Lanzan campaña sobre gestión de administración

El movimiento cívico Participación Ciudadana dijo ayer que espera  que el presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana no abusen de su mayoría  dentro del  Consejo Nacional de la Magistratura  para imponer a sus aspirantes

Javier Cabreja, director ejecutivo de la entidad, manifestó  que este proceso de selección de jueces no debe constituirse en una repartición de cargos entre los distintos partidos políticos.

Habló después del lanzamiento del proyecto “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública”, que  dijo será ejecutado en coordinación con Intermon Oxfam y  con los auspicios de la Unión Europea.

Santo Domingo.- La fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana propugnaron este domingo porque para el venidero proceso electoral los candidatos presidenciales que terciarán en el evento participen en debates electorales.

Servio Tulio Castaño Guzmán director ejecutivo de Finjus y Samir Chami Isa coordinador general de Participación Ciudadana dijeron que ya es tiempo de que el electorado dominicano conozca las propuestas, fortalezas y debilidad de quienes aspiran a dirigir a la nación.

Castaño Guzmán y Chami Isa favorecieron que en la ley de partidos políticos que conoce el Congreso Nacional se establezca la obligatoriedad de los debates electorales.

 Entrevistados en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, los ejecutivos de las entidades de la sociedad civil explicaron que hay que acabar con los insultos y diatribas entre candidatos para dar paso a los debates públicos.

Expresaron que los debates públicos contribuyen a la transparencia y el adecentamiento de la campaña electoral.

"Pero resulta que aquí los políticos le tienen un miedo como Satanás a la cruz a los debates electorales, siempre buscan argucias para evadirlos", se quejó el director ejecutivo de la Finjus.

Castaño Guzmán recordó que ante la ausencia de los debates electorales la Finjus organiza ponencias de los candidatos y luego se le hacen preguntas, pero lo ideal fuera que se produjeran debates electorales televisados.

Mientras que Chami Isa recordó que Participación Ciudadana siempre ha sido abanderada de que todo lo que concierne a la población se debe debatir públicamente.

"La importancia de los debates electorales radica en que la población en sentido general podrá ver debatir a quienes aspiran a gobernarla y quedarán sus promesas grabadas para enrostrárselas cuando las incumplan", dijo Chami Isa.

El coordinador de la Finjus y el director Ejecutivo de Participación Ciudadana reiteraron que ya es tiempo de cambiar los chimes y acusaciones por los debates entre candidatos.

 Candidatos para altas Cortes

El director Ejecutivo de la Finjus y el coordinador de Participación Ciudadana rechazaron que esas entidades pretendan controlar los trabajos del consejo Nacional de la Magistratura.

Castaño Guzmán y Chami Isa aclararon que tanto la Finjus como participación Ciudadana no tienen candidatos para integrar las altas Cortes.

Sin embargo, reiteraron su rechazo a la forma en que fue redactado el reglamento de aplicación de la Ley que regula el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) porque otorga poderes extraordinarios a sus integrantes.

Recalcaron en que para que el proceso de selección de los jueces de esas Cortes sea transparente debe ser abierto al público y el plazo para presentar candidatos debe ser extendido.

Los ejecutivos de Finjus y Participación Ciudadana dijeron que  el presidente Leonel Fernández tiene una nueva oportunidad de cerrar con broche de oro su gestión de gobierno auspiciando un proceso de selección de magistrados libre de cuestionamiento.

En lo que no estuvieron de acuerdo Castaño Guzmán y Chami Isa fue en la escogencia de políticos en esos altos tribunales.

Mientras el director ejecutivo de Finjus favorece que políticos de conductas ejemplares puedan ser escogidos en esas Cortes, Participación Ciudadana se opone radicalmente esa posibilidad.

Indicó que este proceso no debe de constituirse en una repartición de cargos de Partidos Políticos.

A solo horas del inicio de la reunión del Consejo Nacional de Magistratura, el movimiento cívico Participación Ciudadana dijo esperar que el Presidente Fernández y el PLD no abusen de la mayoría que tienen en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, indicó que este proceso de selección de jueces no debe de constituirse en una repartición de cargos entre los distintos partidos políticos.

Cabreja habló luego del lanzamiento del proyecto: “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública”, que será ejecutado en coordinación con Intermon Oxfam, con los auspicios de la Unión Europea.  Con este proyecto PC busca fortalecer la Administración Pública.

Refiriéndose al tema anterior, el Director Ejecutivo de PC, agregó que el proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Superior Electoral y Constitucional debe de estar revestido de la más absoluta transparencia de forma que se garantice que los que integren los nuevos tribunales tengan las condiciones técnicas, profesionales y morales adecuadas.

