Para Cobijar Nuestros Derechos

Afirma que hay varios artículos de la constitución que son violados con esta ley.

Participación Ciudadana depositó un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia en contra la Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de impuestos a las importaciones de vehículos de motor a favor de diputados y senadores de la República.

El documento fue depositado por los juristas Luís Scheker Ortiz y José Alberto Tejada, miembros del Consejo Nacional de PC y Carlos Pimentel director del Área de Transparencia.

Scheker Ortiz indicó que esta ley se encuentra en franca violación de los artículos 6,39, 40, 93, 140, 146 y 243 de la nueva Constitución de la República.

El Miembro del Consejo Nacional informó que el artículo 146 plantea en su Ordinal 1 que: Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;

Ordinal 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;

El Movimiento Cívico señaló que las exoneraciones otorgadas a los legisladores representan un privilegio irracional y desproporcionado,  contrario a la Carta Magna, por lo que solicitaron a la Suprema su nulidad.

“La ley 57/96 que dispone la entrega de exoneraciones a legisladores debe ser declarada nula, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución vigente que plantea que “Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución”. También indica que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esa Constitución.”, expresó Scheker.

Participación Ciudadana destacó que el desempeño de los legisladores debe ser ejercido con pulcritud y legitimidad, poniendo ejemplo de austeridad, moderación y templanza, con estricto apego a la moral y a la ética funcionaria.

La Organización No Gubernamental advirtió que acudirá a los Tribunales cuantas veces entienda que la ley ha sido violada o que se han cometido excesos o abusos de poder en el ejercicio de una función, con la finalidad de eliminar esas malas prácticas y fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho propios de todo sistema democrático bien inspirado.

Ley de exoneraciones.

La Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de todo impuesto a la importación de vehículos de motor a favor de diputados y senadores de la República fue promulgada el 6 de diciembre del 1996.

Artículos Constitucionales  violados con la Ley de Exoneraciones

Articulo 6:  “Todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas, están sujetos a la Constitución, norma suprema y  fundamento del ordenamiento jurídico  del Estado. Son nulos del pleno derecho toda ley, decreto resolución reglamento o acto contrario a la Constitución.”

 Articulo 39: Condena todo privilegio y situación que tienda a quebrar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos.” Y en su ordinal 15 dice que “ La ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad, y no puede  prohibir mas que lo que le  perjudica.” 

Art. 146: Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;

Ordinal 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;

Y luego interviene su sanción: Ordinal 4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;

Artículo 243: Establece la igualdad y equidad tributaria como principios fundamentales del régimen tributario del Estado a fin de hacer posible el deber de todo individuo de tributar en proporción con su capacidad contributiva al soporte de las cargas públicas. Entre otros artículos.

También indicó que los ministerios peor evaluados son Obras Públicas, Educación Superior, Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Hacienda, Cultura y otros.

Participación Ciudadana en el marco del Programa Acción Ciudadana auspiciado por la USAID presentó la segunda entrega del Índice de Cumplimiento de Normas que promueve Transparencia en la Gestión Pública 2010, en el que fueron evaluados veinte ministerios y la Procuraduría General de la República.

El estudio reveló que doce de las 21 instituciones más importantes del gobierno central alcanzaron puntuación por encima de 60 puntos, lo que puede considerarse un avance en el proceso de transparencia.

Santiago Sosa, coordinar general de PC, dijo que el 57 por ciento de las instituciones analizadas obtuvieron más de 60 puntos, encabezadas por la Procuraduría General que obtuvo un Índice de 99, y los ministerios de Salud Pública y de Administración Pública, que alcanzaron 94 y 93 puntos, respectivamente. Por encima de los 80 puntos también quedaron los ministerios de Relaciones Exteriores (88.4) y Deportes, con 82.8.

Mientras que las peores evaluadas fueron los ministerios de la Presidencia, Educación Superior e Interior y Policía, las cuales alcanzaron índices de 1.9, 7.6 y 11.5 puntos, respectivamente. En ese orden siguen los ministerios de las Fuerzas Armadas, de Hacienda y Cultura, con índices de 27.1, 35.1 y 39.4 puntos.

