Participación Ciudadana en  coordinada con el Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Universidad INTEC) realizará el Segundo Curso de Formación Socio-Política, dirigido a jóvenes de diferentes sectores del país.

El curso tendrá una duración de  tres meses y se inaugurará este 22 de julio,  en el salón de actos de la Biblioteca Julio Ravelo de la Fuente de la Universidad INTEC, a las 7:00 de la noche, durante un acto en el que asistirán los directivos de ambas instituciones.

Esta jornada educativa, que organiza PC en coordinación con el Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social del  INTEC, tiene el propósito de continuar ofreciendo un espacio de formación política que permita la promoción de los valores democráticos y el intercambio entre jóvenes líderes locales, con vinculación directa a organizaciones de la sociedad civil y/ o partidos políticos.

En nota de prensa, el Departamento de Comunicación de PC informó que, en esta oportunidad, el curso se desarrollará en siete módulos sobre los temas, Pensamiento Político, Democracia y Reformas Políticas, Partidos Políticos y Sistema Electoral, Política y Economía, Liderazgo Democrático, Ética Política y Transparencia, Ciudadanía y Construcción de la Democracia.

Agregó que para el desarrollo de los temas se contará con las presentaciones de diversos expertos, académicos y analistas políticos, como son José Oviedo,  Mu-Kien A. Sang, Javier Cabreja, Ramón Tejada Holguín, Francisco Álvarez Valdez, Domingo Matías, José Ángel Aquino, Vianela Díaz, Isidoro Santana, Marina Hilario, Rafael Toribio y Betty del Villar, entre otros.

El curso iniciará el día 23 de Julio, a las 9:00 de la mañana y concluirá el día 15 de Octubre. Se impartido en siete sesiones de trabajo.

Ver mas información sobre requisitos para participar…

Participación Ciudadana  realizó un encuentro con legisladores con el propósito de compartir los resultados de la investigación: “Leyes, proyectos y decretos anticorrupción, 1996-2003: semejanzas, diferencias y contradicciones. El Rol del Congreso Nacional”.

En este encuentro, que se realizó este miércoles 30 de junio de 2004, se presentó el primer borrador de esta investigación, que hizo el consultor Faustino Collado.

A continuación el discurso de Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana:

Sras y Sres.
Amigos todos,

Agradecemos su amable disposición de compartir con nosotros en este 2do.  encuentro con legisladores que organiza PC, en el marco de su programa de transparencia de la gestión pública. En esta actividad presentaremos los resultados de la investigación: "Leyes, proyectos de leyes y decretos anticorrupción, aprobados y presentados en el Congreso Nacional en el período comprendido entre el 1996 y el año 2003”.

Además de la presentación del estudio, este encuentro tiene como propósito generar con ustedes un diálogo franco y abierto, que permita evaluar la situación en la que se encuentran distintas iniciativas legales que darían, a partir de su aprobación y/o aplicación, una mayor transparencia a la administración pública en nuestro país.el rol de liderazgo que le corresponde, en el conocimiento, debate y aprobación de una conjunto de proyectos de leyes que en materia anticorrupción han sido elaborados y presentados por distintos sectores nacionales.  Entre estos, el proyecto de ley de acceso a la información pública, el de contrataciones de obras, servicios y bienes del Estado y el que crea la oficina nacional de investigación y prevención de la corrupción administrativa, por sólo mencionar algunos.

Hoy más que nunca, es necesaria una profunda evaluación del marco legal anticorrupción que tenemos en el país, la cual permita, por un lado, reformar las leyes obsoletas y dispersas que tenemos, y por otro, hacer posible la creación y consolidación de nuevas leyes, instituciones, mecanismos y procedimientos  capaces de enfrentar con éxito los nuevos retos de la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Estado dominicano.

En periodo de profunda crisis económica como el que nos encontramos, el acto de corrupción es doblemente inmoral y oneroso, pues mediante el mismo, los servidores públicos se apropian de los limitados recursos con que cuenta el Estado para invertir en salud, educación, vivienda o asistencia social a los más empobrecido. Sólo es posible salir de la crisis actual, si al tiempo que implementamos reformas de carácter fiscal, se promueve la eficiencia, la racionalidad la transparencia y el ejercicio ético en la administración pública.

Por otro lado, vivimos igualmente tiempos difíciles en materia de lucha contra la corrupción. Informes de organismos internacionales nos situan como uno de los países más clientelistas de la región, tenemos una Cámara de Cuentas que nada cuenta, y peor aún, no hay que le pida cuentas; una justicia que tiene a la corrupción como una de las materias pendientes y con muy poca voluntad de prepararse para pasarla; todo un sistema de impunidad que impide que casos como los sonados fraudes bancarios se lleven hasta las últimas consecuencias y se establezcan responsabilidades. De seguir así  estamos condenados al fracaso de la lucha contra la corrupción en nuestro país, aún estamos a tiempo de que esto no sea así.

En la última asamblea de la OEA realizada en Quito a principios de este mes, los Estados miembros, entre estos la RD, declararon que el fenómeno  de la corrupción representa un grave obstáculo para el desarrollo social de los pueblos y en ese sentido, reafirmaron su compromiso en la lucha contra la corrupción, fenómeno éste que atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política.

