Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, rechazó las amenazas contra la mayoría del Tribunal Superior Electoral (TSE) que decidió anular reuniones del PRD, aliado al oficialismo, indicando que son claros signos de la intolerancia que suele dar paso a la dictadura.

Para PC constituye una intromisión incalificable las declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, solicitando a la Cámara de Diputados iniciar investigaciones sobre los miembros de TSE, en claro mensaje de inicio de un juicio político por haber tomado una decisión dentro de su competencia.

Participación Ciudadana entiende que se trata de un mensaje mordaza que va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún aquellas autónomas como la Junta Central Electoral.

“El señor Pared Pérez debe retirar sus palabras y pedir disculpas al país por afectar el clima democrático que es su deber fortalecer como presidente del Senado”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

La organización de la sociedad civil reiteró que debe investigarse la denuncia de que ministros del gobierno presionaron para que se modificara la sentencia del TSE y de que se retiró la seguridad del presidente del TSE, aunque la hayan repuesto posteriormente.

“Es lamentable esta situación que ocurre justo después de un proceso irregular de sustitución de algunos jueces independientes de la Suprema Corte de Justicia llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, controlado por el oficialismo. Alertamos a la Nación ante estos signos de intolerancia que ponen en riesgo la imperfecta democracia dominicana”, señaló el Consejo Nacional de PC.

Consejo Nacional
11 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), afirmaron que es inconcebible que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados.

La afirmación fue realizada durante el panel “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, que tuvo como objetivo difundir informaciones sobre las aportaciones del 5% de la industria extractiva, la relevancia económica y legal, la importancia del Estándar de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI) y su posible aplicación respecto al ordenamiento territorial en los municipios afectados.

Los panelistas fueron Anselmo Muñiz, investigador social y abogado; Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD); y Domingo Matías, sociólogo, investigador socio-político y experto en temas de desarrollo local y reforma de la administración pública.

Durante la actividad, indicaron que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la participación en los beneficios generados por los planes de inversión y desarrollo, en particular los relativos a la exploración y explotación minera de sus tierras ancestrales, es un derecho extensamente reconocido, tanto a favor de las comunidades indígenas como de los pueblos tribales, lo que es asimilable en el contexto dominicano, debido a la conexión intrínseca que poseen los habitantes de un lugar con su territorio, en tanto “base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y sistema económico”.

Citaron al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que establece en su artículo 15 que, ante “cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”, “los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

“Nuestro país tiene abundancia de recursos naturales renovables y no renovables, minerales (Oro, Plata, Zinc, Níquel), con un Estado compuesto de instituciones deficientes, con insuficiente regulación y bajos niveles de cumplimento de la ley, por lo que se asume una alta cuota de corrupción. Por esto es necesario que en nuestro país se impulsen iniciativas para procurar y demandar transparencia en este sector tan fundamental para la economía”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de PC.

Señaló que la participación de la ciudadanía promoviendo y exigiendo la transparencia en esta industria, permitirá incrementar la auditoría social, construir diálogos entre el Estado, la empresa y la ciudadanía, sobre la base de la demanda y análisis de información completa y veraz.

En su intervención, el investigador social y abogado, Anselmo Muñiz, indicó que no existe ninguna transparencia sobre cuáles son los beneficios derivados de la empresa explotadora, añadiendo que lo que se acuerde entre la empresa y el Estado tiene efectos relativos y que los municipios si tienen la facultad de exigir directamente a la empresa o al Estado el pago.

Por su parte, la directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Maritza Ruiz, manifestó que "el Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir".

El sociólogo Domingo Matías, explicó que no es lo mismo transferir recursos de las empresas mineras a municipios que a ayuntamientos, indicando que los recursos están muy centralizados y que el clientelismo político se adueña de ellos.

El evento, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana (FLACSO RD), contó con la participación de más de 30 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y público general.

