Santo Domingo, República Dominicana. La Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y la Coalición de Organizaciones de la Sociedad civil contra la Trata de Personas realizaron este jueves la mesa de diálogo “Hacia una nueva legislación en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas”. 

Este encuentro se realizó con el propósito de seguir aunando esfuerzos para que la República Dominicana pueda contar con un marco jurídico que fortalezca la prevención, persecución y sanción a un delito que lacera la dignidad humana como lo es el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

El encuentro contó con las palabras de bienvenida de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, y la conferencia de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora general de persecución del Ministerio Público. 

Abreu indicó que es de suma importancia aumentar la conciencia pública sobre las violaciones de los derechos fundamentales causado por el delito de trata de personas. 

“Sigamos construyendo alianzas para acabar con este flagelo en la República Dominicana, contamos con todos/as ustedes para impulsar la aprobación del anteproyecto que enviará al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, esperamos que el mismo pueda ser aprobado y que se tomen en cuenta todos los aportes hechos por las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, para poder contar con un marco jurídico acorde a estos tiempos”, expresó en su intervención. 

Por su parte la directora de Persecución del Ministerio Público, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, indicó que se hace necesario y urgente la aprobación de una nueva ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en República Dominicana acorde a los nuevos tiempos. 

Señaló que las leyes y políticas nacionales e internacionales actuales contra el tráfico de personas resultan insuficientes para detener ese delito, cuando se extiende de los medios convencionales al espacio virtual. 

“Los tratantes y traficantes se valen de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder a sus posibles víctimas y reclutarlas para luego explotarlas sexualmente en el caso de las mujeres y las niñas”, puntualizó.  

Las organizaciones participantes de este diálogo señalaron que urge modificar la Ley 137-03, ya que la actual no protege eficazmente a las víctimas de este delito. 

Entre las recomendaciones realizadas se encuentra la creación de fondos especiales para la prevención, persecución y atención de víctimas. “Actualmente quien paga por servicios sexuales producto de Trata de Personas no tiene consecuencia legal, y la nueva Ley 137-03 contempla responsabilidad al cliente de estos servicios, por ser cómplice”, señalaron. 

Otros de los avances que tendría esta Ley es que crearía una institución que brinde asistencia legal, médica, social y terapéutica a las víctimas, y también educaría a la población para prevenir el delito. La actual Ley no concientiza sobre el tema. 

Los presentes reconocieron el trabajo que actualmente está realizando la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas, por el golpe que se le dio a la delincuencia organizada con la operación Cattleya, en el Distrito Nacional y Bávaro, donde se desarticuló una red transnacional dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual se rescató a más 80 mujeres. 

Este diálogo se realiza en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por la seguridad y la justicia”, que viene desarrollando Participación Ciudadana en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus-, con el auspicio de la USAID, donde han realizado varias acciones formativas, incluyendo el estudio “Luchar contra la marea” el cual se realizó en once municipios de la República Dominicana. 

El encuentro contó con la moderación de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva del movimiento cívico, y con la participación de la señora Yoanna Bejarán, procuradora general de corte, Titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el señor José Monteiro, director País de Misión Internacional de Justicia -IJM- y coordinador de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas. 

También estuvieron presentes: Diputados/as, Fiscales, funcionarios de la embajada de los Estados Unidos y de la USAID, Periodistas, miembros de la Policía Nacional, representantes de la Dirección Nacional de control de Drogas -DNCD-, organismos de cooperación internacional, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil e invitados en general. 

15 de septiembre del 2022

La sociedad dominicana está hastiada de corrupción e impunidad. Por eso marchó durante dos años, por eso votó en el 2020 y por eso ha puesto sus ojos en el trabajo del Ministerio Público y en los tribunales para dar seguimiento a lo que pasa en esas instancias.

A pesar del esfuerzo colectivo, todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en el país. Casos que ocurrieron frente a los ojos de la nación y del mundo, algunos que ocuparon investigaciones internacionales y que recibieron condenas en varios países; otros cuyas pruebas fueron de público conocimiento,  que se  apoyaron en sólidas investigaciones del periodismo nacional y que estremecieron la conciencia ciudadana, ahora resulta que los tribunales dominicanos no encuentran culpables, unos pocos con leves condenas y la mayoría absueltos, quedando en el misterio quienes cometieron los hechos.

Los casos a los que nos referimos son, el de ODEBRECHT, el de los aviones tucanos, el del barrio Los Tres Brazos y, recientemente, el caso de la OMSA. En los dos primeros, las empresas confesaron haber pagado sobornos y se les impuso multas. Los escándalos producidos por los negocios de ODEBRECHT tienen decenas de personas presas en el continente, mientras en República Dominicana, donde operó el centro de los sobornos y, según confesión, se entregaron más de 92 millones de dólares para obtener contratos, solo dos fueron condenados. En el de los tucanos, se comprobó y se recibió multa por el soborno, pero en los tribunales dominicanos, las personas que los recibieron quedaron en el anonimato y protegidos por el manto de la impunidad.

