Participación Ciudadana y otras organizaciones fijan posición en el primer Foro Nacional sobre Minería en la República Dominicana: “Miradas hacia el Desarrollo Sostenible, la Transparencia y la Perspectiva de Género.”

Santo Domingo.- Diversas organizaciones de la sociedad civil llamaron al Gobierno dominicano a adoptar políticas que garanticen el equilibrio medioambiental y el desarrollo sostenible con los ingresos generados por la industria minera, y que además velen por la transparencia y la participación de las mujeres de las comunidades impactadas por las actividades de las industrias extractivas.

El consorcio formado por el Movimiento Cívico no Partidista Participación Ciudadana, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), el Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora (CEFORMOMALI) y Oxfam en República Dominicana, celebraron este jueves el Primer Foro Nacional sobre Minería de República Dominicana con la participación de los ministros de Energía y Minas y Medioambiente y Recursos Naturales, Antonio Almonte y Orlando Jorge Mera, respectivamente.

Durante la actividad los representantes de la sociedad civil insistieron en la necesidad de que las industrias extractivas operen con mayor nivel de responsabilidad social e inclusión en las zonas donde se han instalado en el territorio nacional.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, también abogó por la necesidad de definir políticas del uso de suelo y explotación minera con una perspectiva de respeto a los bienes naturales del país y al medio ambiente.

“Este foro es de gran importancia porque con él buscamos sensibilizar sobre las implicaciones de las industrias extractivas y buscar el equilibrio entre las necesidades materiales y la preservación y mejoramiento del medio natural circundante”, señaló Blanco.

Durante su participación en la actividad, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte,  resaltó que en lo adelante los procesos para la concesión de licencias para la explotación minera serán más rigurosos y solo se expedirán aquellos permisos cuyos solicitantes que cumplan con los estándares de minería responsable, tendrán la licencia minera para operar.

“Si el estudio de impacto ambiental y social determinan que la propuesta de operación minera no cumple con los estándares ambientales requeridos, entonces la empresa minera no operará”, señaló Almonte.

Asimismo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, saludó la preocupación de la Sociedad Civil por el uso de los bienes naturales de la República Dominicana y su correcto uso, al tiempo que aprovechó el escenario para denunciar las mafias de civiles y militares que se dedican a la depredación del río Nizao en la provincia Peravia.

“Desde el Ministerio de Medioambiente enfrentamos esas mafias que por años han depredado sustancialmente el cauce del río y que, desde el ministerio hacen los trabajos para su recanalización que esperamos completar en un año”, dijo Jorge Mera.

También, las organizaciones CEFORMOMALI y CONAMUCA presentaron los hallazgos de varias investigaciones realizadas sobre el impacto de la minería en las zonas del país donde se han instalado resaltando la poca inversión de las ganancias obtenidas de este sector por parte de los gobiernos locales, la falta de inclusión de las mujeres en la toma de decisión del sector y el impacto negativo en los bienes naturales del país y la salud de los ciudadanos cerca de las minas.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana y CEPAE, realizaron este martes la graduación de 36 líderes y lideresas, que fueron formados en el Curso Especializado sobre ‘’Incidencia Social en la Administración Pública Local’’, con el aval académico de la UASD.

Este curso se enmarca dentro del proyecto “Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría social e incidencia en la gestión Local”, que tiene como objetivo formar activistas y líderes de organizaciones sociales, que les habilite para ejercer en sus municipios un liderazgo con conocimientos, conciencia colectiva y habilidades metodológicas para promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los gobiernos municipales.

Durante las palabras de bienvenida, Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó en su intervención, que este curso contribuye con la misión de la institución de fortalecer y ampliar la criticidad, la participación y capacidad de movilización de la ciudadanía en los procesos de institucionalización democrática, con énfasis en la formación de líderes, que tengan la capacidad de demandar transformaciones sociales apegadas a la transparencia.

“Desde Participación Ciudadana, estamos comprometidos en seguir fortaleciendo el liderazgo en el territorio, donde ustedes, líderes transformadores, asuman el control social sobre la gestión local de forma viable para cristalizar la participación como una política pública mandataria” enfatizó Leidy Blanco García, a los participantes.

