El movimiento cívico, Participación Ciudadana eligió cuatro nuevos miembros al Consejo Nacional., durante su asamblea general ordinaria, el pasado sábado 25 de enero.

Los nuevos miembros del Consejo Nacional  son Alfonso Abreu Collado, Isidoro Santana, Samuel Encarnación y Adriana Mu Kien Sang.

Este Consejo Nacional de PC, se reunirá el próximo viernes 31 de enero, para escoger el  nuevo coordinador general de la institución.

La asamblea tuvo  lugar a  partir de las 9:00 de la mañana, en el salón Durán  Brache, de la Asociación Medica Dominicana, ubicada en la C/ Paseo de los   Médicos Esq. Modesto Díaz, Santo Domingo, D. N.

En el curso de la asamblea, a la que fue convocada toda  la membresía de Participación Ciudadana, se presentó la memoria anual del Consejo   Nacional, presentación y aprobación del informe financiero, conocimiento Plan Estratégico de PC 2003- 2007, conocimiento Plan de Trabajo para el  año 2003, se seleccionó la Comisión Electoral y eligieron cuatro miembros del Consejo Nacional y se juramentaron los nuevos miembros del Consejo    Nacional. Todos los puntos fueron aprobados por los asambleístas.

Participación ciudadana fue fundada el 31 de octubre 1993 por un grupo de ciudadanos y ciudadanas apartidistas, a raíz de la creciente preocupación por la falta institucionalidad reinante en nuestro país.

Las preocupaciones que motivaron la fundación de Participación Ciudadana en 1993 fueron la centralización y abuso de poder, las crisis electorales repetitivas, corrupción y tráfico de influencia, la escasa  participación de la sociedad civil, la exclusión de los pobres del sistema político y el autoritarismo, entre otros.

En esa oportunidad, el movimiento cívico se formó en torno a principios básicos tales como la descentralización del estado, el fortalecimiento del régimen municipal, la autonomía de los poderes públicos, la reforma del poder judicial, la creación de mecanismo permanentes de participación, y la realización de reformas sociales, políticas y económicas.

En 1996 participación ciudadana formó por primera vez en el país una red ciudadana de observadores electoral que realizó una importante contribución a la trasparencia del proceso. El movimiento cívico integro en ese entonces alrededor de 5 mil voluntarios y voluntarias, quienes realizaron una observación cualitativa de las votaciones en todo el territorio nacional , aparte de llevar a cabo un conteo paralelo de votos que arrojó una diferencias muy mínima de los resultados oficiales, lo cual sirvió para otorgar una mayor trasparencia al proceso electoral.

Otros aportes de Participación Ciudadana fuera de los asuntos electorales, se han manifestado en el ámbito de la educación ciudadana, tanto a través de campañas masivas en los medio de comunicación, como por medio a talleres impartidos en las escuelas y colegios privados a nivel nacional.

En las escuelas publicas y privadas, el movimiento cívico ha desarrollado un programa de talleres para difundir el contenido de la constitución, Estado, Democracia y Ciudadanía y  Liderazgo a jovencitos entre el octavo grado y el cuarto de bachillerato.

Estas actividades se  desarrollan tanto en el  Distrito Nacional como en las Provincias del interior, donde además Participación Ciudadana  promueve el fortalecimiento del poder local y la participación de los diversos grupos de la sociedad civil en el control ciudadano de la gestión municipal.

Actualmente, Participación ciudadana ejecuta su plan de trabajo que incluye la Observación Integral de los procesos electorales, Trasparencia de la Gestión Pública, Justicia, Derechos Ciudadanos, Mujer y Política, Liderazgo Democrático y otros, mucho mas abarcadores que los programas de años anteriores.

Participación Ciudadana, realizó un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, para rendir cuentas de su participación en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupciónde la Presidencia de la República.

En la actividad el coordinador general, Ramón Tejada Holguín leyó un documento que contiene los trabajos de la institución en este consejo creado  por el Poder Ejecutivo, el pasado mes de Julio del año 2001,, mediante el decreto 783-2001.

Documento presentado a las organizaciones de la sociedad civil en el encuentro: 

En Julio del año 2001, mediante el decreto 783-2001 se creó el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República. Estuvo conformado por el Secretario de la Presidencia, El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, El Procurador General, El Contralor General, El Director del Departamento De Prevención de la Corrupción, El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, El Procurador Fiscal de Santiago de los Caballeros, Un representante de la Iglesia Católica, Un representante de la Iglesia Evangélica, Alianza ONG, Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz y como suplentes de estas tres últimas entidades y Participación Ciudadana; como miembros titulares. En calidad de suplentes se nombró a: El Voluntariado Nacional de Prevención de la Corrupción, Foro Ciudadano y Bloque de Organizaciones No Gubernamentales.

