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Participación Ciudadana y FINJUS presentan resultados del proyecto “Acción Ciudadana por la Seguridad y la Justicia”

Santo Domingo, República Dominicana – Participación Ciudadana junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con el auspicio del Gobierno de  los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), presentaron este jueves los principales resultados del proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ)”, el cual desarrollaron en conjunto por 7 años y tuvo como objetivo aumentar el compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito.

El evento de cierre del proyecto PASJ contó con la participación del coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, y la directora de la USAID, Rebecca Latorraca, quienes destacaron los aportes del proyecto PASJ al fortalecimiento de la transparencia, la institucionalidad, la justicia y la seguridad en el país.

Este proyecto fue implementado desde el año 2015 en el área geográfica denominada el “Corredor Duarte” que va desde Santo Domingo Norte, hasta Puerto Plata e incluye seis provincias: Monseñor Noel, La Vega, Espaillat, Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, el Distrito Nacional en 18 barrios de la zona norte, y en los municipios de Higüey, la Romana y San Pedro de Macorís en la región Este.

El PASJ estuvo vinculado de manera privilegiada con coaliciones o redes existentes, apoyando la formación de nuevos espacios de articulación como la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas, la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, y la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

Se trabajó de manera coordinada con instituciones del sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y la Defensa Pública, así como con organismos vinculados a la seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Este proyecto tuvo dos grandes componentes, entre ellos el de “Seguridad y Justicia” cuyo objetivo primordial fue el de contribuir al afianzamiento de las capacidades de la sociedad civil, destacando la participación activa de 689 organizaciones de la sociedad civil, en la que fueron capacitadas 9,569 personas en prevención del crimen y la violencia.

Además de la conformación de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia incorporada por más de 170 organizaciones, la creación de la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas por 18 organizaciones y la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

Con el componente de “Transparencia y rendición de cuentas en la Planificación Territorial Dominicana”, se ejecutaron acciones en los municipios de Santiago, Las Terrenas, San Pedro de Macorís, Jarabacoa, Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de las capacitaciones, y hackathons, se logró en 3 municipios la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial.

Durante este período se incorporó el componente de Participación Cívica, en la que se realizaron encuentros con candidatos a la presidencia y a las alcaldías, se integró el acceso a las personas con discapacidad en la que se sistematizaron las experiencias y prácticas de 581 actores que se incorporaron a este proceso.

Dentro del marco del proyecto, los estudios e investigaciones fueron un gran aporte para el desarrollo de las acciones implementadas durante la ejecución del PASJ, donde se contó con 25 publicaciones vinculadas a la seguridad y la justicia que están disponibles en la página web de Participación Ciudadana.

El evento de cierre contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, funcionarios públicos y autoridades internacionales, el cual fue realizado en el Hotel Jaragua.

Jueves 15 de diciembre

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Participación Ciudadana presenta balance del año 2022

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó el balance del año 2022, señalando que este año estuvo marcado por importantes acciones que indican avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público.

Se han observado lentitud de los procesos judiciales, junto a cuatro sentencias en casos de corrupción, que han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no estén a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

También se mantiene el temor de la ciudadanía frente a la delincuencia, mientras son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía.

En el factor económico, el país ha resistido los factores adversos internacionales, manteniendo un fuerte crecimiento con estabilidad.

Reformas Institucionales y Políticas

El final del año 2022 encuentra a la sociedad dominicana con un severo retraso en la aprobación de las reformas sometidas en el 2021 por el gobierno al Consejo Económico y Social -CES.
Participación Ciudadana expresa su preocupación por la falta de voluntad que muestra la dirigencia política y los legisladores frente a las necesarias reformas que requiere el país. Es una pena que, en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana, o en planteamientos contrarios a la institucionalidad, como lo fue el llamado a boicotear el censo nacional, una actividad obligatoria y necesaria, que no debe estar sujeta a proselitismo político.

Un ejemplo claro de esta situación lo constituye lo que ha pasado con las propuestas de reforma a las Leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19 de Régimen Electoral. La Junta Central Electoral entregó al Congreso Nacional sendas propuestas de modificaciones a estas leyes, en abril del 2022.

A pesar de las promesas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el 2023 nos encontrará con las mismas leyes que mostraron una gran cantidad de debilidades y falencias en las pasadas elecciones. Nadie niega que esas leyes necesitan modificaciones para avanzar hacia una democracia más desarrollada, pero los principales partidos y sus representantes en el Congreso, prefieren dejar las cosas como están, mientras someten al país a una intensa campaña a destiempo.

Todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con dos leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa.  El presidente Abinader y parte de su gobierno aparecen ya definitivamente en campaña, tal como muestra la publicidad desbordada del gobierno, centrada en el culto a la personalidad, como siempre se ha hecho. Los principales partidos de oposición ya están lanzados a las calles en una carrera sin frenos que no deja espacio para lograr acuerdos de reformas.

En resumen, el panorama político electoral apunta hacia la repetición de la misma cultura, concentrada en la descalificación, con discursos mesiánicos llenos de promesas vacías de contenido.

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

El año 2022 estuvo marcado por importantes acciones que indican que estamos ante algunos avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público, como lo son la Contraloría General de la República (CGRD), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y con mayor protagonismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP). También se destacan avances en el trabajo del principal órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) así como en las comisiones especiales del Congreso Nacional.

La cantidad de denuncias ante los órganos de control, realizadas por diferentes programas de investigación periodística, la sociedad civil, proveedores y ciudadanos afectados e interesados, apunta a un mayor nivel de confianza y esperanza en el régimen de consecuencias. A los casos ocurridos en el 2021, se sumaron en el presente año, la destitución o renuncia de varios funcionarios del gobierno, entre los que se destacan: el ex Ministro de Educación Roberto Fulcar; el ex director de INABIE Cecilio Rodríguez; el exsuperintendente de electricidad, Rafael Velasco; el ex ministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla y la ex directora ejecutiva del CONANI Ana Cecilia Morun Solano.

En el presente año, PC denunció en varias ocasiones los intentos de minúsculos grupos que, mediante campañas en las redes y a través de algunos medios de comunicación, han pretendido detener las acciones que hemos enumerado, con el claro propósito de proteger a intereses particulares que se benefician de la ausencia de controles. Fueron notables los ataques a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General.

Luces y sombras en el Sector Justicia

Participación Ciudadana ha celebrado el importante avance en la lucha contra la corrupción que representó el nombramiento de personas independientes y bien preparadas al frente de la Procuraduría General de la República y algunas de sus principales dependencias, lo cual arrojó un balance muy positivo con el sometimiento a la justicia de extensos expedientes de corrupción. Sin embargo, en el 2022, este proceso se ha ralentizado, principalmente por la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, con excesivo tiempo en las posposiciones.

Las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la justicia por parte de imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos.

Sin embargo, cuatro sentencias en casos de corrupción han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no estén a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos referimos a los casos de ODEBRECHT; el de los aviones tucanos; el del barrio Los Tres Brazos; el caso de la OMSA, en el que solo se condenó el asesinato del abogado Juniol Ramírez. 

Un importante avance en el 2022 fue la aprobación y promulgación de la Ley de Extinción de Dominio.

El tema haitiano.

Participación Ciudadana ha sostenido la posición de respaldar el derecho del Estado dominicano de cumplir la normativa vigente con respecto a las políticas de control y regulación migratoria.

En el 2022, la situación de Haití se agravó enormemente, lo cual es un motivo de gran preocupación para el pueblo dominicano, sobre todo porque la comunidad internacional es poco lo que está haciendo para ayudar a nuestros vecinos a recuperar la gobernabilidad perdida. Sin embargo, entendemos que, aun en las peores circunstancias, el país no debe permitir que ninguno de los agentes involucrados en esta problemática, incurra en actuaciones arbitrarias, violentas, violatorias a los derechos humanos, que afecten a los inmigrantes haitianos, ni mucho menos a dominicanos de origen haitiano o a humildes ciudadanos que, en algunos casos, son confundidos en las redadas, detenidos y sometidos a vejaciones y extorsión, antes de ser puestos en libertad.

Los derechos humanos y la reforma policial

Este es un tema que ha dominado la opinión pública en el 2022, un problema recurrente en las últimas décadas y, aunque las estadísticas oficiales indican una baja en la tasa de homicidios, la cantidad de crímenes, asaltos y delitos es suficiente para mantener a la ciudadanía en un ambiente de temor.

Son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía.  El gobierno ha iniciado una reforma policial, pero los resultados todavía no se ven, la policía sigue presentando comportamientos arbitrarios y represivos frente a la ciudadanía, actuaciones violatorias a los derechos humanos que a la vez han demostrado ser ineficaces frente a la delincuencia callejera. De igual manera, los feminicidios siguen creando consternación en la sociedad dominicana.

El Desempeño Económico en 2022

Por segunda vez en los últimos tres años, la economía dominicana ha sido víctima de eventos originados en el exterior, pero ha resistido la prueba relativamente bien, en comparación con la mayoría de sus pares de América Latina y el Caribe. El país ha exhibido un notable crecimiento con estabilidad en el 2022, esperándose que cierre alrededor del 5%, en un contexto en el cual la economía mundial solo crece 3.2% y la de EUA 1.6%.

