Con la finalidad de contribuir a la formulación de propuestas que permitan la transparencia en el ejerció periodístico, Participación Ciudadana realizó un panel- encuentro con periodistas, en el cual se analizó el rol de los medios de comunicación y periodistas en la lucha anticorrupción.

El panel contó con las exposiciones de los periodistas Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día; Nuria Piera, investigadora y productora de televisión y del joven periodista Namphi Rodríguez, quienes abordaron el tema de la corrupción y coincidieron en que el flagelo afecta tanto a periodistas como a medios de información.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Director Ejecutivo, Javier Cabreja, quien  dijo que la actividad tiene el propósito de que los periodistas aporten ideas sobre el tema y agregó que la transparencia no es posible sin una prensa que sea capaz de hacer su trabajo de manera independiente.

“Esto está estrechamente vinculado  con la campaña que hemos iniciado por Una Gestión Pública Transparente que busca promover un ejercicio ético desde el Estado, los servidores públicos que entiendan que su funciones están  en la línea de dar un servicio a la comunidad más que a responder a intereses particulares”, agregó

Preciso que “desde Participación Ciudadana estamos convencidos de que nuestra democracia sólo se consolida en la medida en que promovemos el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuantas”.

Reconoció que en  el país hay medios de comunicación y periodistas que han hecho un trabajo importante en la lucha anticorrupción y en la demanda de una mayor transparencia en la gestión pública nacional. Trabajo muy valorado por distintas instituciones que como PC entienden que este es un tema esencial para la democracia de la República Dominicana.

Este panel que se inscribe dentro de las actividades que realiza el Programa de Transparencia de la Gestión Pública de PC, fue coordinado por la Unidad de Comunicación.

Corrupción provoca colapso de valores

El primero en exponer sus criterios fue Rodríguez, quien asegura que el flagelo de la corrupción ha provocado un colapso de valores y demandó profesionalizar académicamente e investigación de los periodistas.

“Parecería que hemos olvidado los valores que en el pasado hicieron de nuestra nación una sociedad solidaria y con esperanza de justicia y justamente una de las cuestiones más preocupantes de este asunto está planteado desde el punto de vista de la función social de una prensa que debe ser garantizadora de las libertades públicas”, apuntó al tiempo de  considerar que los periodistas se deben distanciar de los poderes  fáticos y  asumir el control social de la democracia  y ser destapadores de ollas sucias.

“Y que pena que como periodistas nos encontremos en este triste festín olvidando muchas veces que nuestra misión consiste esencialmente en ejercer la libertad de información y de expresión frente a los poderes públicos que gobiernan la sociedad y cuya decisiones influyen en la vida de todos los ciudadanos”, expresó Rodríguez.

Rodríguez hizo referencia a las políticas editoriales e informativas de los extintos periodistas Rafael Herrera Cabral y Germán Emilio Ornes, a sí como la de Molina Morillo, y dijo que éstas dictan mucho de las actuales, pues actualmente lo que parece imperar es que los periódicos son de armas para destruir honras y planes de empresarios y políticos.

Cree que ha llegado el momento de que los periodistas se cuestionen sobre las reales consecuencia de la incursión de los grupos financieros en la prensa dominicana y piensa que la inclusión de capital financiero en los medios de comunicación no ha estado fundamentada en una contribución al afianzamiento del proceso democrático bajo el cual han prosperado los negocios de los banqueros y mucho menos en la búsqueda de rentabilidades económicas.

Criticó que se utilice los medios de comunicación en prácticas corruptas, para imponer imperios económicos de parte de las oligarquías y cito el caso del enfrentamiento que se dio entre dos importantes periódicos al momento de poner en operación  el sistema nacional de seguridad social por la designación de la superintendente de seguro, un sector que representa la nueva misión de la banca privada.

Dijo que la falta de transparencia en los medios de comunicación ha provocado la autocensura de periodistas, así como la falta de dependencia del propio medio.

Valor de medios de comunicación para la ciudadanía

De su lado Molina Morillo, de la Sociedad Interamericana  de Prensa, inició su ponencia reflexionando acerca del valor que tienen los medios de comunicación para la ciudadanía en sociedades débiles como la dominicana que utilizan la prensa como recurso para hacer valer sus derechos o denunciar las irregularidades que se pueden cometer en instituciones públicas y privadas.

Por lo que,  advirtió que si los medios de comunicación caen víctima de la corrupción la sociedad queda desamparada y de ahí la importancia de conservar los medios de comunicación  en particular, de la Ley de Libre Acceso a la Información.

En razón de eso, Molina Morillo  considera que se debe evitar que la prensa caiga en el descrédito por causa de la corrupción, para que así la sociedad no se sienta huérfana como suele sentirse muchas veces debido a la debilidad institucional, quedándole los medios de información como último lugar donde acudir para hacer valer sus derechos.

Lamentó que muchas veces los periodistas suelen erigirse en jueces y censuran los actos de corrupción de los gobiernos, las administraciones públicas y las empresas olvidando que ese mal también, está dentro de los medios de comunicación y de la profesión.

“Creo que la corrupción va ganando terreno y nos exige reflexionar profundamente sobre el tema y tratar de organizarnos, para evitar que la prensa caiga en total descrédito que sería una estocada mortal, no sólo para nuestro sector sino para toda la sociedad”, consideró el director del periódico El Día.

Explicó que no basta con redactar Códigos de Éticas y colgarlos en una pared de las salas de redacción, pues la ética la lleva cada uno dentro del corazón, para evitar el colapso del último reducto de la limpieza en las actuaciones sociales y de la defensa de los derechos de la comunidad, por lo que tiene que ser una cuestión de convicción más que de redacción y distribución de un folleto.

Asimismo, el representante de la SIP en el país se refirió, en forma particular, a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública como vía que puede ser utilizada por la prensa para mantener con más eficiencia la lucha contra la corrupción.

Dijo que ya se ha empezado hacer uso de esta nueva ley en distintos reclamos de información, pero que los procedimientos que la misma pieza impone son, quizas, los propios obstáculos que le impiden ser más efectiva, por lo largo que resultan ser los plazos y lo tedioso.

Sin embargo, Molina Morillo dijo que habrá un momento en que será el final y se determinará si la ley es realmente efectiva o si es sencillamente otro pedazo de papel más como muchas otras leyes que no se cumplen.

Calificó la ley de transparente y dijo que, aunque ha sido mayormente utilizada por los medios de comunicación, está a disposición y alcance de cualquier ciudadano que desee obtener información sobre asuntos de interés público.

“La ley, aunque tiene sus virtudes, tiene también, algunas debilidades, una de ellas es que entre las condiciones que se establecen para que alguien pueda reclamar una información se pide que se produzca una motivación de las razones por las cuales una persona, una entidad quiere saber determinadas cosas y en realidad la motivación puede ser sencillamente el deseo de saber o de divulgar lo que da a entender que el funcionario o el departamento requerido tiene la oportunidad de evaluar esa motivación  y decir que no es un motivo suficiente o válido, de manera que eso es un fallo que entiende debe ser corregido”, expresó Molina Morillo.

