Investigación de la Sociedad Civil demuestra complicaciones para lograr profesionalización de servidores públicos y erradicación del acoso sexual en la Ley 41-08.

Santo Domingo. Jueves 08 de julio de 2021.- El Ministro de Administración Pública, Darío Castillo, valoró como positivos los resultados del estudio “Avances en la Carrera de la Administración Pública” presentado este jueves en el ciclo de seminarios web sobre la reforma a la Administración Pública desde un enfoque de género y derechos humanos, por el consorcio conformado por las organizaciones Participación Ciudad, Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y OXFAM en el que se demuestra la necesidad de actualizar el marco jurídico que rige la función pública en el país.

Darío Castillo aseguró, que como indica la investigación, los servidores públicos no han podido acceder a la carrera administrativa desde 2016 debido a la ineficiencia del proceso de evaluación. Castillo reveló que a febrero de este año solo habían ingresado a la carrera administrativa poco más de 94 mil personas que fueron seleccionadas con el método de evaluación de conocimientos y desempeño en el cargo, no por concurso de oposición como indica la Ley 41-08.

Además, ante los casos de acoso sexual en las instituciones estatales, la asesora técnica del Ministerio de Administración Pública (MAP), Alexandra Olivo, aclaró que la normativa actual no contempla esta figura por lo que debe ser actualizada para incluir sanciones y acciones concretas que eviten este delito como recomienda el estudio presentado por los representantes de la Sociedad Civil.

No obstante, los funcionarios del MAP revelaron que se han hecho los acercamientos interinstitucionales pertinentes para corregir las debilidades de la normativa 41-08 y que para los meses de agosto o septiembre de este año se planea presentar al Congreso Nacional un proyecto de modificación a la Ley de Función Pública que contemple soluciones para los desafíos planteados en el estudio.

De su lado, el director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Cristian Sánchez, enfatizó que desde el Gobierno se trabaja en la profesionalización de los servidores públicos y que el 53% de las personas que acceden a estas capacitaciones son mujeres.

La investigación del consorcio también establece que el clientelismo ha afectado la sistematización y profesionalización de la carrera administrativa a lo que las autoridades del sector aseguraron que se trabaja para que los cargos políticos sean incluidos en la regulación de la función pública a través de una carrera especial que fomente la selección de estos a partir de un concurso de oposición y desde ternas en las que se incluyan postulantes por sus propios méritos.

El Ciclo de Seminarios sobre la Reforma de la Administración Pública desde un Enfoque de Género y de Derechos Humanos continúa el próximo jueves 15 de julio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, a través de la plataforma digital de Zoom con el seminario sobre “Calidad de los servicios públicos y derechos ciudadanos”.

Para participar se debe acceder a las redes sociales del consorcio de la sociedad civil organizadora para inscribirse en el formulario disponible desde ya.

El campamento comprendió varias actividades formativas, a fin de desarrollar multiplicadores de buenas acciones y fomentar un liderazgo responsable.

Santo Domingo, República Dominicana. Con la participación de 35 jóvenes en edades comprendidas entre 18 a 29 años, procedentes del Corredor Duarte y la Región Este del país, el movimiento cívico Participación Ciudadana y la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizó el campamento de prevención de violencia juvenil 2021.

Este encuentro tuvo como objetivo fomentar el liderazgo, la orientación y la capacitación para el fortalecimiento del compromiso de los jóvenes en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana, prevención del delito y la promoción de los derechos humanos, así como facilitar herramientas a los participantes que le motiven y permitan adquirir las bases para fortalecer su identidad, a través del conocimiento y aceptación de sí mismos que genere en ellos una autoestima sana, y facilite la toma de sus decisiones para cumplir con las metas planeadas y lograr sus objetivos de vida.

La coordinadora general de la organización, Leidy Blanco García, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, aseguró que para poder ser parte del relevo institucional se necesitan jóvenes comprometidos con la construcción de un país más justo y sostenible. “Nosotros necesitamos más jóvenes como ustedes, ya que este país se construye en la medida en que más jóvenes estén capacitados para afrontar los cambios que en esta sociedad se requieren”, agregó Blanco García.

Por su parte, Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, expresó la necesidad de forjar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el cambio que requiere nuestro país, a fin de crear condiciones de igualdad, de no discriminación y situaciones de oportunidad.

