El viernes 20 de abril los jefes de Estado y de gobierno de 34 países de la región iniciarán la III Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá. Una de las características de esta cumbre ha sido la creciente consulta y participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso.

Bajo la coordinación de la Corporación PARTICIPA de Chile, el grupo Focal de Canadá y la Fundación Esquel se realizaron procesos de consulta en 18 países que contaron con la integración de 896 organizaciones de la sociedad civil, las que produjeron un total de 243 propuestas. La mayoría se concentro en el tema de fortalecimiento de la democracia y dentro de este la lucha anti-corrupción como un puntal importante para los avances de la democracia .

Tal como señala el documento final de la Reunión Hemisférica del proceso que tuvo lugar en la Ciudad de Miami, los días 18, 19 y 20 de enero del 2001 " La creación de una cultura de la transparencia requiere la acción decidida y continua del Estado, como también de una ciudadanía activa y comprometida a participar y monitorear la actividad pública".

Aunque los Jefes de Estado han asumido importantes acuerdos para combatir la corrupción en las dos Cumbres de las Américas y en la Convención Interamericana contra la Corrupción, no se vislumbran avances significativos entre Cumbres por lo que el gran reto continua siendo traducir estos acuerdos en acciones concretas, que permitan fomentar la transparencia de las acciones públicas y el establecimiento de procesos de construcción mutua entre la sociedad civil y el Estado de mecanismos e instrumentos concretos que fomenten valores éticos, espiritud de rendición de cuenta, practicas de control social y marcos legales adecuados que conduzcan a una cultura de transparencia y contribuyan la la desaparición de la cultura de la corrupción.

La lucha contra la corrupción es una tarea pendiente y su desarrollo depende por una parte de la inversión de recursos y sobre todo de la voluntad política, de la cual dependerá sin lugar a dudas el que emerja una nueva cultura.

Por último presentamos las propuestas priorizadas por las organizaciones participantes en la reunión Hemisférica final para su incorporación en el plan de acción , estas se unen a las asumidas en las demás cumbres y que esperan ser implementadas, al Presidente Hipolito Mejía le corresponde ofrecer todo el apoyo para que las instancias gubernamentales responsables de operativizar los acuerdos den cumplimiento de manera exitosa a los mismos.

1. Insistir en la ratificación universal de la Convención Interamericana contra la Corrupción al año 2002.

2. Implementar un Mecanismo de Revisión Mutuo en la OEA y asegurar que tenga autoridad y financiamiento adecuado, como también un claro mandato para consultas con la sociedad civil. Elaborar un informe del avance anual de la implementación de la Convención a la Asamblea General de la OEA.

3. Establecer los requerimientos legales para la publicación regular de leyes, regulaciones, acciones judiciales y administrativas y otra información, incluyendo compras, todos los presupuestos y gastos y auditorías. Hacer los mayores esfuerzos para colocar esta información en Internet e instar al BID a proveer asistencia técnica y financiera. Garantizar el acceso a la información y promover una significativa participación ciudadana a través de mecanismos idóneos, tal como audiencias públicas.

4. Instituir procesos para promover la independencia e integridad de jueces y fiscales, incluyendo criterios de selección en base a méritos, revisión pública de candidatos, capacitación ética, declaración de bienes y mecanismos de monitoreo.

5. Implementar y publicar auditorías de todos los niveles de las instituciones públicas. Adoptar prácticas de rendición de cuentas y auditorías que superen los estándares internacionales.

6. Entablar requerimientos legales para la realización oportuna de declaraciones de ingreso y gastos de los partidos políticos y candidatos para fortalecer la transparencia del proceso electoral.

7. Entablar requerimientos legales para la implementación al año 2002, de procedimientos que fortalezcan la transparencia de compras públicas de bienes y contratación de servicios, estableciendo sistemas competitivos de licitación y concesión pública de contratos. Apoyar el uso de "pactos de integridad" en compras públicas y apoyar la pronta adopción por parte de todos los bancos multilaterales, de políticas y documentos uniformes del más alto estándar.

8. Crear y fundar una agencia independiente para promover, monitorear y coordinar programas anti-corrupción.

9. Proponer legislación para crear y utilizar los Consejos de la sociedad civil para monitorear y promover la transparencia en programas gubernamentales, sustentado en la capacitación y fondos necesarios.

10. Exigir la presentación de un informe anual a la Asamblea General de la OEA sobre las medidas tomadas para implementar estos acuerdos.

No cabe dudas que si queremos modificación de pràcticas y cultura, las entidades de la sociedad civil deberemos demandar espacios para aaportar en la formulación, ejecución y monitoreo de politicas y prograamaas que contribuyan con la transparencia de la gestión pública.

