Participación Ciudadana (PC), Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional,  visitó al Diputado Henry Merán, presidente de la Comisión Especial  para el estudio de los proyectos de leyes de partidos políticos que fueron reintroducidos en la presente legislatura.   Estuvieron presentes, además,  los diputados Miriam Cabral, Radhamés Camacho,  Alfredo Martínez, Jesús Martínez, Adalgisa Pujols, Joany Guzmán, Lupe Núñez, Máximo Castro, Carlos Gabriel García, Ramón Antonio Bueno, Graciela Fermín, Víctor Gómez Casanova, Jorge Frías y Pedro Alejandro Aguirre.

La comisión del movimiento cívico no partidista, encabezado por la Dra. Sonia Díaz Inoa, coordinadora general, hizo entrega formal, la posición y propuesta relativas al proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que recientemente sometió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Le acompañaron, además, Dra. Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva, Samir Chami Isa, Somnia Vargas, miembros del Consejo Nacional, respectivamente.

“Participación Ciudadana ha tenido una presencia relevante  desde que se iniciaron las discusiones para una Ley de Partidos, y es una lucha por más de 15 años fruto del largo proceso de discusión de una propuesta de ley”, expresó la Dr. Díaz Inoa. “Queremos dejar constancia de nuestra posición sobre aspectos importantes que han figurado en la generalidad de los consensos, que de no tomarse en cuenta implica volver a comenzar y dilatar una legislación fundamental  frente a la crisis que vive el sistema de partidos políticos”, agregó.

De los temas cuestionados, por la organización de la sociedad civil,  están la  inconstitucionalidad  del  renunciante al partido o agrupación política y al cargo de elección popular , el desconocimiento de la cuota legal del 33 por ciento de las mujeres a  cargos directivos de los partidos, la reducción del porcentaje del financiamiento público que los partidos deben destinar a la educación política y la formación electoral,  el límite excesivo al derecho de asociación política, las exigencias estrictas a los nuevos partidos, la laxitud en la transparencia y reducción de la rendición de cuentas en el financiamiento, el desconocimiento del valor de las entidades sociales  y la participación de la ciudadanía, entre otros.

El movimiento cívico advierte que la propuesta del PLD desestima muchos de los planteamientos que antes compartía con otros partidos y la sociedad civil. “La preocupación es mayor por cuanto parece haber abandonado las consultas a la sociedad que lo caracterizaron, y porque al disponer de amplia mayoría en ambas cámaras legislativas implica una tendencia a la imposición que no se corresponde con los avances democráticos de las últimas décadas”, reitera la representante de PC.

Octubre 6, 2014.
Santo Domingo, Distrito Nacional.

1.- Una ley acariciada durante 16 años

El anteproyecto de Ley de Partidos Políticos entregado al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contiene parte  de las propuestas presentadas  por la Junta Central Electoral en el proyecto de ley que introdujo dicha institución a las cámaras legislativas en junio del 2011, fruto del largo proceso de discusión de ese instrumento jurídico, pero lamentablemente desconoce múltiples consensos que involucraron no solo a los partidos políticos y órganos estatales, sino también a instituciones de la sociedad civil, hasta hacerlo altamente regresivo.

El primer consenso se produjo en el 1999,  bajo la coordinación de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, resultado del Diálogo Nacional convocado por el primer gobierno del PLD, el cual involucró a la mayoría de los partidos y a casi todas las instituciones de la sociedad civil. Este anteproyecto nunca fue introducido al Congreso.

En el siguiente gobierno, del Partido Revolucionario Dominicano, volvió a discutirse la propuesta, entonces con la coordinación del Consejo Nacional de Reforma del Estado, involucrando nuevamente una amplia representación política y social. Llegó al Congreso en varias oportunidades, pero nunca pasó de las comisiones. En los años siguientes se fueron acumulando nuevos proyectos, con ligeras variantes, que han sido introducidos al Congreso por distintas bancadas y legisladores, pero hasta ahora no ha pasado de las comisiones, aún cuando dos partidos se alternaron en el control de la mayoría de ambas cámaras.

