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Busca convertir a ciudadanos y ciudadanas de Iberoamérica en agentes con capacidad para lograr el cambio en temas de acceso a la información, gestión pública transparente y lucha anticorrupción.

Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia Internacional, convencida de que la preparación académica es esencial para transformar la gestión pública en sus distintos niveles, pone a disposición de los ciudadanos el Campus Transparencia, innovadora plataforma virtual en español que ofrece capacitación en cuatro facultades: Información, data y corrupción; Gestión pública transparente; Anticorrupción; y Derechos Humanos y corrupción.

Durante años, Transparencia Venezuela  ha dado seguimiento a la gestión pública, especialmente municipal, y ha evidenciado que las alcaldías y concejos municipales son opacos y no disponen de prácticas anticorrupción, por eso ha diseñado varios planes para promover gestiones más transparentes, a los que ahora se suma el Campus Transparencia, una respuesta educativa y tecnológica que permitirá convertir a los ciudadanos preocupados por la corrupción, en agentes capacitados para lograr el cambio. 

Campus Transparencia fue diseñado con el apoyo de la Unión Europea y de Transparencia Internacional y está dirigido a funcionarios públicos de todos los sectores y demás actores de la sociedad civil. Están invitados a inscribirse: estudiantes, académicos, empresarios, administradores públicos, políticos, líderes gremiales, sindicales, comunitarios, entre otros.

Los contenidos del Campus Transparencia son ofrecidos por profesionales de distintas nacionalidades, reconocidos globalmente, expertos en riesgos de corrupción, investigaciones, normativa nacional y global, gestión pública, justicia, derechos humanos, programas sociales, contrataciones públicas, en economía, y temas electorales.

Entre los colaboradores de la plataforma se encuentran: Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Cordero, socio-director de la consultora Sustentia Innovación Social; Silvana Fumega, directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos; Julio César Martínez, secretario de ponencia de la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Jorge Villagrán, quien se desempeñó como coordinador de sistemas para la investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala; Ezequiel F. Santagada, abogado, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y coautor del proyecto de ley de Paraguay sobre el Acceso a la Información Pública, que luego se convirtió en la Ley 5282/14; Rodrigo Mora Ortega, abogado y experto en políticas públicas; y Liliana Goddy Ruíz, experta en proyectos de desarrollo social y consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Además, entre los aliados del Campus Transparencia están la Agencia de Acceso a la Información de Argentina; la consultora Sustentia Innovación Social; así como Participación Ciudadana, Acción Ciudadana y Costa Rica Íntegra, capítulos de Transparencia Internacional de República Dominicana, Guatemala y Costa Rica, respectivamente.

Capacitarse con muchas ventajas para fortalecer la democracia

 Los estudiantes que se inscriban tendrán la posibilidad de aprender con diversas actividades virtuales; conocer el uso de herramientas y metodologías para la implementación efectiva de transparencia y sistemas de protección contra la corrupción; conectar con otros profesionales que trabajan anticorrupción y fortalecer aliados y equipo de trabajo; investigar en las bibliotecas en línea de cada curso; y promover la transparencia aplicando lo aprendido.

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, indicó que “a través del conocimiento de leyes, normas, metodologías y procedimiento, este proyecto educativo busca que el participante logre desarrollar su propio plan de acción desde la administración pública, como político, líder comunitario o simplemente como ciudadano, consciente del impacto que puede tener su acción individual con herramientas y conocimiento, en la construcción sistemas de integridad dentro y fuera de las estructuras del Estado”.

Transparencia Venezuela tiene contemplado un programa de 200 becas, por 50% y 100% del valor de los programas o cursos. Para optar, los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos. Al término de la formación, los participantes recibirán un certificado que respalda la adquisición de conocimientos con el sello de Transparencia Venezuela y el aval de Transparencia Internacional.

Link de Campus Transparencia: https://transparencia.org.ve/campustransparencia/

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en coordinación con el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PEDD) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), realizó un panel sobre la implementación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y  Movimientos Políticos, con el objetivo de dilucidar los retos que implica para su ejecución en la coyuntura política, social y económica que vive el país.

