Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, altamente preocupadas por los sucesos violentos que venían –y siguen- ocurriendo en el país y por sus causas, se sintieron motivadas y apremiadas, en noviembre de 2012, a la conformación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Reforma Policial.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Centro Juan XXIII, la Fundación Vanessa, la Mesa de Justicia de Foro Ciudadano, y Participación Ciudadana, unidos en una Coalición con el objeto de crear un espacio de coordinación de iniciativas y propuestas, plural y abierto a todos los sectores sociales, para contribuir a incrementar la efectividad de los trabajos que se realicen desde las instituciones públicas y propiciar la participación de la ciudadanía en el vital proceso de fortalecer la Policía Nacional y apoyarla en su transformación, como un actor clave en la transición hacia un Estado con una mayor y mejor calidad de Seguridad Ciudadana, organizaron un  “Dialogo Ciudadano: La Policía que queremos”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo Roberto Álvarez, Coordinador General de Participación Ciudadana,  y el análisis del contexto de la reforma policial  fue realizada por Servio Tulio Castaños de la Fundación Institucionalidad y Justicia.  Además, el General de Brigada P. N., Nelson Rosario Guerrero disertó los retos y perspectivas de una nueva Policía ante la Reforma Policial pendiente.

Daniel Pou y Tahira Vargas presentaron sus posiciones sobre el impacto de la militarización y el uso de la actual Policía Nacional sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y coincidieron que concentrar esfuerzos solo para reprimir y perseguir, y no prevenir con las mismas prácticas antidemocráticas que usa la Policía Nacional, es un esfuerzo está condenado al fracaso.

En dicha actividad fueron presentados los resultados del Primer Informe del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional a cargo de  Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana.  Se levantaron las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos  por parte de la Policía Nacional denunciados tanto en los medios de comunicación físicos y digitales como por los ciudadanos.  Durante los meses de enero a mayo del 2012  se registró un 36%  intercambio de disparos, 20% maltrato, 16% miembros de la Policía Nacional  que ofrecen servicios que no son propios de sus funciones, 9% represión de la población, 5% de denuncias ignoradas y 4% de amenazas.

Sobre la descripción de los Destacamentos observados, se admitió que si bien es cierto que las  Direcciones Generales de San Francisco de Macorís, La Romana y Santiago están en estado aceptable, no es menos ciertos que los  28 Destacamentos visitados se encuentran en una situación deplorable: paredes deterioradas, techo de zinc, baños con precariedades, mobiliario insuficiente y medios de transporte limitados  para ejercer la función.

Las organizaciones de la sociedad civil Muchachos y Muchachos con don Bosco, Confederación de Unidad Sindical, Articulación Campesina, Conferencia Religiosa, Foro Feminista, Fundación Justicia y Transparencia, CONEP, Red Juvenil, CODUE, COPADEBA, ASODIFIMO, Asociación de Empresarios de Herrera manifestaron la necesidad de contar con una Policía Nacional que genera confianza ya que es necesaria cambiar la percepción negativa sobre su trabajo y sobre su capacidad para combatir la delincuencia.  La ciudadanía por lo general acude a ella como único y recurso, agregaron.

Afirmaron, que la Policía Nacional responde a una débil cultura democrática y deben responder a los mandatos de la Constitución en un Estado social y democrático de derecho.  Sobre la necesidad de una Policía transparente, alegaron que existe una gran percepción de corrupción y que las prácticas represivas y violaciones de los derechos humanos deben ser desplazadas por una Policía Nacional ciudadanizada.

La reforma policial es solo un elemento dentro de la seguridad ciudadana,  se necesita ir más allá del aumento de penas y la construcción de cárceles. Se requiere un mayor acercamiento entre la policía y la comunidad, para lo cual es necesario mejorar los niveles de confianza, con miras a elevar las capacidades de prevención del delito y lograr una convivencia más armónica, demandaron las organizaciones de la sociedad civil.