09 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. En vista de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se apresta a decidir la forma en que quedará integrada la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que algunos sectores propugnan por una “renovación” o “borrón y cuenta nueva” en la alta corte, Participación Ciudadana (PC), hizo un llamado final a los miembros del CNM para que actúen apegados a la norma y a que sus decisiones estén dirigidas a lograr una SCJ independiente.

“La renovación total no es posible, excepto que todos los jueces actuales merezcan ser removidos como resultado de una evaluación de desempeño individual, basado en prueba admisible, y el país sabe que existen jueces que merecen su confirmación. Un “borrón y cuenta nueva”, entendido como una renovación total, no solo lesionaría el debido proceso, sino que afilaría la espada que siempre pende sobre las cabezas de los jueces con estas evaluaciones de desempeño, reduciendo aún más su independencia”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Indicó que entre los (as) candidatos (as) evaluados (as) existen suficientes jueces de carrera con todas las condiciones para ir a acompañar a los que permanecerían, debido a sus méritos, y así poder construir una SCJ excepcionalmente idónea, para lo cual solo se requiere la voluntad de alejar la política partidaria de uno de los más altos tribunales de justicia del país, para que este pueda replicar dicho proceso hacia las instancias inferiores.

El Consejo Nacional de PC señaló que, por esa razón, Participación Ciudadana ha abogado por darle prioridad a los jueces de carrera y que de su matrícula se escoja al presidente de la SCJ, así como a los presidentes de sus tres salas.

“La cuota para abogados en ejercicio, fiscales o académicos se ha utilizado en el pasado para llevar a la SCJ a personas comprometidas con los partidos políticos, colocándolos en un serio conflicto de intereses y lealtades cuando tienen que ser jueces de aquellos que fueron sus compañeros de partido, y a los cuales posiblemente les deben favores políticos. Por esa razón, la única forma de curarse en salud en estos momentos es no escoger personas en esas condiciones y mucho menos para la presidencia de la SCJ”, manifestó.

Consejo Nacional
03 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. Como parte de su labor de observación electoral, el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, remitió una carta al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, donde presenta algunas observaciones sobre el proyecto de automatización del voto.

La organización de la sociedad civil explicó que el fracaso del uso de nueva tecnología en las elecciones pasadas, se debió más que a los equipos y programas utilizados, al poco tiempo que se tenía para implementarla y a que se saltaron varias de las fases recomendadas en un proyecto de esa naturaleza, por lo que exhortan a tomar este factor en cuenta, ya que según expertos se requiere de por lo menos un año luego de ser adquiridos los equipos.

Indicó que, para la implementación del voto automatizado, se requiere de varios simulacros o pruebas realizadas en el campo y que el uso del sistema en las primarias pautadas para octubre de este año, no puede ser considerado una prueba para validarlo, ya que deben realizarse con antelación a las primarias.

“La credibilidad del sistema se consolidará o afectará de acuerdo a los resultados de tales primarias, por lo que la JCE debe asegurar que para las primarias, ya el sistema haya sido probado en más de una oportunidad, para detectar y corregir a tiempo todas las falencias que surjan durante las pruebas, incluyendo, pero no limitado a equipos, programas, conectividad (solo para los momentos del boletín cero y de la transmisión de los resultados), energía, facilidades de los locales, entre otras”, expresó en el comunicado, el nuevo coordinador general de Participación Ciudadana, Heiromy Castro.

Resaltó la importancia de realizar auditorías al sistema y que estas sean transparentes, agregando que la selección a tiempo de los auditores, los cuales deben ser independientes, permitiría que estos acompañen todo el proceso de implementación y prueba del sistema, además de ayudar a identificar problemas técnicos y apuntalar la confianza de los partidos y electores.

“Nadie discute el criterio de la necesidad de las auditorías en todos los sistemas, sin importar su modalidad, incluyendo el sistema automatizado con impresión en papel térmico del voto de cada elector, que le permitiría comprobar por quién votó y, además, un conteo físico si fuese necesario, que es el que utilizará la JCE”, sostuvo.

