Participación Ciudadana solicitó a la Comisión del Defensor del Pueblo de la Cámara de Diputados  aclarar la denuncia del doctor Alexis Joaquín Castillo, en el sentido de que hubo un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Reformista Social Cristiano para nombrar a Zoila Martínez de Medina como Defensora del Pueblo.

El movimiento cívico señaló que la Ley 19-01, que crea la Defensoría del Pueblo,  establece con claridad el procedimiento para la selección de tan importante funcionario, y que debe ser ajeno al quehacer de los partidos políticos, porque es una especie de Procurador de los Derechos Humanos.

“Sería lamentable que la  Defensoría del Pueblo en República Dominicana nazca rodeada de la falta de credibilidad necesaria para jugar el rol que se le ha asignado mediante una ley,”, dijo Participación Ciudadana.

Señaló que el proceso de selección del Defensor del Pueblo en el país está retrasado, porque el próximo febrero se cumplirán dos años de la promulgación de la ley,  y aún la Cámara de Diputados no ha procedido a enviar la terna que deberá conocer el Senado para designar al Defensor o Defensora del Pueblo.

Participación Ciudadana reconoce que la nueva Comisión de la Defensoría del Pueblo, que encabeza la doctora Licelot  Marte de Barrios, ha agilizado los trabajos de preselección de aspirantes a la nominación; sin embargo, la denuncia  del dirigente reformista Alexis Joaquín Castillo empaña el esfuerzo que viene haciendo esta la Comisión.

La denuncia la formulo el precandidato presidencial del PRSC al participar como invitado al Diálogo Jurídico del Periódico Hoy, el lunes 13 de enero

“Existe la necesidad de hacer transparente el proceso de selección del Defensor del Pueblo, ya que de esta manera se fortalece la democracia y el Estado de Derecho que busca y quiere mantener el país”,  insistió PC.

Reiteró que la designación de manera imparcial del Defensor del Pueblo, es un gran paso de avance en el desarrollo institucional del país.

El coordinador del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó ayer la inclusión en el diálogo de todos los actores políticos del país, para la escogencia de los dos jueces faltantes de la Junta Central Electoral (JCE), y pidió que el proceso se lleve a cabo con transparencia y sin acuerdos de aposento.

Ramón Tejada Holguín dijo Participación Ciudadana no ha sido convocada aún al diálogo por su coordinador Agripino Núñez Collado y resaltó que como la experiencia inicial del diálogo fue fructífera sería lamentable que ese nivel de transparencia y amplitud se redujera en este momento y solo se convoque a los partidos mayoritarios.

Recordó que en el ámbito electoral la sociedad dominicana está compuesta tanto por los partidos políticos reconocidos por la JCE y con representación electoral, por lo que entienden deben participar en cualquier tipo de diálogo.

Asimismo, resaltó que Participación Ciudadana como institución realiza una labor en los procesos de observación en las elecciones, y hasta el momento ha sido transparente en sus planteamientos, como la de solicitar la vistas públicas y reconocer la facultad que tiene el senado como organismo institucional para la elección de los miembros de la JCE.

"Es decir hemos reconocido el papel que juega cada quien y no veo razón por la que precisamente cuando se ha tenido ese nivel de participación desde la sociedad civil, se convoque al diálogo única y exclusivamente al sector político", manifestó.

Tejada Holguín dijo que Participación Ciudadana mantiene su posición de que la JCE debe estar compuesta por personas de reconocida trayectoria pública, honestidad, independencia de criterios y que no sean militantes políticos.

Dijo que esa institución no hará propuesta para ser juez de la Junta, a los fines de evitar comentarios en el sentido de que la sociedad civil quiere imponerse.

No obstante, expresó que Participación Ciudadana reclama que se cumpla con un perfil de miembros de la JCE y que sea aceptado por todos los partidos políticos reconocidos por el tribunal de elecciones.

Con respecto a las vistas públicas que celebrará el Senado para la escogencia de los dos jueces faltantes de la Junta, Tejada Holguín dijo que Participación Ciudadana como todas las organizaciones asistirá y verá las propuestas para si es necesario dar alguna recomendación o emitir su opinión sobre los candidatos que se sometan.

