Santo Domingo, República Dominicana. En coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, llevó a cabo el diálogo “Crisis sanitaria y políticas urgentes para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030”, a través del cual los expositores compartieron sus reflexiones sobre la necesidad de replantear las estrategias de desarrollo de la República Dominicana.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien aseguró que ante la situación actual que afecta nuestro país por la crisis del Covid-19, se imponen respuestas solidarias y se precisa un abordaje completamente nuevo. “Los ODS representan el mayor compromiso asumido por los países para trabajar al unísono. Se requiere solidaridad, liderazgo, transparencia, confianza y cooperación”, manifestó Díaz Inoa.

El encuentro contó la participación del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Santana Jiménez, quien afirmó que durante este año se incrementarán los indicadores de pobreza y de hambre no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

“La República Dominicana, en lo adelante, tiene grandes retos de cara al cumplimiento de la Agenda 2030: el fortalecimiento del primer nivel de atención en los centros de salud, a fin de cuidar y garantizar la salud de las personas, el fortalecimiento institucional de los esquemas de asistencia social y evitar que la caída de desarrollo se exacerbe, por lo que se debe sostener el consumo”, enfatizó el Ministro de Economía.

En ese sentido, Mauricio Ramírez, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, sostuvo que, para mitigar los efectos del coronavirus sobre la consecución de los ODS, es fundamental identificar aceleradores de la Agenda 2030, promover la competitividad, garantizar empleo decente, y generar una producción y consumo sostenible.

“De haber avanzado en el cumplimiento de los ODS y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, pudiéramos enfrentar mejor este desafío, ya que contaríamos con un sistema de salud más fuerte, menos personal viviendo en pobreza extrema, menos desigualdad de género, un entorno natural más saludable y sociedades más resilientes. Debemos aprovechar la oportunidad de esta crisis para fortalecer nuestro compromiso de implementar la Agenda 2030”, añadió.

El economista y docente, Pavel Isa Contreras, advirtió que el golpe del Covid-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy severo y con efectos a largo plazo muy fuertes, al tiempo que destacó que para avanzar en los ODS se debe acelerar la expansión de la base material y promover un crecimiento económico que permita generar recursos para satisfacer necesidades básicas.

“Es necesario modificar la forma en que producimos y consumimos; proteger y hacer un uso más sostenible de los recursos naturales; fortalecer la provisión de servicios económicos y sociales básicos; proteger a las personas más vulnerables; y construir instituciones justas y equitativas”, manifestó Isa Contreras.

La actividad virtual contó además con la participación de Addys Then, directora de Alianza ONG, quien, durante su intervención, advirtió que el Covid-19 aumenta el riesgo del no cumplimiento de la Agenda 2030.

“La epidemia nos encontró con rezagos en los ODS, los cuales debilitan la capacidad que tenemos como país para responder a esta crisis. Quien resulte electo presidente en las próximas elecciones debe convocar a una revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), ya que esta debe ser complementada con los lineamientos de la Agenda 2030”, resaltó.

A través del diálogo “Crisis sanitaria y políticas urgentes para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030”, Participación Ciudadana, reafirma su compromiso de contribuir a la reducción de los riesgos de acrecentar una crisis económica, social y de derechos humanos como consecuencia de los impactos provocados por el Covid-19.

Es por ello que el movimiento cívico ha estado generando espacios de debate para avanzar hacia un modelo socioeconómico más sostenible que favorezca una mayor integración en la mitigación de los efectos de la pandemia, evitando así el retroceso en la obtención de los resultados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Consejo Nacional
13 de mayo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco del desarrollo del programa de observación electoral de los comicios del próximo cinco de julio, y con el objetivo de intercambiar buenas prácticas, acciones y políticas para la organización y realización de elecciones durante una crisis sanitaria, el movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, realizó el conversatorio “Democracia, procesos electorales y crisis sanitaria”.