2.-  El proyecto del PLD es regresivo

El proyecto del PLD llega después que comisiones de diputados han pasado dos legislaturas discutiendo unas cuatro propuestas, incluyendo la presentada por la JCE. Nadie le puede negar el derecho a presentarlo pero es lamentable que después de 16 años de discusiones desconozca aspectos importantes que han figurado en la generalidad de los consensos, lo que casi implica volver a comenzar y dilatar una legislación fundamental para el fortalecimiento del proceso democrático.

El retraso es más lamentable porque también está pendiente la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral, llamada a actualizar las normativas electorales a la luz de la Constitución promulgada en el 2010, que introdujo importantes modificaciones  al respecto, y a reglamentar todo lo concerniente a las campañas para las elecciones generales..

Es relevante que la propuesta del PLD desestima muchos de los planteamientos que antes compartía con otros partidos y la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia dominicana a través de una ley de partidos. La preocupación es mayor por cuanto parece haber abandonado las consultas a la sociedad que lo caracterizaron, y porque al disponer de amplia mayoría en ambas cámaras legislativas implica una tendencia a la imposición que no se corresponde con los avances democráticos de las últimas décadas.

Invitamos a ese partido y a toda la sociedad dominicana a reivindicar la consulta y el consenso como mecanismo de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Aprobar las propuestas presentadas por el partido gobernante sería una enorme burla a las expectativas de tantos años.

3.- Cuestiones que rechazamos de la propuesta

Participación Ciudadana ha tenido una presencia relevante  desde que se iniciaron las discusiones para una Ley de Partidos, pero en aras de la brevedad de este documento, sólo nos referiremos a continuación a los planteamientos que no compartimos de la propuesta del Partido  de la Liberación Dominicana, tomando como referencia el proyecto de la JCE y después de un estudio pormenorizado:

3.1.- Lo más inaceptable, con categoría de inconstitucionalidad, es el párrafo del Artículo 3 que reputa como “renunciante al cargo de elección popular, el afiliado que renuncie al partido o agrupación política que le ha presentado como candidato”, pues implica subordinar el derecho a elegir y ser elegido, en perjuicio no sólo de los beneficiarios del sufragio, sino también de quienes los invisten de representación. De hecho una alta proporción de la ciudadanía no milita en los partidos y vota para escoger representantes y autoridades.

3.2.- Una de las razones  para promover una ley de partidos ha sido, desde el inicio, la consagración de las elecciones primarias como mecanismo para elegir candidatos, lo que ahora el PLD pretende dejar a voluntad de cada partido, eliminando el artículo 33 del proyecto JCE. La votación universal de la militancia partidista es el mecanismo más democrático para elegir candidatos y debe ser obligatorio, por lo menos para todo el que reciba financiamiento del Presupuesto Nacional.

3.3.- Es inexplicable que se reconozca la cuota legal del 33 por ciento de las  candidaturas a los cargos de representación congresual y municipal como acción afirmativa a favor de las mujeres y que no se consagre lo mismo en los cargos directivos de los partidos, ya que lo primero a ser incentivado para superar la desigualdad de género, es la participación femenina en la actividad política.

3.4.- Consideramos reprochable la reducción del porcentaje del financiamiento público que los partidos deben destinar a la educación política y la formación electoral, del 25 por ciento propuesto por la JCE a un 10 por ciento, y a cero en los años de elecciones generales, aunque en estos la contribución se duplica y se requiere entrenamiento de delegados a los colegios electorales.

3.5.- No se justifica que el PLD modifique las definiciones de los partidos (art.2) para suprimir la parte final referente a que deben influir en la dirección del Estado “en sus diferentes instancias, expresando la voluntad ciudadana, para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad”.

3.6.- Tampoco  se justifica la supresión  de la segunda parte del Párrafo III del art. 2 del proyecto JCE que plantea que los partidos “deben contribuir con la formación de los y las ciudadanas en materia de ética ciudadana, educación cívica y manejo de las funciones públicas, y realizar otras actividades complementarias que no estén expresamente prohibidas por la Constitución de la República y las leyes.