El movimiento Participación Ciudadana sugirió ayer al Senado que utilice el mecanismo de vistas públicas para la escogencia de los dos nuevos jueces de la Junta Central Electoral.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, dijo que aunque los senadores tienen la falcultad para la selección de los miembros del tribunal electoral, esa prerrogativa no puede impedir que se haga mediante el consenso de los diferentes sectores. "Ellos (los senadores) tienen el mecanismo de las vistas públicas, pueden establecer ese mecanismo, o pueden, si quieren tener reuniones con los propios partidos políticos y aprovechar el espacio del diálogo nacional que está instalado", indicó Cabreja.

El mecanismo

Sostuvo que el mecanismo para la escogencia de los jueces debe ser participativo y de consenso. El director ejecutivo de Participación Ciudadana ofreció esas declaraciones en la sede de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), donde la Coalición por una Justicia Independiente presentó una declaración con motivo del Día del Poder Judicial.

Introducción

Los aspectos negativos, como la regresiva reforma constitucional y laimposición de los jueces electorales con desprecio del consenso, marcaron políticamente el año que concluye, lo que junto a losproblemas afrontados por la economía nacional en el último semestre, arrojan un panorama de pesimismo y desconfianza.

La sociedad política dominicana siguió confrontado serias dificultades para cumplir los pactos, y para instituir mecanismos eficientes de combate a la corrupción aunque el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República depositó en el Congreso Nacional un paquete de anteproyectos con eseobjetivo.

Debemos celebrar que durante este año se redujeron considerablemente las ejecuciones extrajudiciales y se dieron pasos para implementar mecanismos de participación social y elaborar una estrategia hasta el 2015 para la erradicación de la pobreza.

Los compromisos de las autoridades para controlar el gasto público en el próximo año, el pacto para la estabilidad económica y el desarrollo firmado, con la cúpula empresarial, y las mejores perspectivas de sectores claves de la economía nacional, como el turismo y las zonas francas permiten esperar que el panorama de sombrío pesimismo con que concluye el 2002 sea trocado por un período de nuevas esperanzas.

Los dominicanos tenemos que reconocer que no tenemos el monopolio de los problemas económicos y sociales. Por el contrario, pese a todas sus limitaciones, la economía nacional registra las mejores estadísticas en un ámbito internacional negativo. En consecuencia no debemos dar tanto espacio al pesimismo y la frustración, sino trabajar intensamente para adoptar los cambios que alienten el desarrollo integral.

Lo político e institucional

La reforma constitucional ejecutada a finales de julio, después de año y medio de activismo congresional, fue de los acontecimientos más frustratorios del año. Se realizó en un marco de pugnacidad, compras de conciencia y exclusiones, desconociendo el Pacto para la Reforma Constitucional que habían firmado en septiembre del 2001 los partidos mayoritarios y el Presidente de la República. Su contenido no pudo ser más pírrico, limitándose a la eliminación de los colegios electorales cerrados y a la restauración de la reelección presidencial, dejando de lado numerosos aspectos sobre los cuales hay amplio consenso nacional.

La posterior elección de los titulares de la Junta Central Electoral, también con desprecio del consenso que en materia de arbitraje es mucho más necesario, originó un clima de desconfianza de cara a las próximas elecciones presidenciales, dejó en crisis el sistema electoral y amenazas con trasladarse a lo económico.

De hecho los comicios congresionales y municipales de mayo pasado, con la abstención de la mitad de los electores, demostraron que todavía el sistema electoral dominicano no es suficientemente sólido e institucional y que requiere nuevos esfuerzos de concertación y de vigilancia para impedir retrocesos.

La muerte del doctor Joaquín Balaguer concluyó el largo ciclo de los grandes caudillos, suponiendo un gran desafío de adaptación para uno de los partidos más importantes del sistema, y resalta la necesidad de emergencia de nuevos y sólidos liderazgos democráticos y participativos.

La sociedad civil

Aunque se registró un discurso excluyente de la sociedad civil especialmente en ámbitos del partido gobernante, las autoridades dieron pasos positivos para implementar varios de los mecanismos participativos y consultivos creados en el actual período constitucional.

