Participación Ciudadana lamentó el silencio y la poca receptividad de la Comisión Organizadora del Convención del PRD, para que los observadores de dicha organización cívica tuvieran acceso a las mesas de votación para presenciar el proceso interno.  “A solo cinco días para la Convención, ya no quedaría tiempo para organizar una observación con los estándares de calidad con los que Participación Ciudadana acostumbra a trabajar, por lo que lamentamos informarle que hemos decidido no continuar los esfuerzos para observar la Convención que deberá celebrarse este domingo 20 de julio”, comunicó al candidato a la presidencia del PRD Guido Gómez Mazara,   el movimiento cívico no partidista.

El día 30 de mayo del 2014, Guido Gómez Mazara invitó a Participación Ciudadana a “servir en condición de observador del proceso interno en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)”.  De igual modo el 20 de julio, comunicó el movimiento cívico al Ing. Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, el interés de conocer si la alta dirigencia de ese partido, así como la Comisión Organizadora de la Convención, colaborarían para realizar la solicitada observación del proceso. Como respuesta el Ing. Miguel Vargas Maldonado,   comunicó el 20 de junio, que remitía dicha solicitud ante la Comisión Organizadora de la Convención.

“Sin la colaboración de la Comisión Organizadora nuestros observadores no tendrían acceso a las mesas de votación para presenciar el proceso mismo de votación y de escrutinio de los votos, al centro donde se recibirían las actas provenientes de las mesas electorales y otras informaciones indispensables para lograr algún nivel de efectividad en la observación”, advirtió la organización de la sociedad civil.

Participación Ciudadana es  un movimiento cívico que posee experiencia observando de manera exitosa procesos internos en los partidos políticos, como han sido los casos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano y en ambos casos  ha contado con la colaboración de los responsables internos de los partidos. Sin embargo, para observar la Convención Ordinaria del Partido Revolucionario Dominicano de este domingo, la organización de la sociedad civil ha estado aguardando prácticamente hasta el último momento posible la respuesta de colaboración sin haberla recibido hasta el día 15 de julio de 2014.

En el Informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, se puede apreciar que de 9 medidas valoradas y monitoreadas,  7 no han sido cumplidas, esto es  77% y 2 medidas se encuentran en proceso de implementación, es decir, 22%.

El Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, fue firmado por el Lic. Danilo Medina Sánchez, el cual contiene 21 compromisos fundamentados en Convenciones Internacionales contra la Corrupción, la Constitución  de la República y las leyes  vigentes.

Participación Ciudadana con la firma del Protocolo se comprometió a realizar un monitoreo periódico de su cumplimiento.  Hoy martes 1 de julio presentamos el Segundo Informe, en el cual  se incluyen sólo las medidas  de las que se dispone de información objetiva y cuyo cumplimiento depende fundamentalmente de la voluntad política del compromisario, el presidente Danilo Medina y su gabinete.

El Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo al Protocolo por la Transparencia e  Institucionalidad identifica los siguientes hallazgos:

