El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas académicas conjuntas orientadas al fortalecimiento de capacidades en temas de gobernanza e integridad financiera climática.

El convenio fue suscrito por la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, y el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, durante un acto realizado en la sede principal de la universidad estatal. El acuerdo establece el desarrollo de un diplomado titulado “Gobernanza y financiamiento climático”, que forma parte del proyecto “Gobernanza e Integridad Financiera Climática” impulsado por Participación Ciudadana.

Con una duración de 64 horas (32 presenciales y 32 virtuales), el diplomado contará con el aval académico de la UASD y estará dirigido a actores clave del ecosistema cívico, institucional y académico que trabajan por una gestión pública más transparente y sostenible frente a los desafíos climáticos.

La alianza refleja el compromiso de ambas instituciones con la educación continua, la participación ciudadana informada y la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública, especialmente en la gestión de fondos destinados a la acción climática.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, anunció la apertura del proceso de postulaciones al Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025, una distinción que se entrega cada año con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento busca resaltar la labor de personas que han dedicado su vida a promover la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos del Estado y la lucha contra la corrupción y la impunidad. A través de esta iniciativa, Participación Ciudadana también procura fomentar modelos positivos de conducta, resaltar virtudes ciudadanas y educar mediante el ejemplo.

Las candidaturas pueden ser presentadas por comisiones de trabajo, comités municipales o la Comisión de Ética de Participación Ciudadana, así como por organizaciones de la sociedad civil o comunitarias. Serán consideradas personas dominicanas o extranjeras residentes en el país que hayan demostrado un compromiso firme con la integridad y las causas justas, ya sea desde el servicio público, la vida comunitaria o el activismo social.

El plazo para recibir postulaciones vence el lunes 10 de septiembre de 2025. Las propuestas deben incluir la hoja de vida del candidato o candidata, una carta que exponga sus méritos y logros en la lucha contra la corrupción, y una carta de presentación firmada por la entidad proponente.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designará una comisión especial para evaluar las candidaturas recibidas. Esta comisión elaborará un informe con sus recomendaciones, a partir del cual el Consejo tomará la decisión final. El reconocimiento será entregado en un acto público en diciembre de este año, y consistirá en un galardón simbólico sin asignación económica.

Las propuestas deben ser enviadas a la sede de Participación Ciudadana, ubicada en la calle Wenceslao Álvarez No. 8, Zona Universitaria, Santo Domingo, o al correo electrónico [email protected]. Para más información, está disponible el teléfono 809-685-6200, extensiones 221 y 223

Bases del premio

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) ha comunicado que estará observando el rol del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el iniciado proceso para la próxima evaluación y selección de jueces y de juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Se recuerda que Pilar Jiménez Ortiz fue designada como jueza de la SCJ en julio de 2017, junto con los jueces Manuel Alexis Read Ortiz, Moisés Ferrer Ladrón y Blas Rafael Fernández Gómez, y según la Constitución, al término de 7 años de su designación, están sujetos a la evaluación de su desempeño por el CNM. En el caso de Blas Rafael Fernández Gómez, este ha expresado su intención de retiro. Asimismo, con la designación de Napoleón Estevez Lavandier como presidente del Tribunal Constitucional en diciembre de 2023, quedó una vacante en la SCJ.

En el caso del TSE, sus jueces y juezas se designan por un período de 4 años. En julio de 2021, fueron designados su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, junto con Pedro Pablo Yermenos Forasteri, Fernando Fernández Cruz y Rosa Pérez de García. En el caso de Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, ocupa la posición desde julio de 2023, a raíz del fallecimiento de Juan A. Biaggi Lama, al haber sido designada en 2021 como su suplente. Al CNM corresponderá también disponer quién presidirá esta Alta Corte.

Asimismo, ROI informa que estará observando posibles cambios en el reglamento que establece los criterios y procedimientos para evaluar el desempeño de jueces y juezas de la SCJ.
ROI reitera su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático y el respeto al Estado de derecho, por lo que desplegará una labor de observación de la transparencia, la publicidad del proceso, la equidad, el cumplimiento del debido proceso y que se respeten criterios claros de idoneidad, integridad y competencia profesional para las y los aspirantes.

Se recuerda que ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifiesta su profunda preocupación ante la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República de un proyecto de reforma al Código Penal que contiene múltiples disposiciones que consideramos graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia.