Si en el país queremos detener estos efectos perversos de la corrupción en el sistema político y social, es necesario que sus  distintos sectores, entre ellos el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la Justicia, las organizaciones de la SC y los empresarios, asuman desde ya  el ineludible compromiso de “intensificar esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente”, tal y como lo plantea la declaración final de la asamblea más arriba indicada.

Los resultados preliminares del estudio que hoy les presentamos, indican claramente que los legisladores tienen una gran responsabilidad en sus manos: legislar a favor de la institucionalidad y la rendición de cuentas.

Al Congreso Nacional le compete conocer, debatir y decidir sobre un conjunto de leyes de vital importancia para la transparencia del Estado dominicano y la estabilidad de su democracia. Estamos confiados en que nuestros representantes serán capaces de vencer los obstáculos y resistencias que impide la discusión y aprobación de estas leyes.

Participación Ciudadana ha estado, está y seguirá estando muy atenta a lo que pasa en el Congreso Nacional con estas iniciativas legales. Nuestra labor de seguimiento no implica sólo la crítica, sino además, una clara disposición de colaborar técnicamente, para que la discusión y aprobación de estas leyes pueda ser una realidad. En tal sentido, nos  ponemos a su disposición.

Gracias por acompañarnos, y esperamos que este sea un encuentro de mucho provecho para todos.

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana  realizó el Panel “Procesos electorales vistos desde la Juventud: propuestas para el futuro, este martes 29 de junio, con la participación de líderes jóvenes de los partidos políticos.

Las palabras de apertura del panel procesos electorales vistos desde la juventud, la dijo el Alfonso Abreu Collado, Coordinador General, quien precisó que los partidos políticos tienen que estar estructurados de tal manera que sean una expresión de una parte de la sociedad con disposición al diálogo y la negociación con las otras dominaciones partidarias y con los grupos organizados no partidarios existentes, de tal forma que se puedan obtener acuerdos que permitan el buen gobierno.

Este panel forma  parte de las actividades que realiza el programa Democratización del Liderazgo Político que desarrolla este movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana.

En este panel se desarrollaron dos exposiciones una sobre   “Visión de los jóvenes de partidos políticos sobre los procesos electorales: propuestas para el futuro”, que fue presentada por los dirigentes políticos José Felipe Laluz – PLD;  Julissa Hernández – PRD; Wellington Mejía – PRSC y  Julio Jiménez– PRI

En tanto que Vianela Díaz,  encargada del  Programa Político-Electoral de Participación Ciudadana, presentó un documento con el terma  “Visión desde la sociedad civil sobre los procesos electorales: propuestas para el futuro”.

A continuación palabras presentadas por el Sr. Alfonso Abreu Collado, coordinador general de PC.

La democracia y los Partidos Políticos

Es un verdadero placer dar apertura a este panel orientado a conocer la visión de la juventud organizada en los partidos políticos en torno a los procesos electorales.

Se puede considerar casi como un axioma que la presencia de los partidos políticos se hace necesaria para hacer viable el ejercicio democrático del poder.

La conquista del poder por la vía democrática implica que los partidos politicos tienen que someterse periódicamente al escrutinio de las urnas, presentando planes de gobiernos y candidatos que logren las simpatías del electorado.

Pero la democracia no puede estar limitada al simple ejercicio del voto cada determinado lapso, sino que también involucra la apertura de espacios para la participación de los ciudadanos, de la manera más amplia posible, en la toma de decisiones.

Por consiguiente, los partidos políticos tienen que estar estructurados de tal manera que sean una expresión de una parte de la sociedad con disposición al diálogo y la negociación con las otras denominaciones partidarias y con los grupos organizados no partidarios existentes, de tal forma que se puedan obtener acuerdos que permitan el buen gobierno.

Debe decirse, sin embargo, que la democratización, aún a lo interno de las estructuras partidarias, se torna difícil cuando en la conducción de los partidos predominan rasgos caudillistas. Los partidos requieren la adopción de procedimientos democráticos para elegir sus dirigentes con la participación de todos los miembros y afiliados, de tal manera que los jóvenes militantes, que reúnen las condiciones, puedan alcanzar niveles de dirección sin ser obstaculizados por los grupos que se atrincheran cerrando el paso a la renovación periódica de los mandos partidarios.

Por otro lado, la acción política de los partidos debe estar cimentada en determinados valores éticos, de tal manera que el interés público siempre esté por encima de cualquier interés particular de los dirigentes o miembros del Partido. Pues, de otra manera, cuando lo que predomina es el clientelismo y el otorgamiento de rentas, el partido se convierte en un simple grupo que, una vez llegado al poder, controla los mecanismos del Estado para dispensar favores y privilegios a correligionarios y relacionados, dejando de obrar de acuerdo al bien común.

El ejercicio político se corrompe cuando el partido o grupo que controla el poder estatal se agencia el apoyo de los grupos de presión económica privados en base a exenciones y tratamientos privilegiados, de carácter impositivo o financiero, que le aseguran a estos grupos una mayor acumulación de rentas. O cuando la lealtad de los miembros del partido se obtiene a través de otorgamiento de prebendas o canonjías.