En la primera vista pública que realizó la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley Orgánica de la Policía Nacional, expositores plantearon temas como salarios dignos, que los agentes policiales  voten en las elecciones generales y se puedan inscribir en los partidos políticos.
El presidente de la Comisión, el senador Julio César Valentín que las vistas públicas continuarán  el próximo jueves 27 a las 10:00 de la mañana, en el auditorio de la Cámara de Comercio y Producción, en Santiago, y luego el 4 de julio en Barahona y el 11 de ese mes en La Romana.
 
Otros de los temas expuesto por representantes de la sociedad civil,  personalidades y oficiales retirados de la Policía, es que se establezca en la ley que los policías sólo trabajen ocho horas diario.
 
Dijeron que en los países de la región, incluyendo Haití, los agentes reciben como salario mínimo 500 dólares mensuales, mientras  que los policías de República Dominicana a se le paga 135 dólares.
 
Otra recomendación que esperan se contemple en la ley,
 
“Los policías deben tener el derecho a votar en las elecciones generales e inscribirse en los partidos políticos, que puedan elegir al presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes y regidores, y se le conceda el derecho asociarse dentro de la institución”, expuso un oficial retirado de la institución del orden.
 
Además piden que se excluya al Procurador General de la República del Consejo Superior Policial, por entender que este es el jefe del Ministerio Público y el director funcional de las investigaciones, mientras que la Policía es la encargada de las investigaciones técnicas.
 
El representante de la Comisión Nacional de los Derechos, doctor Cándido Simó, estimó que “esto no se trata de una reforma de la Policía, sino un proyecto para transformar la función policial para que transite del Estado de derecho, en que la ley es el marco de referencia exclusivo hacia el estado social de derecho constitucional”.
 
Abogó porque a los agentes policiales como seres humanos se les otorguen derechos como entes sociales.
 
“La vocación es crear una Policía visible, eficaz y que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos. El proyecto se centra en la función del Policía, pero no tiene un catálogo sobre sus  derechos”, anotó.
 
Consideró la legislación como discriminatoria porque solo se refiere a al policía hombre, como el que establece que el presidente de la República elegirá al director de la Policía, como si en sus filas no existieran mujeres.
 
Dijo que cuando un policía es sometido a la justicia ordinaria por un hecho, no debe ser cancelado, y el agente debe tener el derecho de asignar a un abogado, porque muchos no tienen como pagar un profesional del derecho.
 
Simó planteó “un ingreso y salida de labor, porque hay policía que trabajan tres días corridos, y eso no es digno, además de que deben recibir un salario digno por sus rangos y funciones”.
 
El doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), precisó que el proyecto de ley Orgánica de la Policía representa un paso de avance en el fortalecimiento de esa institución y crea un marco normativo que permitirá que la institución sea uno de los pilares de la Seguridad Ciudadana que tanto el país requiere para impulsar su desarrollo económico y social, así como apuntalar las bases del Estado de Derecho.
 
Iris Nova, del Ministerio de la Mujer, considera que la Policía Nacional tiene que jugar un papel esencial en la protección de los derechos humanos y en asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
 
Otro de los puntos expuestos en la vista pública fue los salarios que reciben los policías y el tiempo para su retiro o pensión.
 
Expusieron también representantes de Participación Ciudadana, Universidad Católica, Jóvenes contra la Violencia, Alianza Pro Seguridad, Instituto de Generales Retirados de la PN, Centro Juan 23, Fundación Abalón, entre otros.
 
El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Frank Soto, consideró  que no se deben crear comisiones civiles independientes para investigar denuncias graves de ciudadanos, ya que existen en el país suficientes instituciones y  para eso citó la Defensoría del Pueblo.
 
Observó que se debe consignar en la ley que la Policía lleve un registro de todos los vehículos del país, información que dijo se la puede suministrar otra dependencia del Estado.
 
Pedro Figueroa, del Centro Juan XXIII, expresó que se ve ausente la autarquía policial, y adujo que se comete un aspecto graves para el funcionamiento de la institucionalidad, porque la Policía se proyectó como una institución al margen de las demás instituciones del Estado.
 
