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PC demanda juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas

Participación Ciudadana considera que el aumento salarial que se han auto asignado los miembros de la Cámara de Cuentas viola el artículo 140 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, lo que resta legitimidad y calidad legal y moral a tales miembros para continuar encabezando el máximo órgano del Sistema de Control y Auditoria del Estado.

El artículo 140 constitucional establece en forma enfática que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.”

PC indico además que el artículo 12 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece como límite al salario del presidente de la Cámara de Cuentas, la suma de RD$350,000, que era el salario vigente hasta que fue aumentado en enero pasado a la suma de RD$423,500.00. Los demás miembros recibieron aumentos que llevaron sus salarios a RD$379,097.84.

La institución lamento que estos aumentos salariales se producen luego de declaraciones de los propios miembros de la Cámara de Cuentas de insuficiencia de fondos para poder realizar sus trabajos de auditorías, sobre todo en casos tan relevantes como las sobrevaloraciones de obras asignadas a Odebrechet, la OMSA, Diandino Peña, el CEA y muchos otros casos pendientes. Esta queja permitió que se asignaran a la Cámara de Cuentas ochenta millones adicionales en su presupuesto para el 2018, de los cuales 54 millones fueron rápidamente utilizados para aumento de nómina, incluyendo los de los miembros de la Cámara de Cuentas.

La excusa presentada por el presidente de la Cámara de Cuentas en el sentido de que, para hacer un ajuste general de salarios, tenían que hacer un nuevo tabulador, incluyendo los salarios de los miembros de la Cámara de Cuentas, es incorrecta, pues se hubiesen podido incluir, pero dejando la aplicación del aumento para los nuevos miembros cuando fueren designados, respetando así el texto constitucional, y hasta que la ley sobre Regulación Salarial del Estado fuere modificada.

Para PC al prevalerse de sus posiciones para obtener provecho económico en violación a la Constitución y las leyes, infringieron además el artículo 146 constitucional que tipifica el delito de corrupción y lo sanciona con la degradación cívica, sin perjuicio de la sanción establecida por violación a la Ley de Regulación Salarial del Estado dominicano, que además dispone en su artículo 32, en forma expresa, que la violación a la misma constituye la falta grave necesaria para dar inicio del juicio político previsto en la Constitución.

No es la primera vez que una situación como esta ocurre en la Cámara de Cuentas, y debemos recordar que en 2008 los miembros de entonces fueron sometidos a juicio político por violar la Ley de Austeridad entonces vigentes, al aumentarse sus salarios. En esa época no existía la disposición constitucional que prohibía aumentos salariales en provecho propio ni la Ley de Reajuste Salarial, por lo que las violaciones actuales son mucho más graves y claras y obliga a la aplicación del régimen de consecuencias existente.

Consejo Nacional
20 de marzo del 2018

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Presentan proyecto “Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local”

Participación Ciudadana (PC), Capítulo dominicano de Transparencia Internacional y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), presentan el proyecto “Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría social e incidencia en la Gestión Local”. Esta iniciativa cuenta con los auspicios de la Unión Europea y tiene como propósito “Fortalecer las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades locales al desarrollo social, al fortalecimiento de la buena gobernanza, a la rendición de cuentas y a la definición participativa de políticas inclusivas en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo-2030 y/o a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible.

Con esta propuesta las instituciones ejecutoras pretenden contribuir al fortalecimiento de la administración pública local, a partir de construcciones públicas transparentes y de calidad, la aplicación de las normativas de las contrataciones públicas e implementación de políticas públicas que prioricen  a la población más vulnerable; además a la participación activa de la sociedad civil dominicana en el monitoreo y acompañamiento de los avances en la administración pública local y su impacto en la calidad de las construcciones de obras públicas.

