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Transparencia Internacional insta a la gestión justa y responsable del Fondo Verde para el Clima

El gasto de hasta $100 mil millones por año para proyectos de cambio climático debe hacerse de manera transparente e íntegra

Participación Ciudadana, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional,  y en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia, Responsabilidad  e integridad en la Gobernabilidad Financiera Climática”, que ejecuta junto esta organización y otros 5 capítulos: México, Perú, Bangladesh, Maldivas y Kenia; acoge con satisfacción la declaración de este grupo anticorrupción de instar hoy al Consejo del Fondo Verde para el Clima a dar a los ciudadanos una voz mucho mayor en sus sesiones si se espera seguir adelante con su objetivo declarado de ser "transparente y responsable" en sus esfuerzos para proteger nuestro planeta contra los efectos del cambio climático.

Esta semana se estarán tomando las decisiones cruciales sobre la mejor forma de gestionar hasta 100 mil millones de dólares al año para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la reunión inaugural del Consejo del Fondo Verde para el Clima en Ginebra, Suiza.
"Necesitamos un equilibrio entre la urgencia de lograr resultados y la diligencia exigida para proteger los recursos para el Cambio climático y garantizar su eficacia", declaró Lisa Ann Elges, Jefa de Financiamiento Climático de Transparencia Internacional.
Participación Ciudadana, al igual que Transparencia Internacional, entiende que los observadores de la sociedad civil al Fondo Verde para el Clima pueden aportar un conocimiento importante, experiencia e imparcialidad para ayudar a diseñar políticas que son fuertes y adaptadas a las necesidades de la gente. En ese sentido, la propuesta actual permitirá a dos observadores de la sociedad civil que participen activamente en las reuniones del consejo – uno de un país desarrollado y otro de países en desarrollo – mientras que el resto de la sociedad civil tendrá que monitorear el proceso desde las líneas laterales. Esto representa un gran desafío para el logro de una participación significativa.
La transparencia, debe llevarse a cabo de manera más proactiva y en este orden se recomendó al Consejo del Fondo Verde para Clima, transmitir sus reuniones por la web, buscando, lo más posible, la celebración de debates abiertos, reuniones transparentes y la creación de canales para que la gente contribuya de manera más significativa a las actividades del fondo mediante el intercambio de información, conocimientos e ideas.
Contacto en Participación Ciudadana:
Carlos Pimentel
Responsable del Programa de Transparencia
Lizzy Solano
Coordinación Técnica Proyecto Gobernabilidad Financiera Climática

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PC califica positivo discurso de Danilo Medina

Sin embargo indica que el primer decreto del presidente marca una cierta contradicción con el discurso

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana calificó como altamente positivo el discurso del nuevo presidente Danilo Medina en sus planteamientos generales debido a que concreto en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud y del combate a la corrupción,  pero con limitaciones sobre los problemas fiscales, las reformas políticas y electorales y los mecanismos para imponer austeridad y reducir el dispendio de los recursos públicos

El Consejo saludó el anuncio de la próxima convocatoria a todos los sectores sociales para concertar un gran pacto social que en los próximos cuatro años saque de la pobreza a millón y medio de personas.

Destacó que esto es necesario para acordar “soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”.

También valoramos la promesa de “pactar con la sociedad una reforma fiscal integral que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En el discurso se asomó vigorosamente el propósito de un nuevo estilo de gobierno y un modelo de desarrollo más inclusivo, que reduzca las desigualdades, la pobreza, la exclusión social y mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía, con “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público”.

Asimismo es alentador el propósito de enfrentar la corrupción y poner fin a la impunidad  y que el presidente se declarara “amoroso con los buenos, los honestos y los humildes e implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios”.

Otro punto importante del discurso y que PC espera que se cumpla a cabalidad es que el nuevo gobierno “será intolerante con actos de deshonestidad y el despilfarro de los recursos”, fortaleciendo los instrumentos de  prevención, corrección y sanción. Luego habló de “una gestión pública eficiente, transparente y honesta”.

Positivo también fueron los planteamientos Medina de crear la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental para sustituir la desacreditada Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y el de obligar a todos los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas”.