Arguyó que el actual proyecto consagra la militarización policial, lo que dijo obedece a la falta de una doctrina de seguridad clara concebida de la óptica civil y a la prioridad del objetivo del control policial. “Esa ambigüedad es fruto a la falta de orgullo que existe en el país al considerar a esa institución como civil”.
 
Dijo que en el proyecto está ausente la profesionalidad, por entender que la Policía no puede seguir en la senda de la politización, amiguismo, la libre designación, fulanismo y el desprecio a la independencia y profesionalidad.
 
El ex jefe de la Policía, Ramón García Arias, consideró que no sólo los policías, sino también los militares tienen derecho a ejercer el derecho voto.
 
Adujo que los fondos de los retirados deben ser administrados por los Policías que son los que los aportan.
 
El ex jefe policial significó que no está de acuerdo con el nuevo modelo de pensión, ya que cuando un oficial o agente es retirado solo cobra una parte del salario.
 
“El oficial tiene que esperar a tener 60 años para disfrutar de una pensión, por eso les pido a los legisladores eliminar los párrafos uno, dos y tres del artículo 123 del proyecto”, apuntó García Arias.
 
Álvaro Camaaño, del Movimiento “Estoy Jarto”, ve la propuesta positiva, pero lamentó que no se corresponda con la voluntad del pueblo, porque la ciudadanía quieres una nueva Policía.
 
Entiende que llamar director al titular de la Policía Nacional no va a cambiar las cosas en esa institución, agregando que desde hace décadas se dice que la Policía es un cuerpo civil armado, “sin embargo sigue cumpliendo con los parámetros de que no pueden votar ni  opinar de políticas”.
 
Consideró que con el salario que gana un Policía no se vive en el país, pues cuando un ser humano se le da 6 mil pesos, una placa y un arma de fuego, se le está diciendo “vete buscártela o en otra palabra a macutear”.
 
La vista pública se celebró en el Salón de la Asamblea Nacional, la cual presidió el senador de Santiago, Julio César Valentín, quien agradeció a los  participantes su participación, y prometió que sus consideraciones serán evaluadas por la Comisión Bicameral la cual determinará las que deberán ser incorporadas al proyecto en discusión.
El legislador del PLD por Santiago indicó que van a continuar escuchando la diversidad de criterios como parte de la democracia para dotar al país de una ley útil a la ciudadanía, incorporándola al Plan de Seguridad Ciudadana.
En la vistas publicas expusieron además, Participación Ciudadana, Universidad Católica, Jóvenes contra la Violencia, Alianza Pro Seguridad, Instituto de Generales Retirados de la Policía Nacional, Centro Juan 23, Fundación Abalón, Alianza Pro-Seguridad, G-3, entre otros.

Fuente:elnuevodiario.com

La Policía mantiene en las redes sociales una campaña de orientación ciudadana, como parte de una política institucional, basada en la prevención delictiva.Se trata de consejos prácticos de cómo actuar en caso de que alguien se vea expuesto a una situación de peligro, pero también para evitar caer en las garras de criminales que viven al acecho en las vías públicas y en los hogares dominicanos.

Estas sugerencias están clasificadas en once categorías distintas, que contienen mensajes alusivos a cómo defenderse cuando se realicen transacciones bancarias; en las calles; en el hogar y cuando se monta bicicletas. También advierten sobre cómo actuar ante delitos informáticos, al usar internet, en los negocios, en las vías públicas y orientaciones especialmente para las mujeres que pueden ser víctimas potenciales de la delincuencia.

“Esta política la venimos desarrollando en la dirección de Información y Relaciones Públicas, por instrucciones precisas de nuestro jefe, el mayor general José Armando Polanco Gómez”, explicó el vocero de la Policía, general Máximo Báez Aybar.

Dijo que la idea es hacer llegar estos mensaje preventivos a la mayor cantidad de personas a través de las redes sociales, principalmente a través de Twitter, que es por donde en las últimas semanas más se ha sentido esta iniciativa.
La Policía tiene también un sistema de monitoreo de cada mensaje difundido en Facebook o Twitter, positivos y críticos para la institución, para medir por este medio sus fortalezas y debilidades.