En su decreto de integración se establecieron como funciones las siguientes:

a)     Recabar Informaciones Generales y Particulares, a objeto de presentárselas al Presidente de la República, sobre los distintos niveles y modalidades de la corrupción en la administración pública.

b)     Formular propuestas concretas sobre las herramientas, mecanismos y procedimientos necesarios para hacer más ágil y efectiva la labor de combate a la corrupción administrativa;

c)     Elaborar los proyectos de leyes, decretos reglamentos que fueren de lugar para viabilizar la labor de combate contra la corrupción, sometiéndolos al Presidente de la República para los fines correspondientes.

  Para aportar al proceso de cumplimiento de las funciones del Consejo Participación Ciudadana produjo diferentes propuestas al Consejo.

Completar el trabajo de revisión de los marcos legales que tipifican, sancionan y prevén la corrupción pública. Participación Ciudadana puso a disposición del Consejo Asesor el Inventario de Leyes, ante proyectos y  por la institución.

Se envío una comunicación en noviembre del 2001 sugiriendo al Poder Ejecutivo que respalde el  Proyecto de Ley de contratación para el diseño y ejecución de obras y servicios  del Estado, presentado por el CODIA, así como varios de los ante proyectos que buscan trasparentar el presupuesto Nacional, y la elaboración de una propuesta para dar autonomía a la Contraloría  General de la república.

Se pensaba elaborar un diagnóstico de la corrupción en la administración pública, sugerimos que se formara una comisión del consejo que conduzca el proceso y que realice algunas consultas entre los expertos en el  tema y que puedan contribuir a definir la metodología adecuada para realizar dicho diagnostico, de manera que sus resultados resulten confiables y objetivos. En realidad Participación Ciudadana veía el diagnostico como una herramienta que permitiría identificar las áreas prioritarias hacia donde debe conducirse el trabajo. Es decir las áreas de mayor riesgos.

También se propuso que se pusiera el énfasis en la creación y puesta en práctica de las Comisiones de Auditoria Social desde el Departamento de Prevención de la Corrupción, para que esta comisión se constituyera en un mecanismo de control ciudadano del ejercicio Público.

Se insistió en la necesidad de poner en ejecución la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Lo cual unido al fortalecimiento de los procesos de modernización e institucionalización del Estado ayudarían a limitar las discrecionalidades de los/ as funcionarios/ as , promoviendo una gestión mas transparente de los fondos Públicos.

Sostuvo la necesidad de hacer contacto con consejos similares que existen en países como Paraguay, Perú, Honduras, Colombia y Ecuador, entre otros, con el fin de intercambiar informaciones y experiencias, que puedan ser útiles para los resultados que esperamos alcanzar.

Esta primera comunicación se envío en Noviembre del año 2001, . hace más de un año. Estas observaciones fueron escuchadas, pero en la realidad no fueron tomadas en cuenta en el accionar del Consejo Asesor. De todas maneras, PC entiende que la Lucha contra la corrupción no es algo que se resolverá de la noche a la mañana, ni es sólo competencia del Estado, sino que todos tenemos un grano de arena que aportar.

En diciembre del año 2001, el  Consejo formó una subcomisión en la que participaban representantes del DPCA, de la Contraloría General de la República y Participación Ciudadana.  Se realizaron más de diez reuniones de está subcomisión, las reuniones se discutieron importantes aspectos para la elaboración del método a través del cual se debería realizar el diagnostico sobre el estado de la corrupción que debía presentar el Consejo Asesor al Presidente de la República. Como integrante de esta subcomisión nos correspondió la convocatoria de la mayoría de las reuniones de la misma, así como la elaboración de un menú de opciones para llevar a cabo estas responsabilidades. Este constituyó el segundo documento en el cual Participación Ciudadana planteaba su visión de las actividades del Consejo.

En marzo del 2002, en coordinación con Alianza ONG´s, Foro Ciudadano, Voluntariado Nacional de Prevención de la Corrupción,, Bloque de Organizaciones No Gubernamentales y la Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz,  enviamos una tercera comunicación al Consejo.

Las principales propuestas de esta tercera comunicación giraron en torno a la necesidad de que el Consejo supere la inercia con la cual estaba trabajando, con este fin planteamos retomar la periodicidad de las reuniones de trabajo, disponer de los recursos adecuados para que la secretaría ejecutiva del consejo pueda operar eficientemente y como muestra de la voluntad política de combatir la corrupción, pedimos la promulgación del decreto que crea las comisiones de auditoria social, formulado por el  DPC con el concurso de diferentes organizaciones de la Sociedad Civil.

Esta última comunicación, firmadas por todas las organizaciones de la sociedad civil del consejo fue leída en una de las reuniones, se acordó su discusión en una próxima reunión sin que esto se haya producido hasta el momento. Nuestras entidades han sido reiterativas en la necesidad de que se realice una reunión del Consejo y se discuta los aspectos contenidos en esa comunicación.

