Realizan panel sobre la incidencia de la geopolítica y el crimen internacional en la seguridad nacional.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), realizó el panel “Geopolítica y Crimen Internacional: Su incidencia en la Seguridad Nacional”, en el marco de su proyecto CRIMJUST.

Este evento, que formó parte de las actividades de la “Feria de Seguridad Ciudadana, Distrito Nacional”, contó con la participación de los panelistas Jonathan Delgado, especialista en geopolítica; Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; y Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana.

Tuvo como objetivo seguir promoviendo la cooperación en materia de investigación y justicia penal en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África occidental, y aunar esfuerzos para poner dentro de la palestra pública temas que consideran vitales y que deben ser abordados con la mayor seriedad y rigurosidad que estos requieren.

Durante el panel, el coordinador del proyecto CRIMJUST en República Dominicana, Guillermo Peña, informó que, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el país, al ser una isla del Caribe compartida con Haití, se encuentra en una ubicación geográfica de alto riesgo de narcotráfico, por estar en la ruta utilizada por organizaciones criminales.

Indicó que, durante el año 2015, las autoridades dominicanas informaron que incautaron 9,277 kilos de cocaína; en el 2016 se incrementó a 9,673 kilos; y para el 2017 fueron capturados 12,843.

“El país tiene múltiples rutas que pueden ser utilizadas por los cargamentos de cocaína. Según la organización Insight Crime, para el mercado estadounidense, está Puerto Rico, a solo 381 kilómetros de distancia. Si los traficantes logran ingresar cocaína a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, es fácil llegar a tierra firme, dado que está dentro de las barreras aduaneras estadounidenses. Algo similar ocurre con los territorios franceses de Martinica y Guadalupe en cuanto a los cargamentos dirigidos a Europa continental”, agregó Peña.

En su exposición, el especialista en geopolítica, Jonathan Delgado, expresó que “la ausencia del Estado es una oportunidad para el crimen organizado”.

La jueza, Kenya Romero, sostuvo que es importante la capacidad del Estado en los mecanismos de prevención de la corrupción, ya que la corrupción permite que el crimen organizado penetre el Estado.

El politólogo, Daniel Pou, manifestó que el Estado debe siempre coordinarse para hacer políticas públicas de seguridad. Citó que la confianza en las instituciones que combaten el crimen organizado es muy baja conforme al estudio de Latinobarómetro.

“La República Dominicana se ha convertido en una guarida para delincuentes transnacionales. Los organismos de inteligencia en el país cuentan con deficiencias graves, que limitan el combate del crimen organizado”, añadió.

Sobre el proyecto CRIMJUST
 Entre 2016 y 2020, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en asociación con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y Participación Ciudadana como capítulo de Transparencia Internacional, pondrán en marcha el proyecto CRIMJUST, destinado a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África occidental. A través del proyecto se evalúan las capacidades institucionales de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional.

12 de marzo de 2019

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Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, eligió este martes a Heiromy Ysaac Castro Milanés, como el nuevo coordinador general de la institución para el periodo 2019-2020.

Castro es un economista con maestría en Administración de Empresas y un posgrado en Administración Financiera. Certificado por la Asociación de Especialistas certificados en Gestión de Riesgo y CAMS, ha ejercido la docencia universitaria desde 1995 en el área de economía en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Es articulista en Acento y coautor de dos libros sobre “Aspectos dogmáticos y criminológicos del lavado de activos” y “El lavado de activos, un crimen transnacional”. Fue Director del Departamento de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos. Actualmente es Socio Director de BST Global Consulting, SRL.

El nuevo coordinador general de PC ha formado parte de la membresía de Participación Ciudadana desde el 2008 y fue elegido miembro del Consejo Nacional en 2018. También ha sido coordinador de la Comisión de Sostenibilidad de la organización por dos ocasiones.

“Ser el coordinador general de Participación Ciudadana significa un gran reto para mí, el cual asumo con mucho honor y orgullo. Me propongo mejorar la captación de miembros, seguir fortaleciendo la institucionalidad de la entidad y trabajar con mucho ahínco por la transparencia, por la gobernabilidad y por la equidad”, expresó Heiromy Castro.

