- El 2017 puede ser calificado como el año del destape de la corrupción y uno de los más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad, pero también pasará a la historia por el despertar de la ciudadanía, con renacimiento de la esperanza en que es posible edificar una sociedad mejor, con una lucha trascendente que marcará una nueva etapa en la sociedad dominicana.
- En el ámbito institucional y político las debilidades no se superan y las fortalezas no se consolidan y este año parece haberse perdido en el intento del grupo gobernante por imponer una ley de partidos a la medida de sus intereses, después de 20 años de discusiones, 15 de ellos en innumerables legislaturas, dos en este año.
- La justicia siguió siendo tratada como la cenicienta de los poderes del Estado, incapaz de renovarse a sí misma, siquiera aplicando los acuerdos establecidos en la Cumbre del Poder Judicial celebrada en el 2016. Mientras los ayuntamientos seguían relegados cada vez con menos recursos cuando apenas se le asigna el 2.8 por ciento de los ingresos nacionales, aunque la ley indica el 10.
- El año termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, la continuación del incremento de la deuda pública, y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía por medio de mayores ingresos provenientes de empleos productivos formales.
1.- El destape de la corrupción
1.1.- El escándalo Odebrecht.
El 22 de Diciembre del 2016 estalló el más escandaloso caso de corrupción de América Latina: Doce países del continente aparecieron involucrados en una compleja trama de corrupción, sobornos y financiamientos ilegales de campañas electorales. La constructora brasileña Odebrecht, conjuntamente con los gobiernos de esos doce países, planeaba y ejecutaba obras que eran asignadas en algunos casos sin concurso y en otros en concursos amañados que involucraron miles de millones de dólares. La propia compañía, después de ser obligada a llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y con sus principales ejecutivos presos en Brasil, confesó haber distribuido 788 Millones de dólares en sobornos en los países de América Latina y África. Legisladores, intermediarios y funcionarios del gobierno de la República Dominicana habrían recibido más de 92 millones de dólares, la segunda suma más alta involucrada, y con mucho la mayor en términos proporcionales al territorio y la población.
Uno de los aspectos más relevantes del escándalo fue que varios de los funcionarios de Odebrecht procesados en Brasil confesaron que la compañía había trasladado su departamento de sobornos a la República Dominicana cuando la justicia de allá comenzó a pisarle los talones, en busca de mejores condiciones para continuar sus operaciones delictivas en el continente y el mundo. Aún más, el impacto fue mayor porque uno de los procesados, el Sr. Joao Santana, quien fue apresado junto a su esposa al regresar a Brasil, era en ese momento y por varios años el principal asesor de campaña del Presidente Danilo Medina y tenía despacho en el Palacio Nacional.
Otro aspecto importante es el hecho de que justamente cuando el actual gobierno negociaba el mayor contrato con la Odebrecht, el de las plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina, se produjeron las más elevadas transferencias de fondos, 66 por ciento del total, al señor Ángel Rondón, personero que según declaraciones de la propia empresa se ocupaba de distribuir los sobornos.
Cuatro organizaciones de la sociedad civil interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia por medio de la cual solicitan que se investigue si en el país se recibieron fondos internacionales de la empresa Odebrecht para financiar campañas electorales, así como para reinstaurar en la Constitución la figura de la reelección presidencial en 2015. La Procuraduría General no ha dado curso a esta denuncia y nadie en el mundo oficial ha considerado necesario responderla.
A un año de haberse conocido este escándalo, el sometimiento formal a la Justicia de los pocos que fueron imputados por la Procuraduría General de la República aún está pendiente, todos están libres, la empresa sigue trabajando para el Estado Dominicano, más bien está exigiendo 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas eléctricas, y no ha cumplido la cláusulas más importantes del convenio de delación firmado, que la obliga a entregar todos los detalles de sus operaciones ilegales en el país, pero tampoco la Procuraduría General se lo ha exigido.
1.2.- El Año del Movimiento Verde
El escándalo Odebrecht produjo tal conmoción en el país que removió la conciencia de decenas de miles de dominicanos, produciendo el surgimiento de un movimiento con características y proporciones nunca visto en la República Dominicana. El domingo 22 de enero del 2017 se escribió un nuevo capítulo en la historia de las luchas sociales, cuando decenas de miles de personas, salieron a las calles para mostrar su rechazo a la corrupción y la impunidad imperantes, iniciando una cadena de movilizaciones que se mantuvo todo el año. Los ciudadanos/as asumieron con ahínco la lucha contra la impunidad, utilizando como identidad y símbolo de esperanza el color verde con la libertad y la creatividad que caracterizan nuestras luchas, esperanzas y anhelos.
A lo largo del año el Movimiento Verde recibió el apoyo de los más diversos sectores de la vida nacional, a todos los niveles, a lo largo de la geografía nacional y en varias otras naciones donde viven dominicanos. Se realizaron decenas de marchas masivas, manifestaciones de protesta, piquetes, conferencias y actividades artísticas que han teñido de verde el país.
1.3.- Los Tres Brazos, un barrio vendido con todo y gente.
El año comenzó con el escándalo de la venta del barrio Los Tres Brazos, con unas 14 mil familias en la Provincia Santo Domingo, que data del 1979. La Corporación de Empresas Estatales (CORDE), una de las entelequias que se usan como fuente de enriquecimiento para los gobernantes de turno, vendió el barrio con todas sus edificaciones y calles por 72 millones de pesos a la empresa Titulatec, de los cuales se estableció que apenas recibió netos 3.3 millones de pesos.