3.7.- En los principios y valores fundamentales, (art. 7 de la propuesta del PLD), se suprime “el reconocimiento de los derechos de las minorías”, que es consubstancial a la democracia y que son derechos reconocidos en la legislación de todos los países donde impera un Estado de derecho.

3.8.- En el Párrafo I del art. 10 se eleva a 18 meses antes de las elecciones la fecha límite para la solicitud de reconocimiento de partidos y agrupaciones políticas, y se deja hasta un año,  (6 meses antes de los comicios) para que la JCE emita su veredicto. En cada caso se aumentan 6 meses, lo que se constituye en un límite excesivo al derecho de asociación política. Con las actuales tecnologías la JCE no precisa más de dos o tres meses para decidir si procede o no un reconocimiento legal.  Coloca en desventaja a los nuevos agrupamientos cuando los ya establecidos comenzarían su campaña interna un año antes de los comicios. Los condicionamientos para reconocer nuevos partidos, al igual que en el proyecto de la JCE, son muy rígidos, por ejemplo cuando se les requiere tener locales abiertos en zonas urbanas de todos los municipios cabeceras de provincias, cuando sería razonable postular en más de la mitad, dejando la posibilidad de debilidad en algunas.

3.9.- Tanto el PLD como la JCE son más exigentes con los nuevos partidos, al reclamarles, durante el proceso de organización y reconocimiento, un presupuesto de ingresos y gastos, “con indicación detallada de los aportes recibidos y sus fuentes, así como de los egresos realizados hasta la fecha de solicitud. Nombre y cargos de las personas autorizadas a recabar y recibir fondos  a nombre de la organización política y de las que aprueban los desembolsos y detalles del manejo de los fondos”, art. 10, letra i. Esos detalles no se les exige a los partidos reconocidos ni siquiera sobre los fondos públicos que reciben.

3.10.- En cambio el PLD reduce la rendición de cuentas de los partidos al eliminar la letra j del artículo 11 del proyecto JCE que instituye la presentación del “presupuesto de ingresos y gastos del partido o agrupación política, cada año, hasta la fecha de las próximas elecciones generales, con indicación detallada de las fuentes de ingresos, los cuales estarán avalados y certificados por un contador público autorizado”.

3.11.- Es relevante que elimina el Párrafo III del artículo 53 del proyecto JCE que “prohíbe el uso de recursos públicos provenientes de cualquiera de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los Ayuntamientos municipales, para financiar actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de sus instancias durante el período correspondiente a seis meses del día de las elecciones generales”.

3.12.- La laxitud en la transparencia y rendición de cuentas es manifiesta cuando el PLD elimina la letra c del artículo 62 del proyecto JCE que instituye: “Llevar un registro de contribuyentes, el cual contendrá los nombres y apellidos de los contribuyentes, así como la cédula de identidad y electoral, la dirección y el monto de la contribución. Este registro será visado por la Junta Central Electoral cuando lo considere pertinente”

3.13.- En el art. 17 sobre  Deberes de los Partidos, se suprime la letra h del proyecto de la JCE que plantea “Respetar el desarrollo, la integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil”,  lo que se inscribe en una tendencia regresiva a desconocer el valor de las entidades sociales  y la participación de la ciudadanía en el proceso democrático.

3.14.- El art. 18  sobre Prohibiciones, se elimina la letra i del de la JCE que proscribe “Imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios”.

3.15.- El art. 21 sobre Elección de los Organismos Internos suprime el postulado “sin que en ningún  caso la duración de estos períodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular”. El período de 4 años debe ser también el límite de elección de los dirigentes, como propuso la JCE.

3.16.- Es notable que el PLD eliminara el art. 23 del proyecto JCE donde “se prohíben las designaciones para ocupar una función dirigencial o una postulación para un cargo electivo, que no emanen de la voluntad de los organismos competentes del partido o agrupación política y de la decisión de sus miembros (as) afiliados (as), conforme los estatutos”.