Asimismo destacó que es muy importante que un perfil predefinido sea lo que determine la selección de los magistrados de las Altas Cortes y no otros factores.

“Aquí sabemos que en el proceso de selección de los Órganos Constitucionales muchas veces lo que ha primado es la preferencia o la militancia de candidatos en un determinado partido político y esto atenta contra la necesaria libertad que deben de tener estos organismos”, señaló Cabreja.

Enfatizó que deben de tomarse en cuenta las condiciones mas adecuadas para que podamos tener jueces capaces, idóneos, íntegros e independientes en la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral.

Participación Social 

El Director Ejecutivo de PC demandó al Consejo Nacional Magistratura, órgano que inicio sus trabajos este jueves, a tomar en cuenta las propuestas de otras fuerzas políticas, así como de organizaciones empresariales y  sociales.

Javier Cabreja señaló que la sociedad civil tiene derecho  y facultad de presentar propuestas de candidatos y de objetar a aquellos que no reúnan las condiciones.

Cabreja también destacó la necesidad de que se respete la equidad de género en la escogencia de los integrantes de los nuevos Magistrados.

Lanzamiento de Proyecto

Participación Ciudadana lanzó el proyecto “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública” con el propósito de contribuir a una Administración Pública más eficiente.

Con este proyecto PC busca fortalecer la Administración Pública, su eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, a partir de la profesionalización, aplicación de las normativas de la función pública y la implementación de políticas públicas que priorice a la población más vulnerable, a través del aumento de la participación de la sociedad civil dominicana en un monitoreo que evidenciará el avance en la Administración Pública y su impacto en la calidad de sus servicios, según informó Samir Chami Isa, coordinador general del Organismo.

La actividad se llevó a cabo en un hotel de la Capital en presencia de directivos de varias Instituciones e invitados especiales.

El proyecto cuenta con el apoyo de Intermon Oxfam y la Unión Europea.

Javier Cabreja propugna porque haya menos limitación democracia

SANTIAGO.   A juicio del director ejecutivo del movimiento cívico  Participación Ciudadana, para que el país cuente con una democracia con calidad, se requiere de instituciones y actores fuertes que asuman sus roles,  además como una ciudadanía plena.

 El criterio fue externado este sábado por Javier Cabreja Polanco, en el transcurso de una conferencia dictada en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) en la que analizó la corrupción y pobreza en el país y sus consecuencias sociales, económicas y políticas. De acuerdo a Cabreja, la Nación carece de equidad social, ya que una parte de la población vive en la pobreza y otros están en la riqueza, por lo que se requiere de una mejora en ese aspecto. En su exposición, el dirigente de la sociedad civil expresó que las estadísticas actuales hablan que un 35 por ciento de los dominicanos vive en la pobreza, pero esta cifra se acerca a cada vez más a un 50 por ciento.

Expresó que la democracia no puede limitarse  a dos años o cuatro de procesos electorales  y que esta debe abrirse a canales de participación y que una democracia de calidad requiere de la actuación de los ciudadanos y los funcionarios públicos.

El movimiento no partidista Participación Ciudadana se une a las voces que propugnan porque la elección de los miembros de los tribunales Constitucional y Superior Electoral se realice de forma pública y transparente.

Samir Chami Isa, coordinador de la entidad, dijo que por motivos de la cercanía del proceso electoral  urge que el primer organismo en quedar conformado sea el Tribunal Superior Electoral.

Espera que los integrantes del Tribunal Constitucional, Superior Electoral  y la Suprema Corte de Justicia  sean personas con experiencia, principios éticos y morales y  que no militen ni tengan compromisos  con  partidos políticos y que respondan a los intereses del pueblo dominicano.

  “Queremos que no predomine la repartición, porque los partidos políticos se quieren repartir esos altos fueros”, dijo.

Entiende que deben ser fruto del consenso  los reglamentos que regirán el proceso de  conformación de  las entidades por parte del Consejo.  

Danilo Medina

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, manifestó ayer que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene la responsabilidad de escoger lo mejor para el país, porque necesita la creación de instituciones democráticas fuertes y la justicia es el primer pilar para eso. 

Sostuvo que hoy en día el mundo está buscando mercados para llevar sus capitales e invertirlos y nadie invierte en lugares donde no le ofrezcan seguridad jurídica, “de manera que yo espero que el CNM asuma el papel con toda la responsabilidad que el pueblo le ha puesto en sus manos y elija lo mejor para la nación”.