La zona geográfica de intervención será complementaria y se convertirá en un referente en la Región Sur; en los seis (6) municipios cabecera de las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

La iniciativa persigue tres importantes resultados:

  1. Establecido un Sistema de Veeduría Social a las construcciones de obras públicas en el ámbito municipal, con participación de diversos sectores sociales.
  2. Fortalecidos espacios de coordinación, colaboración Estado-sociedad, implementado mecanismos de participación de la ciudadanía, con miras a producir recomendaciones y propuestas de mejora de la calidad de la gestión pública.
  3. Mejorada la incidencia, participación y la capacidad propositiva de la sociedad civil dominicana en materia de planificación, seguimiento, control y evaluación de la calidad y transparencia de las contrataciones de obras públicas.

En el marco del proyecto se pretende propiciar, entre otras iniciativas la firmas  de  Pacto de Integridad Municipal, instrumento que permita el impulso de procesos de veeduría y transparencia  en  ejecutorias  de recursos en los  gobiernos locales, enfocados a las contrataciones y ejecución de obras públicas;  dicha acción permitirá el monitoreo municipal al cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y Concesiones.

El seguimiento a la Ley No. 176-06  que instituye el Presupuesto Participativo, permitirá una mayor  sensibilización y acompañamiento a las organizaciones sociales en los municipios para  que fragüen una participación más efectiva y sea demandada la aplicación o mejora de la implementación, en ese sentido las comisiones de veeduría social a obras públicas municipales aplicara los criterios establecidos por ley.

La presentación del proyecto se llevó a cabo en los salones del Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), calle Elvira de Mendoza #253,  Zona Universitaria.

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PC elige a Miriam Díaz Santana, coordinadora general para el periodo 2018-2019

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, eligió a Miriam Díaz Santana, como coordinadora general para el periodo 2018-2019.

Socióloga, Maestría en Educación, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por 30 años, investigadora, activista social en diferentes organizaciones. Especialista en educación y en planificación.

Miembro de Participación Ciudadana desde su fundación, Coordinadora General en el año 2003. Miembro activa permanente de las comisiones de Transparencia y de Análisis Político. Miembro del Consejo Nacional de Educación Superior en el periodo 2002/2004.

Ha trabajado por más de 30 años en el sector educativo, gubernamental  y de ONG. Es profesora titular del Departamento de Sociología de la UASD. Ha realizado más de 15 investigaciones en el campo de la educación, la sociología y la democracia.

Consejo Nacional
11 de marzo de 2018

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Gobernanza, gobernabilidad y visión de futuro

Tenemos una visión de país cristalizada conceptualmente en la Estrategia Nacional de Desarrollo, mediante la Ley 1 – 12, 2010-2030. Esa visión, reza “La República Dominicana es un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable e inserción competitiva en la economía global y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible”.

Si miramos objetivamente, sus cuatro Ejes Estratégicos, con sus 19 objetivos y el conjunto de Indicadores y Metas, así como sus acciones y los compromisos asumidos por el Estado con plazos calendarizados, podemos decir que es como si ésta no existiera. Ya nos decía Joel Barker, “visión sin acción es un sueño, acción sin visión, carece de sentido”. Pero ¿qué es una visión y por qué es tan importante para la vida de una empresa, una organización o una sociedad? La visión es la imagen mental de lo que es posible y deseable de cara al futuro. La visión desfigura y desdibuja el inmediatismo, el coyunturalismo, el hiperprensidencialismo, el mesianismo y fortalece el cuerpo normativo de los mismos, adentrándonos en las acciones y decisiones que están encuadrados en las instituciones.

La visión es el arte de verse proyectado en el tiempo y el espacio. Es un compromiso con el futuro. Es el anhelo de trabajar hoy, dibujando lo que seremos a través de ese puente, que solo los humanos podemos hacer: la imaginación. Como nos decía Stephen Covey, el ser humano es el único animal de la naturaleza que crea dos veces: a la creación física, precede la creación mental. De ahí que Albert Einstein decía con mucha propiedad que la imaginación es más importante que el conocimiento.

La visión conduce al esfuerzo concertado y al espíritu de la sinergia. Convoca a todos los actores hacia el esfuerzo de objetivos comunes y hace que despleguemos nuestras alas, donde todos rememos hacia la misma dirección. La visión se concentra, ahogando lo más posible las incertidumbres y el activismo per se. No se trata de hacer cientos de actividades sin saber hacia dónde vamos, a donde conducen éstas. Ella nos traza el porvenir y nos guía nuestro radio de acción. Es y constituye nuestra imagen. Nos alienta y nos robustece el orgullo al saber lo que queremos y a donde llegaremos.

