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Participación Ciudadana Convoca a Postulaciones para el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2024

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, anuncia la apertura del proceso de recepción de postulaciones para el "Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2024″, una distinción otorgada cada año en conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por las Naciones Unidas.

Este reconocimiento tiene como objetivo resaltar y estimular a las personas que se han destacado en la lucha por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos del Estado y el combate a las diversas formas de corrupción. A través de este premio, Participación Ciudadana busca no solo honrar el esfuerzo de individuos comprometidos, sino también educar mediante el ejemplo, presentando modelos de conducta dignos de ser emulados por la ciudadanía.

La selección del galardonado se basa en su trayectoria de vida, destacando su compromiso y contribución a la lucha contra la corrupción. Un comité especial designado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana analizará y evaluará las candidaturas recibidas, y el ganador será seleccionado a partir de las recomendaciones de dicho comité.

Las postulaciones están abiertas hasta el lunes 30 de septiembre de 2024. Los expedientes deberán incluir la hoja de vida del candidato o candidata, así como una carta que detalle sus méritos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Solo se tomarán en cuenta las postulaciones que cumplan con estos requisitos. Se exhorta a los postulantes a abstenerse de realizar cualquier tipo de promoción o gestión a favor de las candidaturas.

Para obtener más información sobre las bases del "Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2024″, los interesados pueden consultar los documentos adjuntos a esta convocatoria (ver más abajo).

Los interesados pueden enviar las propuestas a las oficinas de Participación Ciudadana o al correo [email protected]. Para más información, contacte a Marisol Marte en el 809-685-6200 ext. 221-223.

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República Dominicana gana Medalla de Oro en impunidad

Participación Ciudadana entiende que a pesar de las ligeras mejorías del país en materia de corrupción en los últimos años, el sistema de justicia ha fracasado una vez más en su lucha por reducir la impunidad con la sentencia de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que absuelve a los dos únicos imputados que quedaban en uno de los casos más grande de corrupción en nuestro país, que trascendió fronteras y nos llena de vergüenza ante la comunidad nacional e internacional, pues ante un caso de soborno confesado por el sobornante, no habrá nadie cumpliendo la sanción de rigor.

La mayor cuota de responsabilidad la lleva el ministerio público, que fue advertido en el 2017  por Miriam Germán Brito del déficit probatorio de este caso,  pero no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo, y por el contrario se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el Juez de la Instrucción del caso, pues era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos por unos codenomes, pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces.

Es importante que quede en la conciencia nacional que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario con efectividad, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el ministerio público donde se comprometió a devolver el duplo de los 92 millones de dólares admitido como soborno y también asumió el compromiso de identificar a los sobornados, obligación que el ministerio público jamás reclamó su complimiento.

Por eso nos preocupa el lenguaje utilizado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia, cuando en dos ocasiones señala la “inexistencia” del crimen de soborno (4.43 y 4.42), cuando debió referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados. Establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht.

Ante una sentencia definitiva corresponde al ministerio público realizar una evaluación interna y ofrecer explicaciones a la ciudadanía. Es importante también entender que cuando un crimen es cometido y no se castiga a los responsables, se compromete la credibilidad del sistema de justicia, no solo del órgano del sistema responsable de la ausencia de castigo.

Esta derrota en la lucha contra la corrupción en vez de desalentar los esfuerzos debe, por el contrario, obligar a redoblar los esfuerzos, teniendo como objetivo en lo adelante los cuatro casos de corrupción administrativa que se manejan en los tribunales en estos momentos, como son Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que, distintos al de Odebrecht, presentan una sobre abundancia de pruebas.

Un aspecto positivo que trajo la sentencia de Odebrecht fue el rechazo de la petición de extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de duración del proceso, en un caso que ya sobrepasaba los siete años, confirmando los precedentes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, de que no se trata de un plazo matemático en su cálculo, y que debe tomar en cuenta las características propias del caso, lo que trae tranquilidad en que los actuales casos de corrupción, que se han dilatado en el tiempo por incidentes y otras maniobras, no se verán amenazados por la extinción, pues la extinción, que no permite una sentencia al fondo de los casos, es tan nefasta como la ausencia de pruebas de un crimen cometido.

Participación Ciudadana ha iniciado un observatorio de los casos de corrupción administrativa y estará rindiendo reportes periódicos sobre el avance de los mismos.

Consejo Nacional

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OCC coordina acciones regionales para el monitoreo de compromisos anticorrupción

Estas jornadas de trabajo se realizarán con todas las coordinaciones nacionales de los 19 países que integran el OCC

En el marco de su segunda fase de implementación, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) coordina acciones regionales para dar continuidad al monitoreo y seguimiento de políticas públicas que contribuyan a combatir la corrupción y a fortalecer la gobernanza democrática en 19 países de América Latina.

Por medio de una serie de encuentros virtuales de trabajo con sus coordinaciones nacionales en: Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México, la plataforma ha identificado contextos específicos de cada país para promover sus próximas iniciativas en la lucha contra la corrupción.