Al término del 2016 la prensa se había hecho eco de las denuncias cuando la empresa cobraba los solares a precios muchas veces superiores a lo pagado. Tres canales de televisión se unieron en una campaña que obligó al Presidente Medina a emitir un decreto disolviendo la estafa. Sin embargo, a pesar de que la Comisión designada realizó un informe correcto, todavía no se ha cumplido la recomendación de disolver la CORDE y no solo se le sigue otorgando recursos, sino que no se ha hecho una investigación exhaustiva de todos los negocios que se han hecho a costa del patrimonio nacional.
1.4.- Los sangrientos negocios del CEA.
La muerte de tres personas en San Pedro de Macorís puso en evidencia los sucios negocios que por décadas han realizado funcionarios públicos con los terrenos del Estado que administra el Consejo Estatal del Azúcar. La venta fraudulenta, sin aprobación del Congreso y la descarada estafa a ciudadanos que luego encontraban que el mismo terreno también había sido vendido a otros, es una muestra de la descomposición que se viene dando desde hace mucho tiempo en esta entidad del Estado. A los ciudadanos estafados con esta práctica, no sólo se les cobra el precio del terrero sino también diferentes sobornos que van a parar a la mafia que por décadas se ha refugiado allí con el pleno conocimiento de los gobiernos de turno.
Es esta ocasión, el escándalo trasciende por la tragedia de tres muertos, entre ellos dos comentaristas radiofónicos, Luis Manuel Medina y Leo Martínez, quienes fueron asesinados por José Rodríguez (Joselito) mientras transmitían un programa de radio. El Ex diputado, Sergio Cedeño, vaticinó que Rodríguez sería asesinado para que no hablara. Posteriormente se dijo que se suicidó, aunque a sus familiares no se les permitió ver su cadáver.
El Presidente creó una Comisión, que rindió su informe, donde quedó evidente que el matador de los dos comentaristas había sido timado y actuó en violento impulso de desesperación tras meses exigiendo que les entregaran terrenos que había comprado, o que le devolvieran lo pagado. Fue cancelado el Director General del CEA, José Joaquín Domínguez Peña y ahí quedó esta tragedia. 10 meses después, nada ha hecho la Procuraduría General de la República para desmantelar esta mafia y someter a los responsables a la justicia.
Otra tragedia que envuelve terrenos del CEA ocurrió el domingo 24 de septiembre, cuando un desproporcionado contingente policial procedió a las 3 de la madrugada a desalojar a los que durante más de una década habían ocupado o contratado en compra terrenos de esa entidad, levantando viviendas y hasta pequeños negocios. En el operativo fue asesinado el teniente Mateo Ogando, de la fuerza aérea, y otros tres residentes recibieron heridas de balas, incluyendo a una menor.
Ha llamado la atención que el caso ha sido "olvidado" hasta por la mayoría de los medios informativos. Las autoridades no han ni responsabilizado a nadie por la sangre derramada. Tampoco se ha informado qué juez o autoridad dispuso la destrucción de las viviendas con equipos pesados, ejecutada en horas de prohibición y sin representación judicial. Sólo se sabe que los terrenos serían parte de unas parcelas vendidas a una empresa en el gobierno de Hipólito Mejía, la que nunca los urbanizó ni pagó lo contratado, pero que ahora han adquirido un valor muchas veces mayor por estar en el área donde se construye la bautizada Ciudad Juan Bosch.
En las últimas semanas salió a la luz pública otro escándalo originado en el CEA. En el Congreso, se estudia la venta de 1000 tareas al ex diputado y ex gobernador de Boca Chica, Eladio Martínez, por la irrisoria suma de RD$40 millones de pesos, esto es, a RD$15 pesos el metro, en una zona de vocación turística.
1.5.- El caso Diandino Peña
El Ingeniero Diandino Peña fue separado de su cargo de Director de la OPREP, luego de la publicación del trabajo de investigación periodística de Alicia Ortega, el cual, entre otras cosas, demostraba que Peña hizo una declaración patrimonial de bienes que solo incluía el ingreso de los RD$150,000 que ganaba en la referida Oficina y afirmaba que no tenía ninguna empresa, ni propiedades.
La reconocida periodista, en una investigación con los Papeles de Panamá, demostró que Diandino Peña era la cabeza de un grupo de 29 empresas locales y off shore, que en su mayoría reportaba no realizaba operaciones. Sin embargo tres de las off shore inyectaron US21,000,000 para la construcción del centro comercial y hotel Silver Sun Gallery. En noviembre, en su programa El Informe, Alicia Ortega presentó pruebas de que el Zar del Metro había otorgado contratos sin licitación o con procesos de comparación de precios amañados a 9 empresas vinculadas a él, mediante familiares o amigos como su hijo, yerno, cuñado, y amigos de infancia valoradas en más de RD$4,600 millones de pesos, violando de manera grosera la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06.Este caso va por el mismo camino de impunidad, como todos los que involucran a funcionarios del gobierno.
1.6.- El malecón de Nagua
Otra investigación periodística, sacó a relucir un caso del 2010. El malecón de Nagua. Una obra que se licitó por RD$499 millones de pesos y que luego, mediante adendas fue llevada a RD$1,600 millones. La obra fue adjudicada por la OISOE al Ingeniero Carlos Ozoria, demostrado socio del director de esa entidad, el Ingeniero Félix Bautista. Siete años después, el Municipio de Nagua sigue sin Malecón, a pesar de que se erogaron RD$499 millones de pesos.
