Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la corrupción, Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, otorgó el “Reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción 2021” al destacado magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, por su trayectoria en la judicatura, caracterizada por las mejores prácticas de profesionalidad, imparcialidad, valentía e integridad.

La coordinadora general del movimiento cívico, Leidy Blanco García, destacó que el Reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción nace de una iniciativa de la entidad de la sociedad civil, que busca exaltar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que enarbolan la bandera de la integridad, y que han asumido un compromiso durante su trayectoria profesional, por un país más transparente y justo.

“Son muchos los ciudadanos y ciudadanas comprometidos/as, valientes, que se arriesgan, que caminan firmes y dejan huellas. Esas huellas que se convierten en ejemplos valiosos. Por eso desde Participación Ciudadana nos sentimos en el deber en reconocer y visibilizar los buenos ejemplos. Esos ejemplos que construyen la patria soñada de nuestros trinitarios.  Aquellos ciudadanos como el magistrado José Alejandro Vargas que se levantan con el fiel propósito de a través de su ejercicio aportar en la construcción de un mejor país. A un país donde no haya espacio para la corrupción”, enfatizó Blanco García.

El destacado magistrado, quien aprovechó el escenario para poner en circulación su más reciente obra titulada “La guía práctica de la acción de la inconstitucionalidad”, agradeció, además a la organización de la sociedad civil por la distinción, al tiempo que resaltó que este reconocimiento es otorgado por su rol como juez y no por ser un persecutor del delito, ni del crimen organizado, ya que esta función está consignada para el Ministerio Público, según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 22.

“Si yo me uniera y asumiera el rol de persecutor, entonces tenemos que abrir los ojos porque la democracia estaría en peligro, y cuando una democracia sucumbe, evidentemente emerge una dictadura. Los jueces no perseguimos, los jueces juzgamos y en esa función debemos actuar con responsabilidad, imparcialidad y coherencia. Por lo que, si queremos perseguir la corrupción el órgano que tenga que hacerlo que la persiga, pero con las garantías que la Constitución y el debido proceso exigen”, sostuvo Vargas Guerrero.

Participación Ciudadana entrega el Reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción cada año desde el 2009, con el propósito de destacar los esfuerzos realizados por la población que combate este fenómeno que tanto daña el cuerpo social y el alma ciudadana; con el interés fundamental de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción, por lo que entiende que José Alejandro Vargas Guerrero es un ejemplo de esfuerzo, trabajo honesto y ciudadanía responsable, digno de ser emulado por el resto de los integrantes del sistema de justicia, y por todos los ciudadanos y ciudadanas.

Consejo Nacional
08 de diciembre del 2021

Grabación del evento disponible en: Reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana y el CEPAE realizaron acto de clausura del diplomado sobre Liderazgo e Incidencia Social en la Gestión Pública Local y el Desarrollo Territorial, el cual ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar a los estudiantes el conocimiento necesario para que ejerzan en los municipios un liderazgo con capacidad, conciencia colectiva y habilidades metodológicas. 

Con este diplomado se busca promover la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los gobiernos municipales, como una de las condiciones para avanzar en la construcción de entidades estatales propias de un sistema democrático, señaló el movimiento cívico. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien enfatizó que esta institución a lo largo de su existencia ha entendido la importancia de contribuir al proceso de formación y capacitación de actores sociales y servidores públicos municipales para que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas proactivos, capaces de impulsar en sus comunidades estrategias de acción conducentes a resultados tangibles sobre transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal. 

En el diplomado participaron unos 40 estudiantes, entre ellos técnicos de ayuntamientos y líderes sociales de los municipios de Azua, Baní, Barahona, La Vega, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y Santiago. 

El acto de clausura contó con la conferencia magistral de Miriam Díaz Santana, quien abordó el tema “Ética y Liderazgo Social en la Gestión Pública Local y el Desarrollo Territorial”. 

La mesa de honor estuvo integrada por Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana; Luis Emilio Vargas, en representación del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Sandino Olaverria, director ejecutivo del Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE); Miriam Díaz Santana y Rigoberto Sánchez, coordinador de proyectos.  

Este diplomado se realiza en alianza entre Participación Ciudadana, el CEPAE y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, en el marco del proyecto “Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría social y la incidencia en la gestión local” que tiene el auspicio de la Unión Europea. 