“Vivimos en una sociedad donde se han instalado muchas desigualdades, muchas discriminaciones. Hay muchas cosas que debemos cambiar, por lo que desde la dirección de Participacion Ciudadana les quiero dejar esta palabra: cambio. Es una palabra que ustedes tienen en sus manos porque el cambio solamente se produce cuando viene de mí hacia el colectivo, y vuelve del colectivo hacia mí”, sostuvo Lorenzo.

El campamento, realizado los días 26 y 27 de junio en el Hotel Rancho Guacamayo en Bonao, que comprendió varias actividades formativas, se desarrolló en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, el cual coordina el movimiento cívico contó con la facilitación de Emmanuel Rosado (Manny), José Escalante y Rossy Santos, así como colaboradores de Participación Ciudadana.

28 de junio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana invita a toda la población dominicana a sumarse al esfuerzo nacional que encabeza el gobierno, dirigido a lograr la vacunación generalizada de la población como la única vía posible para salir de la pandemia genera por el COVID-19 que por más de un año y medio ha azotado al mundo y a nuestro país.

A la fecha, más de 3,600 familias han sido enlutecidas por el fallecimiento de alguno de sus miembros. Decenas de miles han sufrido los rigores de esta terrible enfermedad. Los profesionales de la salud han venido trabajando sin descanso y aunque se encuentran agotados siguen firmes dando la batalla. Además, esta pandemia del coronavirus ha representado para el país pérdidas económicas, el atraso en la educación, adicional de las consecuencias psicológicas y sociales que el aislamiento ha tenido en la población.

Mediante comunicado de prensa Participación Ciudadana extendió una felicitación a los millones de dominicanos y dominicanas que han contribuido con grandes sacrificios a la contención de la pandemia, y que han acudido a los centros de vacunación designados por el gobierno en todo el territorio nacional.

“En este momento está creciendo la cantidad de vacunados, pero hace falta un impulso mayor, sobre todo en la población joven que es la mayoría, a fin de que en los próximos meses podamos superar la actual situación de confinamiento y restricciones impuestas por el toque de queda”, destaca el movimiento cívico.

Para que esto se logre, Participación Ciudadana llama a que el gobierno dominicano siga desarrollando una estrategia efectiva de educación, concienciación y persuasión de los ciudadanos, acompañada de medidas que garanticen el logro de las metas trazadas. Se requiere la colaboración de todos, primero del gobierno, asegurando la disponibilidad de vacunas y en particular la vacunación de todos los empleados públicos.

Adicionalmente, en la preservación de la salud pública, el gobierno debe disponer de medidas para prever que todas las personas que acudan a un servicio público, ya sea transporte o cualquier otro que requiera presencialidad, les sea solicitada la tarjeta de vacunación.

“Para hacer cumplir estas medidas el gobierno cuenta con disposiciones constitucionales y legales suficientes con el objetivo de proteger la salud colectiva en el estado de emergencia que se encuentra el país. El empresariado ya se está integrando activamente a este propósito y falta que lo hagan las pequeñas y medianas empresas, el sector informal de la economía y cualquier espacio donde se corra el riesgo de contagio, incluyendo quienes realicen espectáculos presenciales”, sostiene la entidad de la sociedad civil.

Como organización que propugna por los derechos humanos aspiramos a que el proceso se desenvuelva con el mayor respeto y civismo, pero entendemos que debemos lograrlo primero por la persuasión y luego con medidas legales efectivas, para que así todos caminemos hacia la meta de que el país pueda superar favorablemente la pandemia, y para ello confiamos en el compromiso de todos y todas.

Consejo Nacional

18 de junio del 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, llamó hoy al Gobierno Central que encabeza el presidente Luis Abinader a asignar el presupuesto suficiente a la Procuraduría General de la República, que le permita seguir realizando su ardua labor de combatir y perseguir la corrupción, y en especial la corrupción administrativa, como hasta el momento ha venido realizando la Procuraduría General de la República, encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito.

El Consejo Nacional del movimiento cívico, recordó que la Proclama de su Asamblea para el 2021 fue “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la Corrupción Administrativa”, y en ese sentido exigió que se le otorgue partidas acordes a lo solicitado por la Procuraduría General para el año 2021 y que, más allá de una asignación puntual, deben ser incluidas en la reformulación presupuestaria que será sometida al Congreso Nacional próximamente.

Participación Ciudadana afirmó que no basta con la independencia de actuación que se evidencia actualmente en los trabajos del órgano persecutor, sino que se precisa también de los recursos económicos necesarios que le permitan realizar su labor de investigación especializada y consiguiente instrumentación de expedientes sólidos que puedan ser sustentados en los tribunales de justicia.

