DECLARACION DE PRENSA

El movimiento cívico Participación Ciudadana, pone a disposición de toda la opinión pública nacional el primer informe de monitoreo legislativo, elaborado en el marco del proyecto Congreso Nacional y Ciudadanía, y que comprende el trabajo desarrollado por los Plenos del Senado y de la Cámara de Diputados durante los primeros noventa (90) días de la Segunda Legislatura Ordinaria del año 2005. En relación con la labor desarrollada por el Congreso en este período, Participación Ciudadana emite las siguientes consideraciones:

1.Valoramos positivamente la aprobación durante este período por el Congreso Nacional de la ley de Protección a los Derechos del Consumidor y del Usuario, que esperamos juegue un papel fundamental en la preservación de las garantías que debe disfrutar la ciudadanía al momento de comprar un producto o servicio en el mercado nacional. En otro sentido, nos llama a preocupación la nueva Ley de Casinos y Juegos de Azar, que podría constituirse en un estímulo para la promoción de los vicios en la juventud dominicana, y que ha sido recurrida en inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia.

2.Una normativa aprobada por las Cámaras Legislativas y que representa un gran reto para la Nación dominicana, es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana; en atención a los ajustes que requerirán las fuerzas productivas del país para poder desempeñarse en términos competitivos en este nuevo escenario de comercio y las readecuaciones a que se ha visto abocado el Estado dominicano en materia de recaudación tributaria.

3.Durante la presente legislatura el Congreso Nacional ha iniciado el debate de un conjunto de proyectos leyes que revisten una muy particular importancia para el desarrollo del país, a las cuales estamos dando atento seguimiento. Dentro de estos proyectos están el de ley de partidos y agrupaciones políticos, la ley general de participación, la ley de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios del Estado; la ley de planificación e inversión pública, entre otras.

4.Participación Ciudadanamanifiesta su preocupación por la gran cantidad de proyectos de leyes de pensiones que están siendo conocidos y aprobados por las Cámaras Legislativas. En apenas noventa (90) días el Senado conoció de doscientos cuarenta y seis (246) proyectos de este tipo, mientras la Cámara de Diputados conoció cuarenta y tres (43). Muchas de estas pensiones no responden a un justo reconocimiento de ciudadanos y ciudadanas que hayan prestado servicios eminentes al país y se encuentren en estado de necesidad, sino que se inscriben en las prácticas clientelares que lamentablemente caracterizan al sistema político dominicano. Estas pensiones implican además cuantiosas erogaciones mensuales a cargo de los fondos públicos.

5.Del mismo modo, expresamos nuestro rechazo a los continuos cambios territoriales que están siendo conocidos por el Congreso Nacional. En este período la Cámara de Diputados conoció  cuarenta y tres (43) proyectos de leyes de este tipo mientras el Senado conoció de cuarenta y uno (41). Estos proyectos implican elevación de categorías a parajes, secciones y municipios; creación de municipios y provincias, traspasos de territorios de una demarcación política a otra, así como cambios de nombres. Entendemos que antes de continuar con el trámite de estos proyectos es necesario que el Congreso se aboque a la discusión y aprobación del proyecto de Ley Orgánica Municipal, normativa en la que se establecen claramente cuáles son los requisitos necesarios para que un territorio pueda ser elevado a distrito municipal o municipio, y donde además se crean incentivos para evitar la continua fragmentación del territorio nacional.

6.En otro sentido, aunque continua siendo marginal la labor de fiscalización que desarrolla nuestro Congreso Nacional respecto de otros poderes del Estado, hay que destacar que en este período la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de fiscalización, entre ellas: una que ordena la investigación de impuestos en una Secretaría de Estado y otra que ordena la comparecencia de varios Secretarios de Estado. También la Comisión Bicameral de Reforma y Modernización del Congreso ha comenzado a discutir la propuesta de ley de Fiscalización, en cuyo debate ha participado nuestra organización. Asimismo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, aprobaron numerosas resoluciones en cumplimiento de su función de representación; solicitando la solución de diversos problemas nacionales o expresando su reconocimiento a diferentes instituciones y personalidades del país.

Al analizar de cuáles poderes del Estado ha partido la iniciativa legislativa en los proyectos de leyes conocidos durante este período, hemos verificado que la inmensa mayoría de estos proyectos son generados en el propio Congreso Nacional. Los proyectos sometidos por el Poder Ejecutivo, que en otras épocas eran los que dominaban la agenda legislativa, representan menos del 10% de los proyectos conocidos por la Cámara de Diputados y alrededor del 20% de los conocidos por el Senado.  Es mínima la iniciativa legislativa desarrollada por la Suprema Corte de Justicia o la Junta Central Electoral.

Finalmente, y en cuanto a la organización del proceso legislativo, se aprecia que el Senado de la República continúa implementando la Agenda Legislativa Priorizada, lo cual le permite ir avanzando en el conocimiento de los proyectos previamente definidos como estratégicos,  mientras que la Cámara de Diputados no aplica este sistema, a pesar de que está previsto en su Reglamento Interno. Asimismo, hemos comprobado que la Cámara de Diputados utiliza en exceso la declaratoria de leyes de urgencia y la convocatoria a sesiones extraordinarias,  utilizando estas sesiones para la aprobación de asuntos que no revisten en verdad un carácter excepcional, lo cual distorsiona profundamente el propósito para el cual la Constitución de la República prevé estos mecanismos.

