El Movimiento Cívico exige cumplimiento de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, que califican como letra muerta en el país

Participación Ciudadana hizo un llamado a la población a organizarse e darle seguimiento a la gestión pública, para que tengan mayor posibilidad de participar y supervisar en las decisiones del Estado.

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, explicó que la República Dominicana y otros países de Iberoamérica se comprometieron a promover la participación de la ciudadanía en la gestión pública siguiendo las pautas contenidas en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, con el propósito de estimular la democracia participativa, la inclusión social y el bienestar de los pueblos de Iberoamérica.

Chami Isa denunció que dicha carta se ha convertida en letra muerta, por lo que esto tiene que cambiar.

Isa habló durante el panel sobre “Retos y Desafíos de la Implementación de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, en el que también expusieron Gregorio Montero, viceministro del Ministerio de Administración Pública; Javier Cabreja, director ejecutivo de PC y Ramón Tejada Holguín, sociólogo.

El Coordinador General del PC consideró importante y fundamental para la democracia, que se fortalezcan los niveles de Participación de los Ciudadanos, y así crear las condiciones que permitan que los sectores más vulnerables acceder a la defensa y exigencia de sus derechos, estableciéndose como un medio para la transformación social.

 Destacó que esto también contribuye al desarrollo del país, favoreciendo la inclusión y la cohesión social.

Agregó que la participación promueve la legitimidad, aprovechando las experiencias, capacidades y energías sociales de la ciudadanía y permitiría un avance institucional para la democracia, los principios y valores de nuestra Nación.

Mientras que Gregorio Montero, vice ministro del Ministerio de Administración Pública, destacó que desde el Estado Dominicano se está trabajando para fomentar e incrementar la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, facilitando las vías de libre acceso a la información pública.

Montero explicó que al momento de que el ciudadano obtiene la información, puede hacer sugerencias y exigir cambios en las decisiones adoptadas.

Posteriormente Javier Cabreja, director ejecutivo de PC,  señaló que el acuerdo contenido en la Carta Iberoameroamericana se desconoce de manera olímpica en la República Dominicana, a pesar de que ese pacto se firmó hace más de un año.

Cabreja informó que a esta carta se le debe sacar mayor provecho, ya que la misma hasta plantea mecanismos de participación de la población.  

El Director Ejecutivo de PC hizo un llamado a los servidores públicos a darle mayor importancia a este acuerdo, así como promover la capacitación de los servidores públicos y de la ciudadanía en general.

Al final, el sociólogo Ramón Tejada Holguín, hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y la población en general a asumir una actitud positiva, y tener una voluntad de cambio, que estimule a las personas a darle seguimiento a las iniciativas estatales y demandar cambios en caso de que sean necesarios.

Asimismo recomendó a la Instituciones Públicas crear estrategias para estimular la participación de la ciudadanía.

En este panel asistieron decenas de profesionales. Este encuentro forma parte de los trabajos del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia.

PC y Finjus consideran buenas relaciones con periodistas cubren fuente es provechosa Junta

Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificaron ayer como “preocupante”  la actitud del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario, de restringir las informaciones de interés público a la prensa, al afirmar que eso coartar la libertad de expresión.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, afirmaron que aunque para esos casos los medios  pueden hacer uso de la  Ley de Acceso a la Información Pública, todas las instituciones están en el deber de  suministrar las informaciones   respecto al trabajo que realizan y que son de interés público, sin  obligar a que se tenga que recurrir a esa legislación.

Comportamiento dudoso. Cabreja dijo que la actitud de Rosario evidencia su poca disposición y voluntad  de actuar con la debida transparencia en el manejo de los asuntos de esa institución que como la JCE, “debe ser totalmente transparente de cara al proceso electoral de 2012, y porque además, es una institución que maneja recursos del Estado”.

Estilo controlador. Para Castaños Guzmán, lo que ocurre en la JCE con los periodistas y el flujo de informaciones es propio de un “estilo controlador”.   “El que concentra  información, no deja de concentrar poder, pero si es información pública no es bueno”.

Los jóvenes indican que el deber del Estado es fungir como garante de una educación pública, gratuita y de calidad.

