Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana (PC), junto al estudio creativo de realidad aumentada, 3DUAL, y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), realizaron el Innovathon 2019, un maratón nacional de construcción colaborativa durante un fin de semana, de aplicaciones web y apps móviles que busca mejorar la gestión participativa con un enfoque en planificación y ordenamiento territorial, seguridad ciudadana y adaptación climática.

Es el segundo año consecutivo de esta iniciativa que se desarrolla dentro del proyecto “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana” de Participación Ciudadana, bajo la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En esta ocasión tuvo lugar en las instalaciones del INTEC, del 09 al 11 de agosto del presente año.

Las palabras de bienvenida al evento estuvieron a cargo de Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC, quien expresó que “para potenciar la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas de seguridad, de ordenamiento del territorio y adaptación climática, es fundamental tener encuentros sobre el cual, conocimientos diversos puedan aportar soluciones que permitan que las políticas que garantizan la calidad de vida puedan ser más eficaces y eficientes; por eso, Participación Ciudadana promueve este tipo de actividad, como es el Innovathon, desde el cual, jóvenes con conocimientos tecnológicos puedan aportar al desarrollo social y político de la República Dominicana”

Los proyectos desarrollados en el Innovathon estuvieron orientados al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales y sociedad en general, por medio del desarrollo de Apps móviles, páginas web y otras herramientas tecnológicas que sistematizarán, apoyarán o resolverán problemáticas que recaen sobre los ejes temáticos definidos para este evento.

Las entidades organizadoras informaron que, con la solución de los retos presentados, se busca apoyar la incidencia social en la toma de decisiones en los gobiernos locales, mejorar la gestión pública en políticas de ordenamiento territorial e incidir en la aprobación e implementación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT’s), al igual que impulsar la aprobación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y el Proyecto de Ley de Regiones Únicas de Planificación, las cuales Participación Ciudadana reconoce como fundamentales para asegurar un desarrollo sostenible que garantice un futuro en condiciones óptimas a las generaciones futuras.

El concurso estuvo dirigido a jóvenes profesionales, estudiantes universitarios o técnicos superiores entre 16 y 35 años de edad, apasionados con la tecnología y la innovación e interesados en desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a problemáticas sociales. Los participantes estuvieron conformados por grupos de dos a cuatro personas, quienes el primer día recibieron una inducción sobre las bases y lineamientos del maratón para iniciar el desarrollo de sus proyectos en jornadas de trabajo que culminaron el domingo 11 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Los participantes contaron con mentores para guiarlos y apoyarlos durante el proceso y fueron evaluados el último día por un jurado especializado compuesto por Indhira De Jesús, directora del Laboratorio de Inteligencia e Innovación Territorial del INTEC; Elvyn Peguero, especialista en tecnologías de la información y comunicación; Erick Dorrejo, asesor en materia de ordenamiento y planificación territorial; Ángel Fariña, especialista en plataformas tecnológicas; y Erick Barinas, profesional de tecnologías de la información;  para obtener los premios de primer, segundo y tercer lugar, correspondientes a RD$75,000, RD$50,000 y RD$25,000, respectivamente.

En primer lugar ganó el equipo “Inspiring”, conformado por los jóvenes Sarah Severino, Roniel Valdéz, Denys Arturo Rosario Coste y Ninoska Pérez Castillo con su app móvil “ANE”, la cual está vinculada a la adaptación climática por medio de alertas que contribuyan a la toma de decisiones para planificar y reordenar el territorio de acuerdo al grado de vulnerabilidad.

El segundo lugar lo obtuvo el equipo “DevOverflow”, integrado por Sinver Vladimir Aguiló y Pablo Ferreira, quienes desarrollaron el proyecto “MAPADOM”, vinculado a la planificación y el ordenamiento territorial, creando posibilidades de zonificar de acuerdo a atributos de uso de suelo.

El tercer lugar lo adquirió el equipo “Workin”, conformado por Cesar Francisco González, Erica Ross y David Bujosa, quienes elaboraron la app móvil “En Zona RD”, vinculada a la seguridad ciudadana y el ordenamiento territorial por medio del reporte de denuncias de criminalidad, para apoyar a instituciones del orden y advertir a usuarios sobre puntos seguros o vulnerables para la toma de decisiones.

Las instituciones se comprometieron a apoyar los productos ganadores, de modo que se puedan refinar los proyectos diseñados para que sean de utilidad, tanto para entidades del gobierno central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó que el Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de su decisión TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos, al disponer que el 20% de las candidaturas reservadas a la máxima dirección colegiada de cada partido se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.