De manera directa fueron beneficiados 36 líderes comunitarios, técnicos de ayuntamientos, representantes de organizaciones de base, de mujeres y jóvenes que trabajan en los municipios de San Cristóbal, Bani, Azua, Barahona, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

La ceremonia de graduación se realizó en el Hotel Sheraton, y contó en el marco del evento, con la conferencia magistral de Domingo Matías.

Estuvieron presentes en el evento Alexis Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, y Sandino Olaverria, Director Ejecutivo del CEPAE.

Miércoles 5 de mayo de 2021

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, lamenta el tratamiento superficial y benigno dado a las penas en la tipificación del delito de corrupción en el proyecto de Código Penal, por los miembros de la Cámara de Diputados.

La organización de la sociedad civil recordó a los legisladores que la República Dominicana se encuentra en el lugar 28 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción y que en consecuencia la tipificación y sus penas deben ser tratadas de acuerdo a los daños que ocasionan dichos comportamientos complejos y multifacéticos.

El flagelo de la corrupción afecta a todos, socava la democracia y el estado de derecho, facilita las violaciones de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida de las personas y permite la aparición de la delincuencia organizada, expresó la organización el día 28 de abril.

El control de la corrupción es una cuestión fundamental para el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática;   es un deber encararla a través de las políticas públicas, ya sea de carácter preventivo como la adopción de medidas de transparencia, competencia y criterios objetivos en la contratación pública, la implementación de códigos de comportamiento ético, la adopción de mejoras en el control y fiscalización de los sistemas contables y de auditoría,  así como la participación activa de la ciudadanía en la promoción de la transparencia y acceso a la información pública.   De igual manera, debe implementarse las medidas de punición identificando claramente los elementos básicos de los tipos penales vinculados a los hechos de corrupción y su carácter lesivo frente a los bienes jurídicos que se pretendan resguardar.

A pesar de la gravedad de la infracción de corrupción, reconocida por la propia Constitución en su artículo 146, la Cámara de Diputados pretende darle un tratamiento de infracción grave (en vez de muy grave), imponerle prisión menor de 2 a 3 años, en vez de prisión mayor de 10 a 20 años como ha hecho con el peculado, y eso constituye una violación de los derechos humanos y deberes de nuestros legisladores.

La organización de la sociedad civil reiteró que para perseguir la corrupción no sólo basta con tipificarla, es necesario, además, contar con una Ley de Extinción de Dominio para que los bienes procedentes de la corrupción sean devueltos y la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos, para aquellos que denuncien ante las autoridades, cuenten con las medidas apropiadas de seguridad, por lo que se hace necesario la aprobación de una ley de esa naturaleza.

Participación Ciudadana, hace un llamado a los miembros de la Cámara de Diputados, para que modifiquen su posición sobre el impacto disuasivo de las penas a los fines de que se aumenten las mismas para equipararlas a las de peculado, que van de 10 a 20 años, dándole autonomía a la infracción de corrupción, a fin de que no requiera ampararse en  otro tipo penal para alcanzar la pena que le corresponde tomando en cuenta la gravedad de la infracción y que legislen en función de los intereses del pueblo dominicano.

Consejo Nacional

Mayo 4, 2021

Santo Domingo, D.N.

 Insta a las autoridades a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, realizó este miércoles el panel “Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos”, el cual se enmarca dentro de las acciones del proyecto CRIMJUST.

Este proyecto tiene como propósito profundizar sobre el alcance que comprende la persecución y detención de la corrupción en República Dominicana y la caracterización del crimen organizado, amenazas del narcotráfico y el delito, y la violación de los Derechos Humanos.

Las acciones que se han desarrollado dentro de la ejecución de este proyecto, es con el propósito de procurar facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los organismos de justicia penal para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacional y tráfico de drogas, así como ayudar a los países que lo están implementando, a avanzar en su respuesta a la delincuencia organizada.

Las palabras de bienvenida en el panel desarrollado, estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien invitó a las autoridades a fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen Organizado.

“La corrupción debilita nuestras instituciones, promueve el individualismo, afecta la gobernanza y el buen gobierno, nos hace ineficientes, menoscaba el crecimiento y promueve la desigualdad, así como lacera la confianza ciudadana en sus instituciones” enfatizó Leidy Blanco García.