1. Se ha producido un retroceso en la transparencia de muchas instituciones. Informaciones que antes estaban disponibles han desaparecido de las páginas web, como es el caso de la nómina pública. Por esta razón, es difícil monitorear aspectos relevantes a los que se comprometió el Presidente, como la disminución al alto número de viceministerios, la eliminación de cargos  superfluos y el control de los gastos de personal.
2. La creación de la Cuenta  Única del Tesoro (CUT) a la fecha, el proceso de creación no ha sido completado, aunque debe reconocerse que se han realizado esfuerzos para lograr ese objetivo. No obstante seguimos estancados en la incorporación de las instituciones del Gobierno Central y sobre todo para incorporar las instituciones públicas descentralizadas y autónomas.
3. Las medidas realizadas de eliminación de estructuras orgánicas infuncionales,  no son significativas y aún se mantienen duplicidades innecesarias como por ejemplo entre  el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, así como también las que existen en el sector del transporte público, en el sector de la vivienda,  en el área del sector social, entre otros.
4. El Presidente ha mantenido el nombramiento de viceministros dentro del marco de los máximos establecidos por la ley, se conoce que los que ocupaban esas posiciones en el anterior gobierno han sido transferidos a otras posiciones con iguales o mayores rangos salariales.
5. Hasta la fecha no se observan iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular. En la nómina del MIREX, no se  manifiesta una voluntad del Presidente de la República Dominicana de cumplir con la medida 9, para que “el servicio exterior transite por el camino de la profesionalización de las funciones diplomática y consular”.
6. La independencia funcional del Ministerio Público  ha sido cuestionada particularmente en los casos de denuncias y querellas  por actos de corrupción de alta notoriedad, al decidir archivar los expedientes  sin realizar investigación.
7. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), ni la Procuraduría General de la República han rendido un informe sobre la verificación de las declaraciones juradas, lo que nos obliga a concluir que en ninguna instancia del Estado se realiza algún ejercicio de investigación sobre los bienes declarados por los funcionarios públicos.
8. Se evidencia el incumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Bienes, el órgano responsable de la  Procuraduría General de la República, no realiza una comprobación y  verificación del contenido de las declaraciones, como estableció el compromiso asumido por el Presidente cuando firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, el cual  concertó  un plazo de 120 días para presentar los resultados de la verificación.
9. El Presidente se comprometió a impulsar la aprobación de una legislación que tipifique y castigue el enriquecimiento ilícito y que invierta el fardo de la prueba cuando se genera patrimonio cuyo origen lícito se desconoce y cursa un proyecto de ley en discusión en el Congreso que cubre ambos aspectos, pero el mismo se encuentra en una carretera de doble vía entre ambos hemiciclos y tiene ya muchos años dando vueltas entre ambas cámaras sin llegar a una aprobación final.
10. Las acciones y políticas de prevención para evitar violaciones del régimen ético de los servidores públicos se puede constatar, en el lanzamiento a destiempo de dos Ministros a la actividad política partidista en violación al art. 80  de la Ley No. 41-08, que prohíbe a los funcionarios públicos  a “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político.” En tal sentido, no se percibe interés del Jefe de la Administración Pública de subordinar a sus subalternos a la Constitución y a la ley, ni mucho menos a la sujeción del régimen de consecuencias establecido en la Ley No. 41-08.
11. Es significativa la cantidad de instituciones que manejan cuantiosos recursos y que se niegan a someterse a la supervisión y control de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, como es el caso de la Junta Central Electoral. Es necesario que el presidente Medina manifieste contundentemente su voluntad de que se avance en el cumplimiento de la Ley No. 340-06, la cual incluye a todas las instituciones que manejan recursos públicos centralizadas o descentralizadas.
12. Está pendiente la decisión del Gobierno de terminar con los conflictos de intereses que dominan las compras y contrataciones públicas. Es ampliamente conocido que numerosos funcionarios y servidores públicos son propietarios de empresas que negocian con el Estado, constituyéndose esta en una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito y de pago de favores políticos y mutuo  encubrimiento entre copartidarios.
13. En lo relacionado a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, pueden destacarse progresos en la organización, en el registro de proveedores y la capacitación de los mismos para el cumplimiento de la normativa y la agilización de los procesos. Sin embargo, aún existen debilidades en los mecanismos de prevención de conflictos de intereses, de manera particular en la verificación de la información del Registro de Proveedores,  de manera que pueda identificarse quienes no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado, de una manera ágil, contribuyendo con la prevención de la corrupción.

Participación Ciudadana espera que para el III Informe de Seguimiento y Monitoreo,  el compromiso del presidente Danilo Medina Sánchez, se manifieste con acciones que permitan valorar con mayores niveles de cumplimiento el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito por el candidato hoy presidente de la República, en fecha 7 de mayo del 2012.

Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

El movimiento cívico Participación Ciudadana puso en circulación este jueves 26 de junio el libro “La Corrupción sin Castigo” que recopila las denuncias reseñadas por los medios de comunicación sobre casos de corrupción administrativa desde el año 2000 hasta el 2013.

En 257 páginas la edición recoge 94 denuncias de corrupción realizadas por una gran variedad de personas e instituciones, no solo de la oposición política o de instituciones dedicadas al tema, sino además provenientes de organismos oficiales.

Participación Ciudadana busca que esta recopilación sirva como herramienta de investigación para aquellos estudiosos que busquen entender el fenómeno de la corrupción en la República Dominicana.

También persigue que este libro cumpla una función educativa para la prensa, empresarios, políticos, educadores, profesionales en general, así como toda la población, de modo que no solo rechacen la corrupción, sino que la denuncien y pongan en práctica una tolerancia cero.

Los casos reseñados se encuentran en diferentes situaciones extraprocesales y procesales: unos simple denuncia en los medios,  otros  en denuncias o querellas ante el Ministerio Público, donde están en fase de interrogatorios o investigación, algunos en etapa preliminar o de juicio y otros ya concluidos cuyas decisiones varían desde el archivo, auto de no ha lugar, absolución,  descargo, puesta en libertad y se resaltan 8 condenas.  Llama la atención que en la investigación la motivación de la denuncia o de la querella es en base a las auditorías realizadas por empresas privadas por la Contraloría General o por la Cámara de Cuentas,  las cuales ascienden a 17.