En el caso Los Tres Brazos, barrio que estaba siendo vendido por una empresa privada a sus propios habitantes, tampoco se encontró culpables. Recientemente, en el de la OMSA, solo se condenó, con calificación de homicidio, al ejecutor del horrible asesinato del abogado Junior Ramírez; nadie fue cómplice de una muerte originada en denuncias de corrupción. Tampoco pudo el tribunal sancionar a los responsables del entramado de corrupción que, de acuerdo a múltiples pruebas presentadas públicamente, operaba en la OMSA. En la parte dispositiva y en los comentarios de las juezas, se admite que hubo corrupción, pero condena, únicamente al gerente financiero, Faustino Rosario Díaz, a la pírrica pena de un año, por un cargo menor de concusión. Los demás involucrados fueron absueltos.

Las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses, evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana y muestran que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad que sentó sus bases durante décadas en todas las instituciones llamadas a prevenir y sancionar la corrupción.

Los casos mencionados tienen en común haber sido investigados y preparados los expedientes durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, caracterizada por el reinado de la impunidad.

Participación Ciudadana siempre ha abogado por el respeto y la mejoría de las leyes, el debido proceso y la justicia para todos, pero no podemos ocultar nuestra frustración al ver que, luego de años de espera, de procesos excesivamente lentos y accidentados, el Estado y el pueblo dominicanos sean sorprendidos con una respuesta del sistema de justicia que claramente se orientan al mantenimiento de la impunidad, a favor de quienes cometen enriquecimiento ilícito con el dinero público.

Hemos abogado por un Ministerio Público y una justicia independiente. En su momento, hemos denunciado la repartición política de las posiciones judiciales, siempre a favor del partido en el poder, pero también con participación de la oposición. El temor que crece en la ciudadanía es que los esfuerzos que en este momento se realizan por parte de un Ministerio Público independiente, sean echados al zafacón por jueces complacientes, comprometidos o excesivamente inclinados hacia figuras del poder, protegidos por legiones de abogados, muchos o algunos de los cuales son pagados con los recursos sustraídos.

El sistema de justicia es un todo que incluye a jueces y fiscales. La ciudadanía no hace diferencia si la impunidad se impone por culpa de una investigación mal hecha por los fiscales, o por una sentencia equivocada o corrupta de los jueces.  La credibilidad de la justicia descansa en todos sus actores y está ampliamente demostrado que tiene gran influencia en el crecimiento de los niveles de delincuencia, corrupción y violencia. Incluso es un elemento primordial en la cohesión social y en la visión que se crean las nuevas generaciones sobre sus esperanzas de vivir y progresar en una sociedad donde la justicia no funciona. 

Participación Ciudadana alerta frente a los evidentes indicadores de que se pretende frustrar los esfuerzos anticorrupción que se desarrollan con amplio apoyo popular. Esta embestida tiene varios frentes, las sentencias en los tribunales son solo uno, sin dejar de mencionar la lentitud y hasta paralización en el conocimiento de los casos, como el Anti pulpo que, habiendo presentado acusación hace nueve meses, aún no ha iniciado la audiencia preliminar. A este preocupante panorama se agregan los ataques a todos los organismos públicos encargados de la prevención y persecución de la corrupción, como lo son el Ministerio Público, la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.  No queremos que ningún inocente sea condenado, pero tampoco que ningún culpable sea absuelto. El Ministerio Público y la judicatura están llamados a jugar el rol histórico que les toca en momentos en que el país ha depositado sus esperanzas en una justicia independiente, transparente y bien administrada.

Que el rigor de la ley caiga sobre todos por igual, sin consideraciones especiales para quienes, prevaliéndose del poder o influencias, hayan sustraído el dinero público. 

CONSEJO NACIONAL

13 de septiembre del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional y la Junta Central Electoral expresaron ayer, nueva vez, su respaldo para la aprobación de las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos, que buscan el fortalecimiento del sistema democrático en la República Dominicana.

Este respaldo fue expresado en la tertulia “Hablemos de las Leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral", organizada por el movimiento cívico, y que contó con la participación de Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral; Desirée del Rosario; coordinadora del Centro de Estudios de Género de Intec, y Santiago Sosa, Ex Juez Titular del Tribunal Superior Electoral y miembro de la Comisión de Análisis Político de PC.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, quien expresó que la Ley No. 15-19 de Régimen Electoral, así como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, tutelan el derecho fundamental a elegir y ser elegido, fundamento de todo sistema democrático, principalmente para un país como República Dominicana con un mandamiento constitucional de ser un Estado Social y Democrático de Derecho. “A raíz de esto, es de vital importancia que las reformas de estas leyes puedan garantizar la efectiva aplicación de este derecho a elegir y ser elegido”, puntualizó.