Un grupo de quince abogados ha dado a conocer su opinión en el sentido de que en una reforma constitucional debe eliminarse la inamovilidad de los jueces y dada la importancia que tiene la inamovilidad dentro de la reforma judicial, se hace preciso aclarar algunos conceptos y expresar nuestra opinión al respecto.

Aunque el comunicado en cuestión hace blanco principal en los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de su texto se desprende con claridad que lo se que se persigue es eliminar la inamovilidad de todos los jueces.

Bajo el sistema actual, los jueces sólo son inamovibles y bajo ninguna circunstancia son vitalicios. Actualmente los jueces pierden su posición por tres razones: por mala conducta, por ineficiencia continua y demostrada y cuando le llega la edad de retiro consignada en la Ley de Carrera Judicial. Si fuesen vitalicios, sólo perderían sus posiciones con la muerte, que no es el caso. En consecuencia, no es cierto que la inamovilidad premie con la permanencia en el cargo a un juez que no reúna las condiciones para realizar un trabajo eficiente.

Para que el sistema actual de inamovilidad se complete, sólo falta que la edad de retiro se le aplique a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual estamos de acuerdo. Esta Suprema Corte ha señalado por sentencia que en virtud del principio de la no retroactividad de la ley, la edad de retiro se les aplica a todos los jueces designados a partir de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, lo que significa que no se les aplica a ellos que han sido los únicos designados con anterioridad. Los actuales jueces deben demostrar su vocación democrática y anunciar públicamente que se acogerán irrevocablemente al retiro voluntario tan pronto como alcancen la edad de retiro y sean designados sus sustitutos, con lo cual además se lograría evitar que los enemigos de la reforma judicial utilicen un argumento técnico para restar apoyo popular al proceso de reforma judicial.

La inamovilidad es la columna vertebral de la carrera judicial. Carrera judicial significa ingresar a la judicatura luego de pasar determinados exámenes y tener derecho a permanecer en ella hasta la edad de retiro excepto destitución por mala conducta o ineficiencia continua.

Pero la inamovilidad también es la única garantía que tienen los jueces para sostener su independencia a la hora de dictar sentencia. Si los jueces estuviesen sujetos a ratificación cada cierto período, tendría que cuidarse de no lastimar los intereses de aquéllos que tienen la capacidad de ratificarlos o no y se perdería entonces la independencia.

Los jueces son los guardianes de los derechos ciudadanos. Muchos de los abusos a los derechos ciudadanos provienen de sectores muy poderosos, que no podrán ser enfrentados por los jueces, con sus decisiones, excepto que exista una protección que asegure que no habrá represalias contra ellos. Si están expuestos a perder sus funciones, volveremos al pasado cuando sólo un pequeño grupo de jueces valientes se atrevía a ser independiente y el resto se plegaba a la voluntad de los poderosos, la mayoría de las veces recibiendo como compensación la continuidad en sus puestos además del oro corruptor.

La gran perdedora de retornar al sistema de jueces controlados por el poder político, lo será la ciudadanía, sobre todo aquella parte mayoritaria que no tiene influencias ni padrinos ni facilidades para lograr que se le haga justicia.

Nos sorprende sobremanera que se señale que el riesgo de que jueces obtemperen a directrices políticas en determinados expedientes es un "mal menor" a la concentración de todo el poder judicial en un grupo de jueces. La experiencia de un poder judicial politizado ya la hemos vivido y la recordamos con mucho dolor y no deseamos regresar a una situación prácticamente superada.

Por las razones expresadas, el tema de la reforma judicial, en el que figura como base la inamovilidad de todos los jueces, al igual que el tema de la reforma constitucional, no es competencia exclusiva de abogados, pues los grandes afectados serán todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar su ocupación, su raza, su sexo, su edad, su nombradía. Por esa razón, todos tenemos el derecho a opinar. A todos nos afectará.

Nos unimos a los Decanos de las Escuelas de Derecho de las más prestigiosas universidades nacionales, al Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP) y a la Unión Nacional de Empresarios (UNE), y reclamamos que se respeten las conquistas logradas en materia judicial, entre las que está la inamovilidad de los jueces.

Por la Coalición por una Justicia Independiente

Participación Ciudadana
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo
Asociación Dominicana de Abogados Empresariales (ADAE)
Centro Dominicano de Investigación Legales (CEDAIL)

1.- Celebramos que la JCE y los partidos hayan logrado consenso para la implementación de la esencia de las circunscripciones electorales: que los electores podían emitir un voto preferencial, es decir señalar cuál de los candidatos propuestos por su partido es su preferido. En este caso las listas deben presentarse por simple orden alfabético.