Otro factor destacado por Participación Ciudadana fue el tema de la educación, señalando que les preocupa los problemas que puede generar el uso del sistema automatizado de la boleta electoral por parte de la ciudadanía con escasa educación formal, sobre todo la de mayor edad.

“Entendemos que además de una campaña educativa intensa, se requerirá de un plan B en cada mesa de votación, con la finalidad de que uno de los miembros de la mesa pueda estar entrenado para ayudar a votar, respetando el secreto del voto, lo que se lograría, aunque tome tiempo, si esta persona orienta al elector sobre cómo avanzar en la pantalla táctil, dejándolo solo en cada ocasión en que el elector deba votar y avanzar hacia el próximo nivel de votación”, manifestó Castro.

Añadió que, si durante los entrenamientos o el proceso de educación se detecta que este problema podría generar dificultades serias, valdría la pena considerar la posibilidad de limitar el uso del voto automatizado, en esta oportunidad, solo para las zonas urbanas, dejando la zona rural para unas próximas elecciones, con más tiempo para el trabajo educativo. Una de las recomendaciones de los expertos es no implementar cualquier sistema en el 100% del territorio, sino utilizar planes pilotos.

Finalmente, en el comunicado, PC se refirió al calendario de actividades para la implementación del voto automatizado, indicando que el calendario de actividades administrativas y plazos legales 2020 de la JCE no contempla las actividades propias del proyecto del voto automatizado, ya que fue confeccionado antes de que se aprobara la Ley de partidos y las primarias, por lo que es necesario actualizarlo y completarlo hasta el momento mismo de las últimas elecciones que se realizarían con este sistema para así dar seguimiento a su cumplimiento.

Consejo Nacional
31 de marzo de 2019

Anexo: Comunicación de PC al Lic. Julio César Castaños Guzmán y demás miembros de la Junta Central Electoral

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, realizó el estudio “Monitoreo y Evaluación de las Estrategias Nacionales para el Cambio Climático en RD”, con el objetivo de evaluar y monitorear los avances en la aplicación de las Estrategias Nacionales para el Cambio Climático, en cada uno de los municipios de intervención de su proyecto “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana”.

El estudio, elaborado en coordinación con la especialista ambiental, Yeny Cornelio, y auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), buscaba realizar una valoración de los roles desempeñados por las organizaciones involucradas en la implementación de las Estrategias Nacionales de Cambio Climático, y la pertinencia de las estrategias, procedimientos y metodologías utilizados.

“Este informe tiene como propósito visibilizar los avances y desafíos pendientes del Estado dominicano para abordar el cambio climático desde todas sus dimensiones técnicas y científicas.  Pretende ser un aporte al conocimiento de la ciudadanía en general,  para movilizar la acción desde nuestras propias prácticas que nos conduzcan a establecer contribuciones que como país nos competen, articulados bajo una dinámica Estado-Sociedad, partiendo de la premisa de que el cambio climático no es un componente adicional o un aspecto del desarrollo, sino que es algo que condiciona todas las formas de producir y vivir, por lo cual se requiere de decisiones que manejen  escenarios de largos plazos”, expresó Ruth Henríquez, representante de Participación Ciudadana.

Por su parte, el coordinador del proyecto de PC “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana”, Dionys de la Cruz, explicó que debido a la gran inversión que se ha estado realizando por las cooperaciones internacionales, y el mismo Estado en materia de cambio climático, surge la necesidad de verificar el estado actual de la ejecución de acciones en pro de la lucha contra este fenómeno, a la vez tomando en cuenta que República Dominicana es país signatario desde 1998 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde asumió el compromiso de cumplir con la agenta 2030 y los ODS.