Todos los datos contenidos en el primer informe de monitoreo legislativo y una información más detallada sobre la actividad del Congreso Nacional durante este primer período de la legislatura en curso, pueden ser revisados directamente en la página del proyecto Congreso Nacional y Ciudadanía, que es la siguiente:  http://www.pciudadana.com/congresonacional.html .

El movimiento cívico Participación Ciudadana continuará dando un seguimiento continuo a las actividades del Congreso Nacional en lo que resta de la presente legislatura, esperando poder rendir un informe final al término de la misma, que incluya además de los datos relativos al funcionamiento del Pleno del organismo, un balance ponderado del trabajo de las Comisiones Legislativas, los Bloques Partidarios y de cada uno de los legisladores y legisladoras en particular.

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TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PRESENTA ENCUESTA DEMUESTRA ALTA PREOCUPACION CIUDADANA FRENTE A LA CORRUPCIÓN BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2005

Al conmemorarse hoy, el Día Internacional Anticorrupción, Participación Ciudadana presenta el informe 2005 del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), que consiste en una encuesta de opinión pública, para entender cómo y de qué manera la corrupción afecta la vida de las personas comunes, facilitando información sobre la forma y extensión de la corrupción desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo.  

El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), es unaherramienta  que se publica anualmente desde el año 2003 y  que proporciona un indicador para medir tendencias en el tiempo: Complementando el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) y al Índice de Fuentes de Soborno (IFS) de Transparencia Internacional. En es ocasión la encuesta fue hecha por la firma Gallup Internacional.

La opinión pública aún no percibe el progreso

Alrededor de 55.000 personas en 69 países fueron encuestadas entre mayo y octubre de 2005 para evaluar sus opiniones sobre la corrupción.

El estudio es una radiografía de las percepciones y experiencias de los ciudadanos de todo el mundo respecto a la corrupción en sus países. Los hallazgos de este año reflejan la desconfianza del público en los sistemas políticos y de justicia nacionales, con los partidos políticos, los parlamentos, la policía y el poder judicial percibidos como los sectores más afectados por la corrupción.

Los partidos políticos recibieron el puntaje en general y se consideraron el sector más corrupto en 45 de los 69 países. Este resultado refleja un empeoramiento de la opinión global sobre los partidos políticos, ya que el año pasado 36 de un total de 62 países calificaron a sus partidos políticos como las instituciones más corruptas. Los parlamentos recibieron un puntaje igualmente malo, indicando la preocupación generalizada sobre los efectos de la corrupción en los sistemas políticos. 

El Poder Judicial y las aduanas recibieron las opiniones más críticas provenientes de Europa Central y Oriental y América Latina, donde fueron considerados entre los tres más corruptos.  

De igual forma un 57% de los encuestados de América Latina y África considera que la corrupción aumento en los últimos tres años.  

En nota de prensa difundida por Transparencia Internacional se indica que el impacto de la corrupción en la vida personal y familiar resulta aún más dramático en los hogares más pobres. Además, los ciudadanos en países de bajos ingresos tienden a pagar un porcentaje significativamente mayor de sus ingresos en sobornos que en los países de mayores ingresos.  

En general, la corrupción sigue siendo un tema de gran preocupación para los ciudadanos de todo el mundo, que señalan sus sistemas judiciales y legales primero y antes que nada.  

República Dominicana 

• Nos encontramos dentro de los 13 de 15 países latinoamericanos que piensan que la corrupción ha empeorado en los últimos tres años. El público en Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, y Nicaragua presenta una opinión particularmente negativa. A la inversa, Argentina y Colombia sobresalen como las excepciones, la mayoría de los participantes, en el primero consideran que el nivel de corrupción se mantuvo, y en el segundo consideran que disminuyó.

• De acuerdo a los resultados del barómetro los partidos políticos son considerados por los encuestados como las instituciones más corruptas.

• Se considera de acuerdo al barómetro que a menudo la policía o el sistema legal / judicial están dentro de los sectores más corruptos.

• El 72 % de la población encuestada en República Dominicana entiende que en los últimos 3 años se incrementó la corrupción o ha aumentado mucho, ocupando el segundo lugar dentro de este renglón.

• De los encuestados el 34% considera que la corrupción aumentará contra un 25% que tiene las expectativas de que disminuirá en los próximos años.

• En tanto que las ONG y las entidades religiosas fueron percibidas como las instituciones menos corruptas en términos generales en la mayoría de los países

• Ofrecer un soborno para evitar problemas con las autoridades es algo bastante frecuente. Este fue el caso con al menos la mitad de los participantes de Rusia, y países latinoamericanos como Guatemala, México, República Dominicana y Paraguay. Ciudadanos de Pakistán, Kenia y Nigeria expresaron haber hecho lo mismo.

• La mayoría de los participantes en la encuesta de República Dominicana expresó haber pagado un soborno, porque el dinero había sido directamente solicitado.

• Respecto al pago de sobornos ofrecidos para acceder a los servicios públicos, más de la mitad de los encuestados en la República Dominicana indicaron experiencias similares.

