Levantamiento, análisis y evaluación de los contratos celebrados entre el Estado Dominicano y la Constructora Norberto Odebrecht S. A. y sus asociados dominicanos, desde el 2001 hasta el 2016.

“Impacto sobre los resultados financieros (déficits) y el nivel de deuda pública Sector Público No Financiero (SPNF)”

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Después de un análisis ponderado de la instancia con que la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado medidas de coerción contra 14 personas imputadas por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que fue decidida por el magistrado Francisco Ortega Polanco, imponiendo medidas de coerción a todos los imputados en lo que puede calificarse como un triunfo de la posición de la PGR, Participación Ciudadana formula los siguientes planteamientos:

                1.- Aunque el documento presentó suficientes indicios para sustentar  causa probable y los otros elementos que justifican medidas de coerción, lo que explica el resultado obtenido, fue notorio la comisión de errores injustificables que aunque no afectaron la solicitud realizada ni las investigaciones por realizar, ayudan a desacreditar, no solo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales, y contribuyen a sustentar las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.

                2.- El caso Odebrecht se encuentra en una etapa procesal que permite subsanar cualquier error cometido, pues el Ministerio Público, aún cuenta con un plazo de por lo menos ocho meses para completar la investigación y presentar acusación, cuidando de no cometer nuevos errores, e incluyendo a los responsables que aún no han sido identificados pero que de acuerdo al documento de la PGR, “de la investigación ya se vislumbra que serán más imputados.” También fue notoria la exclusión de parientes de dos de los principales imputados, con hechos descritos que los vinculan a los hechos perseguidos.

3.- El documento recoge con fechas, entre el 2007 y 2015, las transferencias por unos 81.2 millones de dólares realizadas por cinco empresas de Odebrecht, a dos del imputado Angel Rondón, identificado como el repartidor de sobornos a funcionarios dominicanos, para contratación y ejecución de obras públicas por un valor de 5 mil millones 957 mil 457 dólares.

                4.- Tras la enumeración de 17 obras contratadas, desde la primera, el Acueducto de la Línea Noroeste, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, el documento expresa textualmente, en su página 14 que "Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado, Angel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana,  utilizando una estructura corporativa de empresas offshores pertenecientes al imputado Angel Rondón y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht".

                5.- Llama la atención que en la instancia de la PGR aparezcan igual número de imputados vinculados a la contratación y aprobación de las primeras dos obras, montantes a un cinco por ciento de la totalidad de la inversión pública implicada, y a las otras 15 que representan el 95 por ciento. Más aún cuando la totalidad de las transferencias de Odebrecht a Angel Rondón, registradas en el documento, se produjeron entre el 2007 y 2015, período en que se registra la gran mayoría, lo que implica un sesgo político al distribuir responsabilidades por igual y tender un manto de impunidad a vinculados al actual gobierno.

                6.- El análisis de las transferencias de Odebrecht a Rondón indica un aumento progresivo de los montos, con un 85 por ciento entre el 2010 y 2015, y 74 por ciento entre los años 2012 y 2015, cuando superaron los 60  millones de dólares, justo en el período en que se contrataron cinco obras por más del 50 por ciento de las inversiones, resaltando la de las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 10 millones744 mil 751 dólares.

                7.- Aunque posteriormente la PGR dijo en un comunicado que en las plantas de carbón sólo hubo sobornos a un senador y un diputado para la aprobación de su financiamiento, ello resulta inconsistente, puesto que no se les identifica, y por demás el partido de gobierno ya contaba con casi todos los senadores y más del 60 por ciento de los diputados, lo que haría innecesario el soborno. A menos que sea muy grande el lodazal del que el presidente del senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, dijo haber escapado.

                8.- Es resaltante que los documentos recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la PGR. La PGR alegó que el acuerdo ayudaría a obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios sobornados y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el acuerdo y el mismo sería terminado. A esta fecha, todavía no se conocen las pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa, aún no han sido divulgados los papeles de Brasil que ya están en manos de la PGR.