Intervino en el panel, José Miguel Marmolejos Vallejo, Procurador Fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien abordó el tema de la corrupción y su impacto en la sociedad dominicana.

“La corrupción es un fenómeno que atenta contra la aspiración colectiva de lograr una sociedad más justa y próspera, para vencerla se requiere un sistema de justicia eficiente” destacó Marmolejos Vallejo.

Estuvo presente virtualmente desde Perú, Samuel Rotta Castilla, Director Ejecutivo de Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, quien abordó las buenas prácticas de la persecución y sanción de la corrupción.

El panel contó con las intervenciones finales de Dulce María Luciano De Bisonó, Procuradora General de la Corte de Apelación, y Yurissan Candelario Jaime, Coordinadora del Departamento de Carrera y Desarrollo de la Oficina Nacional de Defensa Publica.

En la actividad estuvieron presentes fiscales, funcionarios de lavado de activo de Bancos comerciales, miembros de la Policía Nacional, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Esta iniciativa surge entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y Participación Ciudadana como capítulo de Transparencia Internacional.

Miércoles 28 de abril de 2021

Participacion Ciudadana insta al Estado Dominicano a revisar a mayor profundidad todas las irregularidades y violaciones actuales a la Ley de Regula­ción Salarial.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, presentó este miércoles el estudio sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano”, el cual se enmarca dentro de las acciones del proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos.

La actividad tuvo como panelistas al sociólogo Candido Mercedes; Indiana Tamarez, psicóloga organizacional y directora de Agrhupa, así como al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (USAD) el Doctor Alexi Martínez Olivo.

Leidy Blanco García, coordinadora general de Participacion Ciudadana, explicó en sus palabras de bienvenida que la investigación sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano” tiene como como objetivo dar a conocer cuáles han sido los avances experimentados en el salario público derivados de la apli­cación de la Ley de Función Pública No. 41-08 y de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano y, consecuentemente, de la política salarial que esto implica, con la finalidad de determinar si los salarios de los empleados y funcionarios públicos en República Dominicana cumplen con las normativas aplicables.

“Nuestra organización sigue comprometida a impulsar iniciativas de este tipo, a fin de contribuir al fortalecimiento de la administración pública”, precisó Blanco García.

Durante el encuentro, el sociólogo Candido Mercedes, resaltó que un total de 81 funcionarios violan la regulación salarial, en su rtículo 5, numeral 6, ya que reciben ingresos superiores a los más altos titulares de los poderes del Estado.

“El 38.2% labora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El 30.9% en La Procuraduría General de la República y el 13.6% en el Ministerio de Educación. En el portal de Transparencia aparecen ganando algunos solo RD$300,000, pero en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), aparecen con RD$600,000”, sostuvo Mercedes.

Indiana Tamarez, psicóloga organizacional, señaló que los recursos humanos deben ser planificados para poder satisfacer las necesidades de las organizaciones.

“La ley de salarios tiene algunas falencias. No tenemos estadísticas confiables en el sector laboral y mucho menos en el sector gubernamental”, destacó Tamarez.

El Doctor Alexi Martínez Olivo, recalcó la importancia y el aporte de esta investigación, y subrayó, además que la a sociedad civil debe empoderase más en materia salarial para que el Ministerio Público garantice la competitividad.

Principales Hallazgos de la investigación:

• La existencia de un 46% de empleados públicos registrados a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) que per­ciben sueldos inferiores a la canasta básica estimada por el Banco Central de la República Dominicana para el mes de octubre del 2019 (RD$ 31,379.83), con un salario medio de RD$ 20,000.00, un equivalente a 36% inferior a la canasta básica.

• Aproximadamente un 3% de los empleados públicos registrados en el SASP tienen sueldos inferiores al sueldo mínimo aprobado por el poder ejecutivo para el sector público en febrero del 2019 (RD$ 10,000.00), con un salario medio de RD$ 5,600.00, un 44% menos del salario mínimo del sector público.

• En las proporciones salariales por sexo, las diferencias en el número de hombres que ganan sueldos superiores a RD$ 200,000.00 superan en promedio un 16% el número de mujeres que perciben estos salarios.

El estudio sobre Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano fue realizado por Participación Ciudadana y tuvo como fecha de corte octubre del año 2019.

