Barometro Corrupción 2017

En el Barómetro Global de Corrupción 2017, la República Dominicana con el porcentaje mayor de entre los que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos. De los encuestados, el 51% en México y el 46% en la República Dominicana, constituyen el porcentaje mayor de entre los que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos.

Participación Ciudadana Capítulo de Transparencia Internacional, presentó un nuevo Informe denominado: “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, que concluyó que el 29% de los ciudadanos/as que utilizaron seis servicios públicos clave (escuelas, hospitales, adquisición de documentos de identidad, servicios públicos, policía y tribunales) pagaron algún soborno.

Dentro de las cinco preguntas claves incluidas en la encuesta aplicada, los países que registraron respuestas más negativas fueron Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela, mientras que Ecuador, Guatemala y Uruguay muestran las respuestas más positivas. Aproximadamente la mitad de los encuestados señalan que casi todos o todos los policías y los políticos son corruptos (47% en ambos casos), una proporción mayor a la adjudicada a cualquier otra institución.

En función de las respuestas de sus ciudadanos, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela, tienen el peor resultado, dado que reciben calificaciones negativas en cuatro de los cinco indicadores. En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción, como de la merma en el nivel de corrupción.

Según el informe, “.los reclamos de rendición de cuentas y transparencia que expresan los ciudadanos/as no están siendo atendidos por los gobiernos. Es necesario que los gobiernos tomen mayores medidas para erradicar la corrupción en todos los niveles, sobre todo en los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, los cuales deben tener un papel clave en la lucha contra la impunidad. Deben fortalecer la independencia de los mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los corruptos y brindar mayores protecciones a quienes denuncian hechos de corrupción”

La encuesta de Transparencia Internacional realizada a más de 22,000 personas de 20 países de la región, muestra que los gobiernos de América Latina y del Caribe no están cumpliendo los reclamos de sus ciudadanos/as de que combatan la corrupción. A pesar de las manifestaciones contra la corrupción que tuvieron lugar en el último año en países como Brasil, Guatemala, la República Dominicana y Venezuela, alrededor de dos tercios (62 %) de los encuestados dijeron que la corrupción había aumentado.

El Barómetro Global de Corrupción 2017, exhorta a los gobiernos a invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial  y criterios transparentes para la asignación de causas.

También recomiendan a los gobiernos, fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializada, afianzar las medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión en toda la institución.

El soborno es una experiencia demasiado habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos. Se calcula que, en los 20 países sondeados, más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno, lo que equivale a casi una de cada tres de las personas que acceden a estos servicios.

Transparencia Internacional insta a los gobiernos tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos, preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción, sanear la institución policial, proteger a los denunciantes, invertir en medidas para acceso a la justicia y el Estado de Derecho, a fortalecer sus sistemas judiciales, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces y criterios transparentes para la asignación de causas.

Políticos autoritarios y la corrupción limitan el derecho a la información en RD

Dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Saber, Participación Ciudadana considera que el país registra limitados avances y profundos retrocesos que obstaculizan el derecho a la información y la implementación plena de la Ley General de Libre Acceso a la Información.

Aspectos en los que se evidencia retrocesos son los siguientes: 1. Ningún partido político cumple con el mandato de la Ley de Acceso a la Información, 2. Un número importante de instituciones no publican la nómina pública en formato claro, actualizado, con datos confiables y entendibles, 3. Los presupuestos y su ejecución se publican en formatos cerrados, no reutilizables, y 4. Las instituciones públicas ponen a disposición de la ciudadanía limitada información sobre sus procesos de compras y contrataciones.

La publicidad es la prueba de fuego para el ejercicio del poder, por ello los políticos autoritarios son profundamente desconfiados de las exigencias ciudadanas de dar razones,  explicar sus decisiones y de transparentar sus documentos y archivos.

A trece (13) años de la promulgación de la Ley No. 200-04 sobre el  Libre Acceso a la Información Pública,  República Dominicana no cuenta con un órgano rector  autónomo, independiente, con facultades y competencias conforme a los más altos estándares internacionales,  que cumpla con la función de control, de socialización y difusión del derecho de acceso a la información.  En tal sentido,  urge retomar el anteproyecto de Ley que crearía l Instituto Dominicano de Acceso a la Información.