                9.- En la instancia asoman las sobrevaluaciones de las obras contratadas con la Odebrecht, que a más de cinco meses del estallido del escándalo aún no han sido auditadas, lo que implica una grave negligencia investigativa.

                10.- En dos casos se alude a testimonios de financiamientos de campañas electorales por parte de la Odebrecht, lo que no ha asumido con diligencia el Ministerio Público, pese a los testimonios de quienes dirigían el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, guardando silencio sobre la denuncia presentada por Participación Ciudadana, junto a otras tres instituciones sociales, con fuertes indicios de tal ocurrencia. Como tampoco se investiga el grave testimonio de que utilizaron el país para sus operaciones de corrupción internacional.

                11.- Las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante.

                12.- Los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores, no pueden refugiarse en la demanda del respeto al debido proceso, que todos debemos preservar, y reconocer la gravedad del escándalo que ha generado tanta indignación en la sociedad dominicana, a la que están obligados a pedir excusas y proceder firme y decididamente a implementar reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que nos agobian. Ello debe comenzar de inmediato con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos hace años demandadas para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional y por las pendientes decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura.

Participación Ciudadana invita a la ciudadanía a dar seguimiento al curso del proceso penal, a los fines de lograr reducir la impunidad y la corrupción en la República Dominicana.

CONSEJO NACIONAL

8 de junio de 2017

En el panel sobre el “Perfil del Nuevo Policía” participaron representantes de la Policía Nacional, el Ministerio de Administración Pública y la Asociación por una Sociedad más Justa de Honduras.

Participación Ciudadana calificó de urgente la transformación de la institución policial, como única manera de contar con agentes de la policía al servicio de la población y con condiciones dignas para el desempeño de sus funciones, reconociendo que los procesos de reforma son complejos e implican un cambio en la cultura organizativa y la modificación de las conductas de los individuos que la componen.

Así lo expresó en el panel “Proceso de selección de los miembros de la Policía Nacional: El perfil del nuevo Policía”, realizado por la organización para reflexionar sobre los retos que enfrenta la institución a partir de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16), con la participación de representantes de la Policía Nacional, el Ministerio de Administración Pública y la Asociación por una Sociedad más Justa de Honduras

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional consideró que la nueva institución policial debe prever la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, considerar beneficios para los agentes, sueldos decentes y dignos, la debida seguridad social que beneficie a estos y a sus familiares.

Rosalia Sosa, directora ejecutiva, expreso que “el proceso de convocatoria y selección de agentes de la Policía Nacional, debe reflejar un compromiso con el orden democrático y guiarse por criterios propios de una institución civil, profesional, eficaz, honesta, y respetuosa de los derechos humanos”.
De esta manera, continuó, se garantiza la formación integral de policías profesionales para servir a la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema de seguridad y justicia.

Luego de las palabras de apertura, la viceministra de Función Pública, Donatila Germán, expuso sobre los avances de la carrera policial en el país. A continuación el coronel Jorge Cordero Montes de Oca, del Departamento de Gestión de Empleo de la Policía Nacional, disertó sobre el proceso de selección de los miembros de la Policía Nacional a partir de la nueva ley. A modo de conclusión, la especialista en Gestión de Recursos Humanos de Asociación por una Sociedad más Justa de Honduras, Jimena García, relató la experiencia de Honduras en la selección de los miembros de la Policía Nacional.

El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó que la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que se reúne a partir de este lunes 15 de mayo, otorga al presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana, con clara mayoría en dicho organismo, una excelente oportunidad para contribuir en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y en el mejoramiento del sistema electoral e institucional dominicano, designando en las altas cortes jueces, no solo capaces, íntegros y laboriosos, sino sobre todo independientes del partidarismo.

En esta primera reunión, sostuvo, el CNM debe concentrarse en definir el perfil  de las posiciones a completar, estableciendo técnicas  modernas de evaluación que permitan confirmar las fortalezas y debilidades de los candidatos, para lo cual deben hacerse acompañar del personal técnico correspondiente.