Fue el caso del Consejo de Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro y del Consejo Consultivo del Gabinete Social, mientras se manifestó interés en implementar el decreto que crea los consejos de desarrollo en los diversos niveles territoriales. Resalta también la realización de consultas a nivel municipal en base a un documento que plantea estrategias hasta el año 2015 para la erradicación de la pobreza.

Al interior mismo de la sociedad civil se produjeron esfuerzos de coordinación para reactivar el Foro Ciudadano y la Coalición por una Justicia Independiente. Pero sigue pendiente una mayor compactación de la diversidad de instituciones sociales de todos los niveles y ámbitos para presionar frente al sistema político y gubernamental por la implementación de efectivas políticas de combate a la pobreza y la corrupción, para la participación social y el mejoramiento de las instituciones.

Corrupción, justicia y derechos humanos

Existe la convicción de que la corrupción se ha mantenido como un cáncer en el cuerpo social dominicano y este año tuvo expresión en numerosos casos que involucraron a un cónsul, y a un vicecónsul, así como a numerosos inspectores y ayudantes de la Presidencia de la República y al jefe mismo de la avanzada de seguridad del primer mandatario.

En varios de esos casos la justicia fue apoderada, pero ha sido obvia la falta de voluntad política para afrontar el grave problema. Eso explica que haya quedado engavetado el paquete de anteproyectos encaminados hasta el Congreso Nacional por el Departamento de Prevención de la Corrupción.

Pendientes siguen también en el Congreso proyectos para una nueva ley sobre compras y contrataciones públicas, y para hacer más efectiva la labor de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

Frente a un incremento de la delincuencia, con numerosos y preocupantes casos de secuestros, ha contrastado que el año culmine sin que se haya completado el proceso para la reforma de la Policía Nacional, llamada a ser dotada de mejores condiciones de trabajo, con mejores recursos técnicos y humanos que le permitan una mayor eficacia en la prevención y la persecución del crimen.

La justicia misma ha sido lenta y aún casos de corrupción que llevan años en los tribunales siguen pendientes del debido proceso para las penalizaciones que resulten correspondientes.

Han disminuido los empeños de sectores regresionistas por suprimir la inamovilidad de los jueces, mientras sigue pendiente que los titulares de la Suprema Corte de Justicia que han pasado la edad límite de 75 años para el retiro se acojan a la misma para dar ejemplo a la sociedad dominicana.

En el ámbito de los derechos humanos resalta que este año se redujeron considerablemente, aunque no han desaparecido por completo, las ejecuciones extrajudiciales bajo el manto de "intercambios de disparos entre agentes del orden público y delincuentes.

Resalta, sin embargo, el incremento de la violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, la cual cobró alrededor de un centenar de vidas a lo largo del año.

Los problemas económicos

En lo económico, probablemente el aspecto más resaltante ha sido la amenaza de inestabilidad que se ha presentado en la parte final del año, traducido en disturbios cambiarios de gran significación. La tasa de cambio ha subido aproximadamente un 23 desde diciembre del 2001, y si bien se mantiene estable al final del año es al costo de una gran contracción monetaria y fiscal.

A pesar de ello, la economía dominicana ha evolucionado mejor de lo que podría haberse esperado dado el entorno en que la ha tocado desenvolverse. El producto bruto interno ha crecido alrededor de un 4%, que sigue siendo el ritmo mas alto de América Latina, región del mundo que experimenta los mayores problemas económicos, con países sumidos en crisis de grandes proporciones, tales como Argentina, Uruguay, Venezuela y otros. Al mismo tiempo, la tasa de inflación sigue siendo moderada, aproximadamente un 10% en el año entero, aunque casi toda concentrada en los últimos cuatro meses, por la elevación de la tarifa de electricidad y el alza del tipo de cambio.

