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Poder, evolución y demarcación en la judicialización de la corrupción

Por: Cándido Mercedes.

La judicialización de la corrupción comienza a frenar el poder y genera una nueva democracia y al mismo tiempo, un verdadero espacio de demarcación y decantación.

“La democracia funciona correctamente cuando las instituciones representativas, configuran los conflictos, los absorben y los regulan de acuerdo con reglas”. (Adam Przeworski: Crisis de la Democracia).

Nada encierra más tensiones, disensos y conflictos que la política. Conflicto y política son la cara y el envés de una misma moneda. Constituyen entes dinámicos en la búsqueda del poder, en las relaciones de poder. La política es la lucha por el poder, donde los intereses políticos mueven todas las pasiones humanas. Nada genera más pasiones que la política y en consecuencia más diferencia, más diversidad.

De ahí la necesidad de encontrar el espacio mínimo de tolerancia para poder manejar todas las descargas que gravitan en la lucha no solo por alcanzar el poder, sino, al mismo tiempo, de mantenerlo. Como nos dice Yuval N. Harari en su libro más reciente Imparables: “Se puede usar bien o mal el poder. Para ser un humano debes de entender el poder que tienes y lo que puedes hacer con él”. De ahí la necesidad ineluctable, inexorable de crear mecanismos de control, regulación y límites del poder en todas las facetas de la dimensión humana, porque la lucha por el poder tiene como principal corolario, como fundamento, el conflicto y en esos conflictos median inevitablemente los intereses. Vale decir, opera marcadamente la subjetividad.

En la política obran las decisiones, los individuos en grupos, las relaciones de poder, a menudo en hegemonía y dominación, entre sectores que gravitan en el pináculo y los sectores subalternos. El cómo se da ese grado de interactuación entre las fuerzas sociales, clases sociales y actores, determina el grado de conflictividad de una organización, de un Estado. Pero, la política ha de tener como arte la búsqueda del bien común, puesto que en la praxis a través de los actores políticos se dan soportes de puentes para interactuar entre el Estado y la sociedad, para la distribución de los recursos. La política es, por decirlo así, la ciencia del poder, de la capacidad de influir en una sociedad, en una organización.

En la política y el poder, en la sociedad dominicana, solo nos hemos enfocado en los conflictos electorales que se han suscitado en los últimos 57 años (1966-2023), con mayor énfasis en los años: 1978-1986-1990-1994. Empero, no graficamos objetivamente las transiciones y las necesidades de consustancializar los contenidos que demandaban los desafíos de la época. Las transiciones dibujadas en:

  • 1961-1965.
  • 1966-1978.
  • 1978-1986.
  • 1986-1996.
  • 1996-2020.

El interregno 1961-1965 estuvo matizado por una alta polarización y fragmentación de la sociedad política: muerte de Trujillo, Consejo de Estado, elecciones, golpe de Estado, Revolución de Abril y la llegada de Héctor García Godoy como “puente” para crear las bases de las elecciones de 1966. A partir de 1966, Balaguer conformó un Estado bonapartista, donde en gran parte todas las relaciones de poder y las instancias institucionales estaban bajo su dominio. Era una democracia “formal” donde Congreso y Poder Judicial se constituyeron en un largo mimetismo del Poder Ejecutivo. La corrupción tuvo un colofón diferenciador en la comprensión de un Estado muy pequeño y una burguesía cuasi inexistente.

La corrupción era, pues, la fragua que se derramaba en una gran parte de la sociedad como correa del “crecimiento”. Lo que estábamos viendo en los años 66-78 del siglo pasado (XX) y en muchos países de América Latina y el Caribe. También en gran parte lo que sucedió a lo largo del Siglo XIX, en Europa y los Estados Unidos. Una corrupción cuasi legalizada en la corriente de la expansión económica del capitalismo dominicano. Rostro de lo que Carlos Marx, parafraseándolo “El capitalismo ha sido despojo y sangre en su creación y génesis”.

No creíamos que a partir del 1978 la corrupción seguiría su agitado curso, como fuente de acumulación originaria de capital. Aunque, dado la debilidad institucional, ella siguió caminando, acusó nuevas modalidades, no obstante, no tan significativa. A partir de 1996 llegó al poder una nueva generación. Las expectativas eran extraordinarias, no solo por la llegada de la Generación Baby Boomer, sino por el partido que hizo de la lucha contra la corrupción su principal portaestandarte. Publicaron dos Vanguardia del Pueblo sobre la corrupción, que, mirando en el tiempo, sería como una limpieza dental en comparación con la grosera, lacerante y desgarrante putrefacción que devino a partir de 2005.