“Para enfrentar los grandes desafíos que conlleva el combate y la persecución de la corrupción administrativa y la delincuencia de cuello blanco, en general, es fundamental terminar con la precariedad y ahogamiento económico a los que está sometido la Procuraduría General de la República, no obstante que la Ley No.194-04 en su artículo 3 establece que se le debe asignar el 1.4% del Presupuesto Nacional”, declaró el Consejo Nacional.

La organización de la sociedad civil lamentó que a dicha entidad pública se le tiene ahogada en el plano económico y recordó que la sociedad dominicana, esa misma que salió a las calles a exigir el fin de la impunidad, tiene cifradas sus esperanzas en la actual Procuraduría General de la República precisamente por su independencia de actuación y el temple con el cual ha enfrentado su responsabilidad.  Pero esa misma sociedad continúa exigiendo que se someta a los corruptos al sistema de justicia penal, se persigan y recuperen los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal y que se ponga fin a la impunidad que ha venido arrastrando al país por muchos años.

“Es penoso que el Ministerio Público no pueda desempeñar su rol a cabalidad por falta de recursos económicos y consiguiente falta de recursos humanos especializados en los que se apoyen los fiscales actuantes. Además de las investigaciones por los delitos de corrupción y derivados ilícitos la Procuraduría General de la República tiene otros temas muy importantes en su agenda ordinaria como son los de trazar las políticas públicas para enfrentar la criminalidad, la violencia de género, la delincuencia juvenil y continuar con la modernización del sistema carcelario que está bajo su responsabilidad”, destacó el Consejo Nacional.

A través de comunicado de prensa la entidad de la sociedad civil deploró las quejas que con sobradas razones ha manifestado públicamente la magistrada Procuradora General de la República, cuando expresa que la institución que dirige solo cuenta con un exiguo presupuesto 40.19% menor que el de 2020, al tiempo que advirtió “que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa”. Agregó la magistrada Procuradora General Miriam Germán Brito en sus declaraciones que la carga económica es alta y que el presupuesto es muy exiguo para cumplir con los múltiples compromisos, tanto los que se derivan del intenso trabajo del Ministerio Público actual como la pesada carga de deuda heredada de la gestión anterior.

Participación Ciudadana hizo un llamado al Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis  Abinader, a asignar fondos en lo inmediato a la Procuraduría General de República que le permita a la institución del Ministerio Público realizar su labor con holgura, a fin de que pueda continuar trabajando en la persecución de la corrupción administrativa y someter a la justicia expedientes sólidos que los fiscales puedan sostener cuando se sometan al escrutinio de la contradicción que caracteriza nuestro sistema de justicia.

Consejo Nacional

16 de junio del 2021

El derecho al nombre es una manifestación de los derechos de la personalidad. Asimismo, la filiación determina los apellidos de los individuos y la atribución de dichos apellidos no es más que la consecuencia de la relación entre los padres y sus hijos o hijas. En nuestro caso, el sistema jurídico dominicano establece un sistema dual en el que los hijos o hijas ostentan tanto el apellido del padre como el de la madre. El apellido del padre siempre ha precedido al apellido de la madre, imponiendo la continuidad del apellido en la línea masculina.

El 20 de enero del presente año 2021 el Tribunal Constitucional Dominicano emitió la sentencia TC/0127/21, que decidió sobre el la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta, contra el artículo 46 de la Ley No. 659, sobre Actos del Estado Civil, y el artículo 57 del Código Civil Dominicano, por una pareja a la que le fue negada la posibilidad de hacer una anotación en el Acta de Declaración de Nacimiento a fines de que se leyese el apellido de la madre antes que el apellido del padre, al momento de ir a realizar la declaración de su hijo o hija ante el Oficial del Registro Civil.

Si bien en esta sentencia el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción directa en inconstitucionalidad al considerar que la norma no indica cuál apellido deber ir en primer orden, el Tribunal reconoce que las instituciones encargadas del registro de los nombres sí han actuado de manera discriminatoria y violando el derecho de igualdad al no permitir que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de su prole. En ese sentido, el Tribunal deja constancia en su sentencia de “la necesidad de que dicha práctica sea eliminada en relación con los casos futuros que le sean presentados a la autoridad competente del registro de nombre”.