Esta actividad, dirigida a estudiantes, dirigentes políticos, organizaciones de la sociedad civil y público en general, tuvo lugar en el campus Santo Tomás de Aquino de la PUCMM, y contó con la participación de los abogados Francisco Álvarez Valdez, Eddy Olivares Ortega y el politólogo Rafael Damares Toribio, quienes fungieron como panelistas. La moderación estuvo a cargo del periodista Juan Bolívar Díaz.

En su intervención, Álvarez Valdez se refirió a los cuatro reglamentos que restan por aprobar para aplicar la Ley de Partidos; al período previo de precampaña (PPP), creado por el Proyecto de Reglamento, y no contemplado en la Ley de partidos, el cual “alarga el proselitismo por doces meses adicionales”; al  tope de gastos de la PPP que será igual a la precampaña, lo cual considera una exageración y que debe ser reducido; y a las penas establecidas en la ley, indicando que no son suficientes para obligar al cumplimiento de la misma.

Expresó que las sanciones por difundir mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos, es una “barbaridad y la pena más dura que incluye a los ciudadanos”.

“El debate libre es más importante que el posible daño que se pueda causar a la reputación de algún funcionario o servidor público, por lo que queda claro que si se debe elegir entre la imagen del candidato o un derecho fundamental como la libertad de expresión, habría que elegir la libertad de expresión y de información”, agregó.

El panelista Eddy Olivares expuso que la implementación de esta legislación y desarrollarla con eficacia, será un desafío para la Junta Central Electoral y que esta debe actuar con firmeza para aplicar sanciones económicas para los partidos que violen la ley. Sostuvo que la ley no debió establecer topes, ya que la regulación de los gastos de precampaña es un incentivo a que se siga usando “mucho” dinero en las campañas.

Por su lado, el politólogo Rafael Damares Toribio, habló sobre la travesía traumática de la ley, señalando que “se sabe cuándo y qué se introduce en la iniciativa, pero no se sabe cuándo y qué sale. Se batalla por la aprobación de la ley, y sale la posible; luego la lucha es por los reglamentos y después porque se ejecuten”.

Manifestó que algunos de los puntos de dificultad en la implementación de la ley es la equidad de género y el tema del voto electrónico, alegando que sin ningún escrutinio electrónico será difícil que la JCE tenga los resultados dentro de los plazos, teniendo en cuenta que lo establecido es dar los resultados 72 horas después de haber terminado el proceso.

“Es evidente que debemos analizar los aspectos problemáticos que tiene la Ley de Partidos, aunque también debemos reconocer que no todo es malo, y que dentro de la misma existen algunos puntos de avance”, añadió Toribio.

Participación Ciudadana es una institución con más de dos décadas promoviendo la necesidad de una normativa legal para el fortalecimiento democrático y la transparencia del sistema político, que ha planteado la necesidad de la adaptación de la Ley del Régimen Electoral al marco de la Constitución del 2010 en el más breve plazo para superar las rémoras del sistema electoral y auspiciar comicios equitativos, de libre competencia y amplia participación democrática.

Ha realizado observaciones y llamados de alertas con respecto al Proyecto de Reglamento presentado por la Junta Central Electoral para la aplicación de la Ley 33-18 sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019, señalando que entienden el proceso de aprobación de uno o varios reglamentos de aplicación de la referida legislación por parte de la JCE, pero que existen disposiciones que no requieren de tales normativas para su efectivo cumplimiento, como lo es el periodo establecido para la precampaña electoral, la cual debería inicial el 07 de julio de 2019.

La coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana, mediante un comunicado dirigido a la JCE, indicó que esperan que el organismo esté trabajando en los otros reglamentos que la propia Ley 33-18 ordena, como son el de propaganda política y publicidad (artículo 44, párrafo II), el de control financiero de los partidos políticos (artículo 67, párrafo) y el de registro de contribuyentes (artículo 69, ordinal 2).