Consejo Nacional
12 de marzo de 2019

La organización celebró su XXV Asamblea General

El movimiento cívico, Participación Ciudadana, proclamó este 2019 como el Año “Por el adecentamiento de la actividad política”. La Asamblea General de Participación Ciudadana, reunida en Santo Domingo el 10 de marzo del 2019, expresa su profunda preocupación por los graves indicadores de deterioro cívico y moral que se manifiestan en el ámbito de la actividad política nacional, pero especialmente en los círculos enquistados en el poder y con pretensiones de permanencia.

PC llamó al país a unirse en una campaña por el adecentamiento de la política, creando conciencia en la ciudadanía de que “podemos lograr y nos merecemos autoridades y dirigentes más decentes, honestos, respetuosos y comprometidos con la colectividad, a todos los niveles, desde la presidencia de la República hasta el último de los vocales de juntas distritales, y muy especialmente en el Congreso Nacional”.

La organización de la sociedad civil invitó a la ciudadanía a comprometerse a rechazar todo intento de modificar la Constitución de la República para adaptarla de nuevo a los intereses del grupo en el poder, usando, como en ocasiones anteriores, recursos públicos o ilícitos para comprar conciencias de diputados y senadores que se prestan para “estas deleznables prácticas, echando por el suelo el respeto que merece nuestra carta magna y nuestro pueblo”.

Participación Ciudadana, en su XXV Asamblea General Ordinaria, rechazó el comportamiento ilegal, vergonzoso y  violatorio del  reglamento del CNM por parte del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cuando intentó inútilmente descalificar a la magistrada Miriam Germán Brito, utilizando denuncias anónimas, claramente obtenidas por organismos de inteligencia del Estado sin cumplir con los requisitos correspondientes, con propósitos de reducir la independencia de la Suprema Corte de Justicia, además de “puro revanchismo personal”.

El “Año por el adecentamiento de la actividad política”, así fue declarado en el marco de la celebración de su XXV Asamblea General Ordinaria, realizada en el salón de actos del Convento de los Dominicos, en la que las y los miembros activos de la organización participaron del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionaron cuatro de doce integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica. Los/as nuevos integrantes del Consejo Nacional de PC son: José Antonio Matos Vásquez, Josefina Arvelo, Luis Emilio Almonte Espinal y Samir Rafael Chami Isa.

La coordinadora general, Miriam Diaz Santana, hizo un recuento de las principales acciones y avances de 2018, destacando que el “panorama nacional nos obligó a mantener una continua vigilancia, activa participación en actividades y la creación de opinión pública a favor de las posiciones de nuestra institución”. Además, resaltó que “se ha logrado avances significativos en la creación de conciencia sobre el daño que hace la corrupción y en poner este cáncer nacional en la mira de todo el pueblo y la comunidad internacional”.

La Coordinadora General de PC expresó que “para el 2019 tenemos el importante desafío de incidir para lograr cambios en la cultura política nacional, a través de la investigación, el estudio, la denuncia, la movilización y la concertación de fuerzas para evitar que el país repita el penoso panorama, no sólo de los intentos de modificación de la Constitución para facilitar una nueva reelección presidencial, sino también que el sistema clientelar y rentista imponga de nuevo candidaturas comprometidas con el pasado, la corrupción, la impunidad y la ineficacia en enfrentar los grandes problemas nacionales”.

Finalmente, felicitó al voluntariado de Participación Ciudadana “por su entrega incondicional a la organización y por su pronta en cada momento, así como a las y los integrantes del Consejo Nacional, las comisiones de trabajo y al Equipo Técnico”.

Consejo Nacional
Domingo 10 de marzo, 2019

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Estados Financieros 2018-09-30

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Violencia de género presenta un incremento brusco, pasando de un 3% entre los años 2016-2017 a un 42% en el año 2018.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el informe denominado “La Violencia de Género en la República Dominicana: Un enfoque desde las estadísticas provistas por el Estado Dominicano entre 2005 – 2018”.