La vía más utilizada por los sectores de presión privados para posteriormente garantizarse tratamientos privilegiados, es la de contribuir al financiamiento de las compañas electorales de los partidos.

Este tipo de comportamiento se acentúa cuando, como en el caso de nuestro país, la debilidad institucional es tan pronunciada que son escasos los controles administrativos y no existen mecanismos operativos y funcionales para exigir rendimiento de cuentas.

Es esa la razón de que sea cada vez más fuerte la presión de los sectores organizados de la sociedad civil no partidaria, demandando mayor transparencia en cuanto al origen y el destino de los recursos utilizados para financiar las actividades de los partidos en general y las campañas electorales en particular.

Percepción de la ciudadanía acerca de los partidos políticos

Para conocer la percepción de los ciudadanos dominicanos sobre los partidos políticos del país podemos referirnos a los resultados de las llamadas “encuestas Demos” de los años 1994, 1997 y 2001 publicados en el documento: “¿Hacia donde va la democracia dominicana? 1994-2001”. Todavía no están publicado los resultados de la encuesta correspondiente al año 2004, cuyos trabajos de campo ya han sido realizados y que debe estar en la etapa de análisis. Sin embargo, la consistencia observada en las tres encuestas anteriores en torno a la apreciación ciudadana en relación al comportamiento de los partidos políticos, nos permite conjeturar que dichos resultados no serán diferentes en esta ocasión. Y es que el accionar de los partidos políticos dominicanos, con el predominio de prácticas caudillistas, rentistas y clientelistas, ha conllevado a una percepción altamente negativa en torno al comportamiento político-partidario.

Así, puede apreciarse que en el año 2001 un 71% de la población entendía que la política es un medio utilizado por los políticos para obtener beneficios particulares y sólo un 15% consideraba que el objetivo de participar en política es mejorar la situación del país. Consistente con el resultado anterior, el 65% considera que los partidos políticos sólo sirven para participar en elecciones cada cuatro años.

Las encuestas de 1994 y 2001 arrojan resultados similares en cuanto a los intereses que defienden los partidos políticos. Mientras un 53% considera que sólo defienden los intereses de los propios políticos, el 37% entiende que defienden intereses de algunos grupos o personas. Es decir que el 90% considera que los partidos no están preocupados por el bienestar general del país, sino de grupos particulares.

Esa percepción negativa se reconfirma en las tres encuestas, con la apreciación del 93% de la población, de que los políticos se aprovechan siempre de sus cargos en beneficio propio.

Grave es constatar que la práctica clientelista es tan habitual que DEMOS 2001 arrojó que más de la mitad de la población acepta como válido que un funcionario reparta favores económicos en premio al apoyo recibido para llegar al gobierno.

Esta misma distorsión de valores queda de manifiesto al indagar en torno a la importancia del respeto y el cumplimiento de la ley. En este sentido el 87% de la población entiende que la norma legal queda relegada si se tiene un buen enllave en un alto cargo del gobierno. Y el 90% considera que la ley sólo se aplica al que está abajo y no tiene enllave.

Así se explica que una proporción cada vez mayor de la población prefiera mantenerse al margen de la militancia y los compromisos partidarios, pues además de no detectar ninguna diferencia en el accionar político de los principales partidos, desconfía de la integridad de sus dirigentes.

Por eso también en cada proceso electoral se puede apreciar que una alta proporción de ciudadanos ejerce el llamado “voto de castigo” o contra determinado partido a manera de protesta contra la forma en que el mismo ha ejercido el poder, mientras otra porción significativa de los ciudadanos prefiere abstenerse de votar para no cohonestar con el sufragio lo que supone será “más de lo mismo”.

Superar esas percepciones ciudadanas sobre el accionar de los partidos políticos y sus tradicionales practicas rentistas y clientelistas es, sin quizás, uno de los principales retos que tienen por delante los partidos políticos del país.

Es hora de adecentar la política dominicana.

Y, en esa tarea están llamados a jugar un papel de primer orden las nuevas generaciones de lideres de los diferentes partidos políticos. Es el liderazgo juvenil el que tiene las mayores potencialidades para un movimiento de renovación interna que rescate los principios y la mística que garanticen un ejercicio ético del poder y un respeto irrestricto a la ley de parte de los gobernantes.

Serán los jóvenes los responsables de dejar atrás, de una vez por todas, las prácticas caudillistas o clientelistas instauradas desde su origen en todos los partidos, y que la generación de relevo de los grandes caudillos no ha podido o no ha querido extirpar.

Los programas de Participación Ciudadana orientados a la formación de los jóvenes de los diferentes partidos, con una visión más democrática y participativa del quehacer político, es parte de nuestra contribución a la superación de ese lastre histórico que le dificulta al país alcanzar estadios superiores de crecimiento y una distribución del ingreso más equitativa entre los diferentes sectores sociales.

Espero que este panel de evaluación de los procesos electorales sirva para generar propuestas que contribuyan a mejorar la calidad del ejercicio político de nuestro país.