“Esperamos una renovación completa del Tribunal Superior Electoral, con nuevos jueces que no hayan pertenecido a partidos políticos, por lo menos durante los últimos cuatro años, que conjuntamente con la aprobación de las leyes electoral y de partidos políticos ayuden a rescatar la credibilidad perdida de nuestro sistema electoral”, señaló la entidad.

En la Suprema Corte de Justicia se elegirán cuatro jueces, en caso de confirmarse el retiro del magistrado Víctor Castellanos, de los cuales tres deberán provenir de la carrera judicial y uno de la academia, la práctica privada o el ministerio público.

Con respecto a los tres jueces de carrera,  dijo esperan se tome en cuenta el escalafón judicial y las evaluaciones de los magistrados aspirantes y no simplemente sus simpatías políticas o los padrinos que puedan tener entre los miembros del CNM. “El que provendrá de fuera de la carrera, esperamos que no haya pertenecido a ningún partido político durante los últimos cuatro años, además de reunir las cualificaciones necesarias”, agregó.

Con respecto al Tribunal Constitucional, reiteró que sólo correspondería sustituir a uno de sus miembros que ya sobrepasó la edad de retiro forzoso, por lo que espera que en este caso, como en los demás, no se aplique el método de la repartición de las posiciones entre el partido gobernante y sus aliados, como, consideró, ocurrió en las designaciones que realizó el CNM en el año 2011. Puntualizó que, en esta ocasión, por lo menos seis de los diez magistrados que serán sustituidos en las tres cortes fueron parte de dicha repartición y un séptimo caso proviene de otra repartición anterior.

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional advirtió que “los miembros del CNM, y, de manera particular, el presidente Medina, saben perfectamente que en una sociedad tan pequeña como la nuestra es imposible infiltrar en las altas cortes cuadros políticos o personas con claras lealtades partidarias, aun cuando provengan de las carreras judicial y del ministerio público, sin que la sociedad se percate”.

Participación Ciudadana dará seguimiento a los trabajos del CNM y ofrecerá su evaluación de todo el proceso, adelantó, con la esperanza de que se aproveche el momento para revertir el creciente deterioro y falta de credibilidad del sistema de justicia en el país.

CONSEJO NACIONAL

15 de mayo 2017

Respuesta de Participación Ciudadana a la carta pública dirigida por Antonio Isa Conde a esta institución.

PC responde Carta Antonio Isa Conde

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, solicitó a los 22 partidos políticos del país, en virtud de lo establecido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No 200-04, una lista detallada con los nombres y apellidos de personas e instituciones públicas o privadas que aportaron al financiamiento de la campaña electoral 2016 de su organización, incluyendo los montos y fechas de los aportes.

La petición se hace luego de que se divulgaran declaraciones contradictorias ante las autoridades brasileñas relativas al supuesto financiamiento ilícito de la constructora Odebrecht a la campaña de Danilo Medina a través de su asesor Joao Santana. Estas denuncias y la inacción de los organismos llamados a darle seguimiento, reafirman la necesidad de contribuir desde la sociedad civil a la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos para garantizar el apego a los procedimientos y regulaciones establecidos en las leyes.

El movimiento cívico efectúa el requerimiento en correspondencia con los trabajos que realiza para la promoción de la transparencia en la República Dominicana. “Nuestra organización con esta solicitud ejerce el derecho a demandar rendición de cuentas, a los organismos legalmente constituidos, que sean destinatarios de fondos públicos, como son los partidos políticos”, sostuvo la coordinadora general Marisela Duval.

Indicó que, antes de realizar la solicitud de información, verificaron que no se encontrara a libre disposición del público en los portales digitales de ninguno de los partidos políticos, como ordena  la Ley General del Libre Acceso a la Información y su Reglamento de Aplicación Decreto  No. 130-05. Recordó que en el caso de los partidos políticos, la información que debe ser divulgada tiene que incluir el origen y destino de todo su patrimonio, así como la identidad de sus contribuyentes públicos y privados.

Consejo Nacional

Mayo 10, 2017

Diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia por medio de la cual solicitan que se investigue “si en el país se recibieron fondos internacionales de la empresa Odebrecht, S. A., para financiar la campaña electoral oficialista del año 2012, así como para reinstaurar en la Constitución la figura de la reelección presidencial en 2015”.