El crecimiento se ha visto favorecido por la fuerte contribución de los sectores: turismo, salud, servicios, administración pública, zonas francas, comercio y finanzas. El empleo se sigue recuperando, pues la población ocupada superó los 4.7 millones, aunque más de la mitad se ubica en actividades informales. Según la Tesorería de la Seguridad Social, la nómina pública se incrementó en 13.2%, al pasar de 636,956 en septiembre del 2021 a 720, 831 en igual mes de 2022.

La inflación alcanzó el 8.24% anual a octubre, pero es fundamentalmente importada. Se ha mantenido relativamente controlada principalmente por tres razones: una es que el gobierno ha decidido mantener subsidiados la energía y los combustibles; la segunda es que el Banco Central, con la subida de los intereses, ha provocado una fuerte contracción monetaria; y la tercera, que la tasa de cambio se ha revaluado, gracias a las remesas y las fuertes entradas de capitales por endeudamiento público y privado.

Preocupa la elevación de las tasas de interés internacional, por sus repercusiones en el servicio de la deuda pública, y el acceso al financiamiento presupuestario. Entre el agravamiento del desequilibrio externo y la no reducción del déficit fiscal, un entorno internacional desfavorable y las más altas tasas de interés tienden a elevar el nivel de riesgo de la deuda para los países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, lo que encarecerá los nuevos financiamientos.

El fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y consolidación de la sostenibilidad macroeconómica, junto a mejoras significativas en el funcionamiento de las instituciones, son condiciones necesarias para disminuir la vulnerabilidad del país a cambios en el entorno internacional y lograr avanzar a un mayor nivel de desarrollo.

El panorama que presenta el inicio del 2023 está lleno de desafíos, abundan los presagios de un agravamiento de la economía mundial, lo cual es muy probable que nos afecte. Frente a esto, Participación Ciudadana apuesta a la fortaleza del pueblo dominicano que ha demostrado capacidades para salir adelante en las peores circunstancias. Ojalá que nuestros gobernantes y el liderazgo político en general, sepa comportarse a la altura de estos delicados momentos, fortaleciendo la democracia, contribuyendo a un clima de entendimiento y compromiso con los mejores intereses de la nación.

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Participación Ciudadana otorga reconocimiento a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la corrupción, Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, otorgó el “Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2022” a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

En esta ocasión, indicaron que reconocen a dos personas claves, en la más reciente cruzada contra la corrupción administrativa en el país, haciendo extensivo este reconocimiento a todo el equipo de fiscales y colaboradores que acompañan a los magistrados y hacen posible esta lucha y los avances que se han presenciado en materia de persecución de la corrupción y el crimen.  Todos ellos, bajo el liderazgo de la magistrada Miriam German Brito, Procuradora General de la República Dominicana, a quién ya fue entregado este reconocimiento en el año 2016. 

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que el trabajo de los magistrados, y sus equipos, le han devuelto la confianza al pueblo dominicano y la esperanza de tener y ver actuar a un órgano persecutor independiente, que no teme a los poderes fácticos que históricamente se han creído por encima de las leyes. Donde han redireccionado la lucha contra la corrupción y, además, indicó que lo han logrado con un trabajo tesonero e íntegro, valor que toda la sociedad reconoce y que ha influido en que el país comience a tener mejor imagen internacional.

“Este reconocimiento, esperamos que sea visto por los magistrados y sus equipos, no sólo como un premio por la labor cumplida, porque aún falta mucho por hacer, sino como un faro que les alumbra en el camino correcto, el que motivamos a seguir, con la determinación que hasta ahora han mostrado y con la certeza de que nosotros, y la sociedad en general, los estamos acompañando en la lucha y tenemos la esperanza de ver saciada nuestra sed de justicia, un derecho que tanto se la ha negado a este pueblo”, expresó Abreu.

El coordinador de Participación Ciudadana, aprovechó la ocasión para apoyar la propuesta presidencial de crear un Ministerio de Justicia que descargue al Ministerio Público de las actividades que le roban tiempo y recursos, los cuales debe dedicar a la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

Por su parte, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que la corrupción pública es un delito que corroe, destruye y drena el patrimonio de una nación desde los cimientos mismos del Estado, afectando el desarrollo económico, social y el bienestar de los pueblos.

“Una cosa es segura, la historia nos ha de evaluar a todos. Cuando eso suceda, cuanto la historia pase balance, desde el Ministerio Público procuraremos tener la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido”, concluyó Camacho.

Por su parte, Yeni Berenice Reynoso, expresó que ante los diferentes retos que tienen adelante, el Ministerio Público tiene un fuerte equipo de investigación, que parte de la realidad que en la República Dominicana se debe sobreprobar las imputaciones. 