Gran parte del crecimiento registrado tuvo lugar en la primera mitad del ano 2002, cuando el gobierno se vio muy activo con un ambicioso programa de inversiones financiadas con los recursos procedentes de la primera emisión de bonos soberanos. Esto mismo motivó que dicho crecimiento se concentrara en los sectores que satisfacen la demanda interna, como la industria, la construcción, el comercio y el transporte, así como las comunicaciones. Pero no creció el sector agropecuario y, aquellos sectores vinculados al entorno externo, como el Turismo y las Zonas Francas,  sufrieron notables caídas por segundo año consecutivo. Afortunadamente, en la parte final del año se percibe cierta recuperación de ambos.

Pero esa misma dinámica económica, concentrada en la demanda interna, fue provocando una caída abrupta de las reservas monetarias internacionales, lo que obligó al gobierno a frenar el crecimiento de la economía en la parte final del año, con lo cual la inversión pública bajó bastante y las tasas de interés aumentaron mucho, castigando severamente la inversión privada y la capacidad competitiva del aparato productivo.

Si bien la caída experimentada en la generación de divisas por parte del aparato económico fue compensada con las reservas que el Banco Central puso a disposición del mercado, eso no impidió que la tasa de cambio subiera más de lo esperado, lo que hace pensar que en tal comportamiento del mercado han estado influyendo factores extraeconómicos. Los mismos se derivan de una percepción pesimista de muchos agentes económicos sobre el futuro del país, debido a la habitual difusión de noticias adversas, las contradicciones al interior de la propia política económica reflejando un excesivo endeudamiento interno y externo y, particularmente, los conflictos con los partidos de oposición, con el sector empresarial y con la sociedad civil que han sido generados por el Gobierno y el Congreso.

Expectativas para el 2003.

Hemos de trabajar todos los dominicanos y dominicanas para que el próximo año se fortalezcan las instituciones democráticas, desde los partidos políticos, hasta el Congreso Nacional, la justicia y los órganos de control de la gestión pública.

Es generalizada la convicción de que el gobierno tiene que cumplir lasmetas establecidas en el reciente Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, suscrito con el sector empresarial, donde se recogen las preocupaciones de ajustes del gasto, austeridad y reducción del endeudamiento.

Al ser un año preelectoral tenemos que mantenernos abogando por un ejercicio gubernamental que atienda al interés nacional, por encima del partidario y que de ninguna forma se inviertan los recursos nacionales en función de los comicios presidenciales del 2004.

Por igual, hemos de mantener los esfuerzos para concretar una nueva política social que cubra la enorme deuda contraída con la mayoría de la población dominicana que sigue viviendo bajo niveles de pobreza.- 

El movimiento Cívico Participación Ciudadana saluda la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de dictar orden de prisión contra el ex cónsul y diputado Perredeísta Radhamés Ramos García.

El legislador perredeísta está vinculado al trafico ilegal de nacionales chinos por la frontera, acusado de violar los  artículos 177 del código penal y  uno y cuatro de la ley 344 –98 sobre Migraciones Ilegales.

Participación ciudadana considera que la sentencia dictada por el magistrado Edgar Hernández Mejía se constituye  en un elemento positivo para el país, por la importancia que reviste que la justicia enfrente con celeridad y seriedad todo acto de ilegalidad que ponga en juego los mas sanos interés de la sociedad dominicana.

Este caso que sacudió a la opinión publica nacional ante los serios indicios de violación a dichos artículos del Código Penal Dominicano se constituye en un reto para la congreso Nacional, ya que le corresponde a la Cámara de Diputados pronunciarse en torno a la autorización de la suspensión de la inmunidad parlamentaria que ampara a Ramos García.

La Cámara baja dará un ejemplo al país si decide despojar de esa inmunidad al diputado, a fin de que este ventile su situación ante los tribunales competentes.

PC entiende que las personas responsable de dirigir los destinos de la nación deben con sus acciones constituirse en ejemplo de honestidad y honradez.

Finalmente, Participación Ciudadana espera que desde el pode judicial se continúe dando salida a los casos pendientes de corrupción que se encuentran en instrucción y en cámaras pernales.

Las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Manuel Ramón Morel Cerda, de que es inconstitucional el proyecto de ley que divide en cámaras esa institución, tiene dos vertientes que deben ser analizadas: la jurídica y la política.