El OCC, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y protagonistas sociales del continente, fue creado para dar seguimiento a los acuerdos adoptados por los gobiernos del hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas y la IX Cumbre de Los Ángeles, con el objetivo de impulsar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Estas jornadas permitieron además coordinar acciones de comunicación e incidencia con tomadores y tomadoras de decisiones en cada país, respecto al cumplimiento de los mandatos del Compromiso de Lima y de Los Ángeles.

Asimismo, se discutieron los obstáculos que enfrentan las coordinaciones nacionales al acercarse a personas que toman decisiones en los gobiernos. También se exploraron recursos esenciales para la comunicación y la generación de acciones de incidencia por país.

En las próximas semanas, las coordinaciones nacionales del OCC presentarán los resultados de los informes de evaluación del cumplimiento de compromisos claves derivados de la Cumbre de Lima y la Cumbre de Los Ángeles, los cuales han sido elaborados con la colaboración de más de 150 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), el Foro Ciudadano de las Américas (FCA) y el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) continúan trabajando para fortalecer las capacidades y habilidades de incidencia de la sociedad civil y otros actores, con un enfoque interseccional que incluye a diversos grupos poblacionales, para el monitoreo del cumplimiento e implementación de los compromisos en materia de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción, asumidos por los países de América Latina y el Caribe en el marco de la Cumbre de las Américas

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Participación Ciudadana realiza encuentro con periodistas y comunicadores sobre “Riesgos de Corrupción y Transparencia en el Financiamiento Climático y Delitos Ambientales”

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, a través del programa Gobernanza e Integridad Financiera Climática, sostuvo un diálogo con comunicadores y periodistas para socializar estrategias de divulgación y difusión de estudios realizados sobre los riesgos de corrupción en el financiamiento climático y los delitos ambientales, en el Hotel Crowne Plaza, Distrito Nacional.

El propósito del encuentro fue fomentar un intercambio dinámico de ideas y experiencias entre los participantes, con el objetivo de desarrollar estrategias efectivas de comunicación para el mencionado proyecto. Buscamos así maximizar su impacto y alcance en la sociedad dominicana.

Durante el evento, los y las participantes compartieron estrategias sobre como involucrar al ciudadano a dicha problemática, fomentar la opinión pública, la inversión en la educación climática y la manera de abordar estos temas para mejor comprensión.

El proyecto que cuenta con el apoyo financiero de Waverley Street Foundation de los Estados Unidos ha realizado cuatro (4) estudios “Mapeo Riesgos de Corrupción y adjudicación de delitos ambientales en la República Dominicana”, “Mapeo del flujo del financiamiento climático en la República Dominicana”, “Estudio Género y Cambio Climático en la República Dominicana” y Presentación “Estudio Empresas y Corrupción enfocado en Delitos Ambientales provincia Dajabón”.

Las palabras de bienvenida y socialización del proyecto estuvieron a cargo del coordinador general de Participación Ciudadana, Erick Hernández, quien expuso que el Estado Dominicano y las organizaciones de la sociedad civil, deben reforzar el aprovechamiento de los recursos naturales con criterios ambientales sostenibles, aprovechando los recursos naturales renovables de manera racional, de fortalecer la reforestación del país, las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la política nacional de desarrollo marítimo, como dispone el artículo 17 de la Constitución y las leyes especiales y buscar una trasferencia climática ejemplar.

La directora ejecutiva de PC, Fátima Lorenzo, habló sobre el marco del proyecto de Gobernanza e Integridad Financiera Climática y riesgos de corrupción. Además, en el evento se presentaron los resultados de la encuesta en línea coordinada por dicho proyecto, que busca medir la transparencia, rendición de cuentas y la inclusión en las políticas y acciones climáticas en la República Dominicana, y conocer más sobre el cambio climático, el crimen ambiental y la corrupción.

El programa tiene como metas principales:

– Hacer que la acción climática sea transparente e inclusiva, trabajando en asociación con las comunidades y la sociedad civil para garantizar procesos participativos de formulación de políticas con los más altos estándares de transparencia.

– Mejorar la rendición de cuentas climática, garantizando que las medidas de rendición de cuentas a nivel nacional.

– Ser veedor de la financiación climática, apoyando a las comunidades locales y los actores de la sociedad civil para monitorear activamente las inversiones climáticas.

– Proteger a las comunidades contra la impunidad, protegiendo a los defensores del medio ambiente y a los denunciantes en búsqueda de la justicia.

Santo Domingo

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La sociedad está estremecida por la corrupción y el abuso de poder de las pasadas autoridades, afirma Participación Ciudadana

El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, señaló en nota de prensa que, en los últimos días, la sociedad dominicana ha sido estremecida hasta sus cimientos por la publicación íntegra del expediente presentado por el Ministerio Público con el nombre de Operación Medusa, el cual involucra a quien fuera Procurador General de la República en el período 2016-2020, el señor Jean Alain Rodríguez. 