Participación Ciudadana entrega el Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción cada año desde el 2009, con el propósito de destacar los esfuerzos realizados por la población que combate este fenómeno que tanto daña el cuerpo social y el alma ciudadana; con el interés fundamental de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

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Participación Ciudadana reconocerá a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, anunció que entregará el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022 a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, por sus esfuerzos extraordinarios en el combate a la corrupción y la impunidad. El acto será celebrado el 9 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El Consejo Nacional del movimiento cívico señaló que la magistrada Yeni Berenice Reynoso desde las posiciones que ha ocupado como Fiscal de Santiago y del Distrito Nacional, así como en la actual, dirigiendo la Procuraduría de Persecución, ha tenido un desempeño notable en los casos de corrupción administrativa. Por su parte, el magistrado Wilson Camacho cuenta con una destacada carrera de 19 años en el Ministerio Público y le ha dado a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, la relevancia que merece.  

Participación Ciudadana, sostuvo, que el extraordinario trabajo desarrollado por el equipo del Ministerio Público, con estos dos magistrados a la cabeza, agotando jornadas extraordinarias para poder cumplir los plazos y elaborar expedientes completos y bien documentados, con todas las posibilidades de obtener condenas para la mayoría de los acusados, los hacen merecedores de tan importante reconocimiento.  

“Este reconocimiento envía un mensaje a todo el personal, tanto fiscales como jueces, de que el trabajo bien hecho tiene su recompensa en prestigio y reconocimiento público, mostrando ejemplos positivos que impulsen la lucha contra la corrupción y la impunidad, y fortalezcan las esperanzas de ganar la batalla a quienes han utilizado el Estado para su enriquecimiento”, indicaron.  

Los destacados magistrados se suman a las 12 personalidades que han recibido este reconocimiento, el cual  fue creado por Participación Ciudadana con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de educar mediante el ejemplo, presentando a la sociedad modelos positivos de conductas a ser emuladas, y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República y que promueve Participación Ciudadana. 

En sus anteriores ediciones han recibido el reconocimiento el ex procurador Germán Miranda Villalona, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, los periodistas Nuria Piera, Luis Eduardo-Huchi- Lora, Alicia Ortega, Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz y Altagracia Salazar; la jueza Miriam Germán Brito, la Dra. Milagros Ortiz Bosch, al abogado Mario Arturo Fernández y el juez José Alejandro Vargas.

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Participación Ciudadana presenta novedosa plataforma para recibir contribuciones de la ciudadanía

Santo Domingo, República Dominicana. La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, presentó este martes a la ciudadanía su plataforma virtual para recibir contribuciones, donde los interesados pueden aportar a través de donaciones únicas o recurrentes, a las acciones de incidencia, formación y fortalecimiento que realiza el movimiento cívico por todo el país.

La institución se suma al crowdfunding solidario que es una vía alternativa de financiación que permite conectar las ONG con personas y empresas interesadas en apoyar las causas sociales y actividades que desarrollan en beneficio de la sociedad.

Esta plataforma está disponible en la página web de la institución www.pciudadana.org/donaciones/ donde los usuarios a través de su tarjeta de débito, crédito o su cuenta de PayPal pueden realizar sus aportes con montos que van desde los 5 dólares.

La institución señaló que como lo hace en todos sus procesos, presentará informes continuos del uso de los fondos recibidos, así como una rendición de cuenta de los impactos logrados con cada una de las contribuciones recibidas.

Durante sus 29 años, Participación Ciudadana ha llevado la bandera de las luchas por los derechos fundamentales, contra la corrupción y la impunidad, por el fortalecimiento del sistema electoral dominicano, además de ser promotores de importantes reformas que han contribuido a fortalecer la institucionalidad y la democracia del país.

La institución, representante en el país de Transparencia Internacional, señaló que con estas contribuciones busca fortalecer y ampliar la participación y la capacidad de movilización de la ciudadanía en los procesos de institucionalización democrática con énfasis en la formación de líderes políticos y sociales.

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Participación Ciudadana apoya el X Censo y llama a la población a participar

El movimiento cívico Participación Ciudadana llama a la población dominicana a participar activamente en el X Censo Nacional de Población y Vivienda. Rechazamos firmemente la campaña puesta en marcha por minúsculos grupos que llaman a un boicot, fundamentado en mentiras, tanto sobre la información a ser recogida como sobre el uso que se dará a la misma.

El censo a ser aplicado en los próximos días se comenzó a preparar hace más de cuatro años, siguiendo los estándares internacionales y las experiencias exitosas que el país ha acumulado por más de un siglo. Es incomprensible que, justamente días antes de su inicio, cuando el país ha gastado cientos de millones en los preparativos, aparezcan algunos políticos de oposición y hasta legisladores, invitando a la población a no empadronarse.