2.- Apoyamos la ref. Art. 86 que establece tres niveles de elección: 1er. Nivel: Para Presidente y Vice-presidente (conjunta) y separados senadores y diputados (2do. Nivel) y síndico, regidores y suplentes, en el tercer nivel.

3.- Acogemos la última reforma al párrafo III del art. 79 que permite que "por razones de fuerza mayor" un representante electo, pueda mudarse de la circunscripción, previa autorización de la JCE.

De ninguna forma favorecemos que se pueda postular a alguien que no resida en la circunscripción.

4.- Nos parecen exagerados los por ciento exigidos en el párrafo II del art. 76 para registrar candidaturas independientes provinciales y municipales, que llegan al 20%. Con tal proporción se garantiza un diputado en una circunscripción de 5 y dos en una de nueve.
Los porcentajes no deben pasar del 10%.

5.- En cuanto a la reforma referente a las "proclamas", art. 87:
Consideramos excesivamente largo que la proclama convocatoria de elecciones ordinarias sea llevada de "a más tardar 90 días" a 135 días antes de los comicios.
Respaldamos que la proclama se mantenga en los 90 días; y que además se penalice de toda promoción de candidatos y pre-candidatos más allá de los locales y reuniones de los organismos partidarios.
Es decir que se prohiba todo género de promoción pública de candidatos o pre-candidatos, sea a través de marchas, caravanas, afiches, radio, televisión y periódicos de circulación nacional, o cualquier otro medio fuera del período de campaña de 120 días.

La ciudad de Santo Domingo pierde sus áreas verdes en manos de especuladores de tierras urbanas que valiéndose de títulos ilegales justifican su propiedad.

El medio ambiente es agredido por la construcción descontrolada de edificios de apartamentos que violentan el uso de suelo de nuestras comunidades y por la instalación en estas de plantas eléctricas sin los estudios y autorizaciones requeridos.

Los males ambientales que afectan nuestra ciudad tienen su origen en el tratamiento que reciben en la Sala Capitular, el departamento de Planeamiento Urbano y la Consultoría Jurídica del Ayuntamiento.

La Sala Vecinal, espacio de coordinación de Juntas de Vecinos de zonas residenciales, calificó de alarmante e indignante la ocupación ilegal de las áreas verdes de la ciudad de Santo Domingo.

Especificó la entidad comunitaria que especuladores de terrenos urbanos han destruido miles de árboles, secado lagunas naturales y vendido los espacios reservados para la salud y el esparcimiento humano.

Indicaron que esta práctica se desarrolla en el país desde hace muchos años y como resultado de la misma un amplio sector de la Sala Capitular, Obras públicas y del Tribunal de Tierras han sido convertidos en inmobiliaria privada.

Resaltaron que las Juntas de Vecinos que han pretendido defender sus áreas verdes han sido demandadas ante los tribunales, generándose contra ellas, presiones y chantajes.

Reconocieron que el Síndico del Distrito Nacional Juan de Dios Ventura ha estado asumiendo el proceso de recuperación de las áreas verdes y en función de ello respaldan sus ejecutorias.

Pero clarificaron que para garantizar el éxito de la operación se hace necesario el saneamiento de las áreas de Planeamiento Urbano, Consultoría Jurídica y de Administración del Ayuntamiento.

Por otro lado indicaron, que ya es tiempo de que los regidores presenten a los organismos correspondientes, sus declaraciones juradas de bienes para que algunos de ellos expliquen al país el origen de las riquezas que poseen .

Sostienen que la ciudad se está haciendo inhabitable ya que sin respetar las reglamentaciones que controlan y definen el uso de suelo se construyen edificios, se instalan plantas eléctricas de alto poder contaminante, estaciones gasolineras y plantas de gas, en todo el Distrito Nacional.

La sala Vecinal llamó a todas las Juntas de Vecinos a defender sus áreas verdes, integrándose a un movimiento ciudadano que proteja nuestros derechos ciudadanos.

En la República Dominicana, al igual que en otros países de la región, la década de los 90 y en especial el trienio 1994-1997 constituyó un período decisivo para la democratización del sistema político-electoral. Por un lado, se promulgaron importantes reformas constitucionales y otros cambios en la normativa electoral, que contribuyeron a fortalecer las instituciones electorales y a hacer mas transparentes e idóneos los procesos de administración de los comicios; siendo dichas transformaciones un resultado de importantes avances en materia de participación ciudadana.