PC entiende que en el caso concreto del PRM conocido por el TSE, de 32 candidaturas existentes a nivel senatorial, se reservaron 29, cuando el límite es 6; de 190 candidaturas a nivel de diputados, se reservaron 112, cuando el tope es 38; de las 158 candidaturas a alcaldes, se reservaron 36, cuando el tope es 32.

Participación Ciudadana había denunciado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, y advertido que se prestaba para dejar a las bases del partido las posiciones menos relevantes.

La organización de la sociedad civil opina que “la decisión trasciende el tema de las reservas de candidaturas, pues tuvo que tocar también la obligación de los partidos políticos, en este caso concreto del PRM, de mantener actualizados sus respectivos expedientes administrativos en la Junta Central Electoral (JCE), como lo manda el artículo 19 de la Ley 33-18, puesto que dicho partido alegaba, de forma infundada, que esa obligación solo existe para la fase de reconocimiento de los partidos, aclarando el TSE que es obligación de cada partido y movimiento político ‘depositar por ante la JCE las actas de las decisiones de alcance general que adoptan sus organismos internos, entre las cuales se incluye, como se ha indicado, la relativa a las candidaturas que habrán de ser reservadas por la organización política concernida de cara al proceso electoral general de 2020’. Se trata de la aplicación del principio de transparencia que aplica a los partidos por mandato constitucional, pues no puede existir actas secretas”.

Para PC un tercer aspecto tocado en la decisión se refiere a la capacidad de delegación que tienen los organismos partidarios, que, en opinión del TSE, “frente a un mandato directo del legislador en el sentido previamente indicado, resulta cuesta arriba admitir que ese organismo de máxima dirección colegiada pueda delegar en otro organismo partidario, de una matrícula mucho menor, la adopción de una decisión que, como se advierte, el legislador ha reservado, de forma clara y enfática, al primero”. En el caso del PRM, un organismo integrado por mil miembros delegó una facultad que la ley le atribuía de forma exclusiva, a un organismo integrado por cincuenta miembros.

PC sostiene que se trata de una sentencia de principios, aplicable no solo al PRM, sino a todos los partidos que pudieran encontrarse en una situación similar, por lo que corresponde a cada partido revisar y, si fuese necesario, adecuarse a estas interpretaciones del TSE, y a la JCE tomarlas en cuenta para fines de su aplicación, por lo menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que está apoderado del tema específico de la reserva de candidaturas.

Participación Ciudadana desea recordar una vez más que el artículo 74.4 constitucional dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”. Esperan que el PRM se acoja a la decisión y la aplique dentro de los plazos que le han sido acordados.

Consejo Nacional
9 de agosto de 2019

Carta-JCE-Simulacro-Voto

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, que busca contribuir con el fortalecimiento de la democracia electoral, mediante la participación activa y responsable de la ciudadanía y sus organizaciones en la observación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 2020, remitió una carta a la Junta Central Electoral reiterando su solicitud de participar como observador en los simulacros de uso de los equipos de automatización del voto.

 “Dando seguimiento a todas las acciones de este proceso electoral, tenemos el interés de conocer, ser parte y estar presente en los cuatro simulacros del proceso de implementación del voto automatizado que están previsto. Lamentamos que por la falta de información y comunicación no pudimos estar en la llamada prueba local el día 24 de julio; hoy 7 de agosto se realiza la prueba regional y aún la JCE no responde nuestra solicitud realizada el 16 de julio. Esperamos que esta situación de silencio pueda ser superada de cara a la prueba focalizada del día 22 de agosto y, finalmente, el simulacro nacional el 08 de septiembre”, expresó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Participación Ciudadana, entidad de la sociedad civil con experiencia en observación electoral, reitera a la JCE la solicitud para que indique el lugar en cada municipio y hora donde se estarán llevando a cabo cada uno de los simulacros pautados, y, a su vez, el registro de su participación como observador en las pruebas que está llevando a cabo con los equipos que serán utilizados en las primarias del 10 de octubre del presente año, y con toda probabilidad en las elecciones del 2020.

“Nuestra contribución a los procesos electorales incluye el seguimiento al uso de tecnología en las elecciones, para lo cual contamos con una asesoría de expertos extranjeros no vinculados a ningún partido en la República Dominicana, como tampoco al órgano electoral, para asegurar la mayor independencia posible”, señaló el Consejo Nacional de PC.

Destacó que esperan que para la tercera y cuarta prueba puedan ser invitados por la Junta Central Electoral, para lo cual necesitan una reunión previa de los expertos de la JCE con sus especialistas, a fin de poder participar en los simulacros con conocimiento de todos los elementos técnicos necesarios.