En relación a los organismos responsables de control y promoción del  derecho de toda persona a la información pública el país mantiene importantes retos, inconsistencias y retrocesos. Nuestra Ley General de Acceso a la Información Pública carece de un órgano rector independiente, autónomo, separado de influencias políticas partidarias y dedicado especialmente al control, vigilancia y garante del derecho a saber.

Esta ausencia ocasiona dificultades y lentitudes en la implementación de dicha norma, en adición a actitudes, prácticas de obstrucción de la participación de la ciudadanía en  el acceso a las informaciones que genera y guarda las instituciones destinatarias de fondos públicos.

La propuesta preliminar existente de crear por ley el Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública (IDAIP), constituyó un esfuerzo para encarar la implementación de la Ley No 200-04, pero fue abortada por el Presidente Danilo Medina Sánchez, con la promulgación del Decreto No 486-12, que crea la Dirección General de Ética e Integridad, como supuesto “órgano rector” en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información.

Un órgano rector en materia de acceso a la información y protección de datos personales, debe ser una instancia con una robusta independencia y autonomía administrativa, financiera y de gestión, condiciones que no reúne la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, al ser una instancia adscrita al Ministerio de la Presidencia.

El Estado está en la obligación de garantizar la creación de un órgano rector independiente, con su autonomía administrativa, financiera, de gestión, operativa, presupuestaria, fundamental para evitar presiones políticas o de intereses particulares y que pueda ser  soberano y autónomo, en sus decisiones y acciones, de cualquier persona o entidad, incluyendo del propio gobierno central.

Urge a la sociedad dominicana una instancia de control y garante del acceso a la información, que permita la resolución de controversias, antes de llegar a las instancias jurisdiccionales. Aún sigue pendiente un ente público autónomo e independiente que garantice el acceso a la información y la protección de datos personales mediante las funciones de promoción, regulación, supervisión y el conocimiento de los recursos en esta materia y el establecimiento de sanciones.

Consejo Nacional
En el Día Mundial del Libre Acceso a la Información
28 Septiembre del 2017

Los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en América Latina, ante la deplorable medida adoptada por el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona no grata al Sr. Iván Velásquez, quien venía encabezando la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), y ordenando al mismo tiempo su expulsión del país, nos dirigirnos a la opinión pública de la región, a fin de manifestar lo siguiente:

1. Expresamos nuestro repudio a las citadas medidas, así como advertimos a la comunidad internacional que se trata de una afrenta contra la institucionalidad democrática y la lucha contra la corrupción, además de implicar una seria ruptura de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad.
2. La CICIG es un mecanismo acordado entre el gobierno guatemalteco y la ONU para enfrentar el abuso del poder, en coordinación estrecha con el Ministerio Público del país. Ha logrado avances muy importantes en los últimos años y ha probado su eficiencia en detectar y perseguir la corrupción al más alto nivel, convirtiéndose en un ejemplo para los esfuerzos contra la corrupción en toda la región.
3. La situación generada, que pone en riesgo la continuidad de la CIGIC,  tiene como principal responsable al propio Presidente de la República y tuvo lugar sólo horas después de que la citada comisión y el Ministerio Público solicitaran al Congreso de este país, llevar adelante el mecanismo del antejuicio, a fin de suspenderle la inmunidad y proceder a abrirle una investigación por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito.
4. Queda en evidencia, entonces, la grosera manera en la que el Presidente Morales pretende obstaculizar, no solamente la investigación sobre el citado delito, sino también otros que ya vienen siendo investigados y que han sido atribuidos a aparatos clandestinos de seguridad, presuntamente vinculados al gobierno que él conduce.
5. Ante tan preocupante situación, la reacción producida en el plano internacional ha sido de claro rechazo a la medida, demandando al Presidente Morales una inmediata rectificación, así como el respeto al orden democrático y a las expresiones de discrepancia con las medidas, que vienen produciéndose desde distintos sectores de la sociedad guatemalteca.
6. Resulta muy alentador también que desde la propia escena oficial surgieran voces discrepantes, como las de varios Ministros de Estado que renunciaron a sus carteras mostrando su disconformidad con la actuación presidencial, así como la del Procurador para los Derechos Humanos (Ombudsman) y, sobre todo, lo resuelto por la Corte Constitucional de Guatemala, que ha suspendido los efectos de las decisiones del Presidente. Todo ello, permite abrigar la expectativa de que los hechos denunciados puedan ser revertidos en el corto plazo.
7. Hacemos en consecuencia un llamado para mantener alerta a la comunidad internacional a fin de respaldar la labor de la CICIG y de lo que ella representa para Guatemala y el mundo. También para solidarizarnos y acompañar al pueblo guatemalteco en estas difíciles circunstancias, convencidos de que el atropello producido no habrá de prosperar y que, por el contrario, abrirá a una etapa nueva de la que saldrá fortalecida la lucha contra la corrupción.
8. Finalmente, saludamos y respaldamos muy especialmente la labor que en ese hermano país viene realizando Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, y reiteramos nuestro compromiso de permanecer unidos y atentos para continuar apoyando su actuación a favor de la integridad y del pueblo de Guatemala.