Lamentablemente las convocatorias y seguimiento al proceso dependieron de un funcionario con una agenda y responsabilidades múltiples, razón por la cual el seguimiento ha este consejo paso a ser una tarea más. Las reuniones del Consejo no se realizan con la celeridad debida, pocas veces hay quórum y no se ha discutido cabalmente a lo interno el diagnostico que se le presenta al presidente de la República. Las escasas oportunidades en que ha logrado reunirse el quórum necesario para operar, salvo cuando se aprobaron los reglamentos de funcionamiento y se crearon dos comisiones, que aunque cumplieron su rol, no recibieron el respaldo del pleno de este Consejo en sus tareas.

Las discusiones y definiciones de aspectos estratégicos para este Consejo, como son la agenda legislativa en materia anticorrupción y la presentación de un balance en torno a la corrupción, resultaron ser temas coyunturales e improvisados, sin prestarles además el tiempo y la rigurosidad requerida.

En una  reunión realizada en el mes de diciembre,  reiteramos la necesidad de que los funcionarios pertenecientes al consejo y que sólo habían asistido a una o dos de las primera reuniones, que tenían más de un año fuera del consejo  (Fiscal del Distrito Nacional, Fiscal de Santiago, Consultor Jurídico), retornaran al mismo a dar cumplimiento a la responsabilidad que nos delegó el Presidente de la República. Pedimos, también, la modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo con el fin de hacer más operativa esta instancia, y poder funcionara con un quórum estable. Pedimos presentar al Presidente de la República un documento con recomendaciones sobre las acciones prioritarias en materia de legislación y acciones de prevención a desarrollar, así como dotar al Consejo de un espacio físico y de personal técnico mínimo que diera seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades; por último sugerimos que se eligiera una comisión que trabajara en estos aspectos.

A pesar de esto, ninguna de las propuestas fue acogida, por lo que presentamos renuncia de nuestra posición en ese Consejo. Creemos que ya no podemos dedicar más esfuerzo y tiempo a un espacio que a un año y medio de salida no ha logrado funcionar periódicamente y mucho menos articular una sola propuesta en la línea que establecen las funciones que le fueron conferidas.

Estamos conscientes que se requiere del concurso de todos los sectores para enfrentar este mal, no obstante la disposición y actitud gubernamental deben jugar un papel importante en este proceso. Sin embargo, hay que decirlo a fin de cuentas el Consejo no elaboró un diagnóstico, ni estableció las áreas de riesgo de la corrupción. En el día de hoy se está presentado al presidente de la República un documento diagnostico que en realidad es la reelaboración del documento elaborado por la firma Casal y asociados.

A continuación carta que le remitimos al Presidente de la República.

Señor
Ing. Hipólito Mejía
Presidente Constitucional de laRepública Dominicana
Su Despacho.-

Vía:    Lic. Sergio Grullón
Secretario de Estado de la Presidencia
Presidente del Consejo Asesor en Materia Anticorrupción

Señor Presidente:

Reciba Usted nuestro saludo.

Cuando en Julio del año 2001, fuimos designados por Usted en la matricula del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, creado mediante el decreto No. 783-01, recibimos con gran interés y disposición de trabajo esta designación, por entender que de esta forma, desde el Ejecutivo, se enviaba la señal de dar cumplimiento a los compromisos de campaña asumidos en torno a este tema. 

Estos compromisos de combate a la corrupción fueron expresados con precisión en su discurso ante la tercera Conferencia Nacional de Prevención de la Corrupción realizada el 2 de febrero del 2000, citamos:  “El flagelo de la pobreza nunca podrá ser eliminado sin una decidida acción estatal y la acción estatal nunca podrá lograr sus objetivos mientras persista  la corrupción, en consecuencia la lucha por combatir la pobreza y erradicar la corrupción está a la base de nuestra encrucijada nacional”.  

Ante la coincidencia de Participación Ciudadana con el entonces candidato y hoy Presidente de la República, de que la pobreza y la corrupción deben ser dos de los aspectos prioritarios de cualquier gestión gubernamental, decidimos poner todas nuestras energías y empeño en coordinar esfuerzos con la presente administración en tan importante tarea, conocedores de que la solución de dicho mal debe ser asumida por todos los sectores que conforman la sociedad dominicana. 

El país necesita urgentemente de la definición de una clara política anticorrupción y pensamos que uno de los espacios para definirla pudo haber sido el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción; sin embargo, a diez y ocho meses de juramentado, vemos con preocupación que no se ha logrado cumplir con los objetivos para los que fue creado, debido a la ausencia  de planes de trabajo y a la falta de compromiso de algunos de los integrantes de este Consejo.  En reiteradas ocasiones se ha hecho el compromiso de superar la inercia, sin que se haya cumplido, a pesar de los esfuerzos que hemos desarrollado algunas de las entidades miembros. 