Si bien reconocemos la urgente necesidad de dotar al país de un nuevo Código Penal que permita enfrentar de manera adecuada los delitos complejos que hoy afectan a nuestra sociedad, tales como el crimen organizado, los delitos tecnológicos, medioambientales y nuevas formas de corrupción, advertimos que en el mismo han sido incluidos aspectos sumamente peligrosos para la democracia y el Estado de derecho.

Preocupaciones principales del proyecto aprobado:

1. Exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas, como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos, lo cual constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

2. Penalización del aborto sin incluir las tres causales: Se establece pena de prisión de 1 a 2 años para las mujeres que interrumpan un embarazo, sin excepción alguna, ignorando una conquista de nivel mundial en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, sea producto de violación, incesto o se compruebe inviabilidad fetal. Solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en situaciones extremas.

3. Retrocesos en el combate a la corrupción, pues se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos destinados a la salud y otras necesidades prioritarias.

4. Persistencia de la jurisdicción militar: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares, a pesar de la sentencias TC/0350/19 del Tribunal Constitucional que dispuso:  “que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial.”

5. Espionaje: El texto aprobado es ambiguo y se podría prestar para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.

6. Retrocesos en la protección frente a la discriminación:

• Se excluye la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
  • Se permite la discriminación bajo conceptos ambiguos como “libertad de conciencia y de culto” o “buenas costumbres”, que históricamente han sido utilizados para justificar actos de exclusión.
  • La persecución penal de la discriminación se condiciona a que haya una denuncia previa, dificultando el acceso a la justicia para personas vulnerables.

7. Libertad de expresión en riesgo: Se mantienen penas privativas de libertad por difamación (de uno a dos años) e injuria (hasta un año), contrariando la tendencia regional e internacional a despenalizar estas figuras y tratar estos conflictos en la jurisdicción civil. El uso del derecho penal para silenciar voces críticas afecta gravemente la libertad de expresión y de prensa.

Llamado al Congreso Nacional

Ante este panorama, Participación Ciudadana hace un llamado al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, para que se actúe con responsabilidad democrática y abra un espacio real de diálogo que produzca un Código Penal que fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, alineado con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Finalmente exhortamos al presidente Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y en caso de que sea aprobado el Código Penal con todas estas fallas, utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar al Congreso las modificaciones que señalamos.

Consejo Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
17 de julio de 2025

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, dio apertura este domingo al Diplomado en Gobernanza Climática y Transparencia del Financiamiento Climático, un programa de formación diseñado para fortalecer las capacidades de líderes comunitarios, jóvenes, profesionales y miembros de organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la justicia climática y la integridad en el uso de los recursos destinados a enfrentar la crisis ambiental.

El acto inaugural contó con la presencia de Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, y Maribel Lorenzo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes ofrecieron palabras de motivación y reafirmaron el compromiso de sus instituciones con el fortalecimiento de capacidades para incidir en políticas públicas más justas, inclusivas y libres de corrupción.

Durante su intervención, Blanco destacó que “este diplomado es parte de nuestro Programa de Gobernanza Climática e Integridad Financiera, que busca promover una ciudadanía vigilante y empoderada, capaz de velar por la correcta gestión de los recursos destinados a la acción climática”.

Con una duración de 10 semanas y seis módulos, el diplomado abordará temas como gobernanza climática global y nacional, marco jurídico sobre el clima en República Dominicana, financiamiento climático y riesgos de corrupción, justicia climática con enfoque de género e inclusión social, comunicación estratégica para la incidencia, y herramientas de veeduría ciudadana y monitoreo del financiamiento climático.

Esta iniciativa combina sesiones virtuales y presenciales, permitiendo a las y los participantes desarrollar conocimientos y habilidades prácticas para contribuir desde sus comunidades e instituciones a una gobernanza climática efectiva y transparente.

El programa forma parte de los esfuerzos de Participación Ciudadana para fomentar un liderazgo social activo frente a los desafíos climáticos y para fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en la gestión pública, contribuyendo así a un desarrollo sostenible con equidad y justicia para todas las personas.

Participación Ciudadana presentó el estudio titulado “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral”, una investigación que analiza críticamente las debilidades estructurales del sistema político-electoral y propone reformas sustanciales orientadas a fortalecer la democracia.

El informe, elaborado por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, combina el análisis técnico con la consulta a actores clave e insumos de opinión pública. Doctor en Ciencia Política y Máster en Gobierno y Políticas Públicas, Oliva cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada sobre políticas públicas, comportamiento electoral y estrategias de gobernanza democrática. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales, embajadas y entidades del Estado dominicano.