3.17.- Al igual que en el proyecto de la JCE, la propuesta del PLD repite la contradicción de plantear (en el art. 47) que  “La precampaña política de los partidos y agrupaciones políticas se limitará a lo interno de éstos”, y luego  en la letra b se indica “La promoción a través de los  mensajes publicitarios colocados y transmitidos  por los diferentes medios de comunicación”. Para reducir el alto costo de las campañas internas, que incentivan el rentismo y dan ventaja a los más pudientes, debería limitarse a los medios de comunicación de la jurisdicción correspondiente. La contradicción se repite en el art. 49 al postular que “Los precandidatos, sin perjuicio de lo que establecen  otras leyes nacionales, podrán realizar actividades de proselitismo político siempre y  cuando las practiquen dentro del ámbito interno de su correspondiente organización política”.

3.18.- Está ausente en el anteproyecto del PLD un límite al gasto de los candidatos y una información a los electores sobre el mismo y las fuentes de financiamiento, elementos fundamentales para reducir el costo de la democracia dominicana, el abuso de los recursos estatales y del financiamiento de fuentes ilícitas y para garantizar una competencia menos desigual.

3.19.- En el régimen de financiamiento a los partidos, el anteproyecto del PLD utiliza la misma distribución porcentual que la actual Ley No. 289-05, es decir, 80% del monto total en partes iguales a los partidos que obtengan más del 5% de los votos y un 20% a los partidos que obtengan por debajo del 5%. Sin embargo, este último 20% se distribuiría en partes iguales entre todos los partidos en lugar del sistema que actualmente existe, de distribuir el 12% en partes iguales y el 8% en proporción a los votos obtenidos. Proponemos que las proporciones  sean de dos tercios y un tercio, respectivamente.

3.20.- Otra modificación eliminaría el porcentaje fijo del presupuesto nacional que reciben los partidos políticos, que actualmente es de un ½ por ciento del presupuesto nacional en años electorales y ¼ por ciento en años no electorales, para que el Congreso lo determine cada año, lo que implica el riesgo de aumento, cuando lo procedente sería reducirlo, ya que en el 2012 superó los 1,400 millones de pesos.

3.21.- Las disposiciones de rendición de cuentas de los partidos políticos con respecto a sus ingresos y egresos no son muy diferentes a las existentes en la legislación actual, a pesar de la realidad de la opacidad que prevalece en los partidos en torno a este tema.

3.22.- Un detalle curioso es que se discrimina  para fines de transparencia los fondos privados de los públicos, cuando debería existir un control sobre ambos tipos de fondos. El anteproyecto plantea que la ciudadanía tendría derecho a acceso a información cuando se trate de fondos públicos, lo que significa que no los tendrá sobre los de origen privado. Por otro lado, se crea la cuenta única en cada partido, pero solo para manejar los fondos públicos. Resultaría altamente relevante que los mecanismos de control no distingan por el origen de los fondos.

3.23.- Las penalidades o sanciones es otra de las debilidades del ante proyecto del PLD.  Un buen ejemplo es que  la obstrucción a las labores de fiscalización por parte de la autoridad electoral, se sanciona a penas con una multa de 50 a 100 salarios mínimos del sector público. Igualmente, todas las violaciones que fomentan el clientelismo se sancionan con multas de 100 a 200 salarios mínimos del sector público. Con la misma multa se sancionan las violaciones a las disposiciones constitucionales que prohíben las violaciones a los derechos humanos, la discriminación, la violencia, amenazas, coacciones, engaños, el uso de la violencia y el despojo de candidaturas en violación a la ley. Los casos de financiamiento ilegal se sancionan solamente con multa equivalente al doble de las contribuciones ilegales recibidas. La venalidad  de las penas queda claramente demostrada cuando se sanciona la más grave infracción que puede cometerse en materia electoral, el fraude electoral, solo con la inhabilitación a puestos públicos electivos por un período electoral.