Participacion Ciudadana insta al Estado Dominicano a revisar a mayor profundidad todas las irregularidades y violaciones actuales a la Ley de Regula­ción Salarial, ya que esto vulnera el dere­cho de los trabajadores de tener sueldos dignos y de calidad, y a iniciar la reestructuración de los salarios en la Administración Pública Dominicana con la elaboración de los reglamentos de aplicación de la Ley 105-13.

Estudio Ley General de Salarios

Exige el cumplimiento de la ley y continuidad de Estado en la Reforma Policial.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, consideró crucial para la vida democrática del país continuar y concluir definitivamente el proceso de reforma de la Policía Nacional que se inició en el año 2012 y avanzó hasta la elaboración de la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el 2016, de la cual están pendientes 19 de 20 reglamentos.

Los recientes acontecimientos ocurridos en el país, especialmente el acribillamiento de una pareja de jóvenes esposos en Villa Altagracia, terribles golpizas a ciudadanos, cientos de abusos al amparo del estado de emergencia han indignado a la ciudadanía que ve con profunda decepción, y pesar que la presente gestión del cuerpo policial se acoge a los viejos métodos que tantas vidas y sufrimientos han costado.

A través de comunicado prensa el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, señaló que aspectos tan relevantes de la Ley de la Policía como la reducción del número de oficiales generales y superiores, la descentralización de las unidades y el fortalecimiento de las unidades investigativas ni siquiera son citadas entre las preocupaciones del Ministerio de Interior y Policía ni de la propia Policía Nacional.

La organización de la sociedad civil, aseguró que lo único visible de ese proceso de reforma es el cambio de tratamiento de jefe a director de la Policía, pero que ha prevalecido una política criminal que se estableció desde el año 1998, fecha a partir de la cual cada jefe o director de la uniformada establece su propio récord de muertes en "intercambios de disparos" o cualquiera otra situación violenta en perjuicio de la ciudadanía.

Sobre Comisión de Reforma Policial

“Volver a hablar de reforma o de un plan de seguridad cuando ninguna de las reformas anteriores de la policía ha sido evaluada para saber qué ha pasado con esos procesos es embarcarse en otra crónica de una muerte anunciada”, expresa la organización en un documento público.

El movimiento cívico entiende que después de seis periodos presidenciales, tres presidentes de la República, dos planes de seguridad ciudadana y un gasto de miles de millones de pesos, la única política real de continuidad del Estado ha sido la violencia policial con un costo de más de tres mil vidas, por lo que ha llegado el momento de cero tolerancias contra los excesos policiales. Las consecuencias no deben detenerse en los que aprietan el gatillo, sino también alcanzar a quienes imparten instrucciones, puntualizó.

Respecto a la designación de una nueva comisión para la reforma policial, Participación Ciudadana, consideró que lo mandatorio es cumplir la ley. “Urge a los actores políticos clave a cumplir con el imperio de la ley y que el Consejo Superior Policial se aboque a diseñar una política preventiva e investigativa acorde con el siglo XXI. No obstante, deseamos éxitos a los trabajos de esa comisión, a cuyas acciones les estaremos dando seguimiento”, resalta el comunicado.

El Consejo Nacional, destacó, además que la entidad cívica ha desarrollado varios programas de manera conjunta con la Policía Nacional en interés de aportar a la institucionalidad, la cual considera necesaria para garantizar la seguridad ciudadana. “En el Proyecto de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia se han generado reflexiones en torno a las condiciones de trabajo de la Policía Nacional y actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones”, sostuvieron.

Participación Ciudadana solicita al presidente Luis Abinader como Mando Supremo de la Policía Nacional a hacer que se cumpla la ley que ampara esa institución, a fin de que el uniforme policial sea parte de la solución y no del problema en la agenda de seguridad ciudadana.

Consejo Nacional

07 de abril 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, en coordinación con la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), la Fundación Sueño Amazona, la Asociación Mutua de Servicios Solidarios (AMUSSOL), llevó a cabo en el Distrito Turístico Verón-Punta Cana, el taller “Riesgo Institucional del Crimen Organizado y la trata de Personas”, el cual fue impartido por el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jonathan Baró Gutiérrez.