Suscriben:

Asociación para una Sociedad más Justa ASJ, capítulo hondureño
Costa Rica Íntegra, capítulo costarricense
Chile Transparente, capítulo chileno
Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, capítulo salvadoreño
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño
Participación Ciudadana, capítulo dominicano
Poder Ciudadano, capítulo argentino
Proética, capítulo peruano
Transparencia Mexicana, capítulo mexicano
Transparencia por Colombia, capítulo colombiano
Transparencia Venezuela, capítulo venezolano
Transparencia Internacional – Programa Brasil
Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco

Levantamiento, análisis y evaluación de los contratos celebrados entre el Estado Dominicano y la Constructora Norberto Odebrecht S. A. y sus asociados dominicanos, desde el 2001 hasta el 2016.

“Impacto sobre los resultados financieros (déficits) y el nivel de deuda pública Sector Público No Financiero (SPNF)”

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Después de un análisis ponderado de la instancia con que la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado medidas de coerción contra 14 personas imputadas por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que fue decidida por el magistrado Francisco Ortega Polanco, imponiendo medidas de coerción a todos los imputados en lo que puede calificarse como un triunfo de la posición de la PGR, Participación Ciudadana formula los siguientes planteamientos:

                1.- Aunque el documento presentó suficientes indicios para sustentar  causa probable y los otros elementos que justifican medidas de coerción, lo que explica el resultado obtenido, fue notorio la comisión de errores injustificables que aunque no afectaron la solicitud realizada ni las investigaciones por realizar, ayudan a desacreditar, no solo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales, y contribuyen a sustentar las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.

                2.- El caso Odebrecht se encuentra en una etapa procesal que permite subsanar cualquier error cometido, pues el Ministerio Público, aún cuenta con un plazo de por lo menos ocho meses para completar la investigación y presentar acusación, cuidando de no cometer nuevos errores, e incluyendo a los responsables que aún no han sido identificados pero que de acuerdo al documento de la PGR, “de la investigación ya se vislumbra que serán más imputados.” También fue notoria la exclusión de parientes de dos de los principales imputados, con hechos descritos que los vinculan a los hechos perseguidos.

3.- El documento recoge con fechas, entre el 2007 y 2015, las transferencias por unos 81.2 millones de dólares realizadas por cinco empresas de Odebrecht, a dos del imputado Angel Rondón, identificado como el repartidor de sobornos a funcionarios dominicanos, para contratación y ejecución de obras públicas por un valor de 5 mil millones 957 mil 457 dólares.

                4.- Tras la enumeración de 17 obras contratadas, desde la primera, el Acueducto de la Línea Noroeste, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, el documento expresa textualmente, en su página 14 que "Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado, Angel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana,  utilizando una estructura corporativa de empresas offshores pertenecientes al imputado Angel Rondón y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht".

                5.- Llama la atención que en la instancia de la PGR aparezcan igual número de imputados vinculados a la contratación y aprobación de las primeras dos obras, montantes a un cinco por ciento de la totalidad de la inversión pública implicada, y a las otras 15 que representan el 95 por ciento. Más aún cuando la totalidad de las transferencias de Odebrecht a Angel Rondón, registradas en el documento, se produjeron entre el 2007 y 2015, período en que se registra la gran mayoría, lo que implica un sesgo político al distribuir responsabilidades por igual y tender un manto de impunidad a vinculados al actual gobierno.

                6.- El análisis de las transferencias de Odebrecht a Rondón indica un aumento progresivo de los montos, con un 85 por ciento entre el 2010 y 2015, y 74 por ciento entre los años 2012 y 2015, cuando superaron los 60  millones de dólares, justo en el período en que se contrataron cinco obras por más del 50 por ciento de las inversiones, resaltando la de las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 10 millones744 mil 751 dólares.

