pendientes.

En ese sentido, el consorcio pidió al mandatario ejecutar los puntos 3 y 4 de su propuesta de Programa de Gobierno 2020-2024, que establecen la intención de crear una verdadera institucionalidad en el país, permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los servicios públicos de calidad, además de garantizar derechos como la libertad de creencias políticas, religiosas o de preferencia sexual, así como, los de salud, educación y el principio de no discriminación que se ha visto amenazado.

Por estas y otras razones, en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública que garantice los Derechos Humanos”, que ejecuta el consorcio, articulado con decenas de organizaciones a nivel nacional se unieron para demandar que los servicios ofrecidos a la ciudadanía por las instituciones públicas del país,  se presten desde la perspectiva de género, para así garantizar la inclusión, participación y aplicación de las normativas y mecanismos establecidos que garanticen una buena calidad en las funciones del Estado para con la población.

Con este llamado, se busca que los servidores y las instituciones de la administración pública puedan transformar positivamente la oferta de servicios que ofrecen, tomando en cuenta los reclamos que la ciudadanía expresa tras malas experiencias, pero también identificando buenas prácticas mediante la sensibilización a los servidores del Estado sobre cómo y por qué mejorar las condiciones en las que realizan sus labores, así como, la efectividad de sus acciones en favor de la sociedad que solicita sus servicios como representantes de la institucionalidad del país.

Los creadores de la campaña recordaron que desde hace meses se vienen realizando una serie de acciones desde el proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública que garantice los Derechos Humanos”, en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP II), con el financiamiento de la Unión Europea. 

Con la intención de contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la modernización del Estado, con instituciones que promueven la equidad, actuando con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa en República Dominicana.

Las organizaciones detrás de esta iniciativa exhortaron a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ser parte de esta campaña, que visiten la página web www.igualdad.edu.do y las redes sociales del consorcio donde podrán dar el seguimiento al contenido de la misma.

Por: Eudy Alberto Jimenez

El voto preferencial o voto de preferencia es un sistema, el cual permite a las y los electores sufragar por el candidato o candidata de su elección, de una lista presentada por una agrupación política en una determinada circunscripción.

Dicho sistema se utilizó a partir de las elecciones congresuales del 2002, por lo que, por primera vez, las y los electores pudieron elegir con libertad su candidatura preferida. Este fue aplicado en los comicios del 2006, 2010, 2016 y 2020. A nivel municipal, se implementó por primera vez en las elecciones del 2020.

De cara a las próximas elecciones, la Junta Central Electoral ha propuesto una serie de modificaciones a la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y a la Ley No. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, sugiriendo la eliminación del voto preferencial en el nivel municipal, con el fin de que las y los regidores sean electos mediante listas cerradas y bloqueadas, es decir, que no se podría escoger directamente el regidor o regidora.

En este sistema, el o la votante se ve en la necesidad de escoger de forma impersonal, a modo de partido político, reconociéndose el beneficio del voto a la oferta partidaria y no al postulante directamente, por lo que, en tal caso, la atribución de escaños obtenidos por un partido se hace siguiendo el orden establecido por la lista.

Por su parte, el voto preferencial se ejerce mediante listas cerradas y desbloqueadas donde se escoge al aspirante al cargo electivo sin importar la posición en que se encuentre colocado en la lista. El voto preferente es justamente el código para desbloquear las listas cerradas.

Entre las motivaciones que la Junta Central Electoral ha indicado para eliminar el voto de preferencia se encuentran: el aumento de los conflictos intrapartidarios, el alto costo de las campañas electorales, la complicación del proceso operativo del escrutinio y la configuración de un sistema político donde se prioriza personalidades, por encima de las propuestas programáticas o ideológicas.

A su vez, con la modificación de la Ley de Partidos, propone regular los gastos que realicen las y los precandidatos para las actividades de proselitismo interno durante la precampaña, mitigando con ello, una de “las consecuencias del voto preferente” y que provoca los conflictos y desigualdades entre candidatos y candidatas. Las otras motivaciones señaladas por la Junta Central Electoral para eliminar el sistema de voto preferente no tendrían asidero si existiesen los controles adecuados, que son consecuencia por la falta de reglas claras de las organizaciones involucradas y no por el sistema como tal, por tanto, subsanar o regular muchas de estas prácticas, permite al sistema de voto preferente subsistir.