Nos ofrece el horizonte de cómo alcanzaremos los objetivos, de las oportunidades y desafíos que debemos de enfrentar, así como de entender las distintas fuerzas sociales, las relaciones de poder, los actores estratégicos y las ventajas y carencias internas y externas, de las condiciones en que estamos operando. Es el filtro, el cemento, el pegamento que solidifica y mantiene la cohesión y la coherencia. Nos une, en una sociedad, como la fragua energizada de su hilo conductor. Una visión bien orquestada y mejor asumida, permea de manera nodal, en todas sus aristas a la Gobernanza y a la Gobernabilidad. Se sumerge y cristaliza en estas dos instancias que generan la legitimidad y el auge sostenible, ya que la visión aclara el direccionamiento a largo plazo de la sociedad y una organización.

Visto desde la cristalización y simbiosis que ha de darse entre: visión, gobernanza y gobernabilidad; podemos decir que no hay un alineamiento entre los tres, lo cual hace que en el cuerpo social dominicano los avances sean tan lentos, muy tímidos. Para avanzar, para que se produzcan los cambios con mayor calado se amerita de esa unidad sincrónica. No verse así, es tomar decisiones que no están en las partituras de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de la definición de la visión.

Si en estos 6 años de la promulgación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se hubiesen cumplido los mandatos establecidos con sus respectivas metas y objetivos, no nos cabe la menor duda, que otra fuera la sociedad, con un mayor índice de desarrollo humano, con mayor bienestar, mejores niveles de calidad de vida, mejor cohesión social y un grado de institucionalidad que coadyuvaría a un mejor Capital Institucional.

La visión bien llevada empuja la gobernanza y la gobernabilidad hacia un estadio de mayor eficiencia, de mayor eficacia y a la contemporización del compromiso con toda la sociedad. No del juego suma cero. ¿Por qué se da con tanta vehemencia y sistematicidad esta ceguera de exclusión que arrastra a los actores políticos en el poder y a una buena parte de la oposición?

Porque los actores políticos, en mayor dimensión, actúan como señalaba Daniel Kahneman, Premio Nobel, con mayor grado de irracionalidad. El demostró que las emociones son una forma de pensamiento. Nos deja establecido en su libro Pensar rápido, pensar despacio, que tenemos dos sistemas de pensamiento. El Sistema 1, dice él, es nuestra mente animal, es rápido, instintivo y emocional. El Sistema 2, es lento, deliberativo y lógico.

La elite nuestra se maneja con una sobredimensión del Sistema 1, lo que hace que solo piensen en sus intereses, en particularidades, en el corto plazo, en el sentido de que no hay vida después de ellos mismos. La prueba más fehaciente y palpable fue la declaración de Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, donde esbozaba que no estaba de acuerdo con un Pacto Fiscal. El Pacto Fiscal está contemplado en el Capítulo X que rubrica: Pactos Nacionales en apoyo a la Estrategia Nacional y el Artículo 36, lo ilustra de manera meridiana.

La gobernanza se refiere de manera taxativa a la calidad de respuesta que ofrece el Estado; en cambio, la gobernabilidad se basa en la capacidad técnica y política con la que el Estado cuenta para dar solución a las demandas de la sociedad. Es al decir de Rodrigo Borja “La razonable capacidad de mando, de conducción política y disciplina democrática que puede alcanzar una sociedad”; y, Antonio Camou, citado por Borja, nos dice, que es “un estado de equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental”.

Nos comprometimos con los Objetivos del Milenio y no nos fue bien. Ahora, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos trazamos que para esta fecha tendríamos, según el Artículo 22 de la Estrategia Nacional, que en el Índice de Percepción de la Corrupción estaríamos en 40 de 100 o, en 4 de 10. ¡Ya vemos, la visión, no está presente en los hacedores de políticas públicas, lo que dificulta cada día más la cohesión social y con ello la potencialidad, la tendencia de mayores niveles de conflictividad social!