El director ejecutivo del movimiento cívico, Carlos Pimentel, quien moderó la actividad, expresó que “este evento, sus insumos y resultados son fundamentales para las acciones a desarrollar de cara a la organización de las próximas elecciones, así como para la adecuación del programa de observación electoral y el protocolo sanitario que tendrán los observadores de la entidad. En los próximos días presentaremos al país en un acto público de manera virtual el alcance y el tipo de observación que estaremos realizando en los comicios venideros, y con ello reafirmar nuestro compromiso de continuar aportanto al fortalecimiento de la democracia electoral”.

En este contexto, Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, afirmó que la Junta Central Electoral (JCE), hizo lo correcto al posponer las elecciones presidenciales y congresuales, ya que la salud de las personas es la prioridad, pero la segunda debe ser la salud de la democracia.

“Es ineludible celebrar las elecciones presidenciales y congresuales, según las fechas propuestas, a fin de evitar entrar en una crisis constitucional. La solución para vadear los peligros de una crisis de esta naturaleza sería un gran acuerdo nacional, no solo de liderazgo partidario, sino de toda la sociedad, incluyendo sectores sociales, empresariales, religiosos, entre otros. En un ambiente tan complejo, la observación electoral debe estar presente ahora más que nunca”, aseguró Álvarez, durante su intervención.

El conversatorio, organizado en coordinación con las Naciones Unidas (ONU), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB) y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA International), contó además con la participación de Daniel Zovatto, director regional América Latina y el Caribe de IDEA International; Rafael López Pintor, senior en el Proyecto Electoral de la ONU en Bolivia; Gabriela Nones, especialista en Gobernabilidad Inclusiva y Elecciones del Centro Regional del PNUD para América Latina y El Caribe; Fernanda Buril, del Centro de Investigación Aplicada y Aprendizaje de IFES; y  Ina Kim Lee, oficial de programas del Departamento de Relaciones Externas de A-WEB.

Daniel Zovatto, señaló que el tema del voto en el exterior es uno de los más complejos que tiene la República Dominicana, siendo el país de Latinoamérica con mayor número de votantes en el exterior, al tiempo que aseguró que dado el ambiente actual no prevé la posibilidad una Reforma Constitucional.

Rafael López Pintor, quien compartió sus experiencias en procesos electorales en un contexto de crisis sanitaria, indicó que es importante plantearse los efectos directos de una elección en un escenario donde se han suspendido determinadas garantías en el ejercicio de derechos humanos y el Poder Ejecutivo ha adquirido mayor poder.

“Cualquier decisión que sea tomada debe partir de un conceso entre los actores políticos, contemplando las implicaciones que puede tener. Debe ser transparente expresando las razones de esta decisión”, sostuvo por su parte Gabriela Nones durante su intervención.

En ese mismo sentido, Fernanda Buril enfatizó en que es necesario consultar y mantener una comunicación transparente con otros actores del sistema electoral como la sociedad civil y votantes, asegurando que las decisiones sean tomadas por consenso y de manera transparente. “El Covid-19 trajo nuevos retos y debemos realizar más esfuerzos, pero esos esfuerzos que valen la pena porque nos ayudan a proteger la salud de los ciudadanos, así como los procesos y los principios democráticos”, subrayó Buril.

Ina Kim Lee, quien socializó sobre la experiencia de las elecciones en Corea del Sur, afirmó que, durante todo el proceso electoral realizado recientemente en Corea del Sur, los votantes recibieron informaciones transparentes de parte de la Comisión Nacional Electoral, a través de las cuales explicaban las medidas y precauciones a tomar para para ejercer el derecho al voto. “Es importante contemplar que las elecciones en Corea del Sur se realizaron cuando la pandemia aún estaba contenida, y a dos semanas de ello, no hemos tenido casos nuevos como consecuencia de las elecciones”, destacó Kim.

El conversatorio “Democracia, procesos electorales y crisis sanitaria” forma parte de las acciones que realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la corrupción y la impunidad.

 Consejo Nacional
08 de mayo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, indicó que el vertedero de Duquesa pone en evidencia nuevamente, el desorden, la corrupción, y la falta de políticas adecuadas para la planificación y ordenamiento del llamado Gran Santo Domingo, y refleja cómo el negocio que existe con los desechos sólidos genera otras áreas de riesgos de corrupción, en detrimento de la población.