No es la primera vez que se intenta suprimir este sistema, ya que para el 2010, la Junta Central Electoral a través de la resolución No. 74-2010 dispuso su eliminación argumentando que afecta la democracia interna de los partidos. Sin embargo, en desacuerdo con esta iniciativa, la Cámara de Diputados lo restableció para el 2013 con la Ley Núm. 157-13.

Para la fecha, la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana expresó que la derogación del voto preferencial significaba un retroceso en la democracia dominicana, porque con esto se eliminaba la libertad dada al elector de escoger al candidato  o candidata de su preferencia y que por tanto, el voto de preferencia no había sido el culpable del incremento de los conflictos a lo interno de los partidos políticos, sino que estos fueron causados por la utilización desigual de los recursos en el proceso de competencia electoral.

En ese sistema cerrado y bloqueado, como propone implementar nuevamente la Junta Central Electoral, las y los candidatos que encabezan las listas de los partidos mayoritarios aventajan al resto de su propia boleta, así como la de los partidos minoritarios. Por ello, los y las postulantes colocados en los primeros lugares de las listas eran regularmente personas escogidas por las cúpulas partidarias instituyendo una elección antidemocrática.

También, puede causar un efecto adverso y producir altos niveles de abstención en las elecciones municipales, principalmente por dos cosas: 1) Las candidaturas postuladas presentan escasa legitimación producto de un proceso anti-democrático a lo interno del partido, siendo no capaces de capturar el interés electoral de las y los ciudadanos y 2) Produce un alto grado de desconfianza cuando voluntariamente no se animen a ejercer el derecho al voto, al tener que votar por una lista y no por un candidato o candidata.

Por su parte, la adopción del voto preferencial en las elecciones municipales pudiera resultar en un proceso complejo, pero, a nuestro parecer, el más democrático. La experiencia obtenida en la aplicación de este sistema en los comicios anteriores debe servir para no invalidar técnicamente, sino para intentar avanzar en mejores prácticas y en nuevos controles.

La aplicación de este sistema da lugar a la obtención de un mayor margen de selección por parte del electorado, eligiendo a quien prefiere para representar el partido. También, provoca una relación directa entre postulantes y electores empoderando al votante. Crea, además, una situación favorable para los y las aspirantes, puesto a que las posibilidades de vencer no se ven limitadas por el lugar que ocupen en la lista de la boleta electoral.

Otras de las ventajas que ofrece este sistema es suprimir la práctica antidemocrática ejercida con anterioridad a lo interno de los partidos, cuando las y los candidatos se escogían por las cúpulas partidarias y eliminar la práctica de despojar a quienes legítimamente las habían obtenido con el voto favorable de la militancia, extendiendo el ambiente democrático al torneo electoral y responsabilizando aún más las funciones públicas del regidor o regidora en favor de la ciudadanía.

A partir de la implementación del voto preferente a nivel municipal en el 2020, ha recobrado valor la función de las y los regidores y se ha importantizado su labor, aumentando la calidad de la democracia, por lo que retroceder en este aspecto, es volver a generar candidatos y candidatas inoperantes, con campañas políticas vacías y sin propuestas de valor hacia sus localidades.

Los cargos de elección popular deben hacer posible el acceso de las y los ciudadanos al poder público y el sistema de lista cerrado y bloqueado no contribuye necesariamente a democratizar los procesos, ni a mejorarlos significativamente cuando las cúpulas ostentan tanto poder.

Proponer la eliminación del voto preferencial a nivel municipal es una salida fácil para no asumir la responsabilidad técnica y política de las organizaciones involucradas. La democracia tiene un alto costo, pero suprimir este sistema de elección de candidatos y candidatas de cara al elector representa un retroceso y las y los electores aprecian la búsqueda de una mayor representatividad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó este lunes un resumen de 63 páginas de la Acusación Antipulpo.

En este resumen se presentan datos extraídos de las 3,345 páginas del expediente presentado por el Ministerio Público, con el objetivo de motivar a la ciudadanía a conocer el caso al detalle, y demandar justicia.

“Participación Ciudadana expone ante la ciudadanía dominicana y el mundo, un caso de acusación de corrupción cuya lectura estremece los cimientos de la conciencia misma y obliga a todos y a todas a darle seguimiento en todas las etapas del proceso judicial”, precisó el movimiento en nota de prensa.

La acusación denominada Antipulpo por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), señala el involucramiento de presuntos actos de corruptos a por lo menos 22 entidades públicas, entre ellas a 11 ministerios, en donde se encuentran involucrados exministros y exdirectores generales, además dos hermanos del entonces presidente de la República.