Algunas de las conclusiones del estudio sobre las Estrategias Nacionales para el Cambio Climático en el país, fueron que se consideran pertinentes en el avance de los acuerdos de la Convención y que las políticas de cambio climático han sido adecuadas a las necesidades institucionales, pero debido a que esto implica un seguimiento nacional y local a todas las intervenciones propuestas, se recalca que en algunos territorios locales, sobre todo por la falta de financiamiento y la debilidad institucional, las acciones y resultados no son los esperados y en general son limitados.

También se verificó que no se toman en cuenta las condiciones de las instituciones ejecutoras, especialmente, las necesidades de coordinación para la formulación y ejecución de las actividades con las instituciones de los Gobiernos Locales y que por lo tanto no llegan a concretizarse en acciones específicas; y que se solicita mayor transparencia de las acciones y resultados de las actividades relacionadas con el cambio climático.

Para la realización de este estudio, se entrevistaron a 26 representantes de instituciones locales del gobierno central y organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de cambio climático, entre las cuales estaban la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), entre otras. También se consultaron representantes de los ayuntamientos de Jarabacoa, Santiago, Las Terrenas, San Pedro de Macorís y Distrito Nacional. Los criterios de evaluación tomados en cuenta fueron la pertinencia, la eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de las estrategias implementadas.

Durante el evento también se realizó un panel para socializar los resultados del estudio, que contó con la participación del Ing. Ernesto Reyna, M.Sc, vicepresidente del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio; Solhanlle Bonilla, Ph.D, maestra-investigadora del INTEC; y el Lic. Jose Antonio Chevalier, M.Sc, director de Planificación y Programación del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís.

La actividad fue realizada en el Hotel Sheraton y contó con la asistencia de más de 40 personas, entre ellas, representantes de la sociedad civil y de organizaciones que trabajan los temas de cambio climático, gestión ambiental y otras áreas afines.

29 de marzo de 2019

Reitera la necesidad de la eliminación del antidemocrático sistema del arrastre.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, afirmó que apoya la solicitud realizada a la Junta Central Electoral (JCE), para que apruebe el reglamento relacionado con las boletas y señaló que, de acuerdo al art. 92 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No 15-19, debe existir una boleta a nivel senatorial, separada de la del nivel de diputaciones.

PC reiteró la necesidad de la eliminación del antidemocrático sistema del arrastre de los votos del candidato/a a diputado/a de un partido al candidato/a a senador/a del mismo partido, indicando que “no cabe duda de que la JCE tiene poder reglamentario para establecer que a nivel senatorial habrá una boleta diferente a la del nivel de diputaciones”.

El Consejo Nacional de PC expresó que “la base legal para ello viene dada por el artículo 92 de la Ley No 15-19, que separa el nivel senatorial del de las diputaciones, además del artículo 97 de la misma ley que dispone que ‘las boletas se elaboraran en la forma y condiciones que establezca la Junta Central Electoral, mediante resolución motivada’. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos votos obtuvo por sí mismo cada candidato/a a senador/a y no hay texto legal alguno que impida conocer este dato, que se facilitaría con la boleta senatorial que se desprende del artículo 92 de la misma Ley”.

Sostuvo que el artículo 104.III de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, prohíbe que los votos a un/a candidato/a en una circunscripción determinada le sean sumados a candidatos de otras circunscripciones, aunque sean del mismo partido y que el párrafo IV del mismo artículo hace una excepción con los/as candidatos/as a senadores/as, “a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia”, lo que implica un choque entre dos disposiciones legales, la que prevé el nivel senatorial separado del nivel de diputaciones, y la que establece el arrastre a favor de los senadores, lo que obligaría a una interpretación de los textos legales.

Participación Ciudadana señaló que, para favorecer el arrastre, no basta con señalar la Ley 157-13 sobre voto preferencial, que ciertamente permite sumar a favor del candidato/a a senador/a los votos obtenidos por los candidatos/as a diputados/as de su partido en cada provincia, pues habría previamente que determinar cuál es el alcance del voto directo previsto en la Constitución.