3.24.- Se atribuye competencia para conocer de las infracciones al Tribunal Superior Electoral, con excepción de las infracciones penales, que pertenecen a la jurisdicción penal, pero se deja la persecución de las infracciones electorales a la Junta Central Electoral o a cualquier “parte interesada con interés legítimo”, cuando debería estar a cargo de un fiscal electoral, pues es muy difícil que la JCE se embarque en perseguir a los partidos y sus miembros con los que debe lidiar para la celebración de elecciones.

Santo Domingo
25 de septiembre del 2014

Participación Ciudadana lamenta el rezago del Poder Ejecutivo para impulsar la implementación de la  Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que fue promulgada el 6 de agosto del  2013, hace un año. Igualmente registramos los mismos síntomas y lentitud para poner en marcha la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, la cual fue promulgada, hace 2 años y aún continúa sin ser aplicada.

Aprovechamos para reiterar que el Presidente Danilo Medina, cuando firmó el  Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, se comprometía a: “AUSPICIAR la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción”.

Lamentamos que a 2 años de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Administración Pública, aún no se aprueba el Reglamento General de Administración Pública, como ordena el artículo 86 de la misma Ley, que establece que: “El  o  la Presidente de la  República concretizará su política organizativa, en implementación de la presente ley, mediante un  Reglamento General de la Administración Pública deliberado en Consejo de Ministros y que  constituirá un conjunto coherente y actualizado de normas y nomenclatura de referencia para la Administración Pública bajo jerarquía o tutela del Poder Ejecutivo”.

Participación Ciudadana entiende que se han violentado todos los plazos establecidos en la propia normativa, para la aprobación del Reglamento de Aplicación para impulsar la operatividad y cumplimiento;  entre ellos se tenía un plazo de 1 año para la reestructuración de los órganos consultivos nacionales, suprimiendo las duplicidades existentes, creadas por décadas en la administración pública. Para ello falta la aprobación del Reglamento de Aplicación y la firme determinación de garantizar su cumplimiento.

En la misma situación de atraso en su implementación se encuentra la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que fue promulgada el 6 de agosto del  2013, hace un año, donde se tenía un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Administración Pública elaborara el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, el cual debió ser dictado por el Presidente de la República y aún no lo hace.

Recientemente, el Ministro de Administración Pública  (MAP), señaló que el Reglamento de la Ley de Salarios,  se encontraba en el Despacho  de la Consultoría Jurídica. El mismo  es indispensable para poner  a  caminar  ese importante instrumento  de la Administración, que  vendría  a organizar  uno  de los  aspectos más neurálgicos del  Estado Dominicano: el desorden salarial y la  desigualdad  que impera en el mismo,  a la hora  de su asignación.

Participación Ciudadana advierte que la ausencia  del Reglamento que debe servir para implementar la Ley de Regulación Salarial,  está vulnerando y  desconociendo la propia Constitución en su Artículo 140, que  reza “Ninguna institución  pública o entidad autónoma  que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones  tendentes  a incrementar la remuneración  o beneficios  a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron  electos o designados. La inobservancia  de  esta disposición será  sancionada  de conformidad con la ley”. Esto indica que la carencia de dicho Reglamento constituye una violación  a la Constitución.

Participación Ciudadana demanda que estos dos Reglamentos pendientes de aprobación y en manos del Presidente de la República sean aprobados, ya que su inobservancia  a  esta fecha  están violando preceptos  constitucionales, así como a las mismas leyes, pues las fechas previstas para emitir sus respectivos  reglamentos ya caducaron, poniendo en inmovilidad  los mecanismos institucionales de aplicación de dichas leyes, así  como la efectividad gubernamental, elementos primordiales de la gobernanza.

En las Casas Comunitaria de Justicia no existe una representatividad legal si no que la gente puede abordarlo, no importa si tiene conocimientos o no

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como una forma de facilitar a los más necesitados el acceso a la justicia, fue creado hace 8 años el proyecto de Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) por la organización cívica Participación Ciudadana, en la cual de cada 100 casos abordados por sus unidades de mediación, el 62 por ciento llega a acuerdos, evitando así los procesos en la justicia ordinaria, que son de altos costos para los ciudadanos y para el sistema judicial.