Por las razones señaladas, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, le presenta su formal renuncia al Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República.

Agradecemos sobremanera que haya confiado en Participación Ciudadana para la conformación de esta instancia de coordinación, demostrando su vocación de integrar a la sociedad civil en sus planes, como lo ha hecho también en otras áreas, sin embargo, es evidente que el Consejo Asesor debe ser reorientado y redefinidas sus actividades y mandatos.

Atentamente,

Ramón Tejada Holguín
Coordinador General de Participación Ciudadana 

Cc.:  Integrantes Consejo Asesor en Materia de Lucha Anti Corrupción.

Nota: 
Esta carta se entregó el pasado martes 14 de enero de 2002, en la reunión del Consejo Asesor en  Materia de Lucha Anticorrupción de la República Dominicana.

Participación Ciudadana expresó sus felicitaciones y reconocimiento al honorable Senado de la República por la decisión de convocar a vistas públicas con el objetivo de recibir propuestas de candidatos a ser miembros de la Junta Central Electoral (JCE). Iniciativas como esta fortalecen nuestras instituciones públicas, ya que la democracia, además de delegación de poder en los procesos electorales, implica el diálogo y concertación permanente de los representantes con sus representados.

Nuestra institución decidió no presentar candidatos, porque somos una institución que desempeña un rol importante en los procesos electorales, que juega un papel en la reforma y modernización del sistema electoral, que reclama transparencia y pulcritud en la organización de los comicios, por lo tanto, no queremos ser vistos como una organización que desea jueces favorables a su quehacer. Ahora bien, como organización que lucha por la institucionalidad y el desarrollo de una democracia de calidad, reiteramos nuestra propuesta de un perfil que contiene, desde nuestro punto de vista, las condiciones mínimas que deben reunir cada uno /a de los/as aspirantes a jueces del máximo organismo electoral de la nación.

La ley Electoral, No. 275-97, establece requisitos muy generales para ser presidente, miembro titular o suplente de la Junta Central Electoral: ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, licenciatura o doctorado en derecho y un mínimo de 12 años de ejercicio profesional

Tomando en consideración las importantes atribuciones de orden  administrativo y contencioso que deben cumplir las autoridades llamadas a conducir  uno de los más relevantes eventos para el ejercicio democrático dentro del sistema político dominicano, Participación Ciudadana plantea seis puntos que definen el perfil básico de aspirantes a miembros del tribunal electoral:

Reconocida integridad.Los jueces electorales faltantes deben cumplir con las condiciones exigidas a la Junta en su conjunto: imparcialidad, confiabilidad y aceptación de todos los participantes en los procesos electorales (partidos políticos-sociedad civil).

Tener credibilidad.  Tomando en consideración que la Junta Central Electoral es un árbitro imparcial, cuyas decisiones se toman en función de las reglas del juego, cada integrante del tribunal debe merecer la confianza de todos los involucrados en los procesos electorales.

No haber ocupado puesto de dirección o relevancia en un partido político. Como garantía de que sus decisiones no estarán parcializadas, los dos jueces faltantes de la Junta Central Electoral, deben estar libres de toda sospecha de pertenecer o haber pertenecido a partido político alguno, sobre todo en posiciones dirigentes.

Capacidad para tomar decisiones acordes con su íntima convicción.Las decisiones del tribunal electoral deben tomarse en función de las reglas del juego y cada uno de sus integrantes debe estar en capacidad de actuar, en tanto juez, acorde con su íntima convicción.

Capacidad de trabajo colegiado. La Junta Central electoral es un tribunal colegiado, de manera que cada uno de sus jueces tiene que estar capacitado para el trabajo en equipo, garantizando así que toda decisión tomada sea producto de un esfuerzo conjunto.

Apertura a la participación de los diferentes actores políticos en la elaboración e implantación de propuestas orientadas a la solución de los problemas pendientes en la agenda electoral.

Experiencia y capacidad gerencial, a fin de que contribuyan a garantizar  una eficiente administración de los procesos electorales.

Reconocemos y siempre hemos reconocido, la facultad constitucional del Senado de la República de decidir sobre los dos jueces faltantes de la JCE, ahora bien, daría una mayor legitimidad al proceso si la selección de estos funcionarios electorales se  hace  sobre la base de la concertación y el diálogo franco con los partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral, y las diversas organizaciones sociales de la nación.