El Consejo Nacional de PC entiende que: “La interpretación de las disposiciones legales en contradicción debe basarse en los principios constitucionales que rigen la materia, entre los que se encuentra, de manera destacada, el derecho de los electores al voto directo, contemplado en el artículo 77 constitucional cuando dice que ‘la elección de los senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos establecidos en la ley’ y reiterado en el artículo 208 constitucional”.

“El voto directo es aquel que permite al elector sufragar a favor del candidato de su preferencia, sin utilizar intermediarios u órganos que decidan por él, aunque este órgano sea un partido. No cabe duda de que, cuando se pretende que el voto a un diputado también se le atribuya a un candidato a senador por el cual no se ha votado, se rompe el principio del voto directo y se coloca al elector en la obligación de votar por un candidato a senador, sin que necesariamente esa sea su voluntad, lo que nos llevaría a la vulneración de otro principio constitucional, que es la libertad del voto, contemplado en el artículo 298 constitucional”, manifestó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

PC indicó que, debido a esto, el choque entre las disposiciones legales descritas debe zanjarse haciendo prevalecer la Constitución y la voluntad del elector e interpretando el artículo 104.IV de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en el sentido de que los votos que se computarán a favor del candidato/a a senador/a son los que obtenga el partido, pero en la boleta a nivel senatorial.

Consejo Nacional
28 de marzo de 2019

Sostiene que el proceso en el CNM ha sido dañado y de continuar las ilegalidades, la evaluación y sustitución de jueces de la SCJ quedará terriblemente viciado.

Santo Domingo, República Dominicana.- El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, declaró que luego de tres semanas de haber ocurrido las violaciones del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, contra los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, y luego de haber anunciado su abstención en el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, es cuestionable que el responsable del Ministerio Público continúe violando la Constitución de la República y las leyes e irrespetando la imparcialidad que le corresponde en la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

“La conducta irrespetuosa y violatoria de toda norma de imparcialidad que ha mantenido el Procurador General de la República, representa un vicio y una irregularidad que busca afectar directamente a la magistrada Miriam Germán, quien tiene derecho a una evaluación justa y equilibrada, tanto por su formación y calidad profesional, así como por su historial tanto en el servicio al Ministerio Público como al Poder Judicial”, expresó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en un comunicado de prensa.

La entidad de la sociedad civil entiende que el debido proceso en la evaluación y selección de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, se ha visto seriamente lesionado, en esta ocasión, por “la conducta errática, irregular, abusiva, desconcertante y desconsiderada del Procurador General de la República”. Explica que el Consejo Nacional de la Magistratura, por su composición como por el rol que le corresponde jugar, debía estar revestido de una mayor rigurosidad en el cumplimiento del deber de cada uno de los consejeros, así como en la aplicación de las normas que rigen sus actos.

Participación Ciudadana sostuvo que la Procuraduría General de la República, además de violentar las normas para afectar la credibilidad y honorabilidad de Miriam Germán Brito, violó el derecho a la privacidad de esta magistrada, al intervenir irregularmente sus comunicaciones, y posteriormente al tratar de justificar sus actos creando un ambiente de sospecha sobre terceras personas, que carece de rigurosidad y seriedad.

“Es inconcebible que, a la fecha, tres semanas después de la denuncia, la Procuraduría no haya demostrado que tenía un expediente en sus manos y que estaba realizando una investigación, coordinada por un departamento competente, sobre los actos en que sustentó la intervención del teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito”, sostuvo el Consejo Nacional de PC.

La organización entiende que, a la violación de los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, que rigen las actuaciones del CNM y las evaluaciones a los jueces y aspirantes, habría que sumar la intervención ilegal de las comunicaciones. “Con estos dos hechos protagonizados por la Procuraduría General de la República y por el Procurador General, ya ha debido producirse una intervención responsable del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Danilo Medina, para salvaguardar los derechos insistentemente violentados por el Procurador General de la República”, manifestaron.