Con 5 casas que funcionan en distintas partes de la República Dominicana, las CCJ han recibido 51, 560 casos, de los cuales 27, 986 han arribado a arreglos.

“Lo que provee las CCJ es el uso de los métodos alternos de solución de conflictos para abordar los mismos, para que la gente enfrente sus propios problemas y lleguen a acuerdos mediante nuestras unidades de mediación civil”, manifestó Ruth Henríquez coordinadora técnica del programa, en una entrevista concedida a Acento.com.do.

Las CCJ funcionan como centros de asistencia judicial y tienen por objetivo la solución de casos menos complicados como riñas, manutenciones, deudas de alquileres, entre otros, que se consideran de fácil solución y de posibles acuerdos amigables entre las partes.

“Es una repuesta inmediata para los casos que son simples, pero que si no se abordan a tiempo entonces se complejizan y vienen los asesinatos, las riñas y robos de cierta magnitud en los cuales sí tiene que interferir la justicia formal”, explicó Henríquez.

Dentro del programa los involucrados no requieren de la asistencia de un experto en leyes que plantee una defensa u acusación contra los implicados.

“Algunas personas dicen que somos una casa de ahorro, porque los servicios son gratuitos y porque a la vez cada caso que se resuelve en la casa le ahorra un dinero extenso al Estado”,  puntualizó José Ceballos, coordinador general del programa.

Reveló que el costo de un caso judicial, en una primera instancia, ronda los 26 mil y 28 mil pesos “y si se va a otras etapas de la justicia implica un costo más alto, que es difícil cubrir”.

Explicó que cada casa tiene una cantidad de miembros según las necesidades de la institución, esto con un promedio de 12 o 15 individuos que laboran en un rango de ocho horas diarias.

Además, realzó que los fines de semanas imparten talleres de capacitación ciudadana sobre los Derechos Humanos, Desarrollo y Municipalidad, Masculinidad solidaria, Seguridad ciudadana y otorgan herramientas para la prevención de la violencia familiar y de género.

Mediante los talleres, en los últimos dos años han capacitado a más de 5, 337 ciudadanos, que además participan en jornadas de promoción sobre los servicios del programa Casa Comunitaria de Justicia.

“El promedio de tiempo para solucionar un caso de los que generalmente se presentan es de 2 horas y media, sin incurrir en un tipo de gastos en término de que se le pueda cobrar, y con un nivel muy alto de éxito en la que la gente respeta los acuerdos a que llegamos”, señaló.

Asimismo, cuando se les presentan casos complejos son remitidos a los Ministerios Públicos, que se encargan de abrir una investigación.

“Una de las innovaciones que tiene la casa es precisamente que ha logrado mantener una coordinación interinstitucional con la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, instituciones que tienen que ver con asuntos más puntuales como Proconsumidor e INDOTEL, más las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que se integraron para impulsar esta iniciativa”, expresó José Ceballos.

Los centros de atención están ubicados en San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega y Santo Domingo Oeste. “En octubre del año 2006, Participación Ciudadana abre su primera casa en el sector de Cienfuegos, en Santiago”.

La primera Casa Comunitaria, en los 8 años de trabajo, atendió 58, 432 usuarios y su éxito trajo consigo la apertura de otro centro en La Joya de la misma provincia en el año 2012, el cual ha atendido en 2 años, más de 9 mil casos.

La provincia Santo Domingo solo cuenta con un Centro de Mediación y Conciliación creado el 7 de diciembre del año 2007 y localizado en Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

El único núcleo en la región Sur ha recibido 49, 054 casos en 7 años de servicios. Con 5 años en funciones la CCJ en la provincia La Vega recibió 33, 794 usuarios del servicio de justicia; mientras que el centro de atención a casos judiciales en San Francisco de Macorís fue el último en ser puesto en marcha, el pasado 27 de enero del presente año, atendiendo 377 casos.