Otro fallo de la ley, a decir de Molina Morillo es que no tiene plazo para que un superior jerárquico apruebe a un funcionario o departamento ofrecer una información que le ha sido requerida.

“Pero con todo y eso insisto en que la ley es un paso de avance que debemos utilizar lo más posible, con exageración hasta que todo el mundo sepa que tiene ese recurso para poder buscar la transparencia en todas las acciones públicas.

El doctor Molina Morillo llamó la atención, igualmente, sobre demandas y querellas a medios de comunicación en América Latina de parte de funcionarios que se sienten injuriados o difamados porque algún medio le cuestiona el manejo de fondo y otros hechos y dijo que esto crea un ambiente de temor que degenera en autocensura.

En razón de eso, dijo que juristas tienen una campaña para tratar de que se despenalice la difamación e injuria cuando se trata de medios de comunicación, lo que no quiere decir que se permita una libre piratería sino que las penas de privación de libertad desaparezcan en estos casos.

Cuando el periodista se vuelve un ente del sistema corrupto

En cuanto a la posición de Nuria Piera sobre el tema, ésta asegura que cuando el periodista se vuelve un ente del sistema corrupto contribuye a encubrir violaciones  a los derechos humanos,  favorece la inequidad, fomenta la pobreza y socava la democracia.

Expresa que un ejemplo de corrupción en el periodismo son la creación artificial de hechos noticiosos para confundir o distraer a la opinión pública evitando que temas que si son relevantes  obtengan la atención que merecen.

Considera que este tema es poco tratado en los medios de comunicación y “sospechosamente silenciado por los periodistas”, y agregó que si bien es cierto que un Código de Ética no va ayudar, porque hay personas que no tienen por naturaleza la ética en su genética hay otros que si la aprenden y pueden notar la diferencia y comenzar a saber lo que deben o no aceptar como periodistas.

“Como estamos inmerso en tanta corrupción y tanto lodo que ya para sacar la cabeza y respirar se nos hace hasta un poco difícil. Uno como periodista a veces se confunde entre lo que ya está bien y lo que está mal”, expresó Piera.

Para la productora de televisión, la corrupción está tan resguardada por los periodistas que da la impresión de que se están convirtiendo en cómplices del flagelo, no obstante reconoce que existen periodistas serios que tienen una cláusula de conciencia en el contrato de su vida.

“Pero otros, los desvergonzados, que se mantienen en francachela promiscua con el poder político y empresarial con discursos realmente hipócrita y falsos se convierten en verdaderos próceres de la honestidad”,  dijo Piera.

De acuerdo con Piera, los signos que a continuación se mencionan son puntos que se consideran como corrupción  y entre éstos hace referencia al hecho de que hay comentaristas verticales que se mueven por el viento económico que les toca con una facilidad tan grande que parecen veleros y se vuelven ciudadanos honorables cuando son recipientes que los forma el lípido jugoso de los dividendos.

Agregó que existe corrupción cuando directores de medios  permiten que periodistas bajo sus mandos sean a la vez relacionadores públicos de instituciones privadas y públicas, lo que para ella, significa “una barbaridad”, pese a que se ve con tanta normalidad, además de permitir bajos salarios, para que periodistas “se las busquen “en otros sitios.

También considero que hay corrupción cuando les permiten viajes con todos los gastos pagos por funcionarios o empresas privadas, cuando como directores se permite el regalo costoso a los periodistas y de ñapa les tocan a ellos algo”.

“Pero Cómo podemos enfrentar nosotros entonces los periodistas corruptos, esa sería la cuestión, sin hacer grandes escándalos y sin desacreditar nuestro gremio, porque hay como una complicidad que se da entre todos las profesiones , pero nosotros tenemos un deber importante de ser transparente y ser la caja de resonancia que lo que pasa en el país y las sociedades que si estamos manipulados estamos haciendo un gran daño”, consideró la investigadora de televisión.

Explica Piera, que el problema de la corrupción afecta no sólo a los periodista-reporteros sino a los editores, el director , los dueños de los medios de comunicación como actores de acciones indelicadas.“Todos esos actores se prestan al juego de la manipulación de la información de sacar beneficios, deberes, favores a personas y así estar presentes en el tinglado corruptos”.

Entiende que la corrupción es una red atrapadora de buenos y malos y que ocurre también, en los casos de campañas infundadas para destruir la imagen de una persona o grupo que no es afine a la ideología de los  dueños de los medios o que amenaza el estatus del grupo económicos y políticos a los que está vinculado el medio, la promoción de los candidatos a puestos públicos afines con la orientación política del medio, así como con la presentación descontextualizada de las noticias para distorsionar las conclusiones del público.

Otro punto es la censura sobre temas y contenidos noticiosos que puedan ofender o molestar a los anunciantes o al partido gobernante,  la tendencia de acciones para monopolizar la propiedad de los medios de comunicación.

Permitir el abuso arbitrario de la publicidad oficial y la complicidad en las regulaciones y prácticas de gobierno que comprometen la independencia periodística es también, corrupción, a juicio de Piera.

Argumenta que existe corrupción cuando el periodista se vuelve un ente del sistema corrupto hasta llegar a perder su capacidad de lealtad para con la sociedad, pues contribuye a las violaciones a los derechos humanos, a la destrucción del medio ambiente, al saqueo de los bienes públicos y privado.

La Productora de televisión entiende que el periodista debe tener la profesión como un sacerdocio, sin que necesariamente haga votos de pobreza, pues asegura que se puede vivir cómodamente y con honestidad. Finalmente abogó porque se eduque a los periodistas, se creen instituciones, porque las universidades incluyan en sus planes de estudios la ética periodística, se hagan seminarios, así como trazar pautas para enfrentar ese flagelo que tanto daño causa a la sociedad.

Participación Ciudadana realizará el seminario-taller Reformas Electorales Pendientes: Fortalecimiento del Sistema Electoral, el cual tiene la finalidad de evaluar  las reformas electorales  desarrolladas en los últimos 10 años  y cuyos efectos pueden ser previstos  por los actores del sistema.

El evento que aboga por el fortalecimiento el sistema de partidos  y la equidad  en la competencia por el poder, está siendo organizado por la Unidad Político Electoral y se desarrollará del 8 al 10 de octubre en el hotel Hamaca, de Boca Chica,

En esta actividad  Participación Ciudadana contará con expertos que  analizarán una serie de reformas reglamentarias  y operativas, las cuales son consideras necesarias para fortalecer el trabajo de la Junta Central Electoral.

Entre estas propuestas están la automatización del registro civil, actualización del padrón electoral, desbloqueo de listas, revisión del escrutinio  en las juntas electorales, carrera administrativa electoral y código de ética electoral, entre otras.

La inauguración del seminario está pautada para las 6:00 de la tarde, con las palabras del Coordinador General de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado y la ponencia reformas electorales y la gobernabilidad democrática  y en este estarán presentes los expositores del evento.

Los expositores son el dirigente reformista Federico Antún Batlle, el periodista Juan Bolívar Díaz, el doctor Mariano Rodríguez, presidente de la Junta electoral del Distrito Nacional, el politólogo José del Castillo y la diputada Licellot Marte de Barrios.