El diagnóstico identifica problemas persistentes como la sobrerrepresentación de mayorías, el debilitamiento de la democracia interna en los partidos, la opacidad del financiamiento político, la inequidad en el acceso a medios y la falta de aplicación efectiva de sanciones electorales. También destaca el bajo nivel de confianza ciudadana en los partidos y la necesidad de profesionalizar su funcionamiento.

Frente a estos desafíos, el estudio propone reformas que incluyen:

• Rediseñar el método de asignación de escaños para asegurar una representación más equitativa.
• Fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político.
• Exigir mayor transparencia en las encuestas y campañas.
• Garantizar la observación electoral en todas las etapas del proceso.
• Democratizar y modernizar el funcionamiento interno de los partidos políticos.
Esta investigación forma parte del proyecto “Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres y los Jóvenes”, que desarrolla Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y a la calidad democrática del país.

El estudio financiado por la Unión Europea está disponible para consulta y descarga aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/06/Diagnostico-del-sistema-electoral-y-de-partidos-de-la-Republica-Dominicana_propuesta-para-reformar-la-ley-de-partidos-y-del-regimen-electoral.pdf

En su primer mes la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha publicado tres auditorías realizadas al Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), marcando una ruta que podría llevarla a recuperar la reputación perdida y por lo tanto a ganarse la confianza de la ciudadanía.

Aunque resulta evidente que estas auditorías no fueron llevadas a cabo por la Cámara de Cuentas actual, y que, por alguna razón, imposible de justificar, las anteriores gestiones de la Cámara de Cuentas no las publicaron. La voluntad de publicarlas sin pérdida de tiempo, implica un compromiso inicial con la transparencia en los trabajos de esa importante institución del Estado presidida por Emma Polanco Melo, e integrada por Francisco Tamárez Florentino, como vicepresidente y Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana como miembros.

Una auditoría pretende “examinar, utilizando las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las transacciones, registros, documentos, informes y los estados de ejecución presupuestaria, con el propósito de verificar el cumplimiento de la entidad con las disposiciones legales vigentes aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno, para así sustentar el dictamen sobre la razonabilidad y legalidad de las cifras e informaciones contenidas en los estados de ejecución presupuestaria de la entidad, por parte de los auditores asignados por la CCRD.”

La auditoría al Ministerio de Hacienda.

La auditoría practicada a las informaciones incluidas en los Estados Financieros del Ministerio de Hacienda abarcó el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020, y detectó una serie de irregularidades que superan la suma de RD$161,304,815. Entre esas irregularidades se encuentran expedientes con documentación incompleta, bienes no registrados, bienes no identificados ni ubicados, adendas que modifican irregularmente el objeto contractual, fraccionamiento compra bonos para Día de las Madres, inadecuada composición comité de compras, entre otras.

Durante todo el año 2019 y 2020 la Directora de Planificación y Desarrollo y miembro del Comité de Compras de la entidad, lo fue la señora Tomasina Tolentino Peralta, quien en 2021 pasó a ser miembro de la Cámara de Cuentas, lo que podría explicar por qué esta auditoría no fue publicada durante el período anterior, aunque la misma se haya inhibido del conocimiento de este caso. Corresponderá a los demás ex miembros explicar al país por qué esas auditorías no fueron publicadas bajo su gestión.

La auditoría al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Esta auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2019, y reflejó desviaciones contables e incumplimientos legales por un monto de RD$2,417,820,527.00.

Entre las irregularidades se detectaron  diferencia entre la nómina física y la ejecución presupuestaría por RD$44,472,214;  compensación a funcionarios y empleados por uso de vehículos y horas extraordinarias carentes de justificación por RD$18,575235; diferencias en el cálculo de impuesto sobre la renta a asalariados por RD$17,607,235; cargo de asesor sin la autorización del Ministerio de Función Pública por RD$228,700,448; cargos por servicios de inteligencia carente de soporte por RD$270,000,000.00; personal en nómina con relación de parentesco con funcionarios de la entidad por RD$4,999,667; compras realizadas sin proceso de selección por RD$16,479,762; expedientes de pago carente de certificación de apropiación presupuestaría por RD$174,994,744; pago de raciones alimenticias carente de documento soporte; arrendamiento financiero sin observar la Ley de Compras y Contrataciones por RD$1,464,750,000.00.