Al dar a conocer los resultados del BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2005, presentado por Transparencia Internacional Participación Ciudadana exhorta a las autoridades a redoblar los esfuerzos con el fin de ganar la batalla contra la corrupción y establecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Tabla: Los sectores más corruptos por región

            Fuente: Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia  Internacional 2005

Tabla 1: Países donde los partidos políticos son las instituciones más corruptas

            Fuente: Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International 2005

Hace más de un mes que la Comisión Nacional de Ética entregó un informe publico sobre el caso de la LICITACIÓN realizada por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OPTIC) y hasta la fecha no se ha dado a conocer ninguna reacción oficial sobre las medidas tomadas con respecto a dicho informe.

En este informe la Comisión estableció que en dicha licitación se produjo un conflicto de intereses y un manejo ético inadecuado. Es claro que la Licitación realizada por la OPTIC violó el Plan Nacional de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción, formulado por la propia Comisión Nacional de Ética y avalado por el Poder Ejecutivo. De manera particular, con esta licitación se entra en contradicción con el pilar de acción 4, de Compras y Contrataciones, que establece que el Estado ha de velar porque el dinero aportado por los ciudadanos se canalice de la forma más eficiente y racional posible, indicando además que el ejercicio del poder de compra y contratación del Estado debe ser limpio como el Cristal, garantizándose las mejores condiciones económicas y de calidad.

Participación Ciudadana entienden que la inacción gubernamental con respecto a los resultados del informe de la Comisión Nacional de Ética resulta preocupante, ya que puede ser interpretado como que en el proceso de lucha contra la corrupción hay personas intocables que no se sujetan a los procesos de institucionalidad. Nuestra entidad que este es un pésimo precedente que arroja un manto de dudas sobre las posibilidades de que la Comisión Nacional de Ética pueda efectivamente cumplir con su papel. Es necesario que desde el ejecutivo se envíen señales de que se están dando pasos para superar la impunidad que ha prevalecido en la administración Pública.

Esperamos que este caso sea tratado con la objetividad y transparencia, y sobre todo que se tomen los correctivos de lugar, para que sirva de ejemplo a todos los funcionarios y servidores públicos. No habrá lucha contra la corrupción si persiste la percepción de que existen funcionarios colocados más allá de la institucionalidad y las leyes.

El periodismo latinoamericano contribuye al conocimiento de importantes procesos de corrupción en los países de la región. Hay numerosos ejemplos, y, sin embargo, el aprovechamiento privado de recursos públicos sigue siendo un fenómeno extendido, de acuerdo a los estudios especializados.

Pese al prestigio de que goza, el periodismo de investigación no es suficientemente promovido. Por los objetivos que se plantea, puede requerir tiempo y recursos que no están disponibles, y a veces soporta presiones o peligros causados por intereses contrarios. Otro riesgo es el sensacionalismo o la publicación, bajo el nombre del género, de trabajos insuficientemente documentados.

Por ello, las instituciones convocantes decidieron asociarse para brindar un estímulo importante al periodismo que investiga la corrupción con niveles de excelencia, y acompañados de un jurado de altísima calidad. Este estímulo consiste en un primer premio anual de 25 mil dólares americanos a la mejor investigación sobre corrupción publicada en un medio latinoamericano, y dos reconocimientos especiales de 5 mil dólares cada uno, destinados a investigaciones especialmente meritorias.

Las organizaciones comprometidas con el premio son Transparency International, la organización que lidera mundialmente la lucha anticorrupción, a través de sus capítulos de América Latina y el Caribe (TILAC); y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) una prestigiosa sociedad de periodistas latinoamericanos independientes, con sede en Lima. El proyecto es apoyado por el Open Society Institute, con sede en Nueva York, que aporta los fondos para el premio.

Con el objetivo de fomentar la reflexión en materia de lucha anticorrupción que propicie la adopción de una cultura de probidad y transparencia en la administración pública dominicana acorde a los compromisos asumidos por el Estado en la Convención Interamericana contra la Corrupción, las entidades Participación Ciudadana, Finjus y el Senado de la República inauguraron el seminario internacional “Por un Marco Legal Basado en la Probidad y la Transparencia: Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado”.

En el seminario participaron como expositores internacionales los señores Laura Puertas, vicepresidenta de Transparencia Internacional y Directora Ejecutiva de Proética de Colombia; Alberto Leyton, consultor del Banco Mundial; Ricardo Salazar Chávez, presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Concesiones del Estado de Perú y Rosa Inés Ospina, directora  ejecutiva de Transparencia por Colombia.

Del país participarán el Presidente del Senado Andrés Bautista;  Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; César Pina Toribio, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus.

Además intervendrán Faustino Collado, miembro de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana; Tomás Emilio Durán, senador  por la provincia de Puerto Plata y Alejandro Montás, diputado del Distrito Nacional.

El  seminario además tratará de contribuir con el debate nacional en relación a la necesidad de un nuevo marco legal e institucional que garantice compras y contrataciones públicas transparentes.

También tiene como propósito dar a conocer experiencias de modelos exitosos en  la región, leyes de compras, contrataciones y adquisiciones del Estado que servirán de referencia para el fortalecimiento de la propuesta dominicana.

Y fortalecer los niveles de vínculos y articulación entre diferentes sectores de la sociedad dominicana despertando el compromiso  para el impulso y aprobación de l agenda legislativa anticorrupción priorizada.