“El plan es tener a mediados del próximo año por lo menos 3 casas más. Esto comenzó con un proyecto modelo que para nosotros ya es un programa replicable y precisamente se están haciendo planes para inaugurar nuevas instalaciones en el Distrito, en la provincia Santo Domingo, en la región Este por lo menos en San Pedro y en la región Sur que puede ser Barahona”, refirió Elvis Soto, coordinador de Planificación e implementación del programa.

Soto destacó que las CCJ se encuentran en lugares accesibles para la población de cada comunidad y que en las fiscalías se les facilita la dirección de las casas de mediación a los que acuden a denunciar casos simples.

“La casa ha contado con una red de organizaciones y de promotores tanto en las mismas instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones comunitarios que son las que mueven a los que llamamos usuarios o personas necesitadas de orientación legal que estén pasando por algún conflicto, a que se dirijan a la casa o a través de las organizaciones o propias instituciones”, señaló.

Aseveró que en 8 años de existencia han logrado que los tribunales y las fiscalías bajen la atención a este tipo de problemas y puedan concentrarse temas de alta complejidad.

Articulo original de Kharla Pimentel / Acento.com.do. 6 de agosto de 2014

Participación Ciudadana (PC), Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, en el marco de la ejecución del  Proyecto “Impulso de la Participación e Incidencia de la Sociedad Civil en la Ejecución Presupuestaria”,  promueve la aprobación del proyecto  de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

En la Mesa de Reflexión fue presentado el Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, donde el movimiento cívico no partidista indicó la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales "arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo continuo a un proceso de reestructuración fiscal integral", como indica el Proyecto de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

En el referido proyecto se abordan las Reglas Fiscales del Gasto; Reglas sobre el Endeudamiento Público y se establece además que la deuda del Sector Público Consolidado, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), no pueda superar en ningún caso el 40%.

Participación Ciudadana entiende que la ausencia de dispositivos normativos y un sólido sistema de consecuencias para el control del endeudamiento público han generado dificultades en el sistema administrativo y financiero del Estado. En ese sentido, surge la necesidad de impulsar la adopción de mecanismos de controles claros, precisos, que permitan establecer medidas para garantizar la responsabilidad fiscal, aumentar la transparencia, transformando la gestión del gasto del Estado

Para instituir un mecanismo de control efectivo, es  necesario diseñar un estricto sistema de vigilancia, revisión y registro, seguido de un régimen de consecuencias efectivo e inquebrantable, que permita sancionar las infracciones, desobediencia, violación o inaplicación de las leyes.

La Ley No 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, señala que en el marco de la adopción del Pacto Fiscal, para la reestructuración integral del sistema, considerar la promulgación de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que establezca políticas, normas y sobre todo penalidades que sancionen su incumplimiento.

El déficit fiscal y el endeudamiento público han generado un empobrecimiento creciente de la población y una disminución de la calidad de vida, al tiempo que nos conducimos a la insostenibilidad fiscal,  si no avanzamos en la implementación de mecanismos que permitan el saneamiento de las finanzas públicas.

El movimiento cívico demanda la necesidad de que el Congreso Nacional conozca y apruebe el Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que tiene por objeto “establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la Nación”.

Además, la referida normativa establece: “la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencia que se deriva de su inobservancia violación o inaplicación”.

El proyecto de Ley en su contenido  destaca distintos aspectos novedosos, de manera particular, el sistema de consecuencias previsto en caso de violación de las disposiciones e indica la responsabilidad personal de los funcionarios y servidores públicos, quienes serán patrimonialmente perjudicados por sus acciones u omisiones que impliquen infracción a la misma.

En otro orden, la adopción de dicha normativa, permitirá el desmonte de la deuda pública, en el caso particular de nuestro país donde superamos los límites mínimos de endeudamiento, es necesario, una intervención política de reducción, control, fiscalización  y transparencia fiscal.

Las convenciones internas de los partidos tienen el mismo valor que las asambleas electorales, y en ambos casos los niveles de transparencia, de cumplimiento de las normas que las regulan y de las decisiones que dicta la autoridad competente, administrativa o contenciosa, son fundamentales.