Ramón Tejada Holguín
Coordinador General

Declaraciones de participación ciudadana presentada  en las vistas públicas para la elección de dos miembros restantes de la JCE, celebrada el pasado miércoles 15 de enero de 2003

Participación Ciudadana solicitó a la Comisión del Defensor del Pueblo de la Cámara de Diputados  aclarar la denuncia del doctor Alexis Joaquín Castillo, en el sentido de que hubo un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Reformista Social Cristiano para nombrar a Zoila Martínez de Medina como Defensora del Pueblo.

El movimiento cívico señaló que la Ley 19-01, que crea la Defensoría del Pueblo,  establece con claridad el procedimiento para la selección de tan importante funcionario, y que debe ser ajeno al quehacer de los partidos políticos, porque es una especie de Procurador de los Derechos Humanos.

“Sería lamentable que la  Defensoría del Pueblo en República Dominicana nazca rodeada de la falta de credibilidad necesaria para jugar el rol que se le ha asignado mediante una ley,”, dijo Participación Ciudadana.

Señaló que el proceso de selección del Defensor del Pueblo en el país está retrasado, porque el próximo febrero se cumplirán dos años de la promulgación de la ley,  y aún la Cámara de Diputados no ha procedido a enviar la terna que deberá conocer el Senado para designar al Defensor o Defensora del Pueblo.

Participación Ciudadana reconoce que la nueva Comisión de la Defensoría del Pueblo, que encabeza la doctora Licelot  Marte de Barrios, ha agilizado los trabajos de preselección de aspirantes a la nominación; sin embargo, la denuncia  del dirigente reformista Alexis Joaquín Castillo empaña el esfuerzo que viene haciendo esta la Comisión.

La denuncia la formulo el precandidato presidencial del PRSC al participar como invitado al Diálogo Jurídico del Periódico Hoy, el lunes 13 de enero

“Existe la necesidad de hacer transparente el proceso de selección del Defensor del Pueblo, ya que de esta manera se fortalece la democracia y el Estado de Derecho que busca y quiere mantener el país”,  insistió PC.

Reiteró que la designación de manera imparcial del Defensor del Pueblo, es un gran paso de avance en el desarrollo institucional del país.

El coordinador del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó ayer la inclusión en el diálogo de todos los actores políticos del país, para la escogencia de los dos jueces faltantes de la Junta Central Electoral (JCE), y pidió que el proceso se lleve a cabo con transparencia y sin acuerdos de aposento.

Ramón Tejada Holguín dijo Participación Ciudadana no ha sido convocada aún al diálogo por su coordinador Agripino Núñez Collado y resaltó que como la experiencia inicial del diálogo fue fructífera sería lamentable que ese nivel de transparencia y amplitud se redujera en este momento y solo se convoque a los partidos mayoritarios.

Recordó que en el ámbito electoral la sociedad dominicana está compuesta tanto por los partidos políticos reconocidos por la JCE y con representación electoral, por lo que entienden deben participar en cualquier tipo de diálogo.

Asimismo, resaltó que Participación Ciudadana como institución realiza una labor en los procesos de observación en las elecciones, y hasta el momento ha sido transparente en sus planteamientos, como la de solicitar la vistas públicas y reconocer la facultad que tiene el senado como organismo institucional para la elección de los miembros de la JCE.

"Es decir hemos reconocido el papel que juega cada quien y no veo razón por la que precisamente cuando se ha tenido ese nivel de participación desde la sociedad civil, se convoque al diálogo única y exclusivamente al sector político", manifestó.

Tejada Holguín dijo que Participación Ciudadana mantiene su posición de que la JCE debe estar compuesta por personas de reconocida trayectoria pública, honestidad, independencia de criterios y que no sean militantes políticos.

Dijo que esa institución no hará propuesta para ser juez de la Junta, a los fines de evitar comentarios en el sentido de que la sociedad civil quiere imponerse.

No obstante, expresó que Participación Ciudadana reclama que se cumpla con un perfil de miembros de la JCE y que sea aceptado por todos los partidos políticos reconocidos por el tribunal de elecciones.

Con respecto a las vistas públicas que celebrará el Senado para la escogencia de los dos jueces faltantes de la Junta, Tejada Holguín dijo que Participación Ciudadana como todas las organizaciones asistirá y verá las propuestas para si es necesario dar alguna recomendación o emitir su opinión sobre los candidatos que se sometan.

El movimiento Participación Ciudadana sugirió ayer al Senado que utilice el mecanismo de vistas públicas para la escogencia de los dos nuevos jueces de la Junta Central Electoral.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, dijo que aunque los senadores tienen la falcultad para la selección de los miembros del tribunal electoral, esa prerrogativa no puede impedir que se haga mediante el consenso de los diferentes sectores. "Ellos (los senadores) tienen el mecanismo de las vistas públicas, pueden establecer ese mecanismo, o pueden, si quieren tener reuniones con los propios partidos políticos y aprovechar el espacio del diálogo nacional que está instalado", indicó Cabreja.