19 septiembre 2018

Acuse de recibo Comunicación JCE Observaciones Reglamento-Participación Ciudadana

Se refieren al marco geográfico de aplicación del reglamento, periodo previo de precampaña, veda electoral, restricciones de actos promocionales, sanciones, el voto exterior, entre otras.

 Santo Domingo. República Dominicana. El capítulo dominicano de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, remitió una carta al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, donde presentó sus consideraciones respecto al Proyecto de Reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019.

En torno a la parte introductoria y dispositiva de éste, PC indicó que el “Considerando 8 de la página 4” señala que el ámbito de la aplicación de la Ley 33-18, de acuerdo a su artículo 2, al igual que lo estipulado en el artículo 2 del Reglamento, es el territorio nacional, con lo que implícitamente se excluye ultramar y a la diáspora, lo cual consideran improcedente.

“Esto implica que fuera de la República Dominicana no habrá regulaciones y los partidos y sus precandidatos podrán actuar por la libre. Los efectos de los actos permitidos y prohibidos durante el periodo previo a precampaña y la precampaña deben alcanzar a los dominicanos en el exterior. Más aún cuando desde el 2010 la Constitución responsabiliza a la JCE de garantizar los principios de libertad y equidad, que deben ser aplicados donde quiera que se vote”, sostuvo en la misiva la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, en nombre del Consejo Nacional.

Díaz Santana agregó que en varios Considerando de la página 6 se motiva una creación de la JCE: el ‘Periodo Previo de Precampaña’ (PPP), refiriéndose a la precandidatura uninominal nacional no prevista en la Ley 33-18, lo que “implica una duplicación del tiempo de actividades de promoción de campañas consensuado durante años de debates, y tiende a mantener sus elevados y antidemocráticos costos, contradiciendo uno de los dos objetivos indicados en el artículo 1 del Reglamento, ‘regular los tiempos y los gastos para el proselitismo’”.

La coordinadora general catalogó como exagerada, la veda electoral definida en el artículo 4, que comprende desde el cierre del proceso electoral ordinario hasta el inicio del PPP, dando apertura a la posibilidad de actividad electoral por casi dos años: durante todo el año del PPP, los tres meses de la precampaña, y durante la campaña que duraría alrededor de tres meses para las municipales y otros tres para las presidenciales y congresuales.

“En México, un país 40 veces más grande que el nuestro, y con un padrón electoral doce veces mayor, la precampaña es de sesenta días y la campaña de noventa y el resto del tiempo está prohibida la presentación y promoción de candidaturas. Debe corregirse que el PPP sea cuatro veces mayor que la precampaña o la campaña. Además parece incongruente con la definición de Campaña Electoral Anticipada, que el artículo 4 del Reglamento toma del Diccionario Electoral IIDH/CAPEL”, indicó.

También consideró que lo reproducido en el artículo 15, ordinal 6, sobre sancionar con penas de prisión de tres meses a un año a los que difundan mensajes negativos a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos, atenta contra la libertad de expresión e información consagrada en el artículo 49 constitucional.

“Es más preocupante aún porque no solo pesa sobre los precandidatos, dirigentes y militantes políticos, sino sobre toda la ciudadanía. El Reglamento pudiera darle contenido al concepto de   “mensajes negativos”, para evitar que se interprete como cualquier información desfavorable, y considerarlo como un concepto similar a la difamación y la injuria, definidas por la Ley 6132 Sobre Expresión y Difusión del Pensamiento”, expuso Díaz Santana.

Otras observaciones fueron alusivas a dejar claro que en la precampaña no se permiten actos públicos y a especificar cuáles son las áreas restringidas para actividades promocionales de candidaturas durante el periodo previo a precampaña, dejando explícito la prohibición de transmitir por radio, televisión o por las redes sociales las celebraciones en recintos cerrados, así como la promoción de aspiraciones por los medios electrónicos de los interesados y voceros.