La corrupción, a excepción de Ulises Heureaux (Lilis) y Trujillo, nunca había tenido el peso trepidante, corpóreo, del interregno aludido. La corrupción, en todas las formas y variedades: sistémica e institucional. Era parte del juego del poder dominante, era la articulación de la hegemonización, al tiempo que una parte de sus miembros se transformaban en la opulencia de la riqueza, del dinero y de la plutocracia. En la acumulación de 1966-1978, la mayoría de los actores se transformaron en burgueses. Los de 2004 a 2020 son ricos, y muy pocos burgueses. No pueden decir el dinero que tienen, pues sería la más clara obviedad de su latrocinio, pues en 20 años, trabajando honradamente, con pulcritud y transparencia y ganando el sueldo que tenían, no hay la más mínima correlación entre la sociología visual o auditoria visual y lo que eran en la pirámide social de República Dominicana.

En la estratificación social, según la clasificación de Bosch, eran de la baja pequeña burguesía en sus diferentes grados: pobres y muy pobres, y muy pocos clase media y media alta (Eduardo Selman, los Fiallo, Euclides Gutiérrez, Franklyn Almeyda, Rafael Alburquerque, Antonio Abreu Flores, José Joaquín Bidó Medina). El creador del PLD dijo: “La corrupción tiene mil formas en nuestros países, y resulta que la corrupción corrompe, pues el ejemplo de actos ilícitos no son penados y la exhibición de las ventajas que se compran con el producto del robo, van extendiendo la corrupción en diversos niveles.”

Desde 1966 la delincuencia política no fue perseguida judicialmente. Cuando Balaguer, dos o tres casos aislados (Anisia Risi: exdirectora de Aduanas). Desde entonces, los actores políticos generaron en el imaginario, producto de la praxis, que ellos eran una casta especial, donde estaba impedido conducirlos judicialmente, estaban vedados. La justicia no era para ellos. Robar, porque eso es lo que son: cacos, saqueadores, maleantes, cuatreros, estafadores, ladrones. Delincuentes políticos asociados a los delincuentes de cuello blanco.

La justicia era para los pobres, vulnerables, para los jóvenes de los barrios que no tienen empleo. La impunidad era la norma. Cuando la corrupción se da y no se castiga, allí donde la impunidad prevalece, crece la descomposición y la degradación de la vida pública. Teníamos el coeficiente más alto en el Índice de Impunidad después de Venezuela. La corrupción se encontraba en la estratosfera y los presidentes señalaban: “la corrupción no es un problema en la sociedad dominicana, no es sistémica”; mientras que el otro decía: “¿Cuál corrupción?”. Una hipercorrupcción nos configuraba como nación, según todos los reportes internacionales.

Viendo las investigaciones nos estamos encontrando con lo que Transparencia Internacional denomina “Gran corrupción o corrupción a gran escala”. Nosotros la denominamos mega corrupción, que es aquella que por su magnitud afecta toda una colectividad, a toda una sociedad. Solo hay que pensar la inversión de: RD$6,000 millones; RD$19,000 millones; RD$30,000 millones; RD$64,000 millones, en salud, acueductos, viviendas para los sectores más carenciados, etc. etc. Esa criminalidad organizada afecta la vida social y económica de una amplia franja social y nos destruye, nos envilece y desarticula el Estado y todo el marco institucional, a través de la inobservancia institucional.

Estamos en presencia, de algo que debió llegar desde 1996: la judicialización de la corrupción, que es llevar a la justicia a todo aquel que comete un acto punible, independientemente de su jerarquía económica, social, política, religiosa. Muchos creían que el BORRON Y CUENTA NUEVA seguiría. Hoy, tenemos una Procuraduría General que nadie duda de su templanza, entereza, honorabilidad, que acaba de decir doña Miriam German Brito “Todos los casos de corrupción que se han judicializados hasta ahora es porque las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido”. Abundó “Confío en que en el caso Calamar el poder Judicial sabrá cumplir con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos, para garantizar los fines propios de las medidas de coerción”.

Vemos, pues, como la judicialización de la corrupción comienza a frenar el poder y genera una nueva democracia y al mismo tiempo, un verdadero espacio de demarcación y decantación. Adam Przeworski nos dice “El sistema democrático funciona correctamente cuando los conflictos que surgen en una sociedad, sean cuales fueren, se procesan de manera pacífica dentro del marco institucional”. La judicialización de la corrupción es el marco de las reglas institucionales que coadyuvarán con más democracia, con una democracia más fortalecida y más halagüeña para el conjunto de la sociedad.

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Participación Ciudadana rechaza toda intervención de los Políticos en los casos judiciales

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana rechaza de manera rotunda la propuesta de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño en el sentido de que el presidente Luis Abinader y los ex presidentes se reúnan para acordar solución a lo que ella denomina “una crisis de gobernabilidad” producida por el sometimiento a la justicia de funcionarios y directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es justamente contra esa práctica que hemos luchado por décadas, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana. Por el contrario, la población dominicana está ampliamente satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Público independiente y ha depositado sus expectativas en que los jueces actúen también con la objetividad, la inteligencia y el coraje que se requieren para castigar con todo el peso de la ley la corrupción y la impunidad.