Consejo Nacional
7 de agosto 2019

Afirma corresponde al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, exhortó al Tribunal Constitucional (TC) a agilizar las decisiones sobre acciones relacionadas con primarias y elecciones.

Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de PC estableció que “al menos veinte (20) acciones directas de inconstitucionalidad han sido interpuestas por ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que regirá las primarias y elecciones próximas, de las cuales se han decidido cuatro, quedando aún pendiente las diez y seis (16) restantes.

Indicó que las acciones involucran la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, la Ley 157-13 sobre voto preferencial, la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos para el año 2019, y la Resolución No. 08-2019 de la JCE que instituye el método para la selección de senadores y senadoras para las elecciones de mayo de 2020, relacionada con el arrastre.

La organización de la sociedad civil expresó que “el TC acusa un notable atraso en decidir estas acciones a pesar de que su presidente, el magistrado Milton Ray Guevara había declarado “que los expedientes que tienen que ver con los partidos políticos y electoral están siendo declarados de urgencia con la finalidad de poder hacer algún tipo de aporte al proceso electoral que se avecina, por eso tenemos otra audiencia el 21 de junio”.

Hasta ahora el TC ha decidido cuatro acciones, declarando inadmisible dos de ellas (TC-0215-19 y TC-0063-19) bajo el argumento de que los accionantes enunciaron los textos violados, “sin especificar de forma concreta de qué manera los artículos del texto legal impugnado vulneran la Constitución, ni cuáles  son  los  argumentos  jurídicos  que  justificarían  una  eventual  declaratoria  de inconstitucionalidad de los mismos, pues solo se hacen breves referencias generales, sin  que  en  ningún  momento  se  especifique  cómo  uno  cualquiera de  los  artículos argüidos de inconstitucionalidad coliden con la Carta Magna”. En el primero de los casos contó con el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, quien entendió que sí se ofrecieron argumentos.

Para PC las acciones de estas primeras dos decisiones impugnaban artículos relacionados con la filiación a un solo partido y la pérdida automática de la misma cuando se inscribe en otro, al proceso de reconocimiento de los partidos, la prohibición y sanción de la campaña negativa, método de elección de candidatos, cuota de género y de juventud.

La tercera decisión del TC (TC-0214-19) declara no conforme con la Constitución el art. 45, párrafo III de la Ley de Partidos y dispone que debe ser interpretado de tal manera que sean los estatutos de cada partido que decidan cuáles son los organismos competentes para el método de elección de candidatos y el padrón a utilizar y no la cúpula partidaria, como figuraba originalmente en la ley.

La cuarta decisión del TC (TC-0092-19) declaró inconstitucional el artículo 44.6 de la Ley de Partidos que prohibía y sancionaba la campaña negativa por violar el derecho a la libertad de expresión, el principio de razonabilidad y el derecho a la información.

“Las otras diez y seis acciones directas de inconstitucionalidad que quedan pendientes, están relacionadas con temas como el voto dominicano en el exterior, el arrastre del senador por los votos de los diputados, los métodos para escoger candidatos y tipo de padrón, las primarias organizadas por la JCE y apropiación de fondos para las mismas, la obligación de nuevos partidos a ir sin alianzas en el primer proceso electoral en que participen, la limitación de la pre campaña a lo interno de los partidos, la obligación de estar inscrito en un partido para poder ser candidato por él, la reserva de candidaturas y su porcentaje, cuota de género, cuota de juventud, entre otros”, informó el Consejo Nacional de PC.

Expresó también que el Reglamento Jurisdiccional del TC prevé los casos de urgencia, que podrán ser declarados en forma casuística por el pleno o por el presidente del TC, lo que permite que el orden de asignación de casos a las comisiones operativas pueda modificarse para darles prioridad, con la obligación del juez apoderado de presentar el proyecto de sentencia en el más breve plazo posible y cuyo artículo 20 prevé la posibilidad de reducir algunos plazos, siempre que no estén fijados en la ley.

El TC tiene un plazo de cuatro meses a partir la de la audiencia para decidir los casos, aun aquellos no declarados de urgencia, lo que no se ha podido cumplir pues nueve de los casos han sido sometidos durante el último cuatrimestre del año 2018 y solo cuatro de estos casos han sido fallados.

El Consejo Nacional de PC señaló que en ocasiones el TC no puede decidir los casos porque no logra reunir la mayoría calificada de nueve votos que se requieren para tomar una decisión, pero lamentablemente el TC no tiene en su portal la información de cuáles casos se encuentran en estas condiciones, lo que debería corregirse para que los interesados puedan darles seguimiento a sus casos.