1.7.- La mafia criminal de la OMSA.
Este escándalo conmovió profundamente a la sociedad dominicana por la mezcla de corrupción, mafia y crimen que actúa impunemente desde el Estado. El cadáver aparecido en un rio involucró al director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, quien está preso junto a otros personeros de esa oficina, acusados de secuestrar y dar muerte al abogado Juniol Ramírez para evitar que éste denunciara los escandalosos manejos de funcionarios que robaban centenares de millones al Estado a través de la reparación o compra de autobuses. Ya en el 2013 salían en la prensa denuncias de corrupción en la OMSA. Participación Ciudadana la incluyó en su libro: Corrupción sin Castigo. Tuvo que morir un ser humano para que el Presidente, casi 5 años después, desvinculara de la dirección de esta institución al ingeniero Manuel Rivas, acusado de ser el autor intelectual del asesinato.
1.8.- El escándalo de los equipos de la Junta Central Electoral.
En el mes de noviembre, la Junta Central Electoral dio a conocer un Informe, elaborado por el equipo técnico de su Gerencia Informática sobre los equipos que, en contra de todas las recomendaciones y con un concurso muy cuestionado, fueron adquiridos por Roberto Rosario para la automatización de las elecciones del 2016. El proceso estuvo cargado de irregularidades y denuncias, pero frente a todo el rechazo se impuso la voluntad del entonces presidente de la JCE, y gastó más de 1,889 millones de pesos en equipos que llegaron muy tarde, no se pudo entrenar al personal y, lo peor, por primera vez el proceso de cómputo electoral estuvo en manos de una empresa privada sin que el país lo supiera. El resultado es que todavía se deben más de 13 millones de dólares, los equipos están en un costoso almacén privado y los técnicos de la JCE recomiendan que no sean utilizados en el 2020 porque no ofrecen confianza.
El 18 de Julio del 2016, Participación Ciudadana, en su último Informe (Sexto) de Observación Electoral, decía “Corresponde ahora a la JCE rendir cuentas al país sobre el fracaso de esta enorme inversión realizada y reclamar las responsabilidades que sean pertinentes a la empresa contratada para suministrar los referidos equipos. Por igual la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público deben iniciar investigaciones para determinar si las irregularidades cometidas comprometen la responsabilidad penal de cualquier persona”.
1.9.- Fraude millonario en los precios de paridad de importación del gas licuado
Participación Ciudadana observa con mucha atención la denuncia realizada recientemente con relación a resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio sobre los precios de paridad de importación de gas licuado de petróleo. Ahora sabemos que el pueblo ha estado pagando entre 20 y 23 pesos de más en el precio del gas y se pretende dejar esto sin establecer responsabilidades en este descomunal fraude que encareció desproporcionadamente un producto fundamental.
Al comenzar el 2013, el componente flete de la fórmula de precio de paridad para la importación de gas licuado de petróleo era de US$135.50 por tonelada métrica, pero en enero la Resolución 07 firmada por el ministro José del Castillo Saviñón, lo elevó a US$185.50. Pero al mismo tiempo lo establece en US$205.50, a partir del 6 de julio del mismo 2013, y a US$215.50 desde el 4 de enero del 2014, y finalmente a US205.50 desde el 3 de enero del 2015. Todavía más, la Resolución 365 BIS del 30 de diciembre del 2015, lo lleva a su mayor nivel, US$225.50 por tonelada métrica.
En síntesis, que de US$135.50, dos resoluciones, la primera de tres tramos, el precio fue elevado en 90 dólares por tonelada métrica. Recientemente, buscando más recursos para paliar los déficits fiscales, el Ministerio de Hacienda "descubrió" que los importadores de gas se estaban engullendo, a costa de los consumidores, desde luego, entre 2,500 y 3,000 millones de pesos anuales, que ahora, en vez de devolverlos al precio de venta del gas, serán retenidos por el fisco. Y los pobres importadores de gas seguirán con un negocio rentable. Eso quiere decir que en casi cinco años, esos dichosos empresarios fueron "ayudados" con una suma que oficialmente fluctúa entre 10,000 y 15,000 millones de pesos. Y todavía expertos independientes estiman que habría sido el doble. Se duda que sólo se lucraran los empresarios.
1.10.- Entre los líderes mundiales en corrupción e impunidad.
A pesar de las promesas del Presidente Medina de que actuaría contra la corrupción y su reclamo de que le presentaran las pruebas, éstas han salido a borbotones y el gobierno se ha hecho el sordo ante el Movimiento Verde y el clamor nacional mantenido por un año completo frente al reinado de la corrupción. El 2017 se registrará en la historia dominicana como uno de los de mayores escándalos de corrupción. La realidad es que aunque los escándalos de los últimos 20 años suman decenas, brillan por su ausencia los procesados y condenados por este delito que tanto daño hace a la nación dominicana.
Seguirán repitiéndose las excusas de que no hay pruebas o de que la justicia es la que falla, pero la realidad es que no hay voluntad de detener este flagelo y que la justicia es el resultado del entramado de impunidad montado por los propios gobernantes para proteger sus intereses políticos y enriquecerse. Una muestra de esto es el expediente presentado por la Procuraduría General de la República en el caso Odebrecht, con ausencia de verdadera investigación, y la falta de cumplimiento de la empresa en esclarecer los responsables de recibir sobornos. Además de la negativa a investigar la sobrevaluación de las obras y el uso de dinero de la empresa en campaña electoral.