Las peculiaridades del sistema electoral dominicano actual son, en gran medida, un producto de la crisis política posterior a las elecciones de 1994, que con la firma de un acuerdo entre los diversos partidos políticos y líderes de organizaciones eclesiásticas, sindicales y empresariales y personalidades de la nación, que trajo como resultado la reforma constitucional del 4 de agosto de 1994, que modificó el sistema electoral vigente hasta el momento.

Las modificaciones en el ámbito electoral comprendieron un cambio en la proporción de votos válidos que requiere un candidato presidencial para ser elegido, pasando de la mayoría simple a la mayoría absoluta o el 50% más un voto, como una consecuencia de la anterior disposición, se establece un sistema de doble vuelta electoral en caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría requerida; se estableció la separación de las elecciones municipales y congresionales de las presidenciales con un período de dos años entre cada proceso; se prohibió la reelección presidencial consecutiva y por último, se modificó el sistema de votaciones mediante la organización de los denominados Colegios Electorales Cerrados.

En 1997, año en que se introducen otras cuatro reformas al sistema electoral mediante las cuales se dispone financiamiento del Estado a los partidos políticos para la campaña electoral, se establece una cuota de candidatura femenina no menor al 25% para los cargos congresionales y municipales, se crean circunscripciones electorales para elegir los diputados y regidores, y se otorga el derecho al sufragio de los dominicanos residentes en el exterior. De estas reformas las dos ultimas están pendientes de ser ejecutadas.

Estas reformas han implicado importantes avances en el proceso de fortalecimiento de las instituciones electorales y en términos de la organización de comicios más libres, diáfanos y transparentes en el país entre 1994 y el 2000.

Asimismo consideramos que este conjunto de reformas electorales planteadas, han contribuido a mejorar la competencia político-partidaria y han creado condiciones más propicias para la participación desde la sociedad civil en favor de la democratización del sistema político dominicano.

No podemos dejar de destacar que el fortalecimiento del sistema electoral que se experimentó en el país entre 1994 y 2000, y en particular el impacto de las reformas en la organización de comicios más libres, diáfanos y transparentes, son en gran medida el resultado de una mayor presión de la sociedad civil sobre el sistema político dominicano y en particular sobre las elites partidarias.

Participación Ciudadana, consciente de la importancia de las reformas introducidas al sistema electoral, así como de su impacto sobre el sistema político dominicano, considera que, a partir de las experiencias electorales de los últimos cuatro años, es oportuno establecer cuales son los aspectos del sistema político-electoral que deben ser fortalecidos o modificados.

Para cumplir con este objetivo Participación Ciudadana ha auspiciado, con el concurso de otras instituciones, un conjunto de eventos, entre los cuales se encuentra el seminario que mañana inauguraremos.

Los seminarios anteriores celebrados en julio y noviembre pasados se orientaron a la discusión de las reformas electorales pendientes de aplicación, es decir, la implementación para el 2004 del voto en el exterior y la aplicación del mandato que establece una nueva forma de votación mediante Distritos Electorales, a partir de las elecciones municipales y congresionales del 2002, con el objeto de garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas que resulten electos(as) en las elecciones generales de dicho año y los subsiguientes, "sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen" (Art. 79 de la ley electoral).

En este nuevo evento, auspiciado por el Participación Ciudadana, el National Democratic Institute (NDI), el Centro Carter, International Foundation for Electoral Systems (IFES), el debate se centra en tres de las reformas ya aplicadas.

Los temas que serán abordados en esta ocasión lo constituyen:

Los colegios cerrados y la división por sexo de la jornada electoral, cuya administración comprende las fases de instalación del colegio, inscripción de las votantes en el formulario especial de concurrentes y votaciones y, el escrutinio en la tanda de la tarde. Esta medida fue establecida con el propósito de reducir el margen de fraude el día mismo de la jornada electoral. Sin embargo los avances logrados en la conformación de un padrón electoral fotográfico, obliga a una revisión de este sistema de votaciones que, de no ser modificado, podría incidir sobre la tasa de asistencia electoral en elecciones futuras.

Un segundo tema de debate del seminario tiene que ver con la mayoría requerida para ganar las elecciones en la 1ra. Vuelta. La regla de que para ser elegido un candidato debe obtener el 50% + uno de todos los votos válidos necesita ser analizada. Esta disposición encontró su primera prueba de fuego en las pasadas elecciones, cuando el candidato del PRD obtuvo 49.8% de las votaciones y el doble en porcentaje con relación a los otros dos competidores, sin embargo no logró la mayoría constitucional exigida para ganar en la primera vuelta. La decisión del candidato que quedó en la segunda posición de renunciar a participar en una segunda vuelta como exigía la ley electoral permitió, en esta ocasión que hubiera una salida a este impasse.

