La decisión del presidente Danilo Medina de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron  ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas lo hace cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.

El decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las justas demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas y  premiar con un 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

Los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial  no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.

El gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano. En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado dominicano.

Ha quedado claramente demostrado el esfuerzo del gobierno de manejar el tema a espaldas de la ciudadanía, que solo se entera cuando el periódico 7dias.com divulga la existencia del poder firmado por el presidente Medina. Tampoco han sido divulgados al día de hoy las identidades de las personas que serán los beneficiarios finales del fraude cometido.

Llamamos la atención sobre una cláusula existente en el borrador del contrato de transacción que circula,  que permite a los adquirientes ilegales no aportar las tierras por ellos robadas al fideicomiso que se constituiría,  y quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando paguen al Estado el 55% de su valor, lo que implicaría darle una opción de comprar esas tierras que siempre han pertenecido al Estado. Esta condenable acción, viene a reafirmar el régimen de impunidad imperante en la Republica dominicana desde hace décadas.

La decisión del presidente Medina es sencillamente inaceptable por ilegal e inmoral y solo contribuye  a consolidar a la República Dominicana en las últimas posiciones que vergonzosamente ostenta en todas las evaluaciones internacionales en materias relacionadas con la corrupción, generando una profunda decepción y haciendo perder toda esperanza de cambio en esta materia  por actuaciones del nuevo gobierno.

Participación Ciudadana apoya firmemente el desarrollo de la región sur del país, pero no podemos dejarnos confundir, pues para desarrollar un territorio de tanta pobreza como el sur, no se precisa regalar sus tierras a quienes se las han apropiado de manera ilícita y es absolutamente falso que ese acuerdo transaccional sea la única vía para resolver el impasse. Prestigiosos juristas ya han identificado otras soluciones legales que no atentan contra el patrimonio nacional y que son mucho más ventajosas tanto para el sur como para el resto del país.

Por último, informamos a la opinión pública que en los próximos días nuestra organización estará llevando a cabo una serie de acciones legales, dirigidas a enfrentar la prolongación de una acción fraudulenta como lo supone el reconocimiento de los títulos ilegales de propiedad en Bahía de las Águilas. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la ciudadanía a apoyar las acciones de movilización que un conjunto de organizaciones de sociedad civil  están desarrollando para oponerse a este nuevo atropello a la institucionalidad.

Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista designó a  Roberto Álvarez como su nuevo coordinador general, y a José Manuel Paliza, Fátima Lorenzo, Pedro Acevedo, Javier Cabreja, Leocadio Santana y a David Phips, como miembros del Comité Coordinador.

Roberto Álvarez es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con Maestrías en Relaciones Internacionales en la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins en Washington, DC, y en Derecho Comparado  en la Universidad de Georgetown, Washington, DC.

Sirvió en el servicio exterior de República Dominicana desempeñando funciones tales como abogado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), primero como Subdirector de Protocolo, después en el departamento legal y luego en la secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Como especialista principal de la Comisión, elaboró los proyectos de informes sobre derechos humanos en Chile, Paraguay, El Salvador, y Nicaragua, organizando, además, las visitas in loco de la CIDH a Panamá, El Salvador, y Nicaragua.  Además, fue Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos con el rango de Embajador.  En la OEA ostentó la Presidencia del Consejo Permanente a nombre de R.D,  fue electo presidente de la Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidarias para el Desarrollo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente (CAJP). Desde diciembre de 2008 hasta agosto 2010, cuando renunció, fue miembro de la Comisión Consultiva de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores con el rango de Embajador adscrito honorífico. Es miembro del Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

El Dr. Álvarez ha laborado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Coordinador del Primer Foro sobre la Inversión Privada en las Américas, Washington, DC., EEUU; del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) de las Naciones Unidas; y de la Fundación Ford, en asuntos relacionados a la promoción de los negocios, el fortalecimiento de la administración de la justicia y el estado de derecho, y la promoción y protección de los derechos humanos. También ha servido como delegado oficial de Amnistía Internacional en misiones a Nicaragua  y Sri Lanka.