“Aunque es correcta la aseveración del Presidente del TC en el sentido de que la responsabilidad es de los legisladores debido al tiempo que estuvieron esos proyectos en sus manos y lo tardía que ha sido su aprobación, no cabe duda de que corresponde ahora al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales”, manifestó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Consejo Nacional
05 de agosto de 2019

Participación Ciudadana (PC) encarece a todos los sectores políticos y sociales que abandonen, al menos por ahora, el debate de reformas constitucionales precipitadas por intereses particulares y coyunturales que tanta incertidumbre y estrés ha ocasionado a la sociedad dominicana en los últimos meses.

La nueva propuesta de 11 puntos para reformas a la Constitución de la República formulada por los dirigentes reformistas Federico Antún y Rogelio Genao, y respaldada por el expresidente Hipólito Mejía, es al menos inoportuna, y debe ser rechazada bajo las siguientes consideraciones:

1. Porque una propuesta de 11 puntos de reformas constitucionales, si ha de ser emprendida con responsabilidad y madurez política, implica consultas y búsqueda de consenso imposibles de lograr cuando al inicio de la próxima legislatura sólo faltarán seis semanas para las elecciones primarias que acapararán la atención nacional.
2. Porque una reforma constitucional que pretenda sentar principios de largo alcance y trascendencia, debe ser emprendida fuera de la coyuntura preelectoral en que ya está el país. Sobre todo, si dentro de 9 meses será renovada la matrícula del Congreso, y porque la mayoría de los actuales legisladores fueron responsables de la amplia reforma constitucional del 2010 y de la muy coyuntural del 2015.
3. Porque la sociedad dominicana tiene pendiente múltiples asuntos, incluso legislativos, que merecen toda la concentración, entre ellos los de la salubridad, con la implementación del modelo de atención primaria, la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Social, y la atención al equilibrio fiscal y las recientes sombras sobre el turismo y el crecimiento económico.
4. No descartamos que algunas de las reformas propuestas puedan ser razonables y hasta necesarias, pero evadiremos caer en la distracción de exponerlas por el momento. Lo que sí podemos adelantar de las propuestas es que es absolutamente improcedente e incoherente que, mientras por un lado se acepte que el modelo actual de dos períodos constitucionales y nunca más para los presidentes de la República, es el correspondiente, preferido en diversos momentos por el presidente Danilo Medina y los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, al mismo tiempo se proponga habilitar al actual mandatario para que pueda volver a postularse, justo cuando concluye el segundo período y nunca más que marca la actual Constitución. No habría fuerza moral para impedir que otros, cuando lleguen a la misma circunstancia, reclamen también que su obra de gobierno les hace merecedores para otra reforma constitucional.
5. Comienza por dividir al mismo partido de los proponentes, por cuanto ya otros dos dirigentes reformistas, Eddy Alcántara y Guillermo Caram, han adelantado su rechazo y afirman que la propuesta no fue aprobada en ningún órgano directivo del PRSC, un partido ya de por sí afectado por divisiones en los últimos años. Prolonga la crisis interna en el partido gobernante, el de la Liberación Dominicana (PLD) donde un sector es opuesto terminantemente a que por ahora se toque la Constitución de la República. Traspasa el estrés al mayor partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), donde numerosas voces se han levantado para plantear la improcedencia de la reforma en la coyuntura actual.

Consejo Nacional
29 de julio de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó su Programa de Observación Electoral 2020, siendo esta la onceava ocasión en que realizan esta iniciativa que busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas.

En un acto que contó con la participación de representantes de organismos electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales, el coordinador general de PC, Heiromy Castro sostuvo que, para el 2020, el país se aboca a un proceso electoral complejo por la realización de las elecciones para los tres niveles con poco tiempo de diferencia, con todas las tensiones y complicaciones que conlleva; sumando a esto la decisión de la Junta Central Electoral de utilizar el voto automatizado generalizado.

“Las dificultades que podrían acompañar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020 obligan a mantener un programa de monitoreo de mayor amplitud e impacto. PC considera que el momento político que vive el país y los acontecimientos recientes, aun antes del inicio de las precampaña y campañas electorales, constituyen indicadores de los riesgos que enfrenta el sistema político y la débil democracia dominicana. Este panorama implica la necesidad de realizar una observación integral que ya iniciamos en febrero de este año y esperamos culmine en julio del 2020”, expresó Castro.

Informó que en el marco del proceso de observación electoral estarán exigiendo y saliendo al frente a todas las acciones que laceran la institucionalidad democrática, como la compra de voluntades en el Congreso, acuerdos para garantizar la repostulación de los legisladores a cambio de apoyo para modificar la Constitución, ofertas para garantizar impunidad frente a expedientes judiciales, presiones, represión, militarización y cualquier otra actividad que atente contra las ansias de democracia de este pueblo; hechos que serán registrados en los informes finales de observación electoral.