Educación y salud

El discurso fue explícito en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud públicas anunciando su descentralización especialmente en el primero, proclamando la educación como el nuevo nombre de la libertad, y reafirmando que desde el 2013 cumplirá el compromiso de invertir el 4 por ciento del producto interno a la educación preuniversitaria, poniendo atención a una de las demandas más sentidas y sostenidas de la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana da un cálido respaldo el proyecto para erradicar definitivamente el analfabetismo en el país.

Hay que saludar también el anuncio de una “Reforma Integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, lo que permite asumir que implica una desmilitarización de ese organismo para conferirle el carácter de institución civil que hace tiempo se reclama.

De los tres grandes pactos que ha venido enunciando el nuevo presidente, sólo  explicitó el de educación y parcialmente el de electricidad declarando este sector “de Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”, pero es obvio que se relegó toda formulación sobre el pacto fiscal, como también cualquier referencia al enorme déficit fiscal con que asume el gobierno.

Otros elementos positivos fueron los planteamientos sobre equidad de género y sobre fondos para promover las micros y  pequeñas empresas y la producción agropecuaria.

Omisiones del discurso

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que el discurso presidencial fue de grandes proyecciones pero con muchas omisiones, por ejemplo de cómo se va a imponer un régimen de austeridad y suprimir el derroche y la malversación de los recursos públicos.

Debemos asumir que será una prioridad para las próximas semanas, ya que el licenciado Medina habló de empezar con el ejemplo, incluso antes de convocar al pacto social.

PC también denunció que fue notable que Danilo Medina ni siquiera aludió a las pendientes reformas a la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos políticos.

Se echó de menos también alguna referencia a importantes temas como  la protección de los recursos humanos y medio ambiente, el transporte, la producción industrial y la competitividad.

Contradicciones primer decreto con discurso

 El Movimiento Cívico no partidista señaló que es inevitable señalar que el primer decreto del presidente marca una cierta contradicción con el discurso. Por ejemplo, fue relevante en el discurso la reivindicación de los derechos de la mujer y la igualdad de género, pero con poca representación en el gabinete.

Por igual se anuncia una reforma integral de la Policía, pero se ratifica el Ministro de Interior y Policía y al titular de la institución encargada del orden público y la persecución del delito.

Lo mismo ocurre con la planteada restructuración y profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Participación Ciudadana expresa su aliento al discurso del presidente Danilo Medina, al considerarlo altamente positivo, propositivo y abierto a todos los sectores, con la esperanza de que pronto se inicien las concretizaciones correspondientes.

Entiende que todos los sectores deben colaborar para que se hagan efectivas las rectificaciones planteadas para que esta pieza oratoria se diferencie de otras que se quedaron en el plano de la retórica y pasaron a engrosar volúmenes de promesas incumplidas.-

 

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Consejo Nacional de PC designa nueva Directora Ejecutiva

La designación de Rosalía Sosa se llevó a cabo por mayoría de votos de los miembros del Consejo Nacional

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designó a la Dra. Rosalía Sosa Pérez como nueva directora ejecutiva de la organización.

Previo a esta designación, Participación Ciudadana realizó una convocatoria pública en la que participaron 10 candidatos y candidatas, entre los cuales la Comisión designada, seleccionó una terna la cual fue presentada al Consejo Nacional.

Sosa Pérez ingresó a Participación Ciudadana como miembro activo desde el año 2007 y ha pertenecido al Consejo Nacional, al Comité Coordinador, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Fortalecimiento Institucional.

Dentro de las funciones que ejercerá la nueva Directora Ejecutiva están las de planificar, coordinar y supervisar las actividades operativas y administrativas de Participación Ciudadana, así como servir de enlace entre los órganos de dirección de la entidad, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Asamblea General, el Consejo Nacional y el Comité Coordinador.

La Dra. Sosa Pérez, sustituye al Licdo. Javier Cabreja renunciante, quien desempeñó con notable éxito sus funciones continuando su trabajo como voluntario, posición con la que se inició en la institución.

Trayectoria de Rosalía Sosa Pérez

La Dra. Sosa Pérez es abogada y economista, con maestría en Planificación de la Economía Nacional, con especialidad en Derecho Penal y doctorado en Derecho.