Además, se refirieron a que no se debe descartar el voto en el exterior para elegir los candidatos a diputados de la diáspora; y que el artículo 49 del Reglamento incrementa, sin aparente justificación,  a 30 días el periodo de antelación para comunicar a la JCE la reserva de candidaturas antes del inicio de la precampaña, difiriendo con el plazo aprobado en la Resolución 03/2018 (15 días), lo que adelanta hasta 7 meses las alianzas en el nivel congresual y “puede restar posibilidades de candidaturas de ciudadanos independientes”.

“Esperamos que la Junta Central Electoral esté trabajando en los otros reglamentos que la propia Ley 33-18 ordena, como son el de propaganda política y publicidad (artículo 44, párrafo II), el de control financiero de los partidos políticos (artículo 67, párrafo) y el de registro de contribuyentes (artículo 69, ordinal 2)”, manifestaron en la carta.

18 septiembre 2018

Acto SCJ Respuesta solicitud información caso Odebrecht-Participación Ciudadana

Santo Domingo, República Dominicana. El magistrado Francisco Ortega Polanco, en funciones de Juez de la Instrucción Especial en el caso Odebrecht, dictaminó a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia que se le entregaran las copias de los documentos probatorios y escritos de defensa del juicio, al movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana.

Se recuerda que PC hizo esta solicitud el pasado 23 de agosto a través de su abogado y dirigente Francisco Álvarez Valdez, a la cual presentaron objeciones los imputados Ángel Rondón y Tommy Galán Grullón, quienes depositaron instancias con peticiones de que previo a cualquier decisión al respecto se investigue la procedencia y finalidad de lo solicitado y, que la organización se circunscriba a hacer uso escrupuloso de los mismos, a la veracidad y crónica periodística fidedigna para evitar la contaminación del proceso y el perjuicio de las partes hasta que se dé la sentencia irrevocable.

Mediante el Auto Núm. 07-2018, el juez Ortega Polanco señala en el primer ordinal de la parte resolutoria: “ORDENAR, como al efecto ORDENAMOS, a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, ad hoc, de este juzgado de la Instrucción poner a disposición de la entidad no gubernamental Participación Ciudadana Inc., a través de su representante y a su costo, las copias de las actuaciones estrictamente de carácter público relativas a la fase intermedia del expediente de que se trata, con las excepciones señaladas en el cuerpo de esta decisión, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución”.

El magistrado indica que la decisión fue tomada atendiento a lo establecido en el Código Procesal Penal, en su artículo 6, sobre la participación de la ciudadanía, el cual dispone que todos los habitantes del territorio de la República Dominicana tienen derecho de participar, en la forma y condiciones, legal y constitucionalmente establecidas en la administración de la justicia.

También responde al derecho al libre acceso a la información pública contemplado en la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y en la jurisprudencia nacional.

“A partir de las disposiciones constitucionales, las normativas vigentes, la jurisprudencia nacional y comparadas, previo una ponderación exhaustiva de los valores y derechos substantivos involucrados, este Juzgado de la Instrucción estima que…procede ordenar a la Secretaría General poner a disposión de la entidad Participación Ciudadana, Inc, la información pública relacionada con el expediente de que se trata, con excepción de los datos o documentos cuya reserva está legalmente justificada”, expresa el juez Ortega Polanco en el último atendido de la resolución.

PC informó que en los próximos días visitará a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia para coordinar la entrega de los documentos, los cuales facilitarán el trabajo de seguimiento del caso Odebrecht.

Solicita a la JCE controlar precampaña a destiempo e investigar caso mochilas del Ministerio de Educación con logo fundación de Lucía Medina.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), envió una carta al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, donde expone su inquietud por la violación a las disposiciones de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos del 13 de agosto de 2018.

En el comunicado, PC señala que entiende el proceso de aprobación de uno o varios reglamentos de aplicación de la referida legislación por parte de la JCE, pero que existen disposiciones que no requieren de tales normativas para su efectivo cumplimiento, como lo es el periodo establecido para la precampaña electoral, la cual debería inicial el 07 de julio de 2019.