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Un análisis de la palabra “corrupción” en el discurso de Danilo

El discurso tiene 51 páginas,  algo más de  cuarenta  mil palabras, y aborda una variedad de temas sobre la relación entre gobernante y gobernados. Siguiendo el libro de Roland Barthes, “La aventura semiológica”, el tono mayor del discurso se inscribe en lo que Barthes llama “La retórica erotizada”. En la estructura del lenguaje “La retórica erotizada”  implica dos interlocutores, y que uno de ellos otorgue. Desde el discurso, Danilo es el “dicente”, el que habla es él; y el que otorga, el que escucha,  el pueblo. La idea era enamorar, conquistar a la amada (el pueblo). Pero,  “La retórica erotizada” se quebró, porque “el que otorga”, el pueblo, se sintió extrañado por el hecho de que habiendo empleado algo más de cuarenta mil palabras, la palabra “corrupción” brilló por su ausencia. Solo una vez, en ese mar de palabras esculpidas con el fin de enamorar y conquistar se le escuchó mencionar la palabra “corrupción”.

¿Por qué Danilo Medina le huyó como el Diablo a la cruz a la palabra “corrupción”?

Hay un mecanismo lingüístico  profusamente empleado en la literatura llamado “epíteto”, que se coloca como un adjetivo distintivo del sujeto nombrado. En esa obra cumbre del mundo griego, “La Ilíada”; el aedo Homero la comenzó a emplear para resaltar las cualidades particulares de los héroes. Desde su aparición en escena, por ejemplo, el semi-Dios Aquiles al ser nombrado siempre se le agregaba “El de los pies ligero”. En la misma medida en que la narración avanzaba, y se asociaba mecánicamente el  epíteto con el sustantivo (“Aquiles, el de los pies ligero”), llega un momento en la obra que para nombrar a Aquiles basta decir “el de los pies ligero”. Solo con leer “El de los pies ligero”, el lector reproduce desde el grafema la figura de Aquiles sin necesidad de nombrarlo. Reiterándolo  una y otra vez en el discurso, el epíteto no sólo reproduce una cualidad  del sujeto, sino al sujeto mismo. Es lo que pasó con el epíteto “come solo” adjudicado también al PLD, que pasó de una significancia semántica a una significancia semiótica. Alguien que le guste comer solo alcanza apenas una significancia semántica. Pero, “Come solo” es una significancia semiótica que al pronunciarse remite a la práctica política del PLD. Únicamente entre los dominicanos tiene sentido. Pero como significancia semántica es común a cualquier persona que le guste comer sin compañía.

Danilo Medina le huyó a la palabra “corrupción” porque el vocablo se ha transformado en epíteto, y consciente o inconscientemente identifica en el presente una práctica que describe al PLD. Durante todo  el año 2017, y lo que va del 2018, un buscador en las redes arroja un empleo de la palabra de más de once millones de veces. De esos más de once millones de menciones de la palabra “corrupción” en las redes, un poco más de nueve millones de su empleo relaciona la corrupción con las siglas PLD. Es una metástasis lingüística, una significancia de sentidos que la transforma en epíteto. Danilo Medina hablando de la corrupción hubiera sido como tomarse un selfie, porque en el presente actual la palabra “corrupción” es un épiteto, un agregado, que acompaña las siglas PLD.  En estricta lógica formal, cada vez que una persona emplea la palabra “corrupción”, hablando de política, reproduce  mecánicamente en su mente las siglas PLD. La corrupción no es un atributo exclusivo de los peledeístas en la vida republicana, pero el factor asociativo, la reiteración del término ligado  a los múltiples escándalos de corrupción en los gobiernos del PLD,  han terminado por transformarla en un vocablo marcado. Por eso, esa única vez que en su discurso de más de cuarenta mil palabras  Danilo Medina usó la palabra “corrupción”, le brotó una gota gorda de sudor. Lo deslumbró la luz del selfie.