Participación Ciudadana considera que sería de gran importancia para la estabilidad democrática del país que la clase política dominicana examine esa, y otras experiencias en el ámbito regional, a fin de ponderar la conveniencia de introducir alguna calificación o mecanismo que permita una salida institucional a este tipo de disyuntiva.

El tercer tema es el relativo al calendario electoral. Con relación a la separación de las elecciones, hay quienes han planteado que mantener elecciones cada dos años conlleva someter al país a una campaña electoral permanente, lo que afecta la marcha de gran parte de las actividades de la sociedad dominicana y resulta muy costoso, por lo que se propone que las elecciones presidenciales y las congresionales y municipales se realicen en un mismo año separadas por unos meses, o que se retorne al sistema anterior de boletas separadas para cada elección. Otros plantean que las elecciones se mantengan separadas, debido a que nuestro sistema político da poco espacio para la expresión popular, y para cuestionar las ejecutorias gubernamentales de manera efectiva.

La elección del congreso dos años después de instaurado el nuevo gobierno puede ser un elemento importante para que la población exprese su desacuerdo con las ejecutorias del partido de gobierno, por lo que proponen que lo que debe hacerse es hacer cumplir la ley electoral de que las campañas duren sólo los 90 días consignados en la ley electoral; otros proponen, inclusive, que se reduzca la duración de la campaña.

Esas y otras disyuntivas forman parte de la agenda del seminario "Experiencias Regionales en el Desarrollo de Consenso sobre Calendarios Electorales, Sistemas de Doble Vuelta y Medidas para Garantizar la Transparencia de los Procesos Electorales" que mañana inauguramos.

Damos bienvenida fraternal y calurosa a todos y todas los (as) participantes, en especial a los señores y señoras ex magistrados electorales que nos prestigian con su presencia. Estamos plenamente convencidos respecto al aporte que significa para este seminario su experiencia en materia electoral, a los especialistas e intelectuales que nos acompañan y que contribuirán con sus exposiciones a clarificar los temas para la discusión y sugerir líneas de acción para la búsqueda de consenso.

Estamos confiados en que este seminario, como aconteció con los dos que efectuamos el año pasado, constituya un espacio para el análisis y la discusión de las principales dificultades que enfrentan las instituciones y los procedimientos electorales, y que aporte las sugerencias y recomendaciones necesarias para mejorar y fortalecer el sistema electoral dominicano.

Participación Ciudadana considera una avance institucional y democrático la existencia legal de la figura del Defensor/a del Pueblo. Es una manera de garantizar la existencia de derechos adquiridos por ciudadanos y ciudadanas y que en la práctica no son reconocidos por funcionarios y servidores públicos.

Para que la figura del Defensor/a del Pueblo nazca con la suficiente autoridad y legitimidad frente a la sociedad, sugerimos el establecimiento de algunos mecanismos de consulta que permita a los señores legisladores escoger con criterios de eficiencia, independencia y capacidad a las personas que van a ocupar posiciones en este valioso instrumento jurídico.

De acuerdo con la ley, el Defensor/a del Pueblo constituye una autoridad independiente, cuya característica debe ser la neutralidad, la no pertenencia a partidos políticos, ni la obediencia a grupos particulares.

La ley requiere que las personas seleccionadas para conformar la Defensoría del Pueblo cumplan con una serie de condiciones, tales como poseer una reconocida solvencia moral y profesional, poseer amplios conocimientos de la Administración Pública y de la gestión gubernamental, así como conocimientos especializados sobre medio ambiente, asuntos de la mujer, de la niñez y la juventud, y del consumidor. Todos estos asuntos requieren de una evaluación profesional para determinar si los/as candidatos/as elegibles cumplen con los requisitos establecidos por la Ley.

Para poder realizar una selección objetiva que permita organizar la Defensoría del Pueblo con la mayor eficacia, que de cumplimiento a los objetivos que justificaron su creación, se hace necesario crear un mecanismo de selección transparente y participativo.

Ante la necesidad de elegir ocho personas que cumplan las mismas condiciones y que para cada una de las mismas la Cámara de Diputados pueda seleccionar una terna para su presentación al Senado de la República, nos permitimos presentar un esquema para el establecimiento de la metodología de selección:

1. Determinar el perfil de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Este perfil deberá ser diseñado teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley, incluyendo la preparación académica, los conocimientos técnicos especializados y la experiencia en asuntos de la administración pública y teniendo en cuenta características tales como liderazgo, honestidad, dinamismo, manejo de conflictos, responsabilidad y capacidad de análisis.