El mecanismo

Sostuvo que el mecanismo para la escogencia de los jueces debe ser participativo y de consenso. El director ejecutivo de Participación Ciudadana ofreció esas declaraciones en la sede de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), donde la Coalición por una Justicia Independiente presentó una declaración con motivo del Día del Poder Judicial.

Introducción

Los aspectos negativos, como la regresiva reforma constitucional y laimposición de los jueces electorales con desprecio del consenso, marcaron políticamente el año que concluye, lo que junto a losproblemas afrontados por la economía nacional en el último semestre, arrojan un panorama de pesimismo y desconfianza.

La sociedad política dominicana siguió confrontado serias dificultades para cumplir los pactos, y para instituir mecanismos eficientes de combate a la corrupción aunque el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República depositó en el Congreso Nacional un paquete de anteproyectos con eseobjetivo.

Debemos celebrar que durante este año se redujeron considerablemente las ejecuciones extrajudiciales y se dieron pasos para implementar mecanismos de participación social y elaborar una estrategia hasta el 2015 para la erradicación de la pobreza.

Los compromisos de las autoridades para controlar el gasto público en el próximo año, el pacto para la estabilidad económica y el desarrollo firmado, con la cúpula empresarial, y las mejores perspectivas de sectores claves de la economía nacional, como el turismo y las zonas francas permiten esperar que el panorama de sombrío pesimismo con que concluye el 2002 sea trocado por un período de nuevas esperanzas.

Los dominicanos tenemos que reconocer que no tenemos el monopolio de los problemas económicos y sociales. Por el contrario, pese a todas sus limitaciones, la economía nacional registra las mejores estadísticas en un ámbito internacional negativo. En consecuencia no debemos dar tanto espacio al pesimismo y la frustración, sino trabajar intensamente para adoptar los cambios que alienten el desarrollo integral.

Lo político e institucional

La reforma constitucional ejecutada a finales de julio, después de año y medio de activismo congresional, fue de los acontecimientos más frustratorios del año. Se realizó en un marco de pugnacidad, compras de conciencia y exclusiones, desconociendo el Pacto para la Reforma Constitucional que habían firmado en septiembre del 2001 los partidos mayoritarios y el Presidente de la República. Su contenido no pudo ser más pírrico, limitándose a la eliminación de los colegios electorales cerrados y a la restauración de la reelección presidencial, dejando de lado numerosos aspectos sobre los cuales hay amplio consenso nacional.

La posterior elección de los titulares de la Junta Central Electoral, también con desprecio del consenso que en materia de arbitraje es mucho más necesario, originó un clima de desconfianza de cara a las próximas elecciones presidenciales, dejó en crisis el sistema electoral y amenazas con trasladarse a lo económico.

De hecho los comicios congresionales y municipales de mayo pasado, con la abstención de la mitad de los electores, demostraron que todavía el sistema electoral dominicano no es suficientemente sólido e institucional y que requiere nuevos esfuerzos de concertación y de vigilancia para impedir retrocesos.

La muerte del doctor Joaquín Balaguer concluyó el largo ciclo de los grandes caudillos, suponiendo un gran desafío de adaptación para uno de los partidos más importantes del sistema, y resalta la necesidad de emergencia de nuevos y sólidos liderazgos democráticos y participativos.

La sociedad civil

Aunque se registró un discurso excluyente de la sociedad civil especialmente en ámbitos del partido gobernante, las autoridades dieron pasos positivos para implementar varios de los mecanismos participativos y consultivos creados en el actual período constitucional.

Fue el caso del Consejo de Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro y del Consejo Consultivo del Gabinete Social, mientras se manifestó interés en implementar el decreto que crea los consejos de desarrollo en los diversos niveles territoriales. Resalta también la realización de consultas a nivel municipal en base a un documento que plantea estrategias hasta el año 2015 para la erradicación de la pobreza.

Al interior mismo de la sociedad civil se produjeron esfuerzos de coordinación para reactivar el Foro Ciudadano y la Coalición por una Justicia Independiente. Pero sigue pendiente una mayor compactación de la diversidad de instituciones sociales de todos los niveles y ámbitos para presionar frente al sistema político y gubernamental por la implementación de efectivas políticas de combate a la pobreza y la corrupción, para la participación social y el mejoramiento de las instituciones.

Corrupción, justicia y derechos humanos

Existe la convicción de que la corrupción se ha mantenido como un cáncer en el cuerpo social dominicano y este año tuvo expresión en numerosos casos que involucraron a un cónsul, y a un vicecónsul, así como a numerosos inspectores y ayudantes de la Presidencia de la República y al jefe mismo de la avanzada de seguridad del primer mandatario.