Es totalmente inaceptable que los partidos políticos pretendan influir en el curso de los procesos judiciales. Este país ha dado muestras de que está en la disposición de defender los avances en la persecución del peor de los crímenes, como lo es la corrupción administrativa de grandes proporciones como las que están documentadas en los expedientes que cursan actualmente en los tribunales.

Estos son momentos cruciales para la consolidación de un Estado democrático y de derecho en la República Dominicana, pero ese propósito fundamental no será logrado con dirigentes políticos que aúpen o protejan la corrupción, que usen el dinero público o que reciban aportes que comprometen la correcta administración pública.

Estaremos dando seguimiento al proceso electoral, especialmente en lo referente a las posiciones de los diferentes partidos y candidatos políticos sobre el tema de la corrupción y de sus compromisos con la erradicación de la impunidad, así como a cualquier indicador de que se están usando recursos, públicos o privados, más allá de lo permitido por la ley.

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Nora Elizabeth Sánchez Padilla nueva coordinadora general de Participación Ciudadana

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, eligió a Nora Elizabeth Sánchez (Lizzie), como nueva coordinadora general de la institución para el periodo 2023-2024.

Lizzie Sánchez Padilla es Socióloga con formación en Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Miembra fundadora de Participación Ciudadana, ha sido parte del Consejo Nacional y   coordinadora de las Comisiones de Fortalecimiento Institucional, de Transparencia y de Ética.

Actualmente es asesora de empresas privadas en responsabilidad social corporativa, perteneció a la Junta Directiva de Fe y Alegría y de la Escuela Forestal de Jarabacoa. Ha realizado labores en proyectos de desarrollo en FUDECO, en el servicio Alemán de Cooperación Técnica y fue directora ejecutiva de la Fundación Brugal.

“Asumir la coordinación general de Participación Ciudadana en este momento es para mí un gran honor por el prestigio y la amplia aprobación de la organización, donde contribuiré al fortalecimiento institucional y continuaré impulsando la lucha contra la corrupción y la impunidad; pero también un gran desafío con un contexto electoral donde nuestra institución ha asumido la responsabilidad de volver a observar las elecciones”, expresó.

Lizzie Sánchez Padilla sustituye a Joseph Abreu, quien cumplió su periodo de un año como coordinador general durante el periodo 2022-2023.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana está integrado además de Lizzie Sanchez, por: Miriam Díaz Santana, Danilsa Peña Medina, Isidoro Santana, Naomi Rodríguez, Álvaro Caamaño Diaz, Sarah Jorge, Stalin Montero y Claudia Álvarez.

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Participación Ciudadana brinda su apoyo al Ministerio Público en su trabajo por el fin de la impunidad

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresa su más firme apoyo al trabajo que viene haciendo la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo por actos de corrupción. El caso que se viene conociendo desde el pasado domingo 19 de marzo es el resultado de una investigacion que por más de año y medio ha recogido pruebas de un desfalco al Estado documentado por cerca de 20 mil millones de pesos, siendo el más grande que se haya conocido en el país, así como la mayor operación de lavado de activos cometida en el menor tiempo, hasta el momento, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano. 

Nuestra organización nació y tiene cerca de 30 años propugnando por un país libre de corrupción e impunidad. Marchamos y trabajamos todos los días por este noble propósito nacional. Por tanto, hemos celebrado las contundentes investigaciones y fuertes expedientes que se han presentado desde el 2020. En el denominado caso Operación Calamar que en estos días se comienza a ventilar, haremos lo mismo que en los anteriores, estudiaremos el expediente y daremos todo el respaldo que se merecen los cientos de fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría General de la República, así como los de la Contraloría General que, con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran desvelar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas.

Al igual que en los casos anteriores, Participación Ciudadana solo solicita el apego al debido proceso. Nuestras expectativas se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces, para que cumplan con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas, sin aceptar chantajes o presiones espurias, amparadas en el poder o el dinero que algunos grupos y personas han acumulado sustrayendo los recursos de este pueblo.

En tal sentido, rechazamos firmemente cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial. Hacemos un llamado al Partido de la Liberación Dominicana a que encamine sus inconformidades por la vía legal. Quienes están sometidos a la justicia tienen todas las herramientas que las sociedades democráticas garantizan para su defensa. Incluso sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos, pero jamás con turbas que intenten vulnerar la seguridad de la ciudadanía, de los detenidos y de sus custodios y crear situaciones que alteren el orden y la gobernabilidad que ha construido este país con mucho esfuerzo.

Por décadas hemos luchado por el fin de la corrupción y la impunidad, este es el momento mas propicio para avanzar en ese gran objetivo nacional. Llamamos a todos los sectores, instituciones y personas que comparten este anhelo a que nos mantengamos unidos, firmes, dando seguimiento a los procesos en curso, respaldando a quienes están haciendo un buen trabajo y rechazando todo lo que pueda vulnerar el Estado de derecho y las aspiraciones de una patria democrática, libre de corrupción e impunidad.