Lamentablemente en la recién celebrada XXX Convención Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se han violentado tanto los niveles de transparencia como las normas y decisiones  que la regulaban.

La clara decisión de la Comisión Nacional Organizadora (CNO) de no responder la petición de observación que realizó Participación Ciudadana, a solicitud de uno de los candidatos, la negativa de permitir  en las mesas de votación delegados del mismo candidato, y las agresiones a los periodistas que cubrieron el evento, obscurecieron todo el proceso y lo deslegitimaron.

Es reprochable el rechazo de los delegados en las mesas de votación bajo el argumento de que no se acreditaron dentro del plazo establecido en los reglamentos, a pesar de lo dispuesto por el TSE en el sentido de que “resulta ostensible que los candidatos deben conocer con tiempo suficiente la ubicación de los centros de votación, así como la cantidad de dichos centros y la composición de las Comisiones Locales Organizadoras, a los fines de tener certeza respecto de la cantidad y la calidad de los delegados que habrán de designar ante dichos órganos”, resultando obvio que no medió un tiempo prudente entre la convención y la fecha en que se suministró tal información, además de desconocer la práctica electoral, aun en elecciones nacionales, de designar a los delegados hasta el mismo día de la votación.

La falta de transparencia se evidenciaba desde temprano cuando uno de los candidatos tuvo que acudir al TSE a fin de tener acceso al padrón electoral, pieza fundamental del proceso convencional, que además fue reducido en una proporción importante generando muchas denuncias de exclusiones, o por la dilación con que se dieron a conocer los lugares donde estarían ubicados los centros de votación.

La violencia y el caos terminó siendo la premisa que marcaría el cierre del proceso convencional, cuando se impidió a uno de los candidatos entrar por la puerta principal de la casa nacional del PRD en el Distrito Nacional, por donde había entrado el otro candidato y presidente del partido, pero sobre todo cuando una simple botella plástica lanzada al aire dio lugar a la represión a balazos de  las personas que acompañaban al candidato al que se le negó el derecho al voto.

La ciudadanía fue testigo de que en un importante número de centros de votación se suspendió la convención. Posteriormente el presidente del PRD alegó que se trató solamente en 7 centros, y que en la mayoría de los cuales luego se reanudaron las mismas. Sin embargo, esta posición discrepa seriamente de lo recogido por los distintos medios de comunicación que cubrieron el evento.

Aunque se impidió la observación que Participación Ciudadana ha realizado exitosamente en el pasado en convenciones internas de otros partidos, como el PLD y el PRSC, el proceso convencional no se vio privado de observación gracias a la excelente cobertura que los distintos medios de comunicación y redes sociales realizaron, a través de la cual quedaron demostradas las falencias del proceso.

Participación Ciudadana solicita a la Comisión Nacional Organizadora que publique en la página web del PRD las actas de todas las mesas de votación y los listados de las personas que ejercieron el derecho al voto, a fin de que pueda verificarse su regularidad. Si la Convención se realizó con la transparencia que alega la CNO, no tendrá reparo en cumplir con esta solicitud, para que todo el país conozca quiénes integraron cada mesa de votación, a qué hora se abrió la votación y a qué hora se cerró, así como a qué hora se pudo haber suspendido o a qué hora se reanudó, quiénes estaban en el padrón de cada mesa y quiénes efectivamente votaron, firmando el padrón respectivo.

Tras cerca de veintiún años de lucha por la institucionalidad, la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales, Participación Ciudadana no puede menos que expresar preocupación y tristeza frente a situaciones como esta, que nos retrotraen a épocas que se consideraban superadas en el país. Las actuaciones de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral en torno a la frustrada convención del PRD, deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la ilegalidad y la parcialidad de las autoridades que tanto sufrimiento causaron a este pueblo y a la cual, de ninguna manera debemos volver. Es necesario, retomar la lucha por la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, para fortalecer la institucionalidad de la democracia y evitar lo que sucedió en el PRD.