“Cada una de las partes debe cumplir con su deber en este delicado momento para la democracia dominicana. Nosotros estaremos empeñados en superar nuestra experiencia y dedicación, pero no somos actores del proceso, sólo somos ojos, oídos y voz de la ciudadanía. Son los partidos políticos y las autoridades electorales los llamados cumplir y hacer cumplir las regulaciones que establecen las leyes y reglamentos”, manifestó el Coordinador General de PC.

Durante la actividad, se presentó el primer Informe de Observación Electoral 2020, el cual contempla detalles sobre el Período Previo de Precampaña, las campañas electorales a destiempo, las labores del Tribunal Superior Electoral, el arrastre del voto, los reglamentos de Primarias, la automatización del voto, la cuota de la mujer y de la juventud, el índice de aplicación de la Ley No. 200-04, las próximas elecciones en cifras, entre otros temas.

Según los hallazgos de este primer informe, en las elecciones del 2020 se asiste a unas reglas de juego nuevas, que han de asumirse a plenitud. Se trata de la Ley de Partidos No. 33-18, promulgada el 13 de agosto de 2018, y la del Régimen Electoral No.15-19, del 18 de febrero de este 2019. Señala, además, que desde el año pasado y en lo que va del 2019 se ha registrado una agenda infausta con una propaganda y acciones inauditas alrededor de la reelección, y que coloca a la República Dominicana como el único país con tres reformas constitucionales, apenas en la quinta parte del Siglo XXI.

El abogado y coordinador de la Comisión de Análisis Político de PC, Francisco Álvarez, aseguró que para evitar que se incumplan dos de los cuatro principios en que descansa el régimen electoral dominicano por mandato constitucional, que son la equidad y la transparencia, los cuales deben ser garantizados por la JCE, “debemos poner nuestros ojos sobre los recursos manejados por los partidos y movimientos políticos y sus precandidatos y candidatos, comenzando por el origen de estos hasta la forma en que son usados”.

“Pueden ustedes y todo el país tener la seguridad de que, por onceava ocasión consecutiva, Participación Ciudadana realizará su trabajo en la forma acostumbrada, con entera libertad, con independencia y con la mejor intención”, afirmó Álvarez.

 PC informó que se implementará un proceso de observación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en el torneo electoral del 2020, y que mediante su Plan de Observación Electoral 2020, se impulsará la participación de la ciudadanía a través de la mejora de capacidades para avanzar en ejercicios ciudadanos de auditoría social que alerten sobre la ocurrencia de prácticas ilícitas que atenten contra la legitimidad del proceso democrático; indicando que se conformará una red de voluntarios/as de aproximadamente cuatro mil personas de todo el territorio dominicano.

Participación Ciudadana invitó a todos los ciudadanos y ciudadanas del país a que se integren, sean observadores electorales y ejerzan su derecho al voto de manera consciente, destacando que “cada uno de nosotros decidimos el futuro de nuestro país, a cada uno de nosotros nos debe importar que se realicen elecciones transparentes para que no se atente contra la democracia dominicana. No es un trabajo solo de Participación Ciudadana, de la JCE, de los partidos y los candidatos, es de todos y todas. Es nuestro país, es nuestra democracia, no dejemos que se debilite más, no dejemos que la corrupción, la explotación de nuestros recursos y el afán de poder sigan carcomiendo a nuestra República Dominicana”.

Consejo Nacional
17 de julio de 2019

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El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), presentaron la campaña “Monitoreando” que busca la integración de la ciudadanía en los mecanismos de participación social y los procesos de monitoreo de los recursos públicos locales que son usados para construcciones públicas, así como llamar a las autoridades locales a manejar estos recursos con transparencia aplicando lo estipulado en la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La campaña, que lleva como slogan “’Por construcciones públicas municipales transparentes y de calidad”, está dirigida a los munícipes, autoridades locales, funcionarios públicos, líderes y lideresas comunitarios/as e integrantes de organizaciones sociales en los municipios de Azua, Baní, Barahona, San Juan de la Maguana, San José de Ocoa y San Cristóbal; y forma parte del proyecto “Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local”, que desarrollan ambas instituciones, con el apoyo de la Unión Europea.

“Monitoreando busca que los munícipes ejerzan el derecho que tienen de acceso a las informaciones en sus ayuntamientos, tal como lo estable la Ley No. 200-04 de libre acceso a la información pública; que demanden y vigilen la efectiva y correcta aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que estén alineados al ordenamiento jurídico vigente y a los principios de una buena administración”, expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC.