Consejo Nacional

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En apoyo a los capítulos de Rusia, Guatemala y Nicaragua, perseguidos por las autoridades de sus países.

El pasado 6 de marzo del 2023, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa designó al movimiento Transparencia Internacional como una “organización indeseable”. Esta decisión abrupta e injustificada sobre el movimiento mundial anticorrupción y su Secretaría, que declara como agentes extranjeros a tales organizaciones de la sociedad civil en Rusia, hacen que el trabajo futuro en esa nación sea imposible y en tales circunstancias, la Junta de TI Rusia decidió el 16 de marzo de 2023, luego de 23 años ininterrumpidos, liquidar la organización autónoma sin fines de lucro Centro TI-R, fundada en el 1999.

Por otra parte, el 28 de febrero de 2023 el Ministerio Público de Guatemala abrió investigaciones contra varios periodistas y activistas, incluyendo Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, quienes han criticado al gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Estas investigaciones son una persecución contra Acción Ciudadana y sus miembros, así como contra periodistas, investigadores, fiscales y exfiscales, algunos han sido encarcelados, amenazados y otros se han tenido que ir al exilio, en especial los que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los agravios que han venido ocurriendo limitan las libertades democráticas, perjudicando el ejercicio de veeduría y control que Acción Ciudadana lleva a cabo y evidencian que se ha profundizado el cierre del espacio cívico y se busca, mediante la represión, acallar las voces de la sociedad civil y los defensores de la democracia

En cuanto al capítulo de Transparencia Internacional en Nicaragua, Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica en marzo del 2022, no obstante haber renunciado hace más de un año a recibir ayuda internacional. A la fecha, el gobierno de Nicaragua ha cancelado más de 1,800 ONGs. En septiembre del 2022, fueron confiscados los bienes muebles e inmuebles del Grupo Cívico Ética y Transparencia y en su antigua sede fue colocado el denominado “Centro de Innovación y Tecnología Francisco Moreno” bajo la dirección de la Comisión Nacional de Economía Creativa dirigida por Camila Ortega, la hija del presidente Ortega.

Lo anterior forma parte de las acciones por parte del gobierno del presidente Ortega para socavar la libertad de asociación y expresión, tomando como base la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada en 2020 que busca controlar a las ONGs que reciben fondos del exterior.

EN ATENCIÓN A LOS EVENTOS MENCIONADOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, emite la siguiente resolución:

  1. Externamos nuestra solidaridad con los capítulos de Transparencia Internacional de Rusia, Guatemala y Nicaragua. A todo su personal y sus voluntarios, que sepan que no están solos y sus voces se multiplican a través de la comunidad anticorrupción.
  2. Creemos firmemente en la cooperación internacional para avanzar en la lucha contra la corrupción en todas sus formas. La integridad y el compromiso civil prevalecerán inevitablemente sobre el aislamiento y cualquier forma de abuso de los derechos humanos. Compartimos y seguiremos apoyando la visión de un mundo libre de corrupción e impunidad.

ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el 19 de marzo del 2023, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

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Participación Ciudadana proclama el 2023 como el “Año Preelectoral con Transparencia, justicia efectiva y una Democracia Fortalecida”

Santo Domingo, República Dominicana. La Asamblea General de Participación Ciudadana reiteró su llamado a las fuerzas políticas del país y a la ciudadanía en general a comprometerse con el fortalecimiento del sistema democrático y prepararse para celebrar el próximo año unas elecciones ejemplares, que sean un orgullo para los dominicanos y dominicanas.

Indicaron que la recién promulgada Ley Electoral 20/23, lamentablemente, no ha llenado sus expectativas en cuanto a control de los gastos de campaña, transparencia de los partidos y candidatos, paridad de género y sanciones, entre otros avances por los que han luchado. “Pero eso no es obstáculo para que nos pongamos de acuerdo y dejemos atrás las viejas e insanas prácticas que por décadas han caracterizado la actividad político electoral”, puntualizaron.

Participación Ciudadana exhortó a los partidos políticos a respetar los plazos de campaña, evitar la corrupción y la excesiva propaganda gubernamental, mayor rendición de cuentas, lograr candidaturas con más equidad de género y que sean representativas de los mejores valores del país, para cuyo logro existe el marco jurídico y el apoyo ciudadano.

El movimiento cívico además señaló que, aunque el presidente Abinader no se ha pronunciado al respecto, todo parece indicar que se encamina a presentarse a la reelección. Está en su legítimo derecho, según la Constitución. Lo que sí les preocupa es que, para lograrlo, recurra a la vieja práctica del uso de recursos del Estado, factor que en el pasado ha hecho mucho daño y ha propiciado el desbordamiento de la corrupción. 

“Ya existe mucha publicidad estatal sin ningún propósito educativo, sólo la promoción de la figura presidencial. Por otro lado, se están repitiendo las viejas denuncias de todos los procesos electorales sobre compras de opositores, práctica deleznable que esperamos no se repita porque, además de ser un mal mensaje a la población, generalmente significa un compromiso oneroso de los recursos públicos”, puntualizaron en nota de prensa.