Todas estas razones explican el vergonzoso liderazgo que la República Dominicana registra en los estudios internacionales de corrupción y el hecho de que las encuestas nacionales muestren que este flagelo ha sido colocado por el pueblo dominicano en la segunda posición entre los problemas nacionales, después de la delincuencia e inseguridad. Esta situación nos llena de vergüenza frente al mundo y perjudica la imagen de un país que vive del turismo y una ciudadanía que anhela que los recursos públicos sean utilizados para resolver los problemas colectivos y se castigue la malversación al igual que cualquier otro delito.
En la encuesta Barómetro Global de Corrupción 2017, en Latinobarómetro y en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, el país ocupa lugares de liderazgo negativo al quedar entre los peores del mundo en soborno para acceder a servicios públicos, favoritismo en las decisiones de los funcionarios, desvío de los fondos públicos, desconfianza en la justicia, comportamiento ético de las empresas.
En su último informe, del 9 de noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice sobre el tema de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana lo siguiente: “El Comité está preocupado por la información sobre las altas tasas de corrupción del Estado parte en todos los niveles del gobierno, incluidas alegaciones sobre el pago de sobornos para acceder a servicios básicos y para influenciar a funcionarios del gobierno, y por la impunidad en que puedan quedar estos casos”.
Recientemente, el Encargado de la Embajada de Estados Unidos dijo en una conferencia que la situación es grave y que los dominicanos están hartos de la corrupción. Algunos podrán negar esta situación y decir que son asuntos internos, pero la realidad es que son los propios dominicanos quienes expresan en todas las encuestas su percepción del alto nivel en que se encuentra este problema. La más reciente encuesta Gallup-Hoy, registraría que 83% de la gente percibe que hay más corrupción y coloca a esta como el segundo problema nacional.
Frente a todos los cuestionamientos el Presidente guarda silencio y sus voceros responden que este es el gobierno que más ha hecho en el tema corrupción. La realidad es que unas pocas destituciones se han producido después de que el país ha sido estremecido por escándalos y crímenes, no se ha recuperado un peso de lo robado y las cárceles se han quedado esperando las promesas de castigo que se hicieron en las campañas.
2.- Retrasos institucionales y políticos
2.1.- La institucionalidad en vez de fortalecida sale más debilitada
Una conceptualización simple, pero contundente de la institucionalidad, nos indica que ésta consiste en la “rutinización de la norma”. Es decir, que lo establecido en la Constitución, leyes y disposiciones normativas en el ámbito de lo público, son cumplidas de manera rutinaria por las autoridades y observadas por las instituciones en su comportamiento conforme a su naturaleza, mientras están vigentes. Si contrastamos esta simple definición de institucionalidad con el comportamiento de instituciones y autoridades que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir con la norma vigente y desempeñarse apegadas a lo que exige su naturaleza, tenemos que reconocer que en 2017 la institucionalidad, lejos de haber sido fortalecida, fue fuertemente debilitada.
La erosión de la institucionalidad se hace evidente si recordamos lo sucedido en algunas esferas de la realidad política nacional:
- El porcentaje establecido por ley en el presupuesto nacional para financiar actividades que el legislador en su momento consideró tan esenciales que decidió indicarlo de esta manera, mediante una ley, no se observa y se prefiere violarlo, en vez de modificarlo, si es que se considera necesario, aunque se disponga de la mayoría para hacerlo. El poder Ejecutivo se queda con los fondos que las leyes atribuyen a los ayuntamientos, en más de dos tercios, al Poder Judicial en la mitad, a los municipios de explotación minera en 90 por ciento, y en gran proporción los correspondientes a la capitalización del Banco Central. Mientras el Presidente recorre el país en "visitas sorpresas", repartiendo lo que se le niega a esas instituciones.
- La impunidad frente a los acusados de actos de corrupción, o si se quiere la dificultad para ser traducidos y sancionados por la justicia, sobre todo se pertenecen al sector político, representó otra prueba de que la institucionalidad no se respeta
- Igual consideración tiene que merecer comprobar cómo el Congreso Nacional se ve relegado de su función legislativa respecto a la aprobación de la ley de partidos políticos, reclamada desde hace 20 años, 15 de ellos dando vueltas en el congreso. La decisión final para su sometimiento y posterior aprobación depende del Comité Político del PLD y, en última instancia, del acuerdo entre los dos líderes de las “corrientes” internas de ese partido. Los gobernantes han obstruido, durante las dos legislaturas del año, la aprobación de esa ley, en un empeño insólito por imponer a todo el sistema político una forma de elección de candidatos que divide hasta el propio partido de gobierno y sus aliados.
- Estando prohibida la reelección presidencial del actual Presidente de la República, por dos disposiciones de la vigente Constitución, funcionarios cercanos al mandatario, dirigentes y legisladores del partido en el poder, la promueven abiertamente sin que reciban ni siquiera una amonestación
- La conformación por la Cámara de Diputados de una comisión de juristas para que la asesore en la redacción de las leyes contempladas en la Constitución de 2010 y en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, que no han sido aún aprobadas, pese al mandato de que así fuere, es otra prueba más del incumplimiento de lo establecido.
2.2.- Poca confianza en la democracia y las instituciones fundamentales
Aunque la mayoría de la población no ha expresado la opinión de que prefiere otro régimen político, si ha manifestado en numerosas ocasiones y estudios que no está conforme con la democracia que tenemos. No quiere que sea sustituida, pero sí que sea sustancialmente mejorada. Por lo menos es la opinión reiterada que aparece en numerosas encuestas, consideración que se extiende a instituciones esenciales de la democracia, como son los partidos políticos, el congreso y la justicia. Y lo más significativo de esta valoración es que se constata que es una tendencia que se fortalece con el paso del tiempo. No es un dato que aparece en un período particular, sino una opinión sostenida hacia la baja en una serie histórica. Veamos.