Participación Ciudadana señaló que Juan Alexis Medina Sánchez es señalado en el expediente como gerente operativo del entramado delictivo, dejando entender que no era la cabeza de este, ya que no contaba con el poder político o económico para constituirse en el máximo responsable de las acciones de las que se le acusa.

En este resumen se presentan datos extraídos de la acusación, en la mayoría de los casos se trata de citas del texto original y se utilizan las comillas para que el lector pueda saber cuándo es una cita textual y cuando se trata de texto elaborado por Participación Ciudadana, pero siempre basado en los datos de la acusación.

El movimiento cívico puntualizó que este documento busca además contribuir con la educación ciudadana en la defensa del patrimonio público, porque sólo una ciudadanía consciente, activa y comprometida puede garantizar que el fin de la impunidad sea una realidad en el país.

“Luchar contra la corrupción no es tarea de una persona, o de un grupo de personas, sino deber y responsabilidad de todos y todas, desde la sociedad civil, que observa y debe denunciar, los fiscales que deben investigar respetando el debido proceso y los jueces que deben aplicar sanciones que pongan fin a la impunidad, única forma de reducir la corrupción en la República Dominicana”, concluye el comunicado.

Para tener acceso al resumen descargar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3GyaQWl

7 de febrero del 2022

SANTO DOMINGO, RD. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) y Participación Ciudadana desarrollarán campañas educativas y de sensibilización sobre derecho de ciudadanía, así como acciones de incidencias que fortalezcan a esa alta corte. 

El TSE y PC contemplan el desarrollo de estudios e informes técnicos sobre aspectos electorales, y el impulso de acciones vinculadas a la gobernabilidad, transparencia y ética. 

Así quedó establecido en la firma de un convenio de colaboración rubricado por el juez presidente del TSE Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y la coordinadora general de PC Leidy Blanco. 

El presidente del TSE reconoció que Participación Ciudadana ha sido un ente que está siempre presente en los cambios sociales y políticos que se han generado y producido en beneficio de la democracia. 

“Para nosotros constituye un apoyo muy significativo de que hoy en día estemos acudiendo ante Participación Ciudadana para la firma de un acuerdo de cooperación, eso significa que PC nos observa, nos asimila y nos valora como un tribunal que ciertamente valora lo que es la democracia y la democracia en sociedad, la democracia en términos generales”. 

Dijo que eso es lo que se persigue a través del ejercicio de los derechos de ciudadanía como son los derechos a elegir y ser elegidos que es el principal papel que tiene que desarrollar el tribunal con relación a los procesos electorales que se han presentado y se presentarán en un futuro. 

El convenio tiene como objetivo fortalecer las acciones educativas y de promoción de derechos fundamentales y los mecanismos de garantía de los derechos humanos y buscan luchar para que en cuatro años se persiguen objetivos comunes por lo que se ha determinado establecer una colaboración y relación técnica entre ambas instituciones. 

Mientras que la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, agradeció el reconocimiento que hace el presidente del TSE a la institución que representa con su aporte a la democracia y dijo que ese tipo de alianza contribuye a seguir fortaleciendo el empoderamiento ciudadano sobre todo los temas que son fundamentales para nosotros que es derecho y la transparencia. 

“El reconocimiento de los derechos civiles y políticos es fundamental para la construcción de una verdadera democracia y también vamos a reconocer el trabajo del pleno de este tribunal a favor de la democracia y su compromiso por una sociedad más justa y para nosotros poder acompañarlo en cualquier iniciativa que sea a favor de esa visión que tienen todos los miembros del consejo de Participación Ciudadana y de toda la institución de formar una sociedad más justa, una sociedad en derecho y una sociedad en donde los dominicanos ejerzan de manera crítica y constructiva el derecho al voto”, indicó.  

Sumarán esfuerzos y recursos en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la legislación vigente en la materia, para responder a las necesidades, intereses y prioridades detectadas y expuestas conjuntamente. 

Entre otros puntos, mediante el acuerdo interinstitucional desarrollarán proyectos formativos y de sensibilización, conferencias o jornadas para ciudadanos, grupos organizados y sociedad en general. 

Además, realizarán estudios, diagnósticos y publicaciones que resulten de interés mutuo, que incluirá la elaboración y difusión de materiales educativos y de sensibilización. 

En la firma del acuerdo, además del juez presidente del TSE, Camacho Hidalgo, estuvieron presentes los demás miembros del pleno, Rosa Pérez de García, Pedro P. Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz. 