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Equipo técnico de Participación Ciudadana se une al Paro Internacional #YoParo

Luego de una reflexión interna con todo el personal de la institución sobre el origen del 8 de marzo y las luchas que han librado las mujeres por la igualdad, la equidad,  dignidad y respeto de sus derechos, todos salieron al área del parqueo, donde cada persona llevó el cartelón que previamente había elaborado, definiendo la demanda por la cual se sumaba al paro.

Salieron hacia la Ave. Independencia donde con la consigna “Todos los derechos para las mujeres” fueron caminando y enseñando sus cartelones a los transeúntes.

Hoy nos unimos y siempre estaremos presente en las luchas por la igualdad de las mujeres.

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Celebración XXIV Asamblea General Ordinaria

Participación Ciudadana celebró su XXIV Asamblea General Ordinaria, proclamando el 2018, “Año de reafirmar y Promover la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”, comprometiéndose a seguir fiel a su misión, seguir respaldando la marcha verde, a dar un seguimiento continuo a los juicios pendientes y a los casos denunciados, continuar publicando material para la educación y para la historia y a mantener el trabajo que a casi 25 años hemos realizado a favor de la institucionalidad, la justicia, la transparencia y el bienestar de nuestro pueblo.

En el acto de proclama, PC reiteró el compromiso de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad e indicó que los/as que abrigan la esperanza y apuestan al cansancio, el desencanto y la claudicación están equivocados. También enfatizó que los pueblos deben persistir para lograr justicia en los casos de corrupción y, aunque esto solo no termina con la corrupción, al menos sienta precedentes y envía un mensaje de que en nuestro pueblo crece la cantidad de personas que no son débiles, olvidadizos y dispuestos a venderse.

La XXIV Asamblea General Ordinaria, realizada en el Salón de Actos del Convento de los Dominicos, las y los miembros activos de la organización participaron del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionaron ocho (8) de doce integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

La coordinadora general, Marisela Duval, hizo un recuento de las principales acciones y avances del año 2017, destacando el importante rol del movimiento en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

Resaltó además la necesidad de, en este contexto, continuar promoviendo las grandes transformaciones institucionales y políticas que requiere la sociedad dominicana entre ellas la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley de Régimen Electoral.

Se refirió igualmente a las múltiples acciones de incidencia y educación que desarrollará para la defensa y fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, así como el impulso de mayores mecanismos de participación de la ciudadanía.

Reconoció la labor de los/as integrantes de la Red Regional de Seguridad Ciudadana y los avances en el Plan de Prevención contra la Delincuencia y el Crimen que está implementando la organización en Cienfuegos y en Las Caobas, e invitó a cada miembro, voluntario/a o ciudadano/a preocupado por la inseguridad, a trabajar de manera activa para lograr la reforma y modernización de la Policía Nacional, el fortalecimiento de las instituciones encargadas la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

En dicha Asamblea fueron electos 8 nuevos miembros: Altagracia Salazar, Félix Mancebo, Heiromy Castro, Joseph Abreu, Juan Alcibiades Tejeda, Miriam Díaz, Nora Sánchez y Rafael Toribio, quienes junto los señores: Angela Calvo, Sonia Díaz, Miguel Collado y Pedro Acevedo que estarán por otro año más, conformarán el nuevo Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Asamblea General
Domingo 4 de marzo, 2018

Proclama PC 2018

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Participación Ciudadana solicita a Danilo Medina realizar esfuerzo para la aprobación proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral

Participación Ciudadana remitió una comunicación al Presidente Danilo Medina Sánchez, donde le exhorta realizar un esfuerzo a fin de que en la legislatura a iniciarse el día 27 del mes en curso sean aprobados los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral. PC entiende presentar ese día ante la Asamblea Nacional podría ser una buena oportunidad para colocarse por encima del inmediatismo y las simples conveniencias partidarias y coyunturales.

En la comunicación dirigida al Mandatario, solicitan adecuar la legislación nacional a los imperativos de la institucionalidad democrática, de la democracia a lo interior de los partidos, y a la participación social más allá del simple ejercicio del voto.