En el Día Internacional de la Mujer, presentaron datos sobre la Violencia de Género en la República Dominicana. El informe recoge las estadísticas sobre el tema desde el año 2005 hasta el año 2018 y presenta un análisis detallado de los datos de feminicidio, violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales según los reportes de la Procuraduría General de la República.

Plantean que debido a la falta de estadística detallada y a los problemas de tipificación y conceptualización sobre el feminicidio en el actual Código Penal Dominicano, es altamente probable que la Procuraduría General de la República esté imputando al menos 37% menos casos de feminicidios en promedio desde el año 2016.

Entre los datos más relevantes de esta situación se encuentra que en las estadísticas de la PGR aparece la reducción en un 21% de los casos de feminicidios y homicidios de mujeres reportados en el 2018, a pesar de que la República Dominicana desde el año 2014, se mantiene en el tercer lugar entre los países con mayor tasa de incidencia de feminicidios de la región.

Más allá de los casos de feminicidios y homicidios de mujeres, existen estadísticas que pasan por debajo del radar para la sociedad dominicana y que no son expuestos por los organismos del Estado. Estas estadísticas presentan importantes incrementos porcentuales desde el año 2005 y especialmente en este último año. Los casos reportados de violencia de género, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y órdenes de protección, han aumentado de 42%, 17%, 14% y 2%, respectivamente para el año 2018.

Agrega el informe, que en la República Dominicana hay importantes estudios que ofrecen detalles de la realidad de la violencia contra la mujer en el país, los cuales pueden servir de excelente base para una serie de políticas enfocadas en reducir esta problemática arraigada en nuestra sociedad, cuyo principal problema es la ausencia de un abordaje integral.

En la valoración de la situación en la República Dominicana, desde Participación Ciudadana se reconoce la necesidad de mejorar la calidad de las acciones en materia de prevención de la violencia hacia la mujer y con ello la reducción de las tasas de violencia de género.

El informe provee una serie de recomendaciones, que además de homogenizar las estadísticas de violencia de género y el levantamiento de estadísticas especializadas y fiables, debe aprobarse la Ley Orgánica para la Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres y modificarse el Código Penal Dominicano tipificando el feminicidio y sea compatible con la vida, salud y dignidad de las mujeres.

PC reiteró su disposición de trabajar y aportar sus conocimientos y recursos de la mano con el Estado Dominicano, para diseñar y promover planes y acciones que estén vinculadas a la lucha contra este importante flagelo que afecta no solo a las mujeres, sino a la composición básica de cualquier sociedad, la familia, con esto podremos ayudar a cimentar las mejoras sociales que demanda nuestro país y proyectar la República Dominicana del futuro.

El informe detalla la perspectiva de la violencia de género desde un análisis cuantitativo, utilizando para ello los datos que reporta la Procuraduría General de la República Dominicana y el enfoque del Estado Dominicano con respecto a este flagelo. El informe presentado busca dar claridad a la evolución y la realidad de la violencia contra la mujer en nuestro territorio, los problemas conceptuales y jurídicos sobre el tema, la perspectiva desde las afueras de Participación Ciudadana y las posibles acciones y recomendaciones para tratar de erradicar o al menos minimizar los casos de violencia contra la mujer.

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Busca facilitar una visión global del problema a actores institucionales y sociales potencialmente claves para combatir con mayor eficacia este flagelo social

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el libro “Una Nueva Forma de Esclavitud: La Trata de Personas. Una guía para su derrota”, un documento conceptual, que pretende ser un aporte al conocimiento general de la ciudadanía de lo que constituye este flagelo de la humanidad y que impacta considerablemente a la sociedad dominicana.