El Consejo Nacional de PC indicó que antes de que se inicien las entrevistas a los demás aspirantes a jueces para ocupar a las posiciones vacantes en la Suprema Corte de Justicia, el presidente Danilo Medina tiene en sus manos detener las violaciones del Procurador General de la República contra la magistrada Miriam Germán Brito.

De acuerdo con PC, el Procurador ha realizado una campaña mediática para promover las cartas que él denominó como anónimas contra Miriam Germán Brito, y al mismo tiempo ha promovido declaraciones de abogados con el apoyo de miembros del Ministerio Público para que le defiendan en sus actuaciones, además de divulgar fotografías que no forman parte de ningún proceso legal, con la aviesa intención de sembrar dudas contra la magistrada Miriam Germán Brito.

“Hay una página en Internet dedicada a afectar la honorabilidad de la magistrada Germán, y todas las sospechas caen sobre la Procuraduría General de la República como gestora de la misma. Eso es ilegal, y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura está en la obligación de detenerlo”, expresan en el comunicado.

Para PC el presidente debe actuar con urgencia para brindar algo de credibilidad a un proceso que ha sido dañado seriamente desde el pasado 4 de marzo, y sostienen que, en caso de insistir con esta campaña, buscando destruir la imagen de la magistrada Germán, todo el proceso de evaluación y sustitución de jueces de la SCJ quedará “terriblemente viciado”.

Consejo Nacional

Indica que riesgos de corrupción en el sector agua son enormes en RD. Señala el país tiene más de una década sin Ley de Agua.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó que “el uso racional, equilibrado, sustentable del agua garantiza la demanda y la disponibilidad futura, pero apremia poner orden, control y prevenir la corrupción en el sector agua”.

La organización de la sociedad civil indicó que los riesgos de corrupción en el sector agua son enormes y la República Dominicana está en la obligación de prestar atención para adoptar todas las medidas y políticas que impidan su desarrollo y extensión.

Participación Ciudadana señaló que “la corrupción en el sector del agua es una causa fundamental y un catalizador para la crisis global del agua que amenaza a miles de millones de vidas y agudiza la degradación medioambiental, de acuerdo al Informe Global de la Corrupción: Corrupción en el Sector del Agua, por Transparencia Internacional”.

“La crisis del agua es innegable y tiene unas consecuencias devastadoras para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Las organizaciones de la sociedad civil deben entender y dar respuesta contundente, porque, como señala Transparencia Internacional, el cambio climático exige que se elabore el marco de gobernabilidad que aborde los riesgos de corrupción, especialmente los relacionados con el agua, las tierras de regadío que ayudan a producir los alimentos, pero la corrupción en la irrigación es rampante”, sostuvo el director ejecutivo de PC, Carlos Pimentel.

Para Pimentel, “los conflictos de intereses, el tráfico de influencia, el otorgamiento de permisos y licencia sin control ni supervisión, la permisividad para que funcionarios y grandes empresarios desarrollen plantaciones en áreas protegidas, reemplazando bosques por cultivos, pone de manifiesto el desorden, el descontrol y la presencia de la corrupción en este sector”.

Además, hizo referencia a la ineficiencia de la aplicación de políticas públicas orientadas a un marco jurídico que contemple los mecanismos de prevención, control y sanción necesarios, que garanticen el adecuado manejo y aprovechamiento de las aguas nacionales.

“Participación Ciudadana en el marco del Día Mundial del Agua, lamenta la sequía que está atravesando el país, a la vez que invitamos a la población a hacer uso racional del preciado líquido e insistimos en que es lamentable la lentitud y el desinterés del Congreso Nacional, que tiene más de una década sin terminar de dotar al país de una Ley de Agua, el cual prometería una gestión más eficiente y útil de dicho recurso”, manifestó el Director Ejecutivo de PC.