“Resulta inconcebible que la promulgación de la ley no haya detenido la precampaña a destiempo y, por el contrario, se hayan multiplicado los actos proselitistas y los distintos aspirantes a ser precandidatos anuncian por televisión nacional, sin ningún prurito, que recorrerán el país en busca de los votos que necesitan”, expresó en la misiva la coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana.

Agregó que la intención del legislador al aprobar la ley y de la JCE como autora de esta en su facultad constitucional de formación de leyes, fue la de reducir los “elevadísimos” costos de las actividades proselitistas mediante la reducción del período en que se pueden realizar.

Díaz Santana indica que en el artículo 43 de este reglamento se identifica la “propaganda permitida”, pero aún ésta solo es admitida dentro del período de precampaña, y la mejor prueba es que el artículo 78, ordinal 8, sanciona con la inadmisibilidad de la candidatura a aquellos aspirantes “que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña”.  En consecuencia, todas las actividades descritas en el artículo 43 como permitidas, lo son durante el período de precampaña, y están prohibidas fuera del mismo, como, por ejemplo, “las reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, encuentros y otros tipos de actividades similares”, y no se necesita reglamento para cumplir con esta clara disposición legal.

“Resulta obvio que, si las actividades permitidas están prohibidas fuera del período de precampaña, con mucho mayor razón las descritas como prohibidas en el artículo 44, como la pintura de calles, aceras, contenes, postes, arboles, y la colocación de afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria, incluyendo mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los medios de comunicación radial y televisivo”, añade.

Reitera solicitud de investigación por caso mochilas del Ministerio de Educación con logo fundación de Lucía Medina

 En la carta, PC insta a que se inicie una investigación inmediata de la denuncia relacionada con la posible donación de mochilas escolares del Ministerio de Educación a favor de la señora Lucía Medina, aspirante a la candidatura senatorial por San Juan de la Maguana, ya que de comprobarse estos hechos, se estaría violando el artículo 59 de la Ley de Partidos en sus párrafos I, II y III, que prohíben el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular.

Dice que el párrafo IV del mismo artículo otorga facultad a la JCE para incautar o tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien.

“Nuestra principal preocupación en estos momentos es el tremendo daño que los partidos y aspirantes le hacen a la credibilidad de la Junta Central Electoral, que va perdiendo su autoridad en la medida en que no le pone freno a esta ola de violaciones a la ley, que debe no solo respetar, sino además hacer respetar. Confiamos en que la JCE no se dilate mucho más en llamar al orden, aplicando si fuere necesario las sanciones que dispone la ley, sobre todo la inadmisibilidad de las precandidaturas de los aspirantes que se encuentres en clara violación a la ley”, sostuvo la coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana.

Acuse de recibo Carta a presidente JCE

05 Septiembre 2018

Envía carta al juez Francisco Ortega Polanco, con los argumentos jurídicos y de principios que fundamentan su solicitud de acceder a los escritos de contestación de acusación de los imputados en el caso.

 Santo Domingo, República Dominicana. A raíz de las objeciones de Angel Rondón a la solicitud de Participación Ciudadana de acceder a los escritos de defensa en el caso Odebrecht y su petición al juez de que previo a cualquier decisión al respeto se investigue la procedencia de lo solicitado ya que no forma parte del proceso penal, el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, remitió una carta al juez del juicio preliminar, Francisco Ortega Polanco, exponiendo los argumentos jurídicos y de principios que avalan dicho requerimiento.

En la misiva, PC indica que el caso ya ha superado la fase preparatoria, que según el artículo 290 del Código Procesal Penal (CPP), no es público para los terceros, lo que adelanta que las siguientes etapas sí son de carácter público.

Cita el artículo 3 del CPP que bajo el título I sobre los principios fundamentales, explica que el juicio debe ajustarse a determinados principios, entre los cuales está la publicidad. También agrega que el artículo 308 del CPP se titula precisamente “publicidad”, enfatizando en el principio de que el juicio es público.