“La realidad de Duquesa nos golpea justo en un momento de crisis sanitaria mundial, evidenciando las debilidades e ineficiencia de las autoridades, ya que salen a relucir las incompetencias,  el olvido y desinterés  en resolver los problemas históricos, que se agravan por el afán de lucro desmedido y sin control, impactando considerablemente la salud y el bienestar de ciudadanos y ciudadanas, especialmente los que habitan en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo”, expresó la coordinadora general de la organización, Sonia Díaz Inoa.

A través de un comunicado de prensa, Díaz Inoa aseguró que en el país existen numerosas regulaciones que velan por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sostenible, sin embargo,  la  situación se caracteriza por la falta de implementación y cumplimiento de las normas, entre ellas, la Constitución de la República, la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, y la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo,  que en su Eje No.4 inspira al desarrollo de una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.

“En el país distintos datos revelan que se producen más de 14 mil toneladas de residuos sólidos al día, y es imperdonable que aún no contemos con una ley que los regule y permita una gestión integral de los mismos, que promueva la reducción, clasificación, reutilización y el reciclaje de los residuos, fomentando el trabajo junto a la ciudadanía”, subraya en el comunicado.

Añadió que la vulnerabilidad que impera en el territorio se agrava más por la densidad poblacional del Gran Santo Domingo que ronda los 2,232 hab/km² e incluye el Distrito Nacional, el cual cuenta con una densidad poblacional aproximada de 11,700 hab./km². “Las diferentes demarcaciones que componen el Gran Santo Domingo, pueden dar testimonio de cómo la ubicación del vertedero, sumado a la corriente de vientos y sus cambios de sentido han impactado diversas localidades fuera del perímetro del municipio Santo Domingo Norte, donde está ubicado el vertedero de Duquesa”, señaló Díaz Inoa.

Destacó que actualmente en el país existen más de 350 vertederos, es decir, un vertedero por cada 136 km² aproximadamente, por lo que “en Participación Ciudadana esperamos políticas que reduzcan los vertederos a cielo abierto, considerando que estos son fuentes de contaminación y focos de infección, además de que producen grandes cantidades de metano, el cual contribuye considerablemente al aumento de producción de gases de efecto invernadero”.

Consejo Nacional
06 de mayo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de enmarcar el rol de la planificación y el ordenamiento del territorio en la respuesta efectiva y oportuna a un estado de emergencia nacional, el movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó el panel virtual “¿Cómo influye la planificación y ordenamiento del territorio en un estado de emergencia?”, a través del cual especialistas analizaron su influencia desde al ámbito local y nacional, tanto previo como posterior a una eventualidad de este tipo.

Durante el desarrollo del panel, Participación Ciudadana se hizo eco una vez más de la importancia de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones Únicas de Planificación, las cuales buscan optimizar y aprovechar los recursos, potenciar la vocación de uso de los suelos, al igual que eficientizar la respuesta ante emergencias.

“La necesidad de contar un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) en los diferentes Gobiernos Locales del territorio nacional, responde al crecimiento desordenado que ha tenido el país durante las últimas décadas. Este plan es una herramienta fundamental para lograr un crecimiento sostenible y con ello poder dar respuesta a posibles eventualidades”, afirmó Carlos Pimentel, director ejecutivo del movimiento cívico.

Erick Dorrejo, especialista en planificación y ordenamiento territorial del Laboratorio de la Ciudad (CILAB), aseguró que la planificación estratégica y el ordenamiento territorial son herramientas esenciales y vitales, ya que distribuyen los recursos con mayor eficiencia, mejoran la resiliencia y atienden a las prioridades de cada demarcación. Para tales fines se requiere incorporar la variable del territorio en la formulación de las políticas públicas desde dos ámbitos; en primer lugar, mirando hacia el territorio a través de la desconcentración operativa del aparato gubernamental y en segundo plano mirando en cada territorio las actividades fundamentales para ordenarlas en respuesta a cada realidad.

“Esta crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa evidencias que nos ayudan a explicar de una manera más clara cómo el ordenamiento territorial es una herramienta para que las políticas públicas sean más efectivas. Ante un Estado de Emergencia, el ordenamiento del territorio facilita la respuesta a eventos que impactan directamente el bienestar de la población y esta pandemia nos muestra una vez más que un modelo operativo de atención y respuesta tiene que ser un modelo desconcentrado a nivel multiescalar”, expresó Dorrejo.