Es autor de diversos libros, monografías y artículos sobre derechos humanos y asuntos internacionales. Ha sido columnista de los periódicos dominicanos El Caribe, Clave y de la revista La Lupa sin Trabas; ha colaborado también con otros periódicos y revistas especializadas dominicanas, como Listín Diario, Rumbo, Hoy, Gaceta Judicial y Estudios Jurídicos.

Roberto Álvarez agradeció el apoyo y la confianza depositada por los miembros de Participación Ciudadana que participaron en el proceso de votación y prometió luchar durante su gestión por la renovación y  fortalecimiento de la institución, y la democracia en el país.

Consejo Nacional
Febrero 19, 2013

Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista, celebró el domingo 10 de febrero, su décima novena “Asamblea General Ordinaria por la

Renovación de la Organización”. Dicha actividad constituye un encuentro de los miembros activos  y donde se renuevan los miembros del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

Para tal ocasión, fueron  presentadas la Memoria Anual  2012 por el Coordinador General saliente Francisco Álvarez Valdez, así como el Informe Financiero del año 2012 y el Plan de Trabajo para el año 2013, los cuales fueron aprobados por los asambleístas.  “Ha sido un año difícil, lleno de retos, en el que lamentablemente tenemos que señalar que no se alcanzaron las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere nuestro país y por la cual luchamos desde la sociedad civil”, puntualizó el Coordinador Álvarez Valdez, al igual que señaló que es indispensable que “preparemos nuestra organización para el futuro, pues hoy más que nunca se necesita de la presencia de la ciudadanía ejerciendo su derecho constitucional a la participación, para exigir que nos gobiernen bien y reclamar que aquellos que no lo hagan sufran las consecuencias de derecho, sea en las urnas o en los tribunales”.

Dentro de las memorias presentadas se encuentra el “Informe sobre el Déficit Fiscal en el año 2012: Monto, Causas y Evaluación con respecto al Ordenamiento Jurídico” elaborado por una Comisión Técnica del Consejo Económico y Social, coordinada por Participación Ciudadana y que concluyó que para la generación del déficit fueron violadas 24 disposiciones de nueve leyes diferentes, incluida la Constitución. Un  asambleísta solicitó que se utilice el contenido de dicho informe para someter ante el ministerio público a todos los responsables de tales violaciones, lo que fue aprobado por aclamación por los asambleístas, autorizando al Consejo Nacional, que deberá designar abogados y dar cumplimiento a dicho mandato.

Durante la Asamblea se procedió a renovar una tercera parte de los miembros del Consejo Nacional, para elegir a cuatro de los doce miembros que integran el Consejo Nacional, resultando electos Javier Cabreja, Roberto Álvarez, Fatima Lorenzo y Ramón Phipps,  quienes sustituyen a Francisco Álvarez Valdez, Somnia Vargas, Samir Chami Isa y Luis Sánchez Limardo, quienes terminan su mandato.

En años recientes diversos países latinoamericanos han aprobado políticas explícitas destinadas a reducir los fenómenos de la violencia y del delito. Diversas publicaciones han analizado la coherencia de dichas políticas, las debilidades institucionales que dificultan su aplicación y los factores políticos que inciden en la posibilidad de reformar las instituciones de seguridad pública. 

Esta publicación surge de la convicción de nuestro Centro, que el tema tiene significativa importancia teórica y práctica. Desde luego, se hace necesario saber si las políticas en aplicación tienen impacto positivo y, si no lo tienen, las razones que lo explican. 

Esta que pareciera una pregunta fácil de responder, no lo es tanto, cuando se considera que recién se comienza a evaluar el impacto de programas específicos, y que la evaluación de políticas es muy escasa. De allí que los diagnósticos respecto del funcionamiento del accionar público en este ámbito constituye un aporte significativo al progreso en esta materia. (Descargar Libro…)

Elaborado para el Instituto de Asuntos Publicos del Centro de Estudios y Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, por:  Claudio Fuentes S. – Carlos Basombrío I. – Emilio E. Dellasoppa – Hugo Frühling E. (Descargar Libro...)