• Rechazamos una reforma constitucional para eliminar el jus soli, que no resolvería el problema de la inmigración haitiana

• Afrontemos con una real política migratoria la masiva presencia haitiana en el país

• Si no tomamos en cuenta el escenario internacional cada vez quedaremos más solos con el problema

Después de ponderadas consideraciones de sus comisiones de Asuntos Jurídicos y de Análisis Político, Participación Ciudadana ha decidido rechazar la propuesta que se viene barajando en las últimas semanas de que sea reformada la Constitución de la República para eliminar el jus soli, o derecho a la nacionalidad por nacimiento en el territorio nacional.

La reforma propuesta, a más de contradecir un principio presente en nuestra Constitución casi desde la fundación de la República, al amparo del cual somos un arco iris de razas procedentes de todas las latitudes, no resolvería en sí misma el complejo problema de la creciente inmigración haitiana, como algunos plantean.

La eliminación del jus soli no podría tener efecto retroactivo, por lo que resultaría inútil si lo que se persigue es negar la condición de dominicanos a los descendientes de haitianos ya nacidos en el país. Los que la demandan por tal motivo, implícitamente están reconociendo lo que pretenden negar.

Una reforma como esa sería contradictoria con el hecho de que cerca de millón y medio de dominicanos y dominicanas han emigrado en las últimas décadas, gran parte de los cuales se ha reproducido y buscan legítimamente la nacionalidad de destino para sus descendientes y a menudo para ellos mismos. Por esa razón se estableció el derecho a la doble nacionalidad en la reforma constitucional de 1994.

Nos oponemos también a una reforma constitucional en las actuales circunstancias cuando la nación  está ya inmersa en una prematura campaña para elegir nuevos legisladores, síndicos y regidores. Abrir ahora la compuerta constitucional sería dar pie a otras reformas coyunturales y oportunistas e incluso a que algunos revivan el acariciado sueño de la prolongación del período legislativo a nombre de la reunificación de las elecciones generales.

Lo que se impone es el establecimiento de una real política migratoria, de empleo y salarios que, acorde con los principios constitucionales que nos rigen, con absoluto respeto a las leyes, tratados y convenios internacionales, y sin menoscabo de los derechos humanos, reduzca el peso socio-económico de una inmigración desproporcionada a los recursos nacionales que no alcanzan ni remotamente para atender a las necesidades de todos los dominicanos y dominicanas.

No se discute el derecho soberano del Estado dominicano a restringir el ingreso de extranjeros, sino la forma anárquica y reñida con los derechos humanos como a menudo se ejerce, y el acto hipócrita de auspiciar el ingreso masivo de mano de obra barata, más explotable que la dominicana, para luego denunciar su presencia.

Una política migratoria pasa ineludiblemente por un censo y documentación de los extranjeros residentes en el país, estableciendo diferencias entre quienes están en condición de temporalidad real, los que tienen muchos años como residentes y los descendientes nacidos en el territorio nacional, a los cuales habría que reconocer sus derechos.

Como consecuencia del censo habría que establecer cuotas migratorias para aquellas labores agrícolas o de la construcción en que se estime necesaria la mano de obra haitiana, subordinando el interés particular al de la nación, y a partir de entonces ejecutar una justa política de repatriación de los indocumentados, sin permitir nuevos ingresos al margen de lo establecido. Esto implicaría que las autoridades nacionales se dispongan a mejorar de manera efectiva la seguridad en la frontera.

Esa política sobre inmigración no puede ser emprendida sin la cooperación del Estado con que compartimos la isla, por lo que conllevaría la reactivación de la Comisión Mixta Binacional que hace años no se reúne. Como forma de hacer transparente nuestra actuación, la nación también debería recabar la asistencia de algún organismo internacional con experiencia en la materia.

Lo que no podemos es continuar gritando el problema, mientras permitimos que se complique sin dar ningún paso para solucionarlo, y al mismo tiempo seguir proyectando una imagen internacional de xenofobia o racismo y de violadores de derechos humanos, que no se corresponde con el sentir mayoritario del pueblo dominicano. Si no tomamos en cuenta el escenario internacional cada vez quedaremos más aislados cargando con la pobreza y las precariedades institucionales de Haití.

Reiteramos nuestra declaración del 7 de Agosto pasado, en San Pedro de Macorís, en el sentido de que el problema de la inmigración haitiana tiene que ser analizado con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares de grupos o sectores, sin ignorar que la misma ha sido incentivada por un tráfico de mano de obra barata, al margen de las leyes laborales, que no reclama horario ni derechos sindicales y que puede ser despedida sin ningún límite ni pago de prestaciones.

Nuestra doble condición de país de inmigrantes y emigrantes y el peso que tienen las remesas de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior también nos obligan a una mayor serenidad y nobleza en el tratamiento de este  complejo problema.-

Juan Bolívar Díaz

Excelentísimos señores Embajadores y honorables representantes del cuerpo diplomático y los organismos internacionales acreditados en el país:

Reciban el agradecimiento de Participación Ciudadana por haber dedicado parte de su apreciado tiempo para compartir un rato con nosotros

Nos encontramos en circunstancias en que la nación está obligada a una nueva reforma que debió ser integralmente fiscal y se está quedando en una reforma tributaria más, la cuarta a que nos abocamos en menos de una década, sin que hayamos podido crear las condiciones adecuadas para un desarrollo integral y equitativo que revierta siquiera en parte las iniquidades de la distribución del ingreso nacional, en beneficio de la mayoría de nuestra población que sigue sumida en el atraso y la pobreza.