El especialista en ingeniería ambiental y ordenamiento territorial de Participación Ciudadana, Dionys De la Cruz, recalcó la necesidad de crear las herramientas necesarias para diseñar planes de emergencia, tomando en cuenta las vulnerabilidades socio-territoriales, rutas de emergencias y evacuación, ubicaciones óptimas de actividades peligrosas o delicadas, las cuales tienden a requerir asientos especiales o en su defecto regulaciones extraordinarias.

“Es importante que haya participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones, de modo que todos los resultados que se emanan de los gobiernos locales sean en base a una consulta popular”, destacó.

 Esta actividad también contó con la intervención de David Arbona, especialista en Hábitat y Pobreza Urbana de Ciudad Alternativa, quien manifestó que lo que caracteriza a ciudades de Latinoamérica es la ausencia o la debilidad de la implementación de ejercicios de planificación del territorio.

“La Ley de Ordenamiento Territorial busca romper con la descoordinación y articular capacidades para lograr un ordenamiento del territorio que realmente busque la garantía de derechos y el bienestar colectivo. Pero, para un ordenamiento del territorio no basta con normativas del uso del suelo y densidad. Una de las debilidades grandes que tenemos como sociedad es la gestión de la propiedad del suelo. Sino equilibramos la manera en que lo gestionamos, se van a seguir reproduciendo las desigualdades”, explicó.

Hizo énfasis en que el Quédate En Casa no se vive igual en todos los sectores de la sociedad, y que para hacer frente a lo que viene en términos de recuperación, tiene mucho que ver la capacidad del Estado de centralizarse y de actuar de manera coordinada. “Esta situación nos invita a repensar nuestras prioridades, a pensar en el bienestar colectivo por encima del bienestar individual”, concluyó.

El panel virtual, además tuvo la participación de José Antonio Chevalier, Especialista en Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, quien sostuvo que luego de la pandemia se debe replantear el abordaje de la planificación del territorio en relación a la inversión pública.

“Los gobiernos locales luego de esta pandemia tienen que modificar sus intervenciones de gestión en el territorio. Hago un llamado a las nuevas autoridades municipales a que activen sus oficinas de planeamiento urbano y que no la utilicen como una simple oficina de recaudación de ingresos, sino como un departamento para planificar su territorio”, señaló.

A través de esta iniciativa, Participación Ciudadana, busca orientar a la sociedad civil, a fin de que cada ciudadano y ciudadana pueda adoptar un rol activo en la toma de decisiones y en la exigencia de derechos fundamentales que garanticen un desarrollo sostenible y saludable para las presentes y futuras generaciones de nuestro país.

Consejo Nacional
30 de abril de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco del proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública que Garantice los Derechos Humanos, que implementa Participación Ciudadana en alianza con Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y Oxfam, con el financiamiento de la Unión Europea (UE), el movimiento cívico, dio a conocer la tarde de este lunes los hallazgos del estudio “Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana: a 8 años de la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)”, a través del cual presenta un informe detallado de la situación actual de la carrera administrativa dominicana.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, aseguró que a raíz de esta investigación se evidencia que, pese a las políticas implementadas, los avances en materia de aumentar el número de funcionarios que son de carrera dentro del Estado Dominicano pueden considerarse insuficientes.

“A toda luz los datos expresan que apenas un cuarto de los empleados públicos registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública puede considerarse de carrera, cuando los objetivos establecidos desde la Estrategia Nacional de Desarrollo a 8 años de su implementación marcan claramente una meta de que un 100% de los empleados públicos fueran considerados de carrera, por lo que a un avance del 80% del tiempo establecido estamos muy lejos de la meta”, destacó.

El estudio revela además que, la precisión de los ingresos de empleados públicos por concurso a la carrera administrativa se ve altamente afectada por la falta de datos estadísticos específicos para varios años, así como también, no se encuentran disponibles datos precisos que permitan determinar si los ingresos a carrera administrativa por concurso fueron aperturados para concurso externo.