Cientos de jóvenes se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Educación en demanda de que se respeten la Constitución y las leyes y se cumpla con la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. 

La actividad fue organizada por la Red Nacional de Acción Juvenil y se llevó a cabo de forma simultánea en Santiago, Montecristi, Puerto Plata, Barahona, Bahoruco, La Romana y La Vega, frente a las oficinas de Educación.

José Luis Morillo, vocero de la Red, indicó que el deber del Estado es fungir como garante de una educación pública, gratuita y de calidad.

Morillo informó que por el contrario, desde el Estado se obliga a la población a permanecer en la oscuridad de las ideas y la ignorancia para que no pueda distinguir las mentiras que envuelven las ofertas electoreras, ni conocer como se derrochan sus recursos y de qué forma se endeuda el futuro en provecho de las fortunas personales de los funcionarios.

Los jóvenes entienden que buscar soluciones a los problemas de educación en el país es fundamental para producir el desarrollo integral necesario al que todos los dominicanos y dominicanas tienen derecho.

“La educación es el camino que nos conduce a romper con los lazos de la ignorancia y a formar ciudadanos/as responsables, con la capacidad de demandar sus derechos y ser consecuentes con el bien común” afirmaron en un documento la Red Nacional.

Los Manifestantes cuestionaron que la ética este siendo sustituida desde el Estado por anti valores que promueven el clientelismo, el individualismo, el dolo, la mentira y la deslealtad, formando personas sin sensibilidad social y apegadas a la corrupción como vía de ascenso social.

La Red Nacional de Acción Juvenil advirtió que “La exigencia ciudadana por el 4% hasta ahora ha sido desoída por quienes están llamados a hacerla efectiva, pero seguiremos recordándoles a nuestros funcionarios que ellos deben responder a los intereses nacionales, no a los de grupos de poder ni a los de organismos internacionales”.

La Agrupación de Jóvenes destacó que “En este momento, quienes gobiernan deben recordar que la soberanía reside en el pueblo y que deberán responder ante Dios, ante la historia y ante la justicia popular por actuar en desmedro de quienes los han elegido, ejecutando acciones siempre tendentes a soslayar los derechos fundamentales de la población: entregando los bienes de la Nación y aprobando préstamos y contratos atentatorios. Esto solo porque la población no es capaz de detectar los peligros y elementos ilegales de esas medidas”.

Finalmente, exigieron la asignación definitiva del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y que se empiece a velar efectivamente por la gratuidad y la calidad de la educación general, como lo establece la Constitución y la Ley General de Educación.

Organizaciones de la sociedad civil expresaron ayer su preocupación por la denuncia de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, de que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) nada ha hecho en una serie de audiorías donde se han detectado actos de corrupción.

Mientras que el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla, al ser entrevistado por los periodistas mientras asistía a una ofrenda floral de la Comisión de Ética, manifestó que “nosotros estamos haciendo la labor que nos corresponde”.

Al cuestionársele sobre el número de sometimiento a la Justica de personas ligadas a actos de corrupción se limitó a decir que “las estadísticas están ahí”.

Sin embargo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, el director Ejecutivo de Participación Ciudadana (PC) y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, cuestionaron el papel que está haciendo el director  de la DPCA, Hotoniel Bonilla.

Castaños Guzmán consideró que la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en la ley, está facultada para imponer sanciones a las personas que cometen actos de corrupción. “En materia de lucha contra la corrupción, en la República Dominicana se ha fracasado, eso es una realidad, ahora la Cámara de Cuentas, no solamente tiene la facultad de remitirle esos expedientes al Ministerio Público los casos que entienda haya vicios penales”, señaló.

Indicó que la Cámara de Cuentas puede resolutar aspectos que tienen que ver con sanciones administrativas y con sanciones civiles, y puede inclusive iniciar acciones de incautación y validar  sus resoluciones utilizando  procedimientos sumamente rápidos.

Cree indicios son suficientes para someter

Javier Cabreja, de Participación Ciudadana, consideró importante que una vez y por todas la Cámara de Cuentas comience a jugar su rol de control y de fiscalización de las instituciones públicas y del manejo de los recursos que hacen las instituciones, tras asegurar que en esas auditorías hay elementos suficientes para enjuiciar a los responsables.

Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción entienden que la impunidad del sistema político es lo que ha tornado en intocable a  Amable Aristy Castro.

Esto, pese a los constantes cuestionamientos como funcionario público. Los directivos de estas entidades mencionan además la capacidad del político reformista para mantenerse en alianza con las organizaciones que se han alternado en el poder. “Hay una impunidad tremenda, no hay sanciones, no hay voluntad política para combatir la corrupción y en consecuencia está sucediendo esto y va a seguir sucediendo”, deplora Chamir  Isa, coordinador de Participación Ciudadana.

Tanto él como Julio César de la Rosa, quien coordina a Adocco, entienden que la Cámara de Diputados tiene indicios irrefutables como para aprobar el juicio político que haría el Senado, para despojar del fuero parlamentario al representante de La Altagracia.

Aspiran a que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) someta a la Justicia al ex secretario general de la Liga Municipal Dominicana, quien gastó para beneficios personales RD$116.2 millones del presupuesto de ese organismo en 2006, según una auditoría de la Cámara de Cuentas.

Estas decisiones enviarían el mensaje de que “esta persona en esta oportunidad no debe salirse con las suyas”, advierte De la Rosa, quien señala que las auditorías de los años posteriores demuestran reincidencia en irregularidades, como abultamiento de nómina y ayudas económicas a personas que no están debidamente registradas.

Pero Chamir Isa advierte que lo que hace posible que funcionarios públicos delincan sin consecuencias es que el DPCA dependa del gobierno central, lo que le imposibilita actuar con libertad frente a los actos de corrupción. “Lo que hay que hacer con  Aristy es que el DPCA investigue el caso y lo someta a la acción de la justicia”, concluye.

Capacidad para aliarse

El coordinador de Adocco resalta la destreza de Aristy Castro para aliarse siempre al partido oficialista de turno. Cuando el Partido Reformista Social Cristiano salió del poder él se alió al de la Liberación Dominicana, pero luego un pacto con el Revolucionario Dominicano le permitió seguir como secretario general de la LMD, puesto que conservó en alianza con un PLD que regresaba al Gobierno. “Al extremo de que ya siente la posibilidad de que Hipólito Mejía sea presidente y ya esta buscándole el lado”, sostiene De la Rosa.

Plantea debe ir en igualdad de condiciones

El movimiento cívico Participación Ciudadana pidió ayer  a la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, que tome una licencia en las funciones que desempeña en el Despacho de la Primera Dama y los programas sociales que desarrolla.

Hablando a nombre de la entidad,  Javier Cabreja, director ejecutivo, consideró que de esa forma la primera dama de la República trabajaría en igualdad de condiciones frente a los demás precandidatos presidenciales  del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Cabreja reconoció que la doctora Cedeño de Fernández tiene todo el derecho de optar por la nominación a la candidatura presidencial peledeísta.

“Ella debe tomar una licencia, porque el Despacho de la Primera Dama maneja muchos recursos en programas sociales que podrían generar una competencia desigual entre los precandidatos”, opinó.

Consideró que será muy difícil la neutralidad de la Presidencia de la República en una competencia por la candidatura presidencial en la que está envuelta la primara dama.

Opinó que esa   candidatura introduce  un ruido en la competencia, ya que el peso del Presidente es un elemento que preocupa.

El Movimiento Cívico advierte un peligroso derrotero por las interpretaciones acomodaticias de la Constitución y normas jurídicas

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana denunció que la “aprobación” de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, como instituyen los artículos 102 y 112 de la Constitución de la República, constituye un atentado al orden constitucional y detona una crisis institucional de graves consecuencias.

Los miembros del Consejo señalaron que la decisión es más trascendente por cuanto sus autores han adelantado que harán lo mismo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que podría ser replicado cuando se proponga la Ley Orgánica del Referendo, y porque ocurre cuando funcionarios y legisladores mantienen una intensa promoción de la repostulación del presidente de la República.

Indican que es significativo que los legisladores oficialistas y el presidente Leonel Fernández, en la reunión del martes 29 de marzo en el Palacio Nacional, persistieran en ignorar las advertencias casi unánimes de los expertos constitucionalistas, ante el propio mandatario en un encuentro que auspició la noche del miércoles 23.

