Después de analizar el informe presentado por la comisión de diputados designada para tales fines, Participación Ciudadana reitera, tal como lo establecimos en su oportunidad, que el aumento de los sueldos de los miembros de la Cámara de Cuentas es violatorio a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano.

Es lamentable que el propio Congreso Nacional se preste a justificar y refrendar la violación de leyes aprobadas por ese mismo organismo, que debería ser el más interesado en hacerlas cumplir. Nos apena, además, que situaciones como esta pasen justamente con la entidad que está llamada a ser la principal vigilante del uso legal y legítimo de los recursos públicos.

Para hacer el aumento salarial, la Cámara de Cuentas se fundamentó en la resolución ADM-009-2012, de fecha 12 de abril del 2012 que aprobó la política salarial de la institución, en atención a lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución. Pero resulta que, después de ser promulgada la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano, no se puede ejecutar ninguna disposición que le sea contraria. En esta Ley, del 2013, el articulo 12 numeral 4,  establece que la escala de remuneración del salario bruto máximo del presidente de la Cámara de Cuentas es de RD$350,000.00. En su articulado, esta misma ley establece carácter obligatorio de la misma a todos los órganos del Estado.

La Ley 105-13 fue posterior a la resolución utilizada por la Cámara de Cuentas, por lo que deroga cualquier disposición anterior, sobre todo, si esta se ejecuta tres años después de la entrada en vigencia de la Ley.  Esta legislación dispone un tope salarial al Presidente de la Cámara de Cuentas que debe ser respetado, independientemente de que haya o no reglamentos. Además, en ninguna parte de la ley se indica que su puesta en vigencia está supeditada a que se dicten los correspondientes reglamentos. La misma ley establece que el Ministerio de Administración Pública está en la obligación, dentro del plazo de seis meses, de dictar y poner en vigencia los correspondientes reglamentos.

En cuanto a los demás miembros de la Cámara de Cuentas, la Ley no establece topes, pero, por regla administrativa, sus salarios deben ser  menores que el del presidente de este organismo. Por esta razón, los miembros de la Cámara de Cuentas no pueden justificar dicho aumento.  Algunos han alegado que esta ley no está en vigencia debido a que no se han dictado los reglamentos para su aplicación. Pero, los reglamentos son útiles para desarrollar o complementar la ley, nunca para modificarla o sustituirla, y el salario del Presidente de la Cámara de Cuentas está claramente establecido en la Ley, no se deja al reglamento.

En el artículo 140 de la Constitución se encuentra el impedimento de que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración de sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior para el que fueron electos o designados.

CONSEJO NACIONAL
Martes 10 de julio del 2018

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Decenas de organizaciones participaron en la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia.

Puerto Plata, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, convocó a instituciones públicas, sector empresarial y organizaciones sociales a articular un plan integral para la seguridad ciudadana en la provincia de Puerto Plata. La propuesta fue hecha en el marco de la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia que inició este jueves 5 de julio y culmina el viernes 6 de julio.

Durante el acto inaugural del evento, la coordinadora general de la institución, Miriam Díaz Santana, aseguró que sólo a través de la concertación amplia e inclusiva, se puede verdaderamente garantizar un contexto de convivencia pacífica, reduciendo toda forma de violencia y estableciendo mecanismos efectivos de sanciones a la criminalidad.

“La seguridad pública debe ser consecuencia de la construcción e implementación de un plan de seguridad ciudadana para todos y todas, donde confluyan las distintas iniciativas desde la relación Estado-Sociedad, para enfrentar la inseguridad y la delincuencia, cada una con sus avances, roles y énfasis”, sostuvo.

En este proceso, señaló que, es necesaria la integración de actores de la Policía Nacional, ayuntamientos, Ministerio Público, sector empresarial, ministerios de la Mujer, Educación y Salud, organizaciones sociales, entre otros, para definir prioridades y acciones integrales tendientes a brindar una mayor seguridad a la población. “La ciudadanía espera que el Estado pueda garantizar el derecho a vivir en paz, a transitar con tranquilidad en sus barrios y a la protección adecuada de las personas y sus familias”, explicó.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó preocupación con respecto a la alta tasa de victimización en Puerto Plata. Según el informe “Situación de seguridad ciudadana de los municipios generales” del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, de enero 2015 a junio 2016, se registraron 132 casos de personas heridas por armas de fuego; es decir, unas 16.5 personas por mes. De estos, el 72% ocurrió en el municipio cabecera de Puerto Plata.

