Posición de PC sobre estudio de abstención electoral

Participación Ciudadana ha recibido con satisfacción la publicación del estudio “La Abstención Electoral en República Dominicana”, presentado recientemente por CAPEL, por encargo de la Junta Central Electoral. Este tema fue uno de los principales puntos que destacamos en nuestro informe final de observación de las elecciones del 2024. En el acápite 3.11 de dicho informe, publicado en julio de ese año consignamos: “recomendamos a la JCE auspiciar un estudio profundo de las razones de abstención para, de esa manera, poder contribuir a resolver los escollos y desarrollar campañas de motivación bien enfocadas.”

Los aspectos y recomendaciones más destacados del estudio confirman lo que ya todo el país sabe y lo que recogen los informes de observación, tanto de nuestra organización como de invitados externos: ha crecido la cantidad de ciudadanos que no se identifican con los candidatos y sus programas, que critican su comportamiento ético, que han perdido el entusiasmo y la fe en la importancia del voto, así como la confianza en que éste se va a reflejar en sus condiciones de vida. Además, el estudio muestra de manera muy clara que la mayoría de la población dominicana, contrario a lo que creen y repiten muchos dirigentes políticos, está hastiada de lo mismo, rechaza el clientelismo, las falsas ofertas y ya no le divierte tanto el desorden, el ruido, la extensión en el tiempo y la superficialidad de las campañas. 

Participación Ciudadana entiende que todavía estamos a tiempo de hacer cambios que pudieran reflejarse en una mayor participación en las elecciones del 2028 y en el fortalecimiento de la democracia. Corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas contribuir en los aspectos fundamentales que recoge el estudio, de los cuales queremos destacar los que exponemos a continuación. 

La Junta Central Electoral debe asumir la mayor responsabilidad en los cambios que reclama la población. Aunque los políticos y sus organizaciones son los receptores principales del rechazo popular, las leyes electorales prevén, regulan y sancionan todas las conductas que la población señala como disuasivas de la participación activa, la confianza y el avance electoral. Corresponde a ese organismo rector hacer cumplir las mismas de manera firme, sobre todo mediante el convencimiento y la aplicación de consecuencias, lo cual estamos seguros de que contará con un amplio respaldo público. Las amenazas de otro proceso electoral en violación de los plazos y repitiendo los mismos vicios que tanto rechazo producen, están a la vista desde el año pasado y en estos momentos abundan indicadores de que se volverá a desafiar a las leyes y las autoridades.

La JCE y el Tribunal Superior Electoral cuentan con los medios legales y materiales, así como con el apoyo y la confianza necesarios para lograr avances sustanciales en este proceso. Si no lo hacen van a perder parte de la legitimidad ganada. Aspectos logísticos y procedimentales que también registra el estudio deben ser atendidos, en función de su efectividad y costo razonable, aunque está claro que los mismos no garantizan una mayor participación. 

Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son las instituciones mayormente responsables del rechazo que se refleja en el estudio. Aunque se ha venido registrando desde hace años el agotamiento de la forma de hacer política, son pocos los indicadores de que los partidos estén tomando en cuenta el proceso de pérdida de legitimidad que está a la vista. Son muchos los que todavía creen que los recursos económicos, ya sea del Estado o de fuentes privadas, pueden garantizar el voto. Si bien es cierto que esto ha sido así, sobre todo en candidaturas locales al congreso y a los municipios, lo cual explica la presencia en estos espacios de muchas personas procedentes de actividades económicas muy rentables, la alta abstención electoral está mostrando a gritos que estos recursos no son suficientes y que muchas posiciones son obtenidas y se mantienen con muy bajo respaldo popular. 

Todavía el país está a tiempo de rescatar a estas instituciones fundamentales para la democracia, las advertencias están a la vista y si no hacen caso podrían ser responsables del surgimiento de opciones electorales coyunturales y riesgosas que amenazan con socavar la gobernabilidad que ha exhibido el país en las últimas décadas. Las críticas a las campañas, al clientelismo, a la calidad y ética de los candidatos, a la falta de propuestas creíbles y a las formas de comunicación de las mismas, son muy contundentes y deben ser atendidas, so pena de ser responsables del deterioro de la democracia en nuestro país, que aparece entre las más fuertes del continente. 

El tema de la educación ciudadana es un desafío, no solo en República Dominicana, sino en casi todo el mundo. Ha sido sumamente descuidado en el sistema educativo dominicano y, aunque todos estamos de acuerdo en que es necesario mejorarlo, son muy débiles y aislados los esfuerzos en este aspecto fundamental para el sostenimiento del sistema democrático. No bastan los anuncios de fortalecer la cívica, la moral o la ética en las escuelas con una materia más que viene a engrosar el ya abultado currículo. Este es un tema de largo alcance que debe movilizar a las autoridades educativas, padres y madres, al cuerpo docente de la educación preuniversitaria y universitaria y a la sociedad civil en un movimiento nacional que se refleje en un cambio de la conducta ciudadana, más allá de asuntos electorales y coyunturales.  

El pueblo dominicano ha demostrado ser amante de su país y no cabe duda de que, gran parte de los avances que hemos obtenido en muchos aspectos, se han logrado con el propio esfuerzo, enfrentándose a toda clase de dificultades sistémicas y a las debilidades de sus gobernantes y líderes. La sociedad civil también ha hecho importantes aportes. 

Ante los resultados y recomendaciones del estudio de abstención electoral, Participación Ciudadana buscará apoyo, una vez más, para diseñar un plan de observación integral del proceso. Además, propiciará encuentros con los principales actores con el propósito de lograr acuerdos que contribuyan a enfrentar las debilidades evidenciadas y fortalecer la integración de la ciudadanía en los esfuerzos por preservar nuestro sistema democrático. 

Consejo Nacional

22 de septiembre del 2026