Participación Ciudadana advirtió, sin embargo, que en las dos instituciones que obtuvieron mayor puntuación, se produjeron posteriormente acontecimientos lamentables. En el caso de la Procuraduría la renuncia de dos destacados profesionales, la arquitecta Maricela Vargas y el Ingeniero Roque Napoleón Muñoz, a la Comisión de Licitación, ambos por no estar de acuerdo con ciertos procedimientos aplicados.

En cuanto al Ministerio de Salud Pública se advierte que, luego de concluida la evaluación en febrero, se produjo una denuncia de irregularidades en la concesión de un seguro de vida para sus empleados, sin llenar los requisitos de licitación y en beneficio de familiares del titular de la cartera.

Situaciones de este tipo obligan a advertir que el Índice de Cumplimiento de Normas que promueven Transparencia en la Gestión Pública (ITEP-2010) no necesariamente pretende medir niveles de corrupción. Pero sí informar sobre el ambiente que impera en las instituciones que puede hacerlas más o menos propensas a la ocurrencia de actos corruptos.

El Coordinador General de Participación Ciudadana destacó que con excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, todas las entidades evaluadas por segunda vez aumentaron la puntuación total obtenida, que en promedio pasó de 42.6 puntos en el 2007 a 74.4 ahora en el 2010.

“Esto revela un progreso en los esfuerzos por una mayor transparencia en la gestión pública, y es un buen indicador de lo valioso que puede resultar la aplicación de este tipo de instrumento”, señaló el coordinador general.

La caída del Ministerio de Obras Públicas es un revés lamentable, ya que del segundo lugar en el ITEP-2007 pasa a la posición 12 en el 2010, reduciendo su puntuación en 3.8 para quedar en 62.7 puntos.

Conviene advertir que, con la metodología empleada, una alta puntuación no exime de la posibilidad de corrupción, como una baja no implica necesariamente que la haya. No se trata de un instrumento de verificación o identificación de corrupción, que sería muy complejo sin una minuciosa auditoria.

ASPECTOS ANALIZADOS

La indagatoria ha sido básicamente sobre el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sobre la Ley de Función Pública.

Siguiendo la metodología del Índice de Transparencia Nacional (ITN) de Colombia, adaptada a la realidad institucional del país en la primera entrega del ITEP de la República Dominicana, en esta segunda versión del ITEP se mantienen tres factores fundamentales de transparencia como ejes de la construcción de indicadores y variables.

a. Visibilidad y Rendición de Cuentas: Publicitación, rendición de informes y capacidad de acceso de la ciudadanía a información institucional relevante, fidedigna y actualizada.
b. Institucionalidad y Eficiencia: Puesta en práctica de normas, procedimientos y controles reconocidos y precisos para limitar la discrecionalidad de funcionarios, empleados, políticos y particulares en el ejercicio de la función pública, así como desarrollo de medios claros para lograr la misión y objetivos institucionales de manera efectiva y equitativa.

c. Investigación y Sanción: Identificación, investigación y sanción oportuna y efectiva de hechos constitutivos de falta por parte de los servidores públicos, por parte de organismos de control interno y externo.

Los miembros del Programa Acción Ciudadana destacan que para la construcción del Índice, en ambas aplicaciones, se partió de indicadores sobre la presencia o ausencia de procesos informativos e institucionales, pero la metodología no incluía la fiscalización de la veracidad de dichos indicadores.

Por ejemplo, uno de ellos mide la cantidad de contratos otorgados por medio de licitación abierta o pública en los últimos doce meses, y de los elementos de prueba o comprobación suministrados por las instituciones, a través de la entrega de los contratos íntegros, las actas de adjudicaciones y los documentos evaluativos de las licitaciones. Pero se investigaba si había más contratos en la institución que no hubieran sido declarados o suministrados al equipo de evaluación.

Esta limitación metodológica impide la identificación de ocultamientos de procesos dudosos, como en el caso de las posibles contrataciones de bienes y servicios que se hubiesen otorgado de forma fraudulenta.