Mientras que el total de homicidios registrados entre enero 2011 y junio 2016 fue de 292, lo que sugiere que se dieron más de cuatro homicidios por mes. No obstante, la incidencia de homicidios se redujo en 2017 a 2.4 por mes para un total de 29 homicidios en todo el año. De estos, 82,76% fue en contextos de convivencia, 10.34% a causa de la delincuencia y 6.9% a manos de organismos de seguridad del Estado.

La Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia busca contribuir a la concepción de la seguridad pública como derecho de las personas, tal y como lo sostiene  la Organización de Naciones Unidas. El encuentro “no sólo visibiliza la necesidad de enfrentar de manera coordinada las realidades y fenómenos asociados a la delincuencia, sino que además plantea la seguridad como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado”, indicó Díaz Santana.

La coordinadora general enfatizó en la importancia de políticas públicas específicas a nivel local, adicionales a los ejes estratégicos de carácter nacional, que respondan a las condiciones específicas de cada municipio y, sobre todo, que sean el resultado del diálogo y el trabajo colectivo que puedan generar nuevas y mejores formas de cooperación.

Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia

Con un acto inaugural, en el que participaron el gobernador provincial Iván Rivera, el alcalde Walter Musa Meyreles, el senador José Ignacio Paliza, el procurador fiscal Osvaldo Bonilla, entre otros representantes de distintas instituciones públicas, nacionales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial, este jueves en el Parque Independencia de Puerto Plata, se dio inicio a la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia.

El evento contó con las palabras inaugurales de la coordinadora general de Participación Ciudadana y del señor Ramses Gauthier, director interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y continuó con la disertación del coronel Lic. Pedro L. Matos Pérez, director de la Regional Norte de la Policía Nacional, sobre el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 2017-2020.

De 9:00 de la mañana a las 5:30 de la tarde del viernes 06 de julio, la Feria tuvo lugar en el Parque Libertad, donde las entidades participantes expusieron en los distintos stands las acciones que desarrollan para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en las comunidades. Se impartieron, además, trece conferencias y talleres abiertos al público sobre derechos humanos, identidad de género, prevención de violencia, manejo de conflictos, prevención del delito de trata de personas, prevención y persecución del delito electrónico, entre otros temas.

La Feria Ciudadana es una iniciativa promovida por la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, un espacio de articulación impulsado por Participación Ciudadana a través del programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

También, como coordinadores de este evento, se encuentran el Ayuntamiento de Puerto Plata, la Base Aérea de Puerto Plata, la Casa Museo Gregorio Luperón, el Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), el Comando Naval Norte, el Comité Pro-puerto la Marina de Guerra, el Cuerpo de Bomberos, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Defensa Civil, Federación Juntas de Vecinos de Puerto Plata, Gobernación Provincial, Hotel Blue JackTar,  Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, Oficina Técnica Municipal de CONANI, Organización de Derechos Humanos Escalando Montañas, Policía Nacional, Procuraduría General de la República, y Teleférico de Puerto Plata.

Jueves 5 de julio, 2018
Puerto Plata

Es un concurso de diseño de páginas web y apps móviles que busca desarrollar herramientas tecnológicas para promover una República Dominicana sostenible.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), presentaron el Climathon  2018, un maratón nacional de construcción colaborativa de equipos tecnológicos que busca mejorar la gestión municipal participativa con un enfoque en planificación territorial y adaptación climática.

Con el lema “Tecnología y Sostenibilidad”, esta actividad multidisciplinaria realizada en el ITLA desde el 22 al 24 de junio 2018, forma parte del Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana de Participación Ciudadana, bajo la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Los proyectos desarrollados en el Climathon estuvieron orientados al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en los municipios de incidencia, a través de programas de capacitación; a la promoción de mecanismos de transparencia en las políticas del clima; a la realización de estudios, monitoreo y evaluaciones de las políticas públicas en materia de medio ambiente; y a impulsar la aprobación de normativas para el ordenamiento territorial, el agua, la gestión sostenible de los bosques y los recursos hídricos.