El Coordinador General de  Participación Ciudadana, deploró la decisión asumida por el Senado de la República de rechazar la propuesta de realización de una auditoria a la Cámara de Cuentas propuesta por el  Senador Tonty Rutinel Domínguez,  Presidente de la Comisión de Reforma y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas,  a raíz de las denuncias de  irregularidades en ese órgano de control.

Alfonso Abreu Collado dijo que resulta sorprendente que el Senado de la República rechace la posibilidad de esclarecer una denuncia que proviene no solamente del Presidente de la Comisión de Reforma y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas, sino de dos de los miembros renunciantes de esa misma entidad y de técnicos de organismos Internacionales  que fungían como asesores  de dicha Cámara.

Siendo el Senado el órgano responsable de nombrar a los integrantes de la Cámara de Cuentas, es indudable que corresponde a esta instancia su supervisión , y sobre todo le correspondería velar por el cumplimiento de sus funciones; razón por la cual resulta preocupante la no aceptación de la recomendación del  Senador Domínguez.

La Sociedad Dominicana requiere una explicación satisfactoria  sobre  las razones que llevaron al Senado, ya conocidas  públicamente las denuncias de irregularidades,  en primer lugar, a ratificar el nombramiento de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas, y  luego a rechazar la realización de una auditoria independiente, que permita determinar la veracidad o no de las irregularidades.

Esperamos que el Senado de la  Republica reconsiderará esta desafortunada  decisión y asumirá la responsabilidad que le otorga la Constitución de ser vigilante del buen uso de los bienes públicos.

Alfonso Abreu Collado
Coordinador General

Transcurrido un año de que se denunciaran los escandalosos fraudes que hicieron sucumbir a tres importantes bancos privados, queremos llamar la atención sobre las señales desalentadoras que se han visto, tanto desde el Ministerio Público, como desde el Sector Justicia. Una vez más, parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad.

El 2 de junio de 2003, representantes de decenas de organizaciones, reunidos en la Cinemateca Nacional, proclamamos que no formamos parte, ni somos cómplices de estos graves hechos. También nos comprometimos a no silenciar nuestras voces para denunciar el fraude bancario. Nuestro compromiso llegó al punto de reclamar que  todo aquel que estuvo involucrado en esos vergonzosos hechos fuera investigado y que se publicaran las listas de beneficiarios.

Los fraudes ocurridos en BANINTER, BANCREDITO y MERCANTIL  representaron aproximadamente el veintidós por ciento (22%) del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el año 2003. La acción de salvamento decidida por las autoridades incurrió a su vez en múltiples irregularidades, ya que no solo es cuestionable desde el punto de vista de su racionalidad financiera, sino que llego incluso a violentar de manera flagrante  las disposiciones de la propia Ley Monetaria y Financiera respecto a los topes a ser reconocidos a los ahorrantes de los bancos quebrados.

Pasado un año del fraude, vistas las consecuencias que se han traducido en graves perjuicios económicos para la población, por vía de la inflación y la devaluación de la moneda, es oportuno recordar  que en atención al principio de la continuidad del Estado, y la responsabilidad que éste tiene de velar por los intereses de la nación, no se puede permitir que los casos de corrupción bancaria se diluyan en el desinterés o la complicidad.

El Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla el reforzamiento de las normas de supervisión bancaria y la aplicación de justicia a los casos puestos al descubierto en el 2003, por lo que esperamos que las nuevas autoridades cumplan fielmente con estas cláusulas del Acuerdo.

El deseo de justicia es permanente.

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y decenas de organizaciones de la Sociedad Civil, hoy volvemos a reiterar nuestro reclamo de castigo a los culpables, como lo hicimos el año pasado, porque si estos inmensos fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución.

Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad reiteran su interés de que el imperio de la justicia sea lo que prime en estos casos y no la impunidad de la que tradicionalmente ha sido testigo la sociedad dominicana.

14 de junio de 2004

1)           Acción Comunitaria para el Progreso, Inc. (ACOPRO)

2)           Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, ( ADME)

3)           Asociación Prodesarrollo  del Municipio de Juan de Herrera

4)           Asociación de Estudiantes Universitarios del Municipio de Juan de Herrera

5)           Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz, ( ASOJAPAZ)

6)           Asociación de Juntas de Vecinos del Municipio de Vallejuelo

7)           Asociación de Mujeres Sagrado Corazón de Jesús

8)           Asociación Silvestre Gómez Para el Desarrollo Integral de Mata de Amacey. (Santiago Rodríguez)

9)           Centro Cristiano de Desarrollo Comunitario

10)       Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo

11)       Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, (CE MUJER)

12)       Centro de Educación y Asistencia Jurídica, ( CEAJURI) (Barahona)

13)       Centro de Planificación y Acción Ecuménica, (CEPAE)

14)       Centro de Desarrollo Infantil

15)       Centro de Desarrollo Social Integral

16)       Centro de Apoyo a las Iniciativas de la Mujer

17)       Centro Dominicano de  Educación Ecológica, (CEDECO)

18)       Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, (CEDAIL)

19)       Centro Esperanza de Vida

20)       Ciudad Alternativa

21)       Club Gregorio Luperón

22)       Club Cultural y Deportivo Diego de Velásquez,  (San Juan de la Maguana)

23)       Comisión Nacional de Derechos Humanos ( Filial Sabana Perdida).