Ha laborado en los proyectos de reforma y modernización de la justicia auspiciados por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD),  National Center States Courts, Chemonics International y  DPK Consulting,  financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dentro del ámbito docente y docente-administrativo, la Dra. Sosa Pérez  ha sido responsable Ad-Honorem de la Cátedra UASD-UNESCO: Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia, coordinadora de la Cátedra de Derecho Penal y directora de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sosa ha coordinado la maestría en Derecho Penal y en la actualidad  coordina el Programa Doctoral Sociedad Democrática, Estado y Derecho bajo el auspicio de la Universidad del País Vasco y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Asimismo es docente de grado y postgrado tanto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como del programa Doctoral de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz, Bolivia y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México,  bajo la coordinación de la Universidad del País Vasco.   Es facilitadora del Curso Virtual sobre Derechos Humanos auspiciado por la Organización Azmos, País Vasco.

La nueva Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana también es autora de  los libros “El derecho a la Defensa en un Estado de Derecho”, “A la Cárcel: La protección de los Derechos por la Justicia”, “La Defensa Pública en la República Dominicana” y “La Presunción de Inocencia”.

Además, es coautora de “Introducción al Estudio del Derecho”, “Análisis de la Situación de la Enseñanza-Aprendizaje de los Derechos Humanos en el Área de Educación Superior, en las Facultades y Escuelas de Derecho” y de la “Constitución Comentada”.   Es articulista de la Revista Derecho y Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD  y en la revista mensual “Gaceta Judicial”, sobre temas de derechos humanos, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, entre otros.

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Debate Acceso a la Información Vs. Datos Personales en la República Dominicana

25 de Julio, Santo Domingo, Participación Ciudadana realizará el miércoles 1ro de agosto del 2012 un  debate sobre la Ley de Acceso a la Información vs. Datos Personales en la Rep. Dom., el panel estará integrado por los destacados juristas:

  • Dra. Laura Acosta Lora: Abogada que se ha hecho notoria por la defensa del derecho que tienen los usuarios a la información.  Fue la jurista de la parte acusadora en el caso Metro/Santo Domingo, donde tubo ganancia de causa y obligando a la OPRET a entregar todos los estudios empleados para la construcción del Metro de Santo Domingo, este caso se convirtió en el primer triunfo ciudadano en la defensa  del derecho a la información.
  • Dra. Berenice Barinas: con un PhD en “Estado y Derecho” es Directora Oficina de Acceso Información Pública en Procuraduría General de la República, en su gestión, en esta oficina ha logrado los mejores índices de evaluación en los diversos ranking y monitoreos de atención al usuario en cuanto a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
  • Lic. Fabián Díaz: politólogo y periodista, es el actual Coordinador de Unidad de Transparencia del CONARE, se ha destacado en la defensa que la ciudadanía tiene de acceder libremente a la información pública, en el ejercicio de sus funciones ha hecho una cruzada por los diversos niveles de la administración estatal para que se mejoren los estándares de libre acceso a la información.
  • Dr. Reemberto Pichardo Juan: Abogado procesalista con un master en derecho civil, se ha destacado por llevar la defensa en los tribunales de sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil en materia de libre acceso a la información pública

Últimamente se han desatado conflictos, ante la negación de información a ciudadanos que acuden a instituciones públicas  en busca de datos tales como: Nóminas de empleados y distintos beneficiarios sociales y demás, los alegatos de las instituciones públicas consisten en que muchas de estas informaciones requeridas por la ciudadanía contienen datos personales, como son los número de cédula, y que de entregar esta información al publico, podrían constituirse en una violación del derecho a la privacidad  de las personas que laboran en la diversas instituciones publicas.

Es allí, donde se da un dilema de tipo jurídico, ya que la ley de acceso a la información pública ordena que sea entregada información veras a los usuarios que así lo soliciten,  para muchos  en los casos de nóminas públicas el número de cedula de identidad permite comparaciones y análisis sobre el personal que labora en las diversas instituciones.

El debate se realizará este miércoles 1ro de agosto, a las 5:30 PM, en el salón Samaná del Hotel Meliá Santo Domingo, el acceso al mismo estará abierto a los interesados, para confirmar asistencia favor llamar a 809-685-6200 ext. 234.

