PC solicita investigar la Declaración Jurada Patrimonial del Director de Ética e Integridad Gubernamental
Participación Ciudadana ha tomado conocimiento de una grave denuncia efectuada por el diario digital Acento.com, en el sentido de que la Declaración Jurada del Director de Ética e Integridad Gubernamental y Asesor del Poder Ejecutivo en asuntos de Narcotráfico, Dr. Marino Vinicio Castillo, firmada bajo juramento de decir verdad ante Notario Público el 13 de septiembre del 2012, resulta manifiestamente incompleta al omitir una cantidad importante de activos que supuestamente componen el patrimonio de su propiedad y que fueran adquiridos con antelación a la firma de su Declaración.
De ser cierta, esta actuación violaría normas establecidas en el artículo 146 (3) de la Constitución de la República, el artículo 361 del Código Penal, la Ley 82-79 y el Decreto 287-06 sobre Declaración Jurada de Bienes, la Ley 41-08 de Función Publica, el Decreto 486-12 sobre la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y el Código de Pautas Éticas, firmado por el Dr. Castillo.
Asimismo, comprometería lo establecido en los puntos 12 al 15 del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, firmado por el presidente Medina con Participación Ciudadana el 7 de mayo de 2012.
Por tanto, nuestra organización solicita encarecidamente al Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, ordenar a la mayor brevedad posible una investigación imparcial, diáfana y profunda que determine la veracidad de la denuncia antes citada y, en caso de que se compruebe la fidelidad de ésta, imponer de manera ejemplar todas las consecuencias que en estos casos determina la legislación nacional.
Una investigación transparente que arroje luz sobre esta denuncia es absolutamente imprescindible, ya que el Director de Ética e Integridad Gubernamental, es el funcionario en la cima de la pirámide gubernamental, responsable de velar por el fiel cumplimiento “por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes, a través de sus respectivas instituciones”, así como de “exigir la presentación de la Declaración Jurada de Bienes a quienes estén obligados que no respondieran al mandato de la ley, y recomendar las sanciones correspondientes”.
El Director de Ética está llamado a ser –como representante del Presidente de la República- el más alto referente moral, quien, a través de sus directrices, pero sobre todo con su ejemplo, fiscaliza, instruye y guía el comportamiento ético de todos los servidores públicos. Como escribiera a principios del Siglo XX el reconocido jurista y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Louis Brandeis: “Si el gobierno se convierte en transgresor de la ley, fomenta el menosprecio a la norma; incita a cada persona a considerarse a sí misma como la ley; estimula a la anarquía”. Lo cual significaría socavar desde el poder el imperio de la ley y el Estado de derecho.
Si el presidente Medina aspira a desarrollar “una sociedad justa y transparente”, como afirmara en su Plan de Gobierno, es fundamental afianzar la confianza ciudadana en la esencial Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la cual hoy se encuentra seriamente cuestionada.
Consejo Nacional
Julio 15, 2013