Otro factor que preocupa al movimiento cívico y sobre el cual llamaron la atención, es el contenido vacío del discurso de los partidos y posibles candidatos. Señalando que es una pena que, una vez más se desperdicie la oportunidad de educar en democracia, debatiendo los problemas nacionales en un ambiente que permita al electorado diferenciar propuestas y elegir en base a sus preferencias.

Las descalificaciones que dominan los discursos políticos, no aluden a principios y valores éticos, o a propuestas claras de solución a los problemas sociales y económicos. Por el contrario, se tratan de mensajes intrascendentes, poco comprometidos, excesivamente conservadores y carentes de contenido programático.     

Otro aspecto importante para la institución social es la pretensión de imponer las cuotas correspondientes a las mujeres sobre la base de una lista nacional, lo cual fue introducido en la nueva ley electoral, a sabiendas de que es, no solo injusto, sino también inconstitucional.

Recordemos que la Junta Central Electoral dictaminó que las cuotas de candidaturas de mujeres tenían que ser por demarcación electoral, como lo establecieron las sentencias 85-2019 y 91-2019 del Tribunal Superior Electoral, ratificadas posteriormente por la Sentencia TC/0104/20 del Tribunal Constitucional. Desde ahora advirtieron que la JCE está obligada a mantener su decisión anterior y cumplir con las decisiones de los tribunales Constitucional y Electoral.

Participación Ciudadana ya está preparada para iniciar su labor de incidencia en todo el proceso electoral, desde ahora hasta las elecciones del 2024, siempre con el propósito de contribuir a la construcción de una democracia fuerte, asentada sobre la base de los más elevados valores que sostienen la nación.

En este 2023, Participación Ciudadana dará seguimiento permanente y apoyo al Ministerio Público en todos los casos iniciados y pendientes para castigar la corrupción y erradicar la impunidad. Justo en medio de nuestra asamblea anual nos enteramos del inicio del proceso de sometimiento a la justicia de otro grupo de ex funcionarios y personas involucradas en el más grande caso de corrupción que se haya conocido en el país. El denominado Caso Calamar se suma a varios que ya cursan en los tribunales. Reiteramos nuestras expectativas de que, tal como lo está haciendo el Ministerio Publico, los tribunales se comporten a la altura que ameritan los tiempos y la corrupción sea al fin castigada en República Dominicana.

Sobre la Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana 

Este domingo 19 de marzo Participación Ciudadana celebró su Asamblea General Ordinaria Anual, así como una extraordinaria que hizo modificaciones a los estatutos del movimiento cívico. Los integrantes de la organización cívica conocieron los informes del pasado año, así como los planes y presupuesto para el presente. Además, seleccionan a Álvaro Jose Caamaño Diaz como nuevo miembro del Consejo Nacional, quien se suma a Isidoro Santana, Miriam Diaz, Naomi Rodríguez, Nora Sánchez, Sarah Adalgisa Jorge, Danilsa Peña, Ramón Stalin Montero, y Claudia Álvarez, grupo que dirigirá la organización hasta marzo del 2024.

La presentación del informe anual del Consejo Nacional estuvo a cargo de Joseph Abreu, Coordinador General saliente, quien expuso en detalle todas las acciones realizadas entre marzo 2022 y 2023, así como la situación financiera y organizativa del movimiento cívico.

La Asamblea termino con la proclama del año, dedicada a los retos de este año preelectoral, así como un comunicado de apoyo a los capítulos de Transparencia Internacional de Rusia, Nicaragua y Guatemala que están siendo perseguidos por los gobiernos de esos países.

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Participación Ciudadana apoya los trabajos de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República

Reclaman protección para sus miembros y solicitan aprobar ley que fortalezca su rol

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana ha estado dando seguimiento a los trabajos que realiza la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, gracias a las demandas que contra cuatro de sus miembros han sido interpuestas ante el Tribunal Superior Administrativo, con la clara finalidad de frenar sus esfuerzos de investigación, sobre todo en el caso del Ministerio de Hacienda, que se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, y que desde ya se menciona como uno de los casos más grandes de corrupción en toda la historia de la República Dominicana, involucrando decenas de miles de millones de pesos.

La intención de detener los trabajos que realiza esta Unidad se revela claramente cuando se embargan las cuentas bancarias de sus investigadores y se le somete a todo tipo de presión judicial, pretendiendo rendirlos por la asfixia económica que provoca la inmovilización de sus ahorros y los gastos y honorarios que deberán emplear en su defensa, que esperamos estén siendo cubiertos por la Contraloría General de la República.

La Constitución de la República asigna a la Contraloría General de la República el rol de “rector del control interno”, debiendo ejercer “la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos”.