Por su lado Román Andrés Jáquez sostuvo que el país se encuentra actualmente en un importante y necesario proceso de reforma a su marco jurídico electoral, y que estos procesos de adecuación y perfeccionamiento de los sistemas electorales y más específicamente la legislación de esta materia, suelen ser un componente neurálgico para el desarrollo y la sostenibilidad de la democracia.

Una de las principales propuestas de la JCE es el establecimiento de topes para el gasto de precampañas y campañas, para fomentar el principio constitucional de equidad en la contienda e impedir que las diferencias que pudiera haber en cuanto a los recursos de los que disponen las distintas organizaciones políticas afecten de manera excesiva las posibilidades reales de competencia, además de evitar que los gastos de los institutos políticos sean desmedidos.

“El contar con topes tanto para gastos como para aportaciones es una medida que favorece la competencia y reduce desequilibrios. Cuando los topes de gastos de precampaña y campaña son tan altos, como los que tenemos en República Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna ineficiente”, afirmó Jáquez.

En ese sentido la propuesta de la Junta Central Electoral consiste en reducir un 75% los montos que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular durante la precampaña y un 65% los topes durante la campaña. Conforme la normativa vigente el tope de gasto para la precandidatura presidencial -tomando en cuenta el padrón del año 2020- pasaría de RD$527,095,240 pesos a RD$131,773,810 pesos, mientras que el tope de gastos para la candidatura presidencial pasaría de RD$922,416,670 pesos a RD$322,883,484 pesos.

Por su parte, Desiree del Rosario señaló que se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público.

Los participantes consideraron que resulta imprescindible que la paridad tenga una serie de características específicas que la convierta en una paridad fuerte y que esa medida esté acompañada de un sistema electoral favorable al género, de la voluntad política, de un movimiento de mujeres activo, que vigile la aplicación e implementación de la paridad.

Mientras Santiago Sosa señaló en su intervención que la ausencia de una legislación actualizada que incorpore los aspectos que por meses se han venido discutiendo, no solo potencializa la posibilidad de una crisis electoral en los subsecuentes procesos electorales, sino que acentúa la desigualdad, en la medida que la ley es oponible a todos y todas y las decisiones judiciales, sólo a quienes actúen en justicia y obtengan decisiones favorables a sus causas.

Los participantes de la tertulia señalaron que la aprobación de estas propuestas y las demás sometidas resultan ser primordiales para el diseño de un sistema electoral que permita a la República Dominicana la realización de elecciones conforme los parámetros internacionales de buenas prácticas.

31 / 8 / 2022

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ve preocupante la falta de voluntad de los actores políticos para las modificaciones de la Ley 15-19 de Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Indicaron que la Junta Central Electoral realizó un aporte valioso, presentando propuestas muy bien fundamentadas para la modificación de la Ley Electoral y de Partidos. Desde inicio de este año 2022, los actores políticos y sociales, junto a representantes de la JCE, se sentaron a discutir las reformas del sistema electoral en el marco del Consejo Económico y Social (CES).

El coordinador general del movimiento cívico, Joseph Abreu, precisó que ya fue entregado un informe de resultados de las mesas de diálogo, sin que el Congreso Nacional le haya asignado la urgencia que merece, frente a la inminencia de un proceso electoral que ya muestra indicios de precipitación.

“En la contienda electoral pasada, fueron evidentes y reconocidas las dificultades para hacer operativa las leyes electorales y de partidos, las cuales, claramente, no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político electoral. Es importante mencionar que algunos artículos de las referidas leyes han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”, expresó Abreu en rueda de prensa.

Participación Ciudadana señaló que, con el inicio de la legislatura, es urgente que el Congreso Nacional ponga en agenda la discusión de las leyes 33-18 y 15-19 para su modificación, con la finalidad de fortalecer el sistema electoral y de partidos.

“Los Partidos Políticos son instrumentos fundamentales en la consolidación y profundización del funcionamiento democrático de la Nación, y a su vez instituciones claves de representación. No obstante, cuando las regulaciones no son suficientemente eficientes, preventivas y sancionadoras, se producen serias distorsiones en el sistema político y se afecta la equidad, la transparencia y la legitimidad, valores fundamentales de la democracia”, expresaron.

Joseph Abreu indicó que la institución entiende que todos los sectores tienen conciencia de las deficiencias de las referidas leyes y de que es necesario corregirlas antes de abocarnos a un nuevo proceso electoral.