Orientaciones

A continuación algunos de los mensajes difundidos por Twitter a través de la etiqueta #ConsejosPN: “Para denunciar emergencias, situaciones sospechosas y contaminación sónica, favor llamar al 809 682 3151, pida al oficial de enlace y le asistirá”; “los estafadores con frecuencia insisten para que las personas les transfieran dinero, no se deje engañar. Denúncielos”.“Evite permanecer de noche en un vehículo estacionado en lugares solitarios”.

“No dejes a tus hijas solas y escucha sus temores acerca de cualquier persona”; “en internet: no ingrese información personal en formularios dudosos”; “un conductor fatigado es riesgo para sí mismo y para los demás. El descanso oportuno puede salvar muchas vidas”; “en los cajeros, verifica que la ranura donde se ingresa la tarjeta no tenga nada extraño. Caso contrario, no utilices”.

“Al abrir o cerrar tu negocio, procura estar acompañado y verifica que no haya personas sospechosas a tu alrededor”; “no utilice su celular cuando maneja; aparte de ser motivo de multa, es un verdadero peligro. Cuide su vida”.

Tomado de :www.elcaribe.com.do

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, hace de público conocimiento su profunda preocupación por la insuficiencia y naturaleza de los argumentos utilizados por la Fiscalía del Distrito Nacional en su decisión de archivar de manera definitiva la querella interpuesta por Guillermo Moreno en contra del expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), por corrupción y lavado de activos.

La Fiscalía, como institución encargada de realizar la investigación (Artículo 88 del Código Procesal Penal), no cumplió a cabalidad con su responsabilidad de llevar a cabo todas “las diligencias pertinentes y útiles”, para poder determinar si efectivamente ocurrió un hecho punible por la ley y quien o quienes serían los responsables. Solo al final de una investigación profunda y exhaustiva estaría la Fiscalía, en posición de tomar tan trascendental decisión.

La Fiscalía se limitó a escudriñar los escritos del querellante y del querellado, “llamando ‘indelicadezas’ a acciones (del querellado) que deben ser sancionadas penalmente” y que sirvieron de base a la querella, pero rechazando efectuar diligencias de investigación por estar convencida, a priori, “que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano(…)no es posible imputar determinadas conductas” como punibles, sin determinar si, por ejemplo, alguna “donación” a FUNGLODE se realizó por soborno o extorsión, en cuyo caso dejaría de ser una simple “indelicadeza”.

Las afirmaciones de la titular de la acción penal en el Distrito Nacional permiten la interpretación de que no existe independencia funcional y capacidad de actuación del Ministerio Público.

Participación Ciudadana no puede dejar de manifestar su seria inquietud ante el reconocimiento implícito del Ministerio Público, de que se siente “derrotado” frente al combate contra la corrupción administrativa debido a una insuficiencia legislativa, enviando un mensaje sumamente perjudicial a la ciudadanía, de que la lucha contra la corrupción es imposible frente a la carencia de normas que paralizan su actuación.

El Gobierno debe tener muy claro que para la reforma policial rinda frutos, debe tocar un problema de fondo: La desintegración de los grupos internos en el cuerpo policial.

El Gobierno se ha propuesto reformar la Policía Nacional, como parte de su Plan Nacional de Seguridad.

El proyecto, que entre otras cosas plantea cambiar la figura del “jefe” por la de un “director”, ya ha encontrado resistencia dentro del propio Gobierno.

En efecto, los sectores más derechistas y conservadores no simpatizan con la idea de cambiar la Policía Nacional, como si todo estuviera operando a la perfección y no se requiriera ninguna reforma.

Tampoco desean que se toque a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuerpo que ha devenido en una especie de isla autónoma dentro de las filas policiales.