Añadió que a través de la campaña se informará a la ciudadanía sobre los procesos correctos y herramientas pertinentes para vigilar, fiscalizar y controlar los procesos de compras y contrataciones para la realización de obras públicas municipales; se sensibilizará sobre la importancia de exigir una gestión municipal transparente y de calidad; y se propiciará el diálogo entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre las problemáticas locales y la efectiva y correcta aplicación de las normativas que rigen la municipalidad.

“Monitoreando” tendrá una duración de un mes y contará con tres líneas de acción que incluyen mesas de diálogo entre las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, jornadas de movilización ciudadana y promoción de los mensajes a través de las redes sociales.

La apertura de la Campaña se llevó a cabo en el municipio de San José de Ocoa en el Parque Libertad, y contó con la presencia de autoridades locales, representantes de diversos sectores sociales, medios de comunicación, líderes/as comunitarios/as y público en general.

El 31 de mayo será presentada en Barahona; el 06 de junio en Bani; 08 de junio en Azua; 12 de junio en San Cristóbal; y el 14 de junio en San Juan de la Maguana.

Datos sobre la cooperación internacional indican que la mayoría de los países de América Latina falla al no proseguir adecuadamente a la investigación
de esquemas de corrupción grande

Las informaciones abarcan nueve países de América Latina: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela

El progreso de los trabajos de los organismos de investigación de grandes casos de corrupción que involucran la constructora brasileña Odebrecht en América Latina es muy discrepante y, en líneas generales, insuficiente. Esta es una de las conclusiones que uno puede sacar de los datos inéditos, proporcionados a partir de hoy (29/5), sobre el progreso en los últimos dos años de investigaciones deflagradas por la Operación «Lava Jato” en nueve países de la región que, además de Brasil, han sido mencionados en las delaciones de la constructora brasileña: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Para consultar directamente las informaciones, visite https://www.jota.info/tudo-sobre/lava-jato-en-el-mundo.

La cooperación internacional ofrece indicio importante de ese ritmo de trabajo desigual. Ante las dificultades técnicas, legales y políticas, han sido de modo general reducidos y discrepantes los niveles de la colaboración entre estas naciones y Brasil – país que ha producido muchas informaciones en cinco años de la Operación Lava Jato. En el 2017 y 2018, los nueve países mencionados enviaron 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas. Sin embargo, solo Perú representó más de la mitad de estas solicitudes, de un total de 68 solicitudes.

Del otro lado, países como Guatemala y Venezuela han enviado apenas una solicitud cada uno, lo que revela el bajísimo nivel de actividad investigativa y, por lo tanto, un riesgo real de impunidad para los graves delitos revelados por la Operación Lava Jato en estos países.

Estos datos inéditos han sido obtenidos por Transparencia Internacional, la principal ONG dedicada a la lucha contra la corrupción en el mundo, y por JOTA, startup periodística especializada en la cobertura del Poder Judicial en Brasil. El proyecto también tuvo el apoyo de Digesto, empresa que procesa y analiza datos de millones de procesos judiciales brasileños.

En la página del proyecto en Internet, al hacer clic en cada uno de los países analizados, los usuarios tendrán acceso a una ficha completa con las siguientes informaciones:

• Resumen de los hechos relacionados a supuestos actos de corrupción en cada país, con informaciones inéditas.
• Lista de documentos – material obtenido por Digesto en consultas a sitios web oficiales de Tribunales brasileños sobre las investigaciones en marcha.
• Datos de la cooperación bilateral con Brasil – base con indicadores de:
  • relación de los pedidos de cooperación solicitados por las autoridades de esos países a sus pares brasileños (divididos por año, país y tipo de diligencia, como revelación de secreto, interrogatorio, etc.);
  • Fechas de la redacción del acta de compromiso firmada con el Ministerio Público Federal brasileño; y
  • Informaciones sobre posibles Equipos Conjuntos de Investigación, que pueden operar en dos o más países para llevar adelante investigaciones penales en sus territorios por tiempo y fin determinados. La ficha de cada país informa se hay o no negociaciones en marcha para la formación de equipos conjuntos con Brasil.
• Lista de vídeos con las trascripciones de declaraciones.
• Lista de obras con posibles irregularidades.
• Lista de los nombres de los ex ejecutivos – nombres de los profesionales de Odebrecht directamente vinculados a cada uno de los nuevos países latinoamericanos y quienes han colaborado.

En el 2017 y 2018, de las 118 solicitudes de cooperación enviadas a las autoridades brasileñas, Perú hizo más de la mitad de estas solicitudes, según lo mencionado anteriormente, y enseguida está Panamá (18) y Argentina (12). Los países que menos han hecho solicitudes de ayuda a Brasil son Venezuela, Guatemala (ambos con apenas una solicitud) y República Dominicana (tres solicitudes). Cada pedido de cooperación produce un acta y, de modo general, la fecha de la primera acta señaliza que, a partir de ese momento, hay un “desbloqueo” en la cooperación, según la investigación de TI Brasil y JOTA.