Aunque debemos celebrar esta postura de nuestro Tribunal Constitucional que busca proteger el derecho a la igualdad de las mujeres, es oportuno aclarar que este criterio establecido en la mencionada sentencia no es particularmente novedoso, de hecho, es extraño que aún no hubiese habido un pronunciamiento de esta índole en nuestro país, puesto que, en muchos otros países como Francia, Portugal, España, Suiza, Uruguay, Argentina, México y Chile, ya desde hace varios años se permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos o hijas. En el caso particular de España los padres tienen esta opción desde el año 1981.

Pero, muchos se preguntarán ¿Cuál es la importancia de que los padres puedan decidir el orden de los apellidos para sus hijos o hijas?

La tradición histórica de nuestro país, al igual que la de muchos otros países de Latinoamérica, impone que el apellido del padre siempre vaya primero que el de la madre. Asimismo, el apellido paterno tiene socialmente un significado simbólico, emocional e identificatorio para la prole, siendo el apellido del padre, y no así el de la madre, representativo de la identidad familiar.

Esta tradición pone en segundo lugar la figura materna otorgándole preminencia al apellido del padre, y constituyéndose en una tradición patriarcal arraigada que transmite el mensaje de que el hombre como “cabeza de la familia” posee una mayor jerarquía familiar y social que la mujer. Es decir, esta no es más que una costumbre discriminatoria que refuerza los estereotipos sociales en detrimento de la mujer.

Este tipo de costumbres que van contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, no deben ser permitidas ni aupadas en nuestra sociedad en aras de garantizar un ambiente más justo y equitativo para todos y todas.

Teniendo en cuenta esto, ésta sentencia marca un importante precedente en la lucha de la eliminación de paradigmas discriminatorios contra la mujer y por ende debe ser reconocida como un paso importante en la búsqueda de la igualdad entre los sexos en nuestro país.

Sin embargo, esta sentencia solo es un primer paso en aras de garantizar la igualdad, pues ahora queda en manos del legislador establecer el criterio y las reglas para regular cómo se establecerá el orden de los apellidos, pues queda pendiente esclarecer, entre otras cosas, qué sucederá en caso de desacuerdo entre las partes para establecer el orden de los apellidos, sobre todo, porque en sentido práctico es el padre que acude ante el Oficial del Estado Civil a declarar al hijo o hija mientras la madre se recupera del parto.

Por Isidoro Santana, miembro de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana

Muchos reclamos puntuales son tolerables, pero cuando se junten con un ambiente inflacionario, una pandemia sin control, una oposición activada y con fuerte control de medios de prensa, le convertirán su período en un infierno.

Explicando el 47% de crecimiento

Primero debo dar una explicación lógica a la tasa de crecimiento del 47.2 % anunciada por el Gobernador del Banco Central, por la multiplicidad de llamadas y mensajes recibidos de gente que cree que ahí hay un error. 

Pues no. Es un asunto de simple matemática. En todo país cuya economía haya estado cerrada en abril del 2020 y ahora esté abierta, se registra un crecimiento espectacular. Y mientras más drástico fuera el cierre, mayor se verá el rebote, pues el crecimiento se mide comparando un período con su igual del año anterior. 

Aquí, en abril 2020 el gobierno decretó un cierre casi total para las actividades industriales, de servicios, comerciales, de transporte, aeropuertos, hoteles, zonas francas, bancos (algunas horas), pero no cerraron todas, ni el cierre cubrió el mes completo, porque la agricultura tenía que seguir funcionando, lo mismo que la industria y el comercio de alimentos y medicamentos.

También tenían que seguir operando servicios públicos que constituyen una porción importante del PIB como la salud, policía, fuerzas armadas, administración general del Estado (incluyendo JCE), electricidad, comunicaciones, agua, vivienda, etc. Por eso la caída fue de 30% y no 100%, en cuyo caso, matemáticamente el crecimiento este año sería infinito. 

Para recuperar esa caída y volver al punto de partida, en abril de este año el PIB debía haber crecido un 42.5%. De todas maneras, la noticia es positiva, pues creció más de ahí, y los números auguran un resurgimiento económico apreciable en 2021. Siempre pensé que la economía podría crecer más que el 5.5% proyectado por las autoridades y por el FMI (dando por sentado que no haya más cierres), aunque tampoco es para que celebremos espectacularidades, pues tanto para lo malo como para lo bueno, abril es un mes pico. Esas cifras no volverán a verse. 