Esta pobreza, con amplios segmentos de indigencia ha prevalecido pese a que, tal como indicó el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado hace algunos meses, hemos sido el país de América Latina de mayor crecimiento económico en el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo desaprovechó.

Estamos ahora sumidos en una prematura campaña electoral, que condiciona todo el accionar de los poderes públicos y los partidos políticos, con abundante derroche de recursos, para unos comicios legislativos y municipales a celebrarse dentro de seis meses.

Tenemos la satisfacción de advertir que  nos abocamos a una nueva elección que deberá ser otra expresión de la voluntad democrática. Será la sexta consecutiva, lo que en la historia nacional es un avance altamente significativo, a la luz de los arrebatos, fraudes y traumas electorales que fueron persistentes en la historia nacional.

Por el momento, no se visualizan signos ominosos sobre el proceso electoral. Los últimos cinco han registrado avances considerables en la creación de un sistema comicial basado en un padrón de electores que ha demostrado ser excelente, a pesar de la persistente desconfianza por la debilidad de nuestras instituciones, y las incertidumbres.

En Participación Ciudadana nos sentimos satisfechos de esos avances, puesto que como institución hemos hecho importantes contribuciones al mejoramiento del sistema electoral, a través de la incorporación de millares de ciudadanos y ciudadanas a la observación electoral, y por medio de programas de educación y promoción de la cultura democrática y la transparencia.

Pero todavía no podemos bajar la guardia, por lo que nos proponemos poner en marcha otro programa de observación integral del proceso, el cual será hecho público próximamente.

Hay, eso sí, creciente decepción por un accionar partidista vacío de contenido ideológico y programático, basado en la disputa por los puestos de elección popular, fundada en el clientelismo, la malversación de recursos públicos y arrebatos que derivan con demasiado frecuencia en zancadillas y hasta en violencia criminal.

En la ciudadanía dominicana más consciente se manifiesta un creciente descreimiento en los partidos políticos, como fruto de la corrupción y una débil institucionalidad. De ahí que las encuestas siguen arrojando unos porcentajes alarmantes de los que creen que hay corrupción en la gestión pública: El 79 por ciento en la última encuesta de la firma Hamilton que acaba de publicar el Listín Diario.

En Participación Ciudadana vemos con mucha preocupación el progresivo deterioro de las organizaciones partidistas. Porque estamos absolutamente conscientes de que el sistema democrático se fundamenta en partidos políticos sólidos.

Por esa razón tenemos que seguir trabajando intensamente y convocando a la ciudadanía a superar el pesimismo predominante, fruto de la corrupción pública y privada, que tanto ha degradado el nivel de vida de nuestra población, especialmente en los últimos años. Hemos demandado y seguimos demandando, junto al Foro Ciudadano y la coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, sanción para la corrupción pública y para los que protagonizaron las quiebras bancarias más grandes, proporcionalmente de la historia.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la firmeza con que organismos internacionales y naciones que ustedes representan se han solidarizado con los reclamos de sanción a la corrupción que ha afectado y afecta a la nación y sus instituciones.

Ciertamente que hay razones para sentir frustraciones por la lentitud con que avanza la construcción de una nación fuerte, regida por principios democráticos, con sólidas instituciones, transparencia y participación social, que demasiado frecuentemente se queda en el papel de los decretos y leyes. Pero somos conscientes de que los avances sociales son fruto de largos procesos que casi siempre rebasan los límites de una y varias generaciones.

Por eso creemos que este movimiento Participación Ciudadana tiene que seguir haciendo contribuciones, promoviendo el concepto de ciudadanía participativa, sembrando esperanzas y sueños aunque muchos de ellos vendrán a ser cosechados por las próximas generaciones.

Estamos a punto de lanzar una campaña por el sostenimiento financiero de nuestra institución, que incluye la creación de un fondo patrimonial. En estos primeros doce años de Participación Ciudadana hemos dependido en gran proporción de financiamiento externo, de organismos internacionales, fundaciones  y naciones, especialmente de la Agencia Internacional para el Desarrollo, de los Estados Unidos.

Estamos obligados a diversificar nuestras fuentes de financiamiento y a convencer a los dominicanos pudientes que comparten nuestras preocupaciones para que paguen una mayor cuota para el sostenimiento de nuestros programas.

El movimiento Participación Ciudadana fue formalmente constituido en 1993, como fruto de muchos meses de reflexiones de decenas de personas, en su mayoría de los ámbitos profesionales y académicos,  que decidieron aunar esfuerzos para promover la cultura democrática, la transparencia electoral y el adecentamiento de la justicia.

El artículo primero de sus Estatutos marcó el rumbo definitivo: “Participación Ciudadana es un movimiento cívico, no partidista, de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos y los partidos políticos. Se constituye con el fin de promover la articulación en el seno de la sociedad civil y para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas a fin de lograr las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere la República y un desarrollo social justo y equilibrado”.

El movimiento se inscribió en el marco internacional que promueve la organización de los más diversos sectores sociales para dar una real dimensión participativa a la democracia y especialmente para contribuir al mejoramiento de las expresiones partidarias de la política.

Hemos tenido que superar muchos prejuicios y obstáculos, pero la transparencia de nuestras actuaciones, y los esfuerzos de acercamiento a la diversidad de los actores políticos han ido derribando barreras y en pocos años la entidad ha logrado una fuerte vinculación con todo el arco iris político nacional.