El abogado y dirigente de PC, Francisco Álvarez Valdez, sostiene que “es cierto que el juez puede establecer restricciones a la publicidad, pero, como expresa el penalista Alberto Binder, <>”.

Álvarez Valdez recuerda que PC es el capítulo nacional de Transparencia Internacional y que uno de sus fines es trabajar por la transparencia, razones por las cuales han dado seguimiento a varios casos judiciales como los de Baninter, Bancrédito, Mercantil, Victor Díaz Rúa y Félix Bautista, sin tener ningún problema para acceder a los expedientes de los referidos casos, incluyendo los escritos de contestación de acusación.

“Los escritos de defensa cuya copia solicitamos no son considerados documentos confidenciales pues los propios imputados han venido divulgándolos a través de los medios de comunicación y serán de conocimiento público debido a que los mismos serán presentados en las audiencias en forma oral y comunicados a todo el país a través de los medios de comunicación. Tener las copias facilita el trabajo de seguimiento del caso”, manifestó.

Acuse de recibo Carta a juez Francisco Ortega Polanco

El Presidente es acusado de intimidación contra las personas e instituciones que luchan contra la corrupción.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, revocó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG), el organismo auspiciado por la Naciones Unidas y encargado de apoyar las investigaciones contra la corrupción en el país. La Comisión Internacional ha trabajado con las autoridades nacionales desde 2007 y ha tenido un éxito significativo en el procesamiento de numerosos casos de corrupción de alto nivel.

El Presidente hizo el anuncio rodeado de líderes militares y policiales mientras los medios informaban del despliegue simultáneo de militares en las inmediaciones de las oficinas de la CICIG. La medida fue anunciada precisamente cuando el Congreso de Guatemala inició audiencias preliminares contra el Presidente Morales por irregularidades en el financiamiento de campañas, y es otro intento de atacar y debilitar la lucha contra la corrupción en el país.

La decisión no cuenta con respaldo nacional ni internacional. Una encuesta reciente muestra que el 70% de los guatemaltecos confía en el trabajo de la CICIG. De hecho, la Comision Internacional ha producido excelentes resultados, desmantelando redes de corrupción en el país. La Fiscal General de Guatemala, contraparte nacional de la CICIG, afirmó que estará vigilante ante las consecuencias para el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad y la corrupción causada por la no renovación del mandato de la Comisión.

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional dijo: "El anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala representa un duro golpe contra la transparencia y la integridad en Guatemala y en toda América Latina. La CICIG ha sido un modelo en la lucha contra la corrupción. El hecho que el Presidente hiciera el anuncio rodeado de militares y el despliegue de fuerzas militares cerca de las oficinas de la CICG son un intento de intimidación. Es muy peligroso involucrar a los militares en asunto políticos o de justicia”

"Transparencia Internacional reconoce el excelente trabajo y los resultados del CICIG, apoya plenamente su continuación en Guatemala y expresa su solidaridad con el Comisionado Iván Velázquez. Esta es una decisión política que sólo beneficiará a los corruptos, quienes podrán actuar con impunidad mientras los guatemaltecos continúan sufriendo de la corrupción endémica ".

Esta decisión es la continuación de una serie de intentos del Presidente y sus aliados para detener la lucha contra la corrupción, reducir la libertad de expresión y restringir a las organizaciones de la sociedad civil. Manfredo Marroquin, Presidente de Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia International en Guatemala, fue víctima de acoso político por parte del Congreso de la República en abril de 2018.Transparencia International está muy preocupada por la tendencia a socavar las normas

democráticas, cuyo resultado es la proliferación de corrupción, impunidad y autoritarismo.

Transparencia Internacional insta a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que muestren un apoyo enérgico a la lucha contra la corrupción en Guatemala y apoyen la continuación e la independencia del CICCG.

Berlin, Alemania, 1ero de septimebre de 2018