“No podemos decir que estamos sorprendidos por el intrincado entramado de delincuencia que muestra el Ministerio Público en este expediente, ya que, tanto nuestra organización como muchos otros sectores de la sociedad civil y de la prensa de investigación, habíamos denunciado las públicas y evidentes anomalías que se estaban cometiendo en el mismo órgano creado por la Constitución de la República para trazar y ejecutar las políticas públicas contra el crimen, la delincuencia y cualquier clase de violación a las leyes, al tiempo de servir como sombrilla protectora de la ciudadanía”, puntualizó la institución.  

Innumerables solicitudes fueron hechas al entonces presidente Danilo Medina para que destituyera a Jean Alain Rodríguez y detuviera los desmanes que se denunciaban. Pero esos reclamos nunca fueron atendidos y, por el contrario, ese funcionario gozó de un apoyo incondicional, comprometiendo así la responsabilidad de las más altas autoridades de su gobierno. 

El expediente presenta pruebas de que, en ese funesto período, proliferaron prácticas como las siguientes: 

  • Entrega de obras y contratos multimillonarios a cambio del cobro compulsivo de sobornos, al menos de un 20%, a una camarilla de amigos, familiares y allegados, por sumas que alcanzan miles de millones de pesos, que eran recolectados en efectivo en las mismas oficinas de la Procuraduría General. 
  • Sobrevaluaciones, vicios de construcción y faltantes en obras públicas, por demás diseñadas y construidas, imponiéndose ante otras alternativas más razonables, con la expresa intención de obtener enormes beneficios. 
  • Estafa al Estado y a la población en renglones de gastos masivos como la alimentación de las personas encarceladas. 
  • Triangulaciones de transacciones de compras, como lo fue la estafa por más de 12 millones de pesos en la compra de un solar, supuestamente para parqueos de la Fiscalía del Distrito. 
  • Instalación de una asociación de malhechores, integrada por amigos y parientes, justamente en la institución llamada a prevenir y perseguir la corrupción y el delito. 
  • Instalación de un sistema de espionaje para beneficio propio, el cual controlaba los movimientos, incluso de los propios integrantes de las fiscalías. 
  •  Instalación de cuentas y personeros pagados en las redes sociales, expresamente destinados a espiar y perseguir a periodistas críticos y honestos, así como a promover la imagen del procurador, con recursos públicos. 
  • Contratación de asesores extranjeros, con multimillonarios recursos públicos, para crear campañas de imagen y asesorar al jefe del Ministerio Público. 
  • Destrucción de evidencias, sustracción de equipos, incursión nocturna en las oficinas públicas para ocultar delitos y manipular expedientes.  
  • Utilización de oficinas públicas como comandos de campaña, incluyendo distribución de recursos a favor del candidato y el partido oficial. 
  • Desvío de recursos públicos hacia obras personales, como la construcción de villas.  
  • Entrega de bienes incautados a cambio de supuestos servicios de publicidad.   

El movimiento cívico enfatizó que, las 12,275 páginas del expediente presentado se constituyen en un material de lectura obligada. El juicio será una cátedra, no sólo para el sistema judicial y los profesionales del derecho, sino una escuela de civismo para todos los ciudadanos y ciudadanas, políticos y funcionarios públicos que podrán constatar lo que constituye la antítesis de un servidor público y mirarse en el  espejo de lo que le puede pasar a quienes van al Estado a corromperse, mostrando un total desprecio por el respeto a las leyes, el honor y los principios morales que deben ser el fundamento de una sociedad civilizada. 

Participación Ciudadana expresó que comprende la estrategia del Ministerio Público al no incluir en el mismo expediente a funcionarios públicos del más alto nivel que podrían estar, y a los ojos de la ciudadanía están comprometidos, con estos y otros actos escandalosos y vergonzosos. Sin embargo, entendemos que la ley debe llegar a todos, incluyendo a quienes por comisión u omisión se hicieron partícipes de tales desmanes.  

El país atraviesa momentos muy importantes, determinantes en las aspiraciones de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. “El actual gobierno no puede darse el lujo de ceder o flexibilizar en una demanda que nos ha costado tanto esfuerzo y sacrificio. Por eso valoramos y saludamos las reiteradas muestras del presidente Luis Abinader de mantener con firmeza sus promesas de hacer una gran diferencia. El presidente conoce bien los riesgos de esta lucha y hasta ahora se ha mantenido firme, en una actitud muy loable”, indicó la institución.  

Participación Ciudadana expresa una vez más su confianza en el equipo actual del Ministerio Público y reitera su compromiso de apoyar y acompañarlos en este proceso. En estos momentos, el país entero debe sumarse al cuidado, el acompañamiento y el estímulo de personas como Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ellos y muchos otros magistrados representan una esperanza de una sociedad justa, democrática y progresista. 

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