Mientras que, por Participación Ciudadana, acudieron Fátima Lorenzo, directora ejecutiva; Miriam Díaz y Francisco Álvarez, miembros de la comisión de Análisis Político. 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó este martes el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021.

En documento dado a conocer hoy en Berlín, Transparencia Internacional (TI) establece que “con una puntuación media de 43 por tercer año consecutivo, los países de las Américas están paralizados en la lucha contra la corrupción. A pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional para luchar contra este mal, la corrupción en las Américas continúa debilitando la democracia y los derechos humanos”.

Según los resultados del IPC 2021, República Dominicana con 30 puntos este año, deja atrás sus calificaciones más bajas obtenidas en 2019 y 2020, actualmente ocupa la posición 128 de 180 países. El fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas y la condena y prisión de poderosos y figuras políticas importantes han contribuido a mejorar la percepción de la corrupción.

“Sin embargo, el combate de la corrupción en este país se inscribe en un contexto de fragilidad institucional. Para lograr cambios significativos es fundamental poner en marcha iniciativas que fortalezcan la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. De lo contrario, los progresos se esfumarán rápidamente”, señaló el movimiento cívico en nota de prensa.

Participación Ciudadana entiende que, aunque se reconoce el arduo trabajo que ha hecho el Ministerio Público en la persecución de la corrupción, todavía es muy pronto y limitado, para que el país salga del grupo con mayor corrupción en el que se ha mantenido por décadas.

“Pasarán varios años para ver el desarrollo de los procesos judiciales en curso, se requerirán la ampliación y la profundización de decenas de denuncias acumuladas. Por otro lado, en el 2021 se produjeron actos de corrupción y violaciones a las leyes que requirieron la suspensión o cancelación de más de una decena de funcionarios del actual gobierno, muchos de los cuales podrían quedar sin sanciones”, destaca el comunicado.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que comparte con TI la afirmación de que se requieren mayores muestras de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional para que el país crezca en confianza de una manera significativa y sostenible.

Este año la región de las Américas tiene 22 países sin cambios estadísticamente significativos en su lucha contra la corrupción. En los últimos 10 años, solo Guyana (puntuación IPC: 39) y Paraguay (30) han logrado mejoras significativas. En el mismo período de tiempo, tres de las democracias más sólidas de la región, Estados Unidos (67), Chile (67) y Canadá (74), quienes lideran el ranking este año, muestran un deterioro y sólo Uruguay (73) se mantiene estable. Venezuela, Haití y Nicaragua, países no democráticos y que enfrentan crisis humanitarias, obtienen la peor puntuación con 14, 20 y 22 puntos cada uno.

Los países del mundo con mayor puntuación en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia, mientras los países con peor puntuación son Sudán, Siria, Somalia, Venezuela, Yemen, Corea del Norte y Afganistán.

El IPC realiza una clasificación de los países en la que va dando puntos desde 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes y de diferentes fuentes privadas y de especialistas.

Consejo Nacional

25 de enero del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, manifestó este jueves que, a su juicio, es extemporánea la discusión sobre si las elecciones se deben ganar con una mayoría del 50% más uno, o si bastaría con una mayoría menor.

El movimiento cívico reconoció que la fórmula vigente desde 1994 fue diferente a lo que se había negociado entre los partidos mayoritarios.  En esos momentos no se escuchó a la sociedad civil, que propugnaban por un 45%, pues entendía que era lo más equilibrado y esa alteración fue impuesta a conveniencia del oficialismo de ese momento, señalaron en nota de prensa.

“Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el sistema ha estado funcionando sin complicaciones desde aquel momento, y no vemos razones para que se plantee su reformulación, supuestamente para favorecer al oficialismo”, destaca el comunicado.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, señaló que la discusión de este tema no es un asunto de interés nacional por el momento, y mucho menos cuando para ello se necesitaría reformar la Constitución.

El presidente Luis Abinader, ha manifestado que no propugna por reforma constitucional que cambie el sistema electoral, sino que su propósito es dotar de verdadera independencia al Ministerio Público y fortalecer el sistema Judicial.

Participación Ciudadana, entiende que de hablar de una reforma constitucional debe versar sobre esos dos únicos temas.

Consejo Nacional

20 de enero de 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, presentó este miércoles el estudio sobre “Trata de personas en la República Dominicana”, el cual tiene como finalidad sensibilizar a los miembros de organizaciones de la sociedad civil, autoridades y la ciudadanía en general sobre la situación de la trata de personas y la formulación de formas efectivas de combate a la misma dentro de los órganos reguladores y organismos encargados de hacer cumplir las leyes.