Al pasar todos los egresos públicos por las manos de la Contraloría General de la República, resultaba indispensable la creación de una unidad antifraude, como la que ya finalmente existe, y ahora queda pendiente darle la importancia que tiene, aumentando su personal especializado, pues actualmente ronda la exigua nómina de 20 personas para el volumen de información que deben analizar en su objetivo de identificar los fraudes y apoderar al Ministerio Público de los hallazgos, para que éste pueda cumplir su rol de investigación  y persecución con mayor eficacia, sometiendo a los responsables de estafar al Estado y desfalcar los recursos públicos.

Resultaría letal para los esfuerzos anticorrupción que se utilice el mecanismo de atacar personalmente a los funcionarios públicos que con valentía han decidido no detenerse en su responsabilidad de proteger los recursos públicos y exponer a los corruptos, tanto del sector público como del privado. Estos funcionarios merecen el respaldo de la sociedad, a la que convocamos a esos fines.

Durante la gestión pasada, pero sobre todo en el período de transición, para colmo recortado por la pandemia, hubo personeros que, en contubernio con funcionarios públicos, se dedicaron a identificar a todo aquel que había sido objeto de alguna expropiación por parte del Estado y no había sido pagado, para prometerle obtener el pago, siempre y cuando se despojaran de porcentajes que iban desde el 10% al 60%, y en algunos casos estos fondos fueron retenidos en su totalidad por los que servían de intermediarios en este mega fraude. Más de diez mil millones de pesos se pagaron bajo esas condiciones sólo en los 41 días del período de transición y no se sabe aún desde cuándo operaba esta mafia y a cuánto asciende el monto total defraudado.

El Estado dominicano, lamentablemente mal pagador, creó las condiciones para que, en una alianza público-privada, pero de criminales, se perjudicara dos veces a los que, en muchos casos, pero no en todos, eran legítimos acreedores del Estado, que primero sufrieron el paso de largos años sin recibir lo que se les debía, y, para colmo, al final tuvieron que aceptar unos descuentos groseros pero no para beneficio del Estado sino de aquellos que urdieron este fraude.

Muchos de estos pagos salieron del Ministerio de Hacienda sin cumplir los procesos administrativos correspondientes, posiblemente por la prisa ante el cambio de gobierno, levantando alertas que fueron ignoradas hasta que esta Unidad Antifraude detectó las irregularidades y rindió un informe que ha sido atacado judicialmente por lo peligroso que es para los responsables de estos hechos delictivos, pues revelaba incluso pagos multimillonarios a personas que hoy siguen viviendo en absoluta pobreza, lo que demuestra que el dinero fue desviado a los bolsillos de los corruptos.

Hasta ahora la información que existe proviene principalmente de los operadores de este sistema fraudulento, que, en su intento por callar a los investigadores, han elevado instancias a los tribunales, que permitieron llegar a algunos de los informes rendidos. Pero este caso, como otros, está siendo investigado por el Ministerio Público.

Participación Ciudadana, al igual que la sociedad, espera con paciencia que las investigaciones concluyan y se presente acusación contra los responsables señalados por las pruebas, y solo entonces se podrá conocer la dimensión de lo ocurrido y dejaremos de ver sólo la punta del iceberg.

Mientras tanto, debemos seguir fortaleciendo los órganos de control, tanto externos como internos, así como al Ministerio Público, con recursos indispensables para que estos órganos puedan tener equipos especializados, con uso de tecnología de punta, que permitan volver a tener la esperanza de que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea cada vez más eficaz, y podamos realmente avanzar en el Índice de Percepción de la Corrupción que divulga cada año Transparencia Internacional.

7 de febrero del 2023

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República Dominicana avanza en la lucha contra la corrupción según el IPC 2022

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, presentó este martes los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción -IPC 2022 elaborado por Transparencia Internacional (TI).

En este documento dado a conocer hoy en Berlín, Transparencia Internacional establece que, por cuarto año consecutivo, los países de las Américas obtienen una puntuación media de 43 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

“La falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También propicia la violencia, el daño ambiental y la migración a lo largo del hemisferio”, afirmaron.

Según los resultados del IPC 2022, en el Caribe, la República Dominicana con una puntuación de 32/100 ha ganado cuatro puntos durante los dos últimos años como resultado de medidas que fortalecieron la independencia del Ministerio Público y otras entidades de control; reforzaron la transparencia en la contratación pública, además de la promulgación de la Ley de Extinción de dominio, un instrumento jurídico central para combatir la corrupción y el crimen organizado. En esta oportunidad el país sube al lugar 123 de 128 que obtuvo en el 2021.

“Sin embargo, la demora en los procesos judiciales ha impedido el avance en las condenas por actos de corrupción. Existe la inquietud entre la sociedad dominicana de que los tribunales no están a la altura de la gran demanda que existe en el país de avanzar en la lucha contra la corrupción y la criminalidad”, indicó el movimiento cívico en nota de prensa.