El taller tuvo como objetivo, profundizar sobre las conductas asociadas a la trata de personas, la mecánica que utilizan los tratantes y grupos delictivos organizados para la comisión del delito, y cómo utilizan la corrupción para la facilitación del delito y evitar la persecución penal. El mismo se desarrolló en el marco de las acciones del proyecto CRIMJUST, destinado a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal, para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacionalmente.

Durante el encuentro, el magistrado Baró, resaltó que del año 2003 al 2012 en la República Dominicana fueron efectuadas únicamente 4 condenas por trata de persona. De manera que aunaron esfuerzos entre 2013 y 2017 y fueron emitidas unas 45 condenas. Sin embargo, pese al ahínco, la intensidad de dicha labor fue descontinuada entre 2018 y 2020, periodo en que únicamente se conocieron 18 condenas, menos de la mitad de lo logrado en el último espacio de tiempo señalado.

“Este comportamiento estadístico fue atribuido a debilidades institucionales, la falta de recursos, entre otras acciones relacionadas al desarrollo de políticas públicas que permitan hacer frente a dicha realidad”, señaló el Procurador.

Según explicó el Procurador, se han conocido más de 200 mil casos de víctimas explotadas sexualmente entre 2003 y 2019, pero solo el 1% de estas acuden a realizar denuncias. Esto porque les significa una afrenta el engaño, los múltiples años sometidas al maltrato de este tipo, y en el peor de los casos una amenaza de muerte.

Otro dato expuesto en la conferencia impartida por el magistrado Baró es que, en 2020 el país fue colocado en la lista de vigilancia del Nivel 2, por ser una de las naciones que no satisfacen plenamente las normas para la eliminación de la trata de personas, pero que están dando importantes pasos para lograrlo.

De acuerdo con los testimonios presentados, algunas de las personas expuestas ante la trata y explotación sexual, son iniciadas en las drogas, como un mecanismo que permita a las víctimas soportar las diversas acciones a las que son forzosamente sometidas. De estos, resalta el Procurador, que muchos son menores de edad comercializados a través de sus padres por dinero, mientras que otros, entre 800 mil y 4 millones, son engañados para luego ser convertidos en esclavos sexuales, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó Baró.

En la capacitación participaron, además miembros de la Policía Nacional; del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); del Ministerio de Trabajo; la organización Plan International; fiscales y demás entes relacionados a la profesión del Derecho y otras áreas gubernamentales a nivel provincial

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó mediante un comunicado de prensa, que la Cámara de Diputados, tiene el deber de evaluar con transparencia y en observancia de los requisitos establecidos en la Ley No.19-01, que instituye el Defensor del Pueblo para la selección de la terna que deberá proponer al Senado para la designación de la persona que ocupará tan importante función pública.

Los artículos 5 y 11 de la referida Ley establecen dentro de los requisitos para optar por esta función pública, tener una reconocida solvencia moral y profesional, poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental, así como no pertenecer a partido político alguno.

El Consejo Nacional de Participacion Ciudadana, expresó su preocupación por declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el sentido de que las notas de las evaluaciones que determinan si los candidatos cumplen o no con los requisitos legales son “solo referencia y no determinan las ternas”, lo que implica que lo dispuesto en la Ley 19-01 puede ser violado por el propio órgano congresual que la aprobó y sobre todo por su presidente, que como diputado en el año 1991 aprobó tales requisitos.

Por otro lado, la organización de la sociedad civil manifestó que no se cumple con el espíritu de la ley cuando se trata de evadir el requisito de apartidismo renunciando previamente a un partido para habilitarse como candidato, sobre todo cuando los partidos pactan quienes defenderán sus intereses desde esa importante posición diseñada para salvaguardar no sus intereses, sino los derechos fundamentales de las personas, y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución.

Por la función fundamental que tiene la Defensoría del Pueblo como órgano extrapoder, Participación Ciudadana invita a la ciudadanía, a mantenerse vigilante al proceso de selección de la terna en la Cámara de Diputados, y posterior elección del Defensor del Pueblo y sus adjuntos por el Senado.