El censo es un instrumento indispensable para los gobiernos, desde las épocas más antiguas, porque les permite diseñar mejores políticas económicas y sociales, al conocer en detalle cuántos somos, dónde y cómo vive la gente, qué tiene y de qué carece en sus hogares, sus niveles educativos, entre otros importantes datos necesarios para la planificación. También es una fuente de datos fundamental para la ciencia, la investigación, la inversión pública y privada, los organismos internacionales y para todo el mundo.

Los censos se realizan cada diez años por compromisos internacionales, dado que esto también sirve para que se puedan hacer comparaciones sobre los avances y retrocesos de las sociedades. En la República Dominicana ya tenemos amplia experiencia en eso, pues anteriormente se han realizado otros nueve censos y se vienen haciendo desde hace más de un siglo sin que la población fuera afectada en lo más mínimo.

El actual censo corresponde a la ronda del 2020 y debió hacerse desde hace dos años, lo que no se pudo por la llegada de la pandemia, pero ya en el mismo se ha invertido mucho dinero y muchos esfuerzos intelectuales e institucionales desde el 2017. La razón es que, aunque el empadronamiento se hace en unos pocos días, los trabajos se tienen que iniciar con mucha anticipación para la actualización de la cartografía, la elaboración de las boletas, la preparación logística, la adquisición de equipos y el entrenamiento del personal.

Apoyar el censo es un compromiso de todo buen dominicano, su participación entusiasta denota amor a su país y a su pueblo. Contamos con la conciencia ciudadana para que esta importante actividad se desarrolle exitosamente. 

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Participación Ciudadana apoya resolución preliminar 34-2022 de la Junta Central Electoral

Esta resolución reglamentará la votación, el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados electorales en 2024.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana entiende que aún no se ha recuperado la confianza en el voto electrónico (automatizado) dañada por la suspensión de las elecciones municipales de febrero del 2020, por lo que resulta sensato rodear los eventos electorales del 2024 de mecanismos que, aunque más lentos, despejen cualquier duda sobre los mismos.

La organización de la sociedad civil agrega que la posibilidad de automatizar el voto ha quedado cerrada por el momento, por decisión de Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 99 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que era el que establecía la automatización del proceso electoral, por lo que presentar esta opción no es viable.

Por esas razones, el movimiento cívico entiende como prudente y adecuado, el contenido de la resolución preliminar No. 34-2022, que dispone que para las elecciones del 2024 se utilizarán nuevamente boletas físicas, para ser marcadas por el elector en la forma tradicional, y luego sus resultados ser digitados, generando una relación de votación que se imprimirá, sellará y firmará, para luego ser escaneada y transmitida a la JCE para su divulgación.

En esta ocasión la JCE ha aumentado los niveles de seguridad del proceso al incluir a observadores del escrutinio y a observadores de la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados, que deberán unirse a los observadores nacionales e internacionales que suelen observar las elecciones en nuestro país, y a los delegados de los partidos políticos en cada colegio electoral, pudiendo todos ellos utilizar sus celulares para grabar las incidencias del escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados, todo lo cual redundará en beneficio de la transparencia del proceso.

Sin embargo, la JCE deberá aclarar quién designa estos observadores de escrutinio y de digitalización, escaneo y transmisión, lo que no está claro en la resolución, pues los partidos ya están representados en los colegios electorales a través de sus delegados y la JCE a través de los miembros de los colegios. La resolución debe establecer, además, que delegados y observadores tendrán acceso a todo el proceso desde la instalación de los colegios hasta la divulgación de los resultados.

Como toda tarea, la implementación de esta resolución implicará retos para la JCE, para los partidos políticos y para los observadores, que deberán reclutar a todo el personal que estará en los colegios y capacitarlos oportuna y adecuadamente. Para los miembros de los colegios la capacitación es clave para reducir los niveles de errores y, sobre todo, hacer más fluida la entrega de resultados a la ciudadanía, tomando en cuenta que el detallado procedimiento descrito por la JCE en su resolución, tomará más tiempo que si se hubiese hecho completamente en forma electrónica.

Reconocemos en la actual JCE la forma meticulosa y sobre todo oportuna, en que viene preocupándose por los temas electorales, desde la presentación al Congreso de proyectos de ley para la modificación de las leyes electoral y de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, hasta la resolución preliminar recién emitida, y debemos reiterar nuestra solicitud al Congreso Nacional para la aprobación de estas leyes. que cumpla con su parte y apruebe en forma oportuna esos proyectos de ley.

Participación Ciudadana continuará dando seguimiento a los temas electorales, sobre todo verificando que las actividades en esta materia se realicen en los plazos legales, con la debida transparencia y con las garantías necesarias.