La Constitución de la República Dominicana (2015) en su Art. 41 prohíbe, en todas las formas, la esclavitud, la servidumbre, y la trata y el tráfico de personas, indicando su compromiso en eliminar esas formas de violación de derechos humanos. Coherentemente con ello, ha sido incluido como línea de acción en la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, y puesta en funcionamiento a través del segundo Plan Nacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, para su combate.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, expresó que la presencia de víctimas de nacionalidad dominicana vinculadas al comercio y explotación sexual y otros tipos de trabajo forzado alrededor del mundo, objeto de documentación y estudio, otorgan los argumentos suficientes para reconocer a la República Dominicana como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, señalando que es un hecho que provoca un gran impacto social.

“Esta guía es una invitación a colocar en el imaginario público la necesidad de construir una visión país al respecto, edificando un discurso desde el poder del Estado hasta la población general de que la trata de personas constituye un grave atentado contra la dignidad humana, un problema de seguridad pública, que convoca a unificar esfuerzos contra este crimen organizado, con el propósito de desarrollar formas novedosas de combate a este fenómeno que impliquen una articulación de medidas y respuestas de carácter regional, porque si bien es cierto que convivimos en un mundo con nuevos peligros, también es cierto que contamos con nuevas oportunidades para que el ideal de libertad, justicia e igualdad consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea una realidad vivible para todos y todas”, afirmó Díaz Santana.

Participación Ciudadana y el Ministerio de Relaciones Exteriores, procuran a través de la referida guía, facilitar una visión global del problema a actores sociales potencialmente claves para enfrentar esta abierta violación de los derechos humanos y, que pudiere servir de referencia para orientar estrategias de intervención social.

Al evento asistieron Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado; la ministra de la Mujer, Yanet Camilo; la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein; ministros y funcionarios del gobierno dominicano; procuradores fiscales; miembros del Cuerpo Diplomático; organismos internacionales y Cuerpo Consular acreditado en el país; representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y del sector académico, entre otros.

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PC demanda que los demás miembros del CNM deben exigir al Procurador general de la República presentar las pruebas de las acusaciones que lanzó contra la magistrada Miriam Germán.

PC rechaza la persecución, primero secreta y ahora pública, a que ha sido sometida la magistrada Miriam German; debe ser aclarada.

Santo Domingo, República Dominicana El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, rechazó las violaciones al reglamento para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, realizadas por el procurador general, Jean Alain Rodríguez, contra la jueza Miriam Germán Brito, con lo cual, indican, se pretende dañar, sin presentar prueba alguna y sin dar la oportunidad de defensa, la trayectoria de una magistrada reconocida por una limpia hoja de servicio en la judicatura.

“Es una pena que un proceso en el que todo el país ha puesto sus esperanzas de mejoría de la justicia inicie con el desconocimiento total del procedimiento por parte de un funcionario subalterno del Presidente de la República, llamado a poner el ejemplo de respeto al debido proceso”, expresó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

PC señaló que el Reglamento establece bien claro que "mientras dure el proceso de presentación de candidaturas y preselección, y hasta tres (3) días después de publicada la lista de preseleccionados, cualquier persona o institución podrá someter a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura objeciones y reparos a las candidaturas. Cuando el Consejo le atribuya mérito, en principio, a una objeción o reparo, comunicará la misma al aspirante de que se trate para que en un plazo de 24 horas se pronuncie sobre el particular."

Los tres párrafos de este artículo completan el procedimiento que debe ser seguido:

Párrafo I. Las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen, deberán estar motivadas y avaladas con las pruebas que respalden cualquier situación imputable al candidato, y solo tendrán la finalidad de contribuir al proceso de toma de decisión por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Párrafo II. Las objeciones y reparos presentadas deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas.

Párrafo III. Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que las objeciones puedan ser presentadas bajo los mayores niveles de confidencialidad.

Participación Ciudadana dejó claro que no se opone a que se dé curso a las objeciones que se reciban contra cualquiera de las personas evaluadas, pero “no podemos menos que expresar nuestro rechazo a estas violaciones”.