El primer índice (ITEP-2007) sólo abarcó a la Procuraduría General y 7 ministerios, que fueron los de Salud Pública, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Trabajo, Agricultura y Obras Públicas.

Este estudio fue realizado durante tres meses por Participación Ciudadana en el marco del proyecto Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

Jurista cree que el senado debe abrir un proceso público

El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, afirmó este domingo que la falta de transparencia y la corrupción son males que se dan por igual en el sector público y en el sector privado. Puso de ejemplo que cada vez que se destapa un escándalo de corrupción en el Estado casi siempre hay involucradas algunas empresas y/o empresario, y se refirió al reciente escándalo en la colecturía de Aduanas en Santiago, donde la mercancía contrabandeada iba dirigida a una empresa de esa ciudad.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, el coordinador de la entidad cívico no partidista recordó que en ese expediente se habla hasta de la introducción clandestina al país de armas de gruesos calibres.

También, Sosa  reconoció que en entidades de la sociedad civil hay interés políticos y de todas índoles.

“Claro que la corrupción no es exclusiva del sector público, también la hay en el sector privado y la prueba es que cada vez que se destapa un escándalo en el Estado generalmente hay una empresa o algún empresario involucrado”, reiteró el Coordinador de Participación ciudadana.

Santiago Sosa se mostró de acuerdo con la queja externada recientemente por el presidente de la suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, en el Sentido de que el país se le teme a la transparencia.

Agregó que ese temor se da en todas las entidades estatales entre las cuales hay que incluir al Ministerio Público y al sistema judicial.

En otro orden Sosa dijo que el principal merito que tiene el segundo año de la actual gestión del presidente Leonel Fernández es haber mantenido la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo agregó que en materia de lucha contra la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico y otros males que afectan al país, las ejecutorias del actual gobierno dejan mucho que desear.

En cuanto a las instituciones que deben ser creadas por mandato de la nueva Constitución de la República, Santiago Sosa pidió al partido gobernante no politizar esas entidades y darle participación a los distintos sectores de la sociedad.

Con respecto a la situación por la que atraviesa Haití, el coordinador de Participación Ciudadana demandó de la comunidad internacional poner de manifiesto su solidaridad con el vecino país, aportando la cooperación que prometieron tras el devastador terremoto del pasado 13 de enero.

El drama haitiano: coyuntura nacional y cooperación internacional, después de siete meses del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010

El Movimiento Cívico destaca el incremento de denuncias depositadas en las tres Casas Comunitarias de Justicia, por lo que solicita mayor apoyo de Instituciones Públicas y Organismos Internacionales.

“Una Constitución es, entre otras cosas, el estatuto regulador del poder político. Su mal funcionamiento es síntoma de la descomposición social, de crisis del Estado, de fracaso del régimen político.”(Luis Carlos Sáchica )

Nuestros legisladores, convertidos en Asamblea Revisora (sic) quisieron darnos una nueva Constitución. Por arte teúrgico, enamorados de la palabra, rebautizaron el Estado dominicano. El Art. 7 declara: “La República Dominicana es un Estado  social y democrático de Derecho.” Si así fuera, sería el Estado Social más vergonzoso. Estado fallido, no sólo no llega a un Estado de Derecho momentáneo, donde la Ley,  igual para todos, para gobernantes y gobernados, impere y sea respetada; como los órganos y poderes de Estado “independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones.” Lejos de ese modelo, mantenemos un Estado Patrimonialista y clientelar, esencialmente caudillista y despótico. Nuestra primera Constitución nació estigmatizada: “a verdad sabida  y buena fe guardada”; y ese caudillismo, autocrático, consagrado a partir  de la reforma del 1854 en su anacrónico Art. 55,   ha permeado el quehacer político a lo largo de nuestra historia.

El Estado Dominicano predomina una acendrada dependencia del sector oligárquico aliado a intereses extranjeros  quienes se reparten nuestras riquezas en contra del sentir de las mayorías y del bienestar de la nación. En lugar de un Estado Social,  Protector, hemos padecido un Estado providencialista, marcado por el autoritarismo, el personalismo y el centralismo del Jefe del Estado de turno, con raras excepciones, negador del ordenamiento institucional, constitucional y moral que debe regir la sociedad.