El movimiento cívico señaló en nota de prensa que, la trata de personas ha estado presente en nuestro país desde antes de la pandemia por causa del COVID-19, sin embargo, es necesario destacar que durante esta crisis hay factores que aumentaron la vulnerabilidad de algunas personas, principalmente de las mujeres y niñas, debido a las limitantes para el acceso a servicios públicos, la pérdida de trabajo y/o reducción de horas laborables, que de una manera u otra afectó los ingresos económicos de las familias dominicanas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien señaló que esta institución sigue realizando alianzas para la sensibilización sobre la trata de personas.

“La trata de personas es un tema que desnuda una dura realidad, de una problemática que está íntimamente ligada a la pobreza, a la mercantilización del ser humano, a la discriminación, desigualdad, marginación, la violencia y corrupción”, puntualizó Leidy Blanco.

Tahira Vargas, integrante del equipo de investigación de este estudio, señaló que la modalidad más aguda es la trata con fines de explotación sexual comercial que se da en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica.

“En Boca Chica, se observa una fuerte concentración en la captación de población infantil y adolescente como víctimas de explotación sexual comercial”, precisó.

La investigación plantea que, “algunas familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema ofertan a sus hijos e hijas en el comercio sexual convirtiéndolos en víctimas de trata de personas e introduciéndose sus padres/madres en los canales de captación de la trata”.

La débil judicialización de los casos de trata de personas en los municipios afecta notablemente la prevención y la detección porque acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución del delito, precisa el estudio.

Por ello, la trata de personas se convierte en un delito con una alta impunidad y además permeada por la corrupción y la complicidad con los tratantes de autoridades responsables de su persecución.

El estudio especifica que tanto en municipios ubicados en zonas turísticas como en aquellos no ubicados en estas zonas se encuentra una población migrante haitiana, venezolana, colombiana y en menor grado ecuatoriana que han sido y son víctimas de trata en explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñez y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica.

La investigación que se presentó es el resultado del estudio cualitativo realizado en los municipios de Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís desde entrevistas y grupos focales virtuales y presenciales con actores gubernamentales y no gubernamentales.

En el lanzamiento del estudio se contó con la asistencia de autoridades municipales, funcionarios públicos, y miembros integrantes de la sociedad civil.

Este estudio se realiza en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia de Participación Ciudadana, el cual se desarrolla conjuntamente con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) a través de una serie de acciones orientadas al aumento del compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y la prevención del delito en la República Dominicana.

Estudio disponible en www.pciudadana.org

Miércoles 19 de enero del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), realizaron el acto de clausura del curso “Incidencia social en la administración pública local”, el cual contó con el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro San Cristóbal.

El espacio educativo fue diseñado con el objetivo de proporcionar a los participantes de las herramientas necesarias para que puedan ejercer en sus municipios un liderazgo con capacidad, conciencia colectiva y habilidades metodológicas.

En este sentido, Rigoberto Sánchez, coordinador del proyecto Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local (MONITOREANDO), el cual desarrolla el movimiento cívico, aseguró que esta institución a lo largo de su existencia ha entendido la importancia de contribuir al proceso de formación de actores sociales y servidores públicos municipales, a fin de que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas proactivos, capaces de impulsar en sus comunidades estrategias de acción conducentes a resultados tangibles sobre transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal.

“Con esta capacitación buscamos promover la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los gobiernos municipales, como una de las condiciones para avanzar en la construcción de entidades estatales propias de un sistema democrático” señaló Sánchez.

La actividad contó, además con la participación de Sandino Olaverria, director ejecutivo del Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE); Alcibíades Tejeda de la Red Veedores de San Cristóbal; Margarita Corporán, subdirectora del Centro San Cristóbal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Beikel Custodio y Starling Ramírez, facilitadores; y la Lic. Sobeida Jiménez, quien agradeció en nombre de los estudiantes a las instituciones por tan importante espacio de formación.

Este curso especializado se realizó en alianza entre Participación Ciudadana, el CEPAE y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro San Cristóbal, en el marco del proyecto “Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría social y la incidencia en la gestión local”, el cual se ejecuta con el auspicio de la Unión Europea, y contó con 40 participantes, entre ellos líderes sociales de los municipios y distritos municipales de la provincia San Cristóbal.

17 de diciembre de 2021