- Según la última entrega del Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en República Dominicana ha disminuido de un 65% en 2004 a un 54% en 2017
- En el Barómetro de Las Américas, correspondiente a 2016, encontramos que tiene confianza en las elecciones solo el 34.8% de la población y en los partidos políticos apenas llega al 26.7%
- La desconfianza de la ciudadanía se extiende al Congreso y a la Justicia. Según el Latinobarómetro de este 2017, el nivel de confianza en el Congreso es de apenas un 23% y el de la Justicia es de tan solo un 22%.
2.3.- Primarias abiertas o cerradas: el tema de la discordia
El anteproyecto de ley sobre los partidos políticos, que deambula por el Congreso Nacional desde el 2002, aunque el primer proyecto fue consensuado en el 1998-99, está paralizado porque los dos líderes del PLD tienen ideas encontradas al respecto. Lo que los divide es la presunción de que la escogencia de uno de los formatos, abiertas o cerradas, puede perjudicarlo o beneficiarlo, han preferido derivar la discusión sobre la constitucionalidad o no del formato de las primarias abiertas.
El Presidente Danilo Medina y sus partidarios entienden que las primarias abiertas ayudarían a ganar la candidatura para la Presidencia de la República en las elecciones de 2020, sea que le facilite presentarse a otra reelección, o en caso de tener que optar porque lo haga un miembro de su tendencia. Por su parte, el Dr. Leonel Fernández y los suyos entienden que si en las primarias internas se vota con el padrón del partido, aumentan sus probabilidades de salir victorioso, y que las abiertas elevan el poder de "los sobrecitos y las tarjetas", de los recursos del Estado y de la compra de votos, materia en la que tienen amplia experiencia. .
La Comisión Bicameral que ha venido trabajando en el consenso antes de presentar el anteproyecto al pleno, no ha podido lograr ningún acuerdo por lo que está a la espera de que éste se produzca en el seno del PLD. El tema se conoció en el poderoso Comité Político del partido, pero el acuerdo no se logró, pero tampoco se impuso la mayoría mecánica que le daría la victoria a la posición defendida por el Presidente Medina. El acuerdo que se logró fue nombrar una comisión de cinco juristas constitucionalistas para que emitieran una opinión respecto a si las elecciones primarias abiertas pueden ser atacadas por inconstitucionalidad, habida cuenta de que la Suprema Corte de Justica, en función de Tribunal Constitucional, antes de que éste fuera establecido en la Constitución de 2010, dictaminó en el 2005 la inconstitucionalidad de la ley No. 286-04 que establecía las primarias abiertas.
El resultado es que los gobernantes han obstruido, durante las dos legislaturas del año, la aprobación de esa ley, en un empeño insólito por imponer a todo el sistema político una forma de elección de candidatos que divide hasta el propio partido de gobierno y sus aliados, y que ha sido objeto de rechazo de la mayor parte de las entidades sociales, incluida Participación Ciudadana.
2.4.- Desciende la valoración de la gestión del Presidente Danilo Medina
Desde que asumió el poder el Presidente Danilo Medina había gozado de una alta valoración por parte de la ciudadanía, que se manifestaba de manera reiterada en todas las encuestas de opinión. Llamó poderosamente la atención que a partir del éxito del Movimiento Marcha Verde en su lucha contra la corrupción y la impunidad, las encuestas tradicionales y más acreditadas no ofrecían a la ciudadanía el resultado de estudios realizados sobre la situación política nacional. A la movilización de la Marcha Verde en todo el territorio nacional se agregó en este año de 2017 que el ritmo del crecimiento económico ha disminuido de manera sustancial, pese a las medidas tomadas por el Banco Central para reactivar la economía.
La encuesta Gallup-Hoy, en su primera entrega el lunes 30 de octubre, muestra una fuerte disminución de la valoración positiva de que gozaba la gestión del Presidente Medina, que en febrero de 2014 alcanzaba un 87%, se había reducido a octubre de 2017 al 51.4%. Y todavía gravitan sobre el gobierno problemas no enfrentados y demandas no satisfechas que podrían disminuir aún más esta valoración positiva que está en torno a la mitad de la población.
2.5.- El partidismo y el sindicalismo en crisis
El desorden institucional que afecta al país ha sumido en crisis a los partidos tradicionales y casi en la insignificancia al movimiento sindical. Mientras las organizaciones de profesionales siguieron afectadas por la incursión del partidarismo político que sólo busca instrumentarlas.
Las encuestas han mostrado que por primera vez menos de la mitad de la población expresa su afiliación o simpatía por los partidos políticos, y una mayor proporción no les tiene confianza. Sigue mostrando una aguda incapacidad para concertar acuerdos y para interpretar el sentimiento de la ciudadanía.
En el Partido Reformista Social Cristiano prosiguió la lucha de facciones por su control, cada vez más enconada. En el Partido Revolucionario Dominicano, su presidente Miguel Vargas, amparado en el reparto de los cargos gubernamentales fruto de su alianza con el gobernante, sufre una reducción tan fuerte que 14 de los 26 diputados que obtuvo en el 2016 se han declarado independientes o han emigrado, principalmente hace el Partido Revolucionario Moderno. Vargas, ministro de Relaciones Exteriores, montó un espectáculo en noviembre cuando envió una carta a su correligionario César Mella, director del moribundo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, advirtiéndole que sería destituido por no atender los requerimientos de empleos (se dijo que también de contrataciones) de su partido. Lo peor fue que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, justificó esa barbaridad en el pacto político.