El concurso, dirigido a estudiantes universitarios o técnicos superiores de las carreras de Ingeniería en Sistemas y Computación, Ingeniería en software u otras profesiones afines, contó con 20 participantes divididos por grupos de dos y tres, quienes el primer día recibieron una inducción sobre las bases y lineamientos del maratón, y dispusieron de un día y medio para desarrollar sus proyectos, en jornadas de trabajo desde las 8:00 de la mañana a las 8:40 de la noche del 23 de junio, y desde las 8:00am a 3:00pm del 24 de junio.

Los participantes contaron con mentores que los guiaron y apoyaron durante el proceso, y fueron evaluados por un jurado especializado compuesto por Sorange Bonilla, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Ronald Savage, director de la oficina de Agricultura y Medio Ambiente de USAID, y Willis Polanco, docente y especialista de tecnología del ITLA);  para obtener los premios de primer, segundo y tercer lugar, correspondientes a RD$75,000, RD$50,000 y  RD$25,000, respectivamente.

Los tres lugares lo obtuvieron estudiantes del ITLA. En primer lugar ganó el equipo “Team Kakaroto”, conformado por los estudiantes Félix David Faña, Miguel Angel Valdez y Néstor Alberto Peguero, quienes diseñaron el proyecto “SIAT”, un sistema para llevar un registro online de la vida de las plantas en la República Dominicana, así como de su ciclo productivo.

El segundo lugar fue para el equipo “DevOverflow, compuesto por los estudiantes Pablo Ferreira y Sinver Aguiló, quienes presentaron el proyecto “Tierra Dominicana”, una plataforma accesible para que una comunidad pueda monitorear lo que suceda en la misma, en tiempo real.

El tercer lugar lo adquirió el equipo “3velopers”, formado por Freddy Rondón, Christian Marinelli y Jorge Pache, con su proyecto “RD Segura”, el cual busca ampliar el conocimiento de las personas en el territorio, geolocalizando los problemas de la comunidad.

Se dio una mención de honor al equipo “VAE Innovation”, integrado por Veneury Devers Nolasco, Engels Alquímedes Valdez Castillo y Maquendi Beltrán Novas, quienes exhibieron “RD Recicla”, un espacio en la web para construir conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje y, a su vez, para que la gente pueda sacar beneficio directo de los residuos.

Las entidades informaron que los ganadores estarán comprometidos a ceder los derechos morales y patrimoniales de los proyectos a Participación Ciudadana, y a participar en encuentros y capacitaciones centradas en la promoción, mejora y/o aplicación de los productos.

Participación Ciudadana expresa su apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana expresa su total apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral el pasado 20 de junio mediante la cual se prohíbe la realización de actos de campaña electoral, otorgando un plazo de 5 días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país.

Valoramos esta medida como justa, oportuna y pertinente ya que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la Republica le asigna al alto organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso Nacional y la clase política han desoído por décadas. Desde que se comenzó a discutir en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos.

Esta es una conquista que la mayoría de los países democráticos ha puesto en práctica desde hace décadas. Son muchas las razones que justifican la limitación de las campañas. En primer lugar, todas las libertades propias de las sociedades modernas están reguladas, así lo reconoce la propia Constitución, en función del interés colectivo y de las experiencias de lo que funciona mejor para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social. Las campañas electorales ilimitadas provocan:

1. El costo excesivo de la actividad política y del  acceso a una posición electiva. No hay que abundar en demostrar la enorme cantidad de recursos que se requieren para movilizar personas en las calles, sostener propaganda por diferentes medios y mantener una constante actividad durante varios años.
2. Los recursos que usan los precandidatos no provienen de fuentes transparentes ni publicas ni privadas, por lo cual se prestan a ocultar inversiones espurias provenientes de dinero ilícito o de sectores interesados en pasar factura a futuros gobernantes o directamente insertarse en algún órgano del Estado.
3. Las campañas políticas ilimitadas solo favorecen a los precandidatos que ya ostentan cargos públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen este beneficio, con lo cual se establece una situación de inequidad y privilegios que violenta los principios democráticos.