En varios de esos casos la justicia fue apoderada, pero ha sido obvia la falta de voluntad política para afrontar el grave problema. Eso explica que haya quedado engavetado el paquete de anteproyectos encaminados hasta el Congreso Nacional por el Departamento de Prevención de la Corrupción.

Pendientes siguen también en el Congreso proyectos para una nueva ley sobre compras y contrataciones públicas, y para hacer más efectiva la labor de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

Frente a un incremento de la delincuencia, con numerosos y preocupantes casos de secuestros, ha contrastado que el año culmine sin que se haya completado el proceso para la reforma de la Policía Nacional, llamada a ser dotada de mejores condiciones de trabajo, con mejores recursos técnicos y humanos que le permitan una mayor eficacia en la prevención y la persecución del crimen.

La justicia misma ha sido lenta y aún casos de corrupción que llevan años en los tribunales siguen pendientes del debido proceso para las penalizaciones que resulten correspondientes.

Han disminuido los empeños de sectores regresionistas por suprimir la inamovilidad de los jueces, mientras sigue pendiente que los titulares de la Suprema Corte de Justicia que han pasado la edad límite de 75 años para el retiro se acojan a la misma para dar ejemplo a la sociedad dominicana.

En el ámbito de los derechos humanos resalta que este año se redujeron considerablemente, aunque no han desaparecido por completo, las ejecuciones extrajudiciales bajo el manto de "intercambios de disparos entre agentes del orden público y delincuentes.

Resalta, sin embargo, el incremento de la violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, la cual cobró alrededor de un centenar de vidas a lo largo del año.

Los problemas económicos

En lo económico, probablemente el aspecto más resaltante ha sido la amenaza de inestabilidad que se ha presentado en la parte final del año, traducido en disturbios cambiarios de gran significación. La tasa de cambio ha subido aproximadamente un 23 desde diciembre del 2001, y si bien se mantiene estable al final del año es al costo de una gran contracción monetaria y fiscal.

A pesar de ello, la economía dominicana ha evolucionado mejor de lo que podría haberse esperado dado el entorno en que la ha tocado desenvolverse. El producto bruto interno ha crecido alrededor de un 4%, que sigue siendo el ritmo mas alto de América Latina, región del mundo que experimenta los mayores problemas económicos, con países sumidos en crisis de grandes proporciones, tales como Argentina, Uruguay, Venezuela y otros. Al mismo tiempo, la tasa de inflación sigue siendo moderada, aproximadamente un 10% en el año entero, aunque casi toda concentrada en los últimos cuatro meses, por la elevación de la tarifa de electricidad y el alza del tipo de cambio.

Gran parte del crecimiento registrado tuvo lugar en la primera mitad del ano 2002, cuando el gobierno se vio muy activo con un ambicioso programa de inversiones financiadas con los recursos procedentes de la primera emisión de bonos soberanos. Esto mismo motivó que dicho crecimiento se concentrara en los sectores que satisfacen la demanda interna, como la industria, la construcción, el comercio y el transporte, así como las comunicaciones. Pero no creció el sector agropecuario y, aquellos sectores vinculados al entorno externo, como el Turismo y las Zonas Francas,  sufrieron notables caídas por segundo año consecutivo. Afortunadamente, en la parte final del año se percibe cierta recuperación de ambos.

Pero esa misma dinámica económica, concentrada en la demanda interna, fue provocando una caída abrupta de las reservas monetarias internacionales, lo que obligó al gobierno a frenar el crecimiento de la economía en la parte final del año, con lo cual la inversión pública bajó bastante y las tasas de interés aumentaron mucho, castigando severamente la inversión privada y la capacidad competitiva del aparato productivo.

Si bien la caída experimentada en la generación de divisas por parte del aparato económico fue compensada con las reservas que el Banco Central puso a disposición del mercado, eso no impidió que la tasa de cambio subiera más de lo esperado, lo que hace pensar que en tal comportamiento del mercado han estado influyendo factores extraeconómicos. Los mismos se derivan de una percepción pesimista de muchos agentes económicos sobre el futuro del país, debido a la habitual difusión de noticias adversas, las contradicciones al interior de la propia política económica reflejando un excesivo endeudamiento interno y externo y, particularmente, los conflictos con los partidos de oposición, con el sector empresarial y con la sociedad civil que han sido generados por el Gobierno y el Congreso.

Expectativas para el 2003.

Hemos de trabajar todos los dominicanos y dominicanas para que el próximo año se fortalezcan las instituciones democráticas, desde los partidos políticos, hasta el Congreso Nacional, la justicia y los órganos de control de la gestión pública.

Es generalizada la convicción de que el gobierno tiene que cumplir lasmetas establecidas en el reciente Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, suscrito con el sector empresarial, donde se recogen las preocupaciones de ajustes del gasto, austeridad y reducción del endeudamiento.