Consejo Nacional

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Participación Ciudadana aboga ante el Estado dominicano por el cumplimiento de la Ley No. 169-14   

Santo Domingo, República Dominicana. La Ley No. 169-14 sobre Registro Civil y Naturalización cuenta con la legitimidad jurídica y democrática necesaria para ser cumplida por todos los poderes públicos y autoridades competentes de la República Dominicana. 

Así lo afirmó la organización Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista que realizó un estudio sobre la implementación de dicha ley y su reglamento durante los últimos 8 años. 

La ley 169-14 establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas en el registro civil dominicano y sobre naturalización, y fue creada para solucionar un grave problema de violación masiva a derechos humanos fundamentales, provocado a raíz de la sentencia 168-13 dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que revocó retroactivamente y de forma colectiva la nacionalidad de miles de personas nacidas en República Dominicana desde el año 1929, de padre y/o madre con un estatuto migratorio “irregular”, “en tránsito” o “no residente”. 

La afirmación de Participación Ciudadana se desprende de los resultados obtenidos por la investigación realizada por la organización a cargo de la abogada Patricia Santana Nina. 

En el evento de presentación de este documento preliminar, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, señaló que, en este informe y la posterior investigación vinculada al mismo, se procura visibilizar la impostergable solución a este conflicto que nunca debió ser, donde miles de personas fueron afectadas en uno de los derechos más fundamentales que atañen a un ser humano después del derecho a la vida, como principal, que es el derecho a una nacionalidad.  

“Debemos entender esta realidad, y llevarnos como misión el encaminar todos nuestros esfuerzos a que este gravísimo problema no se extienda ni un día más”, indicó Abreu.  

Los principales hallazgos de esta investigación fueron presentados por la investigadora Patricia Santana Nina, quien señaló que este estudio revela que la mayoría de las personas beneficiarias de la ley aún no son reconocidas como dominicanas de pleno derecho. 

Según el estudio, unas 35 mil personas del denominado Grupo A de la ley (personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio “no residente”, cuyos nacimientos fueron inscritos en los libros del Registro Civil dominicano) aún no recuperan su nacionalidad dominicana, a pesar de que muchas de ellas ya poseían documentos oficiales emitidos por el propio Estado dominicano antes de la sentencia 168-13, tales como actas de nacimiento, cédulas de identidad y electoral y pasaporte. 

El estudio también encontró que 7,159 personas del denominado Grupo B de la ley (personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio “irregular”, cuyos nacimientos no figuran inscritos en el Registro Civil dominicano) tampoco han obtenido documentación nacional dominicana a pesar de haber cumplido el proceso exigido por la misma ley 169-14.  

Participación Ciudadana enfatizó las recomendaciones para que el Estado dominicano implemente adecuadamente la referida ley, entre las cuales destacan la organización de una mesa técnica de trabajo, en la que participen el Estado -representado por órganos involucrados en la implementación de la Ley 169-14, los organismos internacionales y la sociedad civil, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INMRD).  El objetivo de la mesa sería analizar los obstáculos que impiden una óptima y ágil ejecución de los procesos establecidos y acordar una respuesta práctica e inclusiva a todas aquellas personas que aún quedan pendientes de obtener su documentación.  

Finalmente, Participación Ciudadana también recomendó al Estado dominicano rehabilitar la Unidad creada por la Ley 169-14 para recibir y analizar los expedientes de solicitud de naturalización del Grupo B, durante el tiempo necesario, para garantizar que las personas beneficiarias puedan acceder a los derechos que les reconoce la ley.  Esta unidad se encuentra a cargo del Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. 

En la presentación del informe preliminar estuvieron representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales entre las que se encuentran: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Reconocido, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Ministerio de la Mujer, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Embajada de EEUU, Defensor del Pueblo, Universidad Autónoma de Santo Domingo  (UASD), Embajada de Canadá, Organización de los Estados Americanos (OEA), Ministerio de Defensa, Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ministerio de Trabajo, Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA), Unión Europea, Centro Montalvo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Tribunal Superior Electoral, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Procuraduría General de la República Dominicana (PGR), entre otras. 

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Igualdad de Género, Diversidad y Compliance

Por Claudia Alvarez Troncoso, integrante de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana

Para continuar luchando contra la corrupción y los delitos que la facilitan (como el enriquecimiento ilícito, el cohecho, fraude, lavado de activos y la prevaricación), se hace necesario contar con una visión de género para asegurar un Estado más democrático y de derecho donde todos y todas seamos iguales, tratados con dignidad y se respeten los derechos humanos. Entendiendo que la sostenibilidad, que tiene sus raíces en la justicia social y es definida como satisfacer nuestras propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, se logra mediante la verdadera Diversidad, Inclusión y Equidad de género. Donde la Diversidad e Inclusión tome en cuenta toda raza, color, clase social, religión, género, opiniones y experiencias para enriquecernos con esas distintas miradas del mundo. Y las mujeres juegan un rol protagónico como motores de acción y cambio.