Otras irregularidades que se pudieron verificar es la insuficiencia del presupuesto para el proceso de formación de los funcionarios públicos, así como, el hecho de que no existe una coordinación entre todas las instituciones de formación y capacitación, lo que hace que exista insuficiencia, dispersión y duplicidad de muchos procesos de formación.

Las instituciones involucradas en la elaboración del documento indicaron que, al realizar entrevistas a los funcionarios en las diferentes escuelas de formación, encontraron que no existe un protocolo de inducción para los funcionarios de nuevo ingreso, lo que dificultad la incorporación a sus funciones y ralentiza el servicio que está llamado a ofrecer.

A partir de las realidades que han podido constatar, ofrecen las siguientes recomendaciones:

• Dado el vencimiento del plazo en 2015 para que los funcionarios públicos ingresaran a la Carrera Administrativa por evaluación interna, se debe sincerar la cantidad de funcionarios que no cumplen con la formación profesional de carrera y establecer los criterios para que cumplan este requerimiento. Estudiar las remuneraciones salariales recibidas por los empleados públicas, ya que el 55% de los empleados registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) ganan menos de la canasta familiar básica dominicana.
• Indagar sobre la decisión del Ministerio de la Administración Pública (MAP) de suspender la aplicación de la Carrera Administrativa desde el año 2013 hasta la fecha, ya que esta es una violación flagrante a la Ley 41-08 y la END, que ha afectado en sus derechos constitucionales y legales a decenas de miles de servidores públicos.
• Plantear una modificación de la Ley 41-08 de Función Pública para adecuarla a los tiempos que actualmente corren, sincerando las metas establecidas e incluyendo aspectos importantes como la inclusión de los empleados de servicios generales, que constituyen un tercio de los empleados públicos.

“Desde Participación Ciudadana, entendemos que hoy más que nunca es necesario cumplir con el mandato de la Ley 41-08, respecto al fortalecimiento de la carrera administrativa, que garantice estabilidad al funcionario, y en consecuencia esto generará un mayor compromiso de los funcionarios públicos en sus funciones, así como una mejora en la calidad de los servicios públicos”, expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC.

 Consejo Nacional
27 de abril de 2020

[display-frm-data id=8983 filter=limited entry_id=53907]

Santo Domingo. República Dominicana. El sistema de salud de nuestro país está en crisis, no es posible seguir ocultando esta situación, la cual cada día se evidencia con las decenas de muertes y miles de afectados, siendo el corredor Duarte uno de los que tiene la mayor carga de víctimas, con el 76% de los confirmados con el COVID-19 y el 78% de los fallecidos, según el boletín epidemiológico número 34 del Ministerio de Salud Pública.

Esto se evidencia, principalmente por el poco acceso a las pruebas y tratamiento del COVID-19, lugares inadecuados para aislamiento, unidades de cuidados intensivos muy limitadas, prácticamente ningún seguimiento a los pacientes en aislamiento domiciliario y mucho menos a los familiares y personas que han tenido contacto con aquellos que han dado positivo a la prueba, así como una peligrosa precariedad en el cuidado que requiere el personal de salud.

Así lo expresaron, los integrantes de La Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, quienes a través de un comunicado de prensa,  afirmaron que sin ánimos de alarmar a la población, y conscientes del hecho de que no todas las muertes que se producen en las casas, clínicas y hospitales están vinculadas al virus, no menos cierto es que no es posible que en una familia así como los vecinos de esta, fallezcan prácticamente en una misma semana y con la misma condición; neumonía o paro respiratorio y posible COVID-19, según constan en las actas de defunción.

“Lo más preocupante para nosotros es la actitud de las autoridades, quienes aseguran que no existe un subregistro de muertes y casos confirmados de COVID-19 en el país, sin embargo, a estas personas no les hacen las pruebas y mucho menos se les da seguimiento a las familias ni a quienes estuvieron vinculadas en los últimos 15 días. Pasan los días y otros familiares presentan síntomas y no hay forma de vincularlos con esos fallecimientos, ya que no son parte de los 3,504 casos que se encuentran en aislamiento domiciliario como plantea el informe de Salud Pública”, expresa el comunicado.