La situación del Partido de la Liberación Dominicana ya es definida como de crisis, por el prematuro enfrentamiento por la candidatura presidencial para el 2020, tanto que se formulan advertencias de una posible división dado el nivel de encono entre los dos líderes que se disputan su control. La mayoría de los organismos del PLD han dejado de operar y la confusión no permite visualizar árbitros que reencaucen ese partido.
Por su parte el Partido Revolucionario Moderno, resultado de la gran mayoría que abandonó el PRD, no ha dejado de confrontar tensiones. Aunque los organismos optaron por rechazar el padrón abierto que propulsa el sector peledeísta que domina el poder, un grupo interno no ha dejado de expresarse en dirección contraria, aduciendo libertad de expresión. Sin embargo el partido parece salir adelante con la elaboración de un padrón de miembros, que le permitiría realizar una convención para elegir autoridades a principios de febrero, lo que sería un éxito y demostraría que los partidos pueden tener un padrón eficiente y confiable.
Otros partidos de oposición, como Alianza País, Alianza por la Democracia y Dominicanos por el Cambio han sostenido un discurso vigoroso en defensa de la institucionalidad democrática y condena de la corrupción y la impunidad. Unos ocho partidos opositores han mantenido a lo largo del año algún nivel de concertación. Por igual el Foro Permanente de Partidos Políticos que ha sustentado posiciones propias de organizaciones emergentes, al margen de que la mitad de sus integrantes son aliados del partido gobernante.
2.6.- Apatridia y violación de derechos humanos
Millares de dominicanos de ascendencia haitiana vieron pasar el año sin que se les restituyera la documentación de ciudadanía dispuesta por la Ley No. 169-14 que trata de enmendar la apatridia generada por disposiciones administrativas de la Junta Central Electoral y posteriormente por la sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional que trató de darle carácter jurídico. Los grupos representativos de los afectados y las entidades nacionales que les acompañan siguieron demandando el cumplimiento pleno de esa ley y oportunidades adicionales para los del llamado Grupo B que no pudieron reunir la documentación de sus padres y/o los recursos para iniciar un incierto proceso de naturalización.
Mientras tanto la República Dominicana volvió a ser evaluada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que de nuevo urgió a las autoridades nacionales a implementar soluciones efectivas para dotar de documentación a los millares que han quedado en la apatridia.
Por otra parte, el Estado tampoco logró avanzar este año en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros. Como sólo una ínfima minoría, 7 mil 834 de los más de 230 mil 65 que solicitaron la regularización, han podido llenar los exigentes y costosos requerimientos, en Julio el Consejo Nacional de Migración le prorrogó por segunda vez a la totalidad el carnet provisional que les permite seguir en el país. Dieron un plazo de un mes para que la Dirección General de Migración presentara un nuevo protocolo de regularización, más realista y funcional, pero cinco meses después todavía no se conoce la propuesta.
La Policía Nacional volvió a incurrir en frecuentes violaciones de derechos humanos, con decenas de ejecuciones sumarias o extrajudiciales, amparadas en alegados intercambios de disparos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuantificó en unos 160 los muertos a manos de la policía, y denunció también la persistencia de redadas y detenciones masivas en violación de las normativas y los derechos individuales.
Por otro lado, las muertes violentas contra las mujeres (feminicidios) alcanzaron este año niveles superiores a los anteriores, con casi 200 mujeres asesinadas, unas 85 a manos de amantes, esposos o despechados, dejando el país entre los tres de más alta incidencia en América Latina.
3.- La Justicia dominicana siguió en declive
Durante el año 2017 la justicia dominicana, entendida la misma como el Poder Judicial y el Ministerio Público, siguió en declive en la confianza de la ciudadanía, sin mostrar signos de recuperación, sin que se pudieran ver efectos positivos de los acuerdos logrados en la Cumbre del Poder Judicial efectuada en el 2016, y apenas se habló de la Comisión de Seguimiento a sus acuerdos instalada en noviembre del 2016.
3.1.- Impunidad en los casos de Odebrecht y los aviones Super Tucano
El principal reto del año lo constituyó el caso Odebrecht, del que se da cuenta ampliamente en el capítulo de este informe referente a la corrupción. La Procuraduría General de la República inició una investigación que dio paso a la solicitud de medidas de coerción contra 14 personas, incluyendo un ministro, legisladores, funcionarios y ex funcionarios, a la mayoría de los cuales se les impuso prisión preventiva. Sin embargo, las medidas de coerción originales no pudieron sostenerse en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, estando ya todos en libertad, a diferencia de otros países afectados por el mismo escándalo, donde los sometimientos continúan, y afectan a funcionarios, legisladores y hasta ex presidentes, muchos de los cuales guardan prisión. Las críticas sobre el pobre trabajo del ministerio público en un caso paradigmático como este no se hicieron esperar e incluyeron voces tan autorizadas como la de la jueza Miriam Germán Brito, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Al cierre del año 2017 resta a la Procuraduría General de la República alrededor de un mes para presentar acusación sin que se hayan conocido los esfuerzos para identificar otros responsables u obtener nuevas pruebas que fortalezcan la acusación. Mientras fiscales de otras naciones acuden a Brasil para interrogar directamente a los más altos ejecutivos de Odebrecht, no se conocen iniciativas de ningún tipo de parte de los fiscales dominicanos.