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Participación Ciudadana rechaza la anulación de la sentencia caso Bancrédito

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento Participación Ciudadana rechazó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anuló el juicio que condenó a ocho años de prisión a los banqueros Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, por estafar a los clientes del Bancrédito.

Advirtió que a nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún el país no se ha recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito.

Recordó que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados del caso Bancrédito,  que ha sido criticado por la opinión pública.

“No entendemos cómo una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG”, indicó PC.

La entidad cívica recordó que desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, reclamó sanción contra los responsables, como lo hace ahora.

Asimismo, señala que no comprende por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

“Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública”, precisa PC.

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

“Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada”, argumenta PC.

Indica que el nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

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PC rechaza femicidios, apoya día de luto

Directivos de PC participaron en actividad frente al congreso

Unas 60 organizaciones de la sociedad civil declararon “día de luto” este miércoles, 11 de julio, por considerar “emergencia nacional” la ola de feminicidios que en menos de seis meses ha cobrado más de 100 vidas en el país.
Las organizaciones convocantes hacen un llamado al país a vestirse de luto todo el día del

miércoles 11 de julio contra los feminicidios, a colocar símbolos de luto en las casas, oficinas y vehículos, para apoyar la causa.

Asimismo está programada una vigilia frente al Congreso Nacional, donde entregaran un documento a los y las Congresistas con un pliego de demandas en torno a esta problemática.

La vigilia está programada para este miércoles, 11 de julio, a partir de las 7 de la mañana en la parte frontal del Congreso Nacional.

“Nunca como ahora es tan necesaria la acción social para proclamar un freno firme a esta epidemia de crímenes de género”, señala el llamado.

Las cifras oficiales señalan que en República Dominicana, el 2011 cerró con 230 mujeres asesinadas y que para junio del presente año, los números ya arrojaban 106 víctimas mortales.

“Vístete de negro, blanco, gris, de luto, para protestar en contra de los feminicidios en el país. Concentración en el Congreso Nacional y entrega de documento de 7am a 9am”.

Organizaciones convocantes:

1. Foro Feminista
2. Colectiva Mujer y Salud
3. Red Nacional de Jóvenes
4. Participación Ciudadana
5. Alianza ONG
6. Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA), CNTD-CASC-CNUS
7. Coalición por una Educación Digna
8. Foro Ciudadano
9. Colegio Dominicano de Periodistas
10. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP
11. Centro de Investigación y Acción Feminista CIPAF
12. PROFAMILIA
13. Red de Periodistas con Perspectiva de Género
14. La Multitud
15. La Revuelta
16. Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA)
17. Colegio Dominicano de Periodistas-Seccional Santiago
18. Coalición ONGSIDA
19. ASOLSIDA
20. Mujeres en Desarrollo Dominicana MUDE
21. Asociación Tú Mujer
22. Centro de Estudios del Género de Intec.
23. Fundación para el Desarrollo de Santo Domingo OESTE FUNDESADO.
24. Coordinadora de Mujeres del CIBAO
25. Fundación Grupo Paloma
26. Núcleo de Apoyo a la Mujer
27. Unión Democrática de Mujeres UDEMU
28. Organización de Mujeres Higüeyanas OMH
29. Centro de Asesoría Legal para las Mujeres CENSEL
30. Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora ASODIFIMO
31. Centro de Planificación y Acción Ecuménica CEPAE
32. Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer CEMUJER
33. Red Dominicana por la Salud de las Mujeres
34. Red de Entidades de personas con discapacidad Física
35. Frente Amplio de Lucha Popular FALPO
36. Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer CUDEM
37. Red de Derechos Humanos de San Pedro de Macorís
38. Fundación por los Derechos del Consumidor FUNDACOM
39. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio Santo Domingo Norte
40. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio Santo Domingo Este
41. Red Local por una Vida sin Violencia Municipio de Guerra
42. Acción Verapaz
43. Fundación Jibijoa
44. Colectivo de Acción Social para la Promoción del Desarrollo Arcoíris
45. Casa Verde Camila
46. FUNDELOSA
47. Capítulo Dominicano de la Comunidad Internacional de Mujeres ICW Latina
48. Casa Abierta
49. Centro de investigación y Apoyo Cultural CIAC
50. Comunidades de Vida Cristiana
51. Acción Callejera
52. Asociación de Clubes de Mujeres en Acción de Los Cacaos
53. Club de Madres El Desarrollo
54. Instituto de Investigaciones y Estudios de Género y Familia (IGEF-UASD)
55. ODESA
56. INDESUI
57. Red por una Vida sin Violencia (REDAVI) Azua
58. Ingeniería Sin Fronteras.