25 de noviembre de 2021 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, anunció que entregará el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2021 al magistrado José Alejandro Vargas por reunir los requisitos establecidos en las bases de esta iniciativa, la cual tiene como objetivo estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

El Consejo Nacional del movimiento cívico aseguró que por varios años el magistrado se convirtió en un juez confiable en la parte inicial de los casos más graves de corrupción desde su posición primero por diez años de juez del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional y luego por cuatro años como juez coordinador de ese Tribunal.

“El magistrado Vargas jamás se ha visto señalado como complaciente con políticos, partidos, gobernantes o incluso con personas y empresas del sector privado y sus decisiones sobre medidas de coerción le labraron un reconocimiento de juez imparcial e íntegro”, destacó el Consejo Nacional.

Participacion Ciudadana, a través de comunicado de prensa, sostuvo, además que lo más importante de otorgar esta distinción al magistrado José Alejandro Vargas es que los jueces jóvenes puedan percatarse de que actuar con seriedad, valentía, integridad, y capacidad, es reconocido por la sociedad, al tiempo que propone un modelo de accionar a ser emulado.

El destacado magistrado será la duodécima persona en recibir este reconocimiento, el cual  fue creado por Participación Ciudadana con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de educar mediante el ejemplo, presentando a la sociedad modelos positivos de conductas a ser emuladas, y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República y que promueve Participación Ciudadana.

En sus antiguas ediciones le ha sido otorgado al abogado Mario Arturo Fernández, al ex procurador Germán Miranda Villalona, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, los periodistas Nuria Piera, Luis Eduardo-Huchi- Lora Iglesias, Alicia Ortega, Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz, la jueza Miriam Germán, la comunicadora Altagracia Salazar y la Dra. Milagros Ortiz Bosh.

Consejo Nacional

23 de noviembre de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana rechazó enérgicamente que se pretenda enfrentar el problema de la inmigración irregular con violaciones a los derechos humanos, como viene ocurriendo con el apresamiento y deportación de parturientas haitianas.

A través de comunicado de prensa el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil, aseguró que es cierto que la solución de los problemas de Haití no está al alcance de la República Dominicana; y también que dicho país por sí solo, carente de suficientes recursos naturales, humanos y financieros, pero, sobre todo, de instituciones que impulsen el desarrollo, no está en condiciones de afrontar por sí mismo, los graves problemas de todos los órdenes que afectan a su población.

“En tal sentido, valoramos como positivo el llamado del presidente Luis Abinader hacia una activa presencia y colaboración de la comunidad internacional, la cual no puede hacerse de oídos sordos observando desde lejos este drama”, destaca el comunicado.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, señaló, además que tal situación, obliga a nuestro país a ser firme en la protección de la frontera común, pero está obligado a hacerlo, con estricto apego a los mandatos de la constitución y las leyes, así como observando el derecho y los protocolos internacionales.

“Los problemas de la inmigración irregular se resuelven mediante controles en la frontera, más no vulnerando los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, mediante atropellos inaceptables, ni alentando el odio hacia los nacionales haitianos”, sostiene el movimiento cívico.

En ese sentido, el único riesgo que corre nuestra soberanía, es que el Estado no logre aplicar su propio ordenamiento jurídico respecto al tema migratorio, y que el flujo de inmigrantes se siga haciendo sin la debida regulación, pero no sometiendo a tratos denigrantes a los que viven entre nosotros o a los que han venido en busca oportunidades que su propio país les niega. ¿Cómo podemos negarles o restringirles los derechos a la educación y a la salud? ¿Cómo podemos apresar mujeres embarazadas o deportar mujeres recién paridas, en un comportamiento que desprecia los seres humanos, impropio de nuestra idiosincrasia como pueblo?

“La República Dominicana siempre ha sido muy solidaria con el vecino más pobre, particularmente en circunstancias excepcionalmente adversas como las que hoy vive.  Asimismo, nuestro país debe ser el principal interesado y demandante de que al inmigrante se le garanticen sus derechos y se le dé un trato justo, pues recordemos que por cada extranjero que reside en el país, hay cuatro dominicanos que han abandonado el nuestro por las mismas razones que los haitianos, y que están residiendo en otros países, pese a lo cual constituyen una parte fundamental del sostén de la economía nacional”, precisó la organización de la sociedad civil.

Participación Ciudadana deplora que el gobierno dominicano pretenda explotar políticamente el tema de los inmigrantes, particularmente de los de origen haitiano, alentando en la población sentimientos de xenofobia y de odio, lo que debería constituir una vergüenza para el país y sobre todo para su partido, que debe considerarse el heredero de la tradición de luchas democráticas libradas en el país.