Además, el doctor Julio César Castaños Guzmán, ex miembro de la JCE; el economista y miembro del Consejo Nacional del PC, Isidoro Santana; el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Tirso Mejía Ricart, y la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Minou Tavárez  Mirabal. Asimismo el ingeniero Gilberto Cruz Herasme, director de elecciones de la JCE y la Dra. Ana Teresa Pérez, exmiembro de la JCE.

El seminario consta de varios paneles iniciando el primero de ellos el sábado 9, a las 9:00 de la mañana, con el tema Organización de la JCE, un balance histórico, seguido por el de alternativas para el fortalecimiento de los órganos Electorales, a las 10: 45 AM. Los expositores de estos  paneles son el doctor Rodríguez y el licenciado del Castillo .

El domingo 10,  será el panel  sobre Campañas Electorales  Democráticas , el cual estará a cargo  de los señores Castaños Guzmán, Santana y Marte de Barrios, quienes respectivamente, hablarán sobre el uso de los recursos del Estado, Reglamentación y Sanción, el código de Ética Electoral .

Transparencia, honradez, honestidad, respeto, institucionalidad, justicia
Servidor público
Es lo que nos gustaría que digan de ti

Participación Ciudadana presentó la Campaña por una Gestión Pública Transparente, que incluye la difusión masiva de mensajes por diversos medios de comunicación para crear conciencia de la necesidad de un manejo honesto de los recursos del Estado.

La campaña está dirigida fundamentalmente a los nuevos funcionarios públicos y busca que tanto ellos, como el personal bajo su responsabilidad, guíen su práctica sobre la base de valores éticos como el trabajo, honestidad y la transparencia.

El acto de presentación de la campaña, estuvo a cargo de Isidoro Santana, Miembro del Consejo Nacional; Javier Cabreja, Director Ejecutivo; Fausto Rosario Adames, coorinador de la Comisión de Comunicación, miembros del Consejo Nacional, Juan Bolívar Díaz, Samuel Encarnación, Vilma Arbaje y Comisión de Transparencia de PC, Miriam Díaz Santana y Cándido Simón, quienes entregaron los elementos simbólicos a los funcionarios presentes en la actividad.

En su discurso Santana precisó  que está campaña es una experiencia que da continuidad a la desarrollada anteriormente titulada Tiempo de Actuar: la Corrupción es un problema de todos; así como la publicación 20 años de Impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana y la investigación leyes, proyectos de leyes y decretos anticorrupción  1996-2003: semejanzas, diferencias  y contradicciones, entre otras acciones.

Agregó que la misma sale en un momento en donde la sociedad se siente abatida por una crisis económica que es consecuencia directa de la corrupción; es por ello que la institución decidió concentrar gran parte de los esfuerzos en promover iniciativas como esta campaña u otras acciones ciudadana ya que son muchos los retos de la sociedad dominicana en los años venideros  para lograr un nivel razonable de transparencia de la gestión públca.

Precisó que ahora “iniciamos la campaña por una gestión pública transparente: pero mas que con una campaña, PC seguirá estando ahí, observando, muy atento y aplaudiendo lo que entiende que está bien hecho, pero denunciando lo mal hecho, y en mejor espíritu de colaboración con los que están dispuestos a afrontar con rectitud  sus responsabilidades públicas.”

De su lado Javier Cabreja planteó que mientras exista un Estado estructuralmente corrupto como el dominicano no será posible satisfacer las esperanzas de los ciudadanos sobre mejor servicios de salud, educación y seguridad ciudadana.

Agregó que “nuestro país se encuentra en medio de una profunda crisis económica y social que mantiene al borde de la desesperación a una parte importante de la población y amenaza la gobernabilidad democrática”.

Agregó que  para salir de esta crisis no es suficiente la aplicación de reformas o de acuerdos con FMI, el Estado debe dar muestra de que está dispuesto a ir más allá. Sólo es posible superar esta delicada situación nacional, si al tiempo en que se impulsan reformas económicas , se promueve la eficiencia, la racionalidad, la transparencia y el ejercicio ético en la administración  pública.

Expuso Cabreja que en el país no sólo existen funcionarios públicos deshonestos, sino que también desde el sector privado se corrompe en búsqueda de beneficios particulares.

Dijo que el gobierno debe comprometerse a que se cumpla la ley que obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración jurada de bienes y a promover la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Plantean la necesidad de mejorar los niveles de eficiencia en la administración pública.

"Nuestro país se encuentra en medio de una profunda crisis económica y social que mantiene al borde de la desesperación a una parte importante de la población y amenaza la gobernabilidad democrática", reiteró  Cabreja.

DIGAN DE TI

El primer elemento de la campaña es una tarjeta de felicitación la cual fue enviada a los funcionarios designados el pasado 16 de agosto, con la inscripción "Es lo que queremos digan de ti: Ahora está en usted realizar una gestión memorable. Recuerde que ha llegado aquí para servir al pueblo. Usted puede ser un funcionario público honesto".

También forma parte de la campaña  un  afiche dedicado al Servidor público con un sello que  dice Ejemplo de Honradez. Es lo que nos gustaría que digan de ti. Y al final la frase: Desde tu puesto ayúdanos a cambiar el país. Por una administración pública transparente.

Asimismo fue presento un spot que exhorta a los servidores público hacer una gestión memorable, respetando la institucionalidad, la honradez y que sea transparente.

DECÁLOGO

Participación Ciudadana también presentó una propuesta de decálogo del servidor público "Ejemplo de Honradez", en interés de servir de referencia como parte de los compromisos éticos que deben asumir ante la sociedad dominicana.

Al acto asistieron representantes de los diversos sectores del país, incluyendo al procurador general Francisco Domínguez Brito; el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández;  el director del Departamento de Prevención de la Corrupción, Octavio Líster; el embajador de Cánada, Adam Blackwell; los secretarios de Agricultura, Amílcar Romero, de la Mujer, Gladdys Gutiérrez. Además, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez; el senador de Valverde, César Matías; el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CASAD), Richard Martínez; Marcos Villamán, Director de CONARE; Rubén Peña, Director Oficina Nacional de Presupuesto; Yudelka de la Rosa, Diputada por el Distrito Nacional; Francisco Pascual, Subsecretario de Educación; Alejandro Moscoso Segarra, Comisionado Para la Reforma y Modernización de la Justicia y  el vocero de la Policía, general Simón Díaz, entre otros representantes del gobierno.

"Desde tu puesto ayúdanos a cambiar el país"

Ver Decálogo del Servidor Público…

Participación Ciudadana se encuentra organizando su segundo panel regional para jóvenes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil sobre el tema “Democracia Interna de los Partidos Políticos: Propuestas desde la juventud”, espacio de discusión y análisis donde los participantes de diversos sectores comparten sus opiniones sobre la democracia interna de las principales agrupaciones políticas y presentan propuestas para mejorar.

Este segundo panel se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de octubre, a partir de las 9:00 AM, en el Salón Parroquial de la Iglesia Santa Rosa de Lima, en La Romana, y contará con la asistencia, además, deMaría Guerrero (PLD), Juan Luis Mora (PRD), Héctor Mauricio (PRSC), Carlos Báez (Nueva Alternativa) y Andy Omar Jonson en representación de la sociedad civil.