 

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PC se pronuncia sobre anulación de sentencia BANCRÉDITO

Desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, Participación Ciudadana ha tenido un importante activismo reclamando sanción contra los responsables y hoy, ante una sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que anula la sentencia condenatoria contra los antes condenados y hoy nuevamente imputados en el caso Bancrédito, desea expresar su posición, coherente con sus actuaciones pasadas.

A nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún no nos hemos recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito, sobre todo tomando en cuenta que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados  que ha sido cuestionado por la opinión pública.

No entendemos como una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG. O por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública. Se olvida el Procurador General de la República que él es el representante de la sociedad y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada.

El nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que nos dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

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Finjus, PC, Adocco apoyan ley sobre declaración jurada

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) favorecieron ayer la  aprobación de la Ley Sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito. Consideraron que esa ley erradicaría la corrupción en la administración pública.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus;  Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de PC, y Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de Adocco, coincidieron con el planteamiento del senador de Monte Plata, Charlie Mariotti, de que se legisle para evitar que algunos funcionarios se enriquezcan de manera ilícita.  “En este país hay más ricos que empresarios; gente que de la noche a la mañana comienza a exhibir una fortuna que nadie sabe de dónde la sacó. Aquí hay que controlar eso” dijo Castaños Guzmán.

Indicó que es oportuna la aprobación del proyecto de ley promovido por Mariotti y Francisco Domínguez Brito, porque la actual herramienta “no sirve para nada,  no establece sistema de consecuencia y no ha sido respetada por muchos los funcionarios”.

En tanto Castaños Guzmán señaló que  la propuesta   está correctamente articulada, porque establece sistema de consecuencia y una especie de metodología para que lo que se declare sea lo que realmente pueda tener un funcionario.

Álvarez Valdez afirmó que “los niveles de corrupción que tenemos en la administración pública son palpables, evidentes y no se ha producido ninguna reacción del Congreso para aprobar las leyes que frenen la situación, ni del Ministerio Público para perseguir los actos de corrupción que ocurren”.

Además, opinó si los funcionarios no empiezan a actuar con apego a las leyes la sociedad dominicana le pasará factura en los comicios, cuando quieran reelegirse. “Todavía no han habido consecuencias importantes para los funcionarios corruptos, pero las habrá  porque ya el ciudadano está exigiendo respeto”.

Mientras De la Rosa Tiburcio, de Adocco, planteó su posición en un comunicado en el que  insta a  aprobar la ley antes de la toma de posesión del Presidente electo Danilo Medina, por constituir este un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción que permea las instituciones estatales.

Zoom

Necesidad

Los representantes de las tres organizaciones de la sociedad civil   advirtieron que estos meses de transición son los adecuados para aprobar la ley,  porque permitirá que las declaraciones que deberán hacer los funcionarios al iniciar la gestión de Danilo Medina, puedan ser verificadas si se corresponde con lo declarado.

Confianza

Francisco Álvarez Valdez dijo confía en que Medina frene la corrupción administrativa, porque firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad.

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PC estima convención superaría crisis del PRD

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, abogó porque la solución a la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la aporten las bases de esa organización política en una convención, porque prolongando la confrontación pierden sus líderes y también la democracia.

Álvarez descartó que con decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) o el Tribunal Constitucional, organismos que consideró parcializados a favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se pueda dar solución a la crisis del PRD. El jurista expresó que si bien la crisis se expresa ahora en el PRD, en Participación Ciudadana “estamos muy preocupados por la crisis. Es una crisis que tiene el sistema de partidos en República Dominicana” como resultado del clientelismo que está arropando la actividad política.

“Está bueno de que los resultados electorales se ganen a puro clientelismo”, manifestó Álvarez.