2. Establecer criterios profesionales y políticos de selección. Tener en cuenta que las personas que conformen la Defensoría del Pueblo aseguren el funcionamiento de los sistemas políticos envueltos, que estén en capacidad de vigilar el mantenimiento de un equilibrio que asegure el respeto al marco legal existente, mantenga un ambiente que permita el cumplimiento de los programas de comunicación, investigación y educación, el no partidismo y la capacidad moral que se requiere para cumplir con el objeto que le da origen.

3. Que la Cámara de Diputados designe un equipo de depuración y que el mismo se auxilie de una empresa especializada en selección de personal. Esto puede asegurar que se tomen en cuenta los criterios de selección establecidos en la ley.

4. Que al inicio del proceso de elección la Cámara de Diputados llame a concurso público, a través de los medios de comunicación, y que preseleccionados los candidatos, llame a vistas públicas para el conocimiento y debate sobre los mismos.

5. Publicación de la lista de candidatos preseleccionados en la primera depuración, con la finalidad de que la ciudadanía remita sus objeciones o apoyo. Deberá incluirse la fecha límite para recibir observaciones.

6. La comisión seleccionada analizará las observaciones recibidas, depurará los candidatos con sus motivaciones para ser presentado ante la Cámara de Diputados para la selección de las ternas.

7. El pleno selecciona y remite las ternas al Senado con las justificaciones correspondientes.

8. El Senado realiza su análisis final y selecciona los candidatos para las ocho posiciones disponibles.
Esperamos que los señores legisladores de ambas cámaras mantengan el espíritu participativo de la ley sobre Defensoría del Pueblo, y tengan a bien tomar en cuenta la presente sugerencia.

Las abajo firmantes, entidades de la sociedad civil, queremos expresar nuestro profundo rechazo al intento de sectores al interior del Congreso Nacional de modificar la Constitución de la República, sin contar con la ciudadanía en un acontecimiento de tanta importancia política y social.

Reiteramos que la vía más adecuada para reformar la constitución continúa siendo un proceso de discusión en el que se integre a la ciudadanía. Tal como afirma el artículo 2 de la Constitución, los verdaderos soberanos somos los ciudadanos. Al reclamar que la Constitución se reforme sólo después de un proceso de verdadera consulta y discusión pública, no estamos apelando a la buena voluntad de los legisladores, sino que hacemos uso de nuestros derechos constitucionales al reclamarles que cumplan con su obligación de ser representantes de los intereses y deseos de la ciudadanía.

La única reforma aceptable es la que establezca una Constituyente elegida por voto popular que esté diseñada para maximizar la integración de la ciudadanía al proceso de reforma, de espaldas a la ciudadanía no puede haber reforma constitucional.