Al mismo también fueron invitados directores de los diarios cuyos editoriales han acompañado a los dirigentes de múltiples organizaciones empresariales y sociales que reclaman respeto al estado de derecho y a la institucionalidad democrática.

El Movimiento Cívico dijo que hasta líderes de partidos aliados al gobierno han coincidido en advertir las consecuencias de lo que se ha definido como un golpe de estado institucional.

A pesar de que este ha sido declarado como “el año de la transparencia y el fortalecimiento institucional” Participación Ciudadana ha venido advirtiendo un peligroso derrotero de interpretaciones acomodaticias de la Constitución y de relativización de normas jurídicas, que podrían tener como objetivo condicionar a la sociedad dominicana para otras más graves, como la referente a la prohibida reelección presidencial. Hemos denunciado las siguientes:

1.- La aprobación de la ley sobre los diputados nacionales, burlando el inciso 2 del artículo 81 de la Constitución que los instituyó para garantizar la representación de los partidos minoritarios, de tal forma que los cinco fueron a manos de los dos mayoritarios.

2.- La designación de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) en violación a la séptima disposición transitoria de la carta magna, según la cual “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”. Esa precipitación sin antes aprobar las nuevas leyes orgánicas del Tribunal Superior Electoral y de la JCE (“los nuevos órganos”) ha dejado la nación sin la instancia de arbitraje y contención que ahora estaría precisando el principal partido de oposición.

3.- Al advertirse que el inciso 10 del artículo 63 de la Constitución otorgó rango constitucional a la ley que dispone una inversión en educación de por lo menos el 4 por ciento del producto bruto, al aprobar el presupuesto del 2011, la “solución” fue suspender por este año la vigencia de la ley 66-97.

4.- Cuando en la Asamblea General de Municipios de enero pasado no se pudo imponer la candidatura a secretario general que proponía el gobierno, y aunque la mayoría promovía otro candidato, la “solución salomónica” fue prorrogar por un año a un secretario interino, ignorando su ley orgánica que establece la elección cada cuatro años.

5.- Los persistentes empeños de la mayoría oficialista en desconocer los alcances del artículo 277 de la Constitución que faculta al Tribunal Constitucional a conocer incluso los recursos de inconstitucionalidad derivados de decisiones del Poder Judicial, así como para ignorar el límite de edad de los 75 años que impone a los jueces el artículo 187 de la carta magna.

En Participación Ciudadana nos negamos a creer que el presidente Leonel Fernández vaya a acoger el clamor que le pide su repostulación para las elecciones presidenciales del 2012, consciente como el que más de las implicaciones y riesgos que tal paso conllevaría para él mismo, para su partido y la sociedad dominicana.

Señalan que en vista de que altos funcionarios del gobierno y legisladores, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, se han empeñado en recaudar más de 2 millones de firmas para reclamar una violación de la Constitución; que al efecto organizaron un acto masivo, gastando una considerable cantidad de dinero y con derroche de recursos públicos; y porque anuncian que inscribirán la precandidatura del mandatario; formulamos las siguientes advertencias:

a) El artículo 124 de la Constitución no deja espacio a las interpretaciones, como tampoco el pacto que firmó en mayo del 2009 con el excandidato presidencial Miguel Vargas Maldonado para viabilizar la aprobación de su proyecto de Constitución.

b) Es evidente que la sociedad rechaza una nueva reforma de la Constitución para posibilitar el continuismo, como lo han manifestado una impresionante proporción de sus líderes sociales, empresariales y religiosos.

c) En la actual coyuntura los promotores de la reelección no cuentan ni remotamente con los dos tercios de votos de quienes constituirían una hipotética asamblea revisora, por lo que para lograr ese objetivo tendría que apelar a métodos de compra de conciencia, clientelismo e imposiciones del poder.

d) Que contrario a lo que algunos pretenden, la aprobación de la repostulación del presidente Fernández mediante referendo, no se sobrepondría a la Constitución, por lo que de todas formas habría que agotar el recurso de modificación de la misma.