Al ser un año preelectoral tenemos que mantenernos abogando por un ejercicio gubernamental que atienda al interés nacional, por encima del partidario y que de ninguna forma se inviertan los recursos nacionales en función de los comicios presidenciales del 2004.

Por igual, hemos de mantener los esfuerzos para concretar una nueva política social que cubra la enorme deuda contraída con la mayoría de la población dominicana que sigue viviendo bajo niveles de pobreza.- 

El movimiento Cívico Participación Ciudadana saluda la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de dictar orden de prisión contra el ex cónsul y diputado Perredeísta Radhamés Ramos García.

El legislador perredeísta está vinculado al trafico ilegal de nacionales chinos por la frontera, acusado de violar los  artículos 177 del código penal y  uno y cuatro de la ley 344 –98 sobre Migraciones Ilegales.

Participación ciudadana considera que la sentencia dictada por el magistrado Edgar Hernández Mejía se constituye  en un elemento positivo para el país, por la importancia que reviste que la justicia enfrente con celeridad y seriedad todo acto de ilegalidad que ponga en juego los mas sanos interés de la sociedad dominicana.

Este caso que sacudió a la opinión publica nacional ante los serios indicios de violación a dichos artículos del Código Penal Dominicano se constituye en un reto para la congreso Nacional, ya que le corresponde a la Cámara de Diputados pronunciarse en torno a la autorización de la suspensión de la inmunidad parlamentaria que ampara a Ramos García.

La Cámara baja dará un ejemplo al país si decide despojar de esa inmunidad al diputado, a fin de que este ventile su situación ante los tribunales competentes.

PC entiende que las personas responsable de dirigir los destinos de la nación deben con sus acciones constituirse en ejemplo de honestidad y honradez.

Finalmente, Participación Ciudadana espera que desde el pode judicial se continúe dando salida a los casos pendientes de corrupción que se encuentran en instrucción y en cámaras pernales.

Las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Manuel Ramón Morel Cerda, de que es inconstitucional el proyecto de ley que divide en cámaras esa institución, tiene dos vertientes que deben ser analizadas: la jurídica y la política.

En lo jurídico, la Constitución no establece la posibilidad de que la JCE pueda dividirse en cámaras y atribuir a estas cámaras funciones exclusivas que antes competían al pleno del tribunal electoral, aunque también es cierto que no existe disposición expresa que lo prohíba.

El proyecto de ley se basa en el precedente establecido por la Ley No. 25/91 que dividió en cámaras a la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que la Constitución tampoco preveía de manera expresa esta posibilidad. Uno de los considerando de la Ley 25/91 dispone “que nada se opone técnica o jurídicamente a que nuestro más alto tribunal sea dividido en cámaras”.

Mientras el Art. 94 de la Constitución prevé que la Ley reglamentará la organización de la Suprema Corte, el Art. 62 dispone, de manera no igual pero parecida, que la JCE juzgará y reglamentará de acuerdo con la ley. La potestad del Congreso de organizar a los organismos creados por la Constitución no tiene que estar consagrada de manera expresa para cada caso concreto. De hecho, la Ley Electoral vigente lo que hace es precisamente organizar la JCE al establecerle funciones al presidente de la Junta que no están expresamente consagradas en la Constitución, o crear las funciones de Director Administrativo, Director Nacional de Elecciones, no establecidas en la Constitución.

Por otro lado, la Constitución otorga funciones a la Suprema Corte como un solo órgano, y la ley que la dividió en cámaras distribuyó estas funciones entre las cámaras. Así, la Cámara Penal conoce y decide los casos penales y sus sentencias sólo las firman los miembros de esta Cámara, y no se requieren para su validez las firmas de los demás miembros y del Presidente de la Suprema Corte.

Por estas razones, y basado en el principio constitucional establecido en el ordinal 5 del artículo 8 de nuestra Carta Magna, que establece que a nadie puede impedíserle lo que la ley no prohíbe, entendemos que el proyecto de ley comentado no es inconstitucional. Además, sería muy difícil que prosperara el criterio contrario, pues se estaría sentando un precedente que puede revertirse contra la forma en que está organizada la propia Suprema Corte de Justicia.

Desde el punto de vista político, las declaraciones del presidente de la JCE crean el espacio propicio para que aquellos partidos políticos que no quieran que se cuenten sus votos o que no quieran aceptar los resultados electorales, inicien próximo a las elecciones o después de celebradas una acción en inconstitucionalidad contra una ley de esta naturaleza.

Para evitar la incertidumbre al respecto, sería saludable que una vez aprobada la ley, se someta a la Suprema Corte para que declarara su conformidad con la Constitución.

Discurso del coordinador general, Ramón Tejada Holguín, en cóctel noveno aniversario de Participación Ciudadana.