La lección de Colombia y nosotros

Hay otra cosa sobre la cual sí quiero llamar la atención: fuera de la buena coyuntura externa (crecimiento en EUA, crédito fácil, muchas remesas y exportaciones de zonas francas), hasta ahora todo el esfuerzo interno ha descansado en la política monetaria, pues la fiscal ha sido en extremo restrictiva.

Con nuestra deuda cuasifiscal, la política monetaria expansiva no tiene futuro, salvo que se logre controlar la renovada inflación, o decisiones externas sobre tasas de interés. 

Pero la gran restricción vendrá por el lado fiscal. Ya esto era así desde antes de la pandemia, pero ahora es asfixiante. Y ya todos sabemos que el año 2021 ofrece el peor de los escenarios para discutir sobre pacto fiscal ni sobre reformas tributarias, por lo cual el Gobierno ha optado por controlar el déficit (generar superávit) bajando el gasto; pero bajar el gasto público a los niveles que se ha hecho hasta ahora es insostenible, además de un camino socialmente injusto. Y sobre todo, un suicidio político.

Basar el crecimiento en una política monetaria laxa es algo que cae muy bien entre los banqueros, algunos grupos empresariales (sobre todo importadores y comerciantes), y un superávit fiscal satisfará al FMI y las calificadoras de riesgos, pero esto no contenta a los productores de frijoles de San Juan que reclaman que les paguen, ni a los de papas o de cebollas, ni mucho menos a los campesinos de Moca o Licey que quieren caminos y carreteras. 

Y paro de contar para no meterme en las demandas de los habitantes urbanos del Gran Santo Domingo o de una decena de provincias a las que el presidente ha prometido grandes obras, y de grupos sociales que esperan empleos o mejores sueldos, mientras el Gobierno verá esfumarse su período sin poder cumplirles, sin contar las otras 20 provincias o grupos sociales que esperan que también se les prometa.

Muchos reclamos puntuales son tolerables, pero cuando se junten con un ambiente inflacionario, una pandemia sin control, una oposición activada y con fuerte control de medios de prensa, le convertirán su período en un infierno.

La experiencia de Colombia es muy aleccionadora, aunque con serias diferencias: Colombia tiene un gobierno que ya ha sufrido un gran desgaste; además de haber aplicado políticas impopulares desde el principio, comenzando por ir desmantelando el mejor legado de su predecesor: el Acuerdo de Paz con las FARC, liquidando a exguerrilleros que entregaron las armas y estropeando el funcionamiento de la jurisdicción especial creada para garantizar la paz. De modo que las violentas protestas no son tanto por la reforma (que fue retirada de inmediato), sino por el hastío de la gente.

De todas formas, la experiencia sí ofrece una gran lección: aunque el paquete sometido fue regresivo, por muy bien intencionados que sean los diseñadores de la política tributaria, no hay formas de cobrar impuestos solo a los ricos. Tendría que ser al caviar servido en eventos suntuarios, pero con ello se cobraría apenas lo necesario para pagar el sueldo del que barre el parque de Villa Trina. Los problemas fiscales son grandes de verdad.

Pero, aunque se lograra diseñar una reforma que recayera prioritariamente sobre los ricos, estos contarían con todos los medios (que son muchos) para convencer a los pobres y la clase media de que son ellos los perjudicados. 

Siempre he dicho que al presidente Abinader le ha tocado el período más maldito que gobierno alguno haya debido enfrentar. Actualmente, ni reformas tributarias ni bajar el gasto público son opciones socialmente recomendables pues, como acaba de declarar el saliente presidente de la OCDE, es preferible cambiar un poco más de deuda por un poco menos de pandemia. Ambas son barreras al crecimiento, pero la pandemia duele más. 

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresó un enérgico y total rechazo a cualquier plan que amenace la vida o la integridad física de la fiscal adjunta anticorrupción Yeni Berenice Reynoso.

El principal organismo de dirección del movimiento cívico, advirtió que ni el país ni sus autoridades pueden tomar a la ligera la revelación reciente de que se trama contra la vida de la fiscal Reynoso.

 “Esperamos que el Poder Ejecutivo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ordene a todos los organismos de inteligencia del Estado que se pongan a disposición de la Procuraduría General de la República en los esfuerzos por identificar a los responsables de este tipo de conductas tan peligrosas para el Estado de Derecho”, expresó en un comunicado de prensa el Consejo Nacional de la organización.