Participación Ciudadana expresó también, que no se trata de aprobar cualquier ley de partidos, ni un maquillaje formal al régimen electoral, los aspectos que consideran vitales de esas reformas, la mayoría de los cuales entienden están contenidos en los proyectos sometidos una y otra vez por la Junta Central Electoral (JCE) y que entregaron con mayores detalles a la Comisión Bicameral que los pondera.

En relación a la Ley de Partidos,  PC considera como vital lo siguiente:

  • Plenas garantías de la democracia interna, con igualdad de derechos y deberes, y cuotas que favorezcan la incorporación de las mujeres, no sólo a los cargos electivos, sino también a los de dirección de los partidos, que deben renovarse periódicamente mediante votación de todos sus miembros empadronados, o apelando al voto universal, si así lo establecen los estatutos y las asambleas legalmente constituidas.
  • Absoluta transparencia del financiamiento público y privado de los partidos, campañas electorales y candidatos, con obligación de presentar presupuestos y rendir cuentas sobre sus donantes ante sus miembros y cualquier ciudadano interesado, como condición para recibir el subsidio anual del Presupuesto Nacional.
  • Establecer límites al financiamiento de empresas y personas, prohibiéndolo a las instituciones extranjeras de todo género, estatales, empresariales y no gubernamentales, con excepción de los patrocinios de programas educativos o participación en eventos internacionales. También es fundamental establecer topes de gastos para todos los niveles de pre candidaturas o candidaturas, a fin de abaratar el alto costo de la política y reducir el poder del dinero en la selección de dirigentes y candidatos.
  • Las precampañas para la elección de dirigentes y candidatos de los partidos deben tener límites estrictos de tiempo, no mayores a los tres meses, quedando prohibida la propaganda y actos públicos de promoción fuera de ese período. Los candidatos sólo podrán promocionarse en la jurisdicción de su postulación, municipal, provincial o nacional, sin utilizar vallas ni afiches permanentes en las vías públicas.
  • Prohibir y sancionar toda coacción, amenaza o dádivas para la obtención de votos, despojo de candidaturas ganadas, deducciones de salarios, y de utilizar cualquier bien o recurso del Estado, con la excepción del subsidio legal, en la gestión partidista, asambleas o campañas para cargos directivos o candidaturas.

En cuanto a la Ley del Régimen Electoral, Participación Ciudadana señaló los aspectos fundamentales en la comunicación remitida al Presidente de la República, entre ellos:

  1. Debe derogarse la condición de abogado para ser titular de la Junta Central Electoral, puesto que ya no es un tribunal contencioso. Es imprescindible para ser electo a la JCE no haber tenido militancia política por lo menos en los dos años anteriores.
  1. Establecer regulaciones de tiempo, contenido y de financiamiento de las campañas electorales nacionales, con la misma transparencia, presupuesto y rendición de cuentas que en la Ley de Partidos.
  1. Estricta prohibición de utilizar recursos ilícitos, provenientes del Estado, de actividades ilegales, como de lavado de activos y de fondos provenientes de instituciones extranjeras de cualquier naturaleza en las campañas electorales de los partidos y candidatos.
  1. Obligar a todos los responsables de dirigir campañas electorales nacionales, provinciales o municipales, a tomar licencia de los cargos públicos que pueden estar desempeñando.
  1. Prohibir inauguraciones de obras públicas o anuncios de nuevas obras durante el período de la campaña electoral, a no ser las que puedan derivarse de situaciones de emergencia imprevistas.
  1. Mantener el voto preferencial por los diputados y separar la elección de estos y de los senadores, con dos selecciones en la misma boleta. También establecer la selección de los alcaldes y directores municipales separada de los regidores y vocales en la misma boleta, como forma de garantizar mayor poder electoral a la ciudadanía. El voto preferencial por regidores y vocales, al implicar miles de cargos, resulta poco recomendable. 
  1. Establecer un sistema de distribución más equitativo de los diputados que guarde proporción con los votos obtenidos por cada partido y al mismo tiempo garantice la representación de las minorías.
  1. Debe prohibirse pagar la asistencia a actos de campañas electorales y las dádivas o compras de votos en todas las elecciones.
  1. La información y la publicidad de los medios de comunicación estatales deben guardar consonancia con la equidad e igualdad de competencia que debe caracterizar la elección democrática.
  1. Establecer una procuraduría especializada para perseguir los delitos electorales, cuyas sanciones deben ser realmente disuasorias y de inmediata implementación, como recurso para fortalecer la institucionalidad democrática.