 César Pina Toribio

El ministro de la Presidencia,  César Pina Toribio, defendió el derecho que tienen los  miembros de partidos políticos a ser escogidos como jueces de estos tribunales. Sin embargo, aclaró que al defender ese derecho no se está refiriendo a nadie en particular.

Explicó que nada impide que  un profesional con una conducta ejemplar, por el hecho de que tenga una simpatía o militancia política pueda ser un juez de la Suprema Corte d e Justicia, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral. 

Dijo que lo que no sería correcto es  que se escogiera personas que vayan a representar intereses corporativos.

“Califican como necesario el monitoreo de las políticas públicas de juventud ya que solo cuatro Instituciones destinan mas de 592 millones de pesos para dichas iniciativas”.

La Red Nacional de Acción Juvenil (Rednajoven) con el auspicio de Participación Ciudadana, lanzó este martes 2 de agosto, el II Informe sobre Políticas de Juventud, esta vez monitoreando las ejecutorias de 17 instituciones públicas obligadas por las leyes a ejecutar políticas de juventud, entre los cuales se encuentran 11 Ayuntamientos y 6 Ministerios que fueron evaluados por los jóvenes.

José Luis Morillo Frías quien funge como uno de los coordinadores de la red expresó que “El balance es negativo, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, porque de las diecisiete instituciones seleccionadas para este monitoreo, solo ocho respondieron las solicitudes de información, nueve permanecieron en silencio administrativo y únicamente dos -de las ocho que contestaron- lo hicieron en el tiempo oportuno. Además, solamente dos entregaron documentos relativamente completos.”

El II Informe sobre Políticas Publicas de Juventud fue levantado con  informaciones recibidas de parte de los Ministerios y Ayuntamientos que carecen de elementos y detalles que permitan la reflexión profunda que amerita el tema, pero si dan una idea del nivel de compromiso que tienen las entidades públicas con la población juvenil.

Según el II informe de Juventud los recursos destinados a las políticas de juventud, por parte de las cuatro instituciones que dieron datos al respecto, alcanzan los 592 millones de pesos.

En cuanto a la situación y calidad de empleos de los jóvenes en estas instituciones públicas, el monitoreo arroja que de 176 mil 152 servidores públicos que laboran en las entidades que hicieron llegar sus listas de empleados jóvenes (personas con edades entre los 18 y los 35 años), 43 mil 325 personas cumplen con esa característica, representando un 24%, esto en desproporcionalidad al más de 50 % de la población que representa el sector juventud.

El estudio también trae a colación la situación de ilegalidad en la que se encuentran los Ayuntamientos en el aspecto del cumplimiento de varias leyes, entre ellas la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios que regula el funcionamiento de estas instancias.

La investigadora Dania Batistas, quien tuvo a su cargo la elaboración del informe precisó que: “Específicamente se incumple con el Artículo 225 de la normativa que manda la apertura de una Oficina de Acceso a la Información Municipal (OAIM), a fin de atender todas las peticiones de información que le dirijan los y las ciudadanos/as.”

El Informe concluye afirmando que “Estas irregularidades dejan al descubierto que sigue primando el sectarismo en el accionar de los funcionarios públicos y que prevalece la falta de transparencia en el manejo de las informaciones y los recursos del Estado, a pesar de que este 2011 fue declarado como “Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”

Nuevo informe ratifica instituciones y cabildos violan ley de Libre Acceso

Indica que la Suprema Corte Justicia no ha conocido recurso de inconstitucionalidad depositado por PC en contra de exoneraciones luego de un año.

El año pasado, el movimiento cívico Participación Ciudadana hizo de público conocimiento un informe contentivo del escandaloso caso de las exoneraciones de vehículos de lujo a los legisladores, abusando de sus funciones, y por medio de las cuales, el Tesoro Nacional había dejado de percibir más de mil millones de pesos en los ocho años previos.

Consecuencia de ello, nuestro propio movimiento sometió una acción ante la Suprema Corte de Justicia demandando la declaración en inconstitucionalidad de la ley que faculta a los miembros del Congreso a traer, cada dos años vehículos de motor exonerados sin límitación alguna, dándose el caso de que vehículos de las marcas más sofisticas, caras y reputadas mundialmente, entraran al mercado local libre de impuestos, en franca violación a lo preceptuado por la Constitucional de la República cuando “condena todo privilegio y situación que venga a quebrar la igualdad entre todos los dominicanos y dominicanas” y dispone que “la ley es igual para todos.” “Sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad…” , proscribiendo toda forma de corrupción, particularmente aquella de personas que se prevalezcan de sus funciones “para beneficio propio de familiares , relacionados o terceros.”