Consejo Nacional

22 de marzo de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresó este jueves su apoyo por la aprobación en el código penal de las tres causales excepcionales que justifican la interrupción del embarazo sustentado en la defensa de los derechos fundamentales a la vida, dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad que la Constitución garantiza a la mujer, y que corresponde a nuestros líderes y representantes cumplir y hacer cumplir en todas las esferas, incluyendo el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, aprobó unirse a los reclamos de la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres, la cual está integrada por más de un centenar de organizaciones que han establecido un campamento en los alrededores del Palacio Nacional con el objetivo de hacer visible sus reclamos ante la amenaza que contra los derechos de la mujer, representa la aprobación por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de código penal que penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el nasciturus tenga una malformación incompatible con la vida.

“Participación Ciudadana hace un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes y congresistas a mantener sus promesas de campaña electoral sobre este tema, a través de las cuales manifestaron que favorecían ampliamente las tres causales, pues de lo contrario se consumaría un engaño electoral, inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho”, expresó Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil.

Blanco García, aseguró, además que desde el movimiento cívico son respetados todos los ciudadanos y ciudadanas que por razones religiosas no están de acuerdo con las tres causales, pero sus convicciones no pueden constituirse en políticas públicas obligatorias para todas las personas. “Reconocemos que podrían surtir efectos entre quienes comparten dichas creencias que no sufrirán ninguna restricción en sus derechos fundamentales, pues las causales no se imponen en forma obligatoria, sino que dejan en libertad a la mujer de decidir si interrumpe su embarazo o no solo si se encuentra en una de esas tres excepciones, por lo que nuestra posición no es promover el aborto sino sus excepciones”, enfatizó.

La realidad dominicana comprobada es que la penalización absoluta del aborto solo ha perjudicado a los más pobres y ocasiona la muerte de innumerables mujeres cada año, sobre todo menores de edad que deben acudir a clínicas y curanderos clandestinos donde se someten a procedimientos y brebajes que no solo implican un peligro para su vida, sino que además les roba su dignidad y su futuro. “Cifras oficiales estiman que entre 08 y 13% de las muertes maternas se deben a abortos ilegales, y algunos estudios indican que las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo superan el de las fallecidas por violencia de género”, destacó, Leidy Blanco García.

Desde Participación Ciudadana hacemos un señalamiento de que, si un proyecto de esta naturaleza llega a convertirse en ley, no le quedaría más remedio al presidente Luis Abinader que honrar su palabra de campaña y observarlo, dilatando de esta manera la aprobación de un código penal necesario, pero que no puede construirse jamás pisoteando los derechos de las mujeres.

Consejo Nacional

18 de marzo de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, eligió este martes a Leidy Blanco García, como la nueva coordinadora general de la institución para el periodo 2021-2022.

Leidy Blanco García es abogada y actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Sociedad, Democrática, Estado y Derecho. Trabaja como Coordinadora de Vinculación con Organismos Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha sido, además columnista voluntaria del periódico digital Acento, voluntaria en asentamiento populares por una República Dominicana más justa y sin pobreza, a través de Techo República Dominicana y voluntaria de las iniciativas de equidad de género, ONU Mujeres RD.

 También es miembro del Consejo Nacional y ex coordinadora de la Comisión Justicia de la institución. Forma parte de Participación Ciudadana desde el año 2013.

“Agradezco profundamente el voto de confianza de mis compañeros del Consejo Nacional. Significa un gran reto a nivel profesional, personal y también como un legado para mis hijas, el cual asumo con mucha humildad, pero sobre todo con una gran vocación de servir desde Participación Ciudadana a construir una sociedad más justa y transparente”, expresó Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico.

Un Consejo Nacional renovado

El pasado domingo, en su vigésimo séptima Asamblea General, Participación Ciudadana, renovó su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la entidad. Este año fueron electos: Betsaira Rodríguez, Cornelia Adón, Josefina Reyes y Joseph Abreu, los cuales integrarán el Consejo junto a Pedro Acevedo, Leidy Blanco García, José Ceballos, Miguel Collado, Melba Barnett, Sonia Díaz Inoa, Melvin Peña y Tony Tejada.

La renovación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana forma parte de las acciones que se realizan anualmente durante la Asamblea General Ordinaria del movimiento cívico, en la cual participa la membresía activa de la organización.

Consejo Nacional

17 de marzo de 2021