Esta actividad forma parte de las acciones que desarrolla la institución desde el proyecto iniciado en el año 2001 denominado “Democratización del Liderazgo Político”, línea de trabajo que tiene como base la integración de la juventud en diferentes espacios de formación e intercambio de ideas con miembros de organizaciones sociales y partidarias.

Campaña por una Gestión Pública Transparente

La sociedad dominicana necesita recuperar la confianza en sus servidores públicos, por lo que desde Participación Ciudadana consideramos oportuno presentar la propuesta de decálogo del Servidor Público que pretende servir de referencia como parte de los compromisos éticos que deben asumir ante la sociedad dominicana, siendo vital la incorporación y asunción de ley 120-01 que instituye el código de ética de los servidores públicos.

1. Asumir como su  único compromiso la defensa de los intereses  de la ciudadanía, con vocación y entrega al trabajo procurando hacer  honor al compromiso de fidelidad hacia el Estado; por encima de los intereses particulares ya sean estos corporativos, partidarios, familiares  o de cualquier otra índole.

2. Procurar en su condición de servidor público  un comportamiento ajustado a las normas establecidas, dando estricto cumplimiento a sus funciones y a las responsabilidades que se desprendan del puesto que ocupe en la administración del Estado; en el entendido que todo servidor público tiene una responsabilidad que cumplir y por ende todos son igualmente importantes.

3.Cumplir con la Ley 120-01 que instituye el Código de Ética del Servidor Público y que establece la honestidad, la honradez, la justicia, la equidad, el decoro, la cortesía, la probidad, la vocación de servicio, la lealtad, seriedad, discreción, y la transparencia como los principios éticos del Servidor Público.

4. Garantizar las políticas de información a los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones y un trato adecuado y digno para quienes demanden las informaciones públicas, dando cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

5. Ofrecer un trato digno y adecuado a todos aquellos que demanden atención y servicios de cualquier índole, siendo particularmente respetuoso de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas ofertándole lo solicitado con calidad, prontitud y sin discriminación; prestando especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

6.Adoptar una política de transparencia y rendición de cuentas  que permita que se conozcan los planes, programas y presupuestos ejecutados, incluyendo la relación de los recursos que están asignados para uso personal; permitiendo de esta manera el control ciudadano de las acciones públicas.

7. Desarrollar las aptitudes y ética necesaria para desde su cargo garantizar un uso adecuado y racional de los recursos bajo su responsabilidad, sean estos económicos, materiales o humanos.

8.Asegurar un clima de trabajo armónico , fortaleciendo la mística del trabajo colectivo y promoviendo como misión institucional el servicio a la nación.

9.Dar continuidad a las políticas, programas y proyectos que provengan de otras gestiones de gobierno y que estén dirigidas a beneficiar a la ciudadanía.

10.Cumplir solo con aquellos mandatos y directrices que garanticen los intereses del Estado dominicano y que contribuyan con la búsqueda de estrategias e ideas innovadoras que ayuden a solucionar los problemas que enfrenta el área desde el cual realiza su función en la Administración Pública.

Participación Ciudadana y la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), firmaron un acuerdo de cooperación en el cual pretenden desplegar esfuerzos conjuntos para llevar a cabo Mesas de trabajo para la búsqueda de consenso en la implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa mediante el establecimiento de un espacio de intercambio y concertación que debata los temas relativos a los recursos humanos en la administración pública y los retos que enfrenta la sociedad dominicana para superar las dificultades por la que ha atravesado en este tema.

La firma del convenio fue hecha por el director de ONAP, Lic. Ramón Ventura Camejo y el Coordinador General de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado. En tanto que la lectura del acuerdo la hizo el Director Ejecutivo de PC, Javier Cabreja.

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL (ONAP) Y PARTICIPACION CIUDADANA

DE UNA PARTE: El movimiento cívico no partidista PARTICIPACION CIUDADANA, legalmente representado por su Coordinador General, señor Alfonso Abreu Collado, dominicano, mayor de edad, casado, economista, provisto de la Cédula  de Identidad y Electoral No.001-0750-6, con domicilio elegido en el local que ocupan las oficinas de la mencionada organización, en la calle Wenceslao Álvarez No. 8, Zona Universitaria, de esta ciudad; y

DE LA OTRA PARTE:La Oficina Nacional de  Administración y Personal (ONAP); representada por su Director, Lic. Ramón Ventura Camejo , casado, de profesión  politólogo, provisto de la Cédula de  Identidad  y Electoral No. 031-0115621-8,  con domicilio elegido en el local que ocupan las oficinas de la mencionada entidad  ONAP – Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".

Considerando: Que dentro de las medidas de un sistema de prevención de la corrupción para que este cumpla con sus propósitos uno de los puntos a tomar en cuenta es la prevención institucional y dentro de esta la definición de un sistema idóneo de contratación y promoción de servidores públicos, que garantice la implementación de una real carrera administrativa.

Considerando:Que uno de los retos que enfrenta el Estado Dominicano es lograr la reducción de la nómina pública a niveles adecuados para garantizar una labor más eficiente que contribuya con la disminución del gasto corriente del Gobierno Central.

Considerando:  Que la administración Pública tiene que dar prioridad al fortalecimiento del sistema de contratación y permanencia de los servidores públicos, como un medio para superar el clientelismo y garantizar una burocracia estatal  que su primera fidelidad sea el estado.

Considerando: Que los distintos sectores que conforman la sociedad dominicana están conscientes de la importancia que reviste para el país la implementación de la ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera administrativa .

Considerando: Que la aplicación de la Ley 14-91 de  Servicio Civil y Carrera Administrativa ha enfrentado múltiples barreras y que enla actualidadhay incorporados a la carrera trece mil cuatrocientos treinta y ocho (13,438 ) servidores públicos, y diez mil novecientos cuarenta y uno (10,941) del área docente.

Considerando:Que en cada cambio de gobierno el país se ve abocado a un proceso de cancelación de servidores públicos, incluyendo aquellos en los que el Estado ha realizado fuertes inversiones para su capacitación

Considerando:Que La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) es la entidad responsable de velar por la implementación del sistema de Servicio Civil y Carrera Administrativa .

Considerando:Que La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) tiene dentro de sus funciones presentar las recomendaciones que considere de lugar para garantizar la eficiencia de las entidades que forman parte de la administración pública.

Considerando: Que Participación Ciudadana desarrolla un programa dirigido a contribuir con la transparencia de la gestión pública y desde el mismo se ha definido como una de las prioridades de la lucha anti corrupción contar con un sistema idóneo de contratación de servidores de la administración pública .

Considerando: La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAPy Participación Ciudadana coinciden en los objetivos de lograr mayores niveles de transparencia en la administración pública y sobre todo garantizar la implementación de la Ley 14-91 de servicio Civil y Carrera Administrativa.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

Primero:  Objetivo.-  Que La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana acuerdan desplegar esfuerzos conjuntos para llevar a cabo Mesas de trabajo para la búsqueda de consenso para la implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa mediante el establecimiento de un espacio de intercambio y concertación que debata los temas relativos a los recursos humanos en la administración pública y los retos que enfrenta la sociedad dominicana para superar las dificultades por la que ha atravesado en este tema.