24)       Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales, ( COPADEBA)

25)       Comité Para la Defensa de los Derechos del Pueblo,( Dajabón).

26)       Confederación Agrícola Unión Campesina Autónoma, (UCA) (Dajabón)

27)       Confederación de Organizaciones Campesinas y Barriales, ( Barahona)

28)       Consejo de Unidad Popular

29)       Consejo Nacional de la Empresa Privada , (CONEP)

30)       Federación de Iglesias Evangélicas del Suroeste

31)       Fundación Institucionalidad y Justicia, ( FINJUS)

32)       Fundación Para el Desarrollo de Villa Altagracia, ( FUDEVA)

33)       Fundación Solidaridad, Inc (Santiago de los Caballeros)

34)       Iglesia de la Cristianización Nacional ( San Francisco de Macorís).

35)       Iglesia el Shaday

36)       Iglesias Evangélicas de las Asambleas de Dios, Isaías 53

37)       Iglesia Luz en Medio de las Tinieblas

38)       Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, ( IDHSD)

39)       Instituto Nacional de la Salud, ( INSALUD)

40)       Instituto Dominicano de Desarrollo Integral , (IDDI)

41)       Junta Campesina la Esperanza

42)       Junta de Vecinos Madre Teresa de Calcuta de Gualey.

43)       Junta de  Vecinos los Altagracianos

44)       Junta de Vecinos Unidad Cristiana

45)       Kwen de Solidaridad (Santiago Rodríguez)

46)       Ministerio Sanidad y Vida

47)       Movimiento Cristiano de Trabajadores.(Santiago de los Caballeros

48)       Organización para el Desarrollo de la Salud, ( ODESA)

49)       Patronato de Cárceles Publicas de San Francisco de Macorís

50)       Participación Ciudadana

51)       Planeta Verde(Santiago Rodríguez)

52)       Promoción de la Mujer del Sur, (PROMUS)

53)       Radio Restauración

54)       Red Provincial por la Defensa de los Derechos Humanos (San Pedro de Macorís)

55)       Red Regional de Defensa de los Derechos Humanos

56)       Sindicato de Chóferes de Sabana Perdida y Zonas Aledañas.

            57)       Unión de Juntas de Vecinos de Sabana Perdida

Al participar en las vistas públicas organizadas por la Comisión de Justicia del Senado de la República, para hacer propuestas al proyecto de Leyde Elecciones Primarias o Convenciones, Participación Ciudadana presentó sugerencias a esta Comisión, a fin a fortalecer el sistema de partidos y  superar los momentos de crisis interna que han sufrido en el pasado reciente.

Santo Domingo, D.N.
8 de junio del 2004.

Señores
Miembros de la
Comisión de Justicia del
Senado de la República.
CONGRESO NACIONAL.-

Honorables Senadores:

Reciban cordiales saludos del Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana. Nuestra organización se siente muy agradecida por la invitación cursada por el Honorable Senado de la República para participar en las vistas públicas organizadas por la Comisión de Justicia, a propósito del proyecto de Ley de Elecciones Primarias o Convenciones, presentado por el Honorable Senador Sucre Muñoz. Valoramos una iniciativa como esta,  por entender el papel esencial e insustituible de los partidos políticos en una sociedad democrática y la necesidad de que se emprendan todas las iniciativas que tiendan a fortalecer el sistema de partidos y a superar los momentos de crisis interna que han sufrido en el pasado reciente.

En ese orden creemos oportuno que el Senado valore la posibilidad de abordar la discusión de este proyecto junto con otras iniciativas que reposan ya en el Congreso Nacional,  particularmente con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo el 26 de febrero del año 2003, denominada Proyecto de Ley sobre Elecciones Primarias de la República Dominicana  y con el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas  que actualmente conoce la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

El fortalecimiento de los Partidos políticos debe verse como un todo, donde la realización de elecciones primarias son solo, un momento en la vida institucional de estas organizaciones, por lo que consideramos conveniente abocarse a un proceso de revisión de las diferentes propuestas existentes, que otorguen la oportunidad a estas agrupaciones de analizar internamente los contenidos de las reformas propuestas y que permita al mismo tiempo, la búsqueda del consenso entorno al modelo más adecuado y efectivo para lograr el fortalecimiento de los Partidos.

En relación con esta propuesta específica, entendemos que el Honorable Senado de la República debe considerar los aspectos siguientes:

1.  El proyecto de ley de elecciones primarias o convenciones contiene algunos elementos que ya se han convertido en regla para las elecciones primarias dominicanas, conforme los Estatutos y Reglamentos de los partidos que hasta la fecha han celebrado estos eventos. Entre esos elementos podemos destacar los siguientes: votación universal de los afiliados, necesidad de la inscripción previa de estos afiliados en el padrón electoral de cada partido y ratificación de los resultados de las primarias por una convención nacional.

2.  En nuestro criterio, otros aspectos que merecerían ser incorporados en una normativa que regule las elecciones primarias son los siguientes:

• Regular la elaboración del padrón electoral de cada partido político, permitiendo una adecuada  revisión y depuración del mismo, así como su distribución oportuna entre los diferentes aspirantes y tendencias internas.
• Prohibir que una persona pueda estar inscrita como afiliado en más de un partido político.