Participación Ciudadana reitera la necesidad de que en el país se aprueben las leyes Electoral y de Partidos Políticos, siempre y cuando las mismas contengan las medidas necesarias para regular la actividad política, especialmente el costo y la obligatoriedad de rendición de cuentas, con las debidas sanciones para quienes incumplan.  El país no puede permitir que algunos sectores políticos bloqueen los avances institucionales, impidiendo las necesarias regulaciones y al mismo tiempo oponiéndose a que el órgano electoral ejerza una función legitima, legal y ampliamente reclamada por la sociedad. Mientras tanto, la JCE está llamada a actuar en consonancia con sus funciones y entre ellas esta reglamentar los tiempos y los gastos de campaña. Por otro lado, la Ley Electoral vigente fija el inicio de la campaña en el momento en que la Junta realice la proclama.

Participación Ciudadana apoya esta y todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en aras de hacer más justo, equitativo y transparente el próximo proceso electoral. Las regulaciones deben llegar a todos los aspectos que se han documentado como dañinos en los anteriores procesos y que están contenidos en los informes emitidos por nuestra organización.

La firmeza de las autoridades electorales es necesaria ahora más que nunca, por cuanto el escándalo ODEBRECHT muestra cómo los partidos y candidatos se alían a empresas extranjeras o a cualquier fuente de recursos ilícitos para incidir en la voluntad popular, al tiempo que comprometen los recursos públicos para beneficio de unos pocos.

Consejo Nacional
25 de junio del 2018

Pleno JCE_Acta_12_2018.pdf

05/06/2018 – 1er día, Lanzamiento: Parque Central

06/06/2018 – 2do día: Parque Libertad

Santo Domingo, República Dominicana. El Centro Juan XXIII, Santiago Somos Todos, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo sj Centro Montalvo, Fundación Masada, y Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, notificaron vía un Acto de Alguacil a Danilo Medina Sánchez, Flavio Darío Espinal, y a Jean Alain Rodríguez, en sus respetivas calidades de Presidente de la República Dominicana, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y Procurador General de la República.

En dicho acto, establecieron que “en fecha 7 de junio de 2018, la Procuraduría General de la República presentó acusación en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por violación a los artículos 2, 3, 4, 5 de la Ley núm. 448-06, sobre soborno en el comercio y la inversión; 146, 166, 167, 175, 177, 178, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre Declaración Jurada de Patrimonio; 3 letras a), b) y c), 4, 8 letra b) y 26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos, respectivamente, en ocasión de los US$92 millones de dólares que la empresa Odebrecht reconoció haber entregado por concepto de sobornos a funcionarios y legisladores dominicanos para la adjudicación de obras estatales”.

Las organizaciones señalaron que, a pesar de la gravedad de los hechos y los daños ocasionados por los acusados, al presentar su acusación, el Ministerio Público omitió constituirse en actor civil, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 51 del Código Procesal Penal, a fin de perseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los intereses colectivos sufridos por el Estado dominicano.

En el acto también solicitan que se disponga que el Estado Dominicano proceda a constituirse en parte civil en el proceso penal de referencia, a fin de reclamar las correspondientes indemnizaciones de forma solidaria en contra de los hoy acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, y en contra de los acusados que corresponda adicionar a la acción penal en cuestión.

Recomiendan que de conformidad con lo previsto en el Artículo 373 del Código Procesal Penal, el Estado Dominicano designe dos abogados particulares de alto nivel profesional y probada honorabilidad e imparcialidad partidaria, como acusadores adjuntos del presente caso para que, junto a los miembros del Ministerio Público asignados al caso, se encarguen de sustentar, revisar, profundizar y completar tanto la acusación penal del caso de marras como las reclamaciones civiles que el Estado Dominicano deba exigir a los hoy acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández y a los acusados que corresponda adicionar a la acción penal en cuestión.

Las organizaciones recordaron que en consonancia con el ordenamiento jurídico de la República Dominicana y dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se disponga que el Estado Dominicano solicite la inmediata asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer en la República Dominicana una comisión internacional permanente contra la impunidad y la prevención de la corrupción, que permita una efectiva colaboración internacional para el monitoreo y seguimiento del presente proceso penal; y, que en adición, asista al Ministerio Público en las investigaciones y persecuciones de otros casos de corrupción similares en curso o pendientes de ser iniciados; y, colabore en el establecimiento y seguimiento de políticas, técnicas, procesos y mecanismos de prevención de la corrupción pública y privada en la República Dominicana.

Denuncian que la acusación del Ministerio Público está incompleta si no investiga el financiamiento de campaña.