Segundo:  Definición de resultados.-  La Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana se comprometen a  trabajar para establecer un pre diagnóstico de la situación de la aplicación de la Ley 14-91, y sobre todo establecer las estrategias a desarrollar para la búsqueda de herramientas técnicas y políticas que contribuyan con la superación de las debilidades que han impedido una correcta aplicación de la Ley.

Tercero:  Actividades.-  La ONAP y Participación Ciudadana se comprometen a preparar y desarrollar un calendario de actividades de acuerdo a la propuesta general de mesas de trabajo presentada por Participación Ciudadana, con el fin de cubrir la primera parte de este convenio al 30 de noviembre. Dicha propuesta es parte integra del presente convenio.

Para lograr los fines previstos, ONAP y Participación Ciudadana designarán un equipo técnico responsable de operativizar la presente propuesta; el cual podrá de común acuerdo promover y coordinar las acciones que considere de lugar para cumplir con los objetivos previstos por ambas entidades.

Cuarto:  Financiamiento.-  ONAP yParticipación Ciudadana se comprometen a colaborar con el financiamiento para las actividades cubiertas por este convenio de acuerdo a la disponibilidad en sus respectivos presupuestos.

Quinto:  Vigencia del acuerdo.-  El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá una duración de tres meses; pudiendo el mismo ser renovado a partir del interés expreso de ambas partes. Podrá darse por terminado a instancia de una de las partes por medio de un documento escrito que justifique la acción.

Palabras del Coordinador General (Alfonso Abreu Collado)
En ocasión de la firma del Acuerdo de Cooperación entre ONAP y PC

La nómina pública de nuestro país no guarda ninguna relación con el tamaño y la cantidad de instituciones públicas que serían suficientes para manejar con eficiencia el Estado Dominicano.

La práctica clientelista de buscarle colocación a los militantes, miembros y simpatizantes de cada partido que llega al poder, ha creado una costosa e ineficiente burocracia, en la cual se está invirtiendo actualmente la tercera parte de los ingresos ordinarios del gobierno.

Sin olvidar que, a ese costo hay que añadirle los enormes recursos gastados en la preparación de técnicos y funcionarios medios que luego son cancelados con cada cambio de partido en la administración gubernamental.

Cuestión que se repite tanto en el Gobierno Central, como en las instituciones descentralizadas, el Poder Legislativo y en los Ayuntamientos del país.

Esa situación ha ocasionado que la ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con trece años de promulgada, no haya podido ejecutarse a plenitud, pues a la fecha menos del 5% de los servidores públicos ha sido incorporado a la carrera.

La aplicación plena de la ley 14-91, significaría una selección en base a meritos profesionales, así como garantía de permanencia en funciones después de una adecuada especialización.

Empero, en las actuales circunstancias, la aplicación de esta ley requerirá, eventualmente, una depuración previa de la nómina pública, para suprimir cargos excesivos e incluso instituciones completas que no tienen razón de existir porque sus funciones son ejercidas por otras de similar naturaleza.

Precisamente el acuerdo que estamos firmando con la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), como organismo responsable de ejecutar las disposiciones de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, tiene como propósito crear un espacio de concertación y debate en torno a la mejor manera de superar los obstáculos que han impedido la aplicación de la ley 14-91.

Agradecemos al Director de ONAP señor Ramón Ventura Camejo que haya acogido esta iniciativa y esperamos que este trabajo conjunto entre PC y la ONAP redundará en efectivas directrices para abordar el tema del Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

El primer aspecto contemplado en el documento “Por un Compromiso Ético Para el Ejercicio del Poder” publicado el pasado 12 de agosto, por nuestra organización Participación Ciudadana, en ocasión de la toma de posesión del Presidente Leonel Fernández Reyna, se refiere a la necesidad de aplicar una política racional en el gasto público.

En ese sentido, escuchamos con satisfacción que en su discurso de toma de posesión el Presidente Fernández Reyna manifestó su disposición a reducir los gastos del Estado al menos en un 20%, suprimir los cargos públicos excesivos y no permitir gastos dispendiosos en automóviles, llamadas telefónicas, viáticos y otros de similar naturaleza.

Sin embargo, hemos visto con preocupación como a un mes de iniciada la presente gestión se ha continuado con la vieja práctica de realizar nombramientos en posiciones no incluidas en el organigrama del gobierno, como son los casos de múltiples Secretarios de Estado sin Carteras, Subsecretarios y Vicecónsules sin funciones específicas, al mismo tiempo que se mantienen otras funciones que, a todas luces, compiten entre sí. El caso más dramático es el relativo a las políticas sociales, donde diferentes instancias, algunas de ellas creadas por decreto, están organizando áreas de acción social que sólo han servido en el pasado como caldo de cultivo para prácticas corruptas y para desviar recursos a manos de particulares.

Debe señalarse además, que mientras se mantienen y crean nuevos puestos inorgánicos, muchos servidores públicos amparados por la ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, han sido expulsados de sus puestos, al igual que en gobiernos anteriores, sin tomar en cuenta la inversión que ha hecho el Estado en su preparación técnica y la experiencia acumulada.

En cuanto al manejo de los fondos públicos, insistimos en la necesidad de que el Presidente de la República instruya a sus funcionarios para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras cumplan con los mecanismos de licitaciones y concursos transparentes, para evitar la corrupción y el tráfico de influencia que trae aparejado el otorgamiento de contratos grado a grado.

Asimismo, estamos todavía a la espera de la disposición anunciada por el Presidente Fernández Reyna para fijar salarios a los funcionarios consulares, suprimiendo la práctica clientelista de usar los nombramientos de cónsules para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios pertenecientes al erario público.

Por otro lado, vencido el plazo para que los funcionarios nombrados en la presente gestión como los salientes den cumplimiento a la ley 82-79 que obliga a la Declaración Jurada  de Bienes, Participación Ciudadana se une a la exigencia que ha venido haciendo el Ministerio Público de que los servidores del Estado acaten esta disposición legal.

Corrupción e Impunidad

Resultó alentador escuchar al Presidente Fernández Reyna expresar que la corrupción es moral y legalmente inaceptable, que su gobierno se ocupará de prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso, así como que pedirá rendición de cuentas y no será abanderado del borrón y cuenta nueva. De igual modo fue grato su pronunciamiento en el sentido de que debe erradicarse de nuestra sociedad el tráfico de influencias, el clientelismo y el enriquecimiento ilícito.

No obstante, hemos observado con asombro el nombramiento en posiciones importantes de la Administración Pública de personas con expedientes de corrupción pendientes en la justicia dominicana, lo que envía una señal negativa a la ciudadanía y a la propia justicia, pues puede interpretarse que desde el Poder Ejecutivo se pretende cobijar y proteger ex funcionarios con el fin de que la Justicia los absuelva, cuestión más grave aún en aquellos casos donde los nombramientos otorgados tienen que ver directamente con la fiscalización del uso de los recursos públicos.