En este sentido, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Sonia Díaz Inoa, durante la presentación del libro resaltó el hecho de que  los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil han realizado numerosas denuncias de corrupción y que las autoridades no han hecho nada.

"El sistema judicial dominicano no ha sido capaz de investigar a profundidad los casos denunciados y mucho menos de sancionarlos", indicó Díaz Inoa.

Mientras que, Miriam Díaz Santana, Coordinadora de la Comisión de Transparencia calificó de inaceptable el argumento de que en el país no hay suficientes leyes para sustentar el castigo de la corrupción.

"Si bien podría mejorarse o endurecerse las penas, esto no justifica que nadie o muy pocos hayan recibido castigo por actos de corrupción y que una gran parte de  las personas que aparecen en estos expedientes y denuncias sean funcionarios, legisladores y políticos activos que descaradamente utilizan las riquezas sustraídas para mantener su vigencia política”, manifestó Díaz Santana.

En dicha actividad participaron además el  periodista Fausto Rosario, el padre jesuita Pablo Mella y la socióloga Rosario Espinal.  Fausto Rosario hizo un análisis de la corrupción desde la perspectiva del periodista, resaltando el rol que juegan  tanto  la denuncia periodística así como los medios de comunicación en general “los cuales no deben hacer el papel de los órganos de investigación estatal frente a la corrupción administrativa”, argumentó.  Pablo Mella analizó la corrupción dentro de un Estado de derecho, afirmando que ésta forma parte del círculo vicioso de la cultura política dominicana, donde de cualquier lado que se quiera atacar se puede hacer por la circularidad en que se desenvuelve.

Rosario Espinal  examinó la corrupción tomando en cuenta  el botín que representa el Estado y donde todos los sectores quieren participar  en ese mecanismo de distribución de la riqueza que esa circularidad citado por Pablo Mella representa.  Afirmó que la situación es sumamente compleja pero hay que analizar las posibilidades de cambios donde la sociedad civil juega un papel muy importante, concluyó.  El acto culminó con la lectura del compromiso ciudadano Impunidad 0 a cargo de Claudia Capano.

Participación Ciudadana enfatiza que esta recopilación no representa una acusación de culpabilidad y mucho menos una prueba contra ninguna de las personas mencionadas en las denuncias, ya que esa es una labor reservada estrictamente para las autoridades del sistema de justicia dominicano, en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico.

Participación Ciudadana evalúa como positiva la iniciativa legislativa presentada por el presidente Danilo Medina para resolver la situación de los afectados en sus derechos por la sentencia del Tribunal Constitucional No. 168-13 y al problema generado por la resolución de la Cámara Administrativa de la JCE en el  año 2007.

El movimiento cívico apartidista señaló que “devolver la nacionalidad a decena de miles de personas es un paso de avance ante el drama humano que durante décadas el Estado dominicano ha permitido a través de sus deficiencias institucionales y burocráticas, reconociendo que los mismos nacieron en el  territorio dominicano, que le fue expedido un documento de identidad, que desarrollaran su vida civil  y generaron un arraigo indiscutible en la sociedad dominicana”.

Los fundamentos de los principios democrático, voluntad popular y pro homine permiten a los órganos públicos resolver las situaciones generadas a partir de la sentencia del TC, no sin antes reconocer la situación que enfrentan las personas que han sido desprovistas de su documento de identidad  sin el cumplimiento de un debido proceso constitucional,  las cuales se han comportado bajo la premisa de que gozan de nacionalidad dominicana y cuyas consecuencias compete al Estado enfrentar ya que fue éste último que lo proveyó de la documentación correspondiente.

Participación Ciudadana reconoce que con este paso se avanza hacia la solución del conflicto pero no se concluye, porque hay que esperar que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo aprueben y promulguen dicha ley así como de que el último desarrolle el reglamento correspondiente, el cual tendrá un plazo no mayor de 60 días a partir de la promulgación de la ley.

Sin embargo,  extendemos nuestra preocupación sobre  aquellos descendientes de padres extranjeros en condiciones de irregularidad que no han sido declarados en el registro civil, ya que no se percibe un mecanismo sencillo, accesible y razonable para dotar de documentos de identidad en condiciones de igualdad sin correr el riesgo de que esas personas pudieran quedar en condición de apátridas.

En tal sentido, el movimiento cívico exhorta “a que se den los pasos conclusivos a la mayor brevedad para restituir a los privados de la  nacionalidad de su documento de identidad, para recuperar sus derechos,  validar su situación,   resolver este conflicto que, más que jurídico, es un conflicto de derechos humanos, los cuales no admiten demora por sus repercusiones nacionales e internacionales”.

Consejo Nacional
Mayo 16, 2014