La Red Ciudadana por la Seguridad y la Ciudadana, pidió este viernes al Ministerio de Salud Pública que sean realizadas las pruebas a los fallecidos que presentan la patología y en sus actas de defunción plantean posible COVID-19, para que puedan darles seguimiento a los familiares y a todos aquellos que tuvieron contacto con ellos, y con ello detener el subregistro y la expansión del virus.

“De igual manera, queremos agradecer y reconocer a todas las personas vinculadas al área de salud: médicos, enfermeras, personal del área de limpieza, bioanalistas y a todos aquellos que cada día acuden al llamado de la responsabilidad y la solidaridad para acompañar a todas las personas que padecen o están en estado delicado debido al COVID-19, poniendo en riesgo su salud y su vida”.

Sobre la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia
La Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, es un espacio de coordinación diverso, formado por instituciones y organizaciones de base de la sociedad civil, con el propósito de generar sinergias de manera mancomunada para el impulso de acciones formativas y reflexivas que contribuyan a elevar la conciencia ciudadana en torno a sus derechos, deberes y valores; para incidir en la seguridad ciudadana y la buena aplicación de la justicia. Tiene cobertura en el Corredor Duarte, integrado por las provincias de Puerto Plata, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia
24 de abril del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), demandó control y fiscalización a los poderes extraordinarios otorgados al Poder Ejecutivo por el Congreso Nacional durante el estado de emergencia, recordando al Poder Legislativo que dos de sus funciones son el control y fiscalización de los recursos públicos en representación del pueblo dominicano, particularmente en momentos como el que se vive actualmente.

 El Consejo Nacional de PC señaló que el mandato constitucional del artículo 266.2, impone al Presidente de la República “informar al Congreso, de forma continua sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de los acontecimientos”, máxime que el estado de emergencia no exime a ninguna autoridad y demás servidores públicos del cumplimiento de la Ley y de sus responsabilidades de acuerdo con el numeral 4 de dicho artículo. “Un solo informe ha sido recibido por la Comisión Bicameral designada para tales fines”, destacó.

“En forma sorprendente y vergonzosa el Congreso Nacional prácticamente ha dejado de sesionar por temor al contagio, cuando bien, cada cámara puede elegir algún salón donde pueda guardar la distancia necesaria entre sus miembros, y tomar otras medidas de protección más seguras que las que se suministran al personal sanitario que cada día arriesga su vida sin tener la compensación que tienen los congresistas”, manifestó.

Indicó que, ante denuncias de irregularidades y actos de corrupción en las compras públicas relacionadas con los indispensables suministros sanitarios que requiere el país, donde por lo visto algunas personas pretenden enriquecerse ilegalmente aprovechando en forma indiscriminada estos poderes extraordinarios, el Congreso debió inmediatamente interpelar a los responsables para que rindan cuentas sobre los hechos denunciados.

Añadió que esta labor fiscalizadora ha debido ser realizada para monitorear las ejecutorias y políticas que implementan los demás órganos que conforman las Comisiones Especiales, los programas como Quédate en Casa y Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), los cuales deben rendir cuentas de sus gestiones al Legislativo y al país.

“El ausentismo de los senadores y diputados, especialmente en el control y fiscalización a los poderes otorgados al primer mandatario de la nación, es una negación de la debida representación que le han otorgado los electores. Participación Ciudadana reafirma su compromiso de mantenerse firme en el monitoreo de las políticas públicas en tiempos de pandemia, para prevenir los riesgos de corrupción; y hace un llamado a la ciudadanía a seguir las medidas de higiene y distanciamiento social expresadas por las autoridades de salud para preservar su integridad, la de sus familiares y la de todos aquellos que les rodean”, concluyó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Consejo Nacional| 19 de abril de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. Luego de una jornada de cuatro días de trabajo colaborativo totalmente virtual, la aplicación móvil denominada “COVIDHELP”, ganó el primer lugar del 1er hackathon virtual del país, “Innovando en Cuarentena”, actividad realizada por el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en colaboración con Participación Ciudadana, el Laboratorio de Innovación para la Democracia (InnovaLab), Cámara TIC y el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana (ONU RD).