Aquella Primera Constitución, inspirada en los mas sanos preceptos de  moralidad  y democracia,  consagraba la independencia de los poderes del Estado, la autonomía Municipal, la inmovilidad de los funcionarios públicos, el libre ejercicio del sufragio y las debidas garantías de los derechos humanos y ciudadanos fundamentales; además, esencialmente, estaba cimentada en la conducta civilista y patriótica de nuestros fundadores, para quienes la política era aras, no pedestal; no  un mero oficio oportunista y rentable, sino la actividad mas pura, la mas ennoblecedora, luego de la filosofía.

No hay dudas de que la política, se ha comercializado, por no decir prostituido. Probablemente siempre fue un negocio, pero nunca tan descarado y perverso como ahora. La presencia de poderosos intereses corporativos,  del narcotráfico, que ha prohijado el crimen organizado y la impunidad,  como el relajamiento institucional existente, han menoscabado el papel moralizante  del Estado  y de los partidos responsables de la conducción del gobierno. En el marco neoliberal, consumista y mediatizado, de grandes carencias y contradicciones, el binomio ética-política no suma votos. El anacrónico sistema político, económico, social y cultural, alejado de los objetivos básicos de las grandes mayorías, no lo asimila: ha sido diseñado para adormecer y mantener el estatus quo. Por ello, se hace imperioso educar al pueblo. Crearle conciencia de sus males. Un pueblo inculto, es un pueblo débil. Fácil presa de los poderes fácticos que le desgobiernan. Si no revertimos este  orden de cosas y recatamos los valores éticos y morales, eje trasversal de todas las instituciones, públicas o privadas,  la muerte del idealismo, única fuerza moralizante que  puede solventar una patria más libre y más justa, se nos viene encima, no importa lo que proclame la Constitución.

Afirma Gutiérrez desinforma sobre la acción de amparo interpuesta por Participación Ciudadana contra la Superintendencia de Seguros.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana informa que el Superintendente de Seguros se ha equivocado intencionalmente sobre la información que ha suministrado al público a través de los medios y de espacios pagados, sobre una sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo con respecto al recurso de amparo interpuesto por Participación Ciudadana requiriendo información a la Superintendencia de Seguros en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

El señor Gutiérrez se ha limitado a informar lo que dice el ordinal segundo del dispositivo de la sentencia, en el sentido de acoger el desistimiento de la acción realizada por Participación Ciudadana, omitiendo, con ánimo de confundir , la razón del desistimiento indicada en el ordinal primero, que dispone: “Se libra acta de que la información y la documentación solicitada por la recurrente fue entregada por la parte recurrida Superintendencia de Seguros de la República Dominicana y su Superintendente de Seguros, Dr. Euclides Gutiérrez Féliz.”

También omitió que hubo necesidad de celebrar tres audiencias para obligar al señor Gutiérrez a entregar la documentación, tal como consta en el cuerpo de la propia sentencia, que recoge los siguientes hechos:

1. En una primera audiencia celebrada el 2 de marzo de 2010, el tribunal prorrogó “el conocimiento de la presente audiencia a fin de que la parte recurrida proceda a depositar los documentos que considere de lugar que pueda dar cumplimiento a la solicitud de información pública".

2. En una segunda audiencia celebrada el 22 de abril se prorrogó la misma para que Participación Ciudadana pudiera verificar si los documentos depositados en el tribunal “son los solicitados por ellos”.

3. En razón de que el señor Gutiérrez no había depositado todos los documentos requeridos, en la audiencia del 13 de mayo el tribunal ordenó una nueva prórroga “a fin de que la parte recurrida pueda completar y depositar los documentos faltantes que requiere la parte recurrente.”

4. Finalmente, luego de haber depositado los documentos requeridos, en la audiencia del 27 de mayo Participación Ciudadana dejó sin efecto su recurso de amparo en razón de que ya carecía de objeto pues había logrado el resultado que perseguía.