• Fijar un plazo para la realización de las elecciones internas de los partidos, así como para las pre-campañas electorales.

• Establecer algunos requisitos adicionales para la presentación de pre-candidaturas a funciones públicas, entre los que podría estar el presentar una propuesta relativa a la función a que se aspira, poseer cierta experiencia administrativa, haber desempeñado una labor política por un tiempo determinado en el partido, no haber sido condenado a ciertas penas de prisión, entre otros.

• Atribuir a la Junta Central Electoral la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las normas reguladoras de las elecciones primarias.

• Permitir que las organizaciones de la sociedad civil observen la organización y desarrollo de estos procesos..

• Regular la cuota de candidaturas que puedan ser reservadas para su designación por los organismos de dirección de los partidos políticos, a los fines de articular alianzas o coaliciones, o dar participación a sectores tradicionalmente subrepresentados en las funciones electivas.

Finalmente, Participación Ciudadana reitera la conveniencia de que este proyecto de ley pueda ser discutido junto con las iniciativas legislativas ya citadas, a fin de que se pueda armonizar todo un estatuto jurídico que  no sólo refuerce el rol de los partidos políticos, sino que fortalezca su democracia interna y garantice la participación de sus miembros en la toma de decisiones para la participación electoral.

Al tiempo de agradecer su atención a la presente, aprovechamos para saludarles,

Atentamente,

Lic. Alfonso Abreu Collado
Coordinador Nacional

Participación Ciudadana solicita al Senado de la República ordenar una auditoría independiente a la Cámara de Cuentas, a fin de esclarecer las denuncias de mal manejo de los recursos y, en especial, la que se refiere al tráfico con los informes de auditorias a instituciones gubernamentales.

El movimiento cívicoentiende que es una obligación de las autoridades verificar si los hechos denunciados son ciertos, y en caso de que así sea, poner en movimiento la acción pública para que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Asimismo PC demanda una explicación de las razones por las que el Senado de la República ratificó a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, perpetuando de esa manera una situación irregular y en contra de la recomendación de la Comisión Bicameral de Reforma Institucional y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas.

Reitera su profunda preocupación por la situación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, dada a conocer  en los últimos días por el Senador de la Provincia Santo Domingo, Ingeniero Tonti Rutinel Domínguez, Presidente la Comisión Bicameral de Reforma Institucional y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas; así como por la renuncia de dos de sus miembros, los doctores Raúl Reyes Vásquez  y Mayra Cochón Trujillo.

Esta organización recuerda que Rutinel Domínguez, expresó ante el Senado y el país que la Cámara de Cuentas ha incurrido en irregularidades tan graves como son:

• Manejo anárquico y sin control del Presupuesto de gastos del 2003.

• Utilización de un excedente establecido en el presupuesto del 2004 de alrededor de 29 millones de pesos, comprometido para cubrir sobregiros incurridos en el 2003.

• Nombramientos irregulares de amigos y relacionados, sin cumplir con normas y acuerdos vigentes.

• Remociones injustificadas de personal calificado.

• Falta de emisión de informes que contienen irregularidades cometidas por funcionarios gubernamentales.

En nota de prensa el movimiento cívico expresó que los miembros renunciantes de la Cámara han hecho graves denuncias sobre la forma en que se viene manejando  el órgano superior de control con que cuenta el país, entre las que destacan que en ese organismo se entronizó el nepotismo, el amiguismo, el dispendio y el manejo irracional de los recursos presupuestados.

A estas denuncias se suman las contenidas en las cartas de renuncia de los señores Mario Andrade Trujillo, Coordinador Técnico del Subprograma II para la Modernización  de la Cámara de Cuentas y el Lic. Rafael Palomo, Consultor Técnico del Área de Auditoria; quienes afirman que el actual Bufete Directivo de la Cámara de Cuentas realiza una gestión irregular en lo relativo a la administración de los recursos humanos, que afecta de manera muy sensible el logro de los objetivos del programa de la institución.

El Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, viajará a la ciudad de Quito, Ecuador, donde participará  en la  XXXIV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse del 6  al 10 de junio.

Cabreja asistirá al cónclave en representación del movimiento cívico no partidista, tras   atender a una invitación que le hiciera el secretario general del organismo internacional, doctor César Gaviria.

Una de las actividades en la que participará el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana es el Diálogo Informar  entre los jefes  de Delegación , el secretario general de la OEA  y representantes de la sociedad civil, en la cual se abordará el tema “Desarrollo Social y la Democracia frente a la Incidencia de la Corrupción.

Esta actividad se realizará el próximo domingo de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la sede de la Asamblea General  del organismo internacional en Quito, de acuerdo con la invitación , que fue enviada por el doctor Gaviria a  través de  secretaria ejecutiva de la Secretaría de Cumbre de las Américas. Irene Klinger.

Cabreja tendrá la oportunidad en ese encuentro de hablar acerca de los trabajos que realiza Participación Ciudadana en su afán de garantizar la democracia en la República Dominicana.

Además, podrá referirse al proceso de observación electoral que hizo la organización en el recién pasado proceso electoral.