"Candelier y Guzmán tienen el mayor número de muertes"

Aunque se ve a simple vista y aunque todas las encuestas reflejan que la seguridad ciudadana se percibe como uno de los problemas más graves, incomprensiblemente el tema sigue transitando por una infinidad de comisiones en busca de definición, comprensión y, quién sabe, solución.

Todo el que se haya involucrado en el tema ha pasado por el temor de haber caído en el estudio del tipo de problemascuya solución es incierta y a los que, en el mejor de los casos,  tanto responsables, como consultores y comunicadores, despachan con afirmaciones rimbombantes como “se trata de un problema multifactorial”, “requiere un abordaje integral” o “es un problema de toda la sociedad”. Y ya se sabe que, como en el cuento, los problemas que son de todos casi siempre los resuelve ninguno.

Más peligrosas, y también más caras, resultan tesis sin ningún respaldo o evidencia empírica como aquella que afirma que desigualdad y violencia se correlacionan positivamente. Es verdad que hay autores que creen en eso, pero también los hay que dicen lo contrario.  De ahí para adelante la decisión es política. Sirva como tímido ejemplo recordar que de acuerdo con la CEPAL, Chile y República Dominicana tienen niveles de desigualdad prácticamente iguales, pero las muertes violentas en República Dominicana fácilmente sextuplican a las de Chile. Entonces… la cosa va por otro lado.

¿Qué es la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es el  derecho de las personas a ser y sentirse protegidos de la violencia o del despojo deliberado por parte de otros. Y como es un derecho, el único responsable de su plena vigencia es el Estado.

Es bueno recordar que entre las muchas definiciones de seguridad ciudadana existen algunas que son herederas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en especial luego de las transiciones latinoamericanas a la democracia con un fuerte componente policial y un atractivo ingrediente comunitario y participativo.  Este enfoque invita a la corresponsabilidad social ante la debilidad de los Estados para asegurar a todos el derecho a vivir en un ambiente libre de riesgo.

Resulta difícil encontrar textos que tratan de la “seguridad ciudadana” en los que el recurso de la participación no aparezca como condición para disminuir los niveles de inseguridad.  Lo que no es posible encontrar fácilmente es una descripción de lo que en esa materia se espera de la comunidad.

La consecuencia de lo anteriormente expuesto conduce al reconocimiento de una ambivalencia contradictoria en las políticas criminológicas del Estado.  David Garlandla representa “entre el intento del Estado de ejercer soberanía a través de la represión y la confesión de impotencia a través del llamado a la ciudadanía a organizarse”.

Si la responsabilidad del pleno ejercicio de los derechos es una irrenunciable responsabilidad del Estado, que los vecinos colectivamente lleven a cabo medidas de autoprotección, más que participación constituye una privatización de la seguridad, especialmente de la seguridad de los pobres.  Y peor aún, es el reconocimiento de que el Estado, “responsable de la gestión de riesgos sociales” ha sido superado en su deber de proteger bienes y vidas.

El error, si es que fuera un error, está en no reconocer como un elemento común a los países con altos índices de inseguridad a aquellos cuyos Estados son manifiestamente precarios, tanto desde el punto de vista institucional (República Dominicana) como desde el control del territorio (Colombia). El capitalismo globalizado debilita los Estados nacionales, desestatiza y fortalece a los actores privados. Los nuevos conflictos políticos e institucionales, en el marco de la precariedad del Estado se hacen visibles por ejemplo, en la negociación o en la negación de competencias y de recursos a distintos niveles del Estado (los periódicos son pródigos en mostrar este tipo de situaciones).

Los gobiernos de derecha tienen una especial tendencia a favorecer las políticas de “mano dura”, a las soluciones policiales que muchas veces incluyen la ‘militarización’ de la policía y la ‘policialización’ no sólo de las Fuerzas Armadas sino tambiénde algunas de las llamadas políticas sociales -viviendas, programas de empleo, cursos de peluquería o “emprendedurismos” a la población en riesgo de caer en conductas ilegales. Sobra decir que este tipo de “Planes” no han mostrado mucho éxito, y todo por una razón que es bastante simple: Cuando no existe institucionalidad, es decir cuando los ciudadanos no tienen claro cuáles van a ser las consecuencias de determinada acción, la posibilidad de que se actúe fuera de la ley, será mayor.