Esas redes internas en la Policía Nacional no sólo reparten favores a favor de unos y mantienen relegados a otros, sino que se agencian poder e influencia cultivando relaciones en los ámbitos de la política partidista y de sectores de poder económico

Hay otras voces críticas respecto al proyecto de ley, pero no de quienes se oponen a la reforma por la reforma, sino que apuestan por cambios más profundos y menos formales, que toquen desde la formación de los agentes policiales hasta su entrenamiento, su paga y su colaboración con el Ministerio Público, instancia a la cual debe estar supeditada la Policía Nacional.

El Gobierno debe tener muy claro que para la reforma policial rinda frutos, debe tocar un problema de fondo: La desintegración de los grupos internos en el cuerpo policial.

Estos grupos nada tienen que ver la ley ni con la labor que corresponde a los agentes policiales y a sus oficiales superiores.

Durante años se han comportado como verdaderas mafias, decidiendo quién asciende y quién no asciende en la que se supone debe ser una carrera basada en los méritos por el servicio.

Esas redes internas en la Policía Nacional no sólo reparten favores a unos y mantienen relegados a otros, sino que se agencian poder e influencia cultivando relaciones en los ámbitos de la política partidista y de sectores de poder económico y social.

Este es un secreto a voces, y ningún gobierno ha querido cambiar esa realidad que impide el desarrollo de una policía profesional, que sea menos proclive al tráfico de influencia, a la corrupción y a la imposición de grupos sobre los méritos de muchos excelentes profesionales policiales que nunca logran ascender a pesar de sus méritos y su honestidad.

• Tomado de: Acento.com.do

El  Ministerio de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) Oxfam y  Participación Ciudadana anunciaron hoy la celebración de la  primera Feria de la Administración Pública y la Sociedad Civil, donde serán presentados los más importantes avances y desafíos de la gestión estatal en República Dominicana.

Del 15 al 17 de mayo, en la Plaza España de la Ciudad Colonial, un amplio programa de talleres, obras de teatro, charlas educativas,  exposiciones visuales, conciertos populares, conferencias y otros eventos  informativos, reflexivos, lúdicos y pedagógicos servirán de plataforma para el encuentro de la ciudadanía y las organizaciones sociales con los servidores públicos,  sus logros, proyectos y temas pendientes de superar.

El acto de apertura se realizará en el Centro Cultural de  las  Telecomunicaciones (Isabel La Católica esquina Emiliano Tejera), el miércoles 15 de mayo a las 6:00 de la tarde, con la presencia del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo; el coordinador general de Participación Ciudadana, Roberto Álvarez; y los representantes en el país de  Oxfam y  la Unión Europea. La Feria se enmarca en el Programa  Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y Gestión de la Administración Pública, y cuenta con el respaldo de la Dirección General de Cooperación Multilateral (Digecoom).

El evento busca que niños, jóvenes y adultos de los diferentes sectores de la sociedad dominicana conozcan cuáles son las mejores prácticas de la administración pública nacional y cómo el sector oficial y la ciudadanía pueden trabajar juntos para reproducirlas favorablemente en toda la estructura del Estado.  La convocatoria está dirigida de manera especial a los liceos, escuelas, universidades y agrupaciones juveniles, porque serán las nuevas generaciones las responsables de proteger y expandir mañana las conquistas de hoy.   El anuncio fue hecho por el ministro Ventura Camejo y Rosalía Sosa  durante una rueda en  las instalaciones de Participación Ciudadana.

Esta es una actividad de intercambio entre el Estado y la sociedad, donde se habilita un espacio abierto (tanto en participación, como en localización) en donde Instituciones del Estado puedan acercarse a la población y compartir los resultados de su desempeño en la gestión de las instituciones que representan, un momento de rendición de cuentas. Alrededor de la feria se organizarán charlas formativas e informativas, paneles de discusión, presentaciones de memorias institucionales, en fin será la posibilidad que puedan confluir distintas actividades e instancias vinculadas al proyecto. Contará, además,  con participación de expertos internacionales, sobre todo de aquellos países con reformas de la Administración Pública exitosas.