Santo Domingo, D.N.-El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ., Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos/as -CONDOR- y la Acción Comunitaria por el Progreso, Inc. (ACOPRO), se pronunciaron desde el Campamento Verde de la Marcha Verde en su 7mo. día, instalado el pasado viernes luego de las declaraciones dadas por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.

Según las citadas organizaciones, las autoridades deben esclarecer si el partido oficialista PLD recibió fondos de Odebrecht, S. A., a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE & ART 2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil. De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral No. 274-97 y la Ley de Lavado de Activos.

“La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana, se hace en virtud de que ellos (sus dirigentes) declararon que Joao Cerqueira de Santana Filho era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los estados financieros presentados a la Junta Central Electoral, no se evidencia ningún pago a Joao Cerqueira de Santana Filho ni a ninguna de sus empresas. De confirmarse los hechos, estamos frente a un ultraje a la Soberanía Nacional por la injerencia de una empresa extranjera en temas políticos de República Dominicana”, plantean las organizaciones denunciantes.

Señalan que los breves estados financieros “presentados tardíamente por el PLD a la Junta Central Electoral, no evidencian ningún pago realizado a Joao Santana ni a ninguna de sus empresas”. Recuerdan que la Ley Electoral resulta “clara y reiterativa” en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Las organizaciones no confían en el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por su condición de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y activista político partidario en la campaña del entonces candidato Danilo Medina Sánchez, en violación a lo que establece el Principio de apoliticidad del Art. 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, el cual señala que “ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para tales fines.”

Expresaron que esperan que su acción cuente con el respaldo decidido de todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, como una evidencia más de la invariable determinación de poner fin a la era de la impunidad, en vista de que urge un cambio radical que nos ayude a construir esperanza en la República Dominicana.

Jueves 14 de Junio 2018

Descargar: Acusacion del MP de caso Odebrecht

Con la reserva de conocer y procesar los méritos o fundamentos que puedan contener las acusaciones formuladas ante la justicia por la Procuraduría General de la República tras año y medio de las investigaciones sobre los hechos criminales del escándalo Odebrecht en el país, Participación Ciudadana está en la obligación de fijar posición al respecto.

1. Desde que se conocieron las implicaciones nacionales en el mayor escándalo de corrupción internacional documentado y admitido por la empresa constructora brasileña Odebrecht, hemos participado militantemente en el clamor nacional por sanciones que reparen los daños materiales y morales y contengan la ruinosa impunidad que nos agobia.
2. Por eso hemos formado parte de los promotores del movimiento Marcha Verde contra la corrupción y el fin de la impunidad, y ya el 1 de mayo del 2017, junto al Centro Social Juan XXIII, la Fundación Masada y Santiago Somos Todos, formulamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que determine el destino de 4 millones 396 mil 796 dólares transferidos entre 2013 y 2014 desde tres filiales de Odebrecht en Perú a la cuenta de Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de los asesores electorales del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura.
3. El 8 de junio del 2017, tras las imputaciones hechas por la PGR a 14 personas por los crímenes de Odebrecht, aunque consideramos que el documento presentaba indicios de responsabilidades importantes, formulamos múltiples reparaciones y reclamamos una exhaustiva investigación para fundamentar los cargos e impedir que el escandaloso caso se enrumbara, como tantos otros, a la impunidad.

Entre otros aspectos hace un año señalamos:

1. Que fue notoria la comisión de errores injustificables que ayudaban a desacreditar la indagatoria y contribuyen a sustentar la posición de quienes los creen intencionales para facilitar la impunidad.
2. Advertimos que la PGR sostuvo en su instancia que todas las obras contratadas con Odebrecht "fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado Angel Rondón, a funcionarios de República Dominicana".
3. Llamábamos la atención al hecho de que, aunque todo el fundamento documental de las imputaciones se encontraba en las 101 transferencias de cinco empresas de Odebrecht a dos de Angel Rondón, en los años del 2007 a enero del 2015, la mitad de los imputados correspondían al gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, cuando se contrataron con Odebrecht las primeras dos obras, una de las cuales sería ejecutada por el siguiente gobierno, y que ambas sólo implicaban el 5% del monto contratado. Y cuando no habían comenzado las transferencias del dinero documentado, ascendentes a 83.2 millones de dólares. Advertimos un sesgo político en las imputaciones.
4. Dijimos que aunque un comunicado de la PGR rectificó que en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina "sólo hubo sobornos a un senador y un diputado para la aprobación de su financiamiento", eso resultaba inconsistente porque no se les identificaba y porque desde el 2010 el partido gobernante contaba con casi todos los senadores y el 60 por ciento de los diputados, y debía asumirse que no tenía necesidad de sobornar a dos legisladores para aprobar los contratos ni sus adendas.
5. Nos resultó resaltante que en las imputaciones no se aludiera a la lista de los sobornados que tantas veces la PGR dijo haber recibido de Odebrech y de las autoridades brasileñas.
6. Sostuvimos que aunque en la misma instancia de la PGR asoman las sobrevaluaciones de las obras contratadas con Odebrecht, a más de cinco meses del estallido del escándalo, no habían sido auditadas "lo que implica una grave negligencia investigativa".
7. Señalamos que aunque en dos casos de las imputaciones se alude a financiamiento ilícito de campañas electorales, el Ministerio Público no parecía interesado en asumirlo, a pesar del testimonio de quienes dirigían el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de que trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por considerarlo un lugar seguro, cuando la justicia brasileña empezó a desarticular la corruptela.

Una brecha abierta para la impunidad

1. Ahora con las acusaciones formuladas por la PGR la indignación general se multiplica y crece la convicción de que el Ministerio Público actúa como instrumento político, que no sólo oculta deliberadamente las responsabilidades de las gestiones gubernativas del Partido de la Liberación Dominicana, sino que además encuentra más responsables en la gestión que aprobó el 5% del monto contratado con Odebrecht, en relación de tres a dos.
2. Queda evidente que las investigaciones han evadido las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales que involucran a los asesores políticos del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura. La denuncia de las transferencias a Cine&Art 2013, contiene los bancos utilizados y número de cuentas.  Es inadmisible que tras año y medio del escándalo no se hayan realizado las auditorías de los costos de las obras, ni se hayan establecido responsabilidades sobre la violación de la ley de compras y contrataciones, con sobrecostos que en casi todas las obras superaron los límites legales.
3. Una prueba del desinterés por establecer el financiamiento ilegal de campañas electorales, es que el exministro Temístocles Montás, quedara liberado de la imputación del año pasado, a pesar de que admitió en un comunicado público que había recibido dinero de Angel Rondón para la campaña electoral del PLD en las elecciones del 2008, 2012 y 2016.
4. En la instancia de acusación sólo aparece un funcionario de los gobiernos del PLD, el exministro Víctor Díaz Rúa, y un senador, el de San Cristóbal, Tommy Galán, aunque del total de las transferencias documentadas el 33 por ciento llegaron a las cuentas de Rondón, en el gobierno de Leonel Fernández, y el 67 por ciento en el de Danilo Medina. Es relevante que en el período de contratación de las plantas de carbón, entre 2013 y 2014 los depósitos a las cuentas de Rondón para los admitidos sobornos, ascendieron a 49.6 millones de dólares. Pese a ello ningún funcionario de este gobierno, ni de sus obras contratadas, aparecen implicados, esperándose una explicación de los investigadores sobre a dónde fue a parar todo ese dinero.
5. Es más que resaltante que dos presidentes del Senado del antiguo Partido Revolucionario Dominicano, que ahora son presidente y secretario general del mayor partido de oposición, figuren como acusados por haber gestionado la aprobación de los dos primeros contratos, pero no ocurre lo mismo con quienes presidieron ambas cámaras legislativas cuando se aprobaban 15 de los 17 contratos, con numerosas adendas que elevaron los costos, aún de las dos obras contratadas en el período 2000-04.
6. El caso del senador Tommy Galán, único legislador oficialista acusado, es más que relevante, pues a pesar de la revisión de "más de 800 mil transacciones bancarias" con "más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas", y de haber reunido "1,711 pruebas", queda el solito como responsable de que los 32 senadores de su mismo partido aprobaran el 95 por ciento de lo contratado con Odebrecht. Aprobaciones que se realizaban casi siempre sin lectura de los contratos y bajo declaraciones de emergencia.
7. Contrasta que Odebrecht sobornara a un solo senador y que no tuviera que hacerlo con los diputados, donde había una diversidad inexistente en el Senado. Con la liberación de los originalmente imputados Alfredo Pacheco y Ruddy González, no queda ningún diputado implicado.
8. Ante todo el país ha quedado evidente una concertación para no realizar las auditorías de las sobrevaluaciones de las contrataciones de Odebrecht, estimadas en 22 por ciento como patrón ejecutivo, según confesión de los propios funcionarios de la constructora brasileña. Si se aplica ese porcentaje a los 5 mil 957 millones de dólares de las contrataciones, las sobrevaluaciones pudieron haber llegado a 1,119 millones de dólares, es decir 13 veces el volumen de 92 millones de dólares de los sobornos confesados por Odebrecht en el país, el tercero más elevado de las 11 naciones involucradas.
9. Ya en nuestro comunicado de junio del 2017 advertíamos que tres familiares de Rondón y Díaz Rúa, que aparecen como beneficiarios de grandes sumas de las transferencias, no habían sido imputadas, lo que sugiere una concesión en camino a la impunidad. Al reducirse a la mitad la cantidad de los imputados, aumenta la percepción. Más aún si no se documenta el destino del 67 por ciento del dinero transferido a Rondón, quien desde el primer momento dijo que ese era un pago de comisiones por su representación de Odebrecht en el país y en las negociaciones con el Estado.
10. Participación Ciudadana advierte que sólo una renovación de la movilización nacional contra la corrupción y la impunidad evitará que el escándalo Odebrecht se sume a muchos otros sin sanción de la justicia. En lo inmediato nos sumamos al "campamento de la dignidad y resistencia verde" levantado en el entorno de la Procuraduría General de la República.