1. Participación Ciudadana
2. Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS
3. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
4. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña(UNPHU)
5. Coalición por una Justicia Independiente
6. Instituto Nacional de Salud, INSALUD
7. Dialogo por la Reforma
8. Cámara de comercio y producción de Santo Domingo
9. Alianza ongs.
10. Fundación Siglo XXI
11. Foro Ciudadano
12. Centro de Estudios de Genero/INTEC
13. Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA
14. Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.
15. Asociación de Empresas Industriales de Herrera.
16. Acción Callejera, INC
17. Foro Social de Puerto Plata.
18. Centro para la Democracia
19. FUNDELOSA
20. Apoyo al Anciano
21. Asociación Americana de Juristas.
22. Asociación Desarrollo Andes, INC.
23. Asociación para el progreso Incorporada, ACOPRO
24. Asociación de comerciantes de la calle el conde y ciudad colonial, INC
25. Casa Abierta
26. Centro de Planificación y Acción Ecuménica, CEPAE.
27. Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA
28. Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, CUDEM
29. Coord. de ongs del área de la mujer.
30. Comité de Salud Popular, COSALUD
31. Asociación de Bancos comerciales de la República Dominicana.
32. Programa de Desarrollo Provincia de Puerto Plata
33. Proyecto de Salud Mamá Malta Pto. Plata
34. Movimiento de mujeres Dominico/Haitianas, MUDHA
35. Asociación de Bancos de Desarrollo, INC
36. Asociación de comerciantes Industriales de Santiago, INC
37. Asociación de concesionarios de fabricantes de vehículos, INC
38. Academia de Profesores para la Paz (FUNDAPAZ)
39. Asociación de Empresas Inmobiliarias
40. Asociación de Empresas remedadoras de Divisas(ADEREDI)
41. Asociación de fabricantes de conservas del agro
42. Fundación Generación 2000
43. Asociación de fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carne, INC
44. Asociación de Hacendados y Agricultores
45. Asociación de Industria y Comercio de la Zona Oriental, INC
46. Junta de Vecinos del Caliche
47. Asociación de Industriales de la Región Norte, INC
48. Comunidad Eclesial de Base Luz y Esperanza, El Caliche de Cristo Rey
49. Asociación de fabricantes de productos p/El Cuidado e Higiene personal y del Hogar
50. Asociación Nacional de distribuidores de gas licuado y de petróleo, INC
51. Alfalit Dominicana
52. Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas de la República Dominicana
53. Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas,INC
54. Ciudad Alternativa
55. Asociación de las medianas y pequeñas empresas
56. Asociación de Navieros de la República Dominicana
57. Asociación de Productores de Ron
58. Centro Dominicano de Estudios de la Educación, CEDEE.
59. Asociación de representantes, agentes y productores farmacéuticos
60. Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones
61. Centro Cultural POVEDA
62. Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, INC
63. Instituto Dominicano de Desarrollo, IDDI
64. Asociación Dominicana de promotores y Constructores de Viviendas
65. Federación de mujeres en desarrollo de Guerra
66. Fundación Ecológica Rudolf Johan Gaube.
67. Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, INC
68. Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera
69. Asociación Dominicana de Empresas de Leasing, INC
70. Ce Mujer
71. Asociación Dominicana de Empresas Financieras
72. Centro Aquelarre
73. Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, INC
74. Asociación Dominicana de Exportadores, INC
75. Centro Antonio Montesinos, CEM
76. Asociación Dominicana de fabricantes de Cerveza
77. Centro de asesorías legales para la mujer ,CENSEL
78. Asociación Dominicana de Fabricantes de Pinturas Y afines ,INC
79. Bloque de organizaciones no gubernamentales, INC.
80. Casa de la Masculinidad.
81. Centro Dominicano de Asesorías y Asistencia Legal, CEDAIL
82. Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP
83. Coordinadora de animación Socio Cultural, CASCO
84. Escuela Nacional de Educación Cooperativista, Inc. ENECOOP
85. Fundación para la integración Social y educativa, FISOE
86. Fundación Dominicana para una Promoción y Acción Social, PROPAS
87. Organización para el Desarrollo de la Salud, ODESA
88. Asociación Tú, Mujer
89. Unión de Vecinos Activos. UVA
90. Equipo de Educación Popular y Comunitaria Alternativa, EPCA
91. Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Inc.
92. Asociación Dominicana de Igualas Medicas, Inc
93. Asociación Dominicana de Industrias Textiles
94. Asociación Dominicana de Mujeres empresarias, Inc.
95. Asociación Dominicana de productores de Leche, APROLECHE
96. Asociación Dominicana de Tenerías
97. Asociación Dominicana de Zonas Francas, Inc.
98. Asociación Interamericana de Hombres de Empresa, Inc.
99. Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, Inc.
100. Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Inc.
101. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Inc.
102. Asociación Nacional de Industriales de Harina, Inc.
103. Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas y Profesionales, Inc.
104. Asociación para el Desarrollo de Microempresas, Inc.
105. Bolsa de Valores de la República Dominicana
106. Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
107. Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana
108. Cámara de Comercio de Trinidad y Tobago, Inc.
109. Cámara de Comercio Dominicana en Nueva York, Inc.
110. Cámara de Comercio Dominico Japonesa
111. Cámara de Comercio Dominico Canadiense, Inc.
112. Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc.
113. Cámara de Comercio y Producción San Cristóbal, Inc.
114. Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, Inc.
115. Cámara Dominicana de la Construcción
116. Cámara Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa
117. Cámara Dominicana de la Salud, Inc.
118. Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana
119. Cámara Nacional de la Energía, Inc.
120. Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Inc.
121. Confederación Patronal de la República Dominicana
122. Empresas Farmacéuticas de Investigación y Desarrollo, Inc.
123. Federación de Asociaciones de Plazas y Arterias Comerciales, Inc.
124. Federación de Cámaras Europeas de Comercio de la República Dominicana
125. Federación de Colonos Azucareros
126. Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional, Inc.
127. Fundación para el Desarrollo Integral de la Región Este
128. Junta Agroempresarial Dominicana
129. Representantes e Importadores de Vinos y Licores Asociados, Inc.

"La Sala Vecinal", un espacio de coordinación de Juntas de Vecinos de zonas residenciales del Distrito Nacional, felicita al Síndico Juan de Dios Ventura por la destitución de varios funcionarios administrativos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Entiende la Sala Vecinal que la cancelación de Waldys Taveras, Rafael Nina y Manolo Muñoz es una señal positiva frente a las demandas de las organizaciones que luchan por más transparencia en la gestión de las actuales autoridades municipales.