Desde el 2016, 27 de los 32 países de las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción. A la cabeza del ranking regional se ubican Uruguay y Canadá,cada uno con una puntuación de 74, seguidos por Estados Unidos con 69. Mientras que Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19), son los países con los puntajes más bajos, donde resulta difícil trazar una línea clara entre las instituciones públicas y las redes criminales.

Los países del mundo con más alta puntuación en el IPC 2022 son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Suecia, mientras los países con peor puntuación son Siria, Somalia, Sudán, Venezuela, Corea del Norte, Libia, Haití y Nicaragua, todos estos países con graves problemas de gobernabilidad democrática.

“Los resultados del IPC, tanto en las Américas como en el mundo, muestran que los sistemas democráticos que funcionan bien favorecen la transparencia y la rendición de cuentas”, afirma TI.  

El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, indicó que la República Dominicana tiene el reto de continuar la lucha por la institucionalidad democrática, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia para poner fin a la impunidad.

Participación Ciudadana exhorta a las autoridades del Estado, en todos sus poderes, a incrementar los esfuerzos con el propósito de lograr que el país siga avanzando y en las próximas entregas del IPC, pueda superar la media regional.

El IPC realiza una clasificación de los países en la que va dando puntos desde 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes y de diferentes fuentes privadas y de especialistas.

CONSEJO NACIONAL

31 de enero del 2023

*En adjunto la metodología para el cálculo del Índice de Percepción de la Corrupción

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Participación Ciudadana promueve en foro la participación política de la comunidad LGBTQI+

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó este jueves el Foro Nacional: Por la Participación de la comunidad LGBTQI+ en los Procesos electorales, el cual tuvo como propósito analizar la realidad asociada a la invisibilidad y discriminación que vive la comunidad LGBTQI+ en los procesos electorales y la perspectiva de identificar acciones positivas y prácticas exitosas para lograr mayor participación, visibilidad e igualdad de condiciones.

En el Foro se profundizó las diversas   problemáticas que afectan a la comunidad LGBTQI+ y se compartieron experiencias exitosas de nuestra región, lo cual permitió a los/as asistentes conocer otras prácticas enriquecedoras que contribuyen a fortalecer y seguir trillando el camino de promover la participación en equidad, que es también defender el derecho que tenemos todas las personas.

La conferencia magistral de este foro, estuvo a cargo de Ana Irma Rivera Lassén, Senadora Puertorriqueña, abogada, activista feminista y defensora de los derechos humanos, quien señaló que el mundo de la política excluye de los espacios partidarios a la mujer y a la comunidad LGBTIQ+, ya que las estructuras están hechas para la no inclusión.

“Las mujeres tuvimos que hacer muchas luchas para lograr por ejemplo el derecho al voto, pero el derecho al voto no nos dio el derecho al poder político, porque el poder político es esencialmente masculino, y la estructura política es masculina, y está hecha para dejar fuera no solo a las mujeres, si no a todas las personas que no cumplan con el imaginario masculino”, puntualizó la Senadora Rivera.

Por su parte, la embajadora de Canadá Christine Laberge, expresó el compromiso de este país, a favor de iniciativas que garanticen y defiendan la participación y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

Este foro se desarrolló en el marco del Proyecto: “Por el derecho, la participación política y el ejercicio en equidad de la comunidad LGBTQI+”, el cual se implementa con los Fondos Canadá para iniciativas locales.

También intervino en el evento vía Zoom, Marlon David Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia, de la Misión de Observación Electoral -MOE-, quien abordó desde Colombia los retos y avances de la participación política y electoral de las personas LGBTQI+ en América Latina.

Bajo este contexto en los últimos años ha habido un activismo de esta comunidad por el reclamo de sus derechos a la participación política en los procesos electorales y por propuestas de candidaturas de personas que representan los intereses del colectivo. Según la Encuesta Nacional sobre personas LGBTI en el país, esta reveló que un 64% participó activamente en las elecciones presidenciales y 48% en las municipales del año 2020.

Para finalizar el foro, se realizó un panel con representantes de partidos políticos, donde se abordó la inclusión y la diversidad en estos espacios. El panel estuvo integrado por: Franiel Genao Nuñez, secretario general del Partido Opción Democrática, Francisca Peguero, Secretaria de Organización y pre candidata vicepresidencial del Movimiento Patria para Todos, Jairo Alexander Medrano, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo y Fidelia Rincón, secretaria de la Mujer del Partido Frente Amplio.

El evento contó con la participación de representantes de la Procuraduría General de la República, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD-, el Observatorio de Derechos Humanos para grupos vulnerables, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los diversos colectivos de la comunidad LGBTQI+, las organizaciones de la sociedad civil, y los Partidos Políticos.