En este orden el movimiento cívico realizó hincapié en algunas modificaciones propuestas por la Junta Central Electoral que tienen mucho impacto y requieren ser aprobadas con tiempo, de manera que, en el 2024, el país pueda salir fortalecido.

En lo referente a la Ley 15-19

•             Avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical

•             Reducción de los plazos de apertura de campaña

•             Eliminación de la sumatoria de votos, con excepción del nivel senatorial

•             Reducción de los topes de los gastos de campaña por organización y por candidatura

•             Reducción de los topes de las contribuciones individuales

•             Fórmula de repartición de escaños más democrática

•             Establecimiento de crímenes y delitos electorales y sus sanciones

•             Establecimiento de un Ministerio Público Electoral

•             Plazos y sanciones relativos a los informes de ingresos y gastos

•             Establecimiento de crímenes contra la integridad de las elecciones

En lo relativo a la Ley 33-18

•             Modificación de plazos para las solicitudes y aprobaciones de reconocimiento

•             Establecimientos de nuevas infracciones administrativas electorales

•             Modificaciones al período de campaña interna y escogencia de candidatos

•             Topes de gastos de precampaña y contribuciones a los precandidatos

•             Tipos de propaganda permitida y prohibida

•             Modificación de las responsabilidades de la JCE en las primarias de los partidos

•             Definición del pago de los gastos de las primarias

•             Porcentaje de reservas de las candidaturas por parte de la dirección de la organización

•             Causas de pérdida de la personería jurídica de los partidos y agrupaciones

•             Sanciones de las infracciones administrativas

•             Regulaciones de las alianzas y coaliciones

Participación Ciudadana hace un llamado urgente al Congreso Nacional, en su función de legislar a favor del pueblo dominicano, a colocar en agenda las referidas leyes lo antes posible y llevar a feliz término el proceso de modificación de las mismas, adaptándolas a la Constitución y al reclamo generalizado del país de contar con un régimen electoral y de partidos más comprometido con los avances democráticos.

CONSEJO NACIONAL

25 de agosto del 2022

Puerto Plata, República Dominicana. En una alianza estratégica entre Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Casa Comunitaria de Justicia, la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, y más de 20 entidades públicas y de la sociedad civil, invitaron este miércoles a la ciudadanía, actores sociales y funcionarios públicos a la Feria Ciudadana por la seguridad y la convivencia pacífica que se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre en este municipio de Puerto Plata.

“Esta feria tiene como finalidad fomentar la participación de la ciudadanía y las instituciones del Estado en la construcción de una cultura de protección, prevención y denuncia, por el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica”, indicaron en nota de prensa.

El jueves 06 de octubre, en la explanada de la Casa Comunitaria de Justicia, ubicada en el Malecón, próximo al Anfiteatro La Puntilla, a las 6:00 pm será el acto inaugural de la Feria, con la conferencia magistral “La mediación en la resolución de conflictos como mecanismo para la convivencia pacífica”, a cargo del Dr. Nelson Espinal, presidente del Consejo del Centro Casa Comunitaria de Justicia.  

Además, estarán presentes la gobernadora provincial, Claritza Rochtte Peralta de Senior; el alcalde, Diómedes Roque García Núñez (Roquelito); la senadora, Ginette Bournigal de Jiménez; el procurador fiscal, Kelmi Duncan Torres, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu y el vicepresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaño.

Este mismo día, jueves 6, estarán realizando un encuentro con los alcaldes y directores municipales de la provincia de Puerto Plata, donde se estará presentando el Plan de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, que desarrolla el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía. Este evento está siendo coordinado con la Federación Dominicana de Municipios -FEDOMU-, la Federación Dominicana de Distritos Municipales -FEDODIM-, la Liga Municipal Dominicana y el Ministerio de Interior y Policía.

El viernes 07 de octubre, la Feria tendrá lugar en el Parque Libertad a partir de las 8:30 am, donde estarán los stands de las entidades participantes, en los cuales se visualizarán sus ejecutorias que están encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en las comunidades.

Igualmente, las organizaciones convocantes indicaron que se dispondrá de un auditorio para charlas y conversatorios sobre derechos humanos, identidad de género, prevención de violencia, manejo de conflictos, prevención del delito de trata de personas, prevención y persecución del delito electrónico, exposiciones sobre las buenas prácticas en seguridad ciudadana, entre otras actividades.  Simultáneamente, se estarán realizando otros conversatorios en la Dirección Regional de Educación y centros educativos.

“Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se integren y participen en esta feria, porque la seguridad, la prevención de violencia y del delito nos compete a todos y todas”, concluyeron en la nota.

Organizaciones coordinadoras:

Participación Ciudadana

Fundación Institucionalidad y Justicia

Casa Comunitaria de Justicia

Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de Puerto Plata

Con el auspicio de: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

24-08-2022