Pero pasado más de un año, todavía ni la Suprema Corte de Justicia ha conocido la instancia sometida por Participación Ciudadana, ni los miembros del Congreso han puesto en agenda algún proyecto que modifique y corrija esa mala práctica.

Por lo contrario ha continuado la fiesta. Traer carros lujosos se ha convertido en una fórmula de acumular riquezas y empobrecer al pueblo y a las comunidades a quienes los legisladores se deben, más que a sus propios partidos e intereses. En el mismo año 2010 el Ministerio de Hacienda procesó la exoneración de 127 exoneraciones más, con un sacrificio fiscal ascendente a RD$266.8 millones, con los cuales el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas, como por ejemplo en escuelas, hospitales, infraestructura, o múltiples otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.

Se trata de vehículos adquiridos a un costo promedio muy elevado, pues sumado el valor de compra más los impuestos dejados de pagar, en caso de haber sido adquiridos de acuerdo a las normas regulares aplicables a un ciudadano normal, el costo promedio de dichos vehículos comprados ascendió a casi seis millones de pesos.

La tendencia negativa se ha agravado respecto al listado que les entregamos el año pasado, según el cual pudo comprobarse que muchos legisladores alegaban no habían abusado de ese privilegio, al haber usado su exoneración para adquirir vehículos modestos. Pero cada día se ha convertido en más habitual que las exoneraciones correspondan a vehículos que, bajo cualquier parámetro de evaluación, se consideran de lujo, como Rolls-Royce, Maserati, Mercedes Benz, Bentley Continental, Ferrari, Lexus, Porshe, BMW, etc.

En el cuadro que acompaña esta nota se mencionan sólo los vehículos importados el último año con un valor CIF de más de seis millones de pesos. Pero hay muchísimos otros con valores de entre cuatro, cinco y seis millones, sin contar impuestos, lo que los coloca muy por encima de los seis millones si hubieran tenido que pagarlos. Es de notar además que es habitual ver aparecer el nombre de esos mismos legisladores dos años después adquiriendo exoneraciones para nuevos vehículos.

Sin embargo, lo grande del caso es que la mayoría de las veces el vehículo exonerado ni siquiera es usado en las labores congresuales. En numerosas ocasiones se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas por estos a terceros, convirtiendo este beneficio en una especie de tráfico que se presta a situaciones, si no ilegales, al menos carentes de ética e injustificables, porque no se supone que estos funcionarios públicos deban hacer negocios a costa del Estado. Incluso se ha dado el caso de que estos vehículos de lujo han ido a parar a poder de poderosos personajes, muchas veces con capitales cuya procedencia lícita no puede ser comprobada.

El listado de las exoneraciones enviado por el Ministerio de Hacienda a solicitud de Participación Ciudadana, en virtud de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de los medios, y además puede ser consultado por cualquier ciudadano interesado, entrando a la página web de Participación Ciudadana www.pciudadana.org

Se recuerda que los legisladores han venido haciendo sucesivas reformas a la antigua ley Número 50 de 1966, para provecho propio. La primera ley posibilitaba la importación de un vehículo modesto, sólo cada cuatro años, y sin posibilidad de reventa. Pero con las modificaciones posteriores los legisladores eliminaron la restricción a venderlos, volvieron a modificar la Ley para optar por una segunda exoneración al cabo de dos años, y finalmente se eliminaron las normativas que evitaban la importación de vehículos de lujo, permitiendo la importación sin límite de precios, marcas, modelo, año o consumo de combustible. Es decir, se cambió el espíritu de la ley orientado a evitar que la misma se convirtiera en un privilegio.

El Movimiento Cívico manifiesta preocupación por estragos de Cambio Climático

Participación Ciudadana manifestó preocupación por los problemas ocasionados por el cambio climático en la República Dominicana y en el mundo.

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, informó que el cambio climático ha provocado un aumento de la temperatura de 0.6 grados celsius a nivel mundial, lo que se siente mas en la región del Caribe por el clima que predomina.
Chami Isa explicó que estudios revelan que el aumento de temperatura provoca problemas a algunos cultivos agrícolas, así como también mayor evaporación del mar, lo que ocasiona un incremento de la cantidad de lluvia y fenómenos metereologicos, así como una temporada ciclónica mas activa en la República Dominicana y región del Caribe.

Para disminuir la incidencia de estos disturbios climáticos, Participación Ciudadana, capitulo dominicano de Transparencia Internacional, lanzó el Proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia, Responsabilidad e Integridad en la Gobernabilidad Financiera Climática”, que será ejecutado con el Fondo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania.