El propósito del Diálogo Informal es intercambiar experiencias y generar recomendaciones  para la consideración de los jefes de delegación y la Secretaría General de la OEA durante sus discusiones  en la Asamblea General.

Cabreja tiene también, en agenda participar XXXV Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el día siete de 2:30 a 3:30 de la tarde.

Además de las organizaciones civiles, esta reunión estará abierta a los medios de comunicación que cubrirán las incidencias de la asamblea.

La Fundación Héroes del 30 de mayo entregó su reconocimiento PREMIO A LA LIBERTA  al movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana por la gestión realizada en favor del afianzamiento de la democracia en República Dominicana.

El acto de entrega de reconocimiento se hizo en ocasión de celebrar el 43 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, el pasado domingo 30 de mayo.

Los miembros de la Fundación Héroes del 30 de Mayo explicaron, que el otorgamiento del reconocimiento fue decidido a unanimidad por la Junta Directiva de esta organización. El acto de homenaje a la gesta patriótica se hizo en el Monumento a los Héroes, situado en la Autopista 30 de Mayo.

Los organizadores de este evento explicaron que el  premio fue entregado, además, de PC a aquellas instituciones que a  juicio de la Fundación Héroes 30 de Mayo se han destacado en proteger la libertad y la democracia en la República Dominicana.

La placa de distinción a Participación Ciudadana fue recibida por el Director Ejecutivo, Javier Cabreja.

Después de evaluar exhaustivamente todos los aspectos del proceso electoral que acaba de culminar con la elección de nuevos presidente y vicepresidente de la República, el movimiento cívico Participación Ciudadana desea reiterar un cálido reconocimiento a la vocación democrática del pueblo dominicano, protagonista fundamental del éxito en que han culminado estos comicios.

Estas elecciones han demostrado la madurez democrática de la sociedad dominicana, la cual, no obstante las dificultades derivadas de la elección de una Junta Central Electoral por imposición de una mayoría senatorial partidista, y a pesar del trauma histórico del reeleccionismo, hizo prevalecer la voluntad popular.

Esta culminación exitosa de los comicios presidenciales fue posible también por el sistemático mejoramiento de los mecanismos del sistema electoral dominicano, cada vez mejor revestido de previsiones para garantizar la transparencia del ejercicio del sufragio. Esta vez se incluyó la plastificación de las actas de los colegios electorales, el uso de escanner para el proceso de cómputo y de la transmisión de los resultados a través de una línea exclusiva. Eso, junto a un padrón fotográfico que volvió a demostrarse efectivo tras numerosas pruebas y verificaciones, a la consulta y participación permanente de los delegados políticos, a la expedición de duplicados de la cédula hasta el 14 de mayo y otras disposiciones de similar importancia, ha sido fruto de las luchas de la sociedad dominicana, especialmente en el último decenio, para superar los traumas electorales.

No puede pasar desapercibido que estos fueron los primeros comicios organizados por una Junta Central Electoral sin asesoramiento internacional y cuyos integrantes, a pesar de su conflictiva designación original, fueron receptivos a la mayor parte de las sugerencias de las diversas instancias políticas y sociales dominicanas y, en la recta final, de reconocidas instituciones internacionales, cuya presencia fue sin duda una gran contribución a la consecución de unos comicios libres y transparentes.

A continuación queremos resaltar los aspectos fundamentales del proceso electoral de este año, que marcan avances significativos en la historia democrática dominicana:

1.Estos son los comicios de la historia nacional que más rápido han arrojado un ganador, reconocido por su principal contrincante, en este caso un presidente en ejercicio, y por la Junta Central Electoral que proclamó el presidente electo a la 1.45 de la tarde del día 17, a menos de 20 horas del cierre de las urnas. Sin ninguna impugnación ni negociación.

2.A pesar de las muchas aprensiones durante todo el proceso, la población ejerció el sufragio en un ambiente de libertad y orden, y la votación se realizó con un mínimo de incidentes, aunque resulta penoso que se registraran tres muertes en Barahona. La abstención verificada, de aproximadamente 27%, se mantuvo muy cercana al promedio de los últimos cuatro procesos electorales presidenciales.

3.De nuevo se demostró que el uso y abuso del poder, evidente a lo largo del proceso, ya no es suficiente para torcer la voluntad de una ciudadanía que ha aprendido a valorar el poder de su voto. Ni las políticas clientelistas ni el uso privilegiado de una gran diversidad de medios de comunicación en manos del Estado lograron variar las tendencias que con mucha anticipación mostraron las encuestas. Confiamos que en próximos certámenes tendremos un sistema judicial con capacidad para sancionar estas transgresiones legales.

4.La disposición de expedir duplicados de la cédula hasta el 14 de mayo y las campañas cívicas de los últimos tiempos contribuyeron a una reducción de la compra de cédulas, aunque esa práctica fraudulenta todavía no ha desaparecido y se registraron varios intentos en diversas localidades del país, los cuales desafortunadamente no fueron objetos de persecución judicial y quedaron impunes.