Las Juntas de Vecinos de las zonas residenciales de Santo Domingo, dicen haber visto durante muchos años el estancamiento y la desaparición de sus reclamos en departamentos del Ayuntamiento como Planeamiento Urbano, la Consultoría Jurídica y la Secretaría de la Sala Capitular.

El cambio de estos funcionarios podría significar un paso de avance en el proceso de institucionalización del gobierno de la ciudad, por lo que además de felicitar al Síndico Ventura Soriano, solicitan que medidas reformadoras e institucionales alcancen los Tribunales municipales, a la Sala Capitular y el comportamiento de algunos regidores que muchas veces violan la ley municipal colocándose contrarios a la ciudadanía que los eligió.

La forma en que se han manejado los departamentos de Planeamiento Urbano, la Consultoría Jurídica y la Secretaría de la Sala Capitular han sido fuentes permanentes de conflictos con la ciudadanía, por lo que los cambios de funcionarios deben ir acompañados de medidas que transformen la gestión pública del Cabildo.

"Ha llegado el momento de reformar el Ayuntamiento del Distrito Nacional y nuestras organizaciones están en la disposición de respaldar esa reforma para hacerlo más transparente y efectivo", dijeron las organizaciones de la Sala Vecinal.

La entidad inició un proceso de observación, contactos y seguimiento a los nuevos funcionarios para tratar de fortalecer sus actividades y evitar los niveles de exclusión a que las comunidades han sido sometidas en experiencias anteriores.

Una gran agenda queda pendiente entre el Ayuntamiento y las Juntas de Vecinos de las Zonas Residenciales que esperan soluciones reales y el compromiso de los nuevos funcionarios para el impulso de un nuevo tipo de relación entre el ayuntamiento y la comunidad.
La nota está firmada por las siguientes organizaciones:

1. Junta de vecinos Altos de Arroyo Hondo, Los Pinos
2. Junta de vecinos Residencial Isabelita
3. Junta de vecinos Altos de Arroyo HondoII
4. Junta de vecinos San Gerónimo
5. Junta de vecinos Costa Brava
6. Junta de vecinos Cuesta Hermosa I
7. Junta de vecinos Mirador del Sur
8. Junta de vecinos Mirador del Sur, Los Maestros
9. Junta de vecinos Primaveral
10. Junta de vecinos Los Arroyos de Arroyo Hondo
11. Junta de vecinos Los Ríos
12. Junta de vecinos Los Cerros de Arroyo Hondo III
13. Junta de vecinos Lomas de Arroyo Hondo
14. Junta de vecinos Urbanización Fernández
15. Junta de vecinos Arroyo Hondo I
16. Junta de vecinos Carret. Sánchez Km. 7

Tertulia sobre

La selección del defensor del pueblo

Expositores:

Julio Cesar Valentín
(Diputado y abogado)

Francisco Alvarez Valdez
(De Participación Ciudadana y abogado)

Fecha: Miércoles 28 de febrero

Hora: 6:00 de la tarde

Lugar: Local de Participación Ciudadana

Esperamos contar con la presencia de las personas de la dirección y del equipo técnico, de miembros y demás personas relacionadas.

El Comité Municipal de Participación Ciudadana en Santiago conmemoró el séptimo aniversario de su fundación, con un acto en el que fueron reconocidos los pasados coordinadores de la institución en el municipio y el periódico local La Información.

El acto se realizó el 25 de enero pasado en los salones de la Alianza Cibaeña Inc., y al mismo asistieron los miembros de Participación Ciudadana en Santiago, instituciones y personas amigas. Por el Consejo Nacional estuvieron presentes Melba Barnett, coordinadora general, Juan Bolívar Díaz y Teresa Hernández.

Les fueron entregadas placas de reconocimientos a Pengsien Rafael Sang, José Luis Taveras y Raúl Martínez pasados coordinadores del Comité Municipal de Participación Ciudadana en Santiago. El doctor Fernando Pérez Memén, director del periódico La Información recibió una placa de reconocimiento a nombre de ese diario.

En el acto hicieron uso de la palabra Ana Vásquez, coordinadora municipal, y Juan Bolívar Díaz, a nombre del Consejo Nacional, quienes se refirieron a la ardua labor que en beneficio de la democracia a desarrollado Participación Ciudadana en los siete años de existencia.

El Comité Municipal de participación Ciudadana en Santiago fue constituido el 26 de enero de 1994, siendo su primer coordinador Pengsien Rafael Sang.

El acto fue amenizado por el conjunto músico- vocal ILUMANTA, y al final fue ofrecido un brindis a todos los asistentes.