Fue burlesco que aparte de empresarios a través de los cuales se movió una pequeña parte de la cantidad involucrada en sobornos, ni un solo funcionario civil o legislador apareciera responsabilizado de una compra por más 92 millones de dólares, aprobada por la mayoría congresual oficialista aunque desde el principio hubo denuncias de sobrevaluación y sobornos y se refería específicamente a legisladores. El caso sigue pendiente de dictamen judicial, pero se encamina a la persistente impunidad nacional
Decepcionante ha sido que después de un año de investigaciones, la Procuraduría General haya concluido procesando tan solo a dos oficiales militares y cuatro empresarios, por el otro escándalo internacional de corrupción destapado en el exterior, el de los sobornos en la compra a la empresa brasileña Embraer de 8 aviones Super Tucano, la que confesó haber pagado unos 3.5 millones de dólares en sobornos para la aprobación del contrato.
3.2.- Tampoco se sanciona dentro de la justicia
La situación del Poder Judicial es tan precaria como la del Ministerio Público. Los emblemáticos casos de la ex magistrada Awilda Reyes Beltré, y el ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, se encuentran en la fase de audiencia preliminar sin por lo visto exista la voluntad de llevarlos hasta las últimas consecuencias.
En el Poder Judicial ocurre lo mismo que pasa en el Poder Ejecutivo cuando tienen que enfrentar los casos de corrupción. Les basta destituirlos, sin que haya sanción penal contra los responsables. Así fueron destituidos en juicios disciplinarios Awilda Reyes Beltré, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, María Elena Quevedo Rosario, Altagracia Esther Mejía Roca, Margarita Cristo y José Antonio Cepeda.
Cuando ocupó por última vez la Procuraduría General de la República, Francisco Domínguez Brito denunció la existencia de una estructura a lo interno del Poder Judicial, que se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Finalizando el 2017 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán Mejía, declaró que “ese caso pasó a la historia”, que como él no es historiador, no se acuerda y que no se vinculó a aquella denuncia que hizo Domínguez Brito. El autor de esas declaraciones ostenta la posición de presidente del Consejo del Poder Judicial, y por lo tanto esa denuncia, por referirse a jueces, era tanto de su competencia como la de la Procuraduría General de la República.
La justicia siguió siendo considerada como la cenicienta entre las funciones del Estado, recibiendo este 2017, y asignado para el 2018, un presupuesto que en palabras de Mariano Germán “no da ni para el arroz y las habichuelas”. La situación de deterioro de plantas físicas, mobiliario y equipos en el Poder Judicial, y que afecta por igual al Ministerio Público, es sencillamente vergonzosa. Algunos tribunales funcionan en condiciones que lesionan la dignidad de jueces, empleados y usuarios del sistema de justicia. Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario.
Para el 2018 la situación empeorará pues el presupuesto asignado al Poder Judicial por primera vez en muchos años ha bajado del 1% del Presupuesto General de la Nación. Parecería que hemos retornado al sistema de Joaquín Balaguer, de hacer más dependiente al Poder Judicial estrangulándolo financieramente.
3.3.- Dos casos de corrupción municipal sancionados
Aunque sea a nivel municipal, debemos considerar positivo que este año se hayan pronunciado dos sentencias condenatorias de sonados casos de corrupción en el nivel municipal, los referentes a los exalcaldes de San Cristóbal y San Francisco de Macorís, Raúl Mondesí y Félix Rodríguez Grullón y tres de sus funcionarios municipales. Como los casos están sujetos a apelación, todavía no es tiempo de cantar victoria, pero sí de reconocerlos como pasos adelante en la batalla contra la impunidad. .
El exbeisbolista Mondesí fue condenado en septiembre a 8 años de prisión y al pago de una multa por 60 millones de pesos por haber malversado unos 300 millones de pesos de las arcas municipales de San Cristóbal. Bienvenido Araújo y Antonio de Jesús Ferreria, quienes fueran secretario general y tesorero del mismo ayuntamiento, también fueron condenados a 6 y 7 años de prisión y al pago de 20 millones de pesos cada uno, por un tribunal colegiado.
Ya en diciembre, un tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a Félix Rodríguez a 5 años de prisión y una multa de 5 millones de pesos, también por malversación de fondos municipales por unos 400 millones de pesos. Su encargado de nómina Jerson Neris Lizardo, recibió mayor condena, a 8 años de cárcel y multa de 10 millones de pesos.
La cultura de la corrupción también se manifestó en el ámbito internacional ya que ex diplomático dominicano Francis Lorenzo fue involucrado en una red de sobornos en la contratación de un centro de conferencias de la Organización de las Naciones Unidas en Macao, China, cuando estaba acreditado por la República Dominicana ante el organismo mundial, y aceptó los cargos.
4.- Desaceleración del crecimiento económico con mayor endeudamiento
El 2017 termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, la continuación del incremento de la deuda pública, y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía por medio de mayores ingresos provenientes de empleos productivos formales.
La economía dominicana mostró evidentes signos de desaceleración de su ritmo de crecimiento, de acuerdo a las estimaciones oficiales sobre el producto interno bruto (PIB). La disminución del crecimiento refleja que los fundamentos de la economía requieren de reformas para que se produzca un incremento en la inversión y, en consecuencia, de la producción interna.