En lo jurídico, la Constitución no establece la posibilidad de que la JCE pueda dividirse en cámaras y atribuir a estas cámaras funciones exclusivas que antes competían al pleno del tribunal electoral, aunque también es cierto que no existe disposición expresa que lo prohíba.

El proyecto de ley se basa en el precedente establecido por la Ley No. 25/91 que dividió en cámaras a la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que la Constitución tampoco preveía de manera expresa esta posibilidad. Uno de los considerando de la Ley 25/91 dispone “que nada se opone técnica o jurídicamente a que nuestro más alto tribunal sea dividido en cámaras”.

Mientras el Art. 94 de la Constitución prevé que la Ley reglamentará la organización de la Suprema Corte, el Art. 62 dispone, de manera no igual pero parecida, que la JCE juzgará y reglamentará de acuerdo con la ley. La potestad del Congreso de organizar a los organismos creados por la Constitución no tiene que estar consagrada de manera expresa para cada caso concreto. De hecho, la Ley Electoral vigente lo que hace es precisamente organizar la JCE al establecerle funciones al presidente de la Junta que no están expresamente consagradas en la Constitución, o crear las funciones de Director Administrativo, Director Nacional de Elecciones, no establecidas en la Constitución.

Por otro lado, la Constitución otorga funciones a la Suprema Corte como un solo órgano, y la ley que la dividió en cámaras distribuyó estas funciones entre las cámaras. Así, la Cámara Penal conoce y decide los casos penales y sus sentencias sólo las firman los miembros de esta Cámara, y no se requieren para su validez las firmas de los demás miembros y del Presidente de la Suprema Corte.

Por estas razones, y basado en el principio constitucional establecido en el ordinal 5 del artículo 8 de nuestra Carta Magna, que establece que a nadie puede impedíserle lo que la ley no prohíbe, entendemos que el proyecto de ley comentado no es inconstitucional. Además, sería muy difícil que prosperara el criterio contrario, pues se estaría sentando un precedente que puede revertirse contra la forma en que está organizada la propia Suprema Corte de Justicia.

Desde el punto de vista político, las declaraciones del presidente de la JCE crean el espacio propicio para que aquellos partidos políticos que no quieran que se cuenten sus votos o que no quieran aceptar los resultados electorales, inicien próximo a las elecciones o después de celebradas una acción en inconstitucionalidad contra una ley de esta naturaleza.

Para evitar la incertidumbre al respecto, sería saludable que una vez aprobada la ley, se someta a la Suprema Corte para que declarara su conformidad con la Constitución.

Discurso del coordinador general, Ramón Tejada Holguín, en cóctel noveno aniversario de Participación Ciudadana.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana, abogan por la incorporación del Senado en el diálogo y condicionan sus resultados positivos, a que las decisiones sean acatadas.

Tienen fe y esperanza de que el diálogo funcionará y expresan sus deseos de que los sectores políticos tengan la calidad suficiente para un excelente resultado.

Consideran que la ciudadanía, lo que viene reclamando es un espacio de participación plural, que le permita al país desarrollarse de manera armónica y vigorosamente como los dominicanos quieren.

Entienden que se necesita comprometerse con una agenda nacional, que los temas de orden público sean de todos los dominicanos y necesarios, donde los ciudadanos no se sientan excluidos, sino participante activos en las decisiones nacionales.

Carlos Salcedo, director ejecutivo de la FINJUS, entiende que por el mensaje del Presidente Hipólito Mejía, los resultados del diálogo pueden ser muy positivos.

Manifestó que las decisiones del diálogo no pueden ser resoluciones vinculantes, porque finalmente los poderes públicos son los que valorarán los resultados de esa instancia.

"La única garantía sería, si el Senado de la República participa en el escenario del diálogo y al mismo tiempo los demás senadores, no solamente el presidente del Senado, que virtualmente podría participar en el diálogo, que den su asentimiento a su participación y al mismo tiempo establezcan el compromiso claro de que las decisiones que se tomen ahí serán finalmente acatadas", contestó en torno a la resistencia de los senadores a acatar los resultados del diálogo para la designación de una nueva JCE.