A lo anterior se agregan los escándalos de corrupción recientemente descubiertos y que han estremecido a la ciudadanía, entre otras razones porque proceden de dos instancias públicas responsables de la persecución de los delitos y la seguridad ciudadana. Nos referimos, por una parte, a los tráficos de indultos, que involucra a pasadas autoridades del Ministerio Público. Y, por otro lado, el uso por la propia policía de vehículos robados y recuperados. Estos hechos deben ser investigados a profundidad y sancionados ejemplarmente de acuerdo a lo establecido por las leyes. La sociedad dominicana no puede seguir haciendo de la impunidad su estandarte.

Participación Ciudadana entiende que este último caso está poniendo a prueba la aplicación de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, al negarse la Policía Nacional a entregar la lista con los nombres de los beneficiarios del uso de los vehículos, cuestión inadmisible, que todos los ciudadanos debemos enfrentar.

Este movimiento cívico no partidista reitera las sugerencias realizadas al Presidente de la República en el documento público remitido en víspera de su toma de posesión y se pone a su disposición para colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan enfrentar la impunidad y hacer más eficiente el gasto público.

El movimiento cívico Participación Ciudadana expresa su más alta preocupación ante incremento de la delincuencia con su secuela de pérdidas de vidas humanas, temores y daños materiales, generando una crisis de seguridad ciudadana en el país.

Los actos de violencia registrados en las últimas semanas crean una situación de desasosiego e intranquilidad en la familia dominicana y un clima inapropiado para el desarrollo productivo y la inversión.

En estas circunstancias, se hace necesario que las autoridades tomenuna decisión  definitiva para  enfrentar este flagelo con políticas integrales que incorporen a la sociedad y  sus instituciones.

Un elemento que debe estar contenido en estas políticas es la reforma  reale integral de la Policía Nacional, fomentando un organismo de investigación delictiva que sea capaz de prevenir y perseguir el delito, generando confianza en la comunidad. Para ello se necesita desarrollar un auténtico plan de depuraciónde esta institución, investigando a fondo los denunciados vínculos entre oficiales y clases con  los grupos criminales.

Para recuperar la credibilidad de la PN es imprescindible que se llegue hasta las últimas consecuencias en el escándalo de la expropiación, por altos oficiales de la institución, de más de un centenar de vehículos robados, aplicándose las sanciones correspondientes

Es necesario promover un nuevo tipo de agente policial que esté estrechamente vinculado a la ciudadanía, lejos de sospechas criminales y con apego a la ley. Necesitamos desarrollar la capacidad investigativa del cuerpo del orden mediante la incorporación de las técnicas modernas de criminalística y la adquisición de los equipos que se requieren para garantizar la seguridad y protección de sus miembros.

Ninguna reforma policial puede ser eficiente si no contempla un mejoramiento del salario y el sistema de seguridad de esa profesión, sobre la que se fundamenta el reclutamiento de un personal más capaz y proclive a las normas éticas.

Las medidas tomadas hasta el momento por las autoridades no pueden limitarse a la Policía Nacional, deben tocar otros ámbitos institucionales del país. Se trata de adoptar e impulsar un verdadero plan de seguridad ciudadana que integre a las organizaciones sociales en las iniciativas de prevención que se tomen en cada barrio, ensanche o comunidad.

Este plan debe comprender una política criminal  desde el Ministerio Público para la persecución y castigo de la criminalidad, pero no sólo en la delincuencia común, sino también y muy especialmente de la de “cuello blanco", practicada tanto en el sector público como en el privado y cuya impunidad es un estímulo para que algunos salgan a las calles a “buscársela” de cualquier manera.

Participación Ciudadana entiende que desde la óptica del ministerio público, es necesario insistir en que sus representantes ante las diferentes jurisdicciones del país deben procurar la adquisición de los medios de prueba que permitan la persecución y condena de las personas cuya culpabilidad haya sido efectivamente comprobada. Asimismo, es imprescindible limitar las posibilidades de que criminales reincidentes obtengan libertad provisional mediante una de las múltiples fórmulas que todavía existen en nuestro sistema judicial.

Por otra parte,la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de menor jerarquía, deben dar muestras fehacientes de que existe una voluntad nacional para castigar el delito y el crimen, sin tomar en cuenta la clase social o el vínculo político del autor de un hecho delictivo.

En las actuales circunstancias, la impunidad se constituye en una fuente reproductora del crimen que no puede ser tolerada por quienes aspiramos a vivir en una sociedad democrática.

Una agenda para las reformas político-electorales

La necesidad de fortalecer las instituciones políticas se ha convertido en una demanda de importantes sectores de la sociedad civil, en el entendido de que mientras más consolidadas estén las instituciones, mayores garantías existirán para la buena conducción del país y la promoción de valores, prácticas y relaciones sociales más democráticas.

La dispersión de las instituciones, la competencia entre los poderes, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y participación de la ciudadanía, el incumplimiento de los diferentes acuerdos asumidos por la clase política, la discontinuidad en la agenda de las reformas, las propuestas de contra reformas políticas, entre otros elementos, son algunos de los puntos que debemos enfrentar si queremos que el sistema político supere los niveles de descrédito y falta de confianza existentes.  La sociedad en su conjunto se ve afectada por esta situación, por lo que es una responsabilidad de todos buscar, de manera colectiva, las respuestas que contribuyan con su superación.

Ante esa situación, Participación Ciudadana ha iniciado un proceso para el debate de las reformas políticos electorales pendientes, convirtiéndose dicho proceso  en un medio para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las principales reformas políticas que requiera el país y favoreciendo que  sugerencias, propuestas y  demandas de la ciudadanía puedan ser organizadas en pliegos de recomendaciones para  que los organismos correspondientes ya sea la propia Junta Central Electoral  y/o el Congreso Nacional, conozcan y consideren.

La participación de la sociedad civil en  los procesos de Reformas

Importantes avances en el proceso de fortalecimiento de las instituciones electorales y en términos de la organización de procesos más libres, diáfanos y transparentes se producen en el país entre 1994 y el 2000. Estos cambios experimentados en el sistema electoral son en gran medida el resultado de una  mayor presión de la sociedad civil sobre el sistema político dominicano y en particular sobre las  elites partidarias. El conjunto de reformas electorales efectuadas durante  la década pasada han incidido también en la competencia político-partidaria y han creado condiciones más propicias para la participación desde la sociedad civil en favor de la  democratización del sistema político dominicano.[1]

Entre estas reformas podemos mencionar:

El cambio  en la  proporción de votos válidos que requiere un candidato presidencial para ser elegido, que pasó de mayoría simple a mayoría absoluta o el 50% más un voto.

El establecimiento de la  doble vuelta electoral, en caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría requerida.

La separación de las elecciones municipales y congresionales de las presidenciales, con un período de dos años entre cada proceso.

Prohibición de la reelección presidencial consecutiva. Reforma, echada para atrás  en  enero del 2003.

La conformación de los Colegios Cerrados, también modificado para las elecciones presidenciales del 2004, aplicándose la modalidad de los colegios abiertos pero que fue considerada una medida salomónica, ya que reducía el margen de fraude el día mismo de la jornada electoral.