La Feria de la Administración Pública y la Sociedad Civil se realiza en el marco del Programa: “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública”, un proyecto orientado a la mejora de la Función Pública, con el propósito de fortalecer la Administración Pública, su eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, a partir de la profesionalización, aplicación de las normativas de la función pública y la implementación de políticas públicas que priorice a la población más vulnerable.

El presidente de la Oficina Presidencial para el Desarrollo Provincial, Frank del Valle, dijo ayer que de 426 destacamentos policiales en todo el país unos 298 necesitan ser construido de nuevo.

El funcionario explicó que en los levantamientos que se hicieron en los destacamentos policiales se determinó que 126 soportan reparaciones.

Sostuvo que el presidente Danilo Medina, durante la campaña electoral, pudo observar el gran nivel de deterioro que afecta a las estructuras físicas de los diferentes destacamentos policiales del país.

Expresó que esto constituyó para el mandatario una gran preocupación por lo que le recomendó que hiciera una evaluación de cada una de la estructura física.

Del Valle habló en esos términos, tras encabezar un acto con el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez, donde se anunció la demolición y reconstrucción desde cero de los destacamento del Ensanche Ozama, destacamento del Ensanche Felicidad en Los Mina y del destacamento Los Tres Brazos, del municipio de Santo Domingo Este.

En el recorrido por los cuarteles participaron además la senadora Cristina Lizardo, el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, entre otra autoridades. El jefe policial dijo que por disposición del presidente Medina, ante de los tres meses los destacamentos policiales estarán concluidos y adecuados, donde los agentes del cuerpo del orden podrán hacer su servicio con dignidad.

Dijo que esas ejecutorias forman parte de las acciones gubernamentales para dotar de estructuras apropiadas a la Policía Nacional de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Sostuvo que si se quiere que una autoridad responda de acuerdo a como están las exigencias de estos tiempos, tienen que ser tratados con dignidad, ya que si no se hace de esa forma, ese ser humano no responde como se requiere.

• Tomado de: Listin Diario
• Por: Ramón Cruz Benzán

El ministro de Interior y Policía, Monchy Fadul, se ha referido a la intención que existe de cambiar el uniforme policial como parte del proceso de rescate de la imagen de esa institución.

Ha dicho que este esfuerzo tiene un costo de más de mil millones de pesos y que se inserta en el programa de relanzamiento de nuestra PN con miras al plan de seguridad ciudadana anunciado por las autoridades. A partir de este anuncio, muchas han sido las críticas que se han formulado, coincidiendo todas en el hecho de que una cosa es el uniforme y otra muy distinta es el uniformado. Llevado esto al terreno del marketing comercial, sería igual a relanzar un producto desacreditado cambiándole sólo la etiqueta al mismo y sin hacerle reformulaciones cualitativas importantes y notables.

Nada es tan difícil que recomponer la imagen de una institución que ha perdido credibilidad. A veces resulta más económico y saludable relanzarla a partir de otro esquema conceptual que le distancie del original.

En el caso de la Policía Nacional, pienso que para hacer transformaciones serias de imagen se necesita algo más que un simple cambio de uniforme.

La transformación debe ser tanto de forma como de fondo.

Estamos en presencia de una institución cuya imagen está permanentemente supeditada al accionar particular de sus miembros, lo cual hace compleja la operación dada la debilidad normativa suya y la debilidad formativa de sus miembros.

Ciertamente la población no cree en la policía ni tiene fe en ella porque nunca se ha interesado en asumir una conducta que hiciera variar esa percepción. La imagen de un producto o servicio es algo intangible, intocable. Se construye en base a respuestas.

La imagen de marca es un compromiso porque involucra a todas las partes. Pero también es una actitud, una forma de ser y de hacer. El cambio de imagen de una institución empieza por establecer qué queremos que piensen de la misma y qué clase de nueva imagen vamos a construir como sustituto.

Eso es preciso establecerlo antes de cambiarle la ropa.

• Por: Heddel Cordero
• De: Listin Diario