Entienden que esas son garantías que esperan se den en los próximos días, pero que en el caso de que no participen las decisiones del diálogo, no podrán obligar que el Senado de la República tome decisiones en el orden establecido en el diálogo.

PARTICIPACION

Ramón Tejada Holguin, coordinador general de Participación Ciudadana, manifestó que es un pobre espectáculo que se le está dando a la nación, que se esté descalificando a los partidos políticos que llevaron a los congresistas, lo que calificó como grave.

Explicó que se está en las mismas condiciones desde antes de iniciarse el diálogo, porque el Senado de la República decía lo mismo que ahora, así como los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) habían retirado sus diputados.

Manifestó que hacia fuera, se está en las mismas condiciones que cuando se inició el diálogo, pero que dentro del diálogo se ha avanzado.

Destacó que se ha avanzado en el primer punto de cómo organizar unas elecciones que sean de la confianza de todos, de los tres que están en agenda.

Sin embargo, entiende que se necesita un mayor nivel de confianza entre los diferentes actores políticos del país y que hay que trabajarla un poco más.

Dijo que la democracia moderna es cien por ciento negociación, ya que la imposición acabó en el mundo entero y que es a través de la negociación donde se hace un buen gobierno.  

El voto de los dominicanos residentes en el exterior será decisivo en los próximos comicios, por lo que antes de tomar cualquier decisión sobre los votos en el extranjero debe buscarse el consenso entre los partidos políticos, consideró ayer Participación Ciudadana (PC).

El coordinador de PC, Ramón Tejada Holguín, manifestó que el voto de los dominicanos en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, debe ser visto como uno de los retos más importantes que tienen los partidos y el sistema político dominicano para las elecciones del 2004.

"El voto en el exterior es muy delicado, porque normalmente el voto en el extranjero se hace en los consulados o las embajadas, y los cónsules y embajadores casi siempre son personas nombradas por el gobierno", explicó Holguín.

"Por eso – dijo -, si no hay acuerdos entre los partidos, el voto de los dominicanos en el exterior se puede convertir en una fuente de conflicto."

Advirtió que las próximas elecciones serán relativamente reñidas "y seguro no habrá ganador en primera vuelta, no habrá un ganador tan claro como en el 2000″.

"En un contexto como ese – subrayó -, medio millón de votantes o trescientos mil votos no son nada despreciables y pueden ser decisivos y definir los resultados de las elecciones."

Expresó que la Junta Central Electoral (JCE) debería comprender el problema y convocar a todos los partidos políticos a una concertación para que haya un buen nivel de claridad.

Tejada Holguín manifestó que los intereses de la nación deben estar por encima de los intereses personales y partidarios, y por tanto los partidos deben tratar recobrar la credibilidad de la JCE como totalidad antes de dar pasos referente a algo tan delicado como el voto en el exterior.

Durante su reciente visita a los Estados Unidos, el presidente Hipólito Mejía hizo énfasis en la importancia del voto de los criollos que residen en el exterior, especialmente en Nueva York, donde reside la mayoría de los emigrantes dominicanos.

El pasado viernes, la JCE traspasó la responsabilidad del voto en el exterior al recién designado juez Rafael Díaz Vásquez, en sustitución de Luis Arias, quien había dirigido todo el proceso hasta ser sustituído.

La JCE anunció a principios de esta semana la creación de la Oficina del Voto del Dominicano en el Exterior.

Para Participación Ciudadana, lo importante no es a quién se nombre en determinada posición sino, como subraya Holguín, lo fundamental es que sea concertado por los partidos.

"Esa es la garantía de que luego no haya pataleo", indicó. Reiteró que los tres grandes partidos políticos deben tener participación en todas las grandes decisiones de la JCE.

En cuanto al llamado hecho por la JCE para que la sociedad civil participe en la conformación de las juntas municipales, Tejada Holguín consideró que la medida es correcta pero extemporánea.

"Nos parece que la idea es buena cuando sea el momento de hacerlo", expresó.

Dijo que con su comunicado público la Junta está cumpliendo con la ley, pero consideró que el momento actual es uno para buscar la unidad, el diálogo.