En 1997 se introducen otras 4 reformas al sistema electoral mediante las cuales se dispone financiamiento del Estado a los partidos políticos para la campaña electoral, se establece una cuota de candidatura femenina no menor al 25% para los cargos congresionales y municipales, se crean circunscripciones electorales para elegir los diputados y regidores, y se otorga el derecho al  sufragio de los dominicanos residentes en el exterior, puesta en práctica esta última en estas elecciones transcurridas, es decir 7 años después de su introducción.

En el año 2000 el  reto más importante que enfrentó las autoridades electorales  fue sacar adelante un proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral  y la elaboración de un nuevo padrón electoral digital y fotográfico, conjuntamente con la organización de las elecciones. Para esas elecciones, se había modificado la ley electoral añadiendo dos (2) integrantes a la Junta Central Electoral, de manera provisional. Pasados los comicios, se aumentaría y así se hizo, con un carácter permanente la cantidad de integrantes del organismo, de 5 a 7.

En el año 2000 también se aprobaron las leyes 12-2000 y 13-2000 que aumentaron la cuota de candidaturas femenina para la Cámara de Diputados y las Salas Capitulares para las elecciones congresionales del año 2002

En las elecciones del 2002 se introduce la elección de los funcionarios municipales y congresionales a través de nuevas circunscripciones electoralesy se utilizaron listas electorales desbloqueadas y cerradas para la elección de los integrantes de la cámara de diputados, entendiéndose  que la separación   de las elecciones municipales y congresionales de las presidenciales trae consigo una serie de ventajas que favorece a la propia ciudadanía la cual tendrá la oportunidad de elegir sus representantes a través de un voto más consciente y objetivo sin dejarse presionar por la propia cultura caudillista que nos ha caracterizado.

La sociedad civil ha mantenido la expectativa   de que dicha separación  traer consigo cambios importantes en la relación  partido y comunidad,  ya  que las candidaturas  deben tener su propio atractivo a nivel local,  por no estar amparadas en la sombra de  la candidatura presidencial.[2]

En el año 2003 la ley electoral sufre nuevas modificaciones. La ley número 02-03 del 7 de enero del 2003, reformula la composición y funcionamiento de la Junta Central Electoral, aumentando a nueve (9) miembros sus integrantes y creando las Cámaras Administrativa y Contenciosa y el Pleno del organismo. Asimismo, la indicada ley introduce los cambios necesarios para ajustar la ley electoral al sistema de colegios electorales abiertos.[3]

Desde el punto de vista logístico, las elecciones del 2004 conocieron de otros cambios de no menor importancia. Entre otros asuntos, se introdujo un sistema de plastificación de las actas electorales que previene cualquier tipo de alteración y se instaló un sistema de lectura y transmisión de resultados por scanner.

Al transcurrir  de manera exitosa las elecciones presidenciales del 2004, a pesar de todas las dificultades que  caracterizaron las mismas, el rol de la sociedad civil debe estar enmarcado a promover el  debate de las reformas electorales pendientes, porque como ya expresara se hace necesario alcanzar la institucionalidad del proceso a fin de que podamos participar de una manera diferente en comicios  futuros.

Esta institucionalidad debe abarcar todos los ámbitos y  espacios  políticos como son:

Los poderes del  Estado:  el  Poderes Ejecutivo erradicando el uso de los recursos del Estado en la campaña a favor de su organización política haya o no reelección, El poder Legislativo  concertando con la ciudadanía  y respetando la voluntad popular en asuntos relacionados con reformas alcanzadas y valoradas como logros para el sistema político.

Los partidos políticos mediante  la transparencia en el manejo de los fondos del financiamiento público y privado y la  propia calidad de las campañas electorales  permitiendo  el conocimiento y el debate de los programas de gobiernos y por supuesto el respeto  a lo que denominamos el código de ética electoral, para que podamos tener campañas electorales de calidad  y respeto no sólo a la condición humana de los adversarios sino a  todo lo que es el patrimonio nacional  como son los espacios públicos.

La Junta Central Electoral de modo que sus ejecutorias estén reglamentadas y pueda actuar en consonancia con el precepto constitucional que la define como la rectora de todos los procesos electorales. Es decir que  su  labor debe  también abarcar de manera clara y precisa todo lo relacionado con lo contencioso electoral.

Las expectativas de la sociedad civil es  contribuir a lograr la institucionalidad del sistema político electoral, por ende entendemos que el debate de las reformas electorales pendientes debe ser realizado en la actualidad, de manera que se pueda elaborar un pliego de demandas bien documentadas, para que las reformas se realicen de manera consciente, evitando lo que ha sido una tradición: la realización de reformas en momentos de crisis para salvar situaciones coyunturales, método que no es el adecuado ni el que aspiramos porque el mismo sólo trae consigo satisfacciones de intereses particulares y para evitar que las reformas se adopten  precipitadamente, en función de conveniencias del momento de los principales partidos políticos, sin incorporar otras perspectivas, y sin pensar cuidadosamente en el impacto de las reformas electorales para el funcionamiento del sistema democrático.[4]

En una fase inicial estamos promoviendo el debate de las siguientes reformas pendientes:

A. REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS

Organo Electoral.Se ha planteado la necesidad de modificar las regulaciones relativas al órgano electoral dominicano, la Junta Central Electoral. Primero, para garantizar que su  elección este dotada de una mayor legitimidad y de una composición equilibrada y no partidista. Segundo, para separar de manera más efectiva sus funciones jurisdiccionales y administrativas, evitando las dobles competencias y la falta de una clara unidad de mando que dificulta la operatividad del organismo.

Partidos Políticos.Se ha depositado en el Congreso Nacional y ya se encuentra bajo estudio de una comisión legislativa, el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Este proyecto trata de regular la organización democrática de los partidos, sus elecciones primarias, su financiamiento y supervisión, creación y extinción, entre otros aspectos.

Fiscalía Nacional Electoral.Para garantizar la persecución de los delitos electorales y especializar un órgano público en la supervisión de los partidos políticos, se ha valorado la propuesta de crear una Fiscalía Nacional Electoral, tomando como parámetros las que ya existen en Panamá y El Salvador.

Campañas Electorales y Uso de los Medios de Comunicación.La modificación de la ley electoral en cuanto a la regulación de las campañas electorales y el uso de los medios de comunicación, tendría como propósito limitar el uso del espacio público, las manifestaciones y los “bandereos” que hasta ahora han caracterizado estas jornadas;  estimular la promoción de los candidatos a través de sus propuestas programáticas y garantizar la utilización equitativa de los medios de comunicación.

Participación Social.Fue sometida al Congreso Nacional la propuesta de Ley General de Participación, que crea mas espacios para la integración de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en la gestión pública, tanto municipal como nacional.

Uso de los Recursos del Estado. Una de las reformas pendientes a la ley electoral tendría elpropósito de limitar una serie de actividades que implican el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral y establecer sanciones graves a los responsables de estos hechos.

Separación del Nivel Congresional.Para eliminar el arrastre entre los senadores y diputados, se ha propuesto separar el nivel congresional de manera que se tenga que votar especificamente por el senador y por el diputado de manera diferenciada.