                7.- Aunque posteriormente la PGR dijo en un comunicado que en las plantas de carbón sólo hubo sobornos a un senador y un diputado para la aprobación de su financiamiento, ello resulta inconsistente, puesto que no se les identifica, y por demás el partido de gobierno ya contaba con casi todos los senadores y más del 60 por ciento de los diputados, lo que haría innecesario el soborno. A menos que sea muy grande el lodazal del que el presidente del senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, dijo haber escapado.

                8.- Es resaltante que los documentos recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la PGR. La PGR alegó que el acuerdo ayudaría a obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios sobornados y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el acuerdo y el mismo sería terminado. A esta fecha, todavía no se conocen las pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa, aún no han sido divulgados los papeles de Brasil que ya están en manos de la PGR.

                9.- En la instancia asoman las sobrevaluaciones de las obras contratadas con la Odebrecht, que a más de cinco meses del estallido del escándalo aún no han sido auditadas, lo que implica una grave negligencia investigativa.

                10.- En dos casos se alude a testimonios de financiamientos de campañas electorales por parte de la Odebrecht, lo que no ha asumido con diligencia el Ministerio Público, pese a los testimonios de quienes dirigían el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, guardando silencio sobre la denuncia presentada por Participación Ciudadana, junto a otras tres instituciones sociales, con fuertes indicios de tal ocurrencia. Como tampoco se investiga el grave testimonio de que utilizaron el país para sus operaciones de corrupción internacional.

                11.- Las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante.

                12.- Los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores, no pueden refugiarse en la demanda del respeto al debido proceso, que todos debemos preservar, y reconocer la gravedad del escándalo que ha generado tanta indignación en la sociedad dominicana, a la que están obligados a pedir excusas y proceder firme y decididamente a implementar reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que nos agobian. Ello debe comenzar de inmediato con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos hace años demandadas para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional y por las pendientes decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura.

Participación Ciudadana invita a la ciudadanía a dar seguimiento al curso del proceso penal, a los fines de lograr reducir la impunidad y la corrupción en la República Dominicana.

CONSEJO NACIONAL

8 de junio de 2017

En el panel sobre el “Perfil del Nuevo Policía” participaron representantes de la Policía Nacional, el Ministerio de Administración Pública y la Asociación por una Sociedad más Justa de Honduras.

Participación Ciudadana calificó de urgente la transformación de la institución policial, como única manera de contar con agentes de la policía al servicio de la población y con condiciones dignas para el desempeño de sus funciones, reconociendo que los procesos de reforma son complejos e implican un cambio en la cultura organizativa y la modificación de las conductas de los individuos que la componen.

Así lo expresó en el panel “Proceso de selección de los miembros de la Policía Nacional: El perfil del nuevo Policía”, realizado por la organización para reflexionar sobre los retos que enfrenta la institución a partir de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16), con la participación de representantes de la Policía Nacional, el Ministerio de Administración Pública y la Asociación por una Sociedad más Justa de Honduras

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional consideró que la nueva institución policial debe prever la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, considerar beneficios para los agentes, sueldos decentes y dignos, la debida seguridad social que beneficie a estos y a sus familiares.

Rosalia Sosa, directora ejecutiva, expreso que “el proceso de convocatoria y selección de agentes de la Policía Nacional, debe reflejar un compromiso con el orden democrático y guiarse por criterios propios de una institución civil, profesional, eficaz, honesta, y respetuosa de los derechos humanos”.
De esta manera, continuó, se garantiza la formación integral de policías profesionales para servir a la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema de seguridad y justicia.

Luego de las palabras de apertura, la viceministra de Función Pública, Donatila Germán, expuso sobre los avances de la carrera policial en el país. A continuación el coronel Jorge Cordero Montes de Oca, del Departamento de Gestión de Empleo de la Policía Nacional, disertó sobre el proceso de selección de los miembros de la Policía Nacional a partir de la nueva ley. A modo de conclusión, la especialista en Gestión de Recursos Humanos de Asociación por una Sociedad más Justa de Honduras, Jimena García, relató la experiencia de Honduras en la selección de los miembros de la Policía Nacional.