4.1.- La deuda consolidada sobrepasa ya el 54% del PIB
El deterioro del clima institucional, unido a la baja productividad y a los altos costos internos que afectan a hogares y a empresas, son elementos que inciden de manera negativa sobre la economía. A estos elementos se une la incertidumbre en el orden jurídico y la creada por el manejo de las finanzas públicas. La deuda consolidada, que ya sobrepasa el 54% del PIB, considerando la intergubernamental, presiona las finanzas públicas porque el pago de intereses se acerca al 25% de los ingresos tributarios, siendo el segundo renglón de gastos luego de educación y por encima de salud. El servicio de la deuda, es decir los intereses y la amortización de la misma, superará el 39% de los ingresos tributarios en 2017.
4.2.- Malas perspectivas en evaluaciones internacionales
Las condiciones que inciden en el clima de negocios están reflejadas en el reciente Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, y en el informe Doing Business 2018 del Banco Mundial. En el Índice de Competitividad Global, la República Dominicana perdió 12 posiciones respecto a las demás naciones incluidas en el estudio, pasando a ocupar el lugar 104 entre 137 países.
Dentro de los doce pilares que componen el Índice de Competitividad Global, la calidad de las instituciones es el indicador de peor puntuación para la República Dominicana. Con respecto a los factores identificados como más problemáticos para hacer negocios, la corrupción ocupó el primer lugar. La burocracia gubernamental ineficiente, las tasas de impuestos, fuerza de trabajo inadecuadamente educada, y crimen y robo, completan los primeros cinco factores percibidos como negativos para invertir en el país.
Con respecto al informe Doing Business 2018, la República Dominicana mejoró cuatro posiciones. Sin embargo, el reporte evidencia deterioro en siete de los diez indicadores que componen este instrumento que mide el clima de inversión en el mundo. Este resultado muestra que el país necesita avances en materia de mejoría de su ambiente de negocios para poder generar mayores oportunidades de ingresos para la ciudadanía y poder reducir la pobreza de forma sostenida en el tiempo.
4.3.- Estímulo artificial del crédito
En sentido general, en este año no se apreciaron esfuerzos relevantes para incrementar la competitividad por medio de reformas que mejoren los fundamentos de la economía. La principal medida de política pública tendente a dinamizar la economía no ha sido dirigida a abordar temas de fundamentos, sino al estímulo artificial del crédito.
A finales de julio pasado, las autoridades monetarias emitieron una resolución para liberalizar alrededor de $20,423 millones del encaje legal para ser colocados a tasas de interés de 8% y 9%. Medidas de este tipo suelen tener como consecuencia el aumento del endeudamiento de los hogares, así como el inicio de proyectos de negocios que no serían rentables en ausencia de tasas de interés artificialmente bajas. Ambas consecuencias introducen riesgos y distorsiones dentro de la economía que deben ser ponderados y tenidos en cuenta por la sociedad.
Es preciso notar que, a pesar de estas disposiciones, los préstamos al sector privado mostraron una tasa de crecimiento hasta noviembre de solo 10.9%, la cual contrasta con el 14.5% en igual periodo de 2016 y el 16.8% de 2015, aún con tasas de interés mayores en esos dos años. Una evidencia de la menor actividad económica que ha caracterizado al año.
4.4.- Pacto eléctrico a medias y el fiscal en el olvido
Con respecto a los pactos pendientes que están incluidos en la Ley No. 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, este año se logró un acuerdo para la culminación del Pacto Eléctrico. Sin embargo, a pesar de los tres años que tomaron las discusiones para el pacto, el documento final no contiene planteamientos profundos para cambiar la forma como hasta ahora han venido operando las empresas de distribución (las EDE). Sin cambios en ese segmento del sub-sector eléctrico que pierde el 33% de la energía distribuida, no es posible hablar de solución a un problema capital para los hogares y las empresas, así como para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Pacto Fiscal siguió siendo evadido por el gobierno, acumulando cinco años de incumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que lo dispone, incluyendo una Ley de Responsabilidad Fiscal, llamada a revertir la senda de insostenibilidad de las finanzas públicas. Con la promulgación de una legislación como el proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que se encuentra en el Congreso Nacional desde el 2013 sería posible crear un Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal para, entre otros destinos, ser empleado en caso de desastres naturales como los que impactaron al territorio dominicano en más de una ocasión durante este año. Estos fenómenos afectaron sensiblemente a viviendas, y a la infraestructura productiva y vial, entre otros efectos negativos sobre el stock de activos de los hogares, los emprendedores y el Estado dominicano.
4.5.- La informalidad laboral en 58.9 por ciento
Hace tiempo que se expresan preocupaciones por el alto nivel de informalidad con que opera la economía dominicana, que este año registra un aceleramiento. De acuerdo a cifras oficiales, durante 2017 la informalidad laboral –una aproximación útil al nivel total de informalidad de la economía– llegó a situarse en 58.9%. Dicha realidad indica que casi seis de cada diez dominicanos se encuentran ocupando empleos informales, un factor que, junto a los bajos ingresos generados por la poca competitividad de la economía, obstaculiza la movilidad socioeconómica de la ciudadanía, a la vez que dificulta la posibilidad de los trabajadores poder cotizar a la seguridad social para un retiro digno al final de sus vidas productivas.
Con todo, según las cifras oficiales, el año terminará con un crecimiento positivo del PIB, cercano al 5 por ciento, con una inflación sobre 3 por ciento y relativa estabilidad cambiaria, con el peso llegando a 48 por dólar.
Consejo Nacional
Santo Domingo
Jueves 14 de diciembre del 2017.