Las mujeres en el mundo del Compliance podemos hacer tanto en esta esfera para lograr derribar barreras y obstáculos, así como desenmascarar perjuicios, utilizando nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de observación analítica, cualidades de extrema importancia para todo líder en el área del Compliance. En las organizaciones, tanto del sector público como del privado, vemos como las posiciones de ministros, CEOs, vicepresidentes ejecutivos, juntas directivas, entre otras altas posiciones de tomas de decisiones están dominadas por hombres. 

La cultura laboral, en lo que respecta a la diversidad y la inclusión, se encuentra en un punto de inflexión, sobre todo por la pandemia, con el área de Compliance en una posición crucial para impulsar un cambio significativo usando las capacitaciones, la gestión de riesgo, desarrollando políticas y manuales con visión de diversidad e inclusión, y las alianzas con Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva (tone from the top) para ayudar a crear espacios seguros y de discusión abierta, pues aquello que no se habla sin miedo no se identifica como riesgo; y riesgo que se oculta y no se identifica no se gestiona. Compliance, como vigilante de los valores y ética, así como embajador que modela activamente los comportamientos alineados con la integridad y la cultura de la organización, está encargado de los esfuerzos para responsabilizar al accionista, Junta Directiva, Alta Gerencia y a los empleados si no defienden los valores de la organización y cometen actos al margen de la ética.

Con eso como trasfondo, Compliance tiene una oportunidad única de mover el dial en este espacio para transformar proactivamente la cultura laboral y llamar la atención cuando se dan desviaciones en temas de discriminación, diversidad, inclusión y equidad. Utilizando su plataforma y vínculo directo con la Junta Directiva, Compliance puede alzar su voz y exponer estas realidades que ocurren dentro de la misma organización para enfrentarlo contra la verdad y los valores accionarios de la organización.

Speaking truth to power, como dicen los norteamericanos, que traducido es decirle la verdad al poder. Solo así se puede reflexionar, comprender, corregir y crecer como ser humano, como profesional, como organización para convertirse en un verdadero ciudadano corporativo. De lo contrario, como empresa no puede ufanarse que apoya la Sostenibilidad y ahí entraríamos al resbaladizo mundo del “cumplo” y “miento”.

Esto aplica también en esferas abiertas al público. Las mujeres deben siempre ser parte activa en foros y escenarios donde se abordan temas de Compliance y liderazgo, pero la inclusión y diversidad no pueden quedarse por fuera en cuanto a la composición de paneles, invitados, oradores, miembros de juntas asesoras y directivas. El intercambio de ideas debe estar siempre abierto a diferentes posiciones que solo vienen con la participación diversa de personas que traen a la mesa sus propias experiencias y variados puntos de vista. 

Si en el gremio o grupo al que perteneces o el que aboga para que formes parte de su membresía, y su directiva o junta de asesores está compuesta por solo hombres entonces call it out y señálalo abiertamente. Igual, si en un panel los oradores son de igual raza, color y clase social, sean todos hombre o todas mujeres, (lo denominado plain vanilla) también debes llamar la atención del organizador o la empresa que te invita a la conferencia para que el panel sea más diverso. Más aún si eres de la comunidad del Compliance porque ya tienes esta consciencia y no puedes alegar ignorancia.

Y si eres líder en una empresa que expresa ser Sostenible y aliada del desarrollo sostenible y de los ODS de las Naciones Unidas, como ente responsable y ético es tu deber ser coherente con lo que predicas como empresa, exigir la diversidad y en adición tomar una posición: o no participar indicando expresamente que la razón es falta de diversidad e inclusión, o participando dirigiéndote expresamente al elefante en el salón (talking about the elephant in the room) enfrentando directamente la falta de diversidad en el panel o los paneles de la conferencia. El objetivo es nunca quedarse callado, lo cual se equipará en aceptación y validación de esa situación (además del impacto reputacional que esto acarrea), y más bien resaltar la oportunidad de mejora. 

Los hombres también son parte importante en este trayecto de concienciación para que no vean a la mujer como una amenaza, sino como compañeras de liderazgo. No es una competencia del uno por el otro, sino una estrategia de valor agregado donde todos y todas crecemos y ganamos. Y eso siempre hace sentido. A los amigos colegas del Compliance, aquí la oportunidad de unir fuerzas en esta lucha de inclusión y equidad de la mujer.