Aunque el mayor prestigio de PC se ha asentado sobre su esfuerzo por la transparencia electoral, también ha trascendido su promoción de las reformas políticas e institucionales, y la participación de la ciudadanía, particularmente en los ámbitos de la justicia y los poderes legislativo y municipal.

El haber involucrado a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, en los procesos de observación de las últimas cinco elecciones nacionales, y sus acertados conteos rápidos, han colocado a PC en la cúspide del prestigio nacional e internacional.

Por ejemplo, el entrenamiento de 12 mil voluntarios, en un 80 por ciento menores de 25 años,  para observar los comicios del 2000, implicó un gran esfuerzo de promoción de la nueva cultura democrática sobre la que se cimentará el fortalecimiento de las instituciones nacionales.

Neil Nevit, un reputado consultor internacional que ha asesorado conteos rápidos en unos treinta países de cuatro continentes, incluidos tres en República Dominicana, sostiene que los nuestros son los que han resultado más aproximados a los escrutinios oficiales, por la calidad del trabajo, y la respuesta de la ciudadanía involucrada en los mismos.

Eso explica que misiones internacionales de observación a los comicios dominicanos se hayan venido apoyando en el trabajo de los miles de voluntarios de Participación Ciudadana para llevar a cabo su labor.

Pero el trabajo de PC rebasa con mucho el ámbito electoral. En los años 2003 y 2004 involucró a cerca de 20 mil ciudadanos y ciudadanas en programas orientados a la capacitación en las áreas del Estado, la democracia y la ciudadanía, además de lo electoral. En el 2002 se desarrollaron 116 talleres de capacitación, 89 en el 2003 y 681 en el 2004.

Participación Ciudadana ha ejecutado 13 proyectos orientados al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad y ha desarrollado numerosos programas adicionales en colaboración con otras instituciones de la sociedad civil, incluyendo la creación del Foro Ciudadano y de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que han concertado a más de un centenar de organizaciones sociales, que van desde las empresariales y sindicales hasta las religiosas y comunitarias.

El legajo de libros y folletos publicados por PC es inmenso y ha sido fundamento de sus actividades capacitación ciudadana. Sobre monitoreo de procesos electorales acumula 27 publicaciones y 24 sobre transparencia en la gestión pública. El fortalecimiento del sistema judicial y derechos ciudadanos acumula 18 libros y folletos, y otros 14 sobre el fortalecimiento institucional. Sociedad civil, transparencia municipal, mujer y política y educación suman otros 12. En total se han distribuido más de un millón de ejemplares.

El éxito de Participación Ciudadana se ha fundado sobre una institución auténticamente democrática, que ha tenido un coordinador general distinto en cada uno de sus 12 años de existencia y una alternabilidad sistemática en los 12 integrantes de su Consejo Nacional, que como todos sus dirigentes son voluntarios, que además de aportar su tiempo, pagan cuotas mensuales.

La eficiencia descansa en un equipo técnico, integrado por una veintena de profesionales de diversas disciplinas y áreas, comprometidos hace tiempo con los principios y objetivos de la institución, contratados a tiempo completo.

La organización proclama con orgullo que no ha tenido una sola crisis institucional ni de operatividad democrática, porque todos sus miembros y su equipo técnico han querido ser ejemplo de transparencia y coherencia con los principios que proclaman y promueven.

En sí mismo el movimiento no es una entidad de masas, aunque moviliza miles de voluntarios. Tiene presencia activa en 16 provincias, con dos comités regionales y 20 municipales, que extienden su acción a toda la geografía nacional.

Sostenemos relaciones de intercolaboración con numerosas entidades similares de múltiples naciones y recientemente hemos recibido la encomienda de representar, como capítulo nacional, al movimiento Transparencia Internacional.

Apelamos a todos ustedes para que nos ayuden a mantener nuestros programas y a extender nuestros alcances. Tengan la seguridad de que seguiremos movilizando a millares de dominicanos y dominicanas que vienen aportando limitados recursos, pero sobre todo su tiempo y esfuerzo invaluables.

Pero reconocemos que ya es hora de que seamos los dominicanos los que aportemos la mayor parte de los recursos financieros que se precisan para mantener este aliento a la institucionalidad democrática y la participación ciudadana, a la lucha contra la corrupción y la impunidad y a la promoción de una sociedad mejor organizada que pueda albergar todos los sueños y esperanzas.

De lo que se trata es de crear un ancho y esplendoroso surco donde florezcan los sueños democráticos y libertarios de los millares de dominicanos y dominicanas que han ofrendado sus esfuerzos y vidas en la búsqueda de un destino esplendoroso para todos.-

Encuentro entre representantes del cuerpo diplomático y Participación Ciudadana, celebrado el 22 de noviembre del 2005.

Tan pronto como Participación Ciudadana tuvo las primeras noticias de que se pretendía construir una Isla Artificial en el lindero sur del Malecón, asumió una actitud crítica.

Primero, solicitó por escrito a la Secretaria de Medio Ambiente si tenia  conocimiento del proyecto y en caso afirmativo si se había realizado o  solicitado el estudio de impacto ambiental. Todavía esperamos la respuesta  oficial, pero extraoficialmente se nos informó negativamente.