Por todo lo anterior sostenemos que una repostulación del presidente de la nación desataría una crisis institucional que afectaría no sólo la democracia, sino también la estabilidad económico-social y política de la República, Y, en consecuencia esperamos que la ponderación del doctor Leonel Fernández Reyna lo lleve a desechar ese traumático camino.

Consejo Nacional de Participación Ciudadana

6 de abril del 2011

Los miembros pusieron tiras amarillas a los vehículos que transitaban por la zona.

Empleados y miembros de Participación Ciudadana demandaron al Gobierno el cumplimiento de ley que dispone la entrega de un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto a Educación.

La solicitud fue hecha este lunes 4 de abril frente al Ministerio de Educación.

Los manifestantes portaban ropa, gorras, sombrillas y pitos amarillos color que identifica el movimiento del 4% para educación.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que los días cuatro de cada mes, Participación Ciudadana y un conjunto de organizaciones realizan diversas movilizaciones para demandar a las autoridades el cumplimiento de ley.

“ Es increíble la forma en que el Gobierno y las autoridades se niegan claramente a cumplir con las leyes y la Constitución de la República, poniendo en juego la estabilidad del país”, expresó Cabreja.

Otros miembros de PC que participaron en la jornada cívica fueron Zobeyda Apolito, Josefina Arvelo, Santiago Sosa, Jose Ceballos, Ruth Henrriquez, Laura Moya y otros integrantes de distintos departamentos de la Organización No Gubernamental.

PC advirtió que seguirá en pie de lucha hasta lograr que las autoridades cumplan con las leyes existentes y no se burlen de la población.

La asociación de jueces y juezas debe contribuir a fortalecer al Poder Judicial siempre que excluya la política partidaria y no sea utilizado en perjuicio de los usuarios del sistema de justicia.

Participación Ciudadana saluda los procesos de formación de Jueces Dominicanos para la Democracia y de la Asociación Nacional de Jueces de la República Dominicana, dos asociaciones en gestación que pretenden reunir a los jueces del país y orientarlos a acciones que contribuyan al fortalecimiento del Poder Judicial.

El Movimiento Cívico destaca el derecho a asociarse es parte intrínseca de la democracia y dimana de la propia Constitución, por lo que mal podría rechazarse por ser sus integrantes jueces del país.  Por el contario, este derecho ejercido correctamente debe contribuir al cumplimiento de la Ley de Carrera Judicial  y los reglamentos que la complementan y  a proteger la independencia funcional de los jueces, tanto de las amenazas  externas como de las internas, lo que redundaría en beneficio de toda la sociedad.

Señala que estas asociaciones pueden servir de contrapeso a la natural influencia que ejerce la Suprema Corte de Justicia a lo interno del Poder Judicial, y de manera particular a lo interno del Consejo del Poder Judicial, haciendo más eficaz la descentralización que se ha pretendido con la creación de éste último órgano.

Sin embargo,  Participación Ciudadana advierte del peligro de fraccionamiento de los jueces y juezas si se crean asociaciones en busca de intereses particulares. Igualmente advierte que el principal peligro que enfrentarán estas asociaciones serán los esfuerzos de los partidos políticos y de grupos de intereses ajenos a la justicia por controlarlas, como ha acontecido en otros Gremios. El partidismo político representa un cáncer para la justicia y  toda la sociedad debe estar vigilante de que estas asociaciones no se conviertan en vehículos para diseminarlo por todo el aparato judicial.

La Organización No Gubernamental agregó que igualmente, el Consejo del Poder Judicial debe convertirse en garante de que los jueces y juezas que han tomado la iniciativa de formar estas asociaciones, o de formar parte de ellas, puedan ejercer tales derechos sin retaliación ni persecución de ningún tipo y esperamos que no sean ciertas las denuncias de posibles traslados de jueces y juezas por estas razones.

PC dice confiar en que las asociaciones de jueces y juezas puedan actuar con total transparencia y alcancen la credibilidad necesaria para convertirse en protagonistas y no simples observadores, de  la segunda ola del proceso de reforma judicial, sobre todo en momentos en que los avances logrados en el Poder Judicial se encuentran en serio peligro.