 Entrevistado en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN 37, Álvarez pidió a Miguel Vargas Maldonado y a Hipólito Mejía, cabezas de los dos grupos en disputa por el control del PRD, que entiendan que prolongando la crisis ninguno de los dos va a ganar algo.

 “La solución debe venir de las bases del PRD. Que se anticipe la convención que debe renovar la dirección del PRD”, manifestó el coordinador nacional de Participación Ciudadana.

Álvarez consideró que tanto Vargas Maldonado como Mejía deben ceder a un nuevo liderazgo o dejar que sean las bases que decidan quienes serán sus dirigentes.

Adelantó que Participación Ciudadana no tiene inconvenientes en participar en alguna comisión integrada por distintas entidades de la sociedad civil para buscar una solución a la crisis partidaria.

“Si se adelanta la convención, que sería la solución política más adecuada, estaríamos en disposición de observar esa convención para que las bases decidan quienes serán sus dirigentes”, apuntó el dirigente cívico.

Indicó que “es muy importante que Hipólito Mejía y Miguel Vargas entiendan que prolongar esa crisis es un peligro para la democracia”, porque a su juicio deja el campo abierto para que un solo partido y un solo líder dominen.

Al expresar que la crisis no es solo exclusiva del PRD, Álvarez señaló que también afecta al PLD porque los organismos no se reúnen y predomina la opinión de una sola persona: el presidente Leonel Fernández.

Opinó que en el Comité Político del PLD opera un sistema patrimonialista donde el gobernante acomoda a gran parte de los miembros y se gana su lealtad por agradecimiento, no por trabajo y méritos políticos.

Gobierno de Danilo Medina

Cuando se le preguntó cómo espera que sea el nuevo gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina, Álvarez expresó que tiene “una altísima expectativa con Danilo Medina” porque se ha comprometido a cumplir con el 4% a la educación e imponer la transparencia en la Administración Pública.

Citó que Medina firmó un protocolo con Participación Ciudadana en el que se compromete a que el gobierno dispondrá de una cuenta única del Tesoro en el plazo de 120 días.

“Danilo se ha comprometido a eliminar las duplicidades” de entidades públicas, a racionar el gasto y a establecer la carrera diplomática. “Estoy convencido de que Danilo Medina va a cumplir ese protocolo”, puntualizó.

Igualmente Álvarez consideró “muy mal que legisladores dejen sus cargos para ir a ser funcionarios. Eso es una caricatura de democracia. Si el pueblo votó por un senador, ese senador debe permanecer allí”.

Renuncia de Javier Cabreja

Con relación a la renuncia de Javier Cabreja como director ejecutivo de Participación Ciudadana, Álvarez aclaro que no es el resultado de contradicciones sino que llevaba 1 años en la posición y pidió salir para cumplir otros propósitos profesionales.

Dijo que Cabreja continuará en Participación Ciudadana como miembro voluntario de la Comisión de Análisis Político, pero al dejar la Dirección Ejecutiva, le fue aceptada su renuncia porque “él merece explorar otros rumbos”.

 

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PC fija posición ante crisis del PRD y de otros Partidos

Ante la crisis del PRD y la concentración del poder

La crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es el inevitable  resultado de un proceso de descomposición institucional de la sociedad,  que afecta particularmente el funcionamiento del sistema de partidos, corporativizados dentro de una concepción del Estado como botín a ser repartido.

La división  del más antiguo partido del país podría convertir la crisis del sistema partidista en una crisis de la democracia dominicana en virtud de la extrema concentración del poder, no solo en un solo partido político, sino especialmente en el grupo hegemónico encabezado por el Presidente Leonel Fernández, a quien se le atribuye la intención de continuar  un proyecto de dominación política de largo alcance.

Asistimos a un progresivo debilitamiento de los partidos políticos, incluyendo al que ejerce el poder, donde los órganos ejecutivos han sido sustituidos en gran medida por el liderazgo del primer mandatario, quien distribuye favores con un manejo patrimonialista del Estado. Ese dominio será puesto a prueba cuando asuma el poder el presidente electo, licenciado Danilo Medina.

El liderazgo concentrador del presidente Fernández y su capacidad para repartir el patrimonio público han debilitado su propio partido, haciéndolo depender cada vez más de las alianzas con múltiples grupos satélites enquistados en organismos públicos que les dan vida mediante el acceso a millares de empleos, canonjías y favores.