La propuesta es que las mujeres continuemos colaborando unidas para cosechar más logros que sigan moviendo el dial en la esfera de la Equidad y así llegar más lejos, tendiendo puentes para permitir que aquellas que vienen detrás nuestro logren pasar y tomar su justo lugar en la mesa de toma de decisiones. Entendiendo que el Desarrollo Sostenible solo es posible integrando un enfoque de igualdad de género para construir una sociedad igualitaria y participativa.

Y cierro con una frase de la inconfundible Ruth Bader: “Las mujeres pertenecen en todos los lugares donde se toman decisiones.” (“Women belong in all places where decisions are being made.”)

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Inauguran en Puerto Plata Feria Ciudadana por la Seguridad y la Convivencia Pacífica

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la construcción de una cultura de protección, prevención y denuncia, por el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Centro Casa Comunitaria de Justicia, inauguraron este viernes la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Convivencia Pacífica en Puerto Plata. 

Participación Ciudadana indicó que, a través del Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, han asumido la problemática de seguridad pública como una prioridad, impulsando acciones que permitan mejorar la prevención y reducción de la violencia y el delito, enfocándose en los jóvenes que son las principales víctimas. 

En el marco de la feria se desarrolló un encuentro con alcaldes de la provincia de Puerto Plata, que tuvo como finalidad motivar y sensibilizar a los/as participantes sobre la importancia de promover e implementar políticas municipales participativas, que contribuyan a fomentar la convivencia pacífica entre los/as munícipes de los diversos gobiernos locales de esta provincia. 

En este encuentro participaron más de 30 autoridades públicas y personalidades, y contó con las intervenciones de Diómedes Roque García Núñez, alcalde de Puerto Plata; Joseph Abreu, Coord. Gral. de Participación Ciudadana; José Ceballos, director ejecutivo de Centro Casa Comunitaria de Justicia; Ramón Santos, presidente de la Federación Dominicana de Distrito Municipales y Kelvin Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Municipios. 

Además, se contó con la presentación de la Estrategia de Seguridad Ciudadana (País Seguro), que estuvo a cargo del Dr. Jesús María Feliz Jiménez, viceministro de Seguridad de Interior, del Ministerio de Interior y Policía. Y la presentación de los indicadores de Seguridad y Convivencia Ciudadana en los Territorios, a cargo de Pedro Hernández, subsecretario de Planificación y Desarrollo de la Liga Municipal Dominicana. 

También se contó con la intervención de Rebecca Latorraca, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Se explicó durante este encuentro que es fundamental promover e implementar políticas municipales participativas que contribuyan a fomentar la convivencia pacífica entre los munícipes de los diversos gobiernos locales de esa provincia. 

Inauguración de la feria  

Durante la apertura de la feria, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, indicó que la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Convivencia Pacífica que hoy se inaugura en Puerto Plata es fruto de la convicción de que un país con mayores niveles de seguridad es posible. 

“Entendemos que la seguridad es un derecho fundamental de las personas, tal y como lo sostiene la Organización de Naciones Unidas”, señaló Abreu. Es bajo esta premisa que se organiza este evento. 

En el acto de inauguración también estuvieron presentes el ministro de Interior y Policía, Jesús Ant. Vásquez Martínez; Samuel Amaury Arias Arzeno, Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Claritza Rochtte Peralta, gobernadora de la provincia; Ginette Bournigal, senadora de la provincia Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres; Procurador Fiscal provincia Puerto Plata, Jorge Luis Galán Guerrero, director regional Norte de la Policía Nacional, entre otras autoridades. 

El evento de apertura contó con la conferencia magistral de Samuel Amaury Arias Arzemo, Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, quien abordó el tema “Importancia de los métodos de resolución de conflictos”.  

En el marco de la Feria se han organizado diferentes conversatorios, charlas, presentaciones artísticas y actividades recreativas, desarrolladas por las instituciones participantes, así como la exposición en carpas de los trabajos que ejecutan.  La Feria se estará desarrollando este viernes 7 de octubre, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en el Parque de la Libertad, ubicado en la calle Beller, en Puerto Plata. 

Esta feria cuenta con la participación de más de 30 organizaciones e instituciones públicas, dentro de las que se encuentran: Ayuntamiento de Puerto Plata, Gobernación de Puerto Plata, Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Procuraduría general de la República, Liga Municipal Dominicana, FEDOMU, Fundación Brugal, CONANI, CEPROSH, Base Área de Puerto Plata, Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata, Cultura Viva, FEDODIM, INTRANT, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación, Supérate, entre otras instituciones. 

Esta Feria se enmarca dentro del proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, que desarrolla Participación Ciudadana y FINJUS, y cuenta con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

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