Las organizaciones que presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la República son Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación MASADA, Inc. y Santiago Somos Todos.

Según las citadas organizaciones, la duda que las autoridades deben esclarecer es si el partido oficialista PLD recibió fondos de Odebrecht, S. A., a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE&ART2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil. De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana su Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral y la Ley de Lavado de Activos.

“La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana, se hace en virtud de que ellos (sus dirigentes) declararon que Joao Cerqueira de Santana Filho era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los Estados Financieros presentados a la Junta Central Electoral, no se evidencia ningún pago a Joao Cerqueira de Santana Filho ni a ninguna de sus empresas… De confirmarse los hechos, estamos frente a un ultraje a la Soberanía Nacional por la injerencia de una empresa extranjera en temas políticos de República Dominicana”, plantean las organizaciones denunciantes.

Señalan que los breves Estados Financieros “presentados tardíamente por el PLD a la Junta Central Electoral, no evidencian ningún pago realizado a Joao Santana ni a ninguna de sus empresas”. Recuerdan que la Ley Electoral resulta “clara y reiterativa” en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El amplio documento describe detalladamente y con referencias precisas el entramado corporativo y las complejas triangulaciones internacionales utilizadas por Odebrecht, S. A., sus cómplices y beneficiarios, de acuerdo a investigaciones realizadas en el ámbito internacional. Se describe las rutas de los fondos, los cuales vinieron por vía de bancos suizos y peruanos hasta la República Dominicana.

Las organizaciones recusan al procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, por su condición de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y activismo político partidario en la campaña del entonces candidato Danilo Medina Sánchez, en violación a lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Los denunciantes confían en que su acción contará con el respaldo de las autoridades, como forma eficaz y definitiva de aclarar la veracidad o la falsedad de las declaraciones de los altos ejecutivos de Odebrecht, S. A. , al igual que recibirá el apoyo decidido de todos los dominicanos de buena voluntad, como una evidencia más de la invariable determinación de poner fin a la era de la impunidad en República Dominicana.

Mayo 2, 2017

Los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de América Latina y El Caribe expresaron su apoyo a las acciones de movilización, reclamo y demanda del pueblo dominicano por el fin de la corrupción y la impunidad. Así lo manifestaron en el Encuentro Regional en el que participaron los capítulos de países donde la empresa trasnacional Odebrecht realizó operaciones de soborno, entre ellos: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y República Dominicana.

El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, dijo que la lucha contra la corrupción protagonizada por la ciudadanía dominicana ha servido de inspiración para otros países que enfrentan casos similares. “Creo que ustedes le están enseñando al mundo el camino a la movilización contra la corrupción; si los pueblos no hablan ni se movilizan, los corruptos nos van a ganar la pelea”, sostuvo.

En la actividad, pasaron un balance por país sobre el curso de las investigaciones sobre sobornos, lavado de activos, financiamiento ilegal político, prevaricación y cohecho realizado por las empresas brasileñas vinculadas al caso Lava Jato para obtener la adjudicación y retención de contratos de mega obras, así como los avances en otros países para la cuantificación de las sobrevaluaciones de los contratos.

En la segunda parte del Encuentro Regional asistieron Carlos Bruno, fiscal de la Oficina de Cooperación Judicial de Brasil;  Alonso Peña-Cabrera, fiscal de Perú; y Richard Pilger, fiscal anticorrupción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Bruno explicó que el caso de corrupción Lava Jato tiene la particularidad de ser el primero en el que varias empresas se articulan en un cartel para obtener contratos a través del financiamiento ilegal a políticos.  “Pero lo que es difícil comprender,  es cómo otros países responden a los mismos problemas, cómo a partir de la financiación ilegal se estructura un esquema criminal que traspasa al sistema político, afectando no sólo al partido en el poder sino a otros partidos políticos”, sostuvo.