“COVIDHELP es una aplicación para ayudar a las personas mayores de 65 años, personas diabéticas y hipertensas. Con ella, contribuiremos al control de aislamiento de estos grupos y a facilitar sus necesidades del día a día. Les asistiremos en la gestión de alimentos y medicinas, tomando en cuenta su geolocalización. También servirá para gestionar voluntarios y voluntarias que ayuden a estas personas con asistencia médica y diligencias del hogar”, explicó Kemberly Abad, líder del equipo ganador, integrado también por Rafael Fernández Castillo, Eladio Junior Rodríguez y Dahiana Mariana Vásquez.

El premio otorgado a este equipo consistió en una laptop para cada ganador, RD$10,000 en bonos y dos becas de cursos virtuales de la oferta de Educación Permanente del ITLA.

“Innovando en Cuarentena”, iniciativa que buscaba hacer una convocatoria social para promover la innovación tecnológica que permita dotar a la sociedad de herramientas para contrarrestar los efectos de la actual pandemia del COVID-19, contó con la participación de 22 equipos conformados por más de 60 jóvenes, los cuales pasaron por una ronda de presentación de eliminatoria, de la cual resultaron finalistas solo 16 equipos.

En segundo lugar ganó una aplicación móvil educativa llamada “COVINTENA”, que promueve medidas de seguridad sobre el COVID-19 de manera entretenida. Constará de tres módulos: Informativo, Modo Vago y Juegos. En el primero, se divide en seis secciones, se explicarán desde qué es el nuevo Coronavirus y sus orígenes, hasta medidas y consejos de prevención. En el segundo, se mostrarán recomendaciones de libros, películas, series, y música divida en género para el disfrute del usuario. En el tercero, habrá trivias y un heads up, además de un juego llamada Flappy Virus.

La App fue propuesta por los jóvenes Félix Rafael García, Kelvin Rafael Calcaño, Lizbeth Marie Brito y Tito Matos, quienes ganaron tablets, RD$10,000 en bonos y dos becas de cursos virtuales de la oferta de Educación Permanente del ITLA.

El tercer lugar lo obtuvo “Salida Segura”, una aplicación móvil para la generación de tickets para control y gestión de permisos para transitar durante la cuarentena y toque de queda por sector, horario y fechas. Fue presentada por los jóvenes Luz Rosario, Aydee Rodríguez, Adriana Selman y Sebastián Pérez, quienes tuvieron como premio un asistente digital Alexa Echo para cada ganador y RD$5,000 en bonos.

Estos proyectos llegaron a la fase de prototipo y a partir de ahora pasan a recibir asesoría del InnovaLab y el Centro Mipyme de Transformación Digital ITLA, para la gestión de capital que permita llevarlos a la fase de desarrollo y lanzamiento al mercado.

El jurado del primer hackathon virtual de República Dominicana estuvo integrado por el Lic. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana; el Ing. Mite Nishio, 1er Vicepresidente de Cámara TIC; el Lic. Jason Grullón, especialista de proyecto de sociedad civil y gobierno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y el Ing. Sandy Ramírez, Oficial de Exploración del Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

14 de abril de 2020

La propagación en el país del COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis del sistema de salud, situación que se agudiza con decenas de muertes y miles de afectados que sufren un difícil acceso a las pruebas de detección y tratamiento, debido a la escasez de insumos, de lugares adecuados para aislamiento, unidades de cuidados intensivos y una peligrosa precariedad en el cuidado que requiere el personal de salud.

A dos décadas de las reformas legales y estructurales del sistema de salud, lejos de ofrecer servicios de calidad y amplia cobertura, sigue siendo un bien escaso, como indican las miles de personas muriendo cada año por causa de enfermedades prevenibles o curables, elevadas tasas de mortalidad materna y neonatal, y el incremento de las enfermedades catastróficas no transmisibles.

Es grave que, con más de cuatro millones de afiliados en el régimen contributivo del seguro familiar de salud, este maneja más de 60 mil millones de pesos anuales y, sin embargo, esto no garantiza el pleno acceso a los afiliados, por los altos copagos que exigen médicos, clínicas, laboratorios y farmacias, que superan el 45% del gasto en salud de las personas.