La cooperación internacional es apuntada por autoridades, periodistas y especialistas que siguen de cerca la Operación Lava Jato como uno de los principales vectores para el avance de las investigaciones en Brasil. La poca cooperación entre países latinoamericanos y Brasil es uno de los retos más grandes en el avance de las investigaciones en las naciones vecinas. Profesionales brasileños que siguen de cerca la cooperación internacional relatan que existe retos técnicos, legales y políticos para la buena ejecución de la cooperación brasileña con los países de la región.

“Es de suma importancia para América Latina conocer de cerca las investigaciones en marcha de la Operación Lava Jato, principalmente, en lo que se refiere a la participación de importantes personajes del mundo político de la región en los esquemas de la constructora brasileña Odebrecht. Si, por un lado, existen argumentos razonables de que las investigaciones deben realizarse en secreto; por otro, también es muy importante que las autoridades de cada país informen al menos los datos estadísticos básicos sobre investigaciones en marcha, diligencias y, en este caso, cooperación internacional, para que sus ciudadanos puedan sentirse seguros de que los delitos están siendo investigados adecuadamente. Ya que Brasil concentra las investigaciones sobre los esquemas de Odebrecht, un indicador importante de la buena marcha de estos trabajos es justamente la cantidad y el tipo de solicitaciones que se han hecho al país. En este sentido, el proyecto que estamos lanzando hoy trata de aumentar el conocimiento de la sociedad sobre este tipo de dato. Se trata, a fin de cuentas, de la plataforma que reúne la información más completa posible sobre este caso”, afirma el consultor sénior de Transparencia Internacional – Brasil, Fabiano Angélico.

Sobre Transparencia Internacional – Transparencia Internacional es un movimiento global con un único propósito: construir un mundo donde los gobiernos, empresas y el cotidiano de las personas estén libres de la corrupción. Actuamos en Brasil en el apoyo y movilización de grupos locales de lucha contra la corrupción, producción de conocimiento, concienciación y comprometimiento de empresas y gobiernos con las mejores prácticas globales de transparencia e integridad, entre otras actividades. La presencia internacional de TI nos permite defender iniciativas y legislaciones contra la corrupción y que gobiernos y empresas efectivamente se sometan a ellas. Nuestra red también significa colaboración e innovación, lo que nos brinda condiciones privilegiadas para desarrollar y probar nuevas soluciones de lucha contra la corrupción.

Sobre JOTA – A partir de una nueva forma de cobertura de las instituciones públicas brasileñas, JOTA proporciona informaciones de calidad, con análisis y contexto, a un público profesional que necesita tomar decisiones estratégicas constantemente con base en los movimientos de los tres poderes.

Informaciones para la prensa
Transparência Internacional Brasil / CDI Comunicação Corporativa
André Guerra +55 11 3817-7907 – [email protected]
Eduardo Silva  +55 11 3817-7944 – [email protected]
Jorge Valério    +55 11 3817-8002 – [email protected]

Cotuí, República Dominicana. El Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), afirmó que es inaceptable que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados  por las industrias extractivas.

En un panel realizado con la participación de más de treinta organizaciones de la sociedad civil, precandidatos de los diferentes partidos políticos y autoridades municipales de los ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez, en el salón Parroquial de Cotuí, con el tema, “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, fueron expuestos criterios técnicos, legales y económicos sobre el derecho de los ayuntamientos de recibir los recursos establecidos por la Ley 64-00, Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los panelistas fueron Carlos Pimentel, abogado y director ejecutivo de Participación Ciudadana, y Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD).

En su intervención, Pimentel expresó que “si bien es escueto, el artículo 117, párrafo II, de la Ley 64-00, claramente otorga a los municipios el derecho a obtener pagos equivalentes al 5% de los beneficios netos de las empresas mineras, interpretación que ha sido asumida por la empresa CORMIDOM, como se refleja en su práctica. De igual forma, al examinar la legislación dominicana, otras entidades como el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (IISD) no dudaron en asumir la misma interpretación del artículo 117, párrafo I de la Ley 64-00”.

Agregó que debido a esto, puede descartarse la interpretación de que el artículo 117, párrafo II, de la Ley 64-00 se refiere al 5% de los pagos realizados al Estado por el concepto de la concesión minera, porque dicha redacción, que aparecía en el Contrato de Exploración y explotación minera (CEADM) original, fue considerada como un derecho distinto y separado en la Ley 91-05 que crea el Fondo Minero de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR).