Participación Ciudadana fue enfático al demandar que los resultados de dichas investigaciones, una vez concluidas, sean comunicados al público oportunamente, y los nombres de los involucrados sean dados a conocer, al tiempo que los implicados sean traducidos inmediatamente a la acción de la justicia.

 “La sociedad dominicana debe permanecer vigilante, tomar en serio esta grave denuncia y parar en seco cualquier intento en contra de la vida o la integridad de los fiscales anticorrupción, pues tan solo el intento de concretarse podría sumir al país en un estado de terror generalizado”, sostuvo el Consejo Nacional.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, expresó, además su vigoroso respaldo a la lucha contra la impunidad que se libra desde el Ministerio Público y particularmente a la valentía, denuedo y dedicación con que los fiscales Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y todo el equipo de la Procuraduría Anticorrupción han tomado en sus hombros esta responsabilidad histórica.

Consejo Nacional

01 de junio de 2021

Por Faustino Collado

El pueblo se “jartó” de ser pendejo y se prepara para su próxima batalla: impedir que el gobierno cargue a los pobres y a los sectores de ingresos medios con más impuestos.

Los oligarcas que gobiernan lo intentaron en octubre del año pasado, cuando hasta al salario de Navidad le iban a colocar un impuesto. La opinión pública les obligó a echarlo hacia atrás, pero ahora insisten en la necesidad de nuevos impuestos a “los pendejos”.

Lo llaman pacto fiscal, que significa más impuestos para el pueblo y privilegios para los multimillonarios de las corporaciones, cadenas y oligopolios.

Es cierto que en comparación con otros países la presión tributaria dominicana (impuestos/PIB) de 14% es de la más baja. Pero no solo se trata de eso, sino de quiénes pagan ese 14%, igual a RD$ 927,838,858,174.00, y en qué se gasta e invierte esa suma.

De ese casi billón de pesos, los impuestos corrientes previstos a recaudar este año son RD$605,936,356,314.00, y para que se vea la injusticia de los gobiernos de los ricos, de ese total al pueblo y sectores medios les corresponderá pagar cerca del 77%, esto es, RD$470 mil millones de pesos, por impuestos sobre la renta, ITBIS, selectivos al consumo (341.2 mil millones), multas, seguridad social y otros impuestos y tasas.

En el otro lado de la moneda, las empresas y corporaciones solo pagarán 107 mil millones de pesos de impuestos por sus ganancias, lo que es apenas el 17.6% del total. Es decir, “los pendejos” pagan 4 veces más que las empresas (77/17.6). Pero, de esas empresas unas 95,000, el 98%, son micro, pequeñas y medianas, e injustamente, pagan el mismo 27% que las grandes, que son solo 1,520, las reales dueñas del país que se ríen de todos.

Pero la cosa no para ahí ¡caballero!. A estos grandes ricos, incluyendo empresas extranjeras de energía, minas y combustibles, se les exonera impuestos por RD$200 mil millones, cifra mayor de la que pagan en impuestos, aparte, también, de lo que evaden y roban, reteniendo impuestos y no pagándolo. ¡Así se burlan de los pendejos!

Los comunistas, socialistas, izquierdistas, revolucionarios en general, democráticos avanzados y decentes, pequeños y medianos empresarios, amas de casa, asalariados, queremos la reforma fiscal. Queremos más impuestos. Vamos a la calle por ellos. Pero a virar la tortilla. Para que los multiricos paguen el doble que hoy y se les impida que evadan, para que los terratenientes paguen impuestos por las tierras ociosas, para que sea bajado el ITBIS, el impuesto a los combustibles y a las comunicaciones.

 Reclama mantener derogados los tribunales penales militares.

Santo Domingo, República Dominicana. Frente a las situaciones escandalosas y criminales que se han ventilado en la opinión pública y en los tribunales recientemente, el movimiento cívico, Participación Ciudadana, solicitó al Presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, realizar una reforma integral de los cuerpos militares y policiales con el propósito de transformar la realidad y la imagen que estos han construido por décadas, y que los presentan como organismos carentes de transparencia, que manejan los recursos públicos de manera arbitraria, sin sujeción a las normas y en beneficio de cúpulas que exhiben fortunas y estilos de vida que no pueden justificar, mientras por otro lado, la mayoría de sus miembros desarrollan sus vidas y su trabajo en condiciones de sacrificio y precariedad.