Ese modelo de seguridad social en salud tiene que cambiar
En el actual contexto de salud impactado por el COVID-19, estamos frente a una nueva oportunidad para marcar un punto de inflexión en nuestro sistema de salud y empezar a colocar los hitos que transformaran definitivamente las carencias críticas que lo caracterizan. En ese sentido, se hace imperioso y urgente priorizar el gasto en este sector, en infraestructura, personal, prevención e investigación y se requiere aplicar de manera efectiva la atención primaria. Esta coyuntura deberá ser un acelerador para la demandada y necesaria incorporación de las políticas de salud en las reformas sociales, económicas e institucionales. Este es un reto ineludible de las próximas autoridades nacionales.

Transparencia y calidad de la inversión en salud
En la situación sanitaria y económica que vive el país, los poderes excepcionales que han sido asignados al Poder Ejecutivo deben ser utilizados con la mayor transparencia y las mejores prácticas administrativas. No es momento para que nadie obtenga ganancias a costa de los escasos recursos que disponemos. Participación Ciudadana entiende que el Estado debe eliminar cualquier intermediación en las compras de los insumos masivos que se requieren y tal como han hecho otros países, asumir directamente las compras. Se necesita que se publiquen los precios de los proveedores de origen, más los gastos para colocarlos en el territorio nacional.

El país no puede permitirse el lujo de usar empresas privadas en compras de miles de millones que les reportarán enormes ganancias y que ningún organismo del gobierno, incluyendo nuestro servicio exterior, pueda hacer directamente estas gestiones de compra, multiplicando así su rendimiento. Tampoco se puede entender que un candidato presidencial tenga los recursos y la capacidad para enviar aviones a China a traer insumos y que el gobierno dominicano no pueda hacer lo mismo. El Estado tiene, en este momento, prácticamente el monopolio de la demanda, por tanto, es el más indicado para adquirir directamente esos insumos y hacerlo sin dejar dudas sobre su honestidad y capacidad administrativa. No nos oponemos a que cualquier particular gestione directamente sus donaciones, pero consideramos que, en este contexto, los recursos públicos no deben ir a manos de intermediarios.

En respuesta a las críticas que han suscitado los recientes concursos, debido a los exorbitantes precios asignados, el Gobierno se vio obligado a cancelar los mismos, retrasando así un abastecimiento que es de vida o muerte. También ha designado una Comisión de Veeduría, a la cual no nos oponemos puesto que en esta situación se demanda la colaboración de todo el mundo. Ya Transparencia Internacional ha alertado sobre los riesgos de que las crisis y estados de emergencias se presten para el enriquecimiento de unos pocos.

El caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), pone nueva vez en evidencia los riesgos de corrupción en las instituciones públicas y aún más en el marco de una crisis sanitaria y con una declaratoria de emergencia. Desde Participación Ciudadana esperamos la continuidad de la investigación y el establecimiento de las responsabilidades penales.

La Comisión de Veeduría puede ayudar vigilando las adquisiciones y contrataciones que se hagan, recogiendo información en los demás países sobre los precios de mercado de los productos que se demandan, a fin de identificar las mejores opciones. No basta con que se cumplan ciertos requisitos de concursos públicos. Si algún poder excepcional debe aplicarse en este momento, es reducir al mínimo la intermediación y las ganancias particulares. Todos los recursos públicos se deben emplear con el fin fundamental de salvar vidas.

El Gobierno Central y, específicamente, el Ministerio de Hacienda, deben publicar, cada semana, cómo se van asignando los 32 mil millones de pesos de emergencia, y cuál es el ahorro que están obteniendo con más de 100 instituciones cerradas, con el propósito de discutir la reestructuración y priorización del presupuesto de 2020.

Participación Ciudadana expresa una vez más su solidaridad con las familias que hoy sufren tantas dificultades para afrontar las urgencias de atención sanitaria, pérdida de empleos y medios de sustento, aislamiento y ansiedad. Sobre todo, expresa su solidaridad a las familias que ya han sufrido la partida de seres queridos.

Consejo Nacional
9 de abril de 2020