Ante el comunicado de ayer 1 de mayo de la Comisión de Observación Electoral de la Junta Central Electoral (JCE) Participación Ciudadana formula las siguientes respuestas:
1.-Se trata de un comunicado lleno de acusaciones carentes de evidencias,elaborado con el claro objetivo de difamar a nuestra institución pretendiendo presentar a PC y sus voluntarios como una red de delincuentes. Rechazamos este propósito enérgicamente y exigimos el respeto que merece una institución que tiene 19 años promoviendo la democracia. Expresamos nuestra sorpresa por esos extremos y no logramos entender por qué se ha puesto tanto empeño en desacreditar nuestra institución y nuestra observación.
2.-La lista de “inconsistencias” que la JCE alega haber encontrado en una presunta muestra tomada de los 3,805 ciudadanos que han voluntariamente sometido su solicitud de observar, a través de PC, está plagada de errores y omisiones culposas que desacreditan la investigación llevada a cabo por el organismo.
a) Los únicos nombres que se citan son dos personas que figuran como delegada y suplente técnica del PRD en los municipios de Fundación, Barahona, y Cristóbal, de la provincia Independencia. La JCE omite decir que en su primera lista de objetados, hace tres semanas, cuestionaba a 17 ciudadanos por considerarlos vinculados a partidos políticos, de los cuales 6 eran de la Unión Demócrata Cristiana, 4 de Dominicanos por el Cambio, 2 del MIUCA y los cinco restantes del PLD, PRD,PRSC, PDI y PVUD. Es importante destacar que esta pequeña cantidad, por demás insustancial, se refiere a ciudadanos que en muchas ocasiones sólo han figurado en elecciones anteriores como candidatos a regidores y vocales de pequeños municipios y distritos municipales de diversas regiones, los cuales conservan intactos su derecho a observar las presentes elecciones.
b) Los casos de antecedentes penales“de recientes sometimientos a la justicia”, que no se identifican, por lo demás, violan el principio de inocencia constitucionalmente consagrado.
c) Las “varias personas” que cumplen sentencia en cárceles de Higuey yCotuí debieron igualmente haber sido identificadas por la JCE. Resulta insólito que la JCE pretenda que Participación Ciudadana fue a las cárceles a reclutar y a dar entrenamiento a observadores. Suministrar los nombres de esos presuntos reclusos nos ayudaría a determinar cómo llegaron sus solicitudes y quiénes firmaron y tramitaron los formularios correspondientes, pues de lo contrario se alimentaría la idea de infiltración maliciosa para tratar de desprestigiar nuestra organización no partidista.
d) De igual manera, la JCE omite mencionar por su nombre la persona que dice no haber firmado el formulario de solicitud. Para PC es de sumo interés que se divulgue el nombre para permitirnos descartar la información recibida de que esa persona trabaja en la propia JCE.
e) Por ultimo, resulta altamente preocupante que dentro de esas “inconsistencias” se haga figurar el hecho deque existe un llamado “Sistema de Investigación Criminal” que crea fichas desconocidas para la ciudadanía, que pueden inhabilitarla para el ejercicio desus derechos ciudadanos, en franca violación a sus derechos fundamentales.
3.-En ocho observaciones electorales la metodología de reclutamiento de PC se ha fundamentado en la confianza en la ciudadanía. Los observadores llenan un formulario cuyos datos verifican, de manera principal,que se trata de voluntarios cuyos derechos ciudadanos están hábiles y por esa razón figuran en el padrón electoral. Confiamos en el padrón electoral para depurar a nuestros voluntarios, de la misma manera que la JCE confía en ese instrumento para determinar quién está hábil para votar. PC no cuenta con organismos de seguridad que, a contra pelo de derechos fundamentales y sobre todo, del principio de inocencia, recurren a antecedentes criminales no validados por tribunales o crean fichas en un llamado Sistema de Investigación Criminal cuya legitimidad la ciudadanía desconoce.
4.-No criticamos que la JCE investigue a nuestros observadores, pero exigimos que lo haga de forma institucional, apegada a La Constitución, y sobre todo de forma transparente, publicando los nombres, identificando las condiciones que utiliza para inhabilitar a cada uno, señalando los textos legales que establecen esas inhabilitaciones, mostrándolas pruebas que posee y respetando el derecho de defensa de estos ciudadanos.
5.-La JCE ha sometido a PC a un proceso discriminatorio, con requerimientos especialmente diseñados para ella, tales como la toma de datos biométricos y una obligación presencial innecesaria. La verdad es que estos requerimientos, que no figuran en la Ley ni en el Reglamento de Observación Electoral al cual PC ha dado estricto cumplimiento; que no han sido exigidos a las decenas de miles de ciudadanos que integraran los colegios, a los delegados de los partidos o a los observadores internacionales, sólo tienen por objeto dificultar la labor de observación de nuestra organización.
6.- La obligación de ir a cada junta municipal a llenar nuevos formularios no agrega ningún dato que ya no hayamos entregado ala JCE. Para determinar si existían antecedentes judiciales, no era necesaria la presencia de los voluntarios, tal y como lo demuestra la presunta depuración que ha llevado ahora a cabo la JCE. Se trata de un nuevo recurso de dilación y distracción, encaminado a desincentivar y atemorizar a la ciudadanía para reducir nuestra nómina de observadores.
7.- Reconocemos que en su Informe, por primera vez, la Comisión de Observación Electoral ha finalmente accedido a la repetida solicitud de PC de que se aclare la facultad reglamentaria de observarlos colegios electorales, además de los centros de votación y las juntas electorales. En la comunicación de la JCE que aceptaba nuestra solicitud de acreditación, fechada 21 de abril y entregada el 24, los colegios habían sido omitidos, aún cuando son el núcleo fundamental de nuestra observación y especialmente del conteo rápido que hacemos desde 1996.
8.-La JCE llama a nuestros voluntarios a acudir, a partir del próximo viernes 4 de mayo, a retirar su acreditación, siempre que la misma no esté en discusión. Sin embargo, como la JCE no ha identificado la lista de los “discutibles”, es imprescindible que esta publique, antes de esa fecha, los nombres de las 188 personas que dice objetar y les otorgue el derecho a defenderse. Urge que la JCE cumpla con este paso de inmediato, para no continuar retrasando el proceso de observación de PC a sólo 16 días de las elecciones y asegure la preparación diligente de una logística que permita entregar, rápidamente, la acreditación a todos los voluntarios cuyo derecho no esté en discusión o haya sido exitosamente discutido. Igualmente solicitamos a la JCE habilitar los días sábado y domingo para que nuestros observadores que no obtengan permiso de sus empleadores, puedan acudir a retirar sus acreditaciones en días no laborables.
9.-Finalmente, PC deja constancia de su férrea voluntad de cumplir con el derecho y el deber ineludible de observar las próximas elecciones con la pulcritud y honorabilidad ciudadana que nos ha ganado prestigio nacional e internacional.Llamamos a toda la ciudadanía, a las diversas organizaciones sociales, políticas y religiosas a defender la observación electoral como un derecho ciudadano adquirido y reconocido en todas las naciones democráticas.-
Santo Domingo
2 de mayo del 2012