El Consejo Nacional del Participación Ciudadana, aseguró que el país ha llegado al 2021 escuchando las mismas denuncias, nunca investigadas y mucho menos corregidas. A la vista de todos hay múltiples indicadores de que una parte del personal de los cuerpos militares, al igual que sucede con la Policía, no desempeña el trabajo para el que está designado, en cambio prestan servicios a empresas o personalidades privadas en transacciones que benefician a los mandos superiores. También se ha denunciado que, bajo la denominación de especialismos, un grupo de privilegiados recibe ingresos otorgados de manera arbitraria y bajo esquemas que se prestan a la corrupción y al tráfico de influencia.

A través de rueda de prensa, el Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional, declaró, además que no es de ahora que se denuncia que en los cuerpos militares y policiales se compran y venden los ascensos y las posiciones con acceso a recursos públicos y privados; se compran y asignan pensiones desproporcionadas; se cobran peajes a cambio de protección a delincuentes. Una denuncia que se hace desde hace décadas es que algunos comandantes realizan recortes fraudulentos en los viáticos y la alimentación, en perjuicio de los servidores más vulnerables, y que tampoco respetan las normas que rigen las compras y contrataciones.

“Numerosas modalidades de corrupción son señaladas como prácticas cotidianas en organismos que están llamados a ser ejemplo de honestidad y patriotismo. En todos los escándalos relacionados con el crimen organizado han salido evidencias de que criminales cuentan con elementos infiltrados y la protección activa de militares y policías de todos los rangos. Basta recordar los casos de José David Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Quirino Ernesto Paulino Marmolejos, Ramón Antonio del Rosario Puente (alias Toño Leña), César Emilio Peralta (alias César el Abusador), entre otros”, destacó el Consejo Nacional.

El movimiento cívico, saludó  los esfuerzos que viene realizando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los últimos meses bajo el liderazgo de su presidente el Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, donde se han anunciado cifras récord en la incautación de drogas, sin embargo, afirmó que estos esfuerzos quedan cortos, ya que no se han desmontado desde la raíz las redes del tráfico ilícito de estupefacientes ni se conocen los culpables, sus beneficiarios finales ni sus padrinazgos.

Es preocupante para Participación Ciudadana que a más de ocho meses del cambio de gobierno no se haya visto indicador alguno de que estas prácticas corruptas estén en vías de ser eliminadas. Tampoco se han iniciado las auditorías correspondientes.  El país no puede seguir aceptando desmentidos oficiales y promesas de que no se sigue haciendo lo mismo. Una cultura sistémica, contraria a los valores éticos como la que estamos señalando, no desaparece sin que se realicen cambios profundos y valientes, sin que se investigue y se someta a la justicia a las personas responsables de instalar y mantener esas estructuras.

“Estamos cansados de escuchar que jefes militares o policiales locales, así como otros rangos medios y bajos, vinculados a crímenes, delitos de corrupción o atropellos son trasladados a otra localidad donde nuevas poblaciones son sometidas a los mismos abusos. Los pocos que reciben sanciones son llevados a cárceles militares en las que se burlan de la sociedad manteniendo sus privilegios”.

“Tampoco podemos aceptar que se espere que el Ministerio Público asuma toda la responsabilidad en el combate de estas prácticas. Es necesario actuar de manera preventiva y educar en materia de ética, integridad y transparencia a las instituciones armadas. Desde el Comandante en Jefe hasta cada oficial son responsables de que esta cultura cambie, y de que nuestros militares y policías pasen a ser percibidos como honestos y sean respetados por la ciudadanía”, sostiene el movimiento cívico.

Numerosas encuestas nacionales e internacionales, incluyendo el último Barómetro Global de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, muestran que en el país la confianza en las instituciones llamadas a velar por el orden y la seguridad es muy baja. Para restituirla se requieren cambios más allá de los nombres de los incumbentes que han incurrido en infracciones y faltas a su juramento de proteger la nación. Estas instituciones deben abrirse al escrutinio público. No existe en la Constitución y las leyes excepción alguna a la ética y la transparencia administrativa, y no podemos esperar del gobierno ni de los altos mandos ninguna conducta que propenda a mantener la impunidad y la creencia de que los militares y policías están por encima de las leyes.

Desde Participación Ciudadana hacemos un llamado al Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, para que retire su carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, en la que pide modificar el proyecto de Código Penal para excluir a los militares de la aplicación del mismo. Esta petición contradice la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0350/19, la cual estableció “que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico”. Resulta inconcebible pretender que en momentos de compromiso con el fin de la impunidad se pretenda volver al pasado.