Investigación especial practicada al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al INAIPI perseguía emitir una opinión sobre la razonabilidad y legalidad de las informaciones presentadas por la entidad, específicamente en los procesos de compras y contrataciones, en lo relativo a los procedimientos aplicados, costo de los productos suministrados, así como en la etapa de gerencia y pagos realizados a partir de los contratos, contrataciones de personal en los períodos 2019 y 2020, gestiones administrativas en las distribuciones y almacenamientos de productos de insumos y alimentos para los centros CAIPl y CAPI, manejo de los activos fijos adquiridos con los procesos de compras evaluados, y cuantificaciones de los recursos manejados con el fondo por excepción del “Programa Quisqueya Empieza Contigo”.  

Las irregularidades en esta institución son más dolorosas, pues la misma se encarga de prestar servicio de atención integral a la infancia menores de 5 años, con necesidades educativas de atención directa desde 45 días hasta 4 años 11 meses y sus familias, así como servicios de asistencias en casas a los familiares de esa niñez, para el fortalecimiento de las prácticas de crianza y valores humano, servicios de educación, alimentación y cuidados, en salud, registro de identidad y seguridad social. Por lo tanto, cada peso desviado o mal invertido perjudica a uno de los sectores más vulnerables del país, como lo es la niñez.

La Cámara de Cuentas detectó irregularidades que afectan procesos que involucran la suma de RD$1,969,586,632. Las irregularidades detectadas incluyen incumplimiento en la entrega de alimentos, contratos con productos diferentes al pliego de condiciones, proveedores sin estar al día en sus impuestos, discrepancias entre conduces físicos y el sistema automatizado, proveedores habilitados con documentos no subsanables.

También documentos de contratación no suministrados ni registrados en el SIGEPI, contratos vencidos sin cumplir con los objetos contractuales, contrato registrado con información incompleta, gestión de pago en departamento incorrecto, adjudicaciones con incumplimiento en ficha técnica, garantía no ejecutada en acción de daños y perjuicios por declinación de adjudicatarios, informe no remitido a los órganos rectores de control interno y externo CGRD y CCRD, productos y/o alimentos crudos pendientes de entrega, diferencia en cantidad facturada y soporte de recepción de productos, adjudicación de contrato por alimentos crudos sin evidencia de registro sanitario, contratos saldados y no concluidos, entrega de leche sin evidencia de recepción, cargos de asesor sin la autorización del Ministerio de Administración Pública, diferencia en precio contratado y el facturado, conduces con numeración repetidas en entregas diferentes.

Estas tres primeras auditorías publicadas revelan, no solo la distracción de fondos públicos sino, además, el enorme descuido con que se gestionó la cosa pública, que implica pérdidas importantes de recursos en perjuicio del Estado, es decir para la ciudadanía en general.

En estos tiempos donde, en violación a la ley, ya existen aspirantes a candidaturas para las elecciones todavía distantes del 2028, pero sobre todo que varios de esos aspirantes al mismo tiempo ocupan posiciones en la Administración Pública, se hace necesario que la Cámara de Cuentas incluya en su calendario de auditorías aquellas entidades públicas administradas por esos aspirantes, para tratar de poner un freno al uso de los recursos públicos con fines electorales.

El reto de esta Cámara de Cuentas será concluir y hacer públicas aquellas auditorías en carpetas y cumplir con su calendario de auditorías que, una vez levantadas, sean publicadas en tiempo adecuado, para que se puedan dar las justificaciones y correctivos administrativos de lugar; y en los casos que amerite responsabilidades, ya sean administrativas o civiles, o indicios de responsabilidad penal, estás auditorías puedan servir de soporte y guía para establecer las sanciones de lugar; o acciones del Ministerio Público, en los casos de indicios de responsabilidad penal. 

Es importante señalar que tanto la aplicación como las recomendaciones realizadas por la CCRD, son de cumplimiento obligatorio por parte de la entidad u organismo auditado, así como la posterior verificación de su aplicación por parte de la Contraloría, unidades de auditoría interna u otras entidades de supervisión, según se recoge en el Artículo 69 y 81 de la nueva Ley de la CCRD No. 18-24; por lo que sus actuales incumbentes deberán dar respuesta oportuna, confirmando la aplicación de estas recomendaciones, y de las acciones llevadas a cabo según el tipo de responsabilidad que se establezca en los informes.

CONSEJO NACIONAL

3 de junio de 2025

La Red de Observadores para la Institucionalidad (ROI) y la Escuela de Derecho Universidad APEC (UNAPEC) organizaron un panel sobre “Transparencia en el Consejo Nacional de la Magistratura: Retos en los procesos de convocatoria, evaluación y selección de integrantes de las Altas Cortes”, celebrado este martes 20 de mayo de 2025 en el Salón de la Cultura José María Bonetti de la Universidad APEC.