Cuota Femenina. Está pendiente la revisión de la cuota de candidaturas femeninas a fin de garantizar la elección de más legisladoras, regidoras y sindicas.

Voto Electrónico. Con el propósito de eliminar el manejo de actas por delegados políticos y agilizar el proceso de votación y escrutinio, se ha estado debatiendo la conveniencia de introducir el sistema de voto electrónico con una tecnología similar a la que se usa en Brasil o Venezuela

Unificación de las Elecciones Presidenciales y Congresionales. Ante el propósito manifestado por diversos sectores en el sentido de reformar la Constitución de la República a fin de que todas las elecciones se realicen en un mismo año, es necesario definir las estrategias correspondientes, valorando lo que más convenga a la gobernabilidad y al equilibrio de poderes.

B. REFORMAS REGLAMENTARIAS Y OPERATIVAS

Existen una serie de propuestas de reformas electorales pendientes que pueden ser implementadas mediante un Reglamento o Resolución que la Junta Central Electoral adopte al respecto:

Lista Desbloqueada.Se ha planteado incluir el sistema de lista desbloqueada para elegir los regidores y regidoras, garantizando así un voto más personalizado y un compromiso más directo entre el elector y su representante.

Automatización del Registro Civil.Una de las tareas pendientes de la JCE es la automatización del registro civil con el propósito de mejorar sustancialmente los servicios que los ciudadanos requieren en cuanto a su estado civil y de manera implícita, mejorar también el padrón electoral.

Actualización del Padrón Electoral.Dando cabida a las sugerencias que ofreciera la compañía que auditó el padrón electoral, está pendiente la inclusión de las huellas dactilares y el control de la imagen en el padrón, lo cual eliminaría las posibilidades de que una persona tuviera dos cédulas y limitaría la falsificación del documento electoral.

Revisión del Escrutinio en las Juntas Electorales.Una de las conclusiones derivadas del recién finalizado proceso electoral, es que resulta necesario revisar el proceso de acopio de actas y escrutinio en las Juntas para garantizar que sea suficientemente ágil y que los delegados de los partidos no obstaculicen el mismo.

Carrera Administrativa Electoral. Se ha ponderado la necesidad de aplicar la ley de servicio civil y carrera administrativa en la Junta Central Electoral con el propósito de profesionalizar cada vez más el personal de los organismos, incorporando también a determinados funcionarios de las juntas electorales.

Código de Ética Electoral.Es necesario que se adopte de manera oficial el Código de Ética Electoral promovido por las organizaciones sociales en el proceso electoral recién terminado, como una forma de contribuir a mejorar la calidad de la actividad política nacional.

ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO DE DEBATE DE LAS REFORMAS POLITICO- ELECTORALES

Encuentros regionales para la discusión del ante proyecto de ley  de las organizaciones políticas.

Realización de  4  encuentros regionales para la discusión del ante proyecto de ley de los partidos políticos, con el fin de que la ciudadanía participe activamente en  la comprensión de dicho ante proyecto de ley  y pueda opinar y dar sugerencias que puedan enriquecer y mejorar la propuesta. Estas recomendaciones se organizarán y se  elaborará un pliego de sugerencias para entregar a la JCE y/o Congreso nacional a fin de que sean consideradas en el momento del debate para su implementación como ley. Los lugares sede han sido: Santiago,  Valverde, Mao, San Juan de la Maguana y Distrito Nacional.

Seminarios  sobre la ley de participación social. Realización de dos seminarios con el fin de socializar el proyecto de ley general de participación sometido a la cámara de diputados por diversos sectores de la vida nacional y recoger sus observaciones, recomendaciones al tiempo de propiciar el cabildeo frente  a sus legisladores. Los lugares sedes de los encuentros son Región Este, en la Romana y en la provincia  Santo Domingo.  Estas acciones han sido  planificadas para  los representantes regionales,   entre los que consideramos a Miembros de Organizaciones; Autoridades Locales, Membresía de Participación Ciudadana

Paneles de jóvenes de partidos políticos y sociedad civil. Tres paneles han sido planificado por el programa liderazgo político, con el tema del ante proyecto de ley de partidos políticos, a fin de que los jóvenes  se incorporen al debate de este importante anteproyecto de ley y cuyas reflexiones sean parte del pliego de recomendaciones a presentar a las autoridades correspondientes.

Cursos locales sobre las reformas político-electorales pendientes. Se realizan 50 cursos con una diversidad de participantes, entre los se encuentran líderes  comunitarios, representantes de las ONGs locales, miembros de  organizaciones políticas y estudiantes universitarios. Estos cursos pueden ser de una sola reforma o del conjunto de reformas, dependiendo de lo que los beneficiarios aspiran conocer.

Paneles de discusión.  Realización de un panel sobre las circunscripciones electorales de Santiago:  Balance del 2002 y posibles soluciones para el 2006. Entendiendo que entre las 7  provincias que en las elecciones del 2002 fueron divididas con nuevas circunscripciones electorales, Santiago fue la que presentó  mayores dificultades,   era pertinente iniciar con tiempo el proceso de discusión. El resultado de esta acción será conocida por la JCE a fin de que considere las diversas propuestas planteadas.

Proceso de debate de las reformas electorales pendientes.

Esta  actividad ha sido planificada considerando tres acciones fundamentales:

Un taller de trabajo.  La realización de un taller de trabajo con expertos nacionales, analistas políticos,  Directivos de PC , representantes de partidos políticos y congresistas, a fin de analizar y debatir los temas de las reformas electorales pendientes. Alrededor de los diferentes temas que aborde la propuesta se organizarán los debates dentro de los Talleres. Estos talleres harán discusiones por grupo de cada tema presentado. Las conclusiones de los grupos serán sometidas al debate de la plenaria.

Un seminario Internacional.  Se realizará un  seminario internacional donde se presentarán experiencias exitosas  en otras naciones relacionadas con los tema de las reformas electorales que nos ocupan.

Un taller técnico. Se realizará un taller técnico para elaborar una una propuesta base que toque los diferentes aspectos pendientes de reforma, tanto de la Constitución de la República como de la Ley Electoral.

El próximo miércoles 8 de septiembre, a partir de las 9:00 am, en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata, Participación Ciudadana llevará a cabo un panel regional de discusión dirigido a jóvenes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, sobre el tema “Democracia Interna de los Partidos Políticos: propuestas de la juventud”.

Durante este espacio diversos jóvenes de partidos políticos presentarán sus opiniones sobre la democracia interna de sus agrupaciones políticas, así como algunas ideas y propuestas para fortalecer estos procesos.

En esta ocasión se contará con Demóstenes Martínez (PLD), quien es regidor en Santiago, Nelson Carela (PRD), Rafael Cruz (PRSC), quien funge como vice-presidente regional de la Juventud Reformista Social Cristiana y Rebeca Ureña (FNP).

Esta actividad forma parte de las acciones que desarrolla la institución desde el proyecto iniciado en el año 2001 denominado “Democratización del Liderazgo Político”, línea de trabajo que tiene como base la integración de la juventud en diferentes espacios de formación e intercambio de ideas con miembros de organizaciones sociales y partidarias.