Inmediatamente después procedimos a pedir información a la Academia de  Ciencias de la República Dominicana, para obtener la opinión calificada de  profesionales y expertos en aspectos específicos del proyecto que podrían  ser beneficiosos  o nocivos para el país y particularmente para el área  directamente afectada. La Academia respondió con la organización de un  taller al que no asistió ningún representante de la empresa constructora ni de sus promotores, sin ninguna excusa, pero si los expertos designados  por la Academia, Amparo Chantada, Omar Rancier y Arq.  Suncar quienes se  encargaron de desmontar todas las falsas virtudes y bonanzas pregonadas  por los promotores de la idea, ofreciendo datos contundentes advirtiendo  los peligros y efectos perjudiciales ecológico, patrimonialista, urbanista  y ambientalista que entraña ese proyecto, en modo alguno necesario ni prioritario para el desarrollo turístico o para la economía del pueblo dominicano.

A partir de entonces tomamos mayor conciencia del desventurado proyecto, y  sus implicaciones. El rechazo ha sido absoluto. La población a través de  sus organizaciones mas representativas han dicho no a este absurdo. Las  Juntas de Vecino de los grupos más directamente perjudicados se han unido  en una sola voz de protesta que el Congreso debe escuchar y sopesar.

Sobretodo del tema de la PRIORIDAD. La dudosa prioridad de construir una  isla artificial que oculte y trastorne quizás para siempre la belleza  natural de nuestra isla  preñada de urgencias y necesidades verdaderamente prioritarias. Valiosos editoriales se han pronunciado acerca de si se justifica la intervención de Estado Dominicano como garante de una inversión privada que nada le reporta a cambio y que bien podría, como ha resultado con anteriores proyectos de menos trascendencia y peligrosidad involucrarlo de mala manera una vez iniciada la construcción. Lo que es del mar, el mar lo reclama, y no son pocas las experiencias de su terrible reclamo.

El Presidente Fernandez Reyna, en ocasión de la inauguración de la lujosa biblioteca de la UASD, confesaba no entender a quienes hablan de prioridades citando a propósito de esa  inauguración  las grandes bibliotecas existentes en las grandes naciones del mundo.

Pero sin negar la importancia de estas grandes obras cabría preguntarse si antes en esas grandes naciones no fueron superadas o se intentaron superar  seriamente los elevados niveles de analfabetismo, de mala educación, de deserción escolar, de  insalubridad, de pobreza extrema , de mortandad infantil, de inseguridad social, la falta de  transporte colectivo adecuado, de alimentación, o simplemente de energía eléctrica fundamental y demás servicios públicos básicos, en franca bancarrota, que la República Dominicana padece.

Como justificar la existencia de una Isla Artificial elitista, concebida  para la gente de buena vida y gasto fastuoso, de quien pueda comprarla y vivirla, que nos coloca en su patio trasero, bueno para los desechos, y el reclamo, por otra parte, de una Reforma Fiscal, con los sacrificios que se le pide al pueblo empobrecido por malos gobiernos, por fraudes multimillonarios, por una  deuda pública que sobrepasa nuestra capacidad de pago, contraída irresponsablemente, cuando hay una ausencia absoluta de política pública que apuntale  la austeridad y vaya al socorro de los sectores productivos de la nación y se vive improvisando en mega proyectos como el metro y la isla de la fantasía, sin importar el excesivo consumismo y el dispendioso gasto público.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, no quiere hacerse cómplice y se opone a esta monstruosidad. Se hace militantemente solidaria con  todas las acciones e iniciativas asumidas por organizaciones de la sociedad civil ,  las academias y colegios profesionales, personalidades independientes y patrióticas que han elevado su voz junto con el pueblo,  con hombres y mujeres humildes y callados de todos los sectores de la vida nacional que no quieren que se nos enajene nuestro mar territorial, violentando la Constitución de la República, y que se nos prive de un patrimonio único en el Caribe, del cual deberíamos sentirnos orgullosos para rescatarlo y hacerlo tan hermoso como la madre naturaleza generosamente lo  prolijo para nuestro goce y solaz espiritual.

Pide encarecidamente a los señores legisladores que rechacen vigorosamente este contrato leonino, oneroso, desconsiderado inconstitucional  anti patriótico y vergonzante que es una vulgar afrenta a la dignidad nacional de todo un  pueblo que quiere y aspira ser mejor gobernado y vivir mejor, orgulloso de su historia y su patrimonio nacional.

Berlín, 14 de Noviembre de 2005– Huguette Labelle, una respetada canadiense con amplia trayectoria en temas de desarrollo, ha sido elegida Presidenta de Transparency International (TI), la coalición global contra la corrupción. Labelle reemplaza a Peter Eigen, quien fundó el movimiento de TI y ha servido con distinción durante los doce años de historia de la organización. Eigen asumirá la Presidencia del Consejo Asesor de Transparency International.

“Me siento profundamente honrada de haber sido elegida por el movimiento de Transparency International para liderar esta organización de vital importancia, y contribuir a mejorar las vidas de las víctimas de la corrupción en el mundo” dijo  Labelle. Trae consigo un fuerte compromiso para fortalecer los ya sólidos cimientos de TI, pero previno sobre los retos que enfrenta el futuro. “La corrupción enraizada en el mundo sigue atrapando a millones de personas en la pobreza. Transparency International continuará liderando la lucha anticorrupción para reducir sus efectos corrosivos y aumentar las oportunidades para una vida mejor”.