El tercer  partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, ha devenido en un satélite más, dividido y segmentado en la medida en que el reparto no ha alcanzado para todos sus dirigentes. Despojado de su personalidad e identidad, el PRSC es una especie en extinción que se mantiene artificialmente en virtud del aliento estatal.

El PRD acusa los efectos de ese  proceso de descomposición, ya que gran parte de su dirección participa de la misma concepción patrimonialista y clientelista de la política, tanto como de los intentos de instrumentalización por parte de quienes han controlado el poder en los últimos tiempos, presa fácil por su incapacidad para renovarse y ejercer internamente la democracia, con organismos hipertrofiados  e inoperantes.

La actual crisis perredeísta tiene origen en la progresiva debilidad institucional de ese partido, pero también en la campaña interna que concluyó con la elección del agrónomo Hipólito Mejía como su candidato presidencial. Quedó patente ante el  país que  las fuertes discrepancias con su contrincante en la campaña interna, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se  agravaron en la campaña electoral. Todo indica que tanto la negativa del Ingeniero Maldonado a conducir su partido en la campaña electoral, haciendo inoperantes por falta de convocatorias los organismos de dirección, así como las debilidades que evidenció el candidato presidencial, fueron factores relevantes en el resultado electoral  del PRD y en la profundización de la crisis que hoy padece.

Son esos los factores que han dividido el PRD dejándolo expuesto a un largo proceso de desgaste, por la inoperancia de sus organismos internos y la inexistencia de un arbitraje electoral externo con imparcialidad y legitimidad suficiente para ejercer un papel regulador.

La crisis del PRD puede comprometer el proceso democrático dominicano, facilitando aún más la concentración del poder y exponiendo a la nación a decisiones unilaterales sobre cuestiones fundamentales para la institucionalidad, la gobernabilidad así como para la resolución de importantes cuestiones relativas al desarrollo económico y social de la nación. Lo anterior cobra particular relevancia cuando se tiene en cuenta que  están pendientes fundamentales reformas fiscales y rectificaciones del modelo de desarrollo económico, y de las prioridades de inversión.

La democracia requiere de partidos políticos fuertes, institucionalizados, capaces no sólo de contender, sino también de proponer. A pesar de que el nuevo gobierno representa sólo poco más de la mitad del electorado nacional y la  otra mitad  votó por las opciones de oposición, no cabe duda de que una mayoría de dominicanos y dominicanas reclama fundamentales rectificaciones en las políticas públicas, pues hasta el candidato del partido oficial tuvo que asumir un discurso de cambio. En este contexto es importante que la democracia funcione en todos los partidos para permitir que esta expresión de cambio se convierta en realidad.

En lo inmediato la crisis del PRD parece depender del arbitraje del Tribunal Superior Electoral, una instancia que no escapó al proceso de concentración del poder por parte del presidente Fernández, y al reparto con el PRD presidido por Vargas Maldonado.

Resulta muy difícil que el conflicto político existente en el PRD pueda solventarse a través de decisiones del Tribunal Superior Electoral, que por el contrario pueden conducir a ese partido en el menos grave de los casos a una división,  por lo que lo deseable es que ambas partes en conflicto pongan en manos de las bases del partido la decisión, anticipando para este mismo año la Convención que deberá renovar su dirigencia y que está pautada para el próximo año.

El PRD no podrá superar esta crisis sin una profunda renovación institucional y de su liderazgo, que se sitúe por encima  de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, restaurando la democracia interna y recuperando el diálogo y la conexión con el resto de la sociedad.

Toda la sociedad dominicana debe seguir con atención la crisis del PRD y reclamar de los poderes públicos actuaciones que no dejen lugar a la sospecha de arbitrariedad con fines de dominación y restricción de la aún adolescente democracia nacional.

Participación Ciudadana ha sostenido como esencial el fortalecimiento de los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia y sistemáticamente ha abogado por su progresiva institucionalización. En ese orden, la suerte del partido que más votos obtuvo en la última contienda electoral no puede ser indiferente para nadie.

Consejo Nacional
Miércoles 4 de julio 2012

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