A través de este proyecto el Movimiento Cívico pretende monitorear los fondos suministrados por agencias internacionales para proyectos relacionados con el cambio climático en el país con el objetivo de promover la transparencia, integridad y rendición de cuentas en el uso  de los mismos.
Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana, destacó que este proyecto  también busca una mayor eficiencia, efectividad y equidad en el financiamiento de los trabajos de mitigación de los cambios climáticos, así como una mayor legitimidad de las políticas y mejor contribución  a la reducción de la pobreza y al logro de los objetivos de desarrollo.
“Estamos conscientes que los  cambios climáticos y la corrupción impactan con mayor severidad a los países pobres, lo que puede afectar incluso la soberanía de estados insulares como la República Dominicana”, señaló Chami Isa.
Llamado al Gobierno.

Participación Ciudadana hizo un llamado al Gobierno para que ejecute una Estrategia de Cambio Climático en el país, tomando en cuenta las dimensiones ambientales, sociales y económicas.

Asimismo destacó que es imprescindible que la sociedad civil preste atención a dicha Estrategia, su ejecución e implementación y que la ciudadanía esté atenta y alerta para que los  recursos necesarios para financiar la adaptación y la mitigación al cambio climático no se constituyan en una fuente de corrupción en la República Dominicana.
Señaló que “No solo el gobierno dominicano tiene responsabilidad exclusiva en esta tarea para la adaptación al cambio climático y la mitigación, sino también el sector privado tiene un rol clave como la principal fuente de financiamiento de la economía verde”.

En el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia en la Gobernabilidad Financiera Climática”, también participaran los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de  Perú, Bangladesh, Kenya, Maldives y México.

Estudio de Transparencia Internacional sobre Cambio Climático.

Transparencia Internacional realizó el estudio “Informe Global de Corrupción: Cambio Climático” que reveló que la corrupción representa un riesgo para la respuesta al cambio climático.
El estudio indica que las inversiones totales de las iniciativas de mitigación del cambio climático ascenderán a casi US$ 700.000 millones de dólares para 2020 según estimaciones, sin embargo solo se realizarán inversiones públicas de alrededor de US$ 250.000 millones al año a través de nuevos canales nunca probados y sin demasiada coordinación.
La investigación también evidencia que los riesgos de corrupción en los proyectos de cambio climático son altos debido al nivel de complejidad, falta de claridad y novedad que acompaña a muchas de las cuestiones climáticas.
Para contrarrestar este problema Transparencia Internacional recomienda un  monitoreo minucioso de los proyectos, aprendizaje rápido y una estrategia activa para eliminar las oportunidades de corrupción.
Asimismo reseñó que ninguno de los 20 países más afectados por el cambio climático obtuvo un puntaje superior a 3,6 en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde 0 significa extremadamente corrupto y 10 indica muy transparente.
El Informe Global de Corrupción: Cambio Climático también señala que los grupos más afectados por las consecuencias negativas del cambio climático son: las comunidades indígenas y rurales pobres en zonas remotas, la población urbana pobre que habita en asentamientos precarios y las personas desplazadas que deben ser reubicadas.
Entre las principales medidas de mitigación se pueden mencionar la creación de mercados de carbono, el establecimiento de estándares de emisión y políticas de eficiencia energética, y las iniciativas voluntarias para avanzar hacia una economía con bajos niveles de emisión de carbono; así como la implementación de fuentes de energía renovable, como la energía solar y eólica.
Hasta el momento solo se han asignado US$200.000 por país para la formulación de programas nacionales de acción para la adaptación (PNAA) en los países menos desarrollados, pero a pesar de esto aún no se ha definido cuáles serán las cantidades destinadas al desarrollo de capacidades.
El Informe Global también revelan la necesidad de una sociedad civil y medios de comunicación activos.
Emisión de Fondos complica Rendición de Cuentas.

El Informe Global de Corrupción: Cambio Climático indica que el desembolso de fondos para la adaptación se canaliza a través de varias fuentes bilaterales y multilaterales, entre ellas seis fondos bilaterales específicos para el clima, dos Fondos de Inversión sobre Clima del Banco Mundial y los fondos de la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto, incluido el nuevo Fondo Ecológico para el Clima.

Todos cuentan con diferentes sistemas de gobernabilidad y normas de intervención, y esto complica la rendición de cuentas frente a los afectados por el cambio climático.

Casi la mitad de los compromisos estadounidenses asumidos en Copenhague y Cancún sobre financiamiento inmediato se canalizarán a través del Banco Mundial durante 2011 y, por lo tanto, estarán sujetos a los marcos de gobernabilidad de esa institución