PC indica que la resistencia a la entrega de la información no sólo ocurrió en el transcurso del juicio, sino que fue lo que motivó el recurso de amparo, pues el señor Gutiérrez respondió una solicitud de información de fecha 2 de septiembre de 2009 alegando que no podía entregar la información solicitada debido a que estaba siendo auditado por la Cámara de Cuentas.

Participación Ciudadana obtuvo por escrito de la Cámara de Cuentas la información de que ya el trabajo de campo de sus auditores había terminado, por lo que se trataba de una excusa para no cumplir con la ley, en adición a que esta no es una de las excepciones previstas por la ley.

La solicitud de información fue reiterada dos veces más y al responder negativamente en una y con el silencio en la otra, elevamos el recurso de amparo antes referido.

Tal vez el señor Gutiérrez se adelanta al informe de la evaluación que hace Participación Ciudadana sobre la información que se vio obligado a entregar, para distraer la atención sobre aspectos como los siguientes:

1. En certificación de fecha 29 de marzo de 2010 la Superintendencia de Seguros certifica que no tiene “subsidios, becas, jubilaciones y retiros”, pero la Ejecución de Gastos 2009 lo desmiente cuando en la partida marcada con el No. 424 se lee “Becas y Viajes de Estudio 911,129.47.” También en la partida 112 existe provisiones para pensiones.

2. También se nos certificó que “el criterio bajo el cual se asignan vehículos en esta entidad lo establece el Superintendente de Seguros, conforme a la jerarquía del personal y las necesidades de las diferentes direcciones y departamentos”. Esta práctica incorrecta, centralizadora, explica porque en la información entregada se detecta que de 51 vehículos, 11 están asignados al Despacho del Superintendente, incluyendo a su secretaria y a sus asistentes.

3. En otra certificación que se nos entregara se establece que “en esta institución no se dan ayudas a organismos gubernamentales, lo cual es desmentido por la propia información que recibimos, que da cuenta de donaciones al Despacho de la Primera Dama. Es importante consignar que en la Ejecución de Gastos 2009 existe la partida No. 421 que dice “Ayudas y Donaciones a personas RD$35,689,500.84.”

4. En otra certificación se nos dice que “en el transcurso correspondiente a los años 2008 al 2009, en esta división no se realizaron compras que requirieran licitaciones”. Si vamos a la Ejecución de Gastos 2009, nos encontramos que la Superintendencia de Seguros gastó RD$184,031,953.72 en Edificaciones (partida No. 635), pero sin embargo alegan que no realizaron compras que requirieran licitaciones, olvidando las disposiciones de la Ley No. 340/06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

Aprovechamos para recordar que Participación Ciudadana desarrolla un programa de monitoreo de las páginas web de las entidades públicas para evaluar el nivel de cumplimiento de la ley, que obliga a tener colocada en dichas páginas determinadas informaciones. Aquellas entidades que están en franco incumplimiento son escogidas para requerir información de manera directa en virtud de la Ley de Libre Acceso.

La Superintendencia de Seguros fue escogida pues al momento de la solicitud por escrito, no tenía ninguna información financiera en su página. Gracias a la acción de Participación Ciudadana la Superintendencia de Seguros ha iniciado un proceso de colocar información en su portal, que aún sigue siendo deficiente.

Continuaremos realizando nuestro trabajo con el único objetivo de contribuir a mejorar los niveles de transparencia que deben tener las entidades que manejan recursos públicos y lamentamos profundamente que un alto funcionario público como lo es el Dr. Gutiérrez califique de “mamotreto” la Ley de Libre Acceso a la información pública, aprobada por iniciativa de un legislador de su propio partido, pero además, esencial para el ejercicio eficiente de la democracia por la ciudadanía.

Toda la información entregada por la Superintendencia de Seguros, además de la relacionada con las solicitudes de información, el recurso de amparo y su sentencia, se encuentran disponibles para toda la ciudadanía en el portal de Participación Ciudadana (www.pciudadana.org), en una ventana a mano izquierda bajo el título de “Recurso de Amparo”.