Citó el artículo 15 de la Constitución que indica claramente que los “recursos hídricos, como el agua, constituyen un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Además de que el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso y el artículo 61 numeral uno, también establece “que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas y el acceso al agua potable”.

Recordó que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la agenda 2030, exigen la aprobación de políticas públicas y normativas, como la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Agua, la Ley de Planificación de Regiones Únicas, entre muchas más, y Participación Ciudadana agotará todos los recursos disponibles y se mantendrá activa para exigir la aprobación de estas leyes que son consideradas fundamentales para un buen y adecuado funcionamiento de la sociedad.

“La sociedad debe demandar de forma enérgica más acciones y menos palabras para la adaptación climática en RD, de ahí la necesidad de la aprobación de normativas que se encuentran engavetadas, que, en su implementación y cumplimiento, pueden asegurar un futuro vivible y resiliente ante estos embates y desafíos ambientales que se están viviendo hoy día”, expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC.

22 de marzo 2019

Realizan panel sobre la incidencia de la geopolítica y el crimen internacional en la seguridad nacional.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), realizó el panel “Geopolítica y Crimen Internacional: Su incidencia en la Seguridad Nacional”, en el marco de su proyecto CRIMJUST.

Este evento, que formó parte de las actividades de la “Feria de Seguridad Ciudadana, Distrito Nacional”, contó con la participación de los panelistas Jonathan Delgado, especialista en geopolítica; Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; y Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana.

Tuvo como objetivo seguir promoviendo la cooperación en materia de investigación y justicia penal en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África occidental, y aunar esfuerzos para poner dentro de la palestra pública temas que consideran vitales y que deben ser abordados con la mayor seriedad y rigurosidad que estos requieren.

Durante el panel, el coordinador del proyecto CRIMJUST en República Dominicana, Guillermo Peña, informó que, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el país, al ser una isla del Caribe compartida con Haití, se encuentra en una ubicación geográfica de alto riesgo de narcotráfico, por estar en la ruta utilizada por organizaciones criminales.

Indicó que, durante el año 2015, las autoridades dominicanas informaron que incautaron 9,277 kilos de cocaína; en el 2016 se incrementó a 9,673 kilos; y para el 2017 fueron capturados 12,843.

“El país tiene múltiples rutas que pueden ser utilizadas por los cargamentos de cocaína. Según la organización Insight Crime, para el mercado estadounidense, está Puerto Rico, a solo 381 kilómetros de distancia. Si los traficantes logran ingresar cocaína a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, es fácil llegar a tierra firme, dado que está dentro de las barreras aduaneras estadounidenses. Algo similar ocurre con los territorios franceses de Martinica y Guadalupe en cuanto a los cargamentos dirigidos a Europa continental”, agregó Peña.

En su exposición, el especialista en geopolítica, Jonathan Delgado, expresó que “la ausencia del Estado es una oportunidad para el crimen organizado”.

La jueza, Kenya Romero, sostuvo que es importante la capacidad del Estado en los mecanismos de prevención de la corrupción, ya que la corrupción permite que el crimen organizado penetre el Estado.

El politólogo, Daniel Pou, manifestó que el Estado debe siempre coordinarse para hacer políticas públicas de seguridad. Citó que la confianza en las instituciones que combaten el crimen organizado es muy baja conforme al estudio de Latinobarómetro.

“La República Dominicana se ha convertido en una guarida para delincuentes transnacionales. Los organismos de inteligencia en el país cuentan con deficiencias graves, que limitan el combate del crimen organizado”, añadió.

Sobre el proyecto CRIMJUST
 Entre 2016 y 2020, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en asociación con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y Participación Ciudadana como capítulo de Transparencia Internacional, pondrán en marcha el proyecto CRIMJUST, destinado a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África occidental. A través del proyecto se evalúan las capacidades institucionales de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional.

12 de marzo de 2019

https://www.facebook.com/pciudadana/videos/263482367867187/

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