Jueves 19 de enero del 2023

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Participación Ciudadana rechaza el intento inconstitucional de reducir la autonomía de la JCE contenida en el proyecto de modificación de la Ley de Régimen Electoral

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, expresa su firme rechazo al artículo 27 del proyecto de modificación de la Ley Electoral aprobado el pasado viernes 23 por el Senado de la República. Se trata de una maniobra para inutilizar a la JCE, sometiéndola a una supervisión institucionalizada y permanente de los partidos políticos, sobre todas las decisiones y planes del órgano electoral, en violación a las facultades que le otorga el Artículo 212 de la Constitución de la República.  

Esta propuesta debe ser rechazada rotundamente por todos los sectores que abogan por el avance electoral y democrático en el país. De aprobarse lo propuesto por los senadores, los partidos políticos se convertirían en una especie de junta de directores que mensualmente, en los años electorales y cuatrimestralmente en los no electorales, supervisaría y tendría facultad para aprobar o rechazar, es decir, aplicaría censura previa a las decisiones del órgano responsable de la organización de las elecciones. Más aún, de acuerdo con la propuesta de los senadores, no sólo el pleno de la JCE estaría bajo la supervisión de los partidos, sino también las direcciones de elecciones, informática y voto en el exterior.  

Es realmente asombroso que los senadores pretendan que los partidos pasen a dirigir y supervisar los asuntos electorales, asegurándose de que solo pase lo que les conviene y de bloquear todo lo que los somete al orden. Adicionalmente, para debilitar más a la JCE, se eliminaría la facultad que tiene de dictar medidas cautelares, con lo cual se la ata de manos en su capacidad de actuar con presteza y evitar violaciones a la Ley.  

Participación Ciudadana expresa su decepción y desacuerdo con la propuesta aprobada por el Senado, con varios meses de retraso. Reclama al Partido Revolucionario Moderno, con mayoría en el Senado, así como a los partidos de oposición, honrar los compromisos asumidos con la sociedad dominicana en el orden de mejorar el régimen y la cultura electoral. Las propuestas de modificaciones al régimen electoral y de partidos se están discutiendo para avanzar hacia una democracia más desarrollada. En tal sentido, es inaceptable que el proyecto aprobado en el Senado deje de lado avances contenidos en la propuesta de modificación entregada por la JCE y que cuentan con amplio apoyo de la ciudadanía, tan importantes como los siguientes:   

Reducción de los topes de los gastos de campaña por partido y por candidatura. Los topes de gastos establecidos en la ley actual son muy altos, lo que da como resultado un proceso electoral extremadamente costoso, factor que ha sido relacionado con la corrupción y la penetración de dinero ilícito. La propuesta de la JCE plantea una escala de gastos más razonable y acorde con la economía del país. Naturalmente esta propuesta fue ignorada por los senadores.  

Reducción de los topes de las contribuciones individuales. Las contribucionesindividuales que pueden recibir los candidatos son muy altas, con lo cual, muchas de ellas adquieren el carácter de eventuales hipotecas del patrimonio público y penetración de dinero ilícito. El país daría un gran paso adelante disminuyendo esos altos montos que superan los establecidos en naciones ricas.  

Obligación de los candidatos de presentar informes de gastos. En nuestro país, la mayoría de las contribuciones son recibidas individualmente por los candidatos, sin obligación de dar cuenta de las mismas, ya que la Ley actual solo pide informes de los partidos y organizaciones políticas. Junto a las dos propuestas anteriores, los informes individuales conformarían un conjunto de medidas dirigidas a reducir la entrada de dinero ilícito, la inequidad, la corrupción y la impunidad. 

Avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical en las listas de candidatos y candidatas. El Senado desechóla propuesta presentada por la JCE que permite una mayor garantía de respeto al derecho de las mujeres y a la ruptura de la discriminación.  

Fórmula de repartición de escaños más democrática. Este fue otro paso de avance dejado de lado por los senadores. En especial, el país necesita mejorar la distribución de los escaños para diputaciones, ya que la actual se ha prestado para injusticias y conflictos.  

Sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes. Al dejar estas violaciones fuera de los delitos electorales, el Senado no contribuye a que se avance en este sentido, ya que no implican consecuencias.  

En diversas ocasiones en estos dos últimos años, Participación Ciudadana ha establecido sus aspiraciones y propuestas de cambios en las leyes electorales. Apoyamos el proyecto de la JCE; participamos en el diálogo al interior del CES; visitamos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados en búsqueda de un acuerdo para avanzar y recibimos promesas de que sería satisfecho el reclamo nacional de mejorar nuestro régimen electoral y de partidos. 

Participación Ciudadana solicita a la Cámara de Diputados corregir los graves errores y omisiones en el proyecto de modificación del régimen electoral. Las pasadas elecciones mostraron serias deficiencias en esta Ley y en la de partidos políticos. Es necesario que sean reformadas cuanto antes, con tiempo para ser aplicadas en el próximo proceso electoral, pero esa reforma debe ser para avanzar. En especial, llamamos la atención del presidente de la República, Luis Abinader y del liderazgo político para que conviertan en realidad sus promesas y pretensiones de contribuir a la democracia y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. 

CONSEJO NACIONAL 

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