Resaltó que el CEADM y sus enmiendas crearon un régimen especial en favor de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) que riñe con las disposiciones de la Ley 64-00 y la Ley 91-05, y que la única forma de armonizar este régimen sin desnaturalizar dichas leyes es interpretar que PVDC debe pagar al FOMISAR, el equivalente al 5% de los beneficios netos, es decir, de la ganancia que obtenga en cada ejercicio.

Por su parte, la directora de ODPP-UASD, Maritza Ruiz, indicó que la problemática en República Dominicana es que no existe ninguna transparencia sobre cuáles son los beneficios derivados de la empresa explotadora, y que «el Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir».

Sobre el ENTRE

El ENTRE es un espacio que agrupa más de 120 organizaciones populares, sociales, académicas y comunales de todo el país, que buscan luchar por la transparencia en la industria extractiva en RD, cuya coordinación nacional está conformada por Participación Ciudadana, la Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fundación Dominicana para la Protección del Medio Ambiente Vida y Sadud (Cotui) , la Fundación Cuayá (Fantino),  Articulación Nacional Campesina (ANC), y otras siete organizaciones de la sociedad civil.

ENTRE forma parte de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas en este sector, de forma que se transparenten los ingresos generados por la minería metálica y no metálica, la forma de emplearse y el impacto en el crecimiento económico y desarrollo sostenible para la reducción de la pobreza.

Organizaciones sociales alertan este proyecto representaría retrocesos en la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres

Organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la Cámara de Diputados a revisar el proyecto de ley sobre violencia de género aprobado por el Senado, tras advertir que presenta serios retrocesos en la lucha por la erradicación de la violencia de género. Afirmaron la sociedad dominicana espera una legislación que responda a los desafíos de la grave epidemia de violencia contra las mujeres, una de las principales problemáticas sociales del país.

Según las organizaciones Participación Ciudadana, Foro Feminista, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Unión Democrática de Mujeres -UDEMU- ,Oxfam, Colectiva Mujer y Salud, Conamuca y Ce-Mujer, el proyecto aprobado por el Senado reduce el marco de protección legal vigente, al tiempo que da continuidad a limitaciones que actualmente obstaculizan el avance efectivo en la prevención, atención y sanción de este problema.

Este proyecto define los delitos de violencia física y violencia psicológica o emocional contra las mujeres como los actos realizados en el marco de las relaciones de pareja. “Esto implica un retroceso respecto a lo contenido en la Constitución, la Ley 24-97 y convenciones internacionales, que reconocen el deber del Estado de garantizar a las mujeres la protección de su derecho a una vida libre de violencia, al margen del espacio en donde esta se produzca y la relación con el agresor”, sostuvieron. Además, tipifica el delito de feminicidio como el dar muerte a una mujer sólo en el marco de una relación de pareja.

Por otro lado, establece como institución rectora a cargo de la aplicación de la Ley a la Procuraduría General de la República, lo que refleja una visión limitada de la violencia contra las mujeres sólo como un delito, obviando con ello las otras dimensiones de este problema socio-cultural, consecuencia extrema de la situación de discriminación y subordinación que enfrentan las mujeres por su condición de género. Señalaron que su abordaje debe ser por consiguiente integral y responsabilidad del Ministerio de la Mujer, en cumplimiento de su misión de liderear las políticas públicas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género.

Afirmaron esta legislación “se queda corta” al establecer los delitos de violencia contra las mujeres, pues no incluyen manifestaciones o ámbitos de violencia contra las mujeres como la violencia política, el acoso sexual en espacios públicos o la violencia institucional. Tampoco se establecen sanciones a delitos como los actos de negligencia cometidos por servidores públicos cuando causen desprotección de las mujeres en situación de violencia.

Los mecanismos de aplicación establecidos en el referido proyecto de Ley no responden a las necesidades de intervenciones desde el nivel local, asegurando la participación de las organizaciones de mujeres. Este vacío, junto a la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, afecta la efectividad de cualquier política contra la violencia de género.

Las organizaciones llamaron a considerar el proyecto de “Ley que Crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” interpuesto ante la Cámara de Diputados, en el entendido de que este proyecto toma en cuenta las demandas y necesidades de las mujeres y responde a los mandatos constitucionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Invitaron además a las mujeres en todo el territorio nacional a dar seguimiento y estar alertas al contenido de las propuestas de Ley sobre violencia contra las mujeres que se discuten y aprueban en el Congreso Nacional. “No vamos a permitir que derechos conquistados por las mujeres hace más de 20 años sean eliminados”, aseguraron.