“Estoy dejando la presidencia de Transparency International en muy buenas manos”, dijo Peter Eigen. Y describió a su sucesora como “excepcionalmente bien preparada para liderar el movimiento de TI y para inspirar a sus capítulos nacionales en todo el mundo. Su capacidad de juntar intereses diversos ayudará a TI a enfrentarse a los criminales y a sus intereses creados que continúan arruinando vidas alrededor del mundo”.

“La trayectoria de Huguette Labelle en el campo del Desarrollo y en el Gobierno le ha dado un conocimiento único sobre los aspectos del movimiento anticorrupción de hoy en día.  Comunicadora efectiva y persuasiva, Huguette servirá como una voz poderosa en el ámbito internacional”, dijo el Director Ejecutivo de TI, David Nussbaum. “Estoy contento de trabajar con ella y entusiasmado con la idea de que trae consigo tanta experiencia relevante y grandes conocimientos”.

Huguette Labelle ha tenido diferentes cargos públicos, incluyendo la presidencia de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, La vicepresidencia del Grupo de Trabajo sobre Salud y Políticas de Desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, fue Vice Ministra de transporte y Presidenta de la Comisión Canadiense de Servicio Público. En la actualidad es Canciller Honorario de la Universidad de Ottawa y miembro de la Junta Directiva de varias organizaciones canadienses e internacionales.

Labelle fue elegida el domingo por los 95 capítulos nacionales y contactos de Transparency International en todo el mundo, durante la Reunión Anual de Miembros

Akere T. Muna, fundador de TI Camerún, fue elegido Vicepresidente de Transparency International. Abogado de profesión, es presidente del Comité de Acreditación de la Unión de Abogados Pan Africana y ex Presidente de la Asociación de abogados de Camerún. Muna es miembro de varias comisiones nacionales de reforma legal para luchar contra la corrupción. Fue miembro de la Comisión Nacional Ad-Hoc para la lucha contra la corrupción y Observador de la Commonwealth para las elecciones de Zanzíbar de 2000.

Estuvo activamente involucrado en el grupo de trabajo de TI que ayudó a redactar la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la corrupción y ha escrito una guía sobre la Convención publicada por TI. Fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en la Reunión Anual y como Vicepresidente del movimiento, el 13 de Noviembre de 2005.

Transparency International es la organización de la sociedad civil liderando la lucha contra la corrupción en el mundo.

Note para los editores:

Pueden encontrar la biografía de Huguette Labelle en el sitio web de TIwww.transparency.org

Contacto para los medios:

Sarah Tyler

Inés Selvood

Tel: +49-30-3438 2019/45

Mob: +49-162-419 6454

Fax: +49-30-3470 3912

[email protected]

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Alt Moabit 96

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Palabras de apertura Cumpleaños de
Participación Ciudadana 8 de noviembre del 2005

En nombre de Participación Ciudadana les damos la más cordial bienvenida a este acto para celebrar los 12 años de existencia de nuestra institución, en su condición de movimiento cívico no partidista. Sin lugar a dudas que el trabajo que de manera colectiva hemos realizado nos llena de satisfacción y es un motivo para celebrar.

Creemos importante dar apertura a este acto expresando nuestro agradecimiento a la diversidad de sectores que en el tránsito de estos años nos han acompañado, compartiendo con nosotros el esfuerzo sostenido para contribuir a fortalecer nuestra democracia.

Queremos darles las gracias a los diversos medios de comunicación, que han contribuido a que Participación Ciudadana sea un  referente,  convirtiendo nuestras opiniones y nuestras acciones en noticias de primer orden, colaborando de manera especial en afianzar la credibilidad alcanzada como resultado de nuestro accionar.

Gracias a las instituciones del Estado Dominicano, quiénes a pesar del rol de nuestro movimiento de denunciar y presionar para lograr mejorar el orden establecido, colaboran con la implementación de nuestros programas, participando de manera activa y entendiendo  la importancia que tiene la institucionalidad pública.

Gracias a las instancias que constituyen los espacios de poder de representación, en especial el Congreso Nacional,  en los que hemos encontrado aliados y aliadas en el debate de temas de interés general y  que han contribuido a impulsar  proyectos de leyes que entendemos son de beneficio para la Nación.

Gracias a los Organismos de Cooperación Internacional, Embajadas  y a las entidades empresariales que han aportado recursos para la ejecución de las diversas acciones que conforman nuestros programas y proyectos, en especial a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, que durante 8 años ha creído en Participación Ciudadana  y en nuestra capacidad para administrar recursos con eficiencia y pulcritud.

Gracias a la  diversidad de organizaciones sociales que participan junto a nuestra institución contribuyendo con su presencia en fortalecer el escenario de la acción ciudadana.

Gracias a la membresía  de nuestra institución  y a la Red de Voluntarios y Voluntarias que con su acción desinteresada ponen a disposición de un propósito cívico como es la construcción de la democracia y la institucionalidad del sistema político de nuestra Nación; su esfuerzo, sus capacidades y su tiempo; con  el único interés de ser parte de los procesos, ser útil o sentir como íntima satisfacción el haber contribuido con una causa que ennoblece.

Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche.

Vianela Díaz

Directora Ejecutiva en funciones