 

CONSEJO NACIONAL
25 de febrero de 2018
Anexo: Carta íntegra enviada  al Presidente Danilo Medina

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República Dominicana entre los países con mayores índices de corrupción con 29 puntos, ocupando en el 2017 el lugar 135 de 180 países

RD baja de 31 a 29 puntos, confirmando la percepción generalizada en el país de que predomina la corrupción y la impunidad.

Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presenta como cada año los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, el indicador de corrupción más usado en todo el mundo.

El Índice de Percepción de la Corrupción  es uno de los indicadores que fueron incluidos en el objetivo 1.1 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que como muchas otras estrategias, ha sido ignorada por el Gobierno dominicano.

Este año, 180 países han sido incluidos en el índice. La puntuación de cada país muestra la percepción sobre el nivel de corrupción del sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad  y 100 significa que se lo percibe como la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. Este año, el índice encontró que más de dos tercios de los países obtuvieron puntajes por debajo de 50, con un promedio general de 43. Estas puntuaciones indican una baja con relación a años anteriores y se corresponden con las innumerables denuncias de corrupción que recorren el  país y el mundo.

La República Dominicana se encuentra entre los países con altos niveles de corrupción con 29 puntos sobre 100, ocupando este año el lugar 135 de 180 países, junto a Honduras, Kirguistán, Laos, México, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y  Rusia.

Esta puntuación se corresponde con el hecho de que el 2017 se registrará en la historia dominicana como uno de los de mayores escándalos de corrupción e impunidad. Sólo el hecho de que se supiera que Odebrecht seleccionó al país como sede desde donde se coordinaban sus operaciones delictivas es una vergüenza que se tiene que manifestar en la percepción de corrupción. A esto se suma la escasa voluntad en castigar a los culpables de los confesos delitos de esta empresa y de los numerosos casos que salieron a la luz pública en el año, a pesar de las promesas del Presidente Danilo Medina de que actuaría contra la corrupción.

Todo esto explica el descenso de la República Dominicana en las mediciones del Índice de Percepción de la Corrupción, perjudicando la imagen del país, la competitividad, la seguridad jurídica y afectando de forma dramática la calidad de las políticas públicas para garantizar derechos humanos fundamentales.

Los 10 países del mundo que obtuvieron mejor puntuación son: Nueva Zelanda 89; Dinamarca 88; Finlandia, Noruega y Suiza 85; Singapur y Suecia 84; Canadá 82, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido 82.

Los países del mundo con menor puntuación son: Venezuela 18, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Libia 17; Sudán y Yemen 16; Afganistán 15; Siria 14; Sudán del Sur 12; Somalia 9.

Los países del continente americano con más baja puntuación son: Ecuador 32, República Dominicana, Honduras, México y Paraguay 29; Guatemala 28; Nicaragua 26; Haití 22; Venezuela 18.

En el continente americano los países con mejor puntuación son: Canadá 82; Estados Unidos de América 75; Uruguay 70; Barbados 68; Chile 67; Bahamas 65; Costa Rica 59; San Vicente y las Granadinas 58; Dominica 57; Santa Lucía 55; Granada 52.

Participación Ciudadana aprovecha la oportunidad para hacer un llamado al Gobierno dominicano y a sus instancias de prevención, control y persecución de la corrupción, encabezadas por la Procuraduría General de la República, a cambiar el rumbo que ha colocado al país en este vergonzoso lugar. Ya la población dominicana se ha expresado a través de las encuestas y quedan muy mal los funcionarios que tratan de desmentir u ocultar la corrupción que está a la vista de todo el mundo.

Nunca es tarde para cumplir con su deber y levantar el honor del pueblo dominicano.

CPI 2017 regional map

 

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