Consejo Nacional

18 de noviembre de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la mesa de diálogo “Socialización de la reforma del Anteproyecto de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”, espacio en el cual los legisladores de diferentes bancadas se comprometieron a aunar esfuerzos, a fin de impulsar dicho anteproyecto.

Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, aseguró que el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas es un tema muy sensible, pues desnuda una dura realidad, de una problemática que está íntimamente ligada a la pobreza, a la mercantilización del ser humano, a la discriminación, desigualdad, marginación, la violencia y corrupción.

Blanco García, destacó que no podemos hablar de un estado social, democrático y de derechos, si el estado que está llamado a garantizar derechos, no ejerce esa obligación, por lo que realizó un llamado a la clase política al combate y la prevención del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

En este sentido, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Magda Rodríguez, señaló que se ha normalizado el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en nuestras familias y entornos, en donde es fundamental llevar este tema a la socialización y al conocimiento de la ciudadanía en general.

“Reiteramos nuestro apoyo y compromiso de seguir trabajando desde nuestras comisiones para contar con una ley eficaz que garantice los derechos de las víctimas sometidas a tráfico ilícito de migrantes y trata”, precisó.

Esta actividad contó, además con la participación de la Magistrada Belkis Ulloa, procuradora fiscal de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes; Sonia Hernández de Misión Internacional de Justicia (IJM); y Tahira Vargas, antropóloga e investigadora.

La Magistrada Belkis Ulloa sostuvo que la trata de personas, aunque es un delito grave, desde su incorporación al sistema penal dominicano, ha sido un delito invisibilizado e incluso normalizado y poco comprendido.

“Desde el año 2003 que surge la Ley 137-03, hasta el año 2012, apenas cuatro sentencias fueron emitidas alusivas a la trata de personas”, puntualizó Belkis Ulloa.

Sonia Hernández, representante de Misión Internacional de Justicia (IJM), subrayó que el diseño de una nueva ley de trata de personas busca la no penalización a la víctima, dispone responsabilidad al cliente de servicios sexuales con fines de trata de personas, la definición de protocolos especiales para el abordaje de los casos de trata de personas, y otros principios que son fundamentales para la protección de las personas víctimas de trata.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ), el cual desarrolla Participación Ciudadana.

12 de noviembre de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. En su compromiso con la transparencia y la institucionalidad de la República Dominicana el movimiento cívico Participación Ciudadana presentó la herramienta de innovación para el monitoreo del gasto público Café Claro, la cual tiene como objetivo brindar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de monitorear y velar por la calidad del gasto de los recursos públicos. De igual manera brinda la facilidad de fiscalizar la inversión del presupuesto público, tanto a las personas que viven dentro o fuera de la República Dominicana, el acceso a publicaciones validadas con sustento en datos previamente analizados utilizando como base los datos de acceso público de las instituciones del Estado, así como reportar patrones o comportamientos de corrupción en la administración de los recursos públicos.

A través de la plataforma www.cafeclaro.org la ciudadanía podrá prevenir y desalentar el robo del dinero público como efecto del seguimiento constante de la evolución del gasto, valorar de forma objetiva la calidad de los datos de transparencia ofrecidos por instituciones públicas, y motivar a los ciudadanos y ciudadanas a que sean partícipes del proceso de monitoreo de los fondos públicos. ​

La presentación de Café Claro se desarrolló en el marco de la celebración del 28 Aniversario de la organización de la sociedad civil, en la cual Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico, destacó que desde su nacimiento Participación Ciudadana colocó la lucha contra la corrupción y la impunidad entre sus principales ejes de acción, ya que es imposible la construcción de una sociedad más justa cuando en ella prevalecen estas faltas.

Leidy Blanco García, agradeció y reconoció, además el esfuerzo de los miles de voluntarios y voluntarias que han prestado durante años sus capacidades, su tiempo, energías, voces y liderazgo, a favor de todas las causas justas que enarbola Participación Ciudadana, así como el arduo trabajo que realiza el equipo técnico de la institución en conjunto con los aliados de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer y ampliar la criticidad, la participación y capacidad de movilización de la ciudadanía en los procesos de institucionalización democrática, el fomento de los valores éticos y la implantación de una cultura de transparencia e integridad.

“Extendemos en este aniversario nuestra gratitud a las agencias de cooperación internacional, quienes a través de su colaboración hacen posible que nuestras acciones y sus resultados tengan mayor impacto, y con ellos a la prensa nacional que nos han acompañado durante estos 28 años contribuyendo, aportando y demandando junto a nosotros un país más justo y transparente”, sostuvo Blanco García.

Durante la celebración fue reconocido Marcelino Hiraldo (Papín), a quien dedicaron un homenaje póstumo, gracias a su compromiso con la institución y el trabajo voluntario que realizó, especialmente desde el Comité Municipal de Altamira.

En este sentido, Fátima Lorenzo, directora ejecutiva del movimiento de la sociedad civil, destacó que el trabajo de voluntariado es un pilar fundamental del quehacer de Participación Ciudadana, ya que es una labor por decisión individual de aportar de manera altruista su tiempo y capacidades, lo cual se traduce en solidaridad, compromiso, cooperación y desprendimiento.

Hoy Participación Ciudadana sigue fuerte, de frente, demandante, con su misma misión y valores, y dando sus primeros pasos hacia el relevo con nuevos actores, pero siempre acompañado de la experiencia, otorgando su voto de confianza a una generación con nuevas ideas, con muchas energías, con aspiraciones de transformar e innovar. Una generación con el mismo deseo de servir, a través de la institución a la construcción de una sociedad más transparente, pluralista, equitativa, justa e inclusiva.

05 de noviembre de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de compartir diferentes puntos de vista entre la membresía, servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, el movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la tertulia “La ética del servidor público”, la cual contó con la participación de la directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental, Berenice Barinas, así como del director del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica del Uruguay, Néstor Da Costa.

Durante la actividad Néstor Da Costa, director del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica del Uruguay, señaló que la sospecha de corrupción de las sociedades latinoamericanas es completa, al tiempo que América Latina se retrata como una región inundada de discriminaciones.

“Las discriminaciones se encuentran en el corazón de las desconfianzas de la región, ya que están presentes desde hace siglos. Las democracias de América Latina y el Caribe no podrán consolidarse sin desmantelarlas, por lo que los países deben recomponer estas percepciones para consolidar sus democracias”, destacó.

Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental, aseguró que el propósito y la funcionalidad que debe desempeñar todo buen gobierno, que aspira a ser íntegro a través de un comportamiento ético, es ser efectivo y eficiente para alcanzar el bien colectivo.

Barinas, destacó, además que estamos frente a un nuevo paradigma de gobierno abierto, el cual busca mejores sociedades y debe aumentar la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana, implementar los más altos estándares de integridad profesional en todas nuestras administraciones, y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.

“Para garantizar una administración pública más sana las Comisiones de Ética Pública deben promover y procurar conductas deseables, prevenir y corregir conductas incorrectas, construir una comunidad de práctica, y promover y procurar la vigilancia e incidencia ciudadana en los asuntos públicos”, puntualizó.

Este evento se llevó a cabo en el marco del Programa de Administración pública inclusiva, el cual desarrolla el movimiento cívico en coordinación con la Fundación Solidaridad y Ciudad Alternativa, con el auspicio de la Unión Europea.

20 de octubre de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Las organizaciones Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe se revela que, los ejes temáticos en los cuales se han dividido los compromisos priorizados de la Cumbre de Lima 2018, valorados de 0 a 3, siendo 0 un “no registra” y 3 la puntuación más alta, en el país, no han alcanzado una valoración media (2.0/3.0), pese a que en la mayoría de los casos existen indicadores normativos. El resultado señala que el menor avance ha sido en el eje sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde apenas el resultado ha sido poco más de un nivel bajo y los temas donde se registra mayor avance, carecen de algunas normativas fundamentalmente necesarias para dar total cumplimiento a los compromisos.

La gestión de gobierno que suscribió el compromiso, se caracterizó por una alta corrupción institucionalizada y daños a la justicia, donde ningún caso de corrupción de los denunciados fue objeto de sanción en los tribunales.

 En términos generales, se ha dado cumplimiento parcial a los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, sin embargo, pese al principio de continuidad de Estado, el cumplimiento de gran parte de las medidas adoptadas están sujetas al gobierno de turno, reflejando una debilidad en la voluntad de institucionalizar los esfuerzos, limitando la garantía de sostenibilidad en el tiempo, lo que se traduce a que no podamos indicar aún, que los mismos, en términos prácticos, se han constituido como compromisos de Estado.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de:

• Disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.

• Garantizar la independencia del Ministerio Público, con un respaldo legal, en el cual se modifique la forma de designación del/a Procurador/a General de la República (PGR), la cual, hasta el momento según el artículo 171 de la constitución la realiza el presidente de la nación.

• Requerir de un régimen de consecuencias con medidas coercitivas a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 200-04 que garantiza, entre otros aspectos el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a acceder a las informaciones registradas en todo tipo de documentos.

• Disponer de una ley de protección de víctimas, testigos y denunciantes y la creación de protocolos adecuados para su ejecución.

• Reformar la Ley 340-06, en virtud de actualizar y mejorar su contenido incorporando un régimen de consecuencia, y adecuando la normativa a las necesidades de los procesos de compras y contrataciones públicas.

• Elaborar un listado de personas naturales y jurídicas que estén vinculadas a actos de corrupción, con la finalidad de evitar su contratación.

• Disponer de una ley de extinción de dominio, para que los bienes procedentes de la corrupción sean recuperados, estableciendo los mecanismos pertinentes y todas las herramientas necesarias para su aplicación y que defina la finalidad de los bienes, fondos y valores recuperados.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

El  movimiento cívico Participación Ciudadana dio apertura al diplomado “Administración, Función Pública y Ciudadanía”, en coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), este diplomado tiene como objetivo contribuir en el proceso de formación y capacitación de actores sociales y servidores públicos, para que sean ciudadanos y ciudadanas comprometidos, capaces de impulsar en sus comunidades acciones que fortalezcan la administración pública y contribuyan a la mejora en la calidad de los servicios públicos.

En este diplomado, estarán participando 40 líderes y lideresas de los municipios de Barahona, Azua, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

“Este proceso de formación entrega conocimientos y herramientas analíticas, metodológicas y conceptuales, aportando a una mayor articulación y cooperación de la ciudadanía en el proceso de reforma y modernización de la administración pública”, señaló Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, durante las palabras de bienvenida.

La mesa de honor estuvo integrada por Rosalía Sosa Pérez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD; Heydi Céspedes, directora de educación continua; Gustavo Barry, docente universitario y Roberto Antonio Medina, quien realizó la conferencia “La Administración del Estado social y democrático de derechos”.

Este diplomado se realiza en el marco del proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”, (PARAP II), el cual se desarrolla junto a Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa, Oxfam y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana realizó un llamado al presidente de la República para que aproveche la introducción al Congreso del Presupuesto Nacional, para dar un paso adelante en su postulado de combatir la corrupción, y a sus declaraciones sobre la necesidad de eliminar gastos innecesarios.

Para tal fin, la organización de la sociedad civil señaló que la propuesta presupuestaria podría ser aprovechada para resolver dos preocupantes situaciones.

La primera, según precisa el movimiento cívico, consiste en instruir al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, para que en el presupuesto del 2022 no aparezcan, en el Capítulo correspondiente al Poder Legislativo, las apropiaciones que permiten a los congresistas autoasignarse el cofrecito, el barrilito y todos los demás fondos de carácter clientelar que se reparten anualmente, y que se constituyen en prácticas corruptas y antidemocráticas.

El segundo es que, en su sustitución, se asigne al Congreso Nacional una partida presupuestaria destinada exclusivamente a la compra de vehículos para uso de los legisladores, acompañados de la eliminación de la práctica de las exoneraciones.

“En este caso, se le asignaría un monto que posibilite a ambas cámaras, adquirir una flotilla de vehículos por valores congruentes con el uso racional del dinero público, a la vez que adecuados a la labor del legislador, de la cual se asignaría una unidad a cada Senador o Diputado para su uso durante cuatro años, período al término del cual la cámara correspondiente podría venderlos para cambiarlos por unidades nuevas para los legisladores entrantes”, puntualizó la institución.

En ese tenor, señalaron que, debería de establecerse una política que especifique el monto máximo por vehículo, tal como se establece para los funcionarios y funcionarias públicos.

El movimiento cívico Participación Ciudadana precisó, además que, cada cierto tiempo la opinión pública nacional es conmovida por escándalos de corrupción como los relativos a la distribución de dinero público a políticos mediante mecanismos como los llamados barrilitos, cofrecitos, asignaciones por semana santa, navidad, día de las madres, etc. así como de las exoneraciones de vehículos de lujo a los legisladores, por medio de las cuales, el Tesoro Nacional ha dejado de percibir miles de millones de pesos.

Se recuerda que en el año 2010 Participación Ciudadana interpuso una acción de inconstitucionalidad de la ley 57/96 ante la Suprema Corte de Justicia y luego en el 2012, una vez constituido el Tribunal Constitucional, le solicitó el conocimiento de dicho recurso de inconstitucionalidad, bajo el precepto de que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio, establecido en nuestra Constitución.

6 de octubre del 2021