Holguín saludó la disposición al diálogo expresada por el presidente Mejía y el senador peledeísta José Tomás Pérez.

Sostuvo que no es saludable llegar a un torneo electoral con una Junta cuestionada por dos de los tres partidos de mayor incidencia, sin contar los partidos emergentes que también van a participar en el proceso electoral, y que también hay que oírlos.

Holguín afirmó, no obstante, que no se puede vulnerar la institucionalidad democrática y desconocer ahora la decisión del Senado, por lo que el diálogo debe hacerse entre los partidos con la participación de la propia Junta Central Electoral, pues después de todo son las autoridades que están ahí, legalmente constituídas.

Hasta ahora, el único partido que ha defendido abiertamente a la JCE ha sido el Partido Revolucionario Dominicano, y no en su totalidad.

Los senadores de la República y los jueces de la Junta Central Electoral deben comprender que si los principales partidos políticos del país son tres y dos objetan la nueva composición de ese organismo, entonces algo hay que hacer para que la JCE sea objeto de la confianza que necesita todo proceso comicial.

El Senado de la República y quienes son sus mentores políticos ha cometido el gran error de escoger los miembros de un tribunal colegiado al margen de las más elementales consideraciones de equidistancia partidaria. Ni siquiera se pide, en esta ocasión, equidistancia ideológica, sino partidaria.

Y lo bueno del caso es que el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana tienen razón en sus reclamos y pedimentos.

No importa que en sus largos años de gobierno, 22, el PRSC y su líder Joaquín Balaguer lo hubieran hecho como lo hicieron ahora el Senado de la República y sus mentores políticos.

Tampoco importa que el PLD lo hubiera hecho igual en sus cuatro años de gobierno, en caso de que hubiera tenido una matrícula senatorial mayoritaria. Importa poco, por igual, que el PLD cometiera el tremendo error político e institucional de conquistar a papeletazos limpios los regidores del PRD para darle la Liga Municipal Dominicana a los reformistas.

En cada caso la opinión pública lo reprobó con la misma energía, con la misma fuerza, con la misma vehemencia, con los mismos argumentos y con el mismo tesón con que ahora rechaza que un partido quiera monopolizar la composición de la Junta Central Electoral.

Los dominicanos tenemos que avanzar en la construcción de la institucionalidad. Cada cosa en su sitio. Tan sencillo como esto. Los jueces, los árbitros, los mediadores y los componedores tienen que ser personas ubicadas en el mismo centro de los intereses en juego. Ni reformistas, ni perredeistas, ni peledeistas. 

La vieja práctica de no cumplir la ley, tan propia de nuestra cultura política, tiene que ir cediendo paso a una manera diferente de hacer política. Y en este caso la ley reclama la condición de independencia partidaria.

Los jueces electorales recién nombrados por la Junta Central Electoral deben renunciar a su posición, porque son magistrados cuestionados por dos de los tres grandes partidos del sistema político dominicano. Su trabajo no será bien recibido por los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que pertenecen a esos dos partidos, porque consideran que son parciales, que miran hacia un solo lado del espectro político dominicano.

Los informes que se escuchan en Santiago, en el Sur y aquí en la capital es que se trata de ciudadanos que, en sentido general, gozan de la estima de su comunidad por su formación profesional y por su trabajo, pero esos mismos informes les reconocen vinculaciones partidarias muy acentuadas, incluso con algunos de los partidos impugnadores.

Los senadores de la República han realizado una tarea que entendían necesaria desde el punto de vista político. Ellos respondieron a sus mentores políticos, sin importar las consecuencias de sus actos. Importó más el mandato de la facción que el requisito constitucional. Ahora, todos conocemos las derivaciones registradas y suponemos las que pueden sobrevenir. Incluso al interior de los propios partidos, donde hay tendencias insatisfechas.

Los magistrados recién designados son, sin embargo, los verdaderos actores de esta crisis, y en sus manos está, en su dignidad, en su responsabilidad ciudadana, abrir la oportunidad de una solución. Ojalà que así sea, para bien de una nación que merece y necesita consolidar sus instituciones.