El panel contó con la destacada participación de tres figuras clave del ámbito jurídico, académico, periodístico, político y social: Jorge Subero Isa, Guadalupe Valdez y Edith Febles, en un diálogo en el que se identificaron desafíos pendientes y propuestas viables para mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en los procesos que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El encuentro inició con las palabras de bienvenida de la doctora Rosa L. Fernández Javier, directora de la Escuela de Derecho de UNAPEC, quien resaltó la importancia de que la academia se vincule a debates que impactan la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país; y contó con la moderación de Maria Fernanda López, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y representante de ROI, quien destacó la labor de veeduría que hace esta Red desde el año 2023.

Siendo la primera vez que participa en un panel académico, Jorge Subero Isa, presidente emérito de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y figura clave en la reforma judicial dominicana, recordó que el CNM es un órgano político y que la designación de jueces y juezas de la SCJ en el año 1997 fue producto de una convergencia de las fuerzas políticas, resaltando el éxito de esa coyuntura que “se va a repetir única y exclusivamente cuando las fuerzas políticas de la Nación lo decidan” y cuando haya una recomposición del CNM y de las fuerzas políticas que lo integran. Destacó el papel de Milagros Ortiz Bosch en el CNM en ese mismo año, “la valentía con que desafió al poder, atento a lo que ella representaba en la sociedad dominicana”, dijo. Señaló la necesidad de una masa crítica y de observatorios de los sistemas de justicia, así como mayor presencia de la academia en ese ejercicio. La justicia, expresó, debe ser “abierta a toda la ciudadanía”. Reiteró que “el peor daño que se le hizo a la administración de justicia en RD es la evaluación de jueces de la SCJ desde 2010, porque ahí comenzó el tráfico de influencia, los contactos y ventas de posiciones y compromisos políticos”, así como haber eliminado la inamovilidad de jueces y no respetar el escalafón de la carrera judicial.

Guadalupe Valdez, activista social, quien también fungió como diputada nacional (2010-2016), recordó la necesidad de generar confianza en nuestras instituciones cumpliendo con el rol para el que fueron creadas, siendo “transparentes, con rendición de cuentas y con un ejercicio ético” explicando que, de lo contrario, “la ciudadanía no puede jugar el rol que le corresponde, de ser una activa, responsable, comprometida con los procesos de participación”. Desde su experiencia representando a Foro Ciudadano en ROI, identificó algunos retos que constituyen debilidades estructurales que deben superarse con urgencia para garantizar los principios de igualdad y no discriminación, como son: la ausencia de criterios objetivos y uniformes de evaluación, prácticas de discriminación por edad, sesgo de género durante las entrevistas y cuestionamientos ideológicos orientados a descartar postulantes. Subrayó que es indispensable integrar formalmente a observadores acreditados de organizaciones de sociedad civil, universidades y colegios profesionales, habilitar un mecanismo de diálogo permanente con la sociedad civil y la implementación de un canal digital de denuncias y sugerencias.

Edith Febles, periodista de investigación y directora del matutino televisivo “El Día”, destacó la importancia de la creación del CNM y abordó el rol del periodismo en el monitoreo del proceso de selección, cuestionando prácticas de lobbismo en medios de comunicación y el padrinazgo político para acceder a estos puestos. Recordó que, previo a la selección de integrantes de las altas cortes, suelen circular listas de nombres que resultan coincidir con las designaciones, lo que genera dudas y cuestionamientos sobre la idoneidad de los perfiles y sobre la transparencia del proceso. Además, señaló que unos de los mayores retos que enfrenta el CNM es, precisamente, romper con estas prácticas y garantizar “el acceso de la gente que dice: vamos a formarnos, vamos a creer en la democracia y vamos a participar”.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de veeduría ciudadana en torno a las convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura a los fines de restaurar la confianza pública de dicho órgano.

Asistieron al evento estudiantes de la Escuela de Derecho de UNAPEC, así como destacados actores sociales como el Dr. Pedro Pablo Yermenos, juez titular del Tribunal Superior Electoral; Leidy Blanco, Coordinadora de Participación Ciudadana; la magistrada Ysis Muñiz, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Fátima Lorenzo, economista y especialista en Género y Justicia; y juristas, como Francisco Álvarez Valdez (Pancho), Patricia Santana Nina y Erick Hernández Machado, entre otras personas.

Se recuerda que ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.