Aclaró que el acuerdo de confidencialidad legal entre Odebrecht y la Fiscalía de Brasil será levantado en junio, porque la empresa solicitó un período de gracia de seis meses para poder gestionar acuerdos similares con otros países donde han pagado sobornos, negociando no sólo información sino la posibilidad de continuar operando en los mismos.

El representante del Ministerio Público de Perú, Alonso Peña-Cabrera,  presentó los resultados de las investigaciones realizadas, entre estos la orden internacional de extradición de un expresidente, así como la prisión preventiva de varios funcionarios y empresarios como medida de coerción.

Explicó que el esquema delincuencial comprende dos momentos: el de sobrecostos de obras públicas y el de lavado de activos transferidos a paraísos fiscales para lograr identificar las cuentas. Aclaró que “un ministerio público no puede tener amigos sino que debe ser fiel a la persecución penal”.

Enfatizó en la necesidad de orientar a la ciudadanía sobre el impacto de la corrupción y la importancia de la presión ciudadana para enfrentar la impunidad. “No se puede permitir que personas con mucho poder político y económico utilicen su influencia para impedir ser procesados y condenados”, puntualizó Peña-Cabrera.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó a diversas autoridades estatales los resultados del proceso de consulta sobre las problemáticas de seguridad ciudadana que afectan a la provincia de Puerto Plata. Enfatizó en la necesidad de fortalecer la prevención y la intervención correctiva a través de la articulación intersectorial entre las instituciones gubernamentales y el gobierno local, y la participación de la sociedad civil.

Según la investigación, dirigida por la antropóloga social Tahira Vargas, las principales preocupaciones de la sociedad puertoplateña están relacionadas al alto nivel de atracos y robos,  el auge del microtráfico de drogas, la decadencia del turismo debido al impacto de la inseguridad y los feminicidios. Así lo expusieron la directora ejecutiva de la organización Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, y la dirigente comunitaria Isabel Francisco Matías, miembro del Comité Pro-Puerto de Puerto Plata.

A partir de este diagnóstico, se identificaron las instituciones responsables de ejecutar políticas públicas pertinentes para aumentar las medidas de prevención, integrando programas de formación en derechos humanos y patrones de crianza, programas de salud mental para fomentar la integración y la equidad, y campañas de promoción de hogares dignos y familias sin violencia.

Asimismo, se sugirió establecer mecanismos de mayor control sobre los medios de comunicación con respecto a la programación basada en violencia y delincuencia; establecer sistemas de sanciones claros y efectivos, y no encubrir personas que cometen delitos. También, implementar programas de fomento del empleo hacia la juventud y crear espacios deportivos y de formación técnica.

Con respecto a la violencia de género, se propuso generar estructuras de asistencia psicológica y centros de atención para hombres agresores, y desarrollar programas de reinserción escolar para adolescentes y jóvenes de género masculino.

En la presentación se destacó la necesidad de fortalecer diversas instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana, entre estas la Policía Nacional; la cual, según el estudio, debe garantizar la profesionalización de las y los agentes, llevar a cabo un proceso de depuración policial y promover la integración policía-sociedad civil.

Los asistentes valoraron la presentación de los resultados de la consulta ciudadana, ya que refleja la problemática en seguridad y violencia de género que padecen los habitantes de esa importante zona turística del país.  Reclamaron mayor atención de las autoridades locales y nacionales, a los fines de preservar  la fuente de ingreso  que impacta  en la economía local que es el turismo.

En las conclusiones del encuentro, autoridades y sociedad civil se comprometieron a elaborar un acuerdo interinstitucional para asumir medidas concretas que fortalezcan la seguridad ciudadana en la provincia. La firma se realizará el 21 de marzo en el centro regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Puerto Plata (CURA-UASD).

El acto tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Puerto Plata y contó con la asistencia de representantes de diversas instituciones públicas como la Cámara de Diputados; la Oficina de Defensa Pública de Puerto Plata; Procuraduría Fiscal;  CONANI; CESTUR; Ministerio de Educación; Bomberos; Ministerio de la Mujer; el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes; la Policía Nacional; así como autoridades académicas, líderes de juntas de vecinos y dirigentes comunitarios.