“No podemos suponer que el Procurador no conoce el reglamento aprobado y no puede ignorar la obligación de respetarlo. En tal sentido, no solo debe ser llamado al orden, sino que los demás miembros del Consejo Nacional de Magistratura, deben exigirle presentar las pruebas de las acusaciones que lanzó contra Miriam Germán, porque si no lo hace el proceso quedaría irremediablemente afectado de credibilidad”, manifestó el Consejo Nacional de PC.

PC rechazó la persecución, primero secreta y ahora pública, a que ha sido sometida la magistrada Miriam Germán, indicando que debe ser aclarada, pues “resulta obvio que en una de esas denuncias intervinieron organismos de inteligencia del Estado, y que todo se debe a su posición sobre el caso Odebrecht”.

Consejo Nacional
4 de marzo del 2019

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Exhortan a la Junta Central Electoral a ejercer su amplio poder reglamentario, emanado de la propia Constitución y de las leyes, para mejorar el marco normativo, estando pendiente a los reglamentos de control financiero de los partidos políticos, de registro de contribuyentes, de propaganda política y publicidad, entre otros.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, consideró que la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, fue atropelladamente aprobada, lo que explica una serie de errores de forma en esta, pero que jamás podrán ser catalogados como errores aquellas disposiciones que son un claro retroceso, incluso frente a leyes anteriores, y que muestran claramente el deseo de legislar, no para garantizar los principios constitucionales de transparencia, equidad, libertad y objetividad, sino los de permanencia en el poder a toda costa.

El movimiento cívico citó cuatro ejemplos para demostrar cómo se legisla de espalda a criterios que se creían superados. El primero es la violación al principio constitucional de equilibro de género en las candidaturas, indicando que la Ley de Partidos ya había establecido que la cuota debía aplicarse por demarcación electoral, pero la nueva ley electoral sorprende a todos al fijarlas a nivel nacional, lo que reduce sustancialmente la eficacia de la disposición constitucional que obliga al Estado a garantizar el equilibro de género en las candidaturas.

Para PC la eliminación del arrastre de los senadores gracias a los votos de los diputados de cada provincia era un tema que se pensaba conquistado, pues se dudaba que el Congreso y el Poder Ejecutivo se enfrentaran a una enorme mayoría ciudadana y partidos políticos que así lo reclamaban, pero “vergonzosamente el arrastre fue mantenido con la finalidad de beneficiar la mayoría de los actuales senadores, violando la disposición constitucional que establece el voto directo”.

La organización de la sociedad civil señaló que la transparencia en la captación y uso de los recursos que manda la Constitución fue superficialmente tratada en la nueva ley, concentrando el control en los partidos y dejando fuera a los candidatos, por lo que se abre una enorme brecha por donde fluirán fondos sin control ni transparencia.

Consideró alarmante la desproporción existente al establecer las sanciones a los crímenes y delitos electorales, mientras la mayoría de  las infracciones, tales como el uso de boletas falsas, sobornos, destrucción de boletas, votar dos o más veces, los excesos de poder y todos los demás, se sancionan con hasta dos años de prisión, los que violen normas éticas al usar medios de comunicación, aquellos que usen expresiones difamatorias e injuriosas contra el honor y la intimidad de los candidatos y campaña negativa, son sancionados con penas de prisión de tres a diez años.

PC expresó que esta disposición no era necesaria pues el país cuenta con la Ley 6132 de Difusión y Expresión del Pensamiento, que sanciona la difamación e injuria con penas hasta dos años de prisión, añadiendo que “claramente nos encontramos ante un intento de utilizar la ley para amordazar a la población, pero sobre todo a los medios de comunicación, mientras se encubre a posibles candidatos cuestionables”.

“Esperamos que este panorama no empeore con la designación de un fiscal electoral con antecedentes partidarios. Exhortamos a la Junta Central Electoral a ejercer su amplio poder reglamentario, emanado de la propia Constitución y de las leyes, para mejorar el marco normativo, estando pendiente a los reglamentos de control financiero de los partidos políticos, de registro de contribuyentes, de propaganda política y publicidad, entre otros”, manifestó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Consejo Nacional
24 de febrero de 2019