Consejo Nacional
Santo Domingo, 12 de junio del 2018.

Marca el inicio de un proyecto que involucra a los sectores sociales para dar respuesta a las consecuencias del calentamiento global en la sociedad.

Santo Domingo, República Dominicana.- El Capítulo Nacional de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación Sur Futuro, presentaron el Foro Dominicano de Cambio Climático, como parte de una alianza estratégica que busca impulsar un espacio de diálogo activo entre todos los sectores de la sociedad civil que permita la identificación, discusión informada y consenso sobre políticas, estrategias y acciones prioritarias para dar respuesta a los efectos generados por el cambio climático.

A esta iniciativa se han unido 28 instituciones no gubernamentales y del sector privado, comprometidas a conocer las acciones que realizan en mitigación y adaptación al cambio climático; promover las alianzas público privada para apoyar la implementación de los programas de respuesta en todos los niveles; y promocionar el mejoramiento de las capacidades para enfrentar de manera directa su impacto en la sociedad, entre otros lineamientos.

“El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, es un reto que requiere de acciones contundentes, desde ahora. Este es el momento de actuar en conjunto, ya que la lucha contra el cambio climático necesita de la integración de todos los sectores del país”, sostuvo el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel.

El Foro sirvió de escenario para discutir acerca de los impactos del clima y las medidas para enfrentarlos; la agenda nacional sobre el cambio climático; los proyectos que se están llevando a cabo, las políticas existentes; y viabilizar posibles soluciones en las que pueda incidir la sociedad civil.

Las organizaciones informaron que a partir de este acto de compromiso, la propuesta es desarrollar actividades recurrentes, dar seguimiento y soporte, realizar capacitaciones a las diferentes instituciones aliadas a través de talleres, cursos y otras herramientas que aporten al efectivo involucramiento de estos actores en las respuestas al cambio climático.

El evento, realizado en el Hotel Sheraton, contó con la participación del Dr. Jorge González, Director de Ciencias de la Tierra y Sostenibilidad Ambiental (ESES) y profesor en el City College of New York (CCNY), quien dictó una conferencia magistral sobre “República Dominicana y sus desafíos frente al Cambio Climático”; también estuvieron presentes las doctoras Michela Izzo y Laura Rathe, y el doctor Alejandro Herrera, quienes intervinieron en el panel “Cambio climático y un futuro resiliente” donde abordaron sobre los patrones climáticos del país, la gestión de riesgo y la resiliencia climática, entre otros temas.

Como representantes de las demás instituciones fundadoras, estuvieron el señor Víctor Gómez-Valenzuela, vicerrector de Investigación del INTEC, y el señor Eduardo Julia, Oficial de Planificación y Cambio Climático de la Fundación Sur Futuro. Además, a este foro se sumó el ingeniero Ernesto Reyna Alcántara, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL).

Martes 05 de junio de 2018

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