5.El padrón electoral fotográfico volvió a revelarse como un instrumento eficaz y difícil de vulnerar, sin que se registraran dislocamientos ni exclusiones de consideración. Las personas que no aparecieron en los colegios indicados en sus cédulas representó una proporción poco significativa del total de electores. Estas y otras fallas menores, sólo afectaron al 0.47 por ciento de los electores. Pese a que estos inconvenientes no tuvieron incidencia significativa en los resultados finales, es importante que esta cuestión sea abordada por la JCE para lograr su corrección en próximos torneos electorales.

6.Nuestra observación electoral muestra que el escrutinio se realizó con normalidad en el 90 por ciento de los colegios. En el 5.6 por ciento hubo confusiones en el manejo de los formularios; en el 3.0 por ciento algunos delegados dificultaban el desarrollo del cómputo; en el 0.3 por ciento fueron sacados delegados de partidos, y en el 2.3 por ciento hubo algún tipo de restricción al trabajo de los observadores nacionales e internacionales. Diecinueve de nuestros observadores fueron sacados de los colegios de votación a la hora de contar los votos, en algunos casos por imposición de los delegados de partidos políticos y en otros por ignorancia de los miembros de tales colegios que desconocían que los observadores estaban acreditados para permanecer hasta la culminación del proceso de conteo.

7.Debe señalarse que en estas elecciones estuvieron presentes alrededor de 300 observadores extranjeros, incluidos los invitados de los partidos políticos y de la sociedad civil, además de los casi 7 mil voluntarios que integraron la red nacional de Participación Ciudadana, con la colaboración de más de un centenar de organizaciones sociales dominicanas. El trabajo de estos observadores, junto al de la Comisión de Seguimiento instituida por el Diálogo Político Nacional y de la mayoría de los representantes diplomáticos acreditados en el país, fueron factores fundamentales en la exitosa culminación del proceso electoral.

8.La amplia participación de los delegados de los partidos políticos en las decisiones de la JCE y en todo el proceso organizativo de las votaciones es un ingrediente importante para la transparencia y la limpieza de los comicios.

9.El conteo rápido realizado por Participación Ciudadana volvió a demostrar su eficacia como mecanismo para conocer con rapidez el resultado electoral. En esta ocasión, por primera vez, también jugaron su papel las encuestas a la salida de las urnas. Debemos abogar porque en el futuro puedan ser difundidos los resultados de esas investigaciones inmediatamente después del cierre de los colegios de votación, como ocurre en la mayoría de naciones.

10.Los rumores y denuncias sobre intentos de vulnerar la voluntad popular fue el resultado de las aprensiones y el nerviosismo a la hora del escrutinio. No registramos un solo caso real de asalto de centros de votación ni robo de urnas, y la exhibición de armas de fuego no fue diferente a la que, lamentablemente, predominó en la campaña electoral. Ante los rumores fue notorio que el presidente de la JCE actuó con diligencia, llamando a los observadores a hacer acto de presencia en su sede y a las máximas autoridades militares a garantizar el orden, como en efecto ocurrió. Una propuesta de silenciar los medios de comunicación encadenándolos a las transmisiones de las JCE, fue oportunamente desechada por la mayoría de los jueces electorales.

11.El procesamiento de la votación en los colegios electorales y las juntas municipales volvió a constituirse en un serio problema, principalmente por el exigente sistema de validación de las actas, que si bien por un lado es garantía de transparencia, por el otro se presta a la táctica dilatoria que aplican muchas veces los perdedores. En los mayores núcleos de electores, como en la junta del Distrito Nacional y en los municipios de las provincias de Santo Domingo y Santiago, se pudo comprobar un patrón de dilación intencional por parte de los delegados del partido que obtuvo el segundo lugar en las votaciones.

Participación Ciudadana considera que todavía quedan reformas pendientes para mejorar el sistema electoral, comenzado por la plena separación de las funciones organizativas o administrativas y las contenciosas en dos organismos distintos. Así mismo sobre la forma de elegir sus integrantes que, dicho sea de paso, en el caso de las funciones administrativas debería incluir a profesionales vinculados con las ciencias informáticas y gerencia de procesos y no únicamente a abogados.

También debe legislarse para hacer más perentorio el control sobre el financiamiento de los partidos y candidatos, especialmente en lo concerniente a la contribución del presupuesto nacional y sobre la extensión de las campañas electorales para reducirlas y bajar su costo, pues la búsqueda de financiamiento a menudo compromete la independencia de los futuros gobernantes y legisladores.

Además, de la experiencia reciente se deriva la necesidad de revisar la reglamentación para reducir el margen de maniobras dilatorias de los delegados políticos y para agilizar el transporte  y la entrega de urnas y resultados de los colegios electorales a las juntas municipales.-

Convendría asimismo, ponderar la posibilidad de crear una fiscalía electoral, similar a la existente en Panamá, para que se ocupe de perseguir y establecer sanciones a los que incurran en delitos electorales.

Finalmente, deseamos dejar constancia y destacar el extraordinario interés mostrado por ciudadanos de todos los sectores sociales y todas las regiones del país, que se ofrecieron y participaron voluntariamente, de manera ejemplar y activa, como observadores o miembros de los colegios electorales, coadyuvando de esta manera a la realización de unos comicios pulcros y transparentes en los cuales prevaleció la voluntad soberana de los votantes.