Participación Ciudadana espera que el presidente Abinader no acepte chantajes de quienes advierten o propalan que las acciones de saneamiento de las fuerzas armadas y la policía podrían ser respondidas con desestabilización política o del orden institucional. Por el contrario, el gobierno que se atreva a emprender esta impostergable tarea contará con el respaldo de la ciudadanía, de los miembros honestos de las instituciones militares y policiales que también son víctimas de las prácticas delictivas y de todos los sectores de la vida nacional que aportan para construir un mejor país.

Consejo Nacional

19 de mayo de 2021

Por Francisco Álvarez Valdez

En estos días de escándalos relacionados con militares de alto rango, sometidos a la jurisdicción penal ordinaria, como debe ser, se informa de una carta dirigida por el ministro de defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, al presidente de la Cámara de Diputados, donde pide no dejar fuera del proyecto de código penal el antiguo artículo 5 que disponía que “las disposiciones del presente Código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares”,  con lo cual se pretende reinstaurar un artículo derogado, pero además volver al pasado de privilegios donde un militar juzgaba a otro militar con los resultados históricos que todos conocemos.

Lo primero es señalar que ese antiguo artículo 5 del Código Penal vigente, fue derogado por el Código Procesal Penal, que en su artículo 57 dispuso que “las normas establecidas en este código se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen”.

De manera también puntual la Ley 278-04, de implementación del proceso penal, dispuso en su artículo 15, ordinal 13, lo siguiente: “Quedan derogadas… 13. Todas las normas procesales referidas al enjuiciamiento penal de los miembros de la Policía Nacional y/o de las Fuerzas Armadas, contenidas en el Código de Justicia Policial contenido en la Ley No. 285 del 29 de junio de 1966 y en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, contenido en la Ley 3483 del 13 de febrero de 1953 y sus respectivas modificaciones, así como cualquier otra ley que establezca normas en este sentido. Todo sin perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos internos de las referidas instituciones”.

En consonancia con las disposiciones antes citada, se aprobó la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuyo artículo 185 dispuso que “las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicables a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar”.

Algunos pretenden sustentar la vigencia de la jurisdicción penal militar en las disposiciones del artículo 254 constitucional, que dispone que “la jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicables a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar.”

Ha sido el Tribunal Constitucional el encargado de definir este tema y lo ha hecho en varias sentencias, primero en la número TC/0512/17, refrendando la constitucionalidad de las disposiciones de la ley 278-04 antes citada al disponer: “11.2 Asimismo, la Ley de Implementación del Proceso Penal número 278-04, del 13 de agosto de 2004, en el artículo 15, numeral 13, derogó todas las normas referidas al enjuiciamiento de sus miembros previstas en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, las cuales estaban instituidas en la Ley 3483, del 13 de febrero de 1953, y sus respectivas modificaciones, sin perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos de las referidas instituciones”.

Posteriormente, el propio Tribunal, en su sentencia núm. TC/0350/19 dispuso que “En sintonía con las consideraciones anteriores, debemos precisar que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial”.

El Tribunal Constitucional agrega, en su sentencia antes citada: “es necesario señalar que la jurisdicción militar es un ente administrativo de carácter disciplinario, que tiene competencia exclusiva para conocer de las infracciones y faltas disciplinarias contenidas en las leyes, y reglamentos castrenses, quedando fuera de su competencia el procesamiento y juzgamiento de aquellas faltas penales que constituyan una infracción a su régimen penal militar, las cuales deben ser instruidas y conocidas por los tribunales penales ordinarios del Poder Judicial”.

Y para cerrar de forma contundente el Tribunal Constitucional, en la misma sentencia antes citada, concluye de la siguiente forma: “De esto se concluye, tal y como disponen los artículos 254 de la Constitución y 185 de la Ley 139-13, que las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar. De ahí que deba considerarse que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico. En la especie se trata de una infracción al régimen penal militar, lo cual escapa a la competencia de la jurisdicción militar”.

El ministro Díaz Morfa se ha caracterizado por tener siempre un comportamiento ejemplar, a través de una carrera militar correcta, y además un don de gente del que he sido beneficiario por su trato amable y cortés. Espero que reflexione y retire la solicitud, pues además no es buen momento para propuestas como esta. Tal vez nunca exista un buen momento.