Mucho peor es el hecho de saber que ante una conducta reñida con la ley no habrá sanción.  El camino está abierto para los delincuentes: no hay nada que favorezca más a la inseguridad que la impunidad, pues no es otra cosa que la protección del Estado a quienes cometen delitos.

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Es una publicacion realizada por el Banco Iteramericano de Desarrollo, donde un conjunto de expertos exploran en las siguientes interrogantes: ¿Es posible impulsar una nueva generación de reformas en materia de prevención de la violencia y la seguridad ciudadana en la región? ¿Qué nueva frontera de conocimiento y de intervenciones de políticas públicas se requiere alcanzar para dar efi ciente respuesta a la creciente demanda ciudadana por construir sociedades más pacífi cas y con menos violencia? ¿Cómo salir, en defi nitiva, del laberinto que aprisiona a la ciudadanía democrática en esta cuestión?

La búsqueda de conclusiones para este conjunto de preguntas ha sido el fin de los trabajos que aquí presentamos. El propósito de este libro consiste, por tanto, en reseñar un estado de la problemática de la prevención de la violencia y de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe tras una década de implementación de diversos proyectos e iniciativas para contener la incesante exigencia ciudadana sobre este particular. (Descargar Libro…)

Participación Ciudadana expresa su profunda consternación ante los reprobables acontecimientos acaecidos el pasado domingo en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y rechaza el uso de todo género de violencia y confrontación que en vez de solucionar la crisis a esa organización tiende a agravarla.

La violencia que estalló el domingo podría degenerar en hechos aún más graves si esa comunidad política prosigue por el derrotero de la imposición, la intransigencia y ausencia de concertación para solucionar una crisis que tiene raíces arraigadas y múltiples responsabilidades.

La crisis del PRD es una expresión del desprecio por los principios fundamentales de la institucionalidad democrática y del debilitamiento de los organismos estatutarios que rigen el accionar político, de lo que viene adoleciendo el sistema partidista dominicano en su conjunto. La solución es compleja pues no existen instancias que gocen de la suficiente credibilidad y aceptación por todas las partes involucradas.

 El nivel alcanzado por esta crisis es de tal gravedad, que requiere grandes energías constructivas de sus dirigentes y militantes, que tienen que ser los actores fundamentales. Sin perder de vista la legalidad, de lo que verdaderamente se trata ahora es de la legitimidad que sólo puede ser recuperada con la expresión libre y mayoritaria de los perredeístas.

La solución no puede venir de un mandato externo, pero sí parece necesaria una ayuda que aliente el entendimiento y la concertación para establecer mecanismos que permitan una renovación democrática de sus dirigentes, acorde con los principios establecidos en los estatutos que se ha dado esa organización.

Participación Ciudadana respalda firmemente la convicción prevaleciente en los editoriales y comentarios de la mayoría de los medios de comunicación, de sectores independientes y de múltiples núcleos de los mismos perredeístas, que han propugnado por una solución a la crisis a través del diálogo y la concertación. Alentamos las recientes iniciativas, en marcha aún antes de la violencia del domingo, que buscan establecer un mecanismo idóneo de mediación.

El PRD, principal partido opositor de la oposición, no puede desertar de la responsabilidad que le otorgó el 47% del electorado sumiéndose en una confrontación que lo cubre de descredito y lo coloca al borde de la división, poniendo en peligro hasta la estabilidad democrática de la nación.

Participación Ciudadana formula votos porque prevalezca la voluntad democrática de la mayoría de los perredeístas a lo que deberán contribuir los organismos de arbitraje estatal, los medios de comunicación y la observación de la sociedad dominicana, especialmente de las instituciones preocupadas por el imperio